Tema 7 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 36. Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 103. Principios de actuación de la Administración pública

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a cinco principios —eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación— con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Los órganos de la Administración del Estado se crean, rigen y coordinan de acuerdo con la ley. Y la ley regulará el estatuto de los funcionarios, el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho de sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad.

Artículo 104. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una ley orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.

Artículo 105. Audiencia al ciudadano, acceso a archivos y procedimiento

La ley regulará tres materias: la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones y asociaciones, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas; y el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando cuando proceda la audiencia del interesado.

Artículo 106. Control judicial de la Administración y responsabilidad patrimonial

Los Tribunales controlan tres cosas: la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esa actuación a los fines que la justifican. Además, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

Artículo 107. El Consejo de Estado

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado actúa y se organiza según los principios del artículo 3 y, además, los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. Garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos superiores y directivos y en el personal de alta dirección del sector público institucional estatal, conforme a los artículos 55 bis y 84 bis. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios que no estén atribuidas específicamente por Ley a otro órgano ni al Gobierno corresponden al Ministerio de Hacienda.

Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado

La organización responde a los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno. La Administración General del Estado comprende la Organización Central —Ministerios y servicios comunes—, la Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior. En la organización central son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado; y órganos directivos, los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales y los Subdirectores generales. En la organización territorial son directivos los Delegados del Gobierno, con rango de Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno, con nivel de Subdirector general. En el exterior lo son los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Todos ellos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación y a los directivos desarrollarlos y ejecutarlos.

Artículo 55 bis. Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado

Las personas titulares de las Secretarías de Estado y de los órganos directivos de la Administración General del Estado se nombrarán atendiendo al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento en el ámbito de cada departamento ministerial.

Artículo 56. Elementos organizativos básicos

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. Comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades complejas, que agrupen dos o más menores. Los jefes de las unidades son responsables del correcto funcionamiento de estas y de la adecuada ejecución de sus tareas. Las unidades se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un determinado órgano.

Artículo 57. Los Ministerios

La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo cada uno uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La organización departamental no impide que existan órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados en la estructura general del Ministerio que, con carácter excepcional, se adscriban directamente al Ministro. El número, denominación y ámbito de competencia de los Ministerios y de las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Artículo 58. Organización interna de los Ministerios

En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad, de las que dependen jerárquicamente los órganos directivos adscritos. Los Ministerios contarán en todo caso con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y se organizan en Subdirecciones Generales, que también pueden adscribirse directamente a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores.

Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas

Las Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Subdirecciones Generales y órganos similares se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí así: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos, categoría de Director general.

Artículo 61. Los Ministros

Los Ministros dirigen los sectores de actividad de su Ministerio y asumen la responsabilidad de esa dirección. Entre sus funciones: ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias del Departamento; fijar objetivos, aprobar planes de actuación y asignar recursos; aprobar las propuestas de estados de gastos; determinar la organización interna; evaluar los planes y ejercer el control de eficacia sobre órganos y organismos dependientes; nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias Sectoriales; impartir instrucciones y delegar competencias; revisar de oficio los actos y resolver conflictos de atribuciones; celebrar contratos y convenios; administrar los créditos y fijar los límites por debajo de los cuales corresponden a Secretarios de Estado y Subsecretario; resolver recursos y declarar la lesividad; conceder subvenciones; y imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

Artículo 62. Los Secretarios de Estado

Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica, y pueden ostentar por delegación expresa del Ministro su representación. Dirigen y coordinan las Secretarías y Direcciones Generales bajo su dependencia y responden ante el Ministro. Les corresponde ejercer las competencias que les atribuya la norma de creación o les delegue el Ministro; impulsar objetivos y proyectos, supervisar los órganos adscritos e impartir instrucciones; nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado; mantener relaciones con las Comunidades Autónomas; celebrar contratos y convenios no reservados al Ministro; conceder subvenciones con los límites del titular del Departamento; resolver los recursos contra resoluciones de los órganos directivos que dependan de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, y los conflictos de atribuciones entre ellos; y administrar los créditos de la Secretaría de Estado.

Artículo 63. Los Subsecretarios

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio y dirigen los servicios comunes. Les corresponde, entre otras: apoyar a los órganos superiores en la planificación; asistir al Ministro en el control de eficacia; establecer los programas de inspección de los servicios; dirigir el funcionamiento de los servicios comunes; asistir en materia de relaciones de puestos de trabajo y presupuestos; desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento; responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro; dirigir la Secretaría General Técnica; administrar créditos y conceder subvenciones con los límites fijados; nombrar y cesar a los Subdirectores dependientes de la Subsecretaría y al personal eventual; convocar y resolver pruebas selectivas y concursos; y ejercer la potestad disciplinaria por faltas graves o muy graves, salvo la separación del servicio. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.

Artículo 64. Los Secretarios generales

Cuando las normas de estructura de un Ministerio prevean un Secretario general, deberán determinar sus competencias sobre un sector de actividad administrativa determinado. Ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes —las del artículo 62.2.b)— y las que les asigne el Real Decreto de estructura. Con categoría de Subsecretario, son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos

Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tienen las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Tienen a todos los efectos categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades del artículo siguiente. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro, entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades locales del Subgrupo A1.

Artículo 66. Los Directores generales

Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Les corresponde proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos del Ministro, dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento; ejercer las competencias atribuidas y las desconcentradas o delegadas; proponer en los demás casos la resolución procedente; e impulsar y supervisar la gestión ordinaria. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro o del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita, en atención a las características específicas de las funciones, que su titular no reúna esa condición, lo que deberá motivarse mediante memoria razonada.

Artículo 67. Los Subdirectores generales

Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados y de la gestión ordinaria de los asuntos de su competencia. Son nombrados —respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad— y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan, entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones cuando lo prevean las normas aplicables, del Subgrupo A1.

Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los demás órganos del Ministerio la asistencia precisa y, en particular, la eficiente utilización de los medios asignados. Les corresponde el asesoramiento, apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en materias como planificación, programación y presupuestación; cooperación internacional y acción exterior; organización y recursos humanos; sistemas de información y comunicación; producción normativa; asistencia jurídica; gestión financiera; medios materiales y servicios auxiliares; seguimiento, control e inspección de servicios; estadística para fines estatales; y publicaciones. Funcionan de acuerdo con las directrices de los Ministerios con competencia sobre esas funciones comunes. Mediante Real Decreto puede preverse su gestión compartida, coordinada directamente por el Ministerio de Hacienda o un organismo autónomo suyo —prestándolos a otros Ministerios—, o por la Subsecretaría de cada Ministerio o un organismo autónomo suyo, prestándolos a todo el Ministerio.

Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno

Existirá una Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, con sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno autonómico, salvo que el Consejo de Ministros acuerde otra y sin perjuicio de lo que disponga el Estatuto de Autonomía. Las Delegaciones están adscritas orgánicamente al Ministerio de Hacienda. En cada provincia de las Comunidades pluriprovinciales existirá un Subdelegado del Gobierno, bajo la inmediata dependencia del Delegado. En las uniprovinciales podrán crearse Subdelegaciones por Real Decreto cuando lo justifiquen circunstancias como la población, el volumen de gestión o singularidades geográficas, sociales o económicas.

Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que determine la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales del Subgrupo A1. Dependen jerárquicamente del Delegado o del Subdelegado cuando este cargo exista, y ejercen en su ámbito territorial las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno.

Artículo 71. Los servicios territoriales

Los servicios territoriales se organizan en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. La organización de los no integrados se establece por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministerio del que dependan y del competente en racionalización de estructuras, cuando haya unidades con nivel de Subdirección General, o por Orden conjunta si afecta a órganos inferiores. Los no integrados dependen del órgano central competente sobre su sector, que les fija objetivos y controla su ejecución. Los integrados dependen del Delegado o Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General, y actúan conforme a las instrucciones técnicas y criterios operativos del Ministerio competente por razón de la materia.

Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado que corresponde a los Presidentes autonómicos. Dirigen y supervisan la Administración General del Estado en ese territorio y la coordinan con la administración autonómica y local. Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a competencia profesional y experiencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, les suple el Subdelegado que designen y, en su defecto, el de la provincia donde esté la sede; en uniprovinciales sin Subdelegado, el Secretario General.

Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

A los Delegados del Gobierno les corresponde: en dirección y coordinación, impulsar y supervisar la actividad estatal en el territorio y dirigir los servicios integrados, nombrar a los Subdelegados y, en su caso, a los Directores Insulares, e informar preceptivamente las propuestas de nombramiento de titulares de órganos territoriales; en información, coordinar la de los programas del Gobierno y elevar anualmente un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales; en coordinación con otras Administraciones, promover convenios y participar en Comisiones mixtas de transferencias y bilaterales de cooperación; en control de legalidad, resolver los recursos contra actos de los órganos de la Delegación —previo informe del Ministerio competente—, suspender la ejecución de actos impugnados y promover conflictos de jurisdicción o de atribuciones; y en políticas públicas, formular propuestas y proponer medidas contra la duplicidad de estructuras. Ejercen además la potestad sancionadora y expropiatoria, y protegen el libre ejercicio de los derechos y la seguridad ciudadana, con la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el territorio, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

En cada provincia, y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, nombrado por aquel mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales del Subgrupo A1. En las Comunidades uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asume las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados.

Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales de la provincia, informando sobre la incidencia territorial de los programas de financiación estatal; proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, dirigiendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia; dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito provincial; dirigir los servicios integrados conforme a las instrucciones del Delegado y de los Ministerios, e impulsar, supervisar e inspeccionar los no integrados; coordinar la utilización de los medios materiales, en particular los edificios administrativos; y ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que le confieran las normas o le sea desconcentrada o delegada.

Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones se fija por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda, en razón de su dependencia orgánica, y contarán en todo caso con una Secretaría General, dependiente del Delegado o, en su caso, del Subdelegado, como órgano de gestión de los servicios comunes, de la que dependerán los servicios integrados y las demás unidades que determine la relación de puestos de trabajo. La integración o desintegración de servicios territoriales se realiza por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio competente del área de actividad.

Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico-financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercen, respectivamente, por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con su normativa específica.

Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado

La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de coordinar la actuación de la Administración periférica con los distintos Departamentos ministeriales. Sus atribuciones, composición y funcionamiento se regulan mediante Real Decreto.

Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno

En cada Comunidad Autónoma pluriprovincial existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él e integrada por los Subdelegados de las provincias, a cuyas sesiones asistirán los titulares de los servicios territoriales —integrados y no integrados— que el Delegado considere. Sus funciones son coordinar las actuaciones que deban ejecutarse de forma homogénea, homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas mediante criterios comunes compatibles con las instrucciones ministeriales, y asesorar en las propuestas de simplificación y racionalización. En las uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado, presidida por él e integrada por el Secretario General y los titulares de los servicios que considere. En cada Subdelegación existirá una Comisión de asistencia al Subdelegado, con la misma composición y funciones referidas al ámbito provincial.

Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado

El Servicio Exterior del Estado se rige, en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, por la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 81. Principios generales de actuación

Las entidades del sector público institucional se someten en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al de transparencia en su gestión; en materia de personal, incluido el laboral, quedan sujetas a las limitaciones de la normativa presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, para comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación —en particular los Capítulos I y VI y los artículos 129 y 134— y por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Contendrá, al menos, información actualizada sobre naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso la condición de medio propio, los regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y la clasificación en términos de contabilidad nacional. Se inscribirán, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional.

Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva de los actos de creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible, acompañando la documentación justificativa. Tratándose de la creación, la notificación es electrónica y se acompaña de la copia o enlace a la publicación en el Boletín Oficial, o del acto jurídico de creación, con los Estatutos o el plan de actuación. La inscripción se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Para que la Administración Tributaria asigne el Número de Identificación Fiscal definitivo y la letra identificativa que corresponda será necesaria la certificación de la inscripción en el Inventario.

Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal

Integran el sector público institucional estatal: los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; los consorcios; las fundaciones del sector público; los fondos sin personalidad jurídica; y las universidades públicas no transferidas. El Estado o sus entidades no podrán crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas. Se exceptúan la participación en organismos internacionales o de ámbito supranacional, en los organismos de normalización y acreditación nacionales y en las sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984 de reconversión y reindustrialización.

Artículo 84 bis. Presencia equilibrada entre mujeres y hombres en las entidades del sector público institucional estatal

El principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres se aplica a las personas titulares de presidencias, vicepresidencias, direcciones generales, direcciones ejecutivas y asimilados de las entidades del sector público institucional estatal que tengan la condición de máximos responsables, así como a quienes tengan contratos de alta dirección, de modo que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta en el ámbito de cada entidad. El principio se garantizará también en la composición de los órganos colegiados de gobierno.

Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua

Las entidades del sector público institucional estatal están sometidas a control de eficacia y a supervisión continua. Todas contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación con las líneas estratégicas de su actividad, que se revisarán cada tres años y se completará con planes anuales. El control de eficacia lo ejerce el Departamento al que estén adscritas, a través de las inspecciones de servicios, y evalúa el cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos conforme al plan de actuación. La supervisión continua corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, desde su creación hasta su extinción, y verifica al menos la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación, su sostenibilidad financiera y la concurrencia de causa de disolución. Los resultados se plasman en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que podrá contener recomendaciones de mejora o propuesta de transformación o supresión.

Artículo 86. Medio propio y servicio técnico

Las entidades del sector público institucional podrán ser medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades cuando cumplan las condiciones de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Tendrán esa consideración cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos en el sector de actividad correspondiente a su objeto, concurra alguna de estas circunstancias: que sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulte sostenible y eficaz aplicando criterios de rentabilidad económica; o que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia. La comprobación de estos requisitos forma parte del control de eficacia. En la denominación de estas entidades deberá figurar necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.», y crear uno nuevo exige memoria justificativa informada por la Intervención General.

Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal

Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencia estatal, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las citadas. La transformación se produce conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal de derechos y obligaciones; no altera las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni es causa de resolución de las relaciones jurídicas. Se lleva a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación, salvo la transformación en agencias estatales, que deberá efectuarse por ley. Requiere memoria justificativa —con análisis de eficiencia, previsión de ahorro, inexistencia de duplicidades y situación del personal— e informe preceptivo de la Intervención General. La adaptación de personal no atribuye por sí misma la condición de funcionario al personal laboral, ni puede derivarse incremento de la masa salarial.

Artículo 88. Definición y actividades propias

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, directamente o a través de otro organismo público, los creados para la realización de actividades administrativas —de fomento, prestación o gestión de servicios públicos, o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas, así como la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades

Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión. Dentro de su esfera de competencia les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos de sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria. Los estatutos podrán atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco de las disposiciones que fijen su régimen jurídico básico. Los actos y resoluciones dictados en ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal

Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que determine su Estatuto. Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector, si bien el estatuto puede prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. La dirección debe establecer un modelo de control orientado a lograr una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos. Corresponde al Ministro de Hacienda la clasificación de las entidades conforme a su naturaleza y a los criterios del Real Decreto 451/2012, en tres grupos. Esa clasificación determina el número máximo de miembros de los órganos de gobierno, la estructura organizativa —con número mínimo y máximo de directivos— y la cuantía máxima de la retribución total.

Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales

La creación de los organismos públicos se efectúa por Ley. La Ley de creación establecerá el tipo de organismo que crea, con indicación de sus fines generales y del Departamento de dependencia o vinculación; y, en su caso, los recursos económicos y las peculiaridades de su régimen de personal, contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que por su naturaleza exijan norma con rango de Ley. El anteproyecto que se eleve al Consejo de Ministros deberá acompañarse de una propuesta de estatutos, un plan inicial de actuación y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda.

Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación

El plan inicial de actuación contendrá al menos: las razones que justifican la creación, por no poder asumir esas funciones otro organismo ya existente, y la constatación de que no supone duplicidad; la forma jurídica propuesta con el análisis que justifique que es más eficiente que las alternativas descartadas; la fundamentación de la estructura organizativa y la previsión de recursos humanos; el anteproyecto de presupuesto del primer ejercicio con estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación inicial y la sostenibilidad futura; y los objetivos, sus indicadores y la programación plurianual estratégica, con las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento, vinculadas a la evaluación del personal directivo y al reparto del complemento de productividad. El plan se actualiza anualmente; el plan anual lo aprueba en el último trimestre del año natural el departamento de adscripción, y la programación estratégica se revisa cada tres años. La falta de aprobación del plan anual en plazo por causa imputable al organismo paraliza las transferencias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros decida otra cosa. Los planes y sus modificaciones se publican en la web del organismo.

