Tema 1 del temario de Administrativo del Estado 2026

Preámbulo

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en sus derechos humanos, culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía; establecer una sociedad democrática avanzada; y colaborar con todos los pueblos de la Tierra.

Artículo 1. Estado social y democrático de Derecho

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Sus valores superiores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español. La forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad y autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3. Lenguas de España

El castellano es la lengua española oficial del Estado; todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las CCAA respectivas, de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza lingüística es patrimonio cultural.

Artículo 4. La bandera

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Las CCAA podrán reconocer banderas propias, que se usarán junto a la de España.

Artículo 5. La capital

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6. Partidos políticos

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7. Sindicatos y asociaciones empresariales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.

Artículo 8. Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Artículo 9. Principios del art. 9.3

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 10. Dignidad de la persona

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Artículo 11. Nacionalidad española

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España, y en esos mismos países los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.

Artículo 12. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, salvo lo que por reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos los delitos políticos, sin que se consideren tales los actos de terrorismo. La ley establecerá los términos del derecho de asilo.

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que el orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal; los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17. Derecho a la libertad y seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus.

Artículo 18. Intimidad, domicilio y comunicaciones

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable y ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. También a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley, con un límite tajante: ese derecho no podrá limitarse por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión e información

Se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No podrá restringirse mediante censura previa.

Artículo 21. Derecho de reunión y manifestación

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y su ejercicio no necesita autorización previa. En las reuniones en lugares de tránsito público y en las manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

Se reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las constituidas al amparo de este artículo deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23. Participación política y acceso a cargos públicos

Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24. Tutela judicial efectiva

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Artículo 25. Principio de legalidad penal y sancionadora

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyeran delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente entonces. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan a la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados; el preso conserva los derechos fundamentales de este Capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y la Administración civil no puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27. Derecho a la educación

Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes.

Artículo 28. Libertad sindical y derecho de huelga

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar ese derecho a las Fuerzas o Institutos armados y a los Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará sus peculiaridades para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y crear o afiliarse a organizaciones internacionales; y nadie puede ser obligado a afiliarse. Se reconoce además el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá garantías para mantener los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

Todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

Artículo 30. Deber de defender a España

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares y regulará la objeción de conciencia. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Los ciudadanos podrán ser requeridos para colaborar en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31. Deber de contribuir y sistema tributario justo

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32. Derecho al matrimonio

El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia

Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34. Derecho de fundación

Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Rige también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35. Derecho y deber de trabajar

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36. Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Negociación colectiva y conflictos colectivos

La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, y la ley que lo regule incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38. Libertad de empresa

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Artículo 39. Protección de la familia y de la infancia

Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, y la protección integral de los hijos —iguales ante la ley con independencia de su filiación— y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales.

Artículo 40. Progreso social y económico y política de empleo

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica, y de manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Fomentarán además la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad Social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Protección de los trabajadores españoles en el extranjero

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43. Protección de la salud

Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44. Acceso a la cultura y a la ciencia

Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes lo violen se establecerán sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Conservación del patrimonio histórico y cultural

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47. Derecho a una vivienda digna

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Participación de la juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49. Atención a las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, y fomentarán la participación de sus organizaciones, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50. Suficiencia económica de las personas mayores

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51. Defensa de los consumidores y usuarios

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles. Y la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 53. Garantías de los derechos y libertades

Los derechos del Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley, que debe respetar su contenido esencial, puede regularse su ejercicio. Cualquier ciudadano puede recabar la tutela de las libertades del artículo 14 y de la Sección primera del Capítulo II ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aplicable también a la objeción de conciencia del artículo 30. Los principios del Capítulo III informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título. A tal efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

Los derechos de los artículos 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2 podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio; se exceptúa el artículo 17.3 en el estado de excepción. Además, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, puedan suspenderse los derechos de los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 para personas determinadas en relación con investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. El uso injustificado o abusivo de esas facultades producirá responsabilidad penal.

