Tema 4 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 117. Independencia del Poder Judicial y unidad jurisdiccional

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional —juzgar y hacer ejecutar lo juzgado— corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, que no ejercerán más funciones que ésa y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización, y se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118. Cumplimiento de las resoluciones judiciales

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119. Gratuidad de la Justicia

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121. Indemnización por error judicial

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial

La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera —que formarán un Cuerpo único— y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, y está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

Artículo 123. El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Su Presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124. El Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125. Acción popular y jurado

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126. La policía judicial

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127. Incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales

Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y la ley establecerá el sistema y modalidades de su asociación profesional. La ley establecerá además el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar su total independencia.

Artículo 1

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. El artículo les atribuye cuatro notas: son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.

Artículo 2

La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los jueces, juezas y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. Estos no ejercerán más funciones que esa y las demás que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho.

Artículo 3

La jurisdicción es única y la ejercen los jueces, juezas y Tribunales previstos en la LOPJ, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales que la Constitución reconoce a otros órganos. La jurisdicción militar integra el Poder Judicial del Estado, se basa en el principio de unidad jurisdiccional y actúa en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio.

Artículo 4

La jurisdicción tiene un alcance total: se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español. Ese alcance se ejerce en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.

Artículo 4 bis

Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si deciden plantear una cuestión prejudicial europea, lo harán también conforme a esa jurisprudencia y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Artículo 5

La Constitución es la norma suprema y vincula a todos los Jueces y Tribunales, que interpretarán y aplicarán leyes y reglamentos según ella y según la interpretación del Tribunal Constitucional. Si un juez duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable y decisiva para el fallo, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, pero solo cuando no quepa acomodarla por vía interpretativa. En casación basta alegar infracción de precepto constitucional, y decide siempre el Tribunal Supremo.

Artículo 5 bis

Cabe recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que se dictó violando algún derecho del Convenio Europeo y sus Protocolos. Se sigue la norma procesal de cada orden, y además la violación, por su naturaleza y gravedad, ha de producir efectos que persistan y que solo puedan cesar mediante esa revisión.

Artículo 6

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos ni cualquier otra disposición que sean contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. El artículo les ordena dejar de aplicarlos, sin necesidad de ningún otro trámite previsto en él.

Artículo 7

Los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales. Los derechos del artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán según su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringirlo, menoscabarlo o inaplicarlo. Jueces y juezas protegen los derechos e intereses individuales y colectivos sin que haya indefensión; para los colectivos se reconoce legitimación a corporaciones, asociaciones, organizaciones sindicales y grupos afectados o legalmente habilitados.

Artículo 8

Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican.

Artículo 9

Los jueces solo ejercen jurisdicción en los casos que les atribuya la ley. El civil conoce de lo suyo y de todo lo no atribuido a otro orden; el penal, de causas y juicios criminales salvo los militares; el contencioso, de la actuación administrativa, reglamentos, inactividad, vía de hecho y responsabilidad patrimonial (no de las Normas Forales fiscales: Tribunal Constitucional); el social, de la rama social y Seguridad Social. Es improrrogable: su falta se aprecia de oficio, oídas partes y Fiscal, en resolución fundada que indique el orden competente.

Artículo 10

Cada orden jurisdiccional puede conocer, a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. Excepción: una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para decidir, o que condicione directamente la decisión, suspende el procedimiento hasta que la resuelvan los órganos penales competentes, salvo las excepciones que establezca la ley.

Artículo 11

En todo procedimiento rige la buena fe, y no surten efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales. Los tribunales rechazarán fundadamente peticiones, incidentes y excepciones con manifiesto abuso de derecho o fraude de ley o procesal. Por la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución, deben resolver siempre sobre las pretensiones y solo pueden desestimarlas por motivos formales si el defecto es insubsanable o no se subsana por el procedimiento legal.

Artículo 12

En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, Jueces y Magistrados son independientes respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Los superiores solo corrigen la interpretación de los inferiores al resolver los recursos legales, y ni los Jueces y Tribunales, ni sus órganos de gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial pueden dar instrucciones, generales o particulares, a los inferiores sobre cómo aplicar o interpretar el ordenamiento.

Artículo 13

Artículo 14

El juez o magistrado que se sienta inquietado o perturbado en su independencia lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial y dará cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento, pudiendo practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de los jueces, promoverá las acciones en defensa de la independencia judicial.

Artículo 15

Garantía de inamovilidad: los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados salvo por alguna de las causas y con las garantías que prevé la propia LOPJ.

Artículo 16

Los Jueces y Magistrados responden penal y civilmente en los casos y forma que determinen las leyes, y disciplinariamente conforme a la propia LOPJ. Además, se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia.

Artículo 17

Todas las personas y entidades, públicas y privadas, deben prestar la colaboración que les pidan Jueces y Tribunales durante el proceso y la ejecución, en la forma que fije la ley y con las excepciones de la Constitución y las leyes, sin perjuicio de que se les resarzan gastos y abonen las remuneraciones debidas. Además, Administraciones, autoridades, funcionarios, corporaciones, entidades y particulares respetarán y cumplirán las sentencias y resoluciones firmes o ejecutables.

Artículo 18

Las resoluciones judiciales solo se dejan sin efecto por los recursos legales. Las sentencias se ejecutan en sus propios términos; si es imposible, el juez adopta medidas para la mayor efectividad y fija la indemnización por lo incumplido. Solo por utilidad pública o interés social declarada por el Gobierno pueden expropiarse, antes de ejecutarse, derechos reconocidos frente a la Administración en sentencia firme; la indemnización la señala, por vía incidental, el juez de la ejecución. Queda a salvo el derecho de gracia, que corresponde al Rey.

Artículo 19

Los ciudadanos de nacionalidad española pueden ejercer la acción popular en los casos y formas de la ley, y participar en la justicia mediante el Jurado (en los procesos penales que determine la ley), en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos de la LOPJ. Tienen carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.

Artículo 20

La justicia es gratuita en los supuestos que establezca la ley. Una ley regulará un sistema de justicia gratuita que haga efectivo el derecho de los artículos 24 y 119 de la Constitución cuando haya insuficiencia de recursos para litigar. No pueden exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan ejercer la acción popular, que será siempre gratuita.

Artículo 26

La potestad jurisdiccional se atribuye a siete clases de Tribunales: jueces y juezas de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Artículo 27

Cuando las Salas de los Tribunales se dividen en Secciones y hay dos o más, estas se designan por numeración ordinal. Las plazas judiciales de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia se designan por numeración cardinal dentro de la misma Sección.

Artículo 28

Artículo 29

La planta de los tribunales se establece por ley y se revisa, al menos cada cinco años y previo informe del Consejo General del Poder Judicial, según la evolución de las cargas de trabajo, la población y otros parámetros relevantes, para adaptarla a las nuevas necesidades. Las comunidades autónomas con competencia en Justicia pueden instar su revisión para su ámbito territorial.

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

El partido judicial es la unidad territorial formada por uno o más municipios limítrofes de una misma provincia. Puede coincidir con toda la provincia. Su modificación, en su caso, atiende al número de asuntos, a las características de la población, a los medios de comunicación y a las comarcas naturales.

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

La demarcación judicial se fija por ley o, en los casos que la propia ley prevé, por real decreto. Las Comunidades Autónomas remiten al Gobierno, a solicitud de este, una propuesta con los partidos judiciales; el Ministerio de Justicia redacta la norma, que informa el CGPJ en dos meses, y el Gobierno tramita el proyecto. Se revisa cada cinco años o antes. La capitalidad de los partidos la fijan las Comunidades Autónomas por ley, previo informe del CGPJ.