Artículo 93. Contenido de los estatutos

Los estatutos regularán al menos: las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar; su estructura organizativa, con la composición, funciones, competencias y rango administrativo de cada órgano, especificando qué actos y resoluciones agotan la vía administrativa; el patrimonio asignado y los recursos económicos que lo financien; el régimen de recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación; y la facultad de participar en sociedades mercantiles cuando sea imprescindible para sus fines. Se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de vinculación o dependencia, y deben estar aprobados y publicados antes de la entrada en funcionamiento efectivo del organismo.

Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales

Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse, bien extinguiéndose e integrándose en un nuevo organismo, bien extinguiéndose por ser absorbidos por otro ya existente. La fusión se lleva a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificación de la Ley de creación; si crea un organismo nuevo, deberá cumplir los requisitos del artículo 91.2. Se acompañará de un plan de redimensionamiento que acredite el ahorro que generará, previo informe preceptivo de la Intervención General, aprobado por los organismos fusionados o por el absorbente. Si alguno estuviera en desequilibrio financiero, los elementos liquidables podrán integrarse en un fondo sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, y la actividad que causó el desequilibrio dejará de prestarse salvo que pueda serlo de forma sostenible. La fusión conlleva la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal, sin alterar las condiciones financieras de las obligaciones ni servir de causa de resolución.

Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes

La norma de creación de los organismos públicos estatales incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique en la memoria en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, por razones de seguridad nacional, o cuando la gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. La coordinación corresponde al Ministerio de adscripción, al Ministerio de Hacienda o a un organismo público vinculado a él. Se consideran servicios comunes, al menos: gestión de bienes inmuebles; sistemas de información y comunicación; asistencia jurídica; contabilidad y gestión financiera; publicaciones; y contratación pública.

Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales

Los organismos públicos estatales deberán disolverse: por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación; porque la totalidad de sus fines sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado; porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos y así se ponga de manifiesto en el control de eficacia; porque del seguimiento del plan resulte el incumplimiento de los fines o que su subsistencia no es el medio más idóneo; por cualquier otra causa de los estatutos; o cuando lo acuerde el Consejo de Ministros. Concurrida una causa —salvo la última—, el máximo órgano de dirección lo comunicará al departamento de adscripción en dos meses; transcurrido ese plazo sin comunicación, el organismo queda automáticamente disuelto. Recibida la comunicación, el Consejo de Ministros adoptará el acuerdo de disolución en dos meses, designando liquidador y comunicándolo al Inventario para su publicación; si transcurre sin publicarse, el organismo queda igualmente disuelto de forma automática. En ambos casos no podrá realizar ningún acto jurídico salvo los estrictamente necesarios para su liquidación y extinción.

Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales

Publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos sin publicarse, se entiende automáticamente iniciada la liquidación. Esta tiene lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo en la Administración General del Estado, que le sucede universalmente en todos sus derechos y obligaciones; el liquidador determina el órgano concreto donde se integran los elementos. La responsabilidad del empleado público que actúe como liquidador la asume directamente la entidad o Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si hubo dolo, culpa o negligencia graves. La Administración General del Estado queda subrogada automáticamente en todas las relaciones con los acreedores a la fecha del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa, incluidos los activos y pasivos sobrevenidos, sin alterar las condiciones financieras ni servir de causa de resolución. Formalizada la liquidación, la extinción se produce automáticamente.

Artículo 98. Definición

Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública —de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación—, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ella. Dependen de la Administración General del Estado, a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

Artículo 99. Régimen jurídico

Los organismos autónomos se rigen por esta Ley, su ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos del sector público, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación

El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, y se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa de funcionarios, o por la normativa laboral. El nombramiento de los titulares de sus órganos se rige por las normas aplicables a la Administración General del Estado. El organismo está obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y a comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicación de su régimen específico de personal. La contratación se ajusta a la legislación de contratos del sector público, y el órgano de contratación es el titular del máximo órgano de dirección.

Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial

Los organismos autónomos tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración, integrado por los bienes y derechos de los que sean titulares; su gestión, y la de los bienes del Patrimonio de la Administración que se les adscriban, se rige por la Ley 33/2003. Sus recursos económicos pueden provenir de: los bienes y valores de su patrimonio; los productos y rentas de dicho patrimonio; las consignaciones específicas asignadas en los Presupuestos Generales del Estado; las transferencias corrientes o de capital procedentes de Administraciones o entidades públicas; las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y particulares; y cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir.

Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

Los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido por la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Artículo 103. Definición

Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian con ingresos de mercado —salvo las que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado— y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Dependen de la Administración General del Estado o de un organismo autónomo vinculado o dependiente de esta, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación de resultados y el control de eficacia. Deberá figurar en su denominación la indicación «entidad pública empresarial» o su abreviatura «E.P.E».

Artículo 104. Régimen jurídico

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para ellas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo que les sean de aplicación.

Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas

Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que los estatutos asignen expresamente esa facultad. No obstante, los órganos de estas entidades no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que a determinados efectos fijen sus estatutos.

Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación

El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las excepciones relativas a los funcionarios de la Administración General del Estado que en ellas presten servicio. La selección del personal laboral sigue dos reglas: el personal directivo, determinado en los estatutos, se nombra atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada; el resto, mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. El Ministerio de Hacienda efectuará controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y la gestión de recursos humanos. La Ley de creación de cada entidad determinará las condiciones en que los funcionarios estatales podrán cubrir destinos en ella, y las competencias sobre ese personal, que en todo caso serán las que tengan atribuidas los organismos autónomos. La contratación se rige por la legislación de contratos del sector público.

Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial

Las entidades públicas empresariales tendrán un patrimonio propio, distinto del de la Administración, cuya gestión —y la de los bienes que se les adscriban— se rige por la Ley 33/2003. Podrán financiarse con los ingresos derivados de sus operaciones como contraprestación de sus actividades comerciales y con los bienes y valores de su patrimonio y sus productos y rentas. Excepcionalmente, y solo cuando lo prevea su Ley de creación, podrán financiarse además con consignaciones presupuestarias, transferencias de Administraciones o entidades públicas y donaciones, legados y patrocinios. Se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, salvo las que sean o puedan ser declaradas medio propio personificado; se entiende que es así cuando tengan la consideración de productor de mercado conforme al Sistema Europeo de Cuentas, según la clasificación del Comité Técnico de Cuentas Nacionales recogida en el Inventario.

Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-financiero

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Artículo 108 bis. Definición

Las Agencias Estatales son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer potestades administrativas, creadas por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado. Están dotadas de los mecanismos de autonomía funcional, responsabilidad por la gestión y control de resultados establecidos en esta ley. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «Agencia Estatal».

Artículo 108 ter. Régimen jurídico

Las agencias estatales se rigen por esta ley y, en su marco, por el estatuto propio de cada una y el resto de normas de derecho administrativo. Su actuación se produce con arreglo al plan de acción anual y bajo un contrato plurianual de gestión que fija, como mínimo: los objetivos y resultados a obtener; los planes para alcanzarlos con sus indicadores; las previsiones máximas de plantilla; los recursos a aportar, revisables automáticamente conforme a la Ley de Presupuestos; los efectos asociados al grado de cumplimiento, en forma de responsabilidad de los órganos ejecutivos y del personal directivo y de complemento de productividad; el procedimiento para cubrir déficits; y el de modificaciones anuales. El Consejo Rector aprueba la propuesta de contrato inicial en el plazo de tres meses desde su constitución, y los posteriores se presentan en el último trimestre de vigencia del anterior; la aprobación es por Orden conjunta de los Ministerios de adscripción, de Función Pública y de Hacienda, en un máximo de tres meses, y si no se aprueba en plazo sigue vigente el anterior. En el seno del Consejo Rector se constituye una Comisión de Control.

