Tema 2 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 56. El Rey, Jefe del Estado

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados.

Artículo 57. Sucesión a la Corona

La Corona de España es hereditaria. En la sucesión regirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Artículo 58. La Reina consorte y el consorte de la Reina

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59. La Regencia

Si el Rey es menor de edad, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder según el orden constitucional, durante toda la minoría de edad. Si el Rey se inhabilita y las Cortes Generales reconocen la imposibilidad, la Regencia la asume el Príncipe heredero si es mayor de edad; si no lo es, se sigue la regla anterior hasta que la alcance. Si no hubiera nadie a quien corresponda, la nombrarán las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercerla hay que ser español y mayor de edad, y se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60. La tutela del Rey menor

Será tutor del Rey menor la persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; y a falta de ambos, lo nombrarán las Cortes Generales. No podrán acumularse los cargos de Regente y tutor salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política.

Artículo 61. Proclamación y juramento del Rey

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento y además el de fidelidad al Rey.

Artículo 62. Funciones del Rey

Corresponde al Rey, entre otras funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales.

Artículo 63. El Rey en las relaciones internacionales

El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. La Casa Real

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y la distribuye libremente. Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Artículo 159. Composición del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con igual mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son nombrados por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

Artículo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161. Competencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.

Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163. La cuestión de inconstitucionalidad

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Artículo 166. Iniciativa de reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por esa vía, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada por las Cortes, se someterá a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma

Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán inmediatamente las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169. Límite temporal a la reforma

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Artículo 1

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

Artículo 2

El TC conoce, en los casos y forma que fija su Ley: recurso y cuestión de inconstitucionalidad; amparo por los derechos del art. 53.2 CE; conflictos de competencia Estado-CCAA o entre CCAA; conflictos entre órganos constitucionales; conflictos en defensa de la autonomía local; tratados internacionales; control previo del art. 79 LOTC; impugnaciones del art. 161.2 CE; verificación de nombramientos de sus Magistrados; y lo que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. Sus reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el BOE autorizados por su Presidente.

Artículo 3

El TC puede conocer y decidir cuestiones prejudiciales e incidentales que no pertenecen al orden constitucional, siempre que estén directamente relacionadas con la materia de que conoce, y solo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de esa materia.

Artículo 4

Nadie puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al TC. El Tribunal delimita su jurisdicción, adopta las medidas necesarias para preservarla (incluida la nulidad de actos o resoluciones que la menoscaben) y aprecia, de oficio o a instancia de parte, su competencia. Ningún órgano jurisdiccional del Estado puede enjuiciar sus resoluciones. Si anula un acto o resolución por estas causas, ha de hacerlo motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor.

Artículo 5

Artículo 6

El TC actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo integran todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente; a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, si hay igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 7

El TC tiene dos Salas, cada una de seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal preside también la Sala Primera; el Vicepresidente preside la Sala Segunda. En defecto de uno u otro, preside su Sala el Magistrado más antiguo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 8

Para el despacho ordinario y para decidir o proponer sobre la admisibilidad de procesos, el Pleno y las Salas forman Secciones: el respectivo Presidente (o quien le sustituya) y dos Magistrados. Se da cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de sus asuntos; si admite, puede deferir el asunto a la Sala que corresponda. Las Secciones pueden conocer y resolver asuntos de amparo que la Sala les defiera.

Artículo 9

El Pleno elige a su Presidente entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento. En primera votación, mayoría absoluta; si no, segunda votación y gana quien obtenga más votos; si hay empate, última votación y, si se repite, el de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, el de mayor edad. Mandato de tres años; reelección una sola vez. El Vicepresidente se elige igual y por tres años; sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.

Artículo 10

El Pleno conoce de: tratados internacionales; recursos de inconstitucionalidad (salvo los de mera aplicación de doctrina, atribuibles a las Salas en la admisión); cuestiones de constitucionalidad que se reserve (las demás, a las Salas por turno objetivo); conflictos de competencia, entre órganos constitucionales y de autonomía local; recursos previos contra Estatutos; art. 161.2 CE; anulaciones del art. 4.3; requisitos, Salas, recusación y cese de Magistrados; reglamentos; y lo que recabe. Elabora su presupuesto.

