Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Artículo 34

Título IV. De la función fiscalizadora del Tribunal y de sus procedimientos›Capítulo VI. Del examen y comprobación de las cuentas generales y parciales de las entidades integrantes del sector público y de las de los perceptores o beneficiarios de subvenciones o ayudas del referido sector

En pocas palabras

Todas las entidades del sector público del artículo 4.º de la Ley Orgánica 2/1982 deben rendir al Tribunal sus cuentas según su régimen de contabilidad. Son cuentadantes las autoridades, funcionarios o empleados que gestionan ingresos, gastos o patrimonio. También deben rendir cuentas los perceptores de subvenciones, créditos o avales públicos, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y los particulares que administren, recauden o custodien fondos públicos, hayan sido o no intervenidas las operaciones.

Explicación sencilla

Determina quién está obligado a rendir cuentas al Tribunal: las entidades del sector público, a través de sus cuentadantes, y también los particulares que reciben ayudas públicas o manejan fondos públicos.

Regla mnemotécnica

Rinde cuentas quien gestiona (ingresos, gastos o patrimonio) y quien recibe (ayudas) o maneja fondos públicos, intervenido o no.

Trampa típica de examen

Creer que el perceptor de una ayuda queda liberado de rendir cuentas si sus operaciones ya fueron intervenidas: la obligación existe hayan sido o no intervenidas.

Texto del artículo 34 de la Ley 7/1988 (LFTCu)

1. Todas las entidades integrantes del sector público, enumeradas en el artículo 4.º de la Ley Orgánica 2/1982, quedan sometidas a la obligación de rendir al Tribunal las cuentas legalmente establecidas de sus operaciones, con arreglo a su respectivo régimen de contabilidad y sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 27 y 29 de la presente Ley. 2. Serán cuentadantes, en las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal, las Autoridades, funcionarios o empleados que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y la realización de los gastos o la gestión del patrimonio en las entidades del sector público. 3. Los perceptores o beneficiarios de ayudas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o procedentes de entidades integrantes del sector público, tales como subvenciones, créditos o avales, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los particulares que administren, recauden o custodien fondos o valores del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, hayan sido o no intervenidas la respectivas operaciones, estarán obligados a rendir las cuentas que la Ley establece.

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