Artículo 108 quater. Régimen jurídico de personal

El personal de las agencias estatales se compone del que ya ocupaba puestos en los servicios integrados al constituirse, del que se incorpore desde cualquier Administración, del seleccionado por la propia agencia y del personal directivo. Los dos primeros mantienen su condición de origen, funcionarial, estatutaria o laboral. La selección propia se hace por convocatoria pública con los principios de igualdad, mérito y capacidad y de acceso de las personas con discapacidad, sujeta a la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos e integrada en la oferta de empleo público estatal. Las convocatorias de personal funcionario las efectúa el Ministerio al que estén adscritos los cuerpos o escalas, y excepcionalmente la propia agencia mediante convenio. Cada agencia dispone de su relación de puestos de trabajo. El personal directivo lo nombra y cesa el Consejo Rector a propuesta de los órganos ejecutivos, por procedimiento que garantice mérito, capacidad y publicidad, entre titulados superiores preferentemente funcionarios, y está sujeto a evaluación con parte de su retribución como incentivo de rendimiento. El órgano ejecutivo es el director, nombrado y separado por el Consejo Rector a propuesta del Presidente.

Artículo 108 quinquies. Régimen económico financiero y contratación

Las agencias estatales se financian con las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado, los ingresos propios por contraprestación de sus actividades, la enajenación y el rendimiento de sus bienes y valores, las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados, los ingresos por patrocinio, y los demás ingresos de derecho público o privado autorizados. Cuando lo prevean sus estatutos y solo si generan recursos propios suficientes, podrán financiarse con cargo a los créditos del capítulo VIII adjudicados por pública concurrencia para proyectos de investigación y desarrollo. El endeudamiento está prohibido, salvo que una Ley disponga lo contrario; no obstante, para desfases temporales de tesorería pueden contratar pólizas de crédito o préstamo siempre que el saldo vivo no supere el 5 % de su presupuesto. La contratación se rige por la normativa del sector público, y sus sociedades y fundaciones deben ajustarse en todo caso a los principios de publicidad y concurrencia.

Artículo 108 sexies. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico financiero

El Consejo Rector elabora y aprueba el anteproyecto de presupuesto, que va al Ministerio de adscripción, después a Hacienda y se incorpora al de los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de gastos es limitativo por su importe global y estimativo en la distribución por categorías económicas, salvo los gastos de personal, que son limitativos y vinculantes por su cuantía total, y las subvenciones nominativas y atenciones protocolarias, limitativas y vinculantes en cualquier nivel. Las variaciones de la cuantía global y las que afecten a personal las autoriza el Ministerio de Hacienda; el resto, la Dirección de la agencia, dando cuenta a la Comisión de Control. Pueden adquirirse compromisos de gasto para hasta cuatro ejercicios posteriores, con límites del 70 %, 60 %, 50 % y 50 %. Las cuentas anuales las formula la Dirección en tres meses desde el cierre, las audita la Intervención General, las aprueba el Consejo Rector antes del 30 de junio y se remiten al Tribunal de Cuentas dentro de los siete meses siguientes al cierre. El control externo es del Tribunal de Cuentas y el interno de la Intervención General.

Artículo 109. Definición

Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Actuarán con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. Cualquiera que sea su denominación, deberá figurar en ella la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.».

Artículo 110. Régimen jurídico

Las autoridades administrativas independientes se rigen por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por esta Ley —en particular por lo dispuesto para los organismos autónomos—, la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Ley General Presupuestaria, la legislación de contratos, la Ley 33/2003 y el resto de normas de derecho administrativo. En defecto de norma administrativa, se aplica el derecho común. Están sujetas al principio de sostenibilidad financiera de la Ley Orgánica 2/2012.

Artículo 111. Definición

Es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal: bien porque la participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o de alguna de las entidades del sector público institucional estatal —incluidas otras sociedades mercantiles estatales— sea superior al 50 por 100, sumando a estos efectos las participaciones de todas ellas cuando participen varias; bien porque la sociedad se encuentre en el supuesto de control del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

Artículo 112. Principios rectores

La Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional, en cuanto titulares del capital social, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de las sociedades mercantiles estatales, y para ello promoverán buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad, conforme a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Artículo 113. Régimen jurídico

Las sociedades mercantiles estatales se rigen por esta Ley, por la Ley 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 114. Creación y extinción

La creación de una sociedad mercantil estatal, o la adquisición sobrevenida de ese carácter, se autoriza por acuerdo del Consejo de Ministros, acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación con: las razones que justifican la creación y la constancia del análisis sobre inexistencia de duplicidades con entidades que actúen sobre el mismo territorio y población; el análisis de eficiencia frente a la creación de un organismo público u otras alternativas; y los objetivos anuales con sus indicadores. Se acompañará informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. El Programa de Actuación Plurianual incluirá un plan de actuación anual que sirve de base al control de eficacia; su falta de aprobación en plazo por causa imputable a la sociedad paraliza las aportaciones con cargo a los Presupuestos. La liquidación recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o entidad del sector público institucional, y la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si hubo dolo, culpa o negligencia grave.

Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administración General del Estado

La responsabilidad que corresponda al empleado público como miembro del consejo de administración de una sociedad mercantil estatal será directamente asumida por la Administración General del Estado que lo designó. Esta podrá exigirle de oficio la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a la legislación de responsabilidad patrimonial.

Artículo 116. Tutela

Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio cuyas competencias guarden relación específica con el objeto social la tutela funcional. En ausencia de atribución expresa, corresponde íntegramente al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de tutela ejerce el control de eficacia, instruye sobre líneas de actuación estratégica, fija prioridades y propone su incorporación a los Presupuestos de Explotación y Capital, previa conformidad financiera de la Dirección General del Patrimonio del Estado o del organismo titular del capital. En casos excepcionales debidamente justificados, el titular del departamento podrá dar instrucciones a la sociedad para que realice determinadas actividades de interés público. Si la instrucción implica variación presupuestaria, el órgano de administración no podrá iniciar su cumplimiento sin autorización del órgano competente. Los administradores que ejecuten diligentemente esas instrucciones quedan exonerados de la responsabilidad del artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital si se derivaran consecuencias lesivas.

Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y de personal

Las sociedades mercantiles estatales elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación integrado en el Programa Plurianual, que se incorporan al Presupuesto General del Estado; el Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación del artículo 85. Formulan y rinden sus cuentas conforme al Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, su gestión económico-financiera está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida siempre la normativa presupuestaria y en especial las Leyes de Presupuestos.

Artículo 118. Definición y actividades propias

Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras prevean las leyes, y pueden utilizarse para la gestión de servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 119. Régimen jurídico

Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en ellos sobre derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se somete al artículo 97 de esta Ley y, en su defecto, a la Ley de Sociedades de Capital. Las normas sobre consorcios locales de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local tienen carácter supletorio respecto de esta Ley.

Artículo 120. Régimen de adscripción

Los estatutos determinarán la Administración a la que el consorcio queda adscrito, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien tenga mayor control por normativa especial; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría del órgano de gobierno; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; quien tenga el mayor porcentaje en el fondo patrimonial; y quien tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, según los fines se orienten a personas o a territorio. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. Todo cambio de adscripción conlleva la modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio siguiente.

Artículo 121. Régimen de personal

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes; su régimen jurídico será el de la Administración de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las de puestos equivalentes en aquella. Excepcionalmente —por la singularidad de las funciones, o cuando tras un anuncio público de convocatoria restringida a las Administraciones consorciadas no fuera posible cubrir el puesto—, el Ministerio competente u órgano equivalente de la Administración de adscripción podrá autorizar la contratación de personal por el consorcio.

Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial

Los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración a la que estén adscritos, sin perjuicio de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Para determinar la financiación de cada Administración consorciada se atiende tanto a los compromisos estatutarios o convencionales como a la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos. El órgano de control interno de la Administración de adscripción deberá auditar las cuentas anuales de los consorcios en que concurran al menos dos de estas tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros; ingresos superiores a 2.400.000 euros; o más de 50 trabajadores de media. La situación debe repetirse dos ejercicios consecutivos para producir efectos. Los consorcios forman parte de los presupuestos y se incluyen en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.

Artículo 123. Creación

Los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos o entidades participantes. Cuando participe la Administración General del Estado o sus organismos, se requiere además: que su creación se autorice por ley; que el convenio cuente con autorización previa del Consejo de Ministros, siendo la competencia para suscribirlo indelegable y correspondiendo al titular del departamento ministerial —o, en organismos autónomos, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe del Ministerio de dependencia—; y que del convenio formen parte los estatutos, un plan de actuación conforme al artículo 92, una proyección presupuestaria trienal y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio y los estatutos, así como sus modificaciones, se publican en el BOE.