Artículo 36

Crear Secciones de las Audiencias y Tribunales y plazas judiciales corresponde al Gobierno, siempre que no altere la demarcación judicial. Antes debe oír, de forma preceptiva, a la comunidad autónoma afectada y al Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 37

Proveer a juzgados y tribunales de los medios precisos para que trabajen con independencia y eficacia corresponde al Ministerio de Justicia o al órgano competente de la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia. Para ello, el CGPJ les remite cada año una relación circunstanciada de las necesidades que estime existentes.

Artículo 38

Los conflictos de jurisdicción entre Juzgados o Tribunales y la Administración los resuelve un órgano colegiado: lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y lo integran cinco vocales, dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del CGPJ, y tres Consejeros Permanentes de Estado. Es Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. El Presidente tiene siempre voto de calidad en caso de empate.

Artículo 39

Los conflictos de jurisdicción entre Juzgados o Tribunales de la jurisdicción ordinaria y los órganos judiciales militares los resuelve la Sala de Conflictos de Jurisdicción: el Presidente del Tribunal Supremo, que la preside, dos Magistrados de la Sala del orden en conflicto y dos de la Sala de lo Militar, todos designados por el Pleno del CGPJ. Es Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo y el Presidente tiene voto de calidad.

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Los conflictos de competencia entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional del Poder Judicial los resuelve una Sala especial del Tribunal Supremo: la preside el Presidente y la componen dos Magistrados, uno por cada orden en conflicto, designados anualmente por la Sala de Gobierno. Es Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.

Artículo 43

Los conflictos de competencia, positivos o negativos, pueden promoverse de oficio, a instancia de parte o a instancia del Ministerio Fiscal. Cabe hacerlo mientras el proceso no haya concluido por sentencia firme, salvo que el conflicto se refiera a la ejecución del fallo.

Artículo 44

El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Por eso ningún Juez o Tribunal puede plantear un conflicto de competencia a los órganos del orden penal.

Artículo 45

El conflicto de competencia se suscita en escrito razonado que exprese los preceptos legales en que se funda. El Juez o Tribunal oye a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días y decide por auto si declina el conocimiento del asunto o requiere al órgano que lo está conociendo para que deje de hacerlo.

Artículo 46

El requerimiento de inhibición va acompañado de testimonio del auto del Juez o Tribunal requirente, de los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal y de los demás particulares conducentes a justificar su competencia. El órgano requerido oye al Fiscal y a las partes por plazo común de diez días y dicta auto resolviendo sobre su competencia.

Artículo 47

Si el requerido no accede al requerimiento, lo comunica al requirente y ambos elevan las actuaciones a la Sala de Conflictos, conservando los testimonios necesarios para lo previsto en el artículo 48.2. La Sala oye al Fiscal por plazo no superior a diez días y dicta auto en los diez siguientes, sin recurso alguno; ese auto resuelve definitivamente el conflicto.

Artículo 48

Desde que se dicta el auto declinando la competencia o acordando el requerimiento, y desde que el requerido lo conoce, se suspende el procedimiento. La suspensión no alcanza a las actuaciones preventivas, preparatorias o cautelares urgentes o necesarias, o cuya omisión pudiera causar un quebranto irreparable o de difícil reparación; en su caso, los Jueces adoptan las garantías procedentes.

Artículo 49

Artículo 50

Contra la resolución firme en que el órgano señalado según el artículo 9.6 declare su falta de jurisdicción, en un proceso con los mismos sujetos y pretensiones, cabe recurso por defecto de jurisdicción en diez días. Se interpone ante el órgano que dictó la resolución, que oye a las partes personadas y remite las actuaciones a la Sala de Conflictos. Esta reclama las del primer órgano, oye al Fiscal hasta diez días y dicta auto en los diez siguientes.

Artículo 51

Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional las resuelve el órgano inmediato superior común, conforme a las leyes procesales. La resolución que declare la falta de competencia debe expresar qué órgano se considera competente.

Artículo 52

Entre Jueces y Tribunales subordinados entre sí no caben cuestiones de competencia. El superior fija su propia competencia en todo caso y sin ulterior recurso, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. Después recaba las actuaciones del inferior o le remite las que esté conociendo.

Artículo 53

El Tribunal Supremo tiene su sede en la villa de Madrid y es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tiene jurisdicción en toda España y ningún otro órgano puede llevar el título de Supremo.

Artículo 54

El Tribunal Supremo se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada una de las Salas y, en su caso, para las Secciones en que estas puedan articularse.

Artículo 55

El Tribunal Supremo tiene cinco Salas: Primera, de lo Civil; Segunda, de lo Penal; Tercera, de lo Contencioso-Administrativo; Cuarta, de lo Social; y Quinta, de lo Militar. La Sala Quinta se rige por su legislación específica y, supletoriamente, por esta Ley y por el ordenamiento común a las demás Salas.

Artículo 55 bis

Además de sus competencias de los artículos 56 y 57, las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo conocen, respectivamente, de las acciones civiles y penales contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte.

Artículo 56

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conoce: de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios civiles que establezca la ley; de las demandas de responsabilidad civil por hechos en el ejercicio del cargo contra altas autoridades (Presidente del Gobierno, Presidentes de las Cámaras, miembros del Gobierno, parlamentarios, Vocales del CGPJ, entre otras; las autonómicas, cuando lo determine su Estatuto); y de las dirigidas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia.

Artículo 57

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conoce de los recursos extraordinarios penales; de la instrucción y enjuiciamiento de causas contra altas autoridades (entre ellas el Fiscal Europeo) y las que determinen los Estatutos; de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o Fiscales europeos delegados; de lo que le atribuya esta Ley y del decomiso autónomo. En las causas de aforados, un instructor designado por turno no enjuicia; en delitos de la Fiscalía Europea se designa así un Juez de garantías.

Artículo 58

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conoce: en única instancia, de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y CGPJ, y de órganos del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en los términos legales; de la casación y revisión; de la autorización de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018 pedida por el CGPJ; y de la solicitud del Gobierno del artículo cuarto de la Ley 11/2022.

Artículo 59

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación, de revisión y de los demás extraordinarios que establezca la ley en las materias propias del orden jurisdiccional social.

Artículo 60

Cada Sala del Tribunal Supremo conoce también de las recusaciones contra sus propios Magistrados y de las cuestiones de competencia entre Juzgados o Tribunales de su orden que no tengan otro superior común. Para resolver la recusación, los Magistrados recusados no forman parte de la Sala.

Artículo 61

Una Sala con el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala conoce de: revisión de sentencias de única instancia de lo Contencioso; recusación del Presidente, de Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una Sala; responsabilidad civil y causas penales contra Presidentes de Sala o la mayor parte de una Sala; error judicial imputado a una Sala; e ilegalización de partidos. Una Sección especial de lo Contencioso unifica doctrina entre sus Secciones.

Artículo 61 bis

El Gabinete Técnico asiste a la Presidencia y a las Salas del Tribunal Supremo en la admisión de asuntos y con estudios e informes, y apoya a las Salas especiales. Lo integran un Director y Letrados (de la Carrera judicial y otros juristas), por áreas según órdenes jurisdiccionales. Los coordinadores de área los designa el Presidente, preferentemente entre Letrados de la Carrera Judicial, con diez años de antigüedad mínima. La plantilla la fija el Ministerio de Justicia; cabe una adscripción adicional excepcional de hasta un año.

Artículo 61 ter

La superior dirección del Gabinete Técnico corresponde al Presidente del Tribunal Supremo. Si este la delega, la ejerce el Vicepresidente del Tribunal Supremo.

