Tema 4 del temario de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 56. El Rey, Jefe del Estado

El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad; sus actos estarán siempre refrendados.

Artículo 57. Sucesión a la Corona

La Corona de España es hereditaria. En la sucesión regirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer; y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Artículo 58. La Reina consorte y el consorte de la Reina

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59. La Regencia

Si el Rey es menor de edad, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder según el orden constitucional, durante toda la minoría de edad. Si el Rey se inhabilita y las Cortes Generales reconocen la imposibilidad, la Regencia la asume el Príncipe heredero si es mayor de edad; si no lo es, se sigue la regla anterior hasta que la alcance. Si no hubiera nadie a quien corresponda, la nombrarán las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercerla hay que ser español y mayor de edad, y se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60. La tutela del Rey menor

Será tutor del Rey menor la persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; en su defecto, el padre o la madre mientras permanezcan viudos; y a falta de ambos, lo nombrarán las Cortes Generales. No podrán acumularse los cargos de Regente y tutor salvo en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es además incompatible con todo cargo o representación política.

Artículo 61. Proclamación y juramento del Rey

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento y además el de fidelidad al Rey.

Artículo 62. Funciones del Rey

Corresponde al Rey, entre otras funciones: sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum; proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente; el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, sin poder autorizar indultos generales.

Artículo 63. El Rey en las relaciones internacionales

El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Y le corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el artículo 99 serán refrendados por el Presidente del Congreso. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. La Casa Real

El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y la distribuye libremente. Nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Artículo 66. Cortes Generales

Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. Son inviolables.

Artículo 67. Incompatibilidades y prohibición del mandato imperativo

Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Y las reuniones de parlamentarios celebradas sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, ni podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La circunscripción electoral es la provincia. El Congreso es elegido por cuatro años; el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de disolución de la Cámara.

Artículo 69. El Senado

El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla eligen dos cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designará un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio. El Senado es elegido por cuatro años.

Artículo 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad

La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley —con la excepción de los miembros del Gobierno—, al Defensor del Pueblo, a los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo, a los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y a los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales estará sometida al control judicial.

Artículo 71. Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato gozarán además de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito, sin que puedan ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. En las causas contra ellos será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y percibirán una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72. Autonomía de las Cámaras

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales; los Reglamentos y su reforma requieren una votación final de totalidad por mayoría absoluta. Las Cámaras eligen sus Presidentes y los demás miembros de sus Mesas, y las sesiones conjuntas las preside el Presidente del Congreso. Los Presidentes ejercen en nombre de las Cámaras todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus sedes.

Artículo 73. Períodos ordinarios de sesiones

Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; las extraordinarias se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado.

Artículo 74. Sesiones conjuntas de las Cámaras

Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2 se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras; en el primer caso el procedimiento se inicia en el Congreso y en los otros dos en el Senado, y si no hubiera acuerdo se intentará obtener mediante una Comisión Mixta paritaria cuyo texto votarán ambas Cámaras. Si aun así no se aprueba, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75. Funcionamiento en Pleno y en Comisiones

Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. Podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de lo delegado. Quedan exceptuados de esa delegación la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76. Comisiones de investigación

El Congreso y el Senado, y en su caso ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado se comunique al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, y la ley regulará las sanciones por incumplir esa obligación.

Artículo 77. Peticiones dirigidas a las Cámaras

Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. Pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban, y el Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78. Las Diputaciones Permanentes

En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, asumir las facultades de las Cámaras conforme a los artículos 86 y 116 cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas. Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes, y reunida la Cámara darán cuenta de los asuntos tratados.

Artículo 79. Adopción de acuerdos y quórum

Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y de las que para elección de personas fijen los Reglamentos. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80. Publicidad de las sesiones

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Artículo 81. Leyes orgánicas

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82. Delegación legislativa y decretos legislativos

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, nunca sobre las reservadas a ley orgánica. La delegación se otorga por ley de bases cuando se trata de formar un texto articulado, y por ley ordinaria cuando se trata de refundir varios textos en uno solo. Debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota por el uso que haga de ella el Gobierno; no puede entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado; y no permite subdelegar en autoridades distintas del propio Gobierno.

Artículo 83. Límites de las leyes de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84. Oposición del Gobierno a la tramitación contraria a una delegación

Cuando una proposición de ley o una enmienda sea contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85. Denominación de los decretos legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86. Decretos-leyes

En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales con forma de Decreto-ley, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Deben someterse inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso —convocado al efecto si no estuviera reunido— dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, y el Congreso ha de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación. Durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87. Iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio de la iniciativa popular, que exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas, y no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, ni sobre la prerrogativa de gracia.

Artículo 88. Los proyectos de ley

Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89. Tramitación de las proposiciones de ley

La tramitación de las proposiciones de ley se regula por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos del artículo 87. Las proposiciones que tome en consideración el Senado se remiten al Congreso para que se tramiten allí como tal proposición.

Artículo 90. Intervención del Senado: veto y enmiendas

Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso, su Presidente da cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado dispone de dos meses desde la recepción para, mediante mensaje motivado, oponer su veto —que requiere mayoría absoluta— o introducir enmiendas. El proyecto no puede ir al Rey sin que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

Artículo 91. Sanción y promulgación de las leyes

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92. El referéndum consultivo

Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución.

Artículo 93. Tratados que atribuyen competencias a organizaciones internacionales

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94. Tratados que exigen autorización previa de las Cortes

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por tratados requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en cinco casos: tratados de carácter político; de carácter militar; los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I; los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública; y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados.

Artículo 95. Tratados contrarios a la Constitución

La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96. Los tratados internacionales en el ordenamiento interno

Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Para la denuncia de los tratados se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Artículo 97. Función del Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98. Composición del Gobierno

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

Artículo 99. Investidura del Presidente

El Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso. Si el Congreso otorga su confianza por mayoría absoluta, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.

Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno

Los demás miembros del Gobierno —es decir, todos salvo el Presidente— son nombrados y separados por el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.

Artículo 101. Cese del Gobierno y Gobierno en funciones

El Gobierno cesa en cuatro supuestos: tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.

Artículo 102. Responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Gobierno

La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de su mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no se aplica a ninguno de estos supuestos.

Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109. Derecho de información de las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110. Comparecencia del Gobierno ante las Cámaras

Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. A su vez, los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y pueden solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111. Interpelaciones y preguntas

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112. La cuestión de confianza

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113. Moción de censura

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.

Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.

Artículo 115. Disolución de las Cámaras por el Presidente

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, y el decreto fijará la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo previsto en el artículo 99.5.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 117. Independencia del Poder Judicial y unidad jurisdiccional

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. No podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por las causas y con las garantías previstas en la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional —juzgar y hacer ejecutar lo juzgado— corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales, que no ejercerán más funciones que ésa y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización, y se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118. Cumplimiento de las resoluciones judiciales

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119. Gratuidad de la Justicia

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120. Publicidad de las actuaciones judiciales

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121. Indemnización por error judicial

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122. El Consejo General del Poder Judicial

La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera —que formarán un Cuerpo único— y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es su órgano de gobierno, y está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años: doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio.

Artículo 123. El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Su Presidente será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124. El Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción en todo caso a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125. Acción popular y jurado

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126. La policía judicial

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127. Incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales

Los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y la ley establecerá el sistema y modalidades de su asociación profesional. La ley establecerá además el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar su total independencia.

