Tema 16 del temario de Auxiliar Administrativo del Estado 2026

Artículo 1. Objeto de la Ley

Mujeres y hombres son iguales en dignidad humana y en derechos y deberes. La Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades, en particular eliminando la discriminación de la mujer en cualesquiera ámbitos y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, en desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra la discriminación por razón de sexo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Todas las personas gozan de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones que establece la Ley se aplican a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, sea directa o indirecta. El artículo destaca especialmente tres discriminaciones: las derivadas de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil.

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico. Por serlo, se integrará y observará en dos momentos: la interpretación y la aplicación de las normas jurídicas.

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo

La igualdad de trato y de oportunidades, aplicable al empleo privado y al público, se garantiza, según la normativa aplicable, en el acceso al empleo (incluso por cuenta propia), la formación y la promoción profesional, las condiciones de trabajo (incluidas las retributivas y las de despido) y la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales o profesionales. No discrimina en el acceso al empleo la diferencia de trato por una característica relacionada con el sexo que sea requisito profesional esencial y determinante, con objetivo legítimo y requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta

Discriminación directa por razón de sexo: situación de una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Discriminación indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados. En cualquier caso es discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Sin perjuicio del Código Penal, es acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear ese entorno. Ambos son en todo caso discriminatorios, y también lo es condicionar un derecho o una expectativa de derecho a aceptar un acoso.

Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias

También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra una persona como consecuencia de haber presentado queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido y, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.

Artículo 11. Acciones positivas

Para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Esas medidas son aplicables en tanto subsistan dichas situaciones y han de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas, en los términos establecidos en la Ley.

Artículo 12. Tutela judicial efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. En los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, la capacidad y legitimación corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las Leyes reguladoras de esos procesos. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona acosada será la única legitimada.

Artículo 13. Prueba

De acuerdo con las Leyes procesales, cuando las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A esos efectos, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales.

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos

Doce criterios para los Poderes Públicos: compromiso con la efectividad de la igualdad; su integración en las políticas económica, laboral, social, cultural y artística; colaboración entre Administraciones; participación equilibrada en candidaturas y toma de decisiones; erradicación de la violencia de género, la familiar y el acoso; atención a mujeres de especial vulnerabilidad; protección de la maternidad; conciliación y corresponsabilidad; colaboración con agentes sociales; igualdad entre particulares; lenguaje no sexista; y su integración en la cooperación internacional para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informa, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integran de forma activa en tres planos: la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos

Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. El verbo es «procurarán atender» y el ámbito son los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad.

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El Plan incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El artículo no fija cada cuánto tiempo se aprueba: dice «periódicamente».

Artículo 18. Informe periódico

El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en los términos que reglamentariamente se determinen. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 19. Informes de impacto de género

Deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género dos tipos de documentos, cuando se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros: los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística.

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios

Para integrar de modo efectivo la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, al elaborar estudios y estadísticas, deberán: incluir sistemáticamente la variable de sexo; establecer nuevos indicadores; diseñar indicadores sobre otras variables generadoras de discriminación múltiple; realizar muestras suficientemente amplias; explotar los datos de que disponen; y revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas. Sólo excepcionalmente, mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de ellas.

Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas

La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esa finalidad. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas.

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. El Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas. Los dos verbos son potestativos: «podrán» y «podrá».

Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres

El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Además incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros.

Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación

Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres integrando activamente el principio de igualdad de trato en objetivos y actuaciones educativas. Actuaciones: atención especial en los currículos y en todas las etapas; eliminación de contenidos sexistas, con especial consideración en libros de texto y materiales; formación inicial y permanente del profesorado; presencia equilibrada en los órganos de control y de gobierno de los centros; cooperación con las demás Administraciones educativas; y papel de las mujeres en la Historia.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior

En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular promoverán: la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad; la creación de postgrados específicos; y la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual

Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por la igualdad de trato y de oportunidades en la creación y producción artística e intelectual y en su difusión. Las estructuras que configuren el sistema de gestión cultural desarrollarán seis actuaciones: promoción específica de las mujeres en la cultura; ayudas traducidas en incentivos de naturaleza económica; presencia equilibrada en la oferta pública; representación equilibrada en órganos consultivos, científicos y de decisión; intercambio cultural; y acciones positivas al amparo del artículo 11.

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud y, a través de sus Servicios de Salud, desarrollarán seis actuaciones: educación sanitaria; investigación científica; consideración del acoso sexual y por razón de sexo en la salud laboral; formación del personal, en especial para detectar y atender la violencia de género; presencia equilibrada en puestos directivos; y datos desagregados por sexo, siempre que sea posible.

Artículo 28. Sociedad de la Información

Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres mediante programas específicos, en especial de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando colectivos de riesgo de exclusión y ámbito rural, y promoverá los contenidos creados por mujeres. En los proyectos sufragados total o parcialmente con dinero público se garantizará un lenguaje y contenidos no sexistas.

Artículo 29. Deportes

Los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres mediante programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Artículo 30. Desarrollo rural

Para la igualdad en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la titularidad compartida. En el desarrollo del medio rural se incluirán acciones para mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres. Las Administraciones públicas promoverán nuevas actividades laborales y una red de servicios sociales para menores, mayores y dependientes. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda

Las políticas y planes de acceso a la vivienda de las Administraciones públicas incluirán medidas para hacer efectiva la igualdad. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio considerarán las necesidades de los distintos grupos sociales y tipos de estructuras familiares. El Gobierno fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión y de las víctimas de violencia de género, en especial con hijos menores exclusivamente a su cargo. En el diseño de la ciudad y el planeamiento urbanístico se tendrá en cuenta la perspectiva de género.

Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo

Las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, sectorial y geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo incluirán la igualdad como elemento sustancial en su agenda de prioridades, con tratamiento de prioridad transversal y específica. Se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad, que se actualizará periódicamente. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de integración del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo (GED) en todos los niveles de su gestión.

Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de sus órganos de contratación, podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que celebren, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado

Anualmente, el Consejo de Ministros determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente incluirán entre sus condiciones de ejecución medidas de promoción de la igualdad en el mercado de trabajo. El Acuerdo podrá fijar las características de esas condiciones. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación para empresas que cumplan esas directrices, siempre que sus proposiciones igualen a las más ventajosas.

Artículo 35. Subvenciones públicas

Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten, determinarán los ámbitos en que, por existir una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por las entidades solicitantes. Podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad.

Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública

Los medios de comunicación social de titularidad pública tienen dos cometidos: velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 37. Corporación RTVE

La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta para transmitir el principio de igualdad; y colaborar con las campañas institucionales. Además promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional y fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres.

Artículo 38. Agencia EFE

En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje. Perseguirá en su actuación cuatro objetivos: reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social; utilizar el lenguaje en forma no sexista; adoptar códigos de conducta mediante la autorregulación; y colaborar con las campañas institucionales. Promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional.

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada

Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las Administraciones públicas promoverán que los medios de comunicación adopten acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.

