Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial

Artículo 66

Libro I. DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES›Título IV. De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales›Capítulo II. De la Audiencia Nacional

En pocas palabras

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce: en única instancia, de recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado no atribuidos al Tribunal Central de Instancia y contra los de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo (y de la prórroga de sus plazos); de los recursos devolutivos contra el Tribunal Central de Instancia; de recursos sobre convenios entre Administraciones y del TEAC no atribuidos a los Tribunales Superiores; de cuestiones de competencia, y de la autorización pedida por la AEPD.

Explicación sencilla

Fija la competencia contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional: control de la Administración central de nivel ministerial, de un órgano especializado contra la financiación del terrorismo y de ciertas resoluciones de ámbito estatal.

Regla mnemotécnica

Contencioso de la Audiencia Nacional: Ministros y Secretarios de Estado, Comisión antiterrorista y la autorización que pide la Agencia de Protección de Datos.

Trampa típica de examen

Llevar a la Audiencia Nacional los recursos contra todos los actos de los Ministros: solo los que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia.

Texto del artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá: a) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos de los Ministros, Ministras, Secretarios y Secretarias de Estado que la ley no atribuya a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia. b) En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Conocerá, asimismo, de la posible prórroga de los plazos que le plantee dicha Comisión de Vigilancia respecto de las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley 12/2003, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. c) De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia. d) De los recursos no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia en relación a los convenios entre las Administraciones públicas y a las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central. e) De las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los magistrados y magistradas de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia y de aquellos otros recursos que excepcionalmente le atribuya la ley. f) De la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, cuando tal solicitud sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos.

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