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Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio
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Crear cuenta gratisCapítulo PrimeroDisposiciones comunes a los tres estados
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- Art. 1Artículo 1Procede declarar los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible mantener la normalidad con los poderes ordinarios de las Autoridades competentes. Medidas y duración: las estrictamente indispensables para restablecer la normalidad, aplicadas de forma proporcionada. Al finalizar su vigencia decaen las competencias sancionadoras y preventivas y las medidas concretas adoptadas, salvo las sanciones firmes. La declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.
- Art. 2Artículo 2La declaración de cualquiera de los tres estados se publica de inmediato en el «Boletín Oficial del Estado» y se difunde obligatoriamente por todos los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen. Entra en vigor desde el instante mismo de su publicación en el BOE. También son de difusión obligatoria las disposiciones que dicte la Autoridad competente durante la vigencia de cada estado.
- Art. 3Artículo 3Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante los estados de alarma, excepción y sitio pueden impugnarse en vía jurisdiccional conforme a las leyes. Quien, por la aplicación de esos actos y disposiciones, sufra de forma directa, en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables tiene derecho a ser indemnizado de acuerdo con las leyes.
Capítulo IIEl estado de alarma
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- Art. 4Artículo 4El Gobierno, con base en el artículo 116.2 de la Constitución, puede declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional ante: a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, accidentes de gran magnitud); b) crisis sanitarias (epidemias, contaminación grave); c) paralización de servicios públicos esenciales, si no se garantizan los arts. 28.2 y 37.2 CE y concurre otra circunstancia del artículo; d) desabastecimiento de productos de primera necesidad.
- Art. 5Artículo 5Si los supuestos que permiten declarar el estado de alarma afectan exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de esa Comunidad puede solicitar al Gobierno la declaración del estado de alarma. La declaración no la hace él: solo puede pedirla.
- Art. 6Artículo 6El estado de alarma se declara mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. El decreto fija el ámbito territorial, la duración y los efectos, y la duración no puede exceder de quince días. Solo puede prorrogarse con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en ese caso puede establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.
- Art. 7Artículo 7En el estado de alarma la Autoridad competente es el Gobierno. Cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, puede serlo, por delegación del Gobierno, el Presidente de esa Comunidad.
- Art. 8Artículo 8El Gobierno da cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministra la información que le requiera. También le da cuenta de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con este.
- Art. 9Artículo 9Declarada la alarma, las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado, los Cuerpos de Policía autonómicos y locales y los demás funcionarios y trabajadores a su servicio quedan bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en lo necesario para proteger personas, bienes y lugares, que puede imponerles servicios extraordinarios por duración o naturaleza. Si la Autoridad competente es un Presidente autonómico, puede requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que actúan bajo sus mandos naturales.
- Art. 10Artículo 10Incumplir o resistirse a las órdenes de la Autoridad competente durante la alarma se sanciona conforme a las leyes. Si lo hacen funcionarios, las Autoridades pueden suspenderlos de inmediato en sus cargos, pasar, en su caso, el tanto de culpa al juez y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario. Si lo hacen Autoridades, la Autoridad competente puede asumir durante la vigencia las facultades de estas necesarias para cumplir las medidas acordadas.
- Art. 11Artículo 11Además de lo previsto en el artículo 10, el decreto de declaración de alarma o los posteriores pueden: a) limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas a requisitos; b) practicar requisas temporales de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; c) intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales, salvo domicilios privados, dando cuenta a los Ministerios interesados; d) limitar o racionar servicios o artículos de primera necesidad; e) asegurar el abastecimiento.
- Art. 12Artículo 12En los supuestos de las letras a) y b) del artículo 4, la Autoridad competente puede adoptar por sí, además de las demás medidas, las previstas en las normas sobre enfermedades infecciosas, medio ambiente, aguas e incendios forestales. En los de las letras c) y d), el Gobierno puede acordar la intervención de empresas o servicios y la movilización de su personal para asegurar su funcionamiento. Al personal movilizado se le aplica la normativa sobre movilización, que es siempre supletoria de este artículo.