Artículo 40. Autoridad audiovisual

Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.

Artículo 41. Igualdad y publicidad

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 se considera publicidad ilícita. Esa calificación se hace de conformidad con lo previsto en dos bloques normativos: la legislación general de publicidad y la de publicidad y comunicación institucional.

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres

Las políticas de empleo tienen como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva. Para ello se mejorará su empleabilidad y permanencia, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad al mercado de trabajo. Los Programas de inserción laboral activa comprenden todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluidos Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, y se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva con dos destinos: favorecer el acceso de las mujeres al empleo y favorecer la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocen a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se conceden en los términos de la normativa laboral y de Seguridad Social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos de esa misma normativa.

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad

Las empresas deben adoptar medidas para evitar la discriminación laboral entre mujeres y hombres, que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores. En las de cincuenta o más trabajadores esas medidas se dirigen a un plan de igualdad, también negociado. Hay plan además cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable y cuando la autoridad laboral sustituya en un procedimiento sancionador las sanciones accesorias por el plan. Para las demás empresas es voluntario, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas

Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, que fijan objetivos, estrategias y prácticas, y sistemas de seguimiento y evaluación. El diagnóstico, negociado en su caso con la representación legal, se elabora en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad y contiene al menos nueve materias. El plan incluye la totalidad de la empresa, sin perjuicio de acciones especiales en determinados centros de trabajo. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, donde las empresas están obligadas a inscribir sus planes.

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad

Se garantiza el acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Ese acceso corresponde a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, a los propios trabajadores y trabajadoras. Ello se entiende sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias.

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo

Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los del ámbito digital. Con ese fin se podrán establecer medidas, negociadas con los representantes de los trabajadores, como códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenirlas sensibilizando a la plantilla e informando a la dirección de la empresa.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento. Esas medidas se dirigen especialmente a las pequeñas y las medianas empresas e incluirán el apoyo técnico necesario.

Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para las empresas que destaquen en políticas de igualdad, utilizable en el tráfico comercial y con fines publicitarios. Cualquier empresa, de capital público o privado, podrá presentarle un balance sobre los parámetros de igualdad implantados. Reglamentariamente se fijan denominación, procedimiento y condiciones. Entre otros criterios se valoran la presencia equilibrada, los planes de igualdad u otras medidas innovadoras y la publicidad no sexista. El Ministerio controla y, en caso de incumplimiento, retira el distintivo.

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias y en aplicación del principio de igualdad, deberán: remover los obstáculos discriminatorios en el acceso al empleo público y en la carrera profesional; facilitar la conciliación sin menoscabo de la promoción profesional; fomentar la formación en igualdad; promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración; establecer medidas efectivas frente al acoso sexual y por razón de sexo y contra la discriminación retributiva, directa o indirecta; y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad.

Artículo 52. Titulares de órganos directivos

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres al nombrar a las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Esos órganos se consideran en su conjunto, y el precepto se refiere a aquellos cuya designación corresponda al Gobierno.

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Además, la representación de la Administración General del Estado y de esos organismos en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.

Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designan a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, con presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. También observan ese principio en los nombramientos que les corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participen.

Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público debe acompañarse de un informe de impacto de género. La salvedad son los casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

La normativa aplicable establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga esa normativa. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o sus organismos públicos y los representantes del personal al servicio de la Administración Pública.

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo

En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computa el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior. Ese cómputo opera a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos.

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia

Si las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. Se garantiza la plenitud de sus derechos económicos durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con la legislación específica. Lo mismo se aplica durante el período de lactancia natural.

Artículo 59. Vacaciones

Si el periodo de vacaciones coincide con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tiene derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozan del mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Todo ello sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos con la representación de los empleados y empleadas.

Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación

Para actualizar conocimientos, se otorga preferencia durante un año en la adjudicación de plazas de cursos de formación a quienes se incorporen al servicio activo desde el permiso de maternidad o paternidad, o reingresen desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Además, para facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos, en las convocatorias de los cursos correspondientes se reserva al menos un 40% de las plazas a las que reúnan los requisitos establecidos.

Artículo 61. Formación para la igualdad

Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. Además, impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, dirigidos a todo su personal.

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo

Para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores un protocolo de actuación que comprenderá, al menos: a) el compromiso de la Administración General del Estado y sus organismos de prevenir y no tolerar el acoso; b) la instrucción a todo el personal de respetar dignidad, intimidad e igualdad de trato; c) el tratamiento reservado de las denuncias, sin perjuicio de la normativa de régimen disciplinario; d) la identificación de las personas responsables de atender quejas o denuncias.

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remiten, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Deben especificar, mediante la desagregación por sexo de los datos, la distribución de su plantilla, el grupo de titulación, el nivel de complemento de destino y las retribuciones promediadas de su personal.

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella

El Gobierno aprueba, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establece los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y las estrategias o medidas para su consecución. Es objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos, y su cumplimiento lo evalúa anualmente el Consejo de Ministros.

Artículo 65. Respeto del principio de igualdad

Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. El artículo destaca en especial cinco aspectos: régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

Artículo 66. Aplicación en las Fuerzas Armadas de las normas referidas al personal de las administraciones públicas

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de igualdad, protección integral contra la violencia de género y la violencia sexual, y conciliación de la vida personal, familiar y profesional son de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.

Artículo 67. Respeto del principio de igualdad

Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e impedirán cualquier situación de discriminación profesional. El artículo destaca especialmente cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas.

Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las administraciones públicas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Las normas referidas al personal al servicio de las administraciones públicas en tres materias (igualdad; prevención de la violencia de género y la violencia sexual; conciliación de la vida personal, familiar y profesional) son de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se adaptan, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios

Las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, deben cumplir el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Ello no afecta a la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte, siempre y cuando la elección no venga determinada por su sexo. Son admisibles las diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados y necesarios.

Artículo 70. Protección en situación de embarazo

En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer que los demande. El artículo recoge una salvedad: que se haga por razones de protección de la salud de la mujer.

Artículo 71. Factores actuariales

Se prohíbe celebrar contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Además, los costes relacionados con el embarazo y el parto no justifican diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones

La persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69, sufra una conducta discriminatoria tiene derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos, sin perjuicio de otras acciones y derechos de la legislación civil y mercantil. En los contratos de seguros o de servicios financieros afines, incumplir la prohibición del artículo 71 da al contratante perjudicado derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado; en los restantes extremos el contrato mantiene su validez y eficacia, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10.

Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad

Las empresas podrán asumir de forma voluntaria acciones de responsabilidad social (medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales u otras) para promover condiciones de igualdad en la empresa o en su entorno social. Podrán concertarse con la representación de los trabajadores, las organizaciones de consumidores y usuarios, las asociaciones cuyo fin primordial sea defender la igualdad de trato y los Organismos de Igualdad. Se informará a los representantes de los trabajadores de las que no se concierten con ellos. A las medidas laborales se aplica la normativa laboral.

Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad. El Instituto de la Mujer, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, están legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Artículo 75. Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la Ley. Esto se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de dicha entrada en vigor.