Artículo 124. Contenido de los estatutos

Los estatutos determinarán la Administración de adscripción y el régimen orgánico, funcional y financiero, y al menos: la sede, objeto, fines y funciones; la identificación de los participantes y sus aportaciones, incluyendo cláusulas que limiten las actividades del consorcio si alguno incumple sus compromisos de financiación y fórmulas de aseguramiento de las cantidades comprometidas antes de realizar las actividades presupuestadas; los órganos de gobierno y administración, su composición y funcionamiento con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos, pudiendo preverse la suspensión temporal del derecho de voto a quien incumpla manifiestamente sus obligaciones; y las causas de disolución.

Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio

Los miembros de un consorcio podrán separarse en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para su duración. Si el consorcio tiene duración determinada, cualquiera podrá separarse antes del plazo si otro miembro hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias, en particular las que impidan cumplir el fin para el que se creó, como la de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio que sea de los prestados por el consorcio al que pertenece, podrá separarse. El derecho se ejercita mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno, haciendo constar, si el consorcio tuviera duración determinada, el incumplimiento que lo motiva, el requerimiento previo de cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado.

Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio

El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto acuerde su continuidad y sigan permaneciendo al menos dos Administraciones, o entidades vinculadas a más de una Administración. Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación que le habría correspondido en el patrimonio neto de haberse liquidado, con el criterio de reparto de los estatutos; en su defecto, atendiendo al porcentaje de aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año, y si el saliente no estaba obligado a aportar, a su participación en los ingresos recibidos. La separación efectiva se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa. Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, deberá acordarse a cuál de las restantes se adscribe.

Artículo 127. Disolución del consorcio

La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso es causa de disolución que los fines para los que fue creado hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador que será un órgano o entidad de la Administración de adscripción; la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si concurrió dolo, culpa o negligencia graves. El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro conforme a los estatutos y, en su defecto, según su participación en el patrimonio neto, atendiendo a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año. Las entidades consorciadas podrán acordar —con la mayoría estatutaria o, a falta de previsión, por unanimidad— la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público para mantener la continuidad de la actividad, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Artículo 128. Definición y actividades propias

Son fundaciones del sector público estatal las que reúnan alguno de estos requisitos: constituirse con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o del sector público institucional estatal, o recibirla después; que su patrimonio esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por ellos; o que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a sus representantes. Sus actividades propias son las realizadas sin ánimo de lucro para fines de interés general, se presten gratuitamente o mediante contraprestación, y únicamente pueden versar sobre el ámbito competencial de las entidades fundadoras, coadyuvando a sus fines sin asumir sus competencias propias salvo previsión legal expresa. No podrán ejercer potestades públicas. En su denominación figurará «fundación del sector público» o «F.S.P.», y podrá existir aportación privada de forma no mayoritaria.

Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones

Los estatutos determinarán la Administración de adscripción, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos al primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de mayoría de patronos; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien pueda hacerlo con la mayoría del patronato; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; y quien tenga el mayor porcentaje del fondo patrimonial. Si nada de eso resulta determinante, se adscribe a la Administración General del Estado y, si esta no participa, a la que decida su patronato. El cambio de adscripción conlleva modificar los estatutos en un plazo no superior a tres meses desde el inicio del ejercicio siguiente. Quedan sujetas al régimen presupuestario, económico-financiero y de control de la Administración de adscripción.

Artículo 130. Régimen jurídico

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por esta Ley, la Ley 50/2002 de Fundaciones, la legislación autonómica aplicable en materia de fundaciones y el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público.

Artículo 131. Régimen de contratación

La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal

Las fundaciones del sector público estatal elaboran anualmente un presupuesto de explotación y capital que se integra en el Presupuesto General del Estado, y formulan sus cuentas conforme a la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a la normativa de fundaciones. Aplican el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la Ley 47/2003 y, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, están sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado. Su personal, incluido el directivo, se rige por el Derecho laboral y por las normas derivadas de su adscripción al sector público estatal, incluida la normativa presupuestaria y las Leyes de Presupuestos.

Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal

La creación de las fundaciones del sector público estatal, o la adquisición de ese carácter de forma sobrevenida, se realiza por ley, que establecerá sus fines y, en su caso, los recursos económicos con que se la dota. El anteproyecto que se eleve al Consejo de Ministros deberá acompañarse de una propuesta de estatutos, del plan de actuación del artículo 92 y del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda o de la Intervención General. Los estatutos se aprueban por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y del que ejerza el protectorado. Por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio de adscripción inicial.

Artículo 134. Protectorado

El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia, y velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua a que están sometidas conforme a esta Ley.

Artículo 135. Estructura organizativa

En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. La responsabilidad del empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción

A las fundaciones del sector público estatal les resulta de aplicación el régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artículos 94, 96 y 97 de esta Ley.

Artículo 137. Creación y extinción

La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal se efectúa por Ley, y la norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado. Con independencia de su creación por Ley, se extinguirán por norma de rango reglamentario. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».

Artículo 138. Régimen jurídico

Los fondos carentes de personalidad jurídica se rigen por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creación y en el resto de normas de derecho administrativo general y especial que les sean de aplicación.

Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control económico-financiero

Los fondos carentes de personalidad jurídica están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Artículo 1

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid y goza de los honores que según la tradición le corresponden.

Artículo 2

El Consejo vela por la Constitución y el ordenamiento; valora oportunidad y conveniencia si lo exige el asunto o lo pide la autoridad consultante. Dictamina lo que le consulten el Gobierno o sus miembros. Consulta preceptiva si una ley lo establece, facultativa en lo demás; dictámenes no vinculantes salvo que la ley disponga lo contrario. Lo dictaminado por el Pleno no va a ningún otro órgano; lo de la Comisión Permanente, solo al Pleno. Si el Ministro disiente en consulta preceptiva, resuelve el Consejo de Ministros. Fórmulas: «de acuerdo con» u «oído» el Consejo de Estado.

Artículo 3

El Consejo de Estado actúa en tres formaciones: en Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios. Además, también podrá actuar en secciones, con arreglo a lo que disponga su Reglamento orgánico.

Artículo 4

Integran el Consejo de Estado en Pleno: el Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos y el Secretario general. El Presidente y los demás Miembros del Gobierno pueden asistir a las sesiones del Pleno e informar en él cuando lo consideren conveniente.

Artículo 5

La Comisión Permanente la componen el Presidente, los Consejeros permanentes y el Secretario general. La Comisión de Estudios la preside el Presidente del Consejo y la integran dos Consejeros permanentes, dos natos y dos electivos (designados por el Pleno a propuesta del Presidente) y el Secretario General, por el plazo que fije el reglamento orgánico, renovable. La asiste al menos un Letrado Mayor y los Letrados necesarios, y puede recabar funcionarios de otros cuerpos.

Artículo 6

El Presidente del Consejo de Estado es nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. En vacantes, ausencias y enfermedades le sustituye el Consejero permanente a quien corresponda según el orden de las Secciones.

Artículo 7

Los Consejeros Permanentes son tantos como Secciones tiene el Consejo y se nombran sin límite de tiempo por Real Decreto entre quienes estén o hayan estado en alguna de diez categorías: Ministro, Presidente o miembro de Consejos Ejecutivos autonómicos, Consejero de Estado, miembros de consultivos autonómicos, Letrado Mayor, Académico de número, Profesor numerario con quince años, Oficial general de Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas, funcionarios con quince años en cuerpos de título universitario y ex Gobernadores del Banco de España. Cada sexo, al menos el cuarenta por ciento.

Artículo 8

Quienes hayan sido Presidente del Gobierno son Consejeros natos con carácter vitalicio y pueden manifestar en cualquier momento al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse; forman parte del Pleno y su estatuto es el de los Consejeros permanentes. Son también Consejeros natos, entre otros, el Director de la RAE, el Presidente del Consejo Económico y Social, el Fiscal General del Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Gobernador del Banco de España.