Capítulo IIIEl estado de excepción
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- Art. 13Artículo 13Si el ejercicio de derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios públicos esenciales u otro aspecto del orden público se alteran tan gravemente que no bastan las potestades ordinarias, el Gobierno puede pedir al Congreso autorización para declarar el estado de excepción. La solicitud debe recoger: efectos y derechos cuya suspensión se pide (solo los del art. 55.1 CE); medidas sobre esos derechos; ámbito territorial y duración, máximo treinta días; y cuantía máxima de las sanciones pecuniarias. El Congreso puede aprobarla tal cual o modificarla.
- Art. 14Artículo 14Una vez obtenida la autorización del Congreso de los Diputados, el Gobierno declara el estado de excepción mediante un decreto acordado en Consejo de Ministros, cuyo contenido ha de ser el autorizado por el Congreso.
- Art. 15Artículo 15Durante el estado de excepción, si el Gobierno quiere adoptar medidas distintas de las del decreto, debe pedir autorización al Congreso de los Diputados por el mismo procedimiento. Puede poner fin al estado de excepción antes de tiempo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta inmediatamente al Congreso. Si persisten las circunstancias, puede solicitar al Congreso una prórroga de hasta treinta días.
- Art. 16Artículo 16En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede detener a cualquier persona si lo considera necesario para conservar el orden, siempre que existan al menos fundadas sospechas de que vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no puede exceder de diez días y el detenido conserva los derechos del art. 17.3 CE. Debe comunicarse al juez competente en veinticuatro horas, y el Juez puede en todo momento requerir información y conocer la situación del detenido personalmente o por delegación en el Juez de Instrucción.
- Art. 17Artículo 17Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.2 CE, la Autoridad gubernativa puede ordenar inspecciones y registros domiciliarios para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. Los hace ella o sus agentes con orden formal y escrita. Pueden presenciarlos el titular o encargado o familiares mayores de edad y, en todo caso, dos vecinos de la casa o inmediaciones (o, en su defecto, del pueblo o limítrofes); su asistencia es obligatoria. Se levanta acta firmada y se comunica inmediatamente al Juez competente con copia del acta.
- Art. 18Artículo 18Si la autorización del Congreso suspende el art. 18.3 CE, la autoridad gubernativa puede intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas, pero solo si es necesario para esclarecer hechos presuntamente delictivos o mantener el orden público. La intervención se comunica inmediatamente al Juez competente por escrito motivado.
- Art. 19Artículo 19
- Art. 20Artículo 20Si se suspende el art. 19 CE, la autoridad gubernativa puede prohibir la circulación de personas y vehículos en horas y lugares concretos, exigir que se acredite la identidad e indicar itinerarios, delimitar zonas de protección o seguridad y prohibir en ciertos lugares la presencia de personas que dificulten la acción de la fuerza pública. Puede exigir a personas concretas avisar con dos días de antelación de sus salidas de la localidad, desplazarlas o fijarles residencia, con fundados motivos por su peligrosidad, y debe proveer los recursos necesarios.
- Art. 21Artículo 21Si la autorización del Congreso suspende el art. 20, apartados 1.a) y d) y 5, de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, y ordenar el secuestro de publicaciones. Estas potestades no pueden llevar aparejado ningún tipo de censura previa.
- Art. 22Artículo 22Si se suspende el art. 21 CE, la autoridad gubernativa puede someter a autorización previa, prohibir o disolver reuniones y manifestaciones. No puede prohibir, disolver ni someter a autorización previa las reuniones orgánicas de partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales realizadas para sus fines constitucionales y conforme a sus Estatutos. Para entrar en los locales de reunión sus agentes necesitan autorización formal y escrita, salvo alteraciones graves del orden público constitutivas de delito, agresiones a las Fuerzas de Seguridad u otros casos de flagrante delito.