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad en las materias de su competencia. En particular: recabar la información estadística de los órganos del Ministerio y asesorarles al elaborarla; elaborar estudios para promover la igualdad; asesorar en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género; fomentar que el personal conozca el principio de igualdad con propuestas de acciones formativas; y velar por el cumplimiento de la Ley y la aplicación efectiva del principio.

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer

Se crea el Consejo de Participación de la Mujer como órgano colegiado de consulta y asesoramiento. Su fin esencial es servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Reglamentariamente se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose en todo caso la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus cónyuges o excónyuges o quienes estén o hayan estado ligados por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Las medidas buscan prevenir, sancionar y erradicar, y asistir a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica y la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad para dañar a la mujer.

Artículo 2. Principios rectores

La Ley articula un conjunto integral de medidas con once fines, letras a) a k): fortalecer la sensibilización y prevención; consagrar derechos exigibles ante las Administraciones; reforzar los servicios sociales y coordinar los municipales y autonómicos; garantizar derechos laborales, funcionariales y económicos; tutela institucional de la Administración General del Estado mediante la Delegación Especial del Gobierno, con el Observatorio Estatal; fortalecer el marco penal y procesal; coordinar recursos; colaborar con la sociedad civil; especialización profesional y transversalidad.

Artículo 3. Planes de sensibilización

El Gobierno del Estado pondrá en marcha, de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley y con dotación presupuestaria, un Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, permanente. Como mínimo: nuevas escalas de valores, dirigido a hombres y mujeres, formación de profesionales y control por una Comisión de amplia participación creada en un plazo máximo de un mes. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, oída la Comisión, elabora el Informe anual y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas serán accesibles a personas con discapacidad.

Artículo 4. Principios y valores del sistema educativo

El sistema educativo incluye entre sus fines la formación en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad, y entre sus principios de calidad eliminar obstáculos a la igualdad y prevenir conflictos. Infantil: aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Primaria: habilidades e igualdad entre sexos. ESO: relacionarse pacíficamente e igualdad de oportunidades. Bachillerato y FP: madurez y análisis crítico de las desigualdades de sexo. Adultos: actividades de resolución pacífica y respeto a la dignidad. Universidades: formación, docencia e investigación en igualdad de género.

Artículo 5. Escolarización inmediata en caso de violencia de género

Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Tres datos: quién (las Administraciones competentes), qué (escolarización inmediata) y cuándo (cambio de residencia derivada de actos de violencia de género).

Artículo 6. Fomento de la igualdad

Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. Dos mandatos sobre los materiales: eliminar estereotipos y fomentar el igual valor.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del profesorado

Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan una formación específica en materia de igualdad. Habilita para: a) educar en derechos y libertades, igualdad, tolerancia y libertad; b) educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en la vida personal, familiar y social; c) la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas; d) fomentar iguales derechos y obligaciones y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.

Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres, con implantación en todo el territorio nacional.

Artículo 9. Actuación de la inspección educativa

Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en este capítulo en el sistema educativo destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres. Dato clave: el órgano que vigila es la inspección educativa, y lo que vigila es tanto el cumplimiento como la aplicación.

Artículo 10. Publicidad ilícita

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Dos datos: la calificación (ilícita) y el supuesto (uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio).

Artículo 11

El Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades.

Artículo 12. Titulares de la acción de cesación y rectificación

Están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer: la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. La acción se ejercita en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

Artículo 13. Medios de comunicación

Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación sobre protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social. Además, la Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.

Artículo 14

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.

Artículo 15. Sensibilización y formación

Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán medidas. Se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario. Las Administraciones educativas competentes asegurarán contenidos de capacitación en licenciaturas, diplomaturas y programas de especialización de las profesiones sociosanitarias. Los Planes Nacionales de Salud que procedan contemplarán un apartado propio.

Artículo 16. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituirá, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, una Comisión contra la Violencia de Género. Apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias del capítulo, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. La componen representantes de todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Emite un informe anual que se remite al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial.

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas

Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos de la ley, sin discriminación en el acceso. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica contribuyen a hacer efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, acogida y asistencia social integral tienen carácter de servicios esenciales.

Artículo 18. Derecho a la información

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las administraciones públicas. Comprende las medidas de protección y seguridad, los derechos y ayudas y el lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. A las mujeres con discapacidad se ofrecerá en formato accesible y comprensible, y será accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial de su territorio de residencia.

Artículo 19. Derecho a la atención integral

Las víctimas tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, que las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales organizan según los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implica especialmente siete aspectos. Los servicios podrán solicitar al órgano judicial medidas urgentes. También tienen derecho los menores bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o que convivan en esos contextos.

Artículo 19 bis. Derecho a la atención sanitaria

El Sistema Público de Salud garantizará a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y el seguimiento de su estado de salud hasta su total recuperación. Los servicios sanitarios deberán contar con psicólogos infantiles para los hijos e hijas menores víctimas de violencia vicaria. Se prestarán garantizando la privacidad y la intimidad y el respeto, en todo caso, a las decisiones de las mujeres. Habrá medidas específicas para mujeres con discapacidad, problemas de salud mental o adicciones.

Artículo 20. Asistencia jurídica

Las víctimas tienen derecho a asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la denuncia y a defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia. Una misma dirección letrada asumirá la defensa si con ello se garantiza el derecho de defensa. El derecho asiste a los causahabientes si la víctima fallece, siempre que no fueran partícipes en los hechos. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer ni reiterar actuaciones.

Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social

La trabajadora víctima tiene derecho a reducir o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro, a la adaptación del puesto, a la suspensión con reserva de puesto y a la extinción del contrato. Suspensión y extinción dan lugar a situación legal de desempleo. Los contratos de interinidad para sustituirlas tienen bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales por contingencias comunes: todo el período de suspensión, o seis meses en movilidad geográfica o cambio de centro. A las trabajadoras por cuenta propia se les suspende la cotización seis meses.

Artículo 22. Programa específico de empleo

Dentro de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre) se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Ese programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Artículo 23. Acreditación de situaciones de violencia de género

La violencia de género se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o por informe del Ministerio Fiscal que indique indicios. También mediante informe de los servicios sociales, especializados o de acogida, o por cualquier otro título, siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales. En menores de edad, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Gobierno y comunidades autónomas diseñan de común acuerdo los procedimientos básicos.

Artículo 24. Ámbito de los derechos

La funcionaria víctima de violencia de género tiene derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia. Todo ello en los términos que se determinen en su legislación específica.

Artículo 25. Justificación de las faltas de asistencia

Las ausencias al trabajo, totales o parciales, de una mujer funcionaria se consideran justificadas cuando están motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género que ha sufrido. La justificación opera en los términos que se determine en su legislación específica.

Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias

Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se acreditan en los términos establecidos en el artículo 23. El precepto no describe un sistema de acreditación propio.