Artículo 116. Estados de alarma, excepción y sitio

Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. El de alarma lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, sin cuya autorización no podrá prorrogarse. El de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, con una duración máxima de treinta días prorrogables por otros treinta. El de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. Durante su vigencia no puede disolverse el Congreso, y si estuviera disuelto sus competencias las asume la Diputación Permanente. La declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

Artículo 159. Composición del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos, cuatro a propuesta del Senado con igual mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Son nombrados por un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

Artículo 160. El Presidente del Tribunal Constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161. Competencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por vulneración de los derechos y libertades del art. 53.2, y de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí.

Artículo 162. Legitimación ante el Tribunal Constitucional

Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, sus Asambleas. Para el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163. La cuestión de inconstitucionalidad

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164. Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional

Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Artículo 166. Iniciativa de reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167. Procedimiento ordinario de reforma

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayoría de tres quintos de cada Cámara. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación por esa vía, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios. Aprobada por las Cortes, se someterá a referéndum de ratificación cuando lo soliciten, dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168. Procedimiento agravado de reforma

Cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, a la Sección primera del Capítulo segundo del Título I o al Título II, se aprobará el principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y se disolverán inmediatamente las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y estudiar el nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169. Límite temporal a la reforma

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Disposición adicional primera

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Si se actualiza con carácter general ese régimen foral, la actualización se hará, en su caso, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía: no fuera de ellos ni por encima de ellos.

Disposición adicional segunda

La mayoría de edad que declara el artículo 12 de la Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales, pero solo en el ámbito del Derecho privado. Es decir, la regla constitucional sobre la mayoría de edad convive con lo que los derechos forales amparen en materia de Derecho privado.

Disposición adicional tercera

Para modificar el régimen económico y fiscal del archipiélago canario hace falta un informe previo de la Comunidad Autónoma (o, en su caso, del órgano provisional autonómico, previsión pensada para el momento de aprobarse la Constitución). El dato clave: es un informe y es previo a la modificación.

Disposición adicional cuarta

Cuando en una Comunidad Autónoma tengan su sede más de una Audiencia Territorial, sus Estatutos de Autonomía podrán mantener las existentes y repartir entre ellas las competencias. Siempre de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.

Disposición transitoria primera

Disposición de alcance histórico: en los territorios que, al aprobarse la Constitución, tenían un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores podían sustituir a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares en la iniciativa autonómica del artículo 143.2. Para ello necesitaban un acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

Disposición transitoria segunda

Disposición de alcance histórico: se refería a los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y que, al promulgarse la Constitución, contaran con regímenes provisionales de autonomía. Podían proceder inmediatamente en la forma del artículo 148.2 si lo acordaban, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto se elaboraba según el artículo 151.2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Disposición transitoria tercera

Disposición de alcance histórico: la iniciativa del proceso autonómico que el artículo 143.2 atribuye a las Corporaciones locales o a sus miembros se entendió diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Disposición transitoria cuarta

Para que Navarra se incorpore al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, la iniciativa no sigue el artículo 143: corresponde al Órgano Foral competente, que decide por mayoría de sus miembros, y debe ratificarse en referéndum aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. Si no prospera, solo puede reproducirse en distinto período del mandato del Órgano Foral y, en todo caso, transcurrido el plazo mínimo del artículo 143.

Disposición transitoria quinta

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si lo deciden sus Ayuntamientos, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, y lo autorizan las Cortes Generales mediante una ley orgánica, en los términos del artículo 144.

Disposición transitoria sexta

Disposición de alcance histórico: si se remitían varios proyectos de Estatuto a la Comisión Constitucional del Congreso, se dictaminaban por su orden de entrada en ella. El plazo de dos meses del artículo 151 empezaba a contar desde que la Comisión terminara el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente hubiera conocido.