Artículo 61 quáter

El Pleno del CGPJ nombra al Director del Gabinete Técnico a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo; debe reunir los requisitos para ser Magistrado del Supremo y tiene esa consideración a efectos representativos. Los Letrados se seleccionan por concurso de méritos convocado por la Comisión Permanente del CGPJ; si no son jueces o fiscales, han de ser Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios A1 con titulación en Derecho. La Sala de Gobierno aprueba la propuesta de candidatos y el Pleno del CGPJ los nombra.

Artículo 61 quinquies

Los Letrados del Gabinete Técnico se nombran por un año. Después, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala y el Director, puede proponer su prórroga por el procedimiento del nombramiento inicial, por periodos sucesivos de tres años. El Presidente puede cesarlos por incumplimiento grave. Director y Letrados quedan en servicios especiales en su Carrera o Cuerpo, y el tiempo en el Gabinete computa como antigüedad en el orden jurisdiccional de su área.

Artículo 61 sexies

Artículo 62

Artículo 63

La Audiencia Nacional se compone de su Presidente, los Presidentes de Sala y los magistrados que determine la ley para cada Sala y Sección. Su Presidente tiene la consideración de Presidente de Sala del Tribunal Supremo y es Presidente nato de todas las Salas de la Audiencia Nacional.

Artículo 64

La Audiencia Nacional tiene cuatro Salas: de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Si el número de asuntos lo aconseja, pueden crearse dos o más Secciones dentro de una Sala.

Artículo 64 bis

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de los recursos de apelación que establezca la ley contra resoluciones de la Sala de lo Penal. Si hay una sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo, el CGPJ puede adscribir a sus magistrados, total o parcialmente y sin incremento retributivo, a otra Sala de diferente orden, con acuerdo favorable de la Sala de Gobierno y propuesta del Presidente del Tribunal, valorando antigüedad, especialidad o experiencia y, si es posible, preferencias.

Artículo 65

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional enjuicia, salvo que corresponda en primera instancia a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia, delitos contra la Corona y altos organismos, falsificación de moneda y medios de pago por grupos criminales, grandes defraudaciones en más de una Audiencia, narcotráfico organizado con efectos en distintas Audiencias, delitos fuera de España, de la Fiscalía Europea y contrabando de material de defensa, y conexos. Conoce además de extradición pasiva, ejecución de sentencias extranjeras, cesión de jurisdicción y diversos recursos.

Artículo 66

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce: en única instancia, de recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado no atribuidos al Tribunal Central de Instancia y contra los de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (y de la prórroga de sus plazos); de los recursos devolutivos contra el Tribunal Central de Instancia; de recursos sobre convenios entre Administraciones y del TEAC no atribuidos a los Tribunales Superiores; de cuestiones de competencia, y de la autorización pedida por la AEPD.

Artículo 67

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conoce en única instancia de dos tipos de procesos: la impugnación de convenios colectivos cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al de una Comunidad Autónoma, y los conflictos colectivos cuya resolución deba surtir efecto en un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma.

Artículo 68

Cada una de las Salas de la Audiencia Nacional conoce de las recusaciones que se interpongan contra los Magistrados que la componen. Para resolverlas, los Magistrados recusados no forman parte de la Sala: la recusación la decide la propia Sala, pero sin el Magistrado o Magistrados recusados.

Artículo 69

Una Sala especial de la Audiencia Nacional, formada por el Presidente de la Audiencia Nacional, los Presidentes de las Salas y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala (o quien respectivamente los sustituya), conoce de los incidentes de recusación del Presidente, de los Presidentes de Sala o de más de dos Magistrados de una misma Sala.

Artículo 70

El Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma culmina la organización judicial en el ámbito territorial de esa Comunidad. Ello se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, que no queda desplazada por el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 71

Artículo 72

El Tribunal Superior de Justicia tiene tres Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Lo componen un Presidente, que preside también la Sala de lo Civil y Penal y tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; los Presidentes de Sala, y los Magistrados que la ley determine para cada Sala y, en su caso, para las Secciones que se creen dentro de ellas.

Artículo 73

Como Sala de lo Civil, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ conoce de la casación y la revisión en derecho civil propio (si el Estatuto lo prevé), del arbitraje y del exequátur de laudos extranjeros, de ciertas demandas de responsabilidad civil y de cuestiones de competencia civiles. Como Sala de lo Penal, de causas reservadas por el Estatuto, causas contra jueces, magistrados y fiscales, apelaciones contra las Audiencias Provinciales y cuestiones de competencia penales. Instructor por turno; en apelación, especialistas o, en su defecto, diez años en lo penal dentro de los quince anteriores.

Artículo 74

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJ conocen en única instancia de recursos contra actos locales y autonómicos no atribuidos a los Tribunales de Instancia, disposiciones generales autonómicas y locales, resoluciones de los TEAR y del TEAC en tributos cedidos, actos electorales, convenios y otros. En segunda instancia, de las apelaciones contra los Tribunales de Instancia; además, de su revisión y de sus cuestiones de competencia, y autorizan requerimientos de información de las autoridades autonómicas de protección de datos.

Artículo 75

La Sala de lo Social del TSJ conoce: 1.º en única instancia, de procesos sobre controversias que afecten a intereses de trabajadores y empresarios en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma; 2.º de los recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Social, y de la suplicación y demás recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral y en incidentes concursales laborales; 3.º de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de la comunidad.

Artículo 76

Cada Sala del Tribunal Superior de Justicia conoce de las recusaciones que se formulen contra sus propios Magistrados. La regla cede cuando la competencia corresponde a la Sala a la que se refiere el artículo siguiente; solo fuera de ese caso decide la propia Sala del recusado.

Artículo 77

Una Sala formada por el Presidente del TSJ, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada Sala conoce de las recusaciones contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma, o contra dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial. El recusado no puede formar parte de esa Sala y, en su caso, se le sustituye conforme a la ley.

Artículo 78

Con carácter excepcional, cuando el número de asuntos de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, con sede en su capital. Estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Artículo 79

En los Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, la Ley de planta puede reducir el número de Magistrados. En ese caso, las Salas quedan compuestas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que la propia Ley de planta determine.

Artículo 80

Las Audiencias Provinciales tienen su sede en la capital de la provincia, de la que toman nombre, y extienden su jurisdicción a toda ella (sin perjuicio del artículo 82.4). Pueden crearse Secciones fuera de la capital, con uno o varios partidos judiciales adscritos. El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno, puede atribuir en exclusiva determinadas clases de asuntos a una sección, que conocerá en todo el ámbito territorial aunque haya secciones desplazadas; el acuerdo se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 81

Las Audiencias Provinciales se componen de un Presidente y dos o más magistrados, y pueden tener varias Secciones de igual composición; el Presidente preside la que determine al inicio de su mandato. Con escasos asuntos, la plantilla puede ser de uno a dos magistrados, incluido el Presidente, y se completa con magistrados del TSJ según un turno anual de la Sala de Gobierno. Las Secciones pueden tener cuatro o más magistrados. La adscripción a secciones es funcional y, si están separadas por orden o especialidad, solo dentro de las del mismo orden o especialidad.

Artículo 82

En lo penal, las Audiencias Provinciales conocen de las causas por delito no atribuidas a otros órganos y de recursos contra Secciones de Instrucción, Penal, Violencia, Menores y Vigilancia Penitenciaria. En lo civil, de recursos contra resoluciones de primera instancia de Secciones Civiles, de Familia, de Violencia y Mercantiles, y de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En recursos de delitos leves y de juicio verbal por cuantía actúan con un solo magistrado por turno. Alicante es Tribunal de Marca de la Unión Europea. También resuelven cuestiones de competencia y recusaciones.

