A1.1100 · Grupo I · Derecho constitucional
Tema 6 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026
El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.
Qué legislación entra en este tema
- Constitución Española · arts. 97–102, 108 y 112–114
- Ley 50/1997, del Gobierno · entera
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En este tema: arts. 97–102, 108 y 112–114. Ver la norma
Artículo 97. Función del Gobierno
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo 98. Composición del Gobierno
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
Artículo 99. Investidura del Presidente
El Rey propone un candidato a Presidente del Gobierno, que expone su programa ante el Congreso. Si el Congreso otorga su confianza por mayoría absoluta, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene mayoría simple. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones.
Artículo 100. Nombramiento y separación de los miembros del Gobierno
Los demás miembros del Gobierno —es decir, todos salvo el Presidente— son nombrados y separados por el Rey, siempre a propuesta del Presidente del Gobierno.
Artículo 101. Cese del Gobierno y Gobierno en funciones
El Gobierno cesa en cuatro supuestos: tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo.
Artículo 102. Responsabilidad penal del Presidente y de los miembros del Gobierno
La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación es por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, solo puede plantearla la cuarta parte de los miembros del Congreso y necesita la aprobación de su mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no se aplica a ninguno de estos supuestos.
Artículo 108. Responsabilidad política del Gobierno
El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
Artículo 112. La cuestión de confianza
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los Diputados.
Artículo 113. Moción de censura
El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, que deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados e incluirá un candidato a la Presidencia del Gobierno. La moción no podrá votarse hasta transcurridos cinco días desde su presentación.
Artículo 114. Efectos de la pérdida de confianza y de la moción de censura
Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey y se procederá a designar Presidente según el artículo 99. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión y el candidato incluido en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Presidente del Gobierno.
Ley 50/1997, del Gobierno
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Del Gobierno
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Sus miembros se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
Artículo 2. Del Presidente del Gobierno
El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina a los demás miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros. Entre otras funciones: representa al Gobierno; fija su programa político; propone al Rey la disolución de las Cámaras y plantea la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros; propone el referéndum consultivo, previa autorización del Congreso; convoca y preside el Consejo de Ministros; crea por Real Decreto Ministerios y Secretarías de Estado; y propone al Rey Vicepresidentes y Ministros.
Artículo 3. Del Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno
Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponde ejercer las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostenta, además, la condición de Ministro.
Artículo 4. De los Ministros
Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación. Les corresponde desarrollar la acción del Gobierno en su Departamento, conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros o a las directrices del Presidente; ejercer la potestad reglamentaria en las materias de su Departamento; refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia, y las demás competencias que se les atribuyan. Podrán existir Ministros sin cartera; por Real Decreto se fijan sus competencias, estructura y medios.
Artículo 5. Del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley, el de Presupuestos Generales del Estado, los Reales Decretos-leyes y Legislativos y los reglamentos de desarrollo de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado. Acuerda la negociación y firma de Tratados; declara los estados de alarma y excepción y propone al Congreso el de sitio; emite Deuda Pública si una Ley lo autoriza, y crea, modifica y suprime los órganos directivos de los Ministerios. Pueden asistir, si son convocados, los Secretarios de Estado y, excepcionalmente, otros altos cargos. Sus deliberaciones son secretas.
Artículo 6. De las Comisiones Delegadas del Gobierno
Las Comisiones Delegadas se crean, modifican y suprimen por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente. El Real Decreto de creación especifica quién la preside, los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran, sus funciones, a quién corresponde la Secretaría y el régimen interno. Pueden convocarse titulares de otros órganos superiores y directivos. Examinan cuestiones generales, estudian asuntos que requieran propuesta conjunta y resuelven los que no deban elevarse al Consejo de Ministros. Sus deliberaciones son secretas.
Artículo 7. De los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan o, si están adscritos a la Presidencia del Gobierno, bajo la dirección del Presidente. Sus competencias son las que determina la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
La Comisión General la integran los titulares de las Secretarías de Estado y los Subsecretarios; asiste también el Abogado General del Estado. La preside un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el Ministro de la Presidencia. La Secretaría la ejerce el Subsecretario de la Presidencia y, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Director del Secretariado del Gobierno. Sus deliberaciones son reservadas y no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno. Examina los asuntos que van al Consejo de Ministros, con excepciones.
Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno
El Secretariado del Gobierno apoya al Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios: asiste al Ministro-Secretario, remite convocatorias, custodia actas y vela por la buena regulación y la publicación de las normas. Como asistencia al Ministro de la Presidencia tramita la sanción y promulgación de las leyes y los actos del Rey que refrenda el Presidente. Se integra en el Ministerio de la Presidencia y propone a su Ministro las instrucciones de tramitación; su Director ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General.
Artículo 10. De los Gabinetes
Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, Vicepresidentes, Ministros y Secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial y no pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración General del Estado, aunque los directores pueden dictar los actos propios de la jefatura de su unidad. El Gabinete de la Presidencia se regula por Real Decreto del Presidente; el resto, por esta Ley. El nivel orgánico de los Directores se fija reglamentariamente; las retribuciones, por el Consejo de Ministros.
Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo
Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Artículo 12. Del nombramiento y cese
El Presidente es nombrado y cesa en los términos de la Constitución. Los Vicepresidentes y Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente; el nombramiento conlleva el cese en el puesto anterior, salvo el Vicepresidente que sea Ministro y conserve su Departamento. En esos nombramientos cada sexo ha de suponer como mínimo el cuarenta por ciento en su conjunto. La separación de Ministros sin cartera extingue el órgano; la de Vicepresidentes también, salvo que simultáneamente se designe otro en sustitución. El estatuto tras el cese del Presidente: por Real Decreto.