Disposición transitoria séptima

Disposición de alcance histórico: los organismos provisionales autonómicos se consideraban disueltos en tres casos: a) una vez constituidos los órganos de los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a la Constitución; b) si la iniciativa autonómica no prosperaba por no cumplir los requisitos del artículo 143; c) si el organismo no había ejercido en el plazo de tres años el derecho que le reconocía la disposición transitoria primera.

Disposición transitoria octava

Disposición de alcance histórico: las Cámaras que aprobaron la Constitución asumieron las funciones del Congreso y del Senado, sin que su mandato pudiera ir más allá del 15 de junio de 1981. La promulgación de la Constitución abrió un período de treinta días para aplicar el artículo 99; en él, el entonces Presidente del Gobierno podía disolver (artículo 115) o dimitir y dar paso al artículo 99. Si había disolución sin ley electoral, se aplicaban las normas anteriores con las excepciones citadas.

Disposición transitoria novena

Disposición de alcance histórico: a los tres años de la primera elección de los miembros del Tribunal Constitucional se sorteó qué grupo de cuatro miembros de la misma procedencia cesaba y se renovaba. Solo a estos efectos se agruparon como de la misma procedencia los dos designados a propuesta del Gobierno y los dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. Tres años después se repitió entre los dos grupos no afectados por el primer sorteo; después, se aplica el artículo 159.3.

Disposición derogatoria única

La disposición derogatoria deroga la Ley 1/1977, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales anteriores (Principios del Movimiento Nacional, Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión, Ley Orgánica del Estado y Ley de Referéndum Nacional). Considera definitivamente derogadas la Ley de 25 de octubre de 1839, en lo que afecte a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y la Ley de 21 de julio de 1876. Y deroga cuanto se oponga a la Constitución.

Disposición final única

La Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado; no hay periodo de vacatio. Además, se publicará también en las demás lenguas de España.

Características generales: la «Constitución del consenso»

Rasgos según el Portal de la Constitución: nace de una reforma desde la legalidad anterior; es «la constitución del consenso»; proclama la soberanía del pueblo español; ninguna confesión es estatal; posición transaccional en libertad de enseñanza y de empresa; Monarquía parlamentaria; primera Constitución que menciona a los partidos; reconocimiento pleno de las Comunidades Autónomas. Cuatro reformas: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135), 2024 (art. 49) y 2026 (art. 69.3).

Valor normativo y supremacía de la Constitución

El artículo 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento y garantiza, según García de Enterría, su supremacía normativa y su carácter de «vinculación más fuerte». La fórmula «el resto del ordenamiento jurídico» la introdujo el Senado. Consecuencias de la supremacía: inconstitucionalidad de las normas contrarias, procedimiento especial de reforma e interpretación conforme. El TC la llama «norma suprema» (STC 16/1982) y «norma fundamental y fundamentadora» (STC 9/1981).

Alcance de la vinculación a la Constitución: poderes públicos, ciudadanos, jueces, valores

La vinculación a la Constitución no es igual para todos (STC 101/1983): los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de vulnerarla (sin perjuicio de deberes positivos como los de los arts. 30 y 31); los poderes públicos, además, un deber general positivo de actuar conforme a ella. El juez ordinario no puede inaplicar la ley, pero sí cuestionarla ante el TC (STC 17/1981). García de Enterría y Aragón defienden el valor jurídico directo de principios y valores; Sánchez Agesta, su eficacia solo interpretativa.

Artículo 1

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su propia Ley Orgánica. Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional.

Artículo 2

El TC conoce, en los casos y forma que fija su Ley: recurso y cuestión de inconstitucionalidad; amparo por los derechos del art. 53.2 CE; conflictos de competencia Estado-CCAA o entre CCAA; conflictos entre órganos constitucionales; conflictos en defensa de la autonomía local; tratados internacionales; control previo del art. 79 LOTC; impugnaciones del art. 161.2 CE; verificación de nombramientos de sus Magistrados; y lo que le atribuyan la Constitución y las leyes orgánicas. Sus reglamentos los aprueba el Pleno y se publican en el BOE autorizados por su Presidente.