Artículo 82 bis

El Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del TSJ, puede acordar que una o varias secciones de la Audiencia Provincial asuman los recursos contra resoluciones de las Secciones Civiles sobre determinadas materias; de las de Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y Familia; o de las de lo Mercantil y de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En lo mercantil la especialización es obligatoria si hay más de cinco plazas en la provincia. Los acuerdos se publican en el «BOE» y producen efectos desde el inicio del año siguiente, salvo urgencia razonada.

Artículo 83

El juicio del Jurado se celebra en el ámbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la ley. La composición y la competencia del Jurado no las fija este artículo: son las reguladas en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, a la que remite expresamente.

Artículo 84

Hay un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede y nombre de su capital, integrado por una Sección Única de Civil y de Instrucción (o una Civil y otra de Instrucción) y, en su caso, por otras Secciones especializadas. Cada Tribunal tiene Presidencia; una Sección la tiene si a la vez hay dos o más Secciones, la Sección tiene ocho o más plazas y el Tribunal doce o más. La adscripción a Secciones es funcional, y cabe nombrar a dos jueces más para procesos complejos.

Artículo 85

Con carácter general, las Secciones Civiles (o las Civiles y de Instrucción que formen Sección Única) de los Tribunales de Instancia extienden su jurisdicción a un partido judicial. En el orden civil conocen: en primera instancia, de los juicios no atribuidos a otros órganos; de la jurisdicción voluntaria; de los recursos contra resoluciones de los jueces de paz del partido y de sus cuestiones de competencia civiles; y del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras y laudos extranjeros, salvo que los tratados lo atribuyan a otra Sección o Tribunal.

Artículo 86

Si la carga de trabajo lo aconseja, se crea una Sección de Familia, Infancia y Capacidad con jurisdicción en el partido. El Gobierno, por real decreto, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe favorable de la comunidad autónoma, puede crearlas para dos o más partidos de la provincia. Sin Sección, el CGPJ puede atribuir estos asuntos a un juez de la Sección Civil; con plaza única, los asume quien la ocupe. Su jurisdicción es exclusiva y excluyente en las materias de familia, menores y discapacidad que enumera.

Artículo 86 bis

Artículo 86 ter

Artículo 86 quáter

Artículo 86 quinquies

Artículo 87

Por regla general hay una Sección de lo Mercantil en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia; si no se constituye, conoce un juez de la Sección Civil de la capital. A provincias de menos de 500.000 habitantes puede extenderse la de una limítrofe de la misma comunidad; en partidos de más de 250.000 no limítrofes con la capital puede crearse una propia. Regula también sus materias, la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso y la Sección de Alicante como Tribunal de Marca de la Unión Europea.

Artículo 87 bis

Artículo 87 ter

Artículo 87 quáter

Artículo 88

Las Secciones de Instrucción o Únicas tienen jurisdicción en un partido: instruyen causas por delito, dictan conformidades, juzgan delitos leves, conocen del habeas corpus, de recursos contra jueces de paz, del internamiento de extranjeros y otros asuntos. Excepcionalmente, el CGPJ, con informe de la Fiscalía General del Estado, puede agrupar las de partidos limítrofes de una provincia por aumento de asuntos de criminalidad organizada. La preside el Presidente del Tribunal de Instancia más poblado y reparte el letrado director de su Servicio Común General.

Artículo 89

Regula las Secciones de Violencia sobre la Mujer: cómo se crean, qué instruyen en lo penal, qué asuntos de familia conocen en lo civil y cuándo esa competencia civil es exclusiva y excluyente (cuatro requisitos simultáneos). Pueden inadmitir lo que notoriamente no sea violencia de género o sexual, y en estos casos está vedada la utilización de los medios adecuados de solución de controversias. El CGPJ encomienda al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de sus datos, con informe anual.

Artículo 89 bis

Regula las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia: se crean por carga de trabajo con jurisdicción en el partido y, excepcionalmente, por real decreto, en dos o más partidos. Instruyen delitos de homicidio, lesiones, contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual, trata y quebrantamiento cuando la víctima es menor, y adoptan medidas cautelares. Si los hechos también pudieran ser de la Sección de Violencia sobre la Mujer, la competencia corresponde en todo caso a esta última.

Artículo 90

Por regla general hay una Sección de lo Penal en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella, y pueden crearse otras fuera de la capital. Enjuician las causas por delito que la ley determine, con plazas obligatoriamente especializadas en violencia sobre la mujer e infancia. Ejecutan las sentencias por delito grave o menos grave de las Secciones de Instrucción y de Violencia, y conocen del decomiso autónomo y del reconocimiento mutuo en la Unión Europea.

Artículo 91

Por regla general existe una Sección de Menores en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella. Si el volumen de trabajo lo aconseja, puede haberlas para un partido o agrupación de partidos, o para dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, y toman el nombre de la población donde radique su sede. Ejercen las funciones legales sobre menores que hayan cometido conductas tipificadas como delito o delito leve.

Artículo 92

Por regla general hay una Sección de Vigilancia Penitenciaria en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia, para la ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, el control de la potestad disciplinaria y el amparo de los internos. Fuera de la capital, su sede la fija el Gobierno, previa audiencia de la comunidad autónoma y del CGPJ. Su número y ámbito los fija la Ley de Demarcación y Planta, atendiendo sobre todo a los establecimientos penitenciarios.

Artículo 93

Por regla general hay una Sección de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia; puede haberlas en otras poblaciones y, excepcionalmente, para más de una provincia de la misma comunidad. Conocen de los recursos que la ley les atribuya. Autorizan la entrada en domicilios para ejecutar actos administrativos, salvo medidas de protección de menores, y la acordada por la Administración Tributaria si el titular se opone o hay riesgo de oposición.

Artículo 94

Con carácter general existe una Sección de lo Social en el Tribunal de Instancia de la capital de cada provincia, con jurisdicción en toda ella. Pueden establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia con sede en otras poblaciones, con su ámbito territorial delimitado, y excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma. Conocen en primera o única instancia de los procesos del orden social no atribuidos a otros órganos del mismo orden.

Artículo 95

En Madrid, con jurisdicción nacional, existe un Tribunal Central de Instancia con cinco Secciones: Instrucción (con jueces de garantías para las peticiones de la Fiscalía Europea), Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria (preferente y excluyente si el penado cumple también condenas no impuestas por la Audiencia Nacional) y Contencioso-Administrativo, para actos de órganos con competencia nacional y diversas autorizaciones.

Artículo 96

El CGPJ, previo informe de las Salas de Gobierno y de las Administraciones competentes, puede acordar que, donde haya más de una plaza de la misma Sección, alguna asuma en exclusiva ciertas clases de asuntos o ejecuciones; en lo Mercantil, con más de cinco plazas en la provincia. También puede especializar plazas de distintos partidos, pero no las de Instrucción. Los acuerdos se publican en el «BOE» y surten efecto desde el inicio del año siguiente, salvo urgencia razonada.

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

En el orden civil, los Juzgados de Paz conocen de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine, y cumplen las demás funciones que la ley les atribuya. En el orden penal, conocen en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley, y pueden intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en las demás que señalen las leyes.

Artículo 101

Los Jueces de Paz y sus sustitutos son nombrados para cuatro años por la Sala de Gobierno del TSJ, entre las personas elegidas por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta (si no hay solicitantes, elige libremente). Si en tres meses desde la vacante el Ayuntamiento no propone, o el propuesto no reúne las condiciones, designa la Sala de Gobierno. Juran ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción y toman posesión ante quien ejerza la jurisdicción.