Artículo 159. Composición del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con igual mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son nombrados por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

Artículo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161. Competencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.

Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163. La cuestión de inconstitucionalidad

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Artículo 1. Del Gobierno

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Sus miembros se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.

Artículo 2. Del Presidente del Gobierno

El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros. Entre otras funciones: representa al Gobierno; fija su programa político; propone al Rey la disolución de las Cámaras y plantea la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros; propone el referéndum consultivo, previa autorización del Congreso; convoca y preside el Consejo de Ministros; crea por Real Decreto Ministerios y Secretarías de Estado; y propone al Rey Vicepresidentes y Ministros.

Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno

Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponde ejercer las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostenta, además, la condición de Ministro.

Artículo 4. De los Ministros

Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Les corresponde desarrollar la acción del Gobierno en su Departamento, conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros o a las directrices del Presidente; ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su Departamento; refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia, y las demás competencias que se les atribuyan. Podrán existir Ministros sin cartera; por Real Decreto se fijan sus competencias, estructura y medios.

Artículo 5. Del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y Legislativos y los reglamentos de desarrollo de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. Acuerda la negociación y firma de Tratados; declara los estados de alarma y excepción y propone al Congreso el de sitio; emite Deuda Pública si una Ley lo autoriza, y crea, modifica y suprime los órganos directivos de los Ministerios. Pueden asistir, si son convocados, los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos. Sus deliberaciones son secretas.

Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas se crean, modifican y suprimen por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente. El Real Decreto de creación especifica quién la preside, los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran, sus funciones, a quién corresponde la Secretaría y el régimen interno. Pueden convocarse titulares de otros órganos superiores y directivos. Examinan cuestiones generales, estudian asuntos que requieran propuesta conjunta y resuelven los que no deban elevarse al Consejo de Ministros. Sus deliberaciones son secretas.

Artículo 7. De los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan o, si están adscritos a la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección del Presidente. Sus competencias son las que determina la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

La Comisión General la integran los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios; asiste también el Abogado General del Estado. La preside un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia. La Secretaría la ejerce el Subsecretario de la Presidencia y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director del Secretariado del Gobierno. Sus deliberaciones son reservadas y no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno. Examina los asuntos que van al Consejo de Ministros, con excepciones.

Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno

El Secretariado del Gobierno apoya al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: asiste al Ministro-Secretario, remite convocatorias, custodia actas y vela por la buena regulación y la publicación de las normas. Como asistencia al Ministro de la Presidencia tramita la sanción y promulgación de las leyes y los actos del Rey que refrenda el Presidente. Se integra en el Ministerio de la Presidencia y propone a su Ministro las instrucciones de tramitación; su Director ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General.

Artículo 10. De los Gabinetes

Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial y no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración General del Estado, aunque los directores pueden dictar los actos propios de la jefatura de su unidad. El Gabinete de la Presidencia se regula por Real Decreto del Presidente; el resto, por esta Ley. El nivel orgánico de los Directores se fija reglamentariamente; las retribuciones, por el Consejo de Ministros.

Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Artículo 12. Del nombramiento y cese

El Presidente es nombrado y cesa en los términos de la Constitución. Los Vicepresidentes y Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente; el nombramiento conlleva el cese en el puesto anterior, salvo el Vicepresidente que sea Ministro y conserve su Departamento. En esos nombramientos cada sexo ha de suponer como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto. La separación de Ministros sin cartera extingue el órgano; la de Vicepresidentes también, salvo que simultáneamente se designe otro en sustitución. El estatuto tras el cese del Presidente: por Real Decreto.

Artículo 13. De la suplencia

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno las asumen los Vicepresidentes, según su orden de prelación, y, en su defecto, los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario, se determina por Real Decreto del Presidente del Gobierno, que expresa entre otras cuestiones su causa y carácter, y recae en todo caso en otro miembro del Gobierno. La interrupción transitoria de la asistencia a una reunión no es ausencia: ejerce las funciones la siguiente autoridad en rango presente.

Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno

Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Se les aplica, asimismo, el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. La suplencia entre los del mismo Departamento sigue el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio; los que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno son suplidos por quien designe el Presidente. Se les aplica el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.

Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes

Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros se nombran y separan por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros; los de los Secretarios de Estado, por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. Cesan automáticamente cuando cesa el titular del cargo del que dependen; con Gobierno en funciones continúan hasta la formación del nuevo Gobierno. Los funcionarios que se incorporen pasan a servicios especiales, salvo que opten por el servicio activo en origen; el personal no funcionario tiene reserva de puesto y antigüedad.

Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno

El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la propia Ley 50/1997 y además por: a) los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo; y b) las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.

Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros

El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros y fija su orden del día; actúa como Secretario el Ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante. De las sesiones se levanta acta en la que figuran, exclusivamente, las circunstancias de tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios

A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se les aplica lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 50/1997 en relación con las actas de dichos órganos colegiados. El artículo no regula por sí mismo el contenido de esas actas: se remite al artículo 18.

Artículo 20. Delegación y avocación de competencias

Pueden delegar competencias propias el Presidente del Gobierno (en Vicepresidentes y Ministros) y los Ministros (en Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes de ellos, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y demás órganos directivos del Ministerio). A propuesta del Presidente, las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las Comisiones Delegadas. El apartado 3 enumera las competencias no delegables en ningún caso. El Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente, puede avocar asuntos de las Comisiones Delegadas por acuerdo motivado.

Artículo 21. Del Gobierno en funciones

El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El cesante sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y limita su gestión al despacho ordinario, salvo urgencia debidamente acreditada o interés general. Su Presidente no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; el Gobierno no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni presentar proyectos de ley.

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en dos lugares: el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el propio Título de la Ley del Gobierno en el que se encuentra este artículo.

Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor

Sin perjuicio del artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros y que impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia de su ejercicio, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. No se aplica a los reales decretos-leyes, ni cuando el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros

Formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros: Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes; Reales Decretos del Presidente del Gobierno; Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros; Acuerdos del Consejo de Ministros (lo que no deba ser Real Decreto); Acuerdos de las Comisiones Delegadas, con forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia si la competencia es de distintos Ministros; y Órdenes Ministeriales. Jerarquía de los reglamentos: 1.º Real Decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Orden Ministerial.

Artículo 25. Plan Anual Normativo

El Gobierno aprueba anualmente un Plan Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a elevarse para su aprobación en el año siguiente. El Plan identifica las normas que se someterán a un análisis sobre los resultados de su aplicación. Si se eleva una propuesta que no figuraba en el Plan, hay que justificarlo en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Lo coordina el Ministerio de la Presidencia, cuyo Ministro lo eleva al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Los modelos de información se aprueban por orden del Ministerio de la Presidencia.

Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos

Procedimiento de anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y normas reglamentarias: estudios y consultas previos; consulta pública en el portal web, con un tiempo no inferior a quince días naturales; Memoria del Análisis de Impacto Normativo preceptiva; informes preceptivos, salvo otra previsión normativa, en diez días, o un mes si se piden a otra Administración o a un órgano de especial independencia; informe de la Secretaría General Técnica; y audiencia e información públicas de 15 días hábiles como mínimo, reducible hasta siete por razones motivadas o tramitación urgente.

Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado

El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa, puede acordar la tramitación urgente de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos: a) para que la norma entre en vigor en el plazo de transposición de directivas comunitarias o el de otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea; b) por otras circunstancias extraordinarias que no pudieron preverse. Efectos: plazos a la mitad, sin consulta pública, audiencia o información públicas en siete días y la falta de un informe preceptivo en plazo no impide continuar.

Artículo 28. Informe anual de evaluación

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprueba antes del 30 de abril de cada año un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas no incluidas en él y las de informes anteriores con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año evaluado. Incluye las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas evaluadas, que comprende en todo caso eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Puede contener recomendaciones de modificación y, en su caso, derogación.

Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno

El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos sus actos y omisiones están sometidos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de su Ley Orgánica reguladora.

Artículo 1

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. El artículo les atribuye cuatro notas: son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley.

Artículo 2

La potestad jurisdiccional consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y corresponde exclusivamente a los jueces, juezas y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. Estos no ejercerán más funciones que esa y las demás que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho.

Artículo 3

La jurisdicción es única y la ejercen los jueces, juezas y Tribunales previstos en la LOPJ, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales que la Constitución reconoce a otros órganos. La jurisdicción militar integra el Poder Judicial del Estado, se basa en el principio de unidad jurisdiccional y actúa en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio.

Artículo 4

La jurisdicción tiene un alcance total: se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español. Ese alcance se ejerce en la forma establecida en la Constitución y en las leyes.

Artículo 4 bis

Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si deciden plantear una cuestión prejudicial europea, lo harán también conforme a esa jurisprudencia y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Artículo 5

La Constitución es la norma suprema y vincula a todos los Jueces y Tribunales, que interpretarán y aplicarán leyes y reglamentos según ella y según la interpretación del Tribunal Constitucional. Si un juez duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable y decisiva para el fallo, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, pero solo cuando no quepa acomodarla por vía interpretativa. En casación basta alegar infracción de precepto constitucional, y decide siempre el Tribunal Supremo.

Artículo 5 bis

Cabe recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que se dictó violando algún derecho del Convenio Europeo y sus Protocolos. Se sigue la norma procesal de cada orden, y además la violación, por su naturaleza y gravedad, ha de producir efectos que persistan y que solo puedan cesar mediante esa revisión.

Artículo 6

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos ni cualquier otra disposición que sean contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. El artículo les ordena dejar de aplicarlos, sin necesidad de ningún otro trámite previsto en él.

Artículo 7

Los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales. Los derechos del artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán según su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringirlo, menoscabarlo o inaplicarlo. Jueces y juezas protegen los derechos e intereses individuales y colectivos sin que haya indefensión; para los colectivos se reconoce legitimación a corporaciones, asociaciones, organizaciones sindicales y grupos afectados o legalmente habilitados.

Artículo 8

Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican.

Artículo 9

Los jueces solo ejercen jurisdicción en los casos que les atribuya la ley. El civil conoce de lo suyo y de todo lo no atribuido a otro orden; el penal, de causas y juicios criminales salvo los militares; el contencioso, de la actuación administrativa, reglamentos, inactividad, vía de hecho y responsabilidad patrimonial (no de las Normas Forales fiscales: Tribunal Constitucional); el social, de la rama social y Seguridad Social. Es improrrogable: su falta se aprecia de oficio, oídas partes y Fiscal, en resolución fundada que indique el orden competente.

Artículo 10

Cada orden jurisdiccional puede conocer, a los solos efectos prejudiciales, de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. Excepción: una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para decidir, o que condicione directamente la decisión, suspende el procedimiento hasta que la resuelvan los órganos penales competentes, salvo las excepciones que establezca la ley.

Artículo 11

En todo procedimiento rige la buena fe, y no surten efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales. Los tribunales rechazarán fundadamente peticiones, incidentes y excepciones con manifiesto abuso de derecho o fraude de ley o procesal. Por la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución, deben resolver siempre sobre las pretensiones y solo pueden desestimarlas por motivos formales si el defecto es insubsanable o no se subsana por el procedimiento legal.

Artículo 12

En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, Jueces y Magistrados son independientes respecto de todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial. Los superiores solo corrigen la interpretación de los inferiores al resolver los recursos legales, y ni los Jueces y Tribunales, ni sus órganos de gobierno, ni el Consejo General del Poder Judicial pueden dar instrucciones, generales o particulares, a los inferiores sobre cómo aplicar o interpretar el ordenamiento.

Artículo 13

Artículo 14

El juez o magistrado que se sienta inquietado o perturbado en su independencia lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial y dará cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento, pudiendo practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de los jueces, promoverá las acciones en defensa de la independencia judicial.

Artículo 15

Garantía de inamovilidad: los Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados salvo por alguna de las causas y con las garantías que prevé la propia LOPJ.

Artículo 16

Los Jueces y Magistrados responden penal y civilmente en los casos y forma que determinen las leyes, y disciplinariamente conforme a la propia LOPJ. Además, se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia.

Artículo 17

Todas las personas y entidades, públicas y privadas, deben prestar la colaboración que les pidan Jueces y Tribunales durante el proceso y la ejecución, en la forma que fije la ley y con las excepciones de la Constitución y las leyes, sin perjuicio de que se les resarzan gastos y abonen las remuneraciones debidas. Además, Administraciones, autoridades, funcionarios, corporaciones, entidades y particulares respetarán y cumplirán las sentencias y resoluciones firmes o ejecutables.

Artículo 18

Las resoluciones judiciales solo se dejan sin efecto por los recursos legales. Las sentencias se ejecutan en sus propios términos; si es imposible, el juez adopta medidas para la mayor efectividad y fija la indemnización por lo incumplido. Solo por utilidad pública o interés social declarada por el Gobierno pueden expropiarse, antes de ejecutarse, derechos reconocidos frente a la Administración en sentencia firme; la indemnización la señala, por vía incidental, el juez de la ejecución. Queda a salvo el derecho de gracia, que corresponde al Rey.

Artículo 19

Los ciudadanos de nacionalidad española pueden ejercer la acción popular en los casos y formas de la ley, y participar en la justicia mediante el Jurado (en los procesos penales que determine la ley), en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos de la LOPJ. Tienen carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana, el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia.

Artículo 20

La justicia es gratuita en los supuestos que establezca la ley. Una ley regulará un sistema de justicia gratuita que haga efectivo el derecho de los artículos 24 y 119 de la Constitución cuando haya insuficiencia de recursos para litigar. No pueden exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan ejercer la acción popular, que será siempre gratuita.

Artículo 26

La potestad jurisdiccional se atribuye a siete clases de Tribunales: jueces y juezas de paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Artículo 558

El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su sede está en la villa de Madrid.

Artículo 559

Los Presidentes y demás órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales están subordinados al Consejo General del Poder Judicial, pero solo en el ejercicio de sus funciones gubernativas. El artículo no establece subordinación alguna en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Artículo 560

El artículo 560 enumera 25 atribuciones del CGPJ: proponer nombramientos (Presidente del TS y del CGPJ, jueces y magistrados, dos magistrados del TC), ser oído antes del nombramiento del Fiscal General, nombrar al Vicepresidente del TS, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección, y potestad reglamentaria en materias tasadas, que nunca puede afectar a personas ajenas al Consejo. Los reglamentos llevan informe de impacto de género, y las medidas que aumenten el gasto necesitan informe favorable de la Administración que lo soporte.