Artículo 3

El TC puede conocer y decidir cuestiones prejudiciales e incidentales que no pertenecen al orden constitucional, siempre que estén directamente relacionadas con la materia de que conoce, y solo a los efectos del enjuiciamiento constitucional de esa materia.

Artículo 4

Nadie puede promover cuestión de jurisdicción o competencia al TC. El Tribunal delimita su jurisdicción, adopta las medidas necesarias para preservarla (incluida la nulidad de actos o resoluciones que la menoscaben) y aprecia, de oficio o a instancia de parte, su competencia. Ningún órgano jurisdiccional del Estado puede enjuiciar sus resoluciones. Si anula un acto o resolución por estas causas, ha de hacerlo motivadamente y previa audiencia al Ministerio Fiscal y al órgano autor.

Artículo 5

Artículo 6

El TC actúa en Pleno, en Sala o en Sección. El Pleno lo integran todos los Magistrados. Lo preside el Presidente del Tribunal; en su defecto, el Vicepresidente; a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, si hay igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 7

El TC tiene dos Salas, cada una de seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal preside también la Sala Primera; el Vicepresidente preside la Sala Segunda. En defecto de uno u otro, preside su Sala el Magistrado más antiguo y, a igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 8

Para el despacho ordinario y para decidir o proponer sobre la admisibilidad de procesos, el Pleno y las Salas forman Secciones: el respectivo Presidente (o quien le sustituya) y dos Magistrados. Se da cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de sus asuntos; si admite, puede deferir el asunto a la Sala que corresponda. Las Secciones pueden conocer y resolver asuntos de amparo que la Sala les defiera.

Artículo 9

El Pleno elige a su Presidente entre sus miembros por votación secreta y propone al Rey su nombramiento. En primera votación, mayoría absoluta; si no, segunda votación y gana quien obtenga más votos; si hay empate, última votación y, si se repite, el de mayor antigüedad en el cargo y, a igualdad, el de mayor edad. Mandato de tres años; reelección una sola vez. El Vicepresidente se elige igual y por tres años; sustituye al Presidente y preside la Sala Segunda.

Artículo 10

El Pleno conoce de: tratados internacionales; recursos de inconstitucionalidad (salvo los de mera aplicación de doctrina, atribuibles a las Salas en la admisión); cuestiones de constitucionalidad que se reserve (las demás, a las Salas por turno objetivo); conflictos de competencia, entre órganos constitucionales y de autonomía local; recursos previos contra Estatutos; art. 161.2 CE; anulaciones del art. 4.3; requisitos, Salas, recusación y cese de Magistrados; reglamentos; y lo que recabe. Elabora su presupuesto.

Artículo 11

Las Salas del TC conocen de los asuntos de justicia constitucional que no sean competencia del Pleno. También conocen de las cuestiones atribuidas a las Secciones que, por su importancia, entiendan que debe resolver la propia Sala.

Artículo 12

Artículo 13

Si una Sala considera necesario apartarse, en cualquier punto, de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, no lo decide ella sola: la cuestión se somete a la decisión del Pleno.

Artículo 14

Quórum de presencia: el Pleno puede adoptar acuerdos con al menos dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan, y las Salas requieren asimismo dos tercios de los suyos. En las Secciones basta la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia: entonces se requieren sus tres miembros.

Artículo 15

El Presidente del Tribunal Constitucional representa al Tribunal; convoca y preside el Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, las Salas y las Secciones; comunica las vacantes a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, según el caso; nombra a los letrados; convoca los concursos de funcionarios y de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal.