Artículo 9

Hay diez Consejeros electivos, nombrados por Real Decreto por cuatro años entre quienes hayan sido, entre otros, Diputado o Senador, Magistrado del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Ministro o Secretario de Estado, Embajador de carrera, Alcalde de capital de provincia o Rector. De los diez, dos deben haber sido Presidente del Consejo Ejecutivo de Comunidad Autónoma al menos ocho años, y su mandato es de ocho años. Cada sexo, al menos el cuarenta por ciento.

Artículo 10

El Secretario general del Consejo de Estado se nombra por Real Decreto entre los Letrados Mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno. Asiste con voz pero sin voto a las sesiones del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios.

Artículo 11

Los Consejeros Permanentes son inamovibles. Los natos conservan su condición mientras ostenten el cargo que la determinó. Permanentes y electivos (estos durante su mandato) solo cesan por renuncia o por delito, incapacidad permanente o incumplimiento de su función, apreciada en Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del interesado e informe favorable del Pleno. El Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión Permanente, puede designar Consejeros para cometidos especiales.

Artículo 12

El Presidente y los Consejeros permanentes tienen las incompatibilidades generales de los altos cargos de la Administración del Estado, y sus cargos son además incompatibles con los mandatos de Diputado, Senador o miembro de una Asamblea autonómica. Tres Consejeros Permanentes, designados cada año por el Pleno a propuesta de la Comisión Permanente, se integran en el Tribunal de Conflictos previsto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 6/1985.

Artículo 13

El Consejo tiene ocho Secciones como mínimo; su número puede ampliarse reglamentariamente, a propuesta de la Comisión Permanente, cuando el volumen de consultas lo exija. Cada Sección: un Consejero permanente que la preside, un Letrado Mayor y los Letrados necesarios. La adscripción del Consejero permanente se fija en su Real Decreto de nombramiento. El Presidente, oída la Comisión Permanente, puede crear ponencias especiales; oída la Comisión de Estudios, puede encargar estudios y crear grupos de trabajo.

Artículo 14

Los Letrados del Consejo de Estado estudian, preparan y redactan los proyectos de dictamen de los asuntos sometidos a consulta, y ejercen las demás funciones adecuadas a su carácter que fije el reglamento. El Presidente del Consejo, a petición del Gobierno, puede designar individualmente a un Letrado para cometidos especiales y comisiones de estudio sobre cuestiones de singular relevancia o interés público, si son adecuadas a su formación.

Artículo 15

Las plazas vacantes del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado se cubren por oposición entre Licenciados en Derecho. El ascenso a Letrado Mayor se hace entre Letrados por riguroso orden de antigüedad en el Cuerpo. Los Letrados tienen las incompatibilidades generales de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, salvo las funciones docentes, compatibles si no perjudican al buen servicio del Consejo y siempre con autorización previa del Presidente.

Artículo 15 bis

La selección y la provisión de todos los puestos de trabajo del Consejo de Estado, no solo los de Letrado, deben realizarse teniendo en especial consideración dos principios: el mérito y la capacidad. El artículo no añade otros principios ni distingue entre clases de puestos: la regla alcanza a todos ellos.

Artículo 16

Para deliberar y acordar, el Pleno y la Comisión Permanente necesitan la presencia del Presidente (o quien haga sus veces), de al menos la mitad de sus Consejeros y del Secretario general (o su sustituto). Presidente y Consejeros deben inhibirse en asuntos en que intervinieron o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración participaron ellos o familiares hasta el segundo grado civil. Acuerdos por mayoría absoluta de votos de los asistentes; empate: voto de calidad del que presida. Cabe voto particular por escrito en el plazo reglamentario.

Artículo 17

En los asuntos del Pleno, la ponencia corresponde a la Comisión Permanente o a la Comisión de Estudios, según sus competencias. Las Secciones preparan el despacho de los asuntos de la Comisión Permanente. El reparto de asuntos entre las Secciones, por ministerio de procedencia o por naturaleza, lo fija una resolución del Presidente del Consejo de Estado a propuesta de la Comisión Permanente. La Comisión de Estudios actúa según lo que disponga el reglamento orgánico.

Artículo 18

Los directamente interesados pueden ser oídos ante el Consejo; la audiencia la acuerda el Presidente, a petición de ellos o de oficio, y se concede en todo caso cuando una Comunidad Autónoma esté directamente interesada y así lo manifieste. Pueden ser invitados a informar, por escrito o de palabra, organismos o personas de notoria competencia técnica. El Consejo, por conducto de su Presidente y a propuesta del Pleno, Comisión Permanente o Sección, puede pedir al órgano consultante que complete el expediente.

Artículo 19

Si la orden de remisión del expediente hace constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo para despacharlo es de quince días, salvo que el Gobierno o su Presidente fijen uno inferior. Si el plazo fijado es inferior a diez días, despacha la consulta la Comisión Permanente aunque sea competencia del Pleno, y el Gobierno puede después requerir el dictamen del Pleno.

Artículo 20

El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, puede elevar al Gobierno las propuestas que juzgue oportunas sobre cualquier asunto que le sugieran la práctica y experiencia de sus funciones. Además, el Pleno eleva anualmente al Gobierno una memoria con la actividad del período anterior, las observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos que resulten de los asuntos consultados y sugerencias de disposiciones generales y medidas para mejorar la Administración.

Artículo 21

El Pleno debe ser consultado en: anteproyectos de reforma constitucional no elaborados por el propio Consejo; anteproyectos de leyes de ejecución de tratados y derecho comunitario; proyectos de Decretos legislativos; dudas sobre tratados en que España sea parte; actos de organizaciones internacionales; protección diplomática y controversias internacionales; normas sobre organización o funcionamiento del Consejo; transacciones y arbitrajes sobre derechos de la Hacienda Pública; separación de Consejeros permanentes; asuntos de Estado de especial trascendencia; y lo que una Ley le reserve.

Artículo 22

La Comisión Permanente debe ser consultada, entre otros asuntos, en: necesidad de autorización de las Cortes para tratados; reglamentos de ejecución de tratados, derecho comunitario o Leyes; anteproyectos de Ley Orgánica de transferencias o delegación a Comunidades Autónomas; impugnación de actos autonómicos ante el Constitucional; conflictos de atribuciones entre Ministerios; recursos de revisión; revisión de oficio; contratos y concesiones con oposición; indemnizaciones por daños; créditos extraordinarios; y todo asunto en que una Ley exija consultar al Consejo sin decir que sea al Pleno.

Artículo 23

La Comisión de Estudios ordena, dirige y supervisa los estudios, informes o memorias que encarga el Gobierno y, al terminarlos, juzga si son suficientes y adecuados al encargo. También elabora las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno encomiende al Consejo y las somete al Pleno, que se pronuncia por mayoría simple. Los discrepantes pueden formular votos particulares en el plazo reglamentario, que se remiten al Gobierno con el texto aprobado.

Artículo 24

Las comunidades autónomas pueden pedir dictamen al Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, por conducto de sus Presidentes, en los asuntos en que lo estimen conveniente por su especial competencia o experiencia. Para las comunidades sin órgano consultivo propio el dictamen es preceptivo en los mismos casos que la ley orgánica prevé para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspondientes.

Artículo 25

El Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que la consulta no sea obligatoria si el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estima conveniente. Además, el Pleno dictamina asuntos que corresponden a la Comisión Permanente cuando lo solicite el Presidente del Gobierno o lo acuerde el Presidente del Consejo.

Artículo 26

El Presidente del Consejo de Estado fija el orden del día del Pleno, de la Comisión Permanente y de la Comisión de Estudios y preside sus sesiones; ostenta la jefatura de todas las dependencias y la representación del Consejo. De conformidad con la Comisión Permanente, desarrolla la estructura presupuestaria del Consejo. Aprueba los gastos de sus servicios, autoriza su compromiso y liquidación e interesa del Ministro de Hacienda la ordenación de los pagos.

Artículo 27

Concepto de Derecho administrativo y su ubicación en el ordenamiento

El DPEJ define el Derecho administrativo como la rama que estudia la organización y funcionamiento de las Administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, su sistema normativo y sus garantías jurisdiccionales. Quadra-Salcedo y Vida lo ven desde dos perspectivas: subjetiva (Derecho de las Administraciones Públicas) y objetiva (Derecho que ordena la administración del poder). Su objeto es la Administración como organización y como actividad. Pertenece al Derecho público, enmarcado por el constitucional, y se distingue del privado y del penal.