Artículo 561

Se someten a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales sobre nueve materias (LOPJ, demarcación y planta judicial, estatutos de jueces y de LAJ, normas procesales, leyes penales y régimen penitenciario, etc.). Plazo improrrogable de 30 días, o 15 si la orden de remisión indica urgencia. El órgano remitente puede conceder prórroga excepcional de 15 días (10 si es urgente). Si no se emite en plazo, el trámite se tiene por cumplido. El Gobierno remite el informe a las Cortes si es anteproyecto de ley.

Artículo 562

Todas las actividades internacionales del CGPJ se realizan en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las directrices de política exterior que este fije en el ejercicio de sus competencias. Ello no afecta a las competencias que el propio Consejo tiene en materia de cooperación jurisdiccional internacional conforme a la Ley Orgánica.

Artículo 563

El CGPJ remite cada año a las Cortes una Memoria sobre su estado y el de juzgados y tribunales, con las necesidades de personal, instalaciones y recursos, y capítulos sobre actividad y gasto del Presidente y Vocales, impacto de género y uso de lenguas cooficiales. Las Cortes pueden debatirla y pedir la comparecencia del Presidente del TS. Además, el Presidente comparece cada año en la Comisión de Justicia del Congreso. Excepcionalmente puede comparecer un Vocal, a solicitud motivada de al menos dos Grupos y con autorización de la Mesa.

Artículo 564

Fuera de los supuestos previstos en el artículo anterior, ni el Presidente del Tribunal Supremo ni los Vocales del CGPJ tienen deber alguno de comparecer ante las Cámaras por razón de sus funciones. Las únicas comparecencias exigibles son, por tanto, las que prevé el artículo 563.

Artículo 565

El CGPJ, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, sujeto en su elaboración y ejecución a la legislación presupuestaria general. El control interno del gasto lo hace un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, que depende funcionalmente del Consejo; el control externo, el Tribunal de Cuentas. Como máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, está vinculado por los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria.

Artículo 566

El CGPJ lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte Vocales: doce Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

Artículo 567

Las Cortes designan a los 20 Vocales. Cada Cámara elige por tres quintos a diez: cuatro juristas con más de 15 años de ejercicio y seis del turno judicial, con un mínimo del 40 % de cada sexo. Los candidatos comparecen en audiencia pública ante la Comisión de nombramientos. No pueden ir por el turno de juristas los jueces en activo (salvo un año fuera del servicio activo) ni quienes en los cinco años anteriores fueron ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, presidentes de corporación local o parlamentarios. Hay un suplente por titular.

Artículo 568

El CGPJ se renueva entero cada cinco años desde su constitución, y los Presidentes del Congreso y del Senado deben adoptar las medidas para que la renovación llegue a tiempo. Cuatro meses antes de que expire ese plazo, el Presidente del TS y del CGPJ dispone la remisión a ambos Presidentes de los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales y la apertura del plazo de candidaturas del turno judicial, y da cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria posterior.

Artículo 569

Los Vocales del CGPJ son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, toman posesión prestando juramento o promesa ante el Rey y a continuación celebran la sesión constitutiva. La toma de posesión y la sesión constitutiva tienen lugar dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto del artículo 570.2.

Artículo 570

Si en la sesión constitutiva una Cámara no ha elegido a sus Vocales, el Consejo se constituye con los diez de la otra Cámara y los Vocales salientes designados por la Cámara incumplidora, con todas sus atribuciones. Si ninguna ha cumplido, sigue en funciones el Consejo saliente, sin poder elegir nuevo Presidente. El nombramiento tardío no alarga el cargo más allá de los cinco años de mandato, salvo el caso anterior. Los nuevos Vocales sustituyen a los salientes en las Comisiones, elegidos por el Pleno según su turno, y no se revisan los acuerdos ya adoptados.

Artículo 570 bis

Cuando el CGPJ entra en funciones por no renovarse en plazo (artículo 570.2), solo puede ejercer 16 atribuciones tasadas: proponer dos Magistrados del TC, ser oído sobre el Fiscal General, selección, formación, destinos, ascensos reglados y disciplina de jueces, alta inspección, publicación de sentencias, Escuela Judicial, potestad reglamentaria en siete materias concretas, RPT, presupuesto, quejas, refuerzos, informes, ética judicial, entre otras. Además, puede hacer lo indispensable para el funcionamiento ordinario del órgano.

Artículo 571

El cese anticipado de un Vocal da lugar a su sustitución: el Presidente del TS y del CGPJ lo comunica a la Cámara competente para que proponga el nombramiento de un nuevo Vocal conforme al artículo 567.4. El nuevo Vocal ejerce el cargo solo por el tiempo que reste hasta que termine el mandato del Consejo.

Artículo 572

El artículo 572 dispone que la designación de los Vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial se regirá por lo dispuesto en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. No fija plazos, órganos, mayorías ni requisitos: es una norma de remisión que abre el capítulo dedicado a ese procedimiento.

Artículo 573

Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera judicial puede presentar su candidatura a Vocal por el turno judicial, salvo que esté en alguna situación que, según la Ley, se lo impida. Si ocupa un cargo incompatible, debe comprometerse a renunciar a él en caso de resultar elegido.

Artículo 574

El Juez o Magistrado que quiera ser candidato elige entre dos avales: el de veinticinco miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del plazo de candidaturas. Cada juez o asociación avalista puede avalar como máximo a doce candidatos.

Artículo 575

El plazo de candidaturas es de un mes desde el día siguiente a la fecha en que el Presidente del TS y del CGPJ ordena su apertura. El candidato dirige escrito a ese Presidente manifestando su intención de ser Vocal, con una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo, y los veinticinco avales o el aval de la Asociación judicial.

Artículo 576

La Junta Electoral resuelve las cuestiones de la presentación de candidaturas del turno judicial y las proclama. La integran el Presidente de Sala más antiguo del TS (presidente) y dos Vocales: el Magistrado más antiguo y el más moderno del TS; el Secretario de Gobierno del TS es secretario con voz y sin voto. Se constituye en tres días desde el inicio, se reúne con todos sus miembros o sustitutos y decide por mayoría simple. Publica la lista de candidatos en dos días, se impugna en tres y resuelve en otros tres, proclamando de inmediato.

Artículo 577

Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo, y en el mismo escrito de interposición se presentan las alegaciones y los elementos de prueba. Lo resuelve la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de tres días desde la interposición.

Artículo 578

Pasados los plazos de recurso, el Presidente del TS y del CGPJ remite las candidaturas admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado para que las Cámaras designen a los Vocales del turno judicial. Las Cámaras tienen en cuenta el número de jueces no afiliados y de afiliados a cada Asociación. De los doce Vocales judiciales, como mínimo: tres Magistrados del TS, tres Magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad; si falta alguna categoría, su vacante acrece la siguiente.

Artículo 579

Los Vocales trabajan con dedicación exclusiva: su cargo es incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad, pública o privada, retribuida o no, salvo la mera administración del patrimonio personal o familiar, y además les afectan las incompatibilidades del artículo 389. Los funcionarios, judiciales o no, pasan a servicios especiales. No caben otras responsabilidades gubernativas judiciales. Deben asistir, salvo causa justificada, a Pleno y Comisión. Presidente, Vocales y Secretario General declaran bienes y derechos conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015.

