Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
Artículo 35
Libro I. DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES›Título II. De la planta y organización territorial›Capítulo II. De la división territorial en lo judicial
En pocas palabras
La demarcación judicial se fija por ley o, en los casos que la propia ley prevé, por real decreto. Las Comunidades Autónomas remiten al Gobierno, a solicitud de este, una propuesta con los partidos judiciales; el Ministerio de Justicia redacta la norma, que informa el CGPJ en dos meses, y el Gobierno tramita el proyecto. Se revisa cada cinco años o antes. La capitalidad de los partidos la fijan las Comunidades Autónomas por ley, previo informe del CGPJ.
Explicación sencilla
Regula quién interviene en la demarcación judicial y en qué orden: propuesta autonómica, texto del Ministerio de Justicia, informe del CGPJ y tramitación por el Gobierno. Añade la revisión quinquenal y reserva a las Comunidades Autónomas la capitalidad de los partidos.
Regla mnemotécnica
Demarcación: CA propone, Ministerio redacta, CGPJ informa (2 meses), Gobierno tramita; revisión cada 5 años. Capital del partido: ley autonómica.
Trampa típica de examen
Atribuir al Gobierno o a las Cortes la fijación de la capitalidad de los partidos judiciales: la determinan por ley las Comunidades Autónomas, previo informe del CGPJ.
Texto del artículo 35 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial
1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto. 2. A tal fin, las Comunidades Autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. 3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. 4. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del oportuno proyecto normativo. 5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. 6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, determinarán, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales.
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