Artículo 102

Pueden ser nombrados Jueces de Paz, titulares o sustitutos, quienes reúnan los requisitos de ingreso en la Carrera Judicial aunque no sean licenciados en Derecho, y no estén incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad para las funciones judiciales. De esas incompatibilidades se exceptúa el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, que no impide ser Juez de Paz.

Artículo 103

Los Jueces de Paz se retribuyen por el sistema y en la cuantía que legalmente se establezca, y dentro de su circunscripción tienen el tratamiento y la precedencia que en la suya se reconozcan a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción. Titulares y sustitutos cesan por el transcurso de su mandato y por las mismas causas que los Jueces de carrera, en cuanto les sean aplicables.

Artículo 558

El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su sede está en la villa de Madrid.

Artículo 559

Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales están subordinados al Consejo General del Poder Judicial, pero solo en el ejercicio de sus funciones gubernativas. El artículo no establece subordinación alguna en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Artículo 560

El artículo 560 enumera 25 atribuciones del CGPJ: proponer nombramientos (Presidente del TS y del CGPJ, jueces y magistrados, dos magistrados del TC), ser oído antes del nombramiento del Fiscal General, nombrar al Vicepresidente del TS, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección, y potestad reglamentaria en materias tasadas, que nunca puede afectar a personas ajenas al Consejo. Los reglamentos llevan informe de impacto de género, y las medidas que aumenten el gasto necesitan informe favorable de la Administración que lo soporte.

Artículo 561

Se someten a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales sobre nueve materias (LOPJ, demarcación y planta judicial, estatutos de jueces y de LAJ, normas procesales, leyes penales y régimen penitenciario, etc.). Plazo improrrogable de 30 días, o 15 si la orden de remisión indica urgencia. El órgano remitente puede conceder prórroga excepcional de 15 días (10 si es urgente). Si no se emite en plazo, el trámite se tiene por cumplido. El Gobierno remite el informe a las Cortes si es anteproyecto de ley.

Artículo 562

Todas las actividades internacionales del CGPJ se realizan en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices de política exterior que este fije en el ejercicio de sus competencias. Ello no afecta a las competencias que el propio Consejo tiene en materia de cooperación jurisdiccional internacional conforme a la Ley Orgánica.

Artículo 563

El CGPJ remite cada año a las Cortes una Memoria sobre su estado y el de juzgados y tribunales, con las necesidades de personal, instalaciones y recursos, y capítulos sobre actividad y gasto del Presidente y Vocales, impacto de género y uso de lenguas cooficiales. Las Cortes pueden debatirla y pedir la comparecencia del Presidente del TS. Además, el Presidente comparece cada año en la Comisión de Justicia del Congreso. Excepcionalmente puede comparecer un Vocal, a solicitud motivada de al menos dos Grupos y con autorización de la Mesa.

Artículo 564

Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, ni el Presidente del Tribunal Supremo ni los Vocales del CGPJ tienen deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. Las únicas comparecencias exigibles son, por tanto, las que prevé el artículo 563.

Artículo 565

El CGPJ, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, sujeto en su elaboración y ejecución a la legislación presupuestaria general. El control interno del gasto lo hace un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que depende funcionalmente del Consejo; el control externo, el Tribunal de Cuentas. Como máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.

Artículo 566

El CGPJ lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte Vocales: doce Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

Artículo 567

Las Cortes designan a los 20 Vocales. Cada Cámara elige por tres quintos a diez: cuatro juristas con más de 15 años de ejercicio y seis del turno judicial, con un mínimo del 40 % de cada sexo. Los candidatos comparecen en audiencia pública ante la Comisión de nombramientos. No pueden ir por el turno de juristas los jueces en activo (salvo un año fuera del servicio activo) ni quienes en los cinco años anteriores fueron ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, presidentes de corporación local o parlamentarios. Hay un suplente por titular.

Artículo 568

El CGPJ se renueva entero cada cinco años desde su constitución, y los Presidentes del Congreso y del Senado deben adoptar las medidas para que la renovación llegue a tiempo. Cuatro meses antes de que expire ese plazo, el Presidente del TS y del CGPJ dispone la remisión a ambos Presidentes de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales y la apertura del plazo de candidaturas del turno judicial, y da cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria posterior.

Artículo 569

Los Vocales del CGPJ son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, toman posesión prestando juramento o promesa ante el Rey y a continuación celebran la sesión constitutiva. La toma de posesión y la sesión constitutiva tienen lugar dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto del artículo 570.2.

Artículo 570

Si en la sesión constitutiva una Cámara no ha elegido a sus Vocales, el Consejo se constituye con los diez de la otra Cámara y los Vocales salientes designados por la Cámara incumplidora, con todas sus atribuciones. Si ninguna ha cumplido, sigue en funciones el Consejo saliente, sin poder elegir nuevo Presidente. El nombramiento tardío no alarga el cargo más allá de los cinco años de mandato, salvo el caso anterior. Los nuevos Vocales sustituyen a los salientes en las Comisiones, elegidos por el Pleno según su turno, y no se revisan los acuerdos ya adoptados.

Artículo 570 bis

Cuando el CGPJ entra en funciones por no renovarse en plazo (artículo 570.2), solo puede ejercer 16 atribuciones tasadas: proponer dos Magistrados del TC, ser oído sobre el Fiscal General, selección, formación, destinos, ascensos reglados y disciplina de jueces, alta inspección, publicación de sentencias, Escuela Judicial, potestad reglamentaria en siete materias concretas, RPT, presupuesto, quejas, refuerzos, informes, ética judicial, entre otras. Además, puede hacer lo indispensable para el funcionamiento ordinario del órgano.

Artículo 571

El cese anticipado de un Vocal da lugar a su sustitución: el Presidente del TS y del CGPJ lo comunica a la Cámara competente para que proponga el nombramiento de un nuevo Vocal conforme al artículo 567.4. El nuevo Vocal ejerce el cargo solo por el tiempo que reste hasta que termine el mandato del Consejo.

Artículo 572

El artículo 572 dispone que la designación de los Vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. No fija plazos, órganos, mayorías ni requisitos: es una norma de remisión que abre el capítulo dedicado a ese procedimiento.

Artículo 573

Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial puede presentar su candidatura a Vocal por el turno judicial, salvo que esté en alguna situación que, según la Ley, se lo impida. Si ocupa un cargo incompatible, debe comprometerse a renunciar a él en caso de resultar elegido.

Artículo 574

El Juez o Magistrado que quiera ser candidato elige entre dos avales: el de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de candidaturas. Cada juez o asociación avalista puede avalar como máximo a doce candidatos.

Artículo 575

El plazo de candidaturas es de un mes desde el día siguiente a la fecha en que el Presidente del TS y del CGPJ ordena su apertura. El candidato dirige escrito a ese Presidente manifestando su intención de ser Vocal, con una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo, y los veinticinco avales o el aval de la Asociación judicial.

Artículo 576

La Junta Electoral resuelve las cuestiones de la presentación de candidaturas del turno judicial y las proclama. La integran el Presidente de Sala más antiguo del TS (presidente) y dos Vocales: el Magistrado más antiguo y el más moderno del TS; el Secretario de Gobierno del TS es secretario con voz y sin voto. Se constituye en tres días desde el inicio, se reúne con todos sus miembros o sustitutos y decide por mayoría simple. Publica la lista de candidatos en dos días, se impugna en tres y resuelve en otros tres, proclamando de inmediato.