Artículo 27. Ayudas sociales

Ayuda de pago único para víctimas sin rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional (excluidas dos pagas extraordinarias), si se presume especial dificultad para obtener un empleo. Importe: seis meses de subsidio; doce con discapacidad del 33 por 100 o más; con responsabilidades familiares, hasta 18, o 24 si la víctima o un familiar conviviente tiene minusvalía del 33 por 100 o más. Las financian los Presupuestos Generales del Estado y las conceden las Administraciones competentes en servicios sociales, con informe del Servicio Público de Empleo.

Artículo 28. Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores

Las mujeres víctimas de violencia de género son consideradas colectivos prioritarios en el acceso a dos recursos: las viviendas protegidas y las residencias públicas para mayores. Esa prioridad se aplica en los términos que determine la legislación aplicable.

Artículo 28 bis. Alcance y garantía del derecho

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, que comprende cuatro elementos: la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

Artículo 28 ter. Medidas para garantizar el derecho a la reparación

La reparación comprende indemnización, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La indemnización cubre, al menos: daño físico y psicológico (con el moral y a la dignidad); pérdida de oportunidades; daños materiales y pérdida de ingresos (con el lucro cesante); daño social (al proyecto de vida); y tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. La satisfacen la o las personas civil o penalmente responsables. Las administraciones aseguran el acceso a ella, garantizan la recuperación y podrán establecer ayudas complementarias.

Artículo 29. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al departamento con competencias en la materia, formula las políticas públicas sobre violencia de género a desarrollar por el Gobierno, elabora la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres y coordina e impulsa las acciones en la materia. Su titular está legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos e intereses tutelados en la ley. El rango y las funciones concretas de la persona titular se determinan reglamentariamente.

Artículo 30. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Asesora, evalúa, colabora institucionalmente, elabora informes y estudios y hace propuestas de actuación; los datos se consignan desagregados por sexo. Remite al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe anual. Reglamentariamente se fijan funciones, funcionamiento y composición, con participación de Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales, asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones de mujeres, empresariales y sindicales.

Artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El Gobierno establecerá en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. Promoverá que las Policías Locales cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas judiciales previstas en esta Ley, en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal. La actuación policial tendrá en cuenta el Protocolo de Actuación y de Coordinación con los Órganos Judiciales. Se aplica en las Comunidades Autónomas con policía propia.

Artículo 32. Planes de colaboración

Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración para ordenar la prevención, asistencia y persecución de la violencia de género, implicando a administraciones sanitarias, Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y organismos de igualdad. Se desarrollan con protocolos que garanticen la actividad probatoria. Las administraciones sanitarias promoverán protocolos de pautas uniformes, en el ámbito público y privado, en especial el del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se atenderá de forma especial a mujeres con mayor riesgo.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para ello crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio. El Sistema es una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las Comunidades Autónomas, con participación, en su caso, de las Entidades Locales.

Artículo 2. Definiciones

Define los conceptos clave. Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales. Dependencia: estado de carácter permanente en que se precisan cuidados y apoyos de otras personas o ayudas importantes para las actividades de la vida diaria. Cuidados no profesionales: los prestados en su domicilio por familia o entorno no vinculados a un servicio profesional; cuidadora principal: quien dedica más tiempo y se identifica como tal en el PIA. Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser físicas o mecánicas y farmacológicas o químicas.

Artículo 3. Principios de la Ley

Enumera los principios que inspiran la Ley, de la a) a la t). Entre ellos: carácter público de las prestaciones, universalidad en el acceso, respeto a la libertad de elección y autodeterminación, atención integral e integrada, transversalidad, personalización de cuidados, vida independiente, permanencia en el entorno, participación de la iniciativa privada y del tercer sector, cooperación interadministrativa, perspectiva de género y enfoque interseccional. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.

Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder en igualdad a las prestaciones, residan donde residan en España, y a derechos especiales como elegir dónde y con quién vivir, una atención libre de sujeciones o la previa autorización, expresa y por escrito, si los servicios se usan en un proyecto docente o de investigación. A su vez, ellas, sus familiares o representantes y los centros deben suministrar la información requerida para valorar el grado, comunicar las ayudas que reciban y aplicar las prestaciones económicas a su finalidad.

Artículo 4 bis. Derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal

Son personas cuidadoras no profesionales y cuidadora principal las identificadas como tales en el PIA. Las no profesionales tienen derecho a información y a acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado. La cuidadora principal designada en la resolución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene además derecho a ser colectivo prioritario de empleo, a medidas de conciliación (con continuidad de la atención si enferma gravemente o es hospitalizada) y a la incorporación en la Seguridad Social.

Artículo 5. Titulares de derechos

Son titulares de los derechos los españoles que estén en situación de dependencia en alguno de los grados y residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud. En menores de cinco años, la residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia. No se exigen nacionalidad ni los cinco años de residencia a solicitantes y beneficiarios de asilo o protección subsidiaria ni a beneficiarios de protección temporal. El Gobierno fijará el acceso de los retornados previo acuerdo del Consejo Territorial.

Artículo 6. Finalidad del Sistema

El Sistema garantiza las condiciones básicas y el contenido común de la Ley, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, optimiza los recursos públicos y privados disponibles y contribuye a mejorar las condiciones de vida. Se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados. Integrarse en el Sistema no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica de esos centros y servicios.

Artículo 7. Niveles de protección del Sistema

La protección de la dependencia se presta en tres niveles: 1.º el nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9; 2.º el nivel que se acuerde entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma mediante los Convenios del artículo 10; y 3.º el nivel adicional que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.

Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, instrumento de cooperación entre la AGE y las comunidades autónomas. Lo preside la persona titular del Ministerio y lo integran los consejeros autonómicos competentes, uno de los cuales ocupa la Vicepresidencia. Pueden incorporarse asesores especialistas con voz pero sin voto, y tienen mayoría los representantes autonómicos. Entre sus funciones: acordar el Marco de cooperación y el baremo.

Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado

El Gobierno, oído el Consejo Territorial, determina el nivel mínimo de protección garantizado para cada beneficiario según su grado de dependencia, como condición básica del derecho. Ese nivel mínimo se asigna a las comunidades autónomas considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. Su financiación pública corre a cuenta de la Administración General del Estado, que fija anualmente los recursos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado según los criterios del artículo 32.

Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas

En el Consejo Territorial, la AGE y las comunidades autónomas acuerdan el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrolla mediante Convenios bilaterales con cada comunidad. En ellos se fijan objetivos, medios y recursos, incrementando el nivel mínimo estatal. El Consejo Territorial establece los criterios de intensidad de protección de cada servicio del Catálogo y su compatibilidad o incompatibilidad, que aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Los convenios fijan la financiación de cada Administración, y la AGE consigna anualmente crédito para celebrarlos.

Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema

Corresponde a las comunidades autónomas, en su territorio: planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios; gestionar los servicios y recursos de valoración y atención; establecer la coordinación sociosanitaria; crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios; asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención; inspeccionar y sancionar; evaluar periódicamente el Sistema y aportar a la AGE la información para la financiación. Además, con cargo a sus presupuestos, pueden definir niveles de protección adicionales y sus normas de acceso.

