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El Derecho administrativo y sus fuentes
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Crear cuenta gratisResumen
El DPEJ define el Derecho administrativo como la rama que estudia la organización y funcionamiento de las Administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, su sistema normativo y sus garantías jurisdiccionales. Quadra-Salcedo y Vida lo ven desde dos perspectivas: subjetiva (Derecho de las Administraciones Públicas) y objetiva (Derecho que ordena la administración del poder). Su objeto es la Administración como organización y como actividad. Pertenece al Derecho público, enmarcado por el constitucional, y se distingue del privado y del penal.
Explicación sencilla
Sirve para delimitar qué estudia el Derecho administrativo y dónde se ubica dentro del ordenamiento: frente al Derecho privado, centrado en el interés particular, y al penal, limitado al poder punitivo del Estado.
Regla mnemotécnica
Subjetiva mira al sujeto (las Administraciones Públicas); objetiva mira al objeto (la administración del poder).
⚠️ Truco / trampa típica
Intercambiar las dos perspectivas: la subjetiva lo define como el Derecho de las Administraciones Públicas y la objetiva, como el Derecho que ordena la administración del poder.
El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) define el derecho administrativo como la «rama del derecho que estudia la organización y funcionamiento de las administraciones públicas, sus relaciones con los ciudadanos, así como el sistema normativo que las rige y las garantías jurisdiccionales correspondientes». Quadra-Salcedo y Vida (OCW de la Universidad Carlos III) parten de esa definición y caracterizan el Derecho administrativo desde dos perspectivas: - Subjetiva: es el Derecho de las Administraciones Públicas, que ejercen la función ejecutiva dentro del Estado. - Objetiva: es el Derecho que ordena la administración del poder. Para estos autores, la Administración Pública es el sujeto que caracteriza al Derecho administrativo. Distinguen la Administración (en mayúscula), institución individualizada dentro de la organización estatal, de la administración (en minúscula), su actividad propia de administrar; ambas dimensiones, organización y actividad, son el objeto del Derecho administrativo. En cuanto a su ubicación, el Derecho administrativo se distingue del Derecho privado (civil, mercantil), referido esencialmente a las relaciones individuales y al interés particular, y del Derecho penal, en el que el Estado ejerce el poder en su máxima expresión, pero solo como poder punitivo. Se sitúa dentro del Derecho público, enmarcado por el Derecho constitucional, del que se suele decir que lo concreta o materializa, y acompañado por el Derecho financiero y tributario y el Derecho de la Seguridad Social, formas de Derecho público surgidas del Derecho administrativo y con sustantividad propia. (Diccionario panhispánico del español jurídico, RAE y CGPJ, lema «derecho administrativo», consulta de 10-10-2026; T. de la Quadra-Salcedo y J. Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, OCW Universidad Carlos III de Madrid, 2025, §§ 1 y 8, págs. 1-2 y 11-12.)
Contrastada con: dpej.rae.es · ocw.uc3m.es
Resumen
Definiciones doctrinales: García de Enterría, Derecho propio de las Administraciones públicas en cuanto personas; Villar Palasí, Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración pública, definición que adoptan Quadra-Salcedo y Vida; Giannini, rama particular de la normativa pública; Alessi, normas que regulan la función administrativa del Estado. El término parece emplearlo primero Romagnosi en 1814. El Derecho administrativo es en buena medida producto de la Revolución francesa. Primeras obras españolas: Oliván (1842), Posada Herrera y Ortiz de Zúñiga (1843) y Colmeiro (1850).
Explicación sencilla
Permite atribuir cada definición clásica a su autor, algo que el tribunal suele preguntar, y situar el nacimiento del Derecho administrativo a comienzos del siglo XIX y sus primeras exposiciones sistemáticas en España.
Regla mnemotécnica
Romagnosi, 1814: el Derecho administrativo nace con nombre italiano dos años después de la Constitución de Cádiz (1812).
⚠️ Truco / trampa típica
Atribuir a García de Enterría la definición que adopta la lección, «el Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración Pública»: la toman de Villar Palasí.
La lección 1 de Instituciones Básicas del Derecho Administrativo (UC3M) recoge varias definiciones doctrinales que, en lo sustancial, coinciden: - García de Enterría: el Derecho propio y específico de las Administraciones públicas en cuanto personas (definición ligada a su tesis sobre la naturaleza estatutaria del Derecho administrativo). - Villar Palasí: el Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración pública en su organización y actividad. - Giannini: la rama particular de la normativa pública, con un contenido propio y típico, para regular la actividad específica de la Administración pública. - Alessi: el conjunto de normas que tienen por objeto la regulación de la función administrativa del Estado. Los autores de la lección adoptan, tomándola de Villar Palasí, esta definición: «el Derecho propio, peculiar y autónomo de la Administración Pública». Según la misma lección, el Derecho administrativo no se identifica como tal hasta comienzos del siglo XIX; parece que fue Romagnosi quien primero empleó el término, en 1814, en su obra «Instituzione di Diritto Amministrativo». La Administración contemporánea y el Derecho administrativo son en buena medida un producto de la Revolución francesa, sin perjuicio de la tradición de los países anglosajones, que siguieron una vía diferente. En España, la Constitución de Cádiz de 1812 incorporó en buena medida los postulados ilustrados. El DPEJ señala que las primeras exposiciones sistemáticas en España se producen en la primera mitad del siglo XIX: las Ideas de Administración de J. de Burgos; De la Administración Pública en relación a España, de A. Oliván (1842); las Lecciones de administración de José de Posada Herrera y los Elementos de derecho administrativo de Manuel Ortiz de Zúñiga, publicados en 1843; y el Derecho administrativo español de Colmeiro (1850). (T. de la Quadra-Salcedo y J. Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, OCW UC3M, 2025, §§ 11, 14, 15 y 18, págs. 14 y 16-21; Diccionario panhispánico del español jurídico, lema «derecho administrativo».)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · dpej.rae.es
Resumen
Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es propio y además peculiar, porque sus principios están «en las antípodas» de los del civil. El civil se inspira en la autonomía de la voluntad; el administrativo, en el : la Administración solo puede hacer lo que le permite la ley. Vinculación negativa (ciudadanos): «está permitido todo lo que no está prohibido». Vinculación positiva (Administración): «está prohibido lo que no está permitido». La STC 42/2014 acoge la vinculación positiva.