Artículo 580

A los Vocales se les aplican las causas de abstención y recusación de las autoridades y personal de la Administración General del Estado, y en todo caso deben abstenerse si hay interés directo o indirecto o se puede afectar a su imparcialidad objetiva. No pueden invocar ni usar su condición de Vocal en el ejercicio de su profesión. Hacerlo, o usarla para fines ajenos a las atribuciones del Consejo, es incumplimiento muy grave, y el Pleno puede destituir al infractor por mayoría de tres quintos.

Artículo 581

Artículo 582

Los Vocales solo cesan por cumplirse los cinco años de su nombramiento, por renuncia aceptada por el Presidente del TS y del CGPJ, o por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo apreciados por el Pleno por tres quintos. Los de origen judicial cesan también si dejan de estar en servicio activo (salvo el supuesto del artículo 579.2) o si, por jubilación u otra causa legal, dejan la carrera judicial.

Artículo 583

La responsabilidad civil y penal de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se exige siguiendo los mismos trámites que la ley establece para los Magistrados del Tribunal Supremo. El artículo no crea un procedimiento propio: los equipara a ellos a estos efectos.

Artículo 584

Mientras dure su mandato, los Vocales del CGPJ no pueden ser promovidos a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo ni a Magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para ningún cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos.

Artículo 584 bis

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial perciben la retribución que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es única y exclusiva y se determina en atención a la importancia de su función.

Artículo 585

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación. Ostenta la representación del Poder Judicial y la de su órgano de gobierno, y le corresponden el tratamiento y los honores propios de esa condición.

Artículo 586

Para ser Presidente del TS y del CGPJ hay que ser Magistrado del TS con las condiciones para ser Presidente de Sala, o jurista de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio. En la sesión constitutiva, presidida por el Vocal de más edad, se presentan y publican las candidaturas, sin que cada Vocal proponga más de un nombre. La elección se hace entre tres y siete días después, en votación nominal y por tres quintos del Pleno. Lo nombra el Rey por Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno; jura ante el Rey y toma posesión ante el Pleno del TS.

Artículo 587

El mandato del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dura lo mismo que el del Consejo que lo eligió. Puede ser reelegido y nombrado para un nuevo mandato, pero solo por una vez.

Artículo 588

El Presidente del TS y del CGPJ cesa: 1.º por expirar su mandato, que se entiende agotado en todo caso cuando concluye el del Consejo que lo eligió; 2.º por renuncia; 3.º por decisión del Pleno por notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por tres quintos de sus miembros. Las causas segunda y tercera se comunican al Gobierno por mediación del Ministro de Justicia, y se procede a un nuevo nombramiento.

Artículo 589

En el primer Pleno ordinario posterior a la elección del Presidente se elige al Vicepresidente del TS, nombrado por tres quintos del Pleno a propuesta del Presidente. El propuesto debe ser Magistrado del TS, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser Presidente de Sala. La propuesta se comunica a los Vocales con al menos siete días de antelación y se hace pública. Si no se alcanza mayoría absoluta, el Presidente debe hacer una nueva propuesta. El Pleno puede cesarlo por causa justificada con tres quintos.

Artículo 590

En los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Vicepresidente ejerce en funciones el cargo de Presidente hasta que se nombre a un nuevo Presidente.

Artículo 591

El Vicepresidente presta al Presidente del TS y del CGPJ la colaboración necesaria para sus funciones y le sustituye en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo. Por delegación del Presidente puede ejercer la superior dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y las demás funciones que el Presidente le delegue expresamente mediando causa justificada.

Artículo 592

El Vicepresidente del Tribunal Supremo es miembro nato de la Sala de Gobierno de ese Tribunal. Le corresponde proponer a la Sala de Gobierno y al Presidente las decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo y velar por la exacta ejecución de los acuerdos de la Sala de Gobierno.

Artículo 593

El Presidente del TS y del CGPJ, si procede de la carrera judicial, pasa a servicios especiales; si no, a la situación que corresponda, en su caso, a su cuerpo de procedencia. El Vicepresidente del TS sigue en servicio activo y ocupa el cargo cinco años, salvo el cese del artículo 589.5. La responsabilidad civil y penal del Presidente y del Vicepresidente se exige por los trámites de los Magistrados del Tribunal Supremo.

Artículo 594

El Presidente del TS y del CGPJ está asistido por un Director de Gabinete de la Presidencia, que nombra y cesa libremente. Solo pueden serlo un Magistrado del TS o miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia con los requisitos para acceder a Magistrado del TS. Auxilia al Presidente, ejerce las funciones que este le encomiende y dirige los Servicios de Secretaría de Presidencia del TS y del CGPJ. Mientras ocupa el cargo tiene, a efectos representativos, la consideración de Magistrado del TS. Su estructura la fija el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 595

El Consejo General del Poder Judicial, además de las funciones de la Presidencia, ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones previstas en la Ley Orgánica. Existen seis Comisiones: Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.

Artículo 596

El Vicepresidente del Tribunal Supremo solo ejerce en el Consejo General del Poder Judicial las funciones que la propia Ley Orgánica le prevea expresamente; no puede asumir en el Consejo ninguna otra función distinta de esas.

Artículo 597

Artículo 598

La Presidencia representa al Consejo; convoca y preside el Pleno y la Comisión Permanente (decide empates con voto de calidad), fija su orden del día y firma sus acuerdos; dirige los órganos técnicos y la comunicación institucional; nombra y cesa al Director de su Gabinete, al de la Oficina de Comunicación y a su personal eventual; propone al Pleno al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Secretario General y al Vicesecretario General (y acuerda el cese de estos dos), y puede encargar cometidos no permanentes a vocales.

Artículo 598 bis

Mientras el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones, según lo previsto en el artículo 570.2, su Presidencia tiene una limitación: no puede acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo.

Artículo 599

El Pleno conoce, entre otras materias, de: proponer por tres quintos a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional (plazo máximo de tres meses desde el día siguiente al fin del mandato anterior); proponer al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo; nombramientos discrecionales (cada sexo entre el 40 y el 60 %); presupuesto, Memoria, separación de la carrera y alzadas contra la Disciplinaria y la Permanente. Designa hasta dos Vocales por Comunidad Autónoma y puede crear Comisiones nuevas por tres quintos, de cinco Vocales (tres judiciales y dos juristas).

Artículo 600

El Pleno se reúne en sesión ordinaria una vez al mes, convocado por el Presidente. Hay sesión extraordinaria si lo considera oportuno el Presidente, si la solicitan cinco Vocales o si es necesaria para cumplir en plazo sus competencias. Para elegir al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, el Pleno requiere al menos doce miembros presentes; en los demás casos, como mínimo diez Vocales y el Presidente.

Artículo 601

El Pleno elige cada año a los Vocales de la Comisión Permanente. La componen el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, que la preside, y siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno de juristas de reconocida competencia. Se renuevan cada año para que todos, salvo renuncia expresa, formen parte de ella al menos un año durante el mandato. El Reglamento de Organización y Funcionamiento regula la sustitución por imposibilidad transitoria o ausencia justificada.