Artículo 12. Participación de las Entidades Locales

Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de su comunidad autónoma y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. Además, pueden participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.

Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deben orientarse a satisfacer sus derechos y a una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, con dos objetivos: a) promover la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad; y b) proteger la dignidad de las personas y garantizar el buen trato y el ejercicio pleno de todos sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 14. Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

Las prestaciones pueden ser servicios o económicas, compatibles con trabajar por cuenta ajena o propia. Los servicios del Catálogo tienen carácter prioritario. La prioridad en el acceso la marca el grado; a igual grado, el tiempo de espera desde la solicitud; y a igual grado y espera, la capacidad económica. Quien no acceda al servicio tiene derecho a la prestación vinculada o a una solución transitoria. La atención será libre de sujeciones, salvo urgencia vital. Las prestaciones económicas son inembargables, salvo el supuesto del artículo 608 de la LEC.

Artículo 15. Catálogo de servicios

El Catálogo de servicios comprende nueve servicios: prevención de la situación de dependencia; promoción de la autonomía personal; teleasistencia; ayuda a domicilio; asistencia personal; centro de día y de noche; cuidados y apoyos en viviendas; atención residencial; y provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Se regulan sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Las prestaciones y servicios se integran en la Red de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. La red de centros la forman los centros públicos autonómicos y locales, los centros de referencia estatal y los privados concertados debidamente acreditados. Las comunidades autónomas fijan el régimen jurídico y las condiciones de los concertados, teniendo especialmente en cuenta al tercer sector. Los centros privados no concertados necesitan la acreditación de la comunidad autónoma. Los poderes públicos promoverán el voluntariado y la participación del tercer sector.

Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio

La prestación económica vinculada al servicio es periódica y se reconoce únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario y según el convenio entre la AGE y la comunidad autónoma. Es de carácter personal y está, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. Las Administraciones competentes supervisarán su destino y utilización.

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar

Puede reconocerse una prestación económica para cuidados en el entorno familiar cuando la persona dependiente lo desee, esté atendida por su entorno familiar o relacional y se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda. Busca apoyar a la persona cuidadora y la permanencia en el núcleo convivencial de origen. El Consejo Territorial acuerda las condiciones de acceso, que aprueba el Gobierno por real decreto. Excepcionalmente, puede no exigirse la convivencia si hay compromiso de cuidados sin contraprestación y viviendas próximas.

Artículo 19. Servicio de asistencia personal a través de prestación económica

La prestación económica de asistencia personal se alinea con los principios de vida independiente y autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la mayor autonomía posible mediante la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, según su PIA. Las administraciones velarán por las condiciones laborales y de formación de quienes presten la asistencia personal y supervisarán el destino de la prestación.

Artículo 19 bis. Servicio de cuidados y apoyos en viviendas a través de prestación económica

La prestación económica de cuidados y apoyos en viviendas contribuye a contratar el servicio del artículo 24 bis. En el supuesto del artículo 24 bis.2.b), las personas que lo soliciten, cuando los cuidados se coordinen de forma participativa, pueden contratar el servicio de forma conjunta. Los servicios los prestan directamente profesionales cualificados con competencias acreditadas, o centros y servicios concertados, privados o de iniciativa social, debidamente acreditados. Las Administraciones supervisarán el destino de la prestación.

Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas

La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de su misma Sección no la fija la propia Ley: la acuerda el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, después, la aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Son dos pasos y dos órganos distintos.

Artículo 21. Servicio de prevención de las situaciones de dependencia

El servicio de prevención busca prevenir la aparición o el agravamiento de la dependencia mediante actuaciones coordinadas entre servicios sociales y de salud, y programas preventivos y de rehabilitación para personas mayores, con discapacidad o con hospitalizaciones complejas. También busca disminuir, evitar o erradicar las limitaciones y restricciones sociales con accesibilidad universal e inclusión. El Consejo Territorial acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas de los Planes de Prevención que elaboren las comunidades autónomas.

Artículo 21 bis. Servicio de promoción de la autonomía personal

Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones sobre cómo vivir según la propia voluntad, deseos, preferencias y estilo de vida, facilitando, en su caso con los apoyos necesarios, las actividades de la vida diaria, también cuando se desarrollen en entornos digitales. El Consejo Territorial acordará la definición de los servicios mínimos comunes.

Artículo 22. Servicio de teleasistencia

La teleasistencia es un servicio de atención y apoyo continuo y personalizado, prestado con tecnologías avanzadas y dispositivos accesibles universalmente. Busca la permanencia y el bienestar en el domicilio y prevenir o intervenir ante emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento. Es un derecho con independencia de otras prestaciones y complementario a las del PIA en cualquier grado. Se garantizará en zonas rurales, fronterizas o menos pobladas las 24 horas, todos los días, e incluirá videointerpretación en lengua de signos.

Artículo 23. Servicio de ayuda a domicilio

La ayuda a domicilio es el conjunto de actuaciones en el domicilio de la persona dependiente y en su entorno comunitario próximo, para facilitar las actividades de la vida diaria y promover su autonomía; exige formación especializada. A quienes lo soliciten se les organizará de forma coordinada, conjunta y participada si residen en la misma vivienda, en viviendas de un equipamiento colectivo en un entorno comunitario o en viviendas próximas. Si hay prestación económica vinculada y se dan esos supuestos, la contratación puede ser conjunta.

Artículo 23 bis. Servicio de asistencia personal

El servicio de asistencia personal promueve la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia de cualquier grado y edad. Consiste en apoyos y cuidados, bajo la dirección de la propia persona, prestados por profesionales de referencia, prioritariamente con formación especializada o experiencia acreditada, conforme a un plan personal que concrete las actividades de la vida diaria y le permita desarrollar su proyecto de vida libremente elegido.

Artículo 24. Servicio de centro de día y de noche

El centro de día o de noche ofrece cuidados y apoyos integrales en periodo diurno o nocturno, con enfoque comunitario, para promover la autonomía, mejorar la calidad de vida y apoyar a familias o cuidadores. El de día facilita, entre otras cosas, estimulación cognitiva y física y apoyo psicológico. Desde el centro de día pueden prestarse servicios similares a personas de domicilios próximos, en el propio centro, en otras instalaciones del entorno comunitario o en los domicilios, favoreciendo vínculos con el entorno.

Artículo 24 bis. Servicio de cuidados y apoyos en viviendas

El servicio de cuidados y apoyos en viviendas busca que las personas, de cualquier edad y grado, desarrollen un proyecto de vida independiente, con apoyos integrales. Tiene dos modalidades: a) una vivienda donde convive un número reducido de personas dependientes, en un entorno de viviendas ordinarias, con convivencia participativa y con alojamiento y manutención incluidos; b) viviendas de un equipamiento colectivo o próximas que compartan espacios comunes, con un plan de cuidados comunes y sin alojamiento incluido.

Artículo 25. Servicio de atención residencial

La atención residencial ofrece un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con participación en la comunidad, con atención integral centrada en los valores, preferencias, derechos e intimidad de la persona. Puede ser permanente, cuando sea su residencia habitual, o temporal, para estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.