Explicación sencilla
Es la diferencia de fondo entre la posición del ciudadano y la de la Administración ante la ley: el particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe, mientras la Administración necesita una habilitación legal para actuar.
Regla mnemotécnica
Positiva: la Administración necesita un «sí» de la ley. Negativa: al ciudadano le basta con que no haya un «no».
⚠️ Truco / trampa típica
Asignar al revés las máximas: la vinculación positiva (Administración) es «está prohibido lo que no está permitido» y la negativa (ciudadanos), «está permitido todo lo que no está prohibido».
Según Quadra-Salcedo y Vida (UC3M), el Derecho administrativo es un Derecho propio de la Administración, como el mercantil lo fue históricamente de los comerciantes o los Derechos forales lo son de ciertos territorios. Pero, a diferencia de esos Derechos particulares, responde a principios esenciales distintos de los del Derecho civil, «en las antípodas»; por eso no es solo distinto, sino peculiar: - El principio inspirador del Derecho civil es la libertad o el respeto a la autonomía de la voluntad: las personas pueden hacer lo que quieran, con el límite de la ley, la moral, el orden público y los derechos de los demás. - El principio inspirador del Derecho administrativo es el principio de legalidad: la Administración solo puede hacer lo que le permite la ley, y siempre al servicio de los intereses generales. Junto a él sitúan otros, como la ejecutividad de los actos o autotutela. La lección 3 lo explica como dos formas de vinculación al Derecho: - Vinculación negativa (ciudadanos): la ley es un límite externo a su libertad; máxima «está permitido todo lo que no está prohibido» (permissum videtur in omne, quod non prohibitum). - Vinculación positiva (Administración): el Derecho es el fundamento mismo de su actuar; máxima «está prohibido lo que no está permitido» (quae non sunt permissae prohibita intelliguntur). El Tribunal Constitucional (STC 42/2014) afirma que la Constitución se fundamenta en el principio de vinculación positiva de todas las Administraciones públicas al principio de legalidad, con apoyo en los artículos 9.1 y 103.1 CE. Los autores advierten de que una parte de la doctrina discute esa generalización (por ejemplo, en la potestad reglamentaria sin remisión legal expresa) y de que, para la competencia normativa de las entidades locales, la jurisprudencia se ha inclinado por la vinculación negativa. (T. de la Quadra-Salcedo y J. Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, § 9, págs. 12-13, y lección 3, §§ 48-50, págs. 6-11, OCW UC3M, 2025.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · ocw.uc3m.es
Resumen
Para Quadra-Salcedo y Vida, el Derecho administrativo es autónomo: ante una laguna no se acude en principio a otra rama, como el civil, sino que se auto-integra con instituciones análogas del ordenamiento administrativo o con sus principios; solo excepcionalmente entra otra rama como supletoria. No es el único Derecho que se aplica a la Administración (también el privado o el laboral), pero sí su Derecho común cuando ejerce funciones públicas; y lo aplican también las Cortes o el Tribunal Constitucional en tareas materialmente administrativas.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasPara Quadra-Salcedo y Vida (UC3M), el carácter de Derecho propio y peculiar conduce a otra característica: la autonomía del Derecho administrativo. Significa que, cuando hay una laguna (una situación no prevista en la norma), no se acude en principio a cualquier otra norma del ordenamiento, por ejemplo a una de Derecho civil, sino al propio Derecho administrativo, que auto-integra sus lagunas con las instituciones análogas del ordenamiento administrativo o con los principios que lo inspiran: el Derecho administrativo se basta a sí mismo. Solo de forma excepcional podría acudirse al Derecho civil o a otras ramas como derecho supletorio. Los autores señalan dos límites de la definición del Derecho administrativo como Derecho propio de la Administración: - No es el único Derecho que se le aplica: a veces la Administración actúa sometida al Derecho privado, civil o mercantil, o al laboral. Pero siempre que desarrolla funciones públicas, las típicas y características de la Administración, lo hace sujeta al Derecho administrativo, que es así el Derecho común de la Administración pública. - Se aplica también a otros sujetos públicos: las Cortes, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial realizan tareas materialmente administrativas (personal, contratos, seguridad de sus sedes) y, por lo general, asumen las previsiones del ordenamiento de la Administración. Por eso algún autor lo ha descrito como el Derecho de la «función administrativa»; los autores sostienen que se ha construido históricamente como el Derecho de la Administración Pública. Añaden que el Derecho administrativo no es una clasificación meramente doctrinal: el ordenamiento, aunque no lo define, lo asume, pues numerosas normas se refieren a la actuación de las Administraciones «sujetas al Derecho Administrativo», como el artículo 1 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa o el artículo 38 de la Ley 39/2015. (T. de la Quadra-Salcedo y J. Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, OCW UC3M, 2025, §§ 10, 12 y 13, págs. 13-16.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es
Resumen
Ordenando la lección de Quadra-Salcedo y Vida caben dos criterios (los rótulos no son suyos): el del sujeto, porque es el Derecho propio de la Administración Pública, y el de la función, porque se le aplica siempre que ejerce funciones públicas. No hay definición legal de Administración: las Leyes 39/2015 y 40/2015 enumeran la AGE, las autonómicas, las locales y los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. Las corporaciones de Derecho público se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasLas fuentes consultadas no enuncian unos «criterios de aplicación» del Derecho administrativo con ese nombre, pero sí exponen cuándo se aplica. Ordenando lo que dice la lección de Quadra-Salcedo y Vida (UC3M), cabe distinguir dos criterios; los rótulos no son de los autores: - Criterio del sujeto: el Derecho administrativo se define en función de un sujeto, la Administración Pública; es un Derecho propio de ese sujeto y, de forma refleja, aplicable a cuantos se relacionan con él. - Criterio de la función: la Administración queda sujeta al Derecho administrativo siempre que desarrolla funciones públicas; fuera de ellas puede actuar bajo el Derecho privado o el laboral. A la inversa, otros órganos constitucionales aplican sus normas y técnicas en sus tareas materialmente administrativas. Para saber qué sujetos son Administración no hay una definición legal: las leyes se limitan