Artículo 16

Los Magistrados del Tribunal Constitucional los nombra el Rey a propuesta de las Cámaras, del Gobierno y del CGPJ. Cada órgano proponente debe incluir como mínimo un 40 % de cada sexo. Los propuestos por el Senado se eligen entre candidaturas de las Asambleas autonómicas. Los candidatos del Congreso y del Senado comparecen antes ante las Comisiones. Mandato de nueve años, renovación por terceras partes cada tres. No cabe nueva propuesta para el período inmediato salvo haber ocupado el cargo tres años o menos.

Artículo 17

Antes de los cuatro meses previos a la fecha en que expiran los nombramientos, el Presidente del Tribunal pide a los Presidentes de los órganos que deben proponer a los nuevos Magistrados que inicien el procedimiento de designación. Los Magistrados siguen ejerciendo sus funciones hasta que tomen posesión quienes deban sucederles.

Artículo 18

Los miembros del Tribunal Constitucional se nombran entre ciudadanos españoles que sean Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados. Todos deben ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función.

Artículo 19

Ser Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con: Defensor del Pueblo; Diputado y Senador; cargos políticos o administrativos estatales, autonómicos o locales; carrera judicial o fiscal; empleos en Tribunales y Juzgados; funciones directivas o empleo en partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; actividades profesionales o mercantiles. Más las del Poder Judicial. El propuesto debe cesar en lo incompatible antes de tomar posesión; si no lo hace en diez días desde la propuesta, se entiende que no acepta. Igual en la incompatibilidad sobrevenida.

Artículo 20

Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios públicos que sean nombrados Magistrados o letrados del Tribunal Constitucional pasan a la situación de servicios especiales en su carrera de origen.

Artículo 21

Al asumir su cargo, el Presidente y los demás Magistrados del Tribunal Constitucional prestan ante el Rey juramento o promesa de guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución española, de lealtad a la Corona y de cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional.

Artículo 22

Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función conforme a los principios de imparcialidad y dignidad; no pueden ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; son inamovibles y solo pueden ser destituidos o suspendidos por alguna de las causas que establece la propia Ley Orgánica.

Artículo 23

Los Magistrados cesan por: 1.º renuncia aceptada por el Presidente; 2.º expiración del plazo; 3.º incapacidad de las previstas para el Poder Judicial; 4.º incompatibilidad sobrevenida; 5.º dejar de atender con diligencia sus deberes; 6.º violar la reserva de su función; 7.º responsabilidad civil por dolo o condena por delito doloso o por culpa grave. En los casos 1.º y 2.º y por fallecimiento, decreta el Presidente; en los demás decide el Pleno: mayoría simple en 3.º y 4.º y tres cuartas partes en 5.º, 6.º y 7.º.

Artículo 24

El Tribunal puede suspender a un Magistrado, como medida previa, en caso de procesamiento o durante el tiempo indispensable para resolver si concurre alguna causa de cese del artículo anterior. La suspensión exige el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Tribunal reunido en Pleno.

Artículo 25

Los Magistrados que hayan ejercido el cargo un mínimo de tres años tienen derecho a una remuneración de transición durante un año, equivalente a la que percibían al cesar. Si proceden de un Cuerpo de funcionarios con derecho a jubilación, se les computa el tiempo en el Tribunal para el haber pasivo, que se calcula sobre el total de lo percibido como Magistrado durante el último año.

Artículo 26

Artículo 1

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, que lo designan, para defender los derechos del Título I de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejerce las funciones que le encomiendan la Constitución y esta Ley.

Artículo 2

Lo eligen las Cortes Generales por cinco años y se relaciona con ellas a través de los Presidentes del Congreso y del Senado. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidato (acuerdos por mayoría simple). El Pleno del Congreso se convoca en no menos de diez días; hacen falta tres quintos del Congreso y ratificación por la misma mayoría del Senado en veinte días como máximo. Si no se logra, nuevas propuestas en un mes como máximo y basta tres quintos del Congreso más mayoría absoluta del Senado. La Comisión da conformidad previa a los adjuntos.