Artículo 577

Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo, y en el mismo escrito de interposición se presentan las alegaciones y los elementos de prueba. Lo resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de tres días desde la interposición.

Artículo 578

Pasados los plazos de recurso, el Presidente del TS y del CGPJ remite las candidaturas admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado para que las Cámaras designen a los Vocales del turno judicial. Las Cámaras tienen en cuenta el número de jueces no afiliados y de afiliados a cada Asociación. De los doce Vocales judiciales, como mínimo: tres Magistrados del TS, tres Magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad; si falta alguna categoría, su vacante acrece la siguiente.

Artículo 579

Los Vocales trabajan con dedicación exclusiva: su cargo es incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, pública o privada, retribuida o no, salvo la mera administración del patrimonio personal o familiar, y además les afectan las incompatibilidades del artículo 389. Los funcionarios, judiciales o no, pasan a servicios especiales. No caben otras responsabilidades gubernativas judiciales. Deben asistir, salvo causa justificada, a Pleno y Comisión. Presidente, Vocales y Secretario General declaran bienes y derechos conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015.

Artículo 580

A los Vocales se les aplican las causas de abstención y recusación de las autoridades y personal de la Administración General del Estado, y en todo caso deben abstenerse si hay interés directo o indirecto o se puede afectar a su imparcialidad objetiva. No pueden invocar ni usar su condición de Vocal en el ejercicio de su profesión. Hacerlo, o usarla para fines ajenos a las atribuciones del Consejo, es incumplimiento muy grave, y el Pleno puede destituir al infractor por mayoría de tres quintos.

Artículo 581

Artículo 582

Los Vocales solo cesan por cumplirse los cinco años de su nombramiento, por renuncia aceptada por el Presidente del TS y del CGPJ, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo apreciados por el Pleno por tres quintos. Los de origen judicial cesan también si dejan de estar en servicio activo (salvo el supuesto del artículo 579.2) o si, por jubilación u otra causa legal, dejan la carrera judicial.

Artículo 583

La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exige siguiendo los mismos trámites que la ley establece para los Magistrados del Tribunal Supremo. El artículo no crea un procedimiento propio: los equipara a ellos a estos efectos.

Artículo 584

Mientras dure su mandato, los Vocales del CGPJ no pueden ser promovidos a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo ni a Magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para ningún cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.

Artículo 584 bis

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial perciben la retribución que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es única y exclusiva y se determina en atención a la importancia de su función.

Artículo 585

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación. Ostenta la representación del Poder Judicial y la de su órgano de gobierno, y le corresponden el tratamiento y los honores propios de esa condición.

Artículo 586

Para ser Presidente del TS y del CGPJ hay que ser Magistrado del TS con las condiciones para ser Presidente de Sala, o jurista de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio. En la sesión constitutiva, presidida por el Vocal de más edad, se presentan y publican las candidaturas, sin que cada Vocal proponga más de un nombre. La elección se hace entre tres y siete días después, en votación nominal y por tres quintos del Pleno. Lo nombra el Rey por Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno; jura ante el Rey y toma posesión ante el Pleno del TS.

Artículo 587

El mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dura lo mismo que el del Consejo que lo eligió. Puede ser reelegido y nombrado para un nuevo mandato, pero solo por una vez.

Artículo 588

El Presidente del TS y del CGPJ cesa: 1.º por expirar su mandato, que se entiende agotado en todo caso cuando concluye el del Consejo que lo eligió; 2.º por renuncia; 3.º por decisión del Pleno por notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por tres quintos de sus miembros. Las causas segunda y tercera se comunican al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia, y se procede a un nuevo nombramiento.

Artículo 589

En el primer Pleno ordinario posterior a la elección del Presidente se elige al Vicepresidente del TS, nombrado por tres quintos del Pleno a propuesta del Presidente. El propuesto debe ser Magistrado del TS, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala. La propuesta se comunica a los Vocales con al menos siete días de antelación y se hace pública. Si no se alcanza mayoría absoluta, el Presidente debe hacer una nueva propuesta. El Pleno puede cesarlo por causa justificada con tres quintos.

Artículo 590

En los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Vicepresidente ejerce en funciones el cargo de Presidente hasta que se nombre a un nuevo Presidente.

Artículo 591

El Vicepresidente presta al Presidente del TS y del CGPJ la colaboración necesaria para sus funciones y le sustituye en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. Por delegación del Presidente puede ejercer la superior dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y las demás funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada.

Artículo 592

El Vicepresidente del Tribunal Supremo es miembro nato de la Sala de Gobierno de ese Tribunal. Le corresponde proponer a la Sala de Gobierno y al Presidente las decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo y velar por la exacta ejecución de los acuerdos de la Sala de Gobierno.

Artículo 593

El Presidente del TS y del CGPJ, si procede de la carrera judicial, pasa a servicios especiales; si no, a la situación que corresponda, en su caso, a su cuerpo de procedencia. El Vicepresidente del TS sigue en servicio activo y ocupa el cargo cinco años, salvo el cese del artículo 589.5. La responsabilidad civil y penal del Presidente y del Vicepresidente se exige por los trámites de los Magistrados del Tribunal Supremo.

Artículo 594

El Presidente del TS y del CGPJ está asistido por un Director de Gabinete de la Presidencia, que nombra y cesa libremente. Solo pueden serlo un Magistrado del TS o miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con los requisitos para acceder a Magistrado del TS. Auxilia al Presidente, ejerce las funciones que este le encomiende y dirige los Servicios de Secretaría de Presidencia del TS y del CGPJ. Mientras ocupa el cargo tiene, a efectos representativos, la consideración de Magistrado del TS. Su estructura la fija el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 595

El Consejo General del Poder Judicial, además de las funciones de la Presidencia, ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en la Ley Orgánica. Existen seis Comisiones: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.

Artículo 596

El Vicepresidente del Tribunal Supremo solo ejerce en el Consejo General del Poder Judicial las funciones que la propia Ley Orgánica le prevea expresamente; no puede asumir en el Consejo ninguna otra función distinta de esas.

Artículo 597

Artículo 598

La Presidencia representa al Consejo; convoca y preside el Pleno y la Comisión Permanente (decide empates con voto de calidad), fija su orden del día y firma sus acuerdos; dirige los órganos técnicos y la comunicación institucional; nombra y cesa al Director de su Gabinete, al de la Oficina de Comunicación y a su personal eventual; propone al Pleno al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Secretario General y al Vicesecretario General (y acuerda el cese de estos dos), y puede encargar cometidos no permanentes a vocales.

Artículo 598 bis

Mientras el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones, según lo previsto en el artículo 570.2, su Presidencia tiene una limitación: no puede acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo.

Artículo 599

El Pleno conoce, entre otras materias, de: proponer por tres quintos a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional (plazo máximo de tres meses desde el día siguiente al fin del mandato anterior); proponer al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo; nombramientos discrecionales (cada sexo entre el 40 y el 60 %); presupuesto, Memoria, separación de la carrera y alzadas contra la Disciplinaria y la Permanente. Designa hasta dos Vocales por Comunidad Autónoma y puede crear Comisiones nuevas por tres quintos, de cinco Vocales (tres judiciales y dos juristas).

Artículo 600

El Pleno se reúne en sesión ordinaria una vez al mes, convocado por el Presidente. Hay sesión extraordinaria si lo considera oportuno el Presidente, si la solicitan cinco Vocales o si es necesaria para cumplir en plazo sus competencias. Para elegir al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, el Pleno requiere al menos doce miembros presentes; en los demás casos, como mínimo diez Vocales y el Presidente.