Artículo 602

La Comisión Permanente prepara las sesiones del Pleno, vela por la ejecución de sus acuerdos, decide los nombramientos íntegramente reglados de jueces y magistrados, su jubilación forzosa por edad y su situación administrativa, informa siempre sobre los nombramientos que son competencia del Pleno, concede licencias, prepara informes sobre anteproyectos, autoriza el escalafón de la Carrera Judicial y ejerce lo que le delegue el Pleno o le atribuya la ley. Sus acuerdos son recurribles en alzada ante el Pleno.

Artículo 603

El Pleno elige a los Vocales de la Comisión Disciplinaria, con mandato de cinco años salvo sustituciones. La forman siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del de juristas de reconocida competencia. Actúa con todos sus miembros y la preside el Vocal de origen judicial de mayor categoría y antigüedad. Si alguno sufre imposibilidad transitoria o ausencia justificada, la Comisión Permanente lo sustituye por otro Vocal de idéntica procedencia.

Artículo 604

La Comisión Disciplinaria resuelve los expedientes por infracciones graves y muy graves e impone las sanciones a Jueces y Magistrados, salvo cuando la sanción propuesta sea la separación del servicio. Sus acuerdos sancionadores se recurren en alzada ante el Pleno en el plazo de un mes. También conoce de las alzadas contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno interno de los Tribunales.

Artículo 605

Al Promotor de la Acción Disciplinaria le corresponden: recibir las quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, recibir las denuncias, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios y presentar los cargos ante la Comisión Disciplinaria.

Artículo 606

El Pleno nombra al Promotor de la Acción Disciplinaria, cuyo mandato coincide con el del Consejo que lo nombró. Se convoca entre Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados con más de veinticinco años en la carrera. Gana la mayoría absoluta en primera votación o, si nadie la logra, el mayor número de votos en la segunda. Queda en servicios especiales y solo puede ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno por mayoría absoluta. Si está imposibilitado transitoriamente, la Comisión Permanente nombra un sustituto que reúna sus requisitos.

Artículo 607

El Promotor de la Acción Disciplinaria está asistido por los Letrados del Consejo que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento; esos Letrados no ejercen otra función y solo dependen de la Secretaría General en lo relativo a su relación de servicio. El Promotor instruye los expedientes y, excepcionalmente, puede delegar de forma expresa y motivada actos concretos de instrucción en Letrados que le asistan y sean de la carrera judicial. Jueces y Magistrados deben colaborar con él, y puede requerir la presencia del expedientado por conducto del Presidente del Tribunal.

Artículo 608

Contra la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria de no iniciar un expediente o de archivar uno iniciado cabe recurso ante la Comisión Permanente. Si lo estima, el expediente se inicia o continúa. Además, la Comisión Permanente puede ordenar de oficio al Promotor iniciar o continuar un expediente disciplinario.

Artículo 609

El Pleno elige cada año a los tres Vocales de la Comisión de Asuntos Económicos y designa entre ellos a su Presidente. Actúa con todos sus miembros. Le corresponden los estudios y proyectos económicos y financieros que le encargue el Pleno, el control de la actividad financiera y contable de la gerencia y lo necesario para las funciones económicas del Consejo. La Comisión Permanente puede delegarle el borrador de proyecto del presupuesto anual, pero su aprobación corresponde siempre a la Comisión Permanente antes de elevarlo al Pleno.

Artículo 610

El Pleno elige cada año, entre sus Vocales y con presencia equilibrada de mujeres y hombres, a los tres miembros de la Comisión de Igualdad y designa a su Presidente. Actúa con todos sus componentes; si alguno falta de forma transitoria o justificada, la Comisión Permanente designa otro Vocal, preferentemente del mismo sexo. Asesora al Pleno sobre la integración del principio de igualdad, elabora los informes previos de impacto de género de los Reglamentos, propone medidas de igualdad en la carrera judicial y estudia la respuesta judicial en violencia doméstica y de género.

Artículo 610 bis

El Pleno elige cada año, entre sus Vocales, a los cinco miembros de la Comisión de Calificación (tres del turno judicial y dos del de juristas) y designa a su Presidente. La Comisión informa siempre sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, con una valoración objetiva basada en la trayectoria profesional. Para calificar, recaba información de los órganos del Poder Judicial y pide a las Salas de Gobierno un informe anual de los candidatos, fundado en criterios objetivos y suficientemente valorados y detallados.

Artículo 610 ter

El Pleno elige entre sus Vocales, por cinco años, a los tres miembros de la Comisión de Supervisión y Control de Protección de Datos (dos del turno judicial y uno de juristas) y designa a su Presidente o Presidenta. Actúa con todos sus componentes y ejerce las funciones del artículo 236 octies sobre tratamientos de datos con fines jurisdiccionales. Sus acuerdos agotan la vía administrativa y se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Sus Vocales guardan secreto profesional durante y después del mandato.

Artículo 611

El Consejo cuenta con los órganos técnicos necesarios para tramitar y preparar los asuntos del Pleno y de las Comisiones. Su número, estructura, funciones y forma de nombramiento los fija el Reglamento de Organización y Funcionamiento en lo no previsto en la Ley. Son órganos técnicos la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. El Interventor queda adscrito a la Comisión Permanente. No pueden crearse órganos técnicos con funciones ajenas al Consejo.

Artículo 612

La Secretaría General la dirige el Secretario General, elegido entre Magistrados con al menos quince años de antigüedad en la carrera o juristas de reconocida competencia con no menos de quince años de ejercicio. Lo nombra el Pleno a propuesta del Presidente y lo cesa libremente el Presidente. Dirige los órganos técnicos y el personal (salvo el Gabinete de la Presidencia), vela por el presupuesto, gestiona y documenta los actos del Consejo y asiste con voz y sin voto al Pleno y a la Comisión Permanente, y puede hacerlo a las demás Comisiones.

Artículo 613

El Vicesecretario General auxilia al Secretario General y, en su caso, lo sustituye. Lo nombra el Pleno, a propuesta del Presidente, entre miembros del Cuerpo de Letrados del Consejo con un mínimo de cinco años de servicios efectivos en el Consejo, y lo cesa libremente el Presidente.

Artículo 614

Dentro de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial existe un Servicio Central. En él se integran la Gerencia y los distintos departamentos que prestan servicios comunes a los órganos del Consejo.

Artículo 615

El Servicio de Inspección, dependiente de la Comisión Permanente, comprueba y controla el funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia mediante las actuaciones y visitas que acuerde el Consejo, sin perjuicio de los órganos de gobierno de los Tribunales. La inspección del Tribunal Supremo la hace su Presidente o, por delegación, su Vicepresidente. Su Jefe se nombra y separa como el Promotor de la Acción Disciplinaria y se considera Magistrado de Sala del Tribunal Supremo. Sus Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia quedan en servicios especiales.

Artículo 616

El Gabinete Técnico asesora y asiste en lo técnico-jurídico a los órganos del Consejo y desarrolla la actividad administrativa necesaria para sus funciones. Lo integran un Director, los Letrados que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el personal necesario. Para ser Director hay que acreditar al menos quince años de desempeño efectivo de una profesión jurídica.

Artículo 617

La Escuela Judicial desarrolla y ejecuta las competencias en materia de selección y formación de los Jueces y Magistrados, conforme a esta Ley Orgánica y al Reglamento de la Escuela Judicial. Su Director debe ser un Magistrado con al menos quince años de antigüedad en la carrera judicial.