Artículo 3

Artículo 4

Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado». El Defensor toma posesión ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

Artículo 5

Cesa por renuncia, expiración del plazo, muerte o incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en sus obligaciones o condena firme por delito doloso. La vacante la declara el Presidente del Congreso en muerte, renuncia y expiración del mandato; en los demás casos deciden tres quintos de los componentes de cada Cámara, con debate y previa audiencia del interesado. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Mientras, sustituyen interinamente los Adjuntos, por su orden.

Artículo 6

El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad; actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos en ejercicio de su cargo. En los demás casos, mientras ejerza sus funciones, solo puede ser detenido o retenido en flagrante delito, y la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas se aplican a sus Adjuntos.

Artículo 7

Ser Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo, cargo político o propaganda política, servicio activo en cualquier Administración, afiliación a partido o funciones directivas en partido, sindicato, asociación o fundación (y empleo en ellos), carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en la incompatibilidad dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia desde que se produjo.

Artículo 8

El Defensor del Pueblo está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en quienes puede delegar funciones y que lo sustituyen por su orden en imposibilidad temporal y cese. Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras en la forma que fijen sus Reglamentos. Su nombramiento se publica en el «Boletín Oficial del Estado» y se les aplica lo dispuesto para el Defensor en los artículos tercero, sexto y séptimo.

Artículo 9

El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, conforme al artículo 103.1 de la Constitución y al respeto de los derechos de su Título primero. Sus atribuciones alcanzan a ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de las Administraciones públicas.

Artículo 10

Puede dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin que impidan hacerlo la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia. Diputados y Senadores individualmente, ciertas comisiones y, principalmente, la Comisión Mixta pueden pedir su intervención mediante escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentarle quejas en asuntos de su competencia.

Artículo 11

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando las Cortes Generales no están reunidas, han sido disueltas o ha expirado su mandato; en esos casos se dirige a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpen su actividad, ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él, los estados de excepción o de sitio, sin perjuicio del artículo 55 de la Constitución.

Artículo 12

El Defensor del Pueblo puede, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias que define esta Ley. Para ello, los órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinan sus funciones con las suyas, y el Defensor puede solicitar su cooperación.

Artículo 13

Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia que reciba el Defensor del Pueblo debe dirigirlas al Ministerio Fiscal, para que investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o dar traslado de ellas al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación. Puede, además, referirse al tema en su informe general a las Cortes Generales.

Artículo 14

El Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución también en el ámbito de la Administración Militar. Límite: su actuación no puede suponer una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.

Artículo 15

La queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos. Las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado, no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador y de toda queja se acusa recibo.

Artículo 16

La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no puede ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco pueden ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y esas personas.

Artículo 17

El Defensor registra y acusa recibo de las quejas, y las tramita o las rechaza; el rechazo, en escrito motivado, pudiendo informar de las vías oportunas. No examina quejas con resolución judicial pendiente y suspende el examen si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales planteados. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no son recurribles.

Artículo 18

Admitida la queja, el Defensor promueve una investigación sumaria e informal y da cuenta de su contenido sustancial al Organismo o Dependencia procedente, para que su Jefe remita informe escrito en quince días como máximo, plazo ampliable a juicio del Defensor si hay circunstancias que lo aconsejen. La negativa o negligencia del funcionario o sus superiores a enviar el informe inicial puede calificarse de hostil y entorpecedora, hacerse pública de inmediato y destacarse en su informe anual o especial a las Cortes Generales.

Artículo 19

Todos los poderes públicos deben auxiliar al Defensor del Pueblo, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en un expediente de oficio, el Defensor, su Adjunto o la persona en quien delegue pueden personarse en cualquier centro de la Administración pública o afecto a un servicio público para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes. No puede negársele el acceso a ningún expediente o documentación relacionada, sin perjuicio del artículo veintidós.