- Art. 23Artículo 23Si la autorización del Congreso comprende la suspensión de los arts. 28.2 y 37.2 de la Constitución, la Autoridad gubernativa puede prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo durante el estado de excepción.
- Art. 24Artículo 24En el estado de excepción los extranjeros en España deben hacer las comparecencias que se acuerden, cumplir las normas sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y observar las demás formalidades. Quien las contravenga o actúe en connivencia con perturbadores puede ser expulsado, salvo indicios de delito, en cuyo caso se le somete a los procedimientos judiciales. Apátridas y refugiados no expulsables quedan bajo el régimen de los españoles. La expulsión exige una justificación sumaria previa.
- Art. 25Artículo 25
- Art. 26Artículo 26En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar la intervención de industrias o comercios que puedan alterar el orden público o contribuir a ello y suspender temporalmente sus actividades, dando cuenta a los Ministerios interesados. También puede ordenar el cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales similares.
- Art. 27Artículo 27En el estado de excepción la Autoridad gubernativa puede ordenar las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificaciones, instalaciones, obras, servicios públicos e industrias o explotaciones de cualquier género. Para ello puede situar puestos armados en los lugares más apropiados, sin perjuicio de lo establecido en el art. 18.1 de la Constitución.
- Art. 28Artículo 28Cuando la alteración del orden público haya dado lugar a alguna de las circunstancias del artículo 4 o coincida con ellas, el Gobierno puede adoptar, además de las medidas propias del estado de excepción, las previstas en esta ley para el estado de alarma.
- Art. 29Artículo 29Si durante el estado de excepción un funcionario o personal al servicio de una Administración pública o de una entidad o instituto público u oficial favorece con su conducta a los perturbadores del orden, la Autoridad gubernativa puede suspenderlo en su cargo, pasar el tanto de culpa al Juez competente y notificarlo al superior jerárquico para el expediente disciplinario.
- Art. 30Artículo 30Si durante el estado de excepción el Juez aprecia hechos contrarios al orden público o a la seguridad ciudadana que puedan ser delito, oído el Ministerio Fiscal, decreta la prisión provisional del presunto responsable y la mantiene, según su arbitrio, durante ese estado. Los condenados en estos procedimientos no pueden beneficiarse de la remisión condicional mientras dure el estado de excepción.
- Art. 31Artículo 31Cuando la declaración del estado de excepción afecta exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad Autónoma, la Autoridad gubernativa puede coordinar el ejercicio de sus competencias con el Gobierno de esa Comunidad.
Capítulo IVEl estado de sitio
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- Art. 32Artículo 32Ante una insurrección o acto de fuerza, producido o inminente, contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno puede proponer al Congreso la declaración del estado de sitio (art. 116.4 CE). La declaración fija ámbito territorial, duración y condiciones, y puede autorizar, además de lo previsto para alarma y excepción, la suspensión temporal de las garantías del detenido del art. 17.3 CE.
- Art. 33Artículo 33Declarado el estado de sitio, el Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa según el art. 97 CE, asume todas las facultades extraordinarias previstas en la Constitución y en esta ley. Para ello designa la Autoridad militar que, bajo su dirección, ejecutará las medidas que procedan en el territorio afectado.
- Art. 34Artículo 34Durante el estado de sitio la Autoridad militar publica y difunde los oportunos bandos, que contienen las medidas y prevenciones necesarias. Esos bandos deben ajustarse a la Constitución, a esta ley y a las condiciones de la declaración del estado de sitio.
- Art. 35Artículo 35En la declaración del estado de sitio, el Congreso de los Diputados puede determinar qué delitos quedan sometidos a la Jurisdicción Militar mientras dure ese estado.
- Art. 36Artículo 36Durante el estado de sitio las Autoridades civiles siguen ejerciendo las facultades que no se hayan conferido a la Autoridad militar conforme a esta ley. Además, deben dar a la Autoridad militar las informaciones que les solicite y todas las noticias sobre el orden público que conozcan.