Artículo 601

El Pleno elige cada año a los Vocales de la Comisión Permanente. La componen el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, que la preside, y siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia. Se renuevan cada año para que todos, salvo renuncia expresa, formen parte de ella al menos un año durante el mandato. El Reglamento de Organización y Funcionamiento regula la sustitución por imposibilidad transitoria o ausencia justificada.

Artículo 602

La Comisión Permanente prepara las sesiones del Pleno, vela por la ejecución de sus acuerdos, decide los nombramientos íntegramente reglados de jueces y magistrados, su jubilación forzosa por edad y su situación administrativa, informa siempre sobre los nombramientos que son competencia del Pleno, concede licencias, prepara informes sobre anteproyectos, autoriza el escalafón de la Carrera Judicial y ejerce lo que le delegue el Pleno o le atribuya la ley. Sus acuerdos son recurribles en alzada ante el Pleno.

Artículo 603

El Pleno elige a los Vocales de la Comisión Disciplinaria, con mandato de cinco años salvo sustituciones. La forman siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del de juristas de reconocida competencia. Actúa con todos sus miembros y la preside el Vocal de origen judicial de mayor categoría y antigüedad. Si alguno sufre imposibilidad transitoria o ausencia justificada, la Comisión Permanente lo sustituye por otro Vocal de idéntica procedencia.

Artículo 604

La Comisión Disciplinaria resuelve los expedientes por infracciones graves y muy graves e impone las sanciones a Jueces y Magistrados, salvo cuando la sanción propuesta sea la separación del servicio. Sus acuerdos sancionadores se recurren en alzada ante el Pleno en el plazo de un mes. También conoce de las alzadas contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales.

Artículo 605

Al Promotor de la Acción Disciplinaria le corresponden: recibir las quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, recibir las denuncias, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios y presentar los cargos ante la Comisión Disciplinaria.

Artículo 606

El Pleno nombra al Promotor de la Acción Disciplinaria, cuyo mandato coincide con el del Consejo que lo nombró. Se convoca entre Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados con más de veinticinco años en la carrera. Gana la mayoría absoluta en primera votación o, si nadie la logra, el mayor número de votos en la segunda. Queda en servicios especiales y solo puede ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno por mayoría absoluta. Si está imposibilitado transitoriamente, la Comisión Permanente nombra un sustituto que reúna sus requisitos.

Artículo 607

El Promotor de la Acción Disciplinaria está asistido por los Letrados del Consejo que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento; esos Letrados no ejercen otra función y solo dependen de la Secretaría General en lo relativo a su relación de servicio. El Promotor instruye los expedientes y, excepcionalmente, puede delegar de forma expresa y motivada actos concretos de instrucción en Letrados que le asistan y sean de la carrera judicial. Jueces y Magistrados deben colaborar con él, y puede requerir la presencia del expedientado por conducto del Presidente del Tribunal.

Artículo 608

Contra la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria de no iniciar un expediente o de archivar uno iniciado cabe recurso ante la Comisión Permanente. Si lo estima, el expediente se inicia o continúa. Además, la Comisión Permanente puede ordenar de oficio al Promotor iniciar o continuar un expediente disciplinario.

Artículo 609

El Pleno elige cada año a los tres Vocales de la Comisión de Asuntos Económicos y designa entre ellos a su Presidente. Actúa con todos sus miembros. Le corresponden los estudios y proyectos económicos y financieros que le encargue el Pleno, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y lo necesario para las funciones económicas del Consejo. La Comisión Permanente puede delegarle el borrador de proyecto del presupuesto anual, pero su aprobación corresponde siempre a la Comisión Permanente antes de elevarlo al Pleno.

Artículo 610

El Pleno elige cada año, entre sus Vocales y con presencia equilibrada de mujeres y hombres, a los tres miembros de la Comisión de Igualdad y designa a su Presidente. Actúa con todos sus componentes; si alguno falta de forma transitoria o justificada, la Comisión Permanente designa otro Vocal, preferentemente del mismo sexo. Asesora al Pleno sobre la integración del principio de igualdad, elabora los informes previos de impacto de género de los Reglamentos, propone medidas de igualdad en la carrera judicial y estudia la respuesta judicial en violencia doméstica y de género.

Artículo 610 bis

El Pleno elige cada año, entre sus Vocales, a los cinco miembros de la Comisión de Calificación (tres del turno judicial y dos del de juristas) y designa a su Presidente. La Comisión informa siempre sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, con una valoración objetiva basada en la trayectoria profesional. Para calificar, recaba información de los órganos del Poder Judicial y pide a las Salas de Gobierno un informe anual de los candidatos, fundado en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

Artículo 610 ter

El Pleno elige entre sus Vocales, por cinco años, a los tres miembros de la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos (dos del turno judicial y uno de juristas) y designa a su Presidente o Presidenta. Actúa con todos sus componentes y ejerce las funciones del artículo 236 octies sobre tratamientos de datos con fines jurisdiccionales. Sus acuerdos agotan la vía administrativa y se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sus Vocales guardan secreto profesional durante y después del mandato.

Artículo 611

El Consejo cuenta con los órganos técnicos necesarios para tramitar y preparar los asuntos del Pleno y de las Comisiones. Su número, estructura, funciones y forma de nombramiento los fija el Reglamento de Organización y Funcionamiento en lo no previsto en la Ley. Son órganos técnicos la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. El Interventor queda adscrito a la Comisión Permanente. No pueden crearse órganos técnicos con funciones ajenas al Consejo.

Artículo 612

La Secretaría General la dirige el Secretario General, elegido entre Magistrados con al menos quince años de antigüedad en la carrera o juristas de reconocida competencia con no menos de quince años de ejercicio. Lo nombra el Pleno a propuesta del Presidente y lo cesa libremente el Presidente. Dirige los órganos técnicos y el personal (salvo el Gabinete de la Presidencia), vela por el presupuesto, gestiona y documenta los actos del Consejo y asiste con voz y sin voto al Pleno y a la Comisión Permanente, y puede hacerlo a las demás Comisiones.

Artículo 613

El Vicesecretario General auxilia al Secretario General y, en su caso, lo sustituye. Lo nombra el Pleno, a propuesta del Presidente, entre miembros del Cuerpo de Letrados del Consejo con un mínimo de cinco años de servicios efectivos en el Consejo, y lo cesa libremente el Presidente.

Artículo 614

Dentro de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existe un Servicio Central. En él se integran la Gerencia y los distintos departamentos que prestan servicios comunes a los órganos del Consejo.

Artículo 615

El Servicio de Inspección, dependiente de la Comisión Permanente, comprueba y controla el funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia mediante las actuaciones y visitas que acuerde el Consejo, sin perjuicio de los órganos de gobierno de los Tribunales. La inspección del Tribunal Supremo la hace su Presidente o, por delegación, su Vicepresidente. Su Jefe se nombra y separa como el Promotor de la Acción Disciplinaria y se considera Magistrado de Sala del Tribunal Supremo. Sus Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia quedan en servicios especiales.

Artículo 616

El Gabinete Técnico asesora y asiste en lo técnico-jurídico a los órganos del Consejo y desarrolla la actividad administrativa necesaria para sus funciones. Lo integran un Director, los Letrados que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el personal necesario. Para ser Director hay que acreditar al menos quince años de desempeño efectivo de una profesión jurídica.

Artículo 617

La Escuela Judicial desarrolla y ejecuta las competencias en materia de selección y formación de los Jueces y Magistrados, conforme a esta Ley Orgánica y al Reglamento de la Escuela Judicial. Su Director debe ser un Magistrado con al menos quince años de antigüedad en la carrera judicial.