Definiciones doctrinales y origen del Derecho administrativo

Definiciones doctrinales: García de Enterría, Derecho propio de las Administraciones públicas en cuanto personas; Villar Palasí, Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración pública, definición que adoptan Quadra-Salcedo y Vida; Giannini, rama particular de la normativa pública; Alessi, normas que regulan la función administrativa del Estado. El término parece emplearlo primero Romagnosi en 1814. El Derecho administrativo es en buena medida producto de la Revolución francesa. Primeras obras españolas: Oliván (1842), Posada Herrera y Ortiz de Zúñiga (1843) y Colmeiro (1850).

Un Derecho propio y peculiar: legalidad frente a autonomía de la voluntad

Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es propio y además peculiar, porque sus principios están «en las antípodas» de los del civil. El civil se inspira en la autonomía de la voluntad; el administrativo, en el principio de legalidad: la Administración solo puede hacer lo que le permite la ley. Vinculación negativa (ciudadanos): «está permitido todo lo que no está prohibido». Vinculación positiva (Administración): «está prohibido lo que no está permitido». La STC 42/2014 acoge la vinculación positiva.

La autonomía del Derecho administrativo y el Derecho común de la Administración

Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es autónomo: ante una laguna no se acude en principio a otra rama, como el civil, sino que se auto-integra con instituciones análogas del ordenamiento administrativo o con sus principios; solo excepcionalmente entra otra rama como supletoria. No es el único Derecho que se aplica a la Administración (también el privado o el laboral), pero sí su Derecho común cuando ejerce funciones públicas; y lo aplican también las Cortes o el Tribunal Constitucional en tareas materialmente administrativas.

Cuándo se aplica el Derecho administrativo: el sujeto y la función

Ordenando la lección de Quadra-Salcedo y Vida caben dos criterios (los rótulos no son suyos): el del sujeto, porque es el Derecho propio de la Administración Pública, y el de la función, porque se le aplica siempre que ejerce funciones públicas. No hay definición legal de Administración: las Leyes 39/2015 y 40/2015 enumeran la AGE, las autonómicas, las locales y los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. Las corporaciones de Derecho público se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015.

Sometimiento de la Administración al Derecho privado y «huida del Derecho administrativo»

Según Quadra-Salcedo y Vida, la Administración a veces actúa sometida al Derecho privado o al laboral (alquiler de un local, personal laboral). Lo más extremo son las entidades de Derecho privado «en mano pública», que en principio no ejercen potestades públicas y a las que se aplican normas administrativas de contratación, presupuesto, contabilidad y control. El DPEJ define la «huida del derecho administrativo»: su primer patrocinador fue M. Clavero, y el informe Abril (1991) culpó al Derecho administrativo de la crisis de los servicios sanitarios.

Rule of law y régimen administrativo según la crónica de Entrena Cuesta (1958)

En una crónica de 1958, Rafael Entrena Cuesta señala como estudios clásicos sobre «régimen administrativo» y «rule of law» los de Dicey y Hauriou, que ven como nota diferenciadora la ausencia en Inglaterra de tribunales administrativos. Entrena sostiene que esas ideas están en crisis, con dos monografías inglesas: la de Hamson (1954), que considera superior el recurso por desviación de poder al ultra vires, y la de Allen (1956); ambas defienden la superioridad del sistema francés. Para Entrena, la dualidad de jurisdicciones no es consustancial al Derecho administrativo.

Formas de sometimiento de la Administración al Derecho según el esquema de Prieto (ULL)

El esquema de Luis F. Prieto González (Universidad de La Laguna) distingue la sumisión total al Derecho común (rule of law, de la Gran Revolución de 1688) y la sumisión a un Derecho especial (régime administratif, de la Revolución francesa de 1789). Dicey asocia el rule of law a la igualdad ante la ley ordinaria y a tribunales ordinarios; Hauriou, además, a la descentralización. Condiciones objetivas de la universalidad: división de poderes, sometimiento a la ley y control judicial; subjetivas: servicio de los intereses generales y garantía de los derechos fundamentales.

El ordenamiento jurídico-administrativo y el concepto de fuentes del Derecho

Para Antonio Fortes Martín, el ordenamiento es un sistema, no un agregado de normas. El jurídico-administrativo tiene rasgos propios: la Administración está sometida a la ley pero crea normas; hay múltiples centros con capacidad normativa; muchas funciones y muchas normas; contingencia y variabilidad («legislación motorizada», de Carl Schmitt); y derogaciones tácitas. El DPEJ recuerda que el Código Civil (art. 1.1) cita la ley, la costumbre y los principios generales. Fortes considera el reglamento el producto normativo prototípico del Derecho administrativo.

La Constitución como fuente y el principio de jerarquía normativa

Para Fortes Martín, la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE), es la «norma de normas» y obliga a interpretar el ordenamiento conforme a ella. El DPEJ define la jerarquía normativa como la superioridad de rango de unas normas sobre otras (art. 9.3 CE); los reglamentos que vulneran normas superiores son nulos de pleno derecho. Entre ley estatal y autonómica no rige la jerarquía sino el criterio material de la competencia, aunque por la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) la estatal prevalece en lo no atribuido a la comunidad.

La ley: concepto, clases y reserva de ley

El DPEJ define la ley como norma del Parlamento, aprobada con ese nombre por el procedimiento legislativo, inferior a la Constitución y superior a las demás normas. Fortes Martín distingue leyes orgánicas (materias del art. 81.1 CE, mayoría absoluta del Congreso) y ordinarias, además de las del art. 150 CE y la legislación básica, distinta de las leyes de bases. Reserva de ley material: ciertas materias deben regularse por ley. Formal: regulada una materia por ley, su rango se «congela» y solo otra ley puede modificarla.

Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos-leyes

Fortes Martín llama disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley a los decretos legislativos y los decretos-leyes. Los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes: por ley ordinaria para un texto refundido y por ley de bases para un texto articulado; solo en el Gobierno, sin subdelegación, no en materia orgánica, expresa, para materia concreta y con plazo. Los decretos-leyes exigen «extraordinaria y urgente necesidad», tienen materias vedadas y se convalidan o derogan en treinta días.

El reglamento: concepto, formas y clases

El DPEJ define el reglamento como disposición general de categoría inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados. Para Fortes Martín es el producto normativo prototípico del Derecho administrativo; se distingue de las normas con fuerza de ley y del acto administrativo. Su forma depende del ente: reales decretos y órdenes ministeriales en la AGE, decretos y órdenes en las comunidades, ordenanzas en los municipios. Clases: ejecutivos (secundum legem), independientes (extra legem, solo en materias organizativas internas) y de necesidad (contra legem).

Otras fuentes: Derecho de la Unión, tratados, principios generales, jurisprudencia, costumbre y precedente

Fortes Martín enumera otras fuentes: el Derecho de la Unión (aplicabilidad directa, efecto directo y primacía), los tratados (art. 96 CE), los principios generales (supletorios e informadores, art. 1.4 CC), la jurisprudencia (complemento, art. 1.6 CC), la costumbre (en defecto de ley y probada) y el precedente administrativo: vinculación de la Administración a sus actos propios, sucesivos y reiterados en una misma dirección (art. 35.1.c Ley 39/2015). F. de Castro atribuyó a los principios generales una triple función.

Concepto de Administración pública

El DPEJ define la Administración pública como el conjunto de órganos y entidades que sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando servicios públicos. Para Quadra-Salcedo y Vida no hay definición legal y lo fundamental es la personalidad jurídica. Coordenada horizontal: se encuadra en el Poder Ejecutivo, junto al Gobierno, como su brazo ejecutor. Coordenada vertical: hay una pluralidad de Administraciones en cada nivel territorial (art. 137 CE). Consume en torno al 40 % del PIB.

Tipología de las Administraciones: territoriales e instrumentales

Quadra-Salcedo y Vida distinguen Administraciones territoriales e instrumentales. Las territoriales son completas, sin fin predeterminado y con todas las potestades: la AGE, diecisiete autonómicas y una por cada municipio (8.124), provincia (43, sin las comunidades uniprovinciales) e isla (8). Las instrumentales dependen de una territorial (salvo las independientes), tienen fines concretos y carecen de algunas potestades, siempre de la expropiatoria. Empresas y fundaciones públicas no son Administración, aunque integran el sector público institucional.