Artículo 618

La Comisión Permanente selecciona a los profesores de la Escuela Judicial por concurso de méritos. Se nombran por un período inicial de dos años, renovable anualmente, sin superar en ningún caso diez años en total. Quedan en servicios especiales en la carrera judicial o en su cuerpo de procedencia. También cabe prestar servicios en la Escuela mediante contratación laboral de duración determinada.

Artículo 619

El Centro de Documentación Judicial es un órgano técnico del Consejo que selecciona, ordena, trata, difunde y publica información jurídica legislativa, jurisprudencial y doctrinal. Colabora además en implantar las decisiones del Consejo sobre armonización de los sistemas informáticos de Juzgados y Tribunales. Su Director debe acreditar al menos quince años de desempeño efectivo de una profesión jurídica.

Artículo 620

A la Oficina de Comunicación del Consejo le corresponden las funciones de comunicación institucional. Depende directamente del Presidente, que nombra y cesa libremente a su Director. El Director debe ser un profesional con experiencia acreditada en comunicación pública.

Artículo 620 bis

La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos es el órgano técnico que apoya y asiste a la Comisión del mismo nombre. Su titular lo nombra el Pleno entre juristas de reconocida competencia con al menos quince años de ejercicio y conocimientos y experiencia acreditados en protección de datos. Actúa sujeto solo a las orientaciones de esa Comisión, con el régimen de los letrados del Consejo, y él y su personal guardan secreto profesional. El Consejo le asegura los medios necesarios.

Artículo 621

El Consejo tiene un Cuerpo de Letrados, con ingreso por proceso selectivo basado en mérito y capacidad, y plantilla de Letrados permanentes y temporales que fija reglamentariamente el Pleno. Los permanentes, licenciados o graduados en Derecho, ingresan por concurso-oposición. Los temporales (carrera judicial o fiscal, Letrados de la Administración de Justicia o funcionarios del Subgrupo A1) ingresan por concurso de méritos por dos años, renovables anualmente hasta diez. Los permanentes quedan en excedencia voluntaria en su cuerpo de origen; los demás, en servicios especiales.

Artículo 622

El Vicesecretario General, el Jefe del Servicio de Inspección y los Directores del Gabinete Técnico, de la Escuela Judicial, del Centro de Documentación Judicial y de la Oficina de Comunicación se denominan Letrados Mayores. A estas Jefaturas se accede con ocasión de vacante y se renuevan cada cinco años; las designa el Pleno, salvo el Director de la Oficina de Comunicación, al que designa el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo.

Artículo 623

Los Letrados del Consejo General del Poder Judicial pueden desempeñar sus funciones en los distintos órganos del Consejo, conforme a lo que establezcan esta Ley Orgánica y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 624

En los órganos técnicos del Consejo también pueden prestar servicios miembros de las carreras judicial y fiscal, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, así como funcionarios de las Administraciones Públicas, en el número que fijen las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 625

Los puestos de los órganos técnicos se proveen por concurso de méritos, salvo excepciones de la Ley o sus Reglamentos. Quienes obtienen por concurso puestos de nivel superior son nombrados por el Pleno por dos años, prorrogables por años hasta un máximo de diez, y pasan, en su caso, a servicios especiales en su Administración de origen. Quienes ocupan los demás puestos siguen en servicio activo en su cuerpo. Todos quedan sometidos al Reglamento de Personal del Consejo mientras ocupen el puesto.

Artículo 626

El Reglamento de Organización y Funcionamiento puede prever que ciertos puestos técnicos que exijan una preparación específica distinta de la jurídica se cubran por concurso de méritos entre funcionarios de los cuerpos que ese Reglamento establezca. Los puestos de nivel superior de los órganos técnicos solo pueden ocuparlos quienes tengan la titulación exigida para un Cuerpo del Subgrupo A1 de las distintas Administraciones Públicas.

Artículo 627

Los funcionarios que prestan servicio en el Consejo se rigen por su Reglamento de Personal y, en lo no previsto, por la legislación general de la función pública estatal. El Pleno aprueba la relación de puestos de trabajo de ese personal. El personal no funcionario se rige por su respectivo Reglamento de Personal y, en lo no previsto, por la regulación de ámbito estatal que le sea aplicable.

Artículo 628

Artículo 629

Las deliberaciones de los órganos del Consejo General del Poder Judicial tienen carácter reservado. Quienes forman parte de esos órganos están obligados a guardar secreto de lo deliberado.

Artículo 630

Los órganos colegiados del Consejo adoptan acuerdos por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que la Ley disponga otra cosa. Se exigen tres quintos de los presentes para nombrar Presidentes de Sala y Magistrados del Supremo, Presidente y Presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y de los TSJ, Presidentes de Audiencias Provinciales y el Magistrado del Supremo (y su sustituto) competente sobre el CNI. Quien preside tiene voto de calidad. Los Vocales deben votar (abstención solo con causa legal; sin voto en blanco en disciplina ni recursos). Votación nominal y no secreta.

Artículo 631

El Vocal que disienta de la mayoría puede formular voto particular, escrito y fundado, que se inserta en el acta, siempre que lo anuncie una vez finalizada la votación y lo presente dentro de los dos días siguientes a aquel en que se tomó el acuerdo. Cuando el Pleno ejerce sus facultades de informe, los votos particulares razonados se incorporan al texto del acuerdo y se unen a la documentación remitida al órgano destinatario.

Artículo 632

Los acuerdos de los órganos del Consejo serán siempre motivados. En los Plenos que decidan propuestas de nombramiento debe constar la motivación, expresando las circunstancias de mérito y capacidad que justifican elegir a un aspirante con preferencia sobre los demás. La motivación puede hacerse por remisión, en lo coincidente, a la motivación de la propuesta de la Comisión Permanente.

Artículo 633

Los acuerdos de los órganos del Consejo General del Poder Judicial los documenta el Secretario General y los suscribe quien haya presidido el órgano que los adoptó.

Artículo 634

Los acuerdos del Consejo sobre nombramiento de Presidentes y Magistrados adoptan la forma de Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Ministro de Justicia. Los nombramientos de Jueces los efectúa el Consejo mediante Orden. Todos ellos se publican en el "Boletín Oficial del Estado".

Artículo 635

Los Reglamentos que apruebe el Consejo General del Poder Judicial se publican en el "Boletín Oficial del Estado". Los demás acuerdos, debidamente documentados y con los votos particulares incorporados si los hubiere, se comunican a las personas y órganos que deban cumplirlos o conocerlos.

Artículo 636

Los acuerdos del Consejo son inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del régimen de impugnación de la Ley Orgánica. Si se recurren, la autoridad competente para resolver el recurso puede acordar, de oficio o a instancia de parte, suspender la ejecución cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando lo establezca la ley.

Artículo 637

La ejecución de los actos del Consejo General del Poder Judicial corresponde al propio Consejo. La llevan a cabo los órganos técnicos a su servicio, con la colaboración, si fuera necesaria, de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 638

Los actos de trámite que impidan continuar un procedimiento o produzcan indefensión son impugnables en alzada ante la Comisión Permanente. Los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente ponen fin a la vía administrativa y se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sección formada por su Presidente, que la preside, y los demás Presidentes de sección. Para impugnar los acuerdos de la Comisión Disciplinaria están legitimados el Juez o Magistrado expedientado y el Ministerio Fiscal.