Artículo 618

La Comisión Permanente selecciona a los profesores de la Escuela Judicial por concurso de méritos. Se nombran por un período inicial de dos años, renovable anualmente, sin superar en ningún caso diez años en total. Quedan en servicios especiales en la carrera judicial o en su cuerpo de procedencia. También cabe prestar servicios en la Escuela mediante contratación laboral de duración determinada.

Artículo 619

El Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del Consejo que selecciona, ordena, trata, difunde y publica información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Colabora además en implantar las decisiones del Consejo sobre armonización de los sistemas informáticos de Juzgados y Tribunales. Su Director debe acreditar al menos quince años de desempeño efectivo de una profesión jurídica.

Artículo 620

A la Oficina de Comunicación del Consejo le corresponden las funciones de comunicación institucional. Depende directamente del Presidente, que nombra y cesa libremente a su Director. El Director debe ser un profesional con experiencia acreditada en comunicación pública.

Artículo 620 bis

La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos es el órgano técnico que apoya y asiste a la Comisión del mismo nombre. Su titular lo nombra el Pleno entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio y conocimientos y experiencia acreditados en protección de datos. Actúa sujeto solo a las orientaciones de esa Comisión, con el régimen de los letrados del Consejo, y él y su personal guardan secreto profesional. El Consejo le asegura los medios necesarios.

Artículo 621

El Consejo tiene un Cuerpo de Letrados, con ingreso por proceso selectivo basado en mérito y capacidad, y plantilla de Letrados permanentes y temporales que fija reglamentariamente el Pleno. Los permanentes, licenciados o graduados en Derecho, ingresan por concurso-oposición. Los temporales (carrera judicial o fiscal, Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios del Subgrupo A1) ingresan por concurso de méritos por dos años, renovables anualmente hasta diez. Los permanentes quedan en excedencia voluntaria en su cuerpo de origen; los demás, en servicios especiales.

Artículo 622

El Vicesecretario General, el Jefe del Servicio de Inspección y los Directores del Gabinete Técnico, de la Escuela Judicial, del Centro de Documentación Judicial y de la Oficina de Comunicación se denominan Letrados Mayores. A estas Jefaturas se accede con ocasión de vacante y se renuevan cada cinco años; las designa el Pleno, salvo el Director de la Oficina de Comunicación, al que designa el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo.

Artículo 623

Los Letrados del Consejo General del Poder Judicial pueden desempeñar sus funciones en los distintos órganos del Consejo, conforme a lo que establezcan esta Ley Orgánica y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 624

En los órganos técnicos del Consejo también pueden prestar servicios miembros de las carreras judicial y fiscal, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, así como funcionarios de las Administraciones Públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 625

Los puestos de los órganos técnicos se proveen por concurso de méritos, salvo excepciones de la Ley o sus Reglamentos. Quienes obtienen por concurso puestos de nivel superior son nombrados por el Pleno por dos años, prorrogables por años hasta un máximo de diez, y pasan, en su caso, a servicios especiales en su Administración de origen. Quienes ocupan los demás puestos siguen en servicio activo en su cuerpo. Todos quedan sometidos al Reglamento de Personal del Consejo mientras ocupen el puesto.

Artículo 626

El Reglamento de Organización y Funcionamiento puede prever que ciertos puestos técnicos que exijan una preparación específica distinta de la jurídica se cubran por concurso de méritos entre funcionarios de los cuerpos que ese Reglamento establezca. Los puestos de nivel superior de los órganos técnicos solo pueden ocuparlos quienes tengan la titulación exigida para un Cuerpo del Subgrupo A1 de las distintas Administraciones Públicas.

Artículo 627

Los funcionarios que prestan servicio en el Consejo se rigen por su Reglamento de Personal y, en lo no previsto, por la legislación general de la función pública estatal. El Pleno aprueba la relación de puestos de trabajo de ese personal. El personal no funcionario se rige por su respectivo Reglamento de Personal y, en lo no previsto, por la regulación de ámbito estatal que le sea aplicable.

Artículo 628

Artículo 629

Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tienen carácter reservado. Quienes forman parte de esos órganos están obligados a guardar secreto de lo deliberado.

Artículo 630

Los órganos colegiados del Consejo adoptan acuerdos por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. Se exigen tres quintos de los presentes para nombrar Presidentes de Sala y Magistrados del Supremo, Presidente y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y de los TSJ, Presidentes de Audiencias Provinciales y el Magistrado del Supremo (y su sustituto) competente sobre el CNI. Quien preside tiene voto de calidad. Los Vocales deben votar (abstención solo con causa legal; sin voto en blanco en disciplina ni recursos). Votación nominal y no secreta.

Artículo 631

El Vocal que disienta de la mayoría puede formular voto particular, escrito y fundado, que se inserta en el acta, siempre que lo anuncie una vez finalizada la votación y lo presente dentro de los dos días siguientes a aquel en que se tomó el acuerdo. Cuando el Pleno ejerce sus facultades de informe, los votos particulares razonados se incorporan al texto del acuerdo y se unen a la documentación remitida al órgano destinatario.

Artículo 632

Los acuerdos de los órganos del Consejo serán siempre motivados. En los Plenos que decidan propuestas de nombramiento debe constar la motivación, expresando las circunstancias de mérito y capacidad que justifican elegir a un aspirante con preferencia sobre los demás. La motivación puede hacerse por remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión Permanente.

Artículo 633

Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial los documenta el Secretario General y los suscribe quien haya presidido el órgano que los adoptó.

Artículo 634

Los acuerdos del Consejo sobre nombramiento de Presidentes y Magistrados adoptan la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia. Los nombramientos de Jueces los efectúa el Consejo mediante Orden. Todos ellos se publican en el "Boletín Oficial del Estado".

Artículo 635

Los Reglamentos que apruebe el Consejo General del Poder Judicial se publican en el "Boletín Oficial del Estado". Los demás acuerdos, debidamente documentados y con los votos particulares incorporados si los hubiere, se comunican a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos.

Artículo 636

Los acuerdos del Consejo son inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación de la Ley Orgánica. Si se recurren, la autoridad competente para resolver el recurso puede acordar, de oficio o a instancia de parte, suspender la ejecución cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando lo establezca la ley.

Artículo 637

La ejecución de los actos del Consejo General del Poder Judicial corresponde al propio Consejo. La llevan a cabo los órganos técnicos a su servicio, con la colaboración, si fuera necesaria, de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 638

Los actos de trámite que impidan continuar un procedimiento o produzcan indefensión son impugnables en alzada ante la Comisión Permanente. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente ponen fin a la vía administrativa y se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sección formada por su Presidente, que la preside, y los demás Presidentes de sección. Para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria están legitimados el Juez o Magistrado expedientado y el Ministerio Fiscal.

Artículo 639

El Consejo General del Poder Judicial puede celebrar los contratos precisos para ejercer sus atribuciones, sujetándose a la legislación de contratos del sector público. El órgano de contratación es la Comisión Permanente, que debe mantener informado al Pleno sobre los contratos que se celebren.

Artículo 640

La indemnización de los daños y perjuicios causados por el Consejo General del Poder Judicial se rige por el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La reclamación se presenta ante el Consejo de Ministros, que es quien la resuelve.

Artículo 641

Artículo 642

En lo no previsto por la Ley Orgánica y los Reglamentos del Consejo, en procedimiento, recursos y forma de sus actos se aplican, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que en ningún caso sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. Esa supletoriedad no rige en materia disciplinaria. La revisión de oficio de actos declarativos de derechos y la previa declaración de lesividad las adopta el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.