Artículo 25 bis. Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal

Este servicio facilita a la persona dependiente que lo desee, durante el tiempo que lo requiera, el acceso por préstamo o cesión temporal a productos de apoyo para las actividades de la vida diaria. Producto de apoyo es todo dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico para prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones. El Consejo Territorial acuerda el catálogo mínimo común. Se excluyen los productos de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Es complementario en cualquier grado y no reduce otros apoyos, salvo duplicidad acreditada.

Artículo 26. Grados de dependencia

La dependencia se clasifica en tres grados. Grado I, moderada: ayuda para varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día, o apoyo intermitente o limitado. Grado II, severa: ayuda dos o tres veces al día, sin requerir el apoyo permanente de una persona cuidadora, o apoyo extenso. Grado III, gran dependencia: ayuda varias veces al día y, por pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, apoyo indispensable y continuo de otra persona, o apoyo generalizado. Los intervalos de cada grado se fijan en el baremo del artículo siguiente.

Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia

Las comunidades autónomas determinan los órganos de valoración, de carácter público, que emiten un dictamen sobre el grado con los apoyos y cuidados que se requieran; el Consejo Territorial puede consensuar criterios comunes sobre su composición y actuación. El grado se determina solo con el baremo acordado en el Consejo Territorial y aprobado por el Gobierno mediante real decreto, que tiene como referente la CIF de la OMS. La valoración considera los informes de salud del profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de capacidades y el entorno.

Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema

El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de su representante, con un plazo máximo de resolución de 3 meses. La resolución la expide la Administración autonómica de la residencia del solicitante y vale en todo el Estado. La valoración, la prescripción y la gestión de las prestaciones económicas las hacen directamente las Administraciones, sin delegación, contratación ni concierto con entidades privadas. Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo especial vulnerabilidad, en que se tramitan de urgencia.

Artículo 29. Programa Individual de Atención

Los servicios sociales públicos, de acuerdo con la persona dependiente y a propuesta de esta, establecen el Programa Individual de Atención (PIA) con las modalidades de cuidados y apoyos de su grado. Su voluntad se recoge en un trámite de consulta previa. El PIA se revisa a instancia de la persona interesada, de oficio o por cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a Ceuta y Melilla. Las prestaciones pueden modificarse o extinguirse, previa audiencia. Si fallece, la prestación para cuidados en el entorno familiar se abona hasta el último día del mes del deceso.

Artículo 30. Revisión del grado de dependencia

El grado de dependencia puede revisarse a instancia de la persona interesada, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes. Las causas de revisión son solo dos: a) mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia; y b) error de diagnóstico o error en la aplicación del correspondiente baremo.

Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad

Quien perciba una prestación económica de esta ley verá deducida de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social. En particular se deducen: el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión no contributiva de incapacidad y el subsidio de ayuda a tercera persona. La deducción no se aplica a quienes tengan reconocido el Grado III+ de dependencia extrema.

Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones públicas

La financiación del Sistema será suficiente y se fijará anualmente en los Presupuestos. La AGE asume íntegramente el coste del nivel mínimo y garantiza una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente, sin incluir la aportación de las personas beneficiarias. Los convenios, anuales o plurianuales, fijan obligaciones y criterios de reparto (población dependiente, dispersión, insularidad, retornados…). La comunidad autónoma aportará cada año al menos lo mismo que la AGE.

Artículo 32 bis. Determinación de la capacidad económica

Las comunidades autónomas desarrollan en su territorio los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias según su renta y patrimonio. Para el patrimonio se tienen en cuenta la edad de la persona y el tipo de servicio, no se computa la vivienda habitual y se fijan umbrales de renta, patrimonio y mínimos exentos adaptados a la carestía de la vida y a las circunstancias de su población. El Consejo Territorial puede consensuar criterios generales.

Artículo 33. La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones

Cuando proceda, las personas beneficiarias contribuyen según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que es exclusivamente personal y también cuenta para la cuantía de las prestaciones económicas. Las comunidades autónomas regulan el copago y garantizan un mínimo exento, una cantidad mínima para gastos personales en residencia y viviendas, su actualización anual y que el copago no sea disuasorio. Se distinguen servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. Nadie queda fuera del Sistema por no tener recursos, y la información sobre copagos se publica cada año.

Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

El Sistema garantiza la calidad de centros y servicios evaluando los procesos de atención y, especialmente, su impacto en los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las personas dependientes y de quienes cuidan. En el Consejo Territorial se fijan criterios comunes de acreditación de calidad con enfoque de derechos humanos, dentro del marco general de calidad de la AGE. La inspección se alinea con ese modelo y sus resultados se publican. Las comunidades autónomas establecen sistemas de alerta y respuesta rápida ante mala praxis o vulneración de derechos.

Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios

El Consejo Territorial elabora un marco de referencia con criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de los cuidados en centros y servicios, atendiendo a su impacto en quienes reciben y prestan los cuidados. Las administraciones publican los resultados de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora. El Consejo Territorial hará público un plan de buenas prácticas. Los centros residenciales tendrán una guía de convivencia y funcionamiento con su organización, los derechos y obligaciones de las personas y su forma de participación.

Artículo 35 bis. Garantía de calidad en el empleo

Entre los criterios comunes de acreditación de calidad, el Consejo Territorial incluirá los relativos a la calidad en el empleo: suficiencia de profesionales según el grado de dependencia, atención integral y continuada, y cualificación, competencias y formación del personal de atención directa. El Consejo Territorial, oído el Comité Consultivo, acordará indicadores de calidad del empleo y condiciones laborales (salario, jornadas, temporalidad…), desagregados al menos por sexo, edad, origen y titularidad del servicio. El Comité Consultivo será informado de su evolución.

Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores

Se atenderá a la formación básica y permanente de profesionales y cuidadores de personas en situación de dependencia; los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para las funciones del Catálogo de servicios del artículo 15 y promoverán los programas y acciones formativas necesarios. Para garantizar la calidad, se fomentará la colaboración entre las Administraciones educativas, sanitarias, laborales y sociales, y de estas con universidades, sociedades científicas, organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.

Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación entre Administraciones; sus objetivos y contenidos se acuerdan en el Consejo Territorial. Incluirá datos esenciales como población protegida, listas de espera, costes y calidad. Sus estadísticas se desagregarán, al menos, por sexo, edad y grado de dependencia, respetando la protección de datos y la transparencia.

Artículo 38. Red de comunicaciones

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, usando preferentemente las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema una red de comunicaciones que facilite y proteja el intercambio de información. Su uso se somete al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018 y a los requisitos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado. Por ella se intercambia información sobre infraestructuras, situación, grado y prestación reconocida de los beneficiarios.

Artículo 39. Acción administrativa contra el fraude

Las Administraciones Públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos del Sistema, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas de quienes participen en él o sean beneficiarios, y establecerán medidas de control para detectar y perseguir esas situaciones. Para ello desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la Ley y ejercerán la potestad sancionadora conforme al Título III, usando en su caso la cooperación interadministrativa.