Artículo 639

El Consejo General del Poder Judicial puede celebrar los contratos precisos para ejercer sus atribuciones, sujetándose a la legislación de contratos del sector público. El órgano de contratación es la Comisión Permanente, que debe mantener informado al Pleno sobre los contratos que se celebren.

Artículo 640

La indemnización de los daños y perjuicios causados por el Consejo General del Poder Judicial se rige por el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. La reclamación se presenta ante el Consejo de Ministros, que es quien la resuelve.

Artículo 641

Artículo 642

En lo no previsto por la Ley Orgánica y los Reglamentos del Consejo, en procedimiento, recursos y forma de sus actos se aplican, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que en ningún caso sea necesaria la intervención del Consejo de Estado. Esa supletoriedad no rige en materia disciplinaria. La revisión de oficio de actos declarativos de derechos y la previa declaración de lesividad las adopta el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 1

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

Artículo 2

El TC conoce, en los casos y forma que fija su Ley: recurso y cuestión de inconstitucionalidad; amparo por los derechos del art. 53.2 CE; conflictos de competencia Estado-CCAA o entre CCAA; conflictos entre órganos constitucionales; conflictos en defensa de la autonomía local; tratados internacionales; control previo del art. 79 LOTC; impugnaciones del art. 161.2 CE; verificación de nombramientos de sus Magistrados; y lo que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. Sus reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el BOE autorizados por su Presidente.

Artículo 3

El TC puede conocer y decidir cuestiones prejudiciales e incidentales que no pertenecen al orden constitucional, siempre que estén directamente relacionadas con la materia de que conoce, y solo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de esa materia.

Artículo 4

Nadie puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al TC. El Tribunal delimita su jurisdicción, adopta las medidas necesarias para preservarla (incluida la nulidad de actos o resoluciones que la menoscaben) y aprecia, de oficio o a instancia de parte, su competencia. Ningún órgano jurisdiccional del Estado puede enjuiciar sus resoluciones. Si anula un acto o resolución por estas causas, ha de hacerlo motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor.

Artículo 5

Artículo 6

El TC actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo integran todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente; a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, si hay igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 7

El TC tiene dos Salas, cada una de seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal preside también la Sala Primera; el Vicepresidente preside la Sala Segunda. En defecto de uno u otro, preside su Sala el Magistrado más antiguo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 8

Para el despacho ordinario y para decidir o proponer sobre la admisibilidad de procesos, el Pleno y las Salas forman Secciones: el respectivo Presidente (o quien le sustituya) y dos Magistrados. Se da cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de sus asuntos; si admite, puede deferir el asunto a la Sala que corresponda. Las Secciones pueden conocer y resolver asuntos de amparo que la Sala les defiera.

Artículo 9

El Pleno elige a su Presidente entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento. En primera votación, mayoría absoluta; si no, segunda votación y gana quien obtenga más votos; si hay empate, última votación y, si se repite, el de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, el de mayor edad. Mandato de tres años; reelección una sola vez. El Vicepresidente se elige igual y por tres años; sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.

Artículo 10

El Pleno conoce de: tratados internacionales; recursos de inconstitucionalidad (salvo los de mera aplicación de doctrina, atribuibles a las Salas en la admisión); cuestiones de constitucionalidad que se reserve (las demás, a las Salas por turno objetivo); conflictos de competencia, entre órganos constitucionales y de autonomía local; recursos previos contra Estatutos; art. 161.2 CE; anulaciones del art. 4.3; requisitos, Salas, recusación y cese de Magistrados; reglamentos; y lo que recabe. Elabora su presupuesto.

Artículo 11

Las Salas del TC conocen de los asuntos de justicia constitucional que no sean competencia del Pleno. También conocen de las cuestiones atribuidas a las Secciones que, por su importancia, entiendan que debe resolver la propia Sala.

Artículo 12

Artículo 13

Si una Sala considera necesario apartarse, en cualquier punto, de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, no lo decide ella sola: la cuestión se somete a la decisión del Pleno.

Artículo 14

Quórum de presencia: el Pleno puede adoptar acuerdos con al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan, y las Salas requieren asimismo dos tercios de los suyos. En las Secciones basta la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia: entonces se requieren sus tres miembros.

Artículo 15

El Presidente del Tribunal Constitucional representa al Tribunal; convoca y preside el Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, las Salas y las Secciones; comunica las vacantes a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, según el caso; nombra a los letrados; convoca los concursos de funcionarios y de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal.

Artículo 16

Los Magistrados del Tribunal Constitucional los nombra el Rey a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del CGPJ. Cada órgano proponente debe incluir como mínimo un 40 % de cada sexo. Los propuestos por el Senado se eligen entre candidaturas de las Asambleas autonómicas. Los candidatos del Congreso y del Senado comparecen antes ante las Comisiones. Mandato de nueve años, renovación por terceras partes cada tres. No cabe nueva propuesta para el período inmediato salvo haber ocupado el cargo tres años o menos.

Artículo 17

Antes de los cuatro meses previos a la fecha en que expiran los nombramientos, el Presidente del Tribunal pide a los Presidentes de los órganos que deben proponer a los nuevos Magistrados que inicien el procedimiento de designación. Los Magistrados siguen ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión quienes deban sucederles.

Artículo 18

Los miembros del Tribunal Constitucional se nombran entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados. Todos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Artículo 19

Ser Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con: Defensor del Pueblo; Diputado y Senador; cargos políticos o administrativos estatales, autonómicos o locales; carrera judicial o fiscal; empleos en Tribunales y Juzgados; funciones directivas o empleo en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; actividades profesionales o mercantiles. Más las del Poder Judicial. El propuesto debe cesar en lo incompatible antes de tomar posesión; si no lo hace en diez días desde la propuesta, se entiende que no acepta. Igual en la incompatibilidad sobrevenida.

Artículo 20

Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos que sean nombrados Magistrados o letrados del Tribunal Constitucional pasan a la situación de servicios especiales en su carrera de origen.

Artículo 21

Al asumir su cargo, el Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestan ante el Rey juramento o promesa de guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, de lealtad a la Corona y de cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional.

Artículo 22

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función conforme a los principios de imparcialidad y dignidad; no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; son inamovibles y solo pueden ser destituidos o suspendidos por alguna de las causas que establece la propia Ley Orgánica.

Artículo 23

Los Magistrados cesan por: 1.º renuncia aceptada por el Presidente; 2.º expiración del plazo; 3.º incapacidad de las previstas para el Poder Judicial; 4.º incompatibilidad sobrevenida; 5.º dejar de atender con diligencia sus deberes; 6.º violar la reserva de su función; 7.º responsabilidad civil por dolo o condena por delito doloso o por culpa grave. En los casos 1.º y 2.º y por fallecimiento, decreta el Presidente; en los demás decide el Pleno: mayoría simple en 3.º y 4.º y tres cuartas partes en 5.º, 6.º y 7.º.

Artículo 24

El Tribunal puede suspender a un Magistrado, como medida previa, en caso de procesamiento o durante el tiempo indispensable para resolver si concurre alguna causa de cese del artículo anterior. La suspensión exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Artículo 25

Los Magistrados que hayan ejercido el cargo un mínimo de tres años tienen derecho a una remuneración de transición durante un año, equivalente a la que percibían al cesar. Si proceden de un Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se les computa el tiempo en el Tribunal para el haber pasivo, que se calcula sobre el total de lo percibido como Magistrado durante el último año.

Artículo 26