a enumerar. La Ley 40/2015 y la Ley 39/2015 (art. 2) consideran Administraciones Públicas a la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración Local y los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes. Según los autores, esa enumeración coincide con la de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero no siempre con otras leyes: la de contratos del sector público considera también Administraciones, entre otras, a las universidades, a los consorcios y a los órganos competentes para la contratación de las Cortes y demás órganos constitucionales. Las mismas leyes se aplican a las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes en lo que específicamente se les refiera y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. La Ley 39/2015 (art. 2.4) dispone que las corporaciones de Derecho público se rigen por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas atribuidas por ley o delegadas por una Administración, y supletoriamente por ella. (T. de la Quadra-Salcedo y J. Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, OCW UC3M, 2025, §§ 2, 8 y 12, págs. 2 y 11-15; Ley 39/2015, art. 2; Ley 40/2015, art. 2.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · boe.es · boe.es
Resumen
Según Quadra-Salcedo y Vida, la Administración a veces actúa sometida al Derecho privado o al laboral (alquiler de un local, personal laboral). Lo más extremo son las entidades de Derecho privado «en mano pública», que en principio no ejercen potestades públicas y a las que se aplican normas administrativas de contratación, , contabilidad y control. El DPEJ define la «huida del derecho administrativo»: su primer patrocinador fue M. Clavero, y el informe Abril (1991) culpó al Derecho administrativo de la crisis de los servicios sanitarios.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Quadra-Salcedo y Vida (UC3M), aunque la Administración tiene un Derecho propio, no siempre actúa sometida a él: a veces se somete al Derecho privado, civil o mercantil, o al laboral. Ejemplos: - Si necesita un local, puede alquilarlo en el mercado; ese contrato se rige por el Derecho privado, como otros muchos contratos. - En el personal, los funcionarios se rigen por el Derecho administrativo y los contratados laborales por el Derecho laboral. La manifestación más extrema son las entidades de Derecho privado vinculadas o dependientes (sociedades, fundaciones y asociaciones «en mano pública»): renuncian a la personalidad jurídico-pública para eludir el Derecho administrativo, en principio no pueden ejercer potestades públicas (en las sociedades mercantiles estatales, salvo que excepcionalmente la ley les atribuya potestades administrativas) y su emancipación no es completa, pues se les aplican normas administrativas de contratación, presupuesto, contabilidad y control financiero. El DPEJ recoge que las sociedades mercantiles estatales se rigen por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por la Ley 33/2003 y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. El DPEJ define la «huida del derecho administrativo» como la doctrina que defiende que el uso de organizaciones instrumentales de base privada se debe a la necesidad de incorporar formas de acción más flexibles y eficientes; su primer patrocinador fue M. Clavero, y el informe Abril (1991) sobre los servicios sanitarios públicos imputó al Derecho administrativo ser la causa principal de la crisis del sistema. Quadra-Salcedo y Vida sitúan su intensificación a finales del siglo XX, y la Ley 40/2015 declara en su preámbulo que suprime especialidades que propiciaban esa huida. (Quadra-Salcedo y Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, OCW UC3M, 2025, lección 1, § 12, págs. 14-15, y lección 9, §§ 183, 190 y 191, págs. 5 y 20-21; DPEJ, lemas «huida del derecho administrativo» y «sociedad mercantil estatal»; Ley 40/2015, preámbulo.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · ocw.uc3m.es · dpej.rae.es · dpej.rae.es · boe.es
Resumen
En una crónica de 1958, Rafael Entrena Cuesta señala como estudios clásicos sobre «régimen administrativo» y «rule of law» los de Dicey y Hauriou, que ven como nota diferenciadora la ausencia en Inglaterra de tribunales administrativos. Entrena sostiene que esas ideas están en crisis, con dos monografías inglesas: la de Hamson (1954), que considera superior el recurso por desviación de poder al ultra vires, y la de Allen (1956); ambas defienden la superioridad del sistema francés. Para Entrena, la dualidad de jurisdicciones no es consustancial al Derecho administrativo.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEn una crónica publicada en 1958 en la Revista de Estudios de la Vida Local (núm. 100), Rafael Entrena Cuesta señala que los dos estudios clásicos sobre las relaciones entre el sistema del «régimen administrativo» y el del «rule of law» son la Introduction to the study of the Law of the Constitution, de Dicey, y el Précis de Droit administratif, de Maurice Hauriou. Ambos coinciden en considerar como una de las notas diferenciadoras, «acaso la más importante», entre esas dos versiones del Estado de Derecho la ausencia en Inglaterra de unos tribunales administrativos distintos de los que dirimen las contiendas entre particulares: - Para Dicey, el segundo significado del rule of law es la igual sumisión de todas las clases al Derecho ordinario del país, administrado por tribunales ordinarios. - Para Hauriou, en ese sistema todos los funcionarios están bajo el control de los tribunales judiciales y sometidos a las leyes ordinarias como simples ciudadanos: solo hay una clase de ley y una sola clase de jurisdicción, sin leyes ni jurisdicción administrativas. Entrena sostiene que estas ideas están en crisis y lo ilustra con dos monografías inglesas: la de C. J. Hamson, Executive Discretion and Judicial Control (1954), que compara la High Court inglesa con el Conseil d'État francés, y la de sir Carleton Kemp Allen (1956), sobre los tribunales administrativos ingleses. Ambas llegan a una solución común: la superioridad de las garantías del sistema de régimen administrativo, concretamente el francés, y la necesidad de acercar el régimen inglés al del continente. Hamson considera superior el recurso por desviación de poder al procedimiento de ultra vires, que solo asegura la legalidad formal externa del acto, y propone una jurisdicción contencioso-administrativa, en una posición que él mismo califica de «diametralmente opuesta a la de Dicey». Como opinión propia, Entrena afirma que la dualidad de jurisdicciones no es consustancial a la existencia del Derecho administrativo. (R. Entrena Cuesta, «El problema de la justicia administrativa en Inglaterra en dos recientes monografías», Revista de Estudios de la Vida Local, INAP, núm. 100, 1958, págs. 588-592.)