Artículo 20

Si la queja afecta a la conducta del personal al servicio de la Administración en su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo. El afectado responde por escrito, con documentos y testimonios, en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable a instancia de parte por la mitad. El Defensor puede comprobar su veracidad y proponer una entrevista; quien se niegue puede ser requerido para justificarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la denuncia de hechos delictivos.

Artículo 21

Si el superior jerárquico u Organismo prohíbe al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio Defensor. Desde entonces, el Defensor dirige cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias a ese superior jerárquico.

Artículo 22

El Defensor puede pedir a los poderes públicos todos los documentos necesarios, incluidos los secretos; su no remisión debe acordarla el Consejo de Ministros, con certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Investigaciones y trámites se hacen en la más absoluta reserva frente a particulares y organismos, sin perjuicio de lo que incluya en sus informes a las Cortes Generales. Si un documento secreto no remitido pudiera afectar de forma decisiva a la investigación, lo comunica a la Comisión Mixta Congreso-Senado.

Artículo 23

Si las actuaciones revelan que la queja se originó presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo puede dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio. Con la misma fecha da traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 24

Artículo 25

Si el Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones, conoce conductas o hechos presumiblemente delictivos, lo comunica de inmediato al Fiscal General del Estado. Este informa al Defensor periódicamente, o cuando lo solicite, del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia, y le comunica las posibles irregularidades administrativas que conozca el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 26

El Defensor del Pueblo puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso del ámbito local. No necesita en ningún caso la previa reclamación por escrito.

Artículo 27

Si el Defensor del Pueblo llama a informar a particulares que no han promovido la queja, los gastos que estos efectúen o los perjuicios materiales que se les causen serán correspondidos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez justificados debidamente. No alcanza a quien promovió la queja.

Artículo 28

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración, pero puede sugerir que se modifiquen los criterios con que se dictaron. Si cumplir rigurosamente una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares con acto administrativo habilitante, puede instar a las autoridades administrativas competentes a ejercer sus potestades de inspección y sanción.

Artículo 29

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer dos recursos: el de inconstitucionalidad y el de amparo. Lo hace de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Artículo 30

Con ocasión de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo puede dirigir a autoridades y funcionarios advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; estos deben responder por escrito en un mes como máximo. Si tras sus recomendaciones no hay medida adecuada ni se le dan razones, puede llevar antecedentes y recomendaciones al Ministro del Departamento o a la máxima autoridad de la Administración afectada; sin justificación adecuada, lo incluirá en su informe anual o especial con los nombres de los responsables.

Artículo 31

El Defensor del Pueblo informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionario, salvo que tengan carácter reservado o sean secretas. Si actuó a solicitud de un parlamentario o Comisión (apartado dos del artículo diez), les informa al término de sus investigaciones de los resultados y, si decide no intervenir, les informa razonando su desestimación. También comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia afectados.

Artículo 32

El Defensor del Pueblo da cuenta cada año a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe, que presenta cuando están reunidas en periodo ordinario de sesiones. Si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseja, puede presentar un informe extraordinario, que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si estas no estuvieran reunidas. Los informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican.

Artículo 33

El informe anual recoge el número y tipo de quejas, las rechazadas y sus causas, las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones. No incluirá datos personales que permitan identificar públicamente a los interesados, sin perjuicio del artículo veinticuatro punto uno. Lleva un anexo para las Cortes Generales con la liquidación del presupuesto de la institución del periodo. Un resumen se expone oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras, y pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura.

Artículo 34

El Defensor del Pueblo puede designar libremente a los asesores necesarios para ejercer sus funciones, pero debe hacerlo de acuerdo con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 35

Quienes estén al servicio del Defensor del Pueblo, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio de las Cortes. A los funcionarios que procedan de la Administración Pública se les reserva la plaza y el destino que tenían antes de su adscripción a la oficina del Defensor, y se les computa a todos los efectos el tiempo pasado en esa situación.

Artículo 36

Artículo 37