La Administración corporativa y los colegios profesionales

El DPEJ define la Administración corporativa como la formada por entes asociativos de base privada regulados por normas de Derecho público que les asignan funciones públicas (art. 36 CE). Quadra-Salcedo y Vida la fundan en el art. 52 CE. Los colegios profesionales son autoadministración: en funciones de interés general se rigen por el Derecho administrativo; en las de interés privado de sus colegiados, por el privado. La Ley 2/1974 los define como corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad.

Otras corporaciones de Derecho público y entes afines

Quadra-Salcedo y Vida citan como corporaciones de Derecho público las Cámaras de Comercio, las Comunidades de Usuarios del Agua y las Cofradías de Pescadores; la ONCE es corporación de carácter social bajo tutela del Estado. La Constitución recoge tres fórmulas asociativas profesionales: sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), colegios (art. 36) y otras organizaciones profesionales (art. 52). Según la STC 132/1989, el pacto asociativo se sustituye por un acto de creación estatal. El DPEJ da a la comunidad de regantes tres órganos: junta general, junta de gobierno y jurados.

Artículo 1

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Sus fines esenciales son: ordenar el ejercicio de las profesiones; representarlas institucionalmente en exclusiva cuando estén sujetas a colegiación obligatoria; defender los intereses profesionales de los colegiados; y proteger los intereses de los consumidores y usuarios de sus servicios, sin perjuicio de la competencia de la Administración por razón de la relación funcionarial.

Artículo 2

Estado y Comunidades Autónomas garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas, que se realiza en libre competencia: oferta de servicios y remuneración, sujetas a las Leyes de Defensa de la Competencia y de Competencia Desleal. Los Consejos Generales y, en su caso, los Colegios nacionales informan preceptivamente los proyectos normativos sobre condiciones de las profesiones. Los Colegios se relacionan con la Administración por el Departamento ministerial competente. La exclusividad o los límites al ejercicio conjunto, solo por ley; y no cabe restringir el ejercicio en forma societaria.

Artículo 3. Colegiación

Quien tenga la titulación y cumpla los requisitos estatutarios tiene derecho a ser admitido en el Colegio. La colegiación es requisito para ejercer solo cuando lo establezca una ley estatal, y la cuota de inscripción no puede superar los costes de tramitación. Con colegios territoriales basta incorporarse a uno solo, el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en toda España, sin que se exija comunicación, habilitación ni pagos distintos de los habituales.

Artículo 4

Los Colegios se crean por Ley, a petición de los profesionales interesados. Su fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución los promueven los propios Colegios según sus Estatutos y requieren aprobación por Decreto, previa audiencia de los demás Colegios afectados. En el ámbito territorial de un Colegio no puede constituirse otro de la misma profesión. Si hay varios Colegios de ámbito inferior al nacional, existe un Consejo General. Se prohíben denominaciones coincidentes, similares o engañosas. La personalidad jurídica se adquiere al constituirse los órganos de gobierno.

Artículo 5

Enumera las funciones de los Colegios en su ámbito territorial: proteger a consumidores y usuarios, colaborar con la Administración, representar y defender la profesión con legitimación en litigios, facilitar peritos a los Tribunales, ordenar la actividad profesional y ejercer la facultad disciplinaria, evitar el intrusismo y la competencia desleal, conciliar, arbitrar y resolver por laudo, informar en procedimientos sobre honorarios, cobrar honorarios si el colegiado lo pide libre y expresamente, visar trabajos y fomentar la igualdad.

Artículo 6

Los Colegios se rigen, sin perjuicio de las Leyes de cada profesión, por sus Estatutos y Reglamentos de Régimen Interior. Los Consejos Generales elaboran, oídos los Colegios, unos Estatutos generales que aprueba el Gobierno a través del Ministerio competente; igual, los de los Colegios nacionales. Los Estatutos generales regulan doce materias (colegiación, derechos y deberes, órganos de gobierno, voto, elecciones, régimen económico, disciplina, actas, honorarios…). Los estatutos particulares los aprueba necesariamente el Consejo General. Modificarlos exige los mismos requisitos que aprobarlos.

Artículo 7

Presidentes, Decanos, Síndicos o similares deben estar en ejercicio de la profesión; los demás cargos también, salvo que los Estatutos reserven alguno a no ejercientes. Los Estatutos generales pueden fijar incompatibilidades para los cargos de las Juntas de Gobierno. Las elecciones siguen la libre e igual participación, aunque los Estatutos pueden dar hasta doble valoración al voto de los ejercientes. El voto es personal o por correo. Presidentes, Decanos, Síndicos y similares asumen la representación legal. La constitución de los órganos de gobierno se comunica al Ministerio en cinco días.

Artículo 8

Los actos de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales sujetos al Derecho Administrativo, agotados los recursos corporativos, son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Son nulos de pleno derecho los manifiestamente contrarios a la Ley, los de notoria incompetencia, los de contenido imposible o constitutivos de delito y los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Los demás que infrinjan el ordenamiento, incluso por desviación de poder, son anulables.

Artículo 9

Los Consejos Generales son Corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Entre sus funciones: elaborar los Estatutos generales, aprobar los Estatutos de los Colegios, dirimir conflictos y resolver recursos contra sus actos, ejercer la disciplina sobre las Juntas de Gobierno e informar preceptivamente la reforma de la legislación colegial. Si quedan vacantes más de la mitad de los cargos de una Junta de Gobierno, pueden completarla provisionalmente con los colegiados más antiguos. Su Presidente lo eligen todos los Presidentes, Decanos o Síndicos.

Artículo 10. Ventanilla única

Las organizaciones colegiales deben tener una página web con ventanilla única para que los profesionales hagan por vía electrónica, a distancia y de forma gratuita todos los trámites de colegiación, ejercicio y baja. A los consumidores deben ofrecer, de forma clara, inequívoca y gratuita, el Registro de colegiados (nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales, domicilio profesional y situación de habilitación), el registro de sociedades profesionales, las vías de reclamación, los datos de asociaciones de consumidores y los códigos deontológicos.

Artículo 11. Memoria Anual

Las organizaciones colegiales están sujetas al principio de transparencia y deben elaborar una Memoria Anual con, al menos: gestión económica y retribuciones de la Junta de Gobierno, miembros de la Junta desglosados por sexo (explicando por qué si las mujeres no llegan al cuarenta por ciento), cuotas, datos de procedimientos sancionadores, quejas y reclamaciones, cambios en los códigos deontológicos, incompatibilidades, visado e igualdad. La Memoria se publica en la web en el primer semestre de cada año.

Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados y a los consumidores o usuarios

Los Colegios deben atender las quejas de sus colegiados y contar con un servicio de atención a consumidores o usuarios que tramite y resuelva sus quejas sobre la actividad colegial o profesional, presentadas por ellos o por sus asociaciones. El servicio puede informar sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, remitir el expediente a los órganos competentes para expedientes informativos o disciplinarios, archivar o adoptar otra decisión conforme a derecho. Debe admitirse la presentación por vía electrónica y a distancia.

Artículo 13. Visado

Los Colegios de profesiones técnicas solo visan trabajos a petición expresa del cliente (incluidas las Administraciones) o cuando lo establezca el Gobierno por Real Decreto, previa consulta a los colegiados, si hay causalidad directa con la integridad física y seguridad de las personas y el visado es el control más proporcionado. Los Colegios nunca pueden imponerlo. El visado comprueba identidad y habilitación del autor y corrección formal de la documentación, no honorarios ni control técnico. El Colegio responde subsidiariamente de ciertos daños.

Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales tienen prohibido establecer baremos orientativos o cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales. La única salvedad es la que recoge la Disposición adicional cuarta de la propia Ley.

Artículo 15. Igualdad de trato y no discriminación

El acceso y ejercicio de las profesiones colegiadas se rige por la igualdad de trato y no discriminación por sexo, origen, religión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual y otras circunstancias. En Juntas de Gobierno y órganos asimilados de Consejos Generales y Colegios, el sexo menos representado debe ocupar como mínimo el cuarenta por ciento de los puestos, salvo razones objetivas y fundadas y siempre que se adopten medidas. Los Consejos Generales nombran una persona responsable de la coordinación en materia de igualdad.