Artículo 13. De la suplencia
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno las asumen los Vicepresidentes, según su orden de prelación, y, en su defecto, los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario, se determina por Real Decreto del Presidente del Gobierno, que expresa entre otras cuestiones su causa y carácter, y recae en todo caso en otro miembro del Gobierno. La interrupción transitoria de la asistencia a una reunión no es ausencia: ejerce las funciones la siguiente autoridad en rango presente.
Artículo 14. Del régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno
Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Se les aplica, asimismo, el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 15. Del nombramiento, cese, suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. La suplencia entre los del mismo Departamento sigue el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio; los que dependen directamente de la Presidencia del Gobierno son suplidos por quien designe el Presidente. Se les aplica el régimen de incompatibilidades previsto para los altos cargos de la Administración General del Estado.
Artículo 16. Del nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes
Los Directores de los Gabinetes del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros se nombran y separan por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros; los de los Secretarios de Estado, por Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. Cesan automáticamente cuando cesa el titular del cargo del que dependen; con Gobierno en funciones continúan hasta la formación del nuevo Gobierno. Los funcionarios que se incorporen pasan a servicios especiales, salvo que opten por el servicio activo en origen; el personal no funcionario tiene reserva de puesto y antigüedad.
Artículo 17. De las normas aplicables al funcionamiento del Gobierno
El Gobierno se rige, en su organización y funcionamiento, por la propia Ley 50/1997 y además por: a) los Reales Decretos del Presidente del Gobierno sobre la composición y organización del Gobierno, así como de sus órganos de colaboración y apoyo; y b) las disposiciones organizativas internas, de funcionamiento y actuación emanadas del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros.
Artículo 18. Del funcionamiento del Consejo de Ministros
El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros y fija su orden del día; actúa como Secretario el Ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden tener carácter decisorio o deliberante. De las sesiones se levanta acta en la que figuran, exclusivamente, las circunstancias de tiempo y lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.
Artículo 19. De las actas de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
A las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se les aplica lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 50/1997 en relación con las actas de dichos órganos colegiados. El artículo no regula por sí mismo el contenido de esas actas: se remite al artículo 18.
Artículo 20. Delegación y avocación de competencias
Pueden delegar competencias propias el Presidente del Gobierno (en Vicepresidentes y Ministros) y los Ministros (en Secretarios de Estado y Subsecretarios dependientes de ellos, Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y demás órganos directivos del Ministerio). A propuesta del Presidente, las funciones administrativas del Consejo de Ministros son delegables en las Comisiones Delegadas. El apartado 3 enumera las competencias no delegables en ningún caso. El Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente, puede avocar asuntos de las Comisiones Delegadas por acuerdo motivado.
Artículo 21. Del Gobierno en funciones
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en los casos previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. El cesante sigue en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y limita su gestión al despacho ordinario, salvo urgencia debidamente acreditada o interés general. Su Presidente no puede proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; el Gobierno no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos ni presentar proyectos de ley.
Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno
El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en dos lugares: el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el propio Título de la Ley del Gobierno en el que se encuentra este artículo.
Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor
Sin perjuicio del artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de leyes o reglamentos cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros y que impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia de su ejercicio, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. No se aplica a los reales decretos-leyes, ni cuando el plazo de transposición de directivas europeas u otras razones justificadas lo aconsejen, acreditándolo en la Memoria.
Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros
Formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros: Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes; Reales Decretos del Presidente del Gobierno; Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros; Acuerdos del Consejo de Ministros (lo que no deba ser Real Decreto); Acuerdos de las Comisiones Delegadas, con forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia si la competencia es de distintos Ministros; y Órdenes Ministeriales. Jerarquía de los reglamentos: 1.º Real Decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros; 2.º Orden Ministerial.
Artículo 25. Plan Anual Normativo
El Gobierno aprueba anualmente un Plan Normativo con las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a elevarse para su aprobación en el año siguiente. El Plan identifica las normas que se someterán a un análisis sobre los resultados de su aplicación. Si se eleva una propuesta que no figuraba en el Plan, hay que justificarlo en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Lo coordina el Ministerio de la Presidencia, cuyo Ministro lo eleva al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Los modelos de información se aprueban por orden del Ministerio de la Presidencia.
Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos
Procedimiento de anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y normas reglamentarias: estudios y consultas previos; consulta pública en el portal web, con un tiempo no inferior a quince días naturales; Memoria del Análisis de Impacto Normativo preceptiva; informes preceptivos, salvo otra previsión normativa, en diez días, o un mes si se piden a otra Administración o a un órgano de especial independencia; informe de la Secretaría General Técnica; y audiencia e información públicas de 15 días hábiles como mínimo, reducible hasta siete por razones motivadas o tramitación urgente.
Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado
El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa, puede acordar la tramitación urgente de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos: a) para que la norma entre en vigor en el plazo de transposición de directivas comunitarias o el de otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea; b) por otras circunstancias extraordinarias que no pudieron preverse. Efectos: plazos a la mitad, sin consulta pública, audiencia o información públicas en siete días y la falta de un informe preceptivo en plazo no impide continuar.
Artículo 28. Informe anual de evaluación
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprueba antes del 30 de abril de cada año un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas no incluidas en él y las de informes anteriores con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año evaluado. Incluye las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas evaluadas, que comprende en todo caso eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Puede contener recomendaciones de modificación y, en su caso, derogación.
Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno
El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. Todos sus actos y omisiones están sometidos al control político de las Cortes Generales. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los términos de su Ley Orgánica reguladora.
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