Artículo 11

Las Salas del TC conocen de los asuntos de justicia constitucional que no sean competencia del Pleno. También conocen de las cuestiones atribuidas a las Secciones que, por su importancia, entiendan que debe resolver la propia Sala.

Artículo 12

Artículo 13

Si una Sala considera necesario apartarse, en cualquier punto, de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, no lo decide ella sola: la cuestión se somete a la decisión del Pleno.

Artículo 14

Quórum de presencia: el Pleno puede adoptar acuerdos con al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan, y las Salas requieren asimismo dos tercios de los suyos. En las Secciones basta la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia: entonces se requieren sus tres miembros.

Artículo 15

El Presidente del Tribunal Constitucional representa al Tribunal; convoca y preside el Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, las Salas y las Secciones; comunica las vacantes a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, según el caso; nombra a los letrados; convoca los concursos de funcionarios y de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal.

Artículo 16

Los Magistrados del Tribunal Constitucional los nombra el Rey a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del CGPJ. Cada órgano proponente debe incluir como mínimo un 40 % de cada sexo. Los propuestos por el Senado se eligen entre candidaturas de las Asambleas autonómicas. Los candidatos del Congreso y del Senado comparecen antes ante las Comisiones. Mandato de nueve años, renovación por terceras partes cada tres. No cabe nueva propuesta para el período inmediato salvo haber ocupado el cargo tres años o menos.

Artículo 17

Antes de los cuatro meses previos a la fecha en que expiran los nombramientos, el Presidente del Tribunal pide a los Presidentes de los órganos que deben proponer a los nuevos Magistrados que inicien el procedimiento de designación. Los Magistrados siguen ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión quienes deban sucederles.

Artículo 18

Los miembros del Tribunal Constitucional se nombran entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados. Todos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Artículo 19

Ser Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con: Defensor del Pueblo; Diputado y Senador; cargos políticos o administrativos estatales, autonómicos o locales; carrera judicial o fiscal; empleos en Tribunales y Juzgados; funciones directivas o empleo en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; actividades profesionales o mercantiles. Más las del Poder Judicial. El propuesto debe cesar en lo incompatible antes de tomar posesión; si no lo hace en diez días desde la propuesta, se entiende que no acepta. Igual en la incompatibilidad sobrevenida.

Artículo 20

Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos que sean nombrados Magistrados o letrados del Tribunal Constitucional pasan a la situación de servicios especiales en su carrera de origen.

Artículo 21

Al asumir su cargo, el Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestan ante el Rey juramento o promesa de guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, de lealtad a la Corona y de cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional.

Artículo 22

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función conforme a los principios de imparcialidad y dignidad; no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; son inamovibles y solo pueden ser destituidos o suspendidos por alguna de las causas que establece la propia Ley Orgánica.

Artículo 23

Los Magistrados cesan por: 1.º renuncia aceptada por el Presidente; 2.º expiración del plazo; 3.º incapacidad de las previstas para el Poder Judicial; 4.º incompatibilidad sobrevenida; 5.º dejar de atender con diligencia sus deberes; 6.º violar la reserva de su función; 7.º responsabilidad civil por dolo o condena por delito doloso o por culpa grave. En los casos 1.º y 2.º y por fallecimiento, decreta el Presidente; en los demás decide el Pleno: mayoría simple en 3.º y 4.º y tres cuartas partes en 5.º, 6.º y 7.º.

Artículo 24

El Tribunal puede suspender a un Magistrado, como medida previa, en caso de procesamiento o durante el tiempo indispensable para resolver si concurre alguna causa de cese del artículo anterior. La suspensión exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Artículo 25

Los Magistrados que hayan ejercido el cargo un mínimo de tres años tienen derecho a una remuneración de transición durante un año, equivalente a la que percibían al cesar. Si proceden de un Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se les computa el tiempo en el Tribunal para el haber pasivo, que se calcula sobre el total de lo percibido como Magistrado durante el último año.

Artículo 26