Contrastada con: revistasonline.inap.es
Resumen
El esquema de Luis F. Prieto González (Universidad de La Laguna) distingue la sumisión total al Derecho común (rule of law, de la Gran Revolución de 1688) y la sumisión a un Derecho especial (régime administratif, de la Revolución francesa de 1789). Dicey asocia el rule of law a la igualdad ante la y a tribunales ordinarios; Hauriou, además, a la descentralización. Condiciones objetivas de la universalidad: división de poderes, sometimiento a la ley y control judicial; subjetivas: servicio de los intereses generales y garantía de los derechos fundamentales.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl esquema del tema 1 de Derecho Administrativo I del profesor Luis F. Prieto González (Universidad de La Laguna, curso 2010/2011) distingue dos formas de sometimiento de la Administración al Derecho: - Sumisión total al Derecho común: rule of law. - Sumisión a un Derecho especial: régime administratif. Atribuye esa diversidad a orígenes históricos distintos: en Inglaterra, consecuencia de la Gran Revolución (1688); en Francia, consecuencia de la Revolución francesa (1789). En el mismo esquema, dentro del Estado de Derecho, figuran la «construcción anglosajona» del rule of law y la «construcción francesa» del régimen administrativo. Recoge dos planteamientos doctrinales. El esquema está en columnas: los rasgos de cada sistema figuran enfrentados, y el emparejamiento que sigue sale de esa disposición: - Dicey (Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885): el rule of law se asocia a la igualdad ante la ley ordinaria y a los tribunales ordinarios; el régime administratif, a la supremacía de la Administración y a la existencia de tribunales especiales. - Hauriou (Précis de droit administratif et de droit public, 1924): el rule of law se asocia a una organización descentralizada, a la ausencia de potestades de la Administración y a los tribunales ordinarios; el régime administratif, a una organización centralizada, a una Administración provista de potestades y a la existencia de tribunales especiales. El esquema trata después la universalidad del Derecho administrativo, con unas condiciones objetivas (la división de poderes; el sometimiento a la ley de todos los poderes públicos; el control judicial de la actividad del poder público) y unas condiciones subjetivas (el servicio de los intereses generales; la garantía de los derechos fundamentales). Sobre la situación actual en los países anglosajones menciona, entre otros puntos, la crisis del self-government, la legislación delegada, el privilegio de la acción de oficio, los tribunales administrativos y los procedimientos especiales. (L. F. Prieto González, Derecho Administrativo I, tema 1 «El Derecho administrativo (I)», Universidad de La Laguna, curso 2010/2011, págs. 10-11.)
Contrastada con: lfprieto.webs.ull.es
Resumen
Para Antonio Fortes Martín, el ordenamiento es un sistema, no un agregado de normas. El jurídico-administrativo tiene rasgos propios: la Administración está sometida a la ley pero crea normas; hay múltiples centros con capacidad normativa; muchas funciones y muchas normas; contingencia y variabilidad («legislación motorizada», de Carl Schmitt); y derogaciones tácitas. El DPEJ recuerda que el Código Civil (art. 1.1) cita la ley, la costumbre y los principios generales. Fortes considera el reglamento el producto normativo prototípico del Derecho administrativo.
