Artículo 9. Obligaciones de colaboración y asistencia jurídica

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como quienes ostenten la jefatura o dirección de oficinas públicas, agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios y quienes, en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo al personal funcionario de la Intervención General encargado de la realización del control. Dicho deber se extiende, también, a las personas responsables de las entidades, oficinas o servicios a quienes la Junta de Andalucía encomiende la gestión recaudatoria de sus ingresos. Este deber comprende facilitar el acceso a las oficinas donde se desarrolle la actividad y la puesta a disposición y la entrega, en su caso, de la documentación que les sea requerida para llevar a cabo el citado control. La persona responsable de la entidad auditada dejará constancia expresa de que los elementos de la documentación entregada constituyen la integridad de los antecedentes considerados necesarios para la realización del control en la solicitud realizada por el órgano de control. Lo previsto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 87.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 2. La persona titular de la Intervención General solicitará, cuando proceda, la asistencia jurídica que deba prestar el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía al personal empleado público que haya participado en actuaciones de control a que se refiere el artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.