Artículo 40. Comité Consultivo

El Comité Consultivo es un órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que hace efectiva la participación social. Informa, asesora y formula propuestas. Es tripartito (Administraciones, organizaciones empresariales y sindicales) y paritario. Sus acuerdos exigen mayoría de votos en cada parte. Lo preside el representante de la AGE que designe el Ministro y lo integran seis representantes de la AGE, seis de las Comunidades Autónomas, seis de las Entidades locales, nueve de las organizaciones empresariales y nueve de las sindicales.

Artículo 41. Órganos consultivos

Son órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuatro: el Comité Consultivo del Sistema, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Todos tienen las mismas funciones: informar, asesorar y formular propuestas sobre materias de especial interés para el funcionamiento del Sistema.

Artículo 42. Responsables

Solo pueden ser sancionadas por infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas responsables de los hechos. Son autores quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta, y también quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se habría podido cometer.

Artículo 43. Infracciones

Constituyen infracción: dificultar o impedir los derechos de la Ley; obstruir la inspección; negar información o dar datos falsos; aplicar las prestaciones económicas a otros fines o recibir ayudas incompatibles; incumplir las normas de autorización y acreditación de centros; tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia; conculcar su dignidad; generar daños o riesgos para su integridad física o psíquica; e incumplir los requerimientos específicos de las Administraciones competentes.

Artículo 44. Clasificación de las infracciones

Las infracciones son leves, graves o muy graves. Leves: cometidas por imprudencia o simple negligencia sin perjuicio directo. Graves: con perjuicio para las personas o con dolo o negligencia grave, y además la reincidencia de falta leve, la negativa absoluta a informar o colaborar con la inspección o el falseamiento de información, y las coacciones o represalias. Muy graves: las graves que atenten gravemente contra derechos fundamentales, causen grave perjuicio o supongan reincidencia de falta grave. Hay reincidencia si se fue sancionado en los dos últimos años.

Artículo 45. Sanciones

Sanciones: pérdida de prestaciones y subvenciones para beneficiarios; multa para cuidadores no profesionales; y multa y, en su caso, pérdida de subvenciones, cese temporal o cierre para proveedores. Siempre conlleva reintegrar lo indebidamente percibido. Multas: leve, hasta 300 euros a cuidadores y hasta 30.000 a proveedores; grave, de 300 a 3.000 y de 30.001 a 90.000; muy grave, de 3.001 a 6.000 y de 90.001 a un millón. La suspensión de prestaciones va de uno a seis meses. En casos especialmente graves, suspensión de la actividad hasta cinco años o cierre.

Artículo 46. Prescripción

Las infracciones prescriben al año las leves, a los tres años las graves y a los cuatro años las muy graves. El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción y se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. Las sanciones prescriben a los cinco años las impuestas por faltas muy graves, a los cuatro las graves y al año las leves.

Artículo 47. Competencias

Las comunidades autónomas desarrollan el cuadro de infracciones y sanciones. La incoación, instrucción y sanción corresponden a cada Administración en su ámbito de competencias. En la AGE sanciona: las leves, el titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales; las graves, el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad; las muy graves, el titular del Ministerio, con acuerdo previo del Consejo de Ministros si superan 300.000 euros o suponen el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.

Sexo y género

Sexo y género son distintos. Comisión Europea (1998): sexo, características biológicas que distinguen al macho de la hembra; género, diferencias sociales entre hombres y mujeres aprendidas, cambiantes y variables entre culturas y dentro de ellas. ONU Mujeres: el género son los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para cada sexo; se aprenden por socialización. IAM (2003): el género es una condición social que fija pautas de comportamiento. IAM (2006): no confundir sexo con género gramatical.

Roles de género, contrato social de género y división sexual del trabajo

Comisión Europea: los roles en función del sexo son pautas asignadas a hombres y mujeres, inculcadas y perpetuadas según el contrato social de género, que se articula en tres niveles: superestructura cultural, instituciones y procesos de socialización. La división del trabajo reparte el trabajo remunerado y el no remunerado según los roles tradicionales. ONU Mujeres distingue roles productivos, reproductivos (sobre todo de mujeres), de gestión comunitaria (mujeres, no remunerado), de política comunitaria (hombres, poder o estatus) y el triple rol de las mujeres.

Estereotipos y normas de género

ONU Mujeres: los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de atributos, diferencias y roles de mujeres y hombres; se usan para justificar la discriminación y llegan en muchos «envases» (canciones, anuncios, proverbios). Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar, interiorizadas desde temprano. EIGE: ideas preconcebidas que asignan arbitrariamente características y roles y limitan talentos y oportunidades. IAM (2003): el estereotipo adjudica valores según el grupo de pertenencia; IAM (2006): determinan las expectativas sociales.

Patriarcado, androcentrismo y sexismo

IAM (2003): el sistema patriarcal es un modelo de organización social androcéntrico y jerárquico basado en la dominación; el patriarcado se basa en el poder del «pater». ONU Mujeres: organización social que da más importancia a lo masculino y es base de la desigualdad. IAM (2006): el androcentrismo es la «óptica de varón», que toma a los varones como medida de todas las cosas; Eulàlia Lledó distingue androcentrismo conceptual y lingüístico. Sexismo: actitud o comportamiento excluyente y discriminatorio por razón de sexo (IAM, 2003).

Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades

Comisión Europea (1998): igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos y de trato; igualdad de trato, ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo; igualdad de oportunidades, ausencia de toda barrera sexista para la participación económica, política y social. IAM (2003): el principio de igualdad tiene dimensión positiva y negativa; como la igualdad de trato es necesaria pero no suficiente, las acciones positivas añaden la dimensión compensadora (igualdad de oportunidades): de la igualdad formal a la real.

Igualdad formal, real y sustantiva; igualdad y equidad

IAM (2003): igualdad formal es la prohibición normativa de discriminar; igualdad real exige medidas para que sea efectiva, removiendo obstáculos culturales y de otro tipo. IAM (2006): la igualdad de derecho o formal equipara por ley, aunque persisten barreras estructurales; la de hecho o real es aquella en que desaparecen las desigualdades construidas, permaneciendo las diferencias biológicas e individuales. EIGE: la igualdad sustantiva combina la formal con la igualdad de resultados y exige revisar si las leyes neutras aceleran la igualdad.

Igualdad de género y equidad

ONU Mujeres: la igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, niñas y niños; no significa que sean iguales, sino que no dependan del sexo; concierne también a los hombres y es cuestión de derechos humanos. IAM (2003): incluye el derecho a ser diferentes sin discriminación. Equidad: la Comisión Europea la definía como imparcialidad en el trato y el IAM como justicia, pero ONU Mujeres prefiere «igualdad» (Beijing 1995; CEDAW, Recomendación General 28).