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Crea tu cuenta gratis para verlasPara Antonio Fortes Martín (OCW de la Universidad Carlos III), el Derecho administrativo forma parte del ordenamiento jurídico, que es un sistema y no un mero agregado de normas: una multiplicidad de elementos (normas) ordenados según unos criterios o reglas (jerarquía, derogación…). El ordenamiento jurídico-administrativo presenta, por el sujeto que regula, unas características propias: - La Administración está sometida plenamente a la ley y al Derecho, pero también puede crear normas (reglamentos). - Hay múltiples centros de poder con capacidad normativa, por la organización territorial del Estado. - La multiplicidad de funciones de la Administración se traduce en multiplicidad de normas. - Se caracteriza por la contingencia y la variabilidad: la «legislación motorizada», expresión acuñada por Carl Schmitt. - Obliga a cuidar qué normas siguen vigentes, por las derogaciones tácitas. El DPEJ define las fuentes del derecho como los «principios, normas escritas y costumbres de los que, junto con las interpretaciones sostenidas por la jurisprudencia, se nutre el ordenamiento jurídico y constituyen la base del derecho objetivo». Añade que la Constitución solo utiliza ese concepto en el artículo 149.1.8.ª; que tradicionalmente su regulación ha estado en el Código Civil (art. 1.1: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho), pero que la determinación de las fuentes está en la Constitución; y que en la clasificación tradicional del Código Civil no figuran la Constitución, los reglamentos ni la jurisprudencia. Fortes estudia como fuentes del Derecho administrativo la Constitución, la ley, las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley y el reglamento, al que considera el producto normativo prototípico del Derecho administrativo; y enuncia como otras fuentes el Derecho de la Unión Europea, los tratados internacionales, los principios generales del Derecho, la jurisprudencia y la costumbre y el precedente administrativo. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 1-2, 10 y 18-19; DPEJ, lema «fuentes del derecho»; Código Civil, art. 1.1.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · dpej.rae.es · boe.es
Resumen
Para Fortes Martín, la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE), es la «norma de normas» y obliga a interpretar el ordenamiento conforme a ella. El DPEJ define la como la superioridad de rango de unas normas sobre otras (art. 9.3 CE); los reglamentos que vulneran normas superiores son nulos de pleno derecho. Entre ley estatal y autonómica no rige la jerarquía sino el criterio material de la competencia, aunque por la cláusula de prevalencia (art. 149.3 CE) la estatal prevalece en lo no atribuido a la comunidad.
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Crea tu cuenta gratis para verlasSegún Fortes Martín (UC3M), la Constitución tiene valor normativo propio (art. 9.1 CE) y es la «norma de normas»; la fuente última de su superioridad está en la soberanía nacional. El Tribunal Constitucional (STC 32/1981, de 28 de julio) afirmó que «la Constitución es la norma suprema del Estado como totalidad». Su valor normativo es justiciable, se desprende de la totalidad de su contenido y alcanza por igual a sus normas materiales o dogmáticas (derechos de los ciudadanos) y a las organizativas; de él deriva la obligación de interpretar el resto del ordenamiento conforme a la Constitución (art. 5.1 LOPJ). El DPEJ define la jerarquía normativa como el «principio que determina la superioridad de rango de unas normas sobre otras y la consiguiente aplicación necesaria de la norma superior», garantizado con carácter general por el artículo 9.3 CE; una manifestación de la jerarquía de las leyes sobre los reglamentos es la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneren normas de rango superior (art. 47.2 de la Ley 39/2015). La sinopsis del artículo 9 CE (Congreso) explica que, conforme a este principio, las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior, y que en la cúspide del ordenamiento se halla la Constitución. El Código Civil (art. 1.2) dispone que carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La jerarquía no resuelve todas las relaciones entre normas. Fortes subraya que entre una ley estatal y una ley autonómica no rige la jerarquía, porque ambas son leyes, sino el criterio material de la competencia; aunque, por la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 CE, la norma estatal prevalece en caso de conflicto en todo lo que no esté expresamente atribuido a la competencia de la comunidad autónoma. Los municipios y provincias, sin Parlamento propio, no pueden aprobar leyes. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 2-4 y 7; DPEJ, lema «jerarquía normativa»; sinopsis del artículo 9 de la Constitución, Congreso de los Diputados; Código Civil, art. 1.2.)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · dpej.rae.es · app.congreso.es · boe.es
Resumen
El DPEJ define la ley como norma del Parlamento, aprobada con ese nombre por el procedimiento legislativo, inferior a la Constitución y superior a las demás normas. Fortes Martín distingue leyes orgánicas (materias del art. 81.1 CE, del Congreso) y ordinarias, además de las del art. 150 CE y la legislación básica, distinta de las leyes de bases. material: ciertas materias deben regularse por ley. Formal: regulada una materia por ley, su rango se «congela» y solo otra ley puede modificarla.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl DPEJ define la ley como la «norma dictada por el Parlamento o Cortes, aprobada con ese nombre y siguiendo el procedimiento legislativo establecido en los Reglamentos de las Cámaras, que contiene mandatos y ocupa una posición jerárquica inmediatamente inferior a la Constitución y superior a las demás normas». Fortes Martín (UC3M) la presenta como el producto normativo del Poder legislativo y distingue: - Leyes orgánicas: reservadas a las materias del artículo 81.1 CE (desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución); exigen mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, modificación o derogación. - Leyes ordinarias: las demás, que siguen el trámite parlamentario normal y pueden aprobarse en Pleno o en Comisión. Con alguna particularidad están las leyes del artículo 150 CE (la ley marco y la ley de armonización, ordinarias, y la ley de transferencia, orgánica) y la legislación básica estatal, que no agota la regulación de una materia y deja un margen a las comunidades autónomas; no debe confundirse con las leyes de bases de los artículos 82 y 83 CE. Las comunidades autónomas aprueban leyes por su Parlamento, en desarrollo de las bases estatales o con competencia plena; según Fortes, no necesitan esperar a que el Estado dicte las bases, que pueden deducir de la normativa previa, aunque deberán adaptarse a las que luego se aprueben. Fortes distingue dos vertientes de la reserva de ley: - Material: ciertas materias deben regularse por norma con rango de ley (orgánica u ordinaria). - Formal: regulada una materia por ley, aunque no hubiera reserva previa, se produce una «congelación del rango normativo», de modo que la materia queda inaccesible al reglamento y solo otra ley puede modificarla. El DPEJ añade que la reserva de ley, vinculada tradicionalmente a la propiedad o la libertad, se extiende hoy a cualquier decisión que afecte esencialmente al interés general. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 4-8; DPEJ, lemas «ley» y «reserva de ley».)
