Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial

Artículo 7

Título Preliminar. Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional

En pocas palabras

Los derechos y libertades del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales. Los derechos del artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán según su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringirlo, menoscabarlo o inaplicarlo. Jueces y juezas protegen los derechos e intereses individuales y colectivos sin que haya indefensión; para los colectivos se reconoce legitimación a corporaciones, asociaciones, organizaciones sindicales y grupos afectados o legalmente habilitados.

Explicación sencilla

Hace de los jueces garantes directos de los derechos fundamentales y abre la defensa de intereses colectivos a entidades y grupos, evitando que esos intereses queden sin quien los haga valer ante los tribunales.

Regla mnemotécnica

Intereses colectivos, legitimados CAOG: Corporaciones, Asociaciones, Organizaciones sindicales y Grupos (afectados o habilitados).

Trampa típica de examen

Situar los derechos vinculantes en otro capítulo de la Constitución. El artículo habla del Capítulo Segundo del Título I.

Texto del artículo 7 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. 2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. 3. Los jueces y las juezas protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones, organizaciones sindicales y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

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