Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
Artículo 642
Libro VIII. Del Consejo General del Poder Judicial›Título VI. Del régimen de los actos del Consejo General del Poder Judicial
En pocas palabras
En lo no previsto por la Ley Orgánica y los Reglamentos del Consejo, en procedimiento, recursos y forma de sus actos se aplican, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que en ningún caso sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. Esa supletoriedad no rige en materia disciplinaria. La revisión de oficio de actos declarativos de derechos y la previa declaración de lesividad las adopta el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
Explicación sencilla
Cierra el régimen de los actos del Consejo con un derecho supletorio (la ley de régimen jurídico y procedimiento común, sin intervención del Consejo de Estado), excluye de él la materia disciplinaria y reserva al Pleno la revisión de oficio de actos declarativos de derechos.
Regla mnemotécnica
Supletoria la ley de procedimiento común, sin Consejo de Estado y no en disciplina; revisar actos declarativos de derechos: Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.
Trampa típica de examen
Exigir la intervención del Consejo de Estado al aplicar supletoriamente la ley de procedimiento común: el artículo dice que en ningún caso será necesaria.
Texto del artículo 642 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
1. En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley Orgánica y en los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a la materia disciplinaria. 3. Tratándose de actos declarativos de derechos, la revisión de oficio y, en su caso, la previa declaración de lesividad, se adoptarán por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta de sus miembros.
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