Contrastada con: ocw.uc3m.es · dpej.rae.es · dpej.rae.es
Resumen
Fortes Martín llama disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley a los decretos legislativos y los decretos-leyes. Los decretos legislativos requieren delegación de las Cortes: por para un y por para un texto ; solo en el Gobierno, sin subdelegación, no en materia orgánica, expresa, para materia concreta y con plazo. Los decretos-leyes exigen «extraordinaria y urgente necesidad», tienen materias vedadas y se convalidan o derogan en treinta días.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasFortes Martín (UC3M) llama disposiciones del Poder ejecutivo con rango y fuerza de ley a las que no provienen del Poder legislativo sino del Gobierno: los decretos legislativos y los decretos-leyes. Decretos legislativos (arts. 82 a 85 CE). Exigen una delegación previa de las Cortes en el Gobierno: - Para un texto refundido, la delegación se hace por ley ordinaria y consiste en refundir varios textos legales en uno solo. - Para un texto articulado, la delegación se hace por ley de bases, con una actividad innovadora del ordenamiento en desarrollo de las bases fijadas por el Parlamento. Condicionantes: la delegación solo puede hacerse en el Gobierno, que no puede subdelegar; no cabe en las materias propias de ley orgánica; debe ser expresa, para materia concreta y con plazo, y se agota con la publicación del decreto legislativo; y los tribunales pueden controlar los excesos de la delegación (art. 1.1 LJCA). El DPEJ recoge que, según el Tribunal Supremo (STS de 19-IX-2014), ese control no degrada su rango: el decreto legislativo no tiene rango inferior al de una ley ordinaria. Decretos-leyes (art. 86 CE). Responden a una habilitación constitucional directa, sin delegación previa, cuando concurre una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» apreciada por el Gobierno. No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos y libertades del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. Quedan sometidos a control parlamentario en un plazo de treinta días, en el que son convalidados o derogados; si se convalidan, es habitual tramitarlos después como proyecto de ley por urgencia. Fortes advierte de un uso desmedido del decreto-ley en los últimos años. El DPEJ lo define como «norma con rango de ley, de carácter provisional», y señala que desde 2006 algunas comunidades autónomas han introducido el decreto ley dictado por su gobierno. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 8-10; DPEJ, lemas «decreto legislativo», «texto articulado», «texto refundido» y «decreto ley».)
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Resumen
El DPEJ define el reglamento como disposición general de categoría inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados. Para Fortes Martín es el producto normativo prototípico del Derecho administrativo; se distingue de las normas con fuerza de ley y del acto administrativo. Su forma depende del ente: reales decretos y órdenes ministeriales en la AGE, decretos y órdenes en las comunidades, ordenanzas en los municipios. Clases: ejecutivos (secundum legem), independientes (extra legem, solo en materias organizativas internas) y de necesidad (contra legem).
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl DPEJ define el reglamento como la «disposición general de categoría inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos administrativos habilitados para ello». Para Fortes Martín (UC3M) es el producto normativo prototípico del Derecho administrativo, resultado de la potestad reglamentaria del Gobierno (art. 97 CE) y de la Administración, que les permite participar en la innovación del ordenamiento y no solo en la ejecución de las leyes. Se distingue: - De los decretos legislativos y decretos-leyes, que tienen rango y fuerza de ley. - Del acto administrativo: el reglamento tiene contenido normativo, se integra en el ordenamiento y no agota sus efectos con su cumplimiento singular. - De otros «reglamentos» que no son normas de la Administración, como los del Congreso, el Senado u otros órganos constitucionales. Su forma depende del ente que lo aprueba: en la AGE, real decreto del Presidente del Gobierno, real decreto del Consejo de Ministros, acuerdo del Consejo de Ministros y orden ministerial; en las comunidades autónomas, decreto del Consejo de Gobierno y orden de la Consejería; en los municipios, el reglamento orgánico y, como ejemplo más característico, las ordenanzas. Las Administraciones sin base territorial los exteriorizan como estatutos, circulares e instrucciones. Por su relación con la ley, y dejando a un lado los reglamentos estrictamente organizativos, la clasificación doctrinal que recoge Fortes distingue: - Ejecutivos (secundum legem): desarrollan o complementan la ley; son los más frecuentes. - Independientes (extra legem): no desarrollan una ley; su existencia es discutida y, según el acuerdo mayoritario, solo caben en materias organizativas internas. - De necesidad (contra legem): responden a situaciones excepcionales de emergencia y su vigencia es temporal. El DPEJ sitúa el ámbito natural de los reglamentos independientes en la organización administrativa. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 10-13; DPEJ, lemas «reglamento» y «reglamento independiente».)
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Resumen
Fortes Martín enumera otras fuentes: el Derecho de la Unión (aplicabilidad directa, efecto directo y primacía), los tratados (art. 96 CE), los principios generales (supletorios e informadores, art. 1.4 CC), la jurisprudencia (complemento, art. 1.6 CC), la costumbre (en defecto de ley y probada) y el precedente administrativo: vinculación de la Administración a sus actos propios, sucesivos y reiterados en una misma dirección (art. 35.1.c Ley 39/2015). F. de Castro atribuyó a los principios generales una triple función.
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Crea tu cuenta gratis para verlasFortes Martín (UC3M) enumera, además de la Constitución, la ley y el reglamento, otras fuentes del ordenamiento jurídico-administrativo: - Derecho de la Unión Europea: ordenamiento autónomo con aplicabilidad directa, efecto directo y primacía; comprende el Derecho originario (Tratados y Protocolos), el derivado (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes) y otras fuentes (principios generales y jurisprudencia de los Tribunales de la UE). - Tratados internacionales, en los términos del artículo 96 CE. - Principios generales del Derecho: supletorios de las normas escritas, por su carácter informador del ordenamiento (art. 1.4 CC). Para la actuación administrativa, el artículo 3 de la Ley 40/2015 recoge principios como la buena fe y la confianza legítima (relación con los ciudadanos) o la cooperación y colaboración (relaciones entre Administraciones). - Jurisprudencia: complemento del ordenamiento (art. 1.6 CC). - Costumbre: producto espontáneo de la sociedad que rige en defecto de ley aplicable y si resulta probada; mantiene cierta incidencia en el ámbito local. El Código Civil (art. 1.3) exige además que no sea contraria a la moral o al orden público. - Precedente administrativo: vinculación de la Administración a sus actos propios, sucesivos y reiterados en una misma dirección; se formaliza en el artículo 35.1.c) de la Ley 39/2015 («criterio seguido en actuaciones precedentes») y conecta con el principio de que la Administración no puede ir contra sus propios actos. El DPEJ recoge que F. de Castro atribuyó a los principios generales una triple función: «fundamento del orden jurídico», «orientadores de la labor interpretativa» y «fuente en caso de insuficiencia de la ley y la costumbre»; y que en Derecho público su uso por la jurisprudencia empezó en el Consejo de Estado francés desde mediados del siglo XIX. Para la costumbre, el DPEJ exige la reiteración de la práctica y su permanencia en el tiempo. (A. Fortes Martín, Principios de Derecho Administrativo, lección 2, OCW UC3M, 2019, págs. 18-19; DPEJ, lemas «principios generales del derecho» y «costumbre»; Código Civil, art. 1.)
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Resumen
El DPEJ define la Administración pública como el conjunto de órganos y entidades que sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando servicios públicos. Para Quadra-Salcedo y Vida no hay definición legal y lo fundamental es la personalidad jurídica. Coordenada horizontal: se encuadra en el Poder Ejecutivo, junto al Gobierno, como su brazo ejecutor. Coordenada vertical: hay una pluralidad de Administraciones en cada nivel territorial (art. 137 CE). Consume en torno al 40 % del PIB.
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Crea tu cuenta gratis para verlasEl DPEJ define la Administración pública como el «conjunto de órganos y entidades que, encuadrados en el gobierno estatal, autonómico o local, sirven con objetividad los intereses generales ejecutando las leyes y prestando los servicios públicos correspondientes» (con remisión al art. 103.1 CE y al art. 2.3 de la Ley 40/2015). Quadra-Salcedo y Vida (UC3M) advierten de que no existe una definición legal: las leyes se limitan a enumerar qué es Administración Pública dentro del sector público. Destacan como elemento fundamental la personalidad jurídica, que individualiza a cada Administración, le permite tener competencias y potestades, entablar relaciones jurídicas y responder con su patrimonio; las actuaciones de autoridades y empleados se atribuyen a la Administración, imputándose al órgano desde el que actúan. Paradójicamente, el Estado español no tiene expresamente reconocida personalidad jurídica. Sitúan la Administración con dos coordenadas: - Horizontal: se encuadra en el Poder Ejecutivo, junto al Gobierno; desde aquí la definen como el aparato organizativo e institucional que, dotado de personalidad jurídica y bajo la dirección del Gobierno, actúa como su brazo ejecutor desarrollando funciones de ejecución administrativa. - Vertical: no hay una Administración, sino una pluralidad en cada nivel territorial (Estado, comunidades autónomas y entes locales, art. 137 CE). La caracterizan como una organización voluminosa, descentralizada y heterogénea, que consume en torno al 40% del PIB y tiene a su servicio a más de dos millones y medio de personas. La sinopsis del artículo 103 CE (Congreso) destaca que el servicio objetivo a los intereses generales es el eje de la actuación administrativa, por lo que la Administración no goza de una autonomía de la voluntad similar a la de los sujetos privados; y recuerda que, según el Tribunal Constitucional (STC 85/1983), esos principios se aplican a todas las Administraciones Públicas. (DPEJ, lema «Administración pública»; Quadra-Salcedo y Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 1, OCW UC3M, 2025, §§ 2-7, págs. 2-8; sinopsis del artículo 103 de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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Quadra-Salcedo y Vida distinguen Administraciones territoriales e instrumentales. Las territoriales son completas, sin fin predeterminado y con todas las potestades: la AGE, diecisiete autonómicas y una por cada municipio (8.124), provincia (43, sin las comunidades uniprovinciales) e isla (8). Las instrumentales dependen de una territorial (salvo las independientes), tienen fines concretos y carecen de algunas potestades, siempre de la expropiatoria. Empresas y fundaciones públicas no son Administración, aunque integran el sector público institucional.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasQuadra-Salcedo y Vida (UC3M) clasifican las Administraciones Públicas según su carácter territorial o instrumental. A) Administraciones territoriales. Forman parte de los entes políticos primarios (Estado, comunidades autónomas y entes locales); son Administraciones completas, sin fin predeterminado, que satisfacen con carácter universal los intereses generales de su ámbito y gozan de todas las potestades administrativas: - Estatal: la Administración General del Estado, que depende del Gobierno; el DPEJ la define como organización jurídico-pública de órganos jerárquicamente ordenados, con personalidad jurídica única y competencia en todo el territorio nacional, organizada en ministerios. - Autonómica: diecisiete Administraciones autonómicas, que siguen el patrón estatal. - Local: una por cada municipio (8.124), provincia (43, excluidas las comunidades uniprovinciales) e isla (8); en ellas gobierno y administración se concentran en una misma persona jurídica. B) Administraciones instrumentales (también llamadas institucionales o fundacionales). Tienen carácter secundario y limitado: dependen de una Administración territorial matriz (salvo las independientes), se crean para fines concretos y carecen de la totalidad de las potestades (en todo caso, de la expropiatoria). Resultan de una «descentralización funcional». Ejemplos estatales: los organismos autónomos, regidos plenamente por el Derecho administrativo, y las entidades públicas empresariales, que desarrollan parte de su actividad en régimen de Derecho privado. No son Administraciones Públicas, aunque forman parte del sector público institucional, los entes con personalidad jurídico-privada (empresas y fundaciones públicas). El DPEJ define el sector público como la denominación que comprende la AGE, las Administraciones de las comunidades autónomas, las entidades de la Administración local y el sector público institucional. (Quadra-Salcedo y Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, OCW UC3M, 2025, lección 1, § 7, págs. 8-11, y lección 9, § 185, págs. 7-8; DPEJ, lemas «Administración General del Estado» y «sector público».)
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El DPEJ define la Administración corporativa como la formada por entes asociativos de base privada regulados por normas de Derecho público que les asignan funciones públicas (art. 36 CE). Quadra-Salcedo y Vida la fundan en el art. 52 CE. Los colegios profesionales son autoadministración: en funciones de interés general se rigen por el Derecho administrativo; en las de interés privado de sus colegiados, por el privado. La Ley 2/1974 los define como corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasEl DPEJ define la Administración corporativa como la «formada por entes de carácter asociativo de base privada que han sido regulados por normas de derecho público que fijan algunos criterios de organización, enmarcan sus competencias y les asignan algunas funciones de carácter público y de naturaleza administrativa» (con remisión al art. 36 CE). Los actos de una corporación de derecho público en ejercicio de potestades públicas están sujetos al Derecho administrativo y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Quadra-Salcedo y Vida (UC3M) le dan fundamento constitucional en el artículo 52 CE y la distinguen de la Administración instrumental y de las corporaciones locales, cuyo sustrato son los ciudadanos como tales y no colectivos sectoriales. Los colegios profesionales son ejemplo de lo que la doctrina llama autoadministración: funciones públicas encomendadas a los propios interesados. Son Administraciones a determinados efectos: en las funciones de interés general actúan sujetos al Derecho administrativo y sus resoluciones se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa; en las de interés privado de sus colegiados, al Derecho privado y ante los tribunales ordinarios. La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, los define como corporaciones de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad (art. 1.1). Sus fines esenciales son la ordenación del ejercicio de las profesiones, su representación institucional exclusiva cuando haya colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los consumidores y usuarios (art. 1.3). Según la sinopsis del artículo 36 CE, la Constitución no impone un modelo único de colegio y solo exige estructura interna y funcionamiento democráticos. (DPEJ, lemas «administración corporativa» y «corporación de derecho público»; Quadra-Salcedo y Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 9, § 193, págs. 24-25, OCW UC3M, 2025; Ley 2/1974, art. 1; sinopsis del artículo 36 de la Constitución, Congreso de los Diputados.)
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Quadra-Salcedo y Vida citan como corporaciones de Derecho público las Cámaras de Comercio, las Comunidades de Usuarios del Agua y las Cofradías de Pescadores; la ONCE es corporación de carácter social bajo tutela del Estado. La Constitución recoge tres fórmulas asociativas profesionales: sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), colegios (art. 36) y otras organizaciones profesionales (art. 52). Según la STC 132/1989, el pacto asociativo se sustituye por un acto de creación estatal. El DPEJ da a la comunidad de regantes tres órganos: junta general, junta de gobierno y jurados.
Explicación, mnemotecnia y trampa de examen
Crea tu cuenta gratis para verlasAdemás de los colegios, Quadra-Salcedo y Vida (UC3M) citan como corporaciones de Derecho público las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (Ley 4/2014), las Comunidades de Usuarios del Agua y las Cofradías de Pescadores, en las que lo característico, además de la personalidad pública, es su sustrato personal. Las Cámaras son órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones. La ONCE es una corporación de Derecho público de carácter social y base asociativa privada, bajo la tutela y el control del Estado. La sinopsis del artículo 52 CE (Congreso) explica que la Constitución se refiere a tres fórmulas asociativas profesionales: los sindicatos y asociaciones empresariales (art. 7), los colegios profesionales (art. 36) y las restantes organizaciones profesionales (art. 52). Los colegios tutelan un interés público conectado con los intereses profesionales de sus integrantes; las organizaciones profesionales, uno conectado con los intereses económicos objetivos de la profesión. Según el Tribunal Constitucional (STC 132/1989), en las corporaciones de Derecho público el pacto asociativo se sustituye por un acto de creación estatal; y, para las organizaciones profesionales del artículo 52, su configuración legal como corporaciones públicas es una opción legítima, no impuesta por la Constitución. La Ley de Cámaras de 2014 establece la pertenencia de todas las empresas sin obligación económica alguna. El DPEJ define la comunidad de regantes como corporación de Derecho público que se rige por sus estatutos y ordenanzas, con tres órganos básicos: la junta general, la junta de gobierno y uno o varios jurados. Las federaciones deportivas, en cambio, son entidades privadas que ejercen funciones públicas delegadas (organizar competiciones oficiales, controlar subvenciones, potestad disciplinaria); según Quadra-Salcedo y Vida, quedan fuera del sector público y se someten al Derecho administrativo solo en esas funciones. (Quadra-Salcedo y Vida, Instituciones Básicas del Derecho Administrativo, lección 9, § 193, págs. 25-26, OCW UC3M, 2025; sinopsis del art. 52 CE, Congreso de los Diputados; DPEJ, lema «comunidad de regantes».)
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