Desigualdad de género y brecha de género

EIGE: desigualdad de género es la situación jurídica, social y cultural en que el sexo o el género determinan derechos y dignidad diferentes; en prácticamente todas las sociedades las mujeres están en posición inferior. Desigualdad estructural: arraigo en las estructuras sociales. Comisión Europea (1998) e IAM: la diferencia debida al género (gender gap) es la diferencia entre mujeres y hombres en cualquier ámbito, que según el IAM proviene de la socialización. ONU Mujeres: brecha es cualquier disparidad; el Foro Económico Mundial mide cuatro pilares.

Discriminación por razón de sexo: concepto y clases

CEDAW (1979), art. 1: discriminación contra la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, sea cual sea su estado civil. Puede ser de jure o de facto; la múltiple o interseccional implica más de un motivo. IAM (2003): directa, por motivos expresamente prohibidos; indirecta, por condiciones aparentemente neutrales. Comisión Europea: la indirecta es un impacto desproporcionadamente adverso de algo aparentemente neutral, salvo justificación objetiva.

Acción positiva: concepto, denominaciones y cuotas

Comisión Europea (1998): acción positiva son medidas dirigidas a un grupo para suprimir y prevenir una discriminación o compensar desventajas; a veces se llaman «discriminación positiva». IAM (2003): compensa el desequilibrio estructural y es temporal. IAM (2006): la discriminación positiva es una modalidad que afecta al punto de llegada y garantiza el resultado. ONU Mujeres prefiere «medidas especiales de carácter temporal»; el EIGE ve una contradicción en «discriminación positiva». La cuota reserva una proporción de puestos, escaños o recursos.

Fundamentos jurídicos de la acción positiva y medidas especiales de carácter temporal

Según la guía del IAM (2003), la base de la acción positiva está en el Tratado de Roma de 1957 (art. 119, igual retribución: primera referencia europea a la igualdad), la Directiva 76/207 (modificada en 2002), la Recomendación del Consejo de 1984, el art. 141 del Tratado de Ámsterdam, el art. 9.2 CE y el art. 4 de la CEDAW. Este dispone que las medidas especiales de carácter temporal no son discriminación y cesarán al lograr sus objetivos. ONU Mujeres (Recomendación General 25): temporales, especiales y medidas de todo tipo.

Concepto de mainstreaming o transversalidad de género

Comisión Europea, COM (96) 67, de 21-2-1996: la transversalidad integra sistemáticamente situaciones, prioridades y necesidades de mujeres y hombres en todas las políticas, teniendo en cuenta sus efectos desde la planificación. Consejo de Europa (1998): (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar la igualdad en todos los niveles y fases. IAM (2003): mainstream es la corriente general; cita Beijing (párrafo 79) y Ámsterdam (art. 3.2). ONU Mujeres: es una estrategia, no una meta.

Políticas específicas y transversales: la estrategia dual y la perspectiva de género

IAM (2003): las políticas específicas de igualdad favorecen a las mujeres con acciones positivas y cubren necesidades prácticas, pero sufren falta de recursos y estigmatización y no atienden los intereses estratégicos; las transversales integran el género en todas las políticas. El enfoque integrado complementa, no sustituye, a las específicas: estrategia dual (EIGE: twin-track strategy). ONU Mujeres: paridad y perspectiva de género son estrategias gemelas; continuo de políticas: negativo, neutro, sensible, positivo y transformador.

Techo de cristal, barreras invisibles y segregación en el empleo

Comisión Europea (1998): techo de cristal es la barrera invisible, fruto de estructuras en organizaciones dominadas por varones, que impide a las mujeres acceder a puestos importantes; barreras invisibles son actitudes de expectativas y valores tradicionales. ONU Mujeres: metáfora de barreras a través de las que las mujeres ven las posiciones de élite sin alcanzarlas. EIGE: acantilado de cristal, liderazgos con más riesgo de fracaso. Segregación: horizontal (sectores y empleos) y vertical (niveles y puestos).

Brecha salarial de género

Comisión Europea (1998): diferencia de retribución es la diferencia de sueldo medio; el diferencial retributivo resulta de la segregación o de la discriminación directa. IECA (indicador ODS 5.9): brecha salarial no ajustada es la diferencia entre la ganancia bruta media por hora de hombres y mujeres asalariados, en porcentaje de la de los hombres; empresas de diez o más empleados. Es «no ajustada» porque da una visión general (EIGE: no tiene en cuenta educación, experiencia, horas o empleo). INE 2024: salario anual femenino, 83,9 % del masculino.

Artículo 1. Objeto de la ley

La Ley 15/2022 tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. Para ello regula derechos y obligaciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, fija principios de actuación de los poderes públicos y prevé medidas para prevenir, eliminar y corregir toda discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Toda persona tiene derecho a la igualdad de trato y no discriminación, sea cual sea su nacionalidad, edad o si tiene o no residencia legal. Caben diferencias de trato con criterios razonables y objetivos y propósito legítimo. La enfermedad solo ampara diferencias derivadas del tratamiento, de limitaciones objetivas o de salud pública. Obliga al sector público (AGE, CCAA, Administración Local, Administración de Justicia, sector público institucional y sus asociaciones y fundaciones) y a los privados que residan, se encuentren o actúen en España.

Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación

La ley se aplica en dieciséis ámbitos: empleo por cuenta ajena y propia (acceso, condiciones incluidas retribuciones y despido, promoción y formación), empleo público, afiliación a organizaciones, educación, sanidad, transporte, cultura, seguridad ciudadana, Administración de Justicia, protección social, bienes y servicios incluida la vivienda, espacios públicos, publicidad y medios, internet y redes, deporte e inteligencia artificial. Se aplica sin perjuicio de los regímenes específicos más favorables estatales o autonómicos.

Artículo 4. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación

Se prohíbe toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica discriminatoria. Son vulneraciones: discriminación directa o indirecta, por asociación y por error, múltiple o interseccional, denegación de ajustes razonables, acoso, inducción u orden de discriminar, represalias, incumplir acciones positivas obligatorias, inacción o dejación de funciones. No es discriminación la diferencia de trato justificada por una finalidad legítima con un medio adecuado, necesario y proporcionado. Es principio informador transversal, con perspectiva de género.

Artículo 5. Derechos a la información y al asesoramiento de las personas víctimas de discriminación

Las víctimas tienen garantizados los derechos de la ley sea cual sea su situación administrativa. Tienen derecho a información completa y comprensible y a asesoramiento adaptado; la información será accesible para personas con discapacidad (lectura fácil, Braille, lengua de signos española y catalana). Tienen asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Los menores reciben la información en lenguaje claro y, donde haya lengua cooficial, en la que elijan.

Artículo 6. Definiciones

Define: discriminación directa (trato menos favorable en situación comparable; incluye denegar ajustes razonables); indirecta (criterio aparentemente neutro que causa desventaja particular); por asociación (por la relación con otra persona); por error (apreciación incorrecta); múltiple (dos o más causas simultáneas o consecutivas) e interseccional (causas que interactúan); acoso; inducción (concreta, directa y eficaz); represalias (excluido el ilícito penal); acciones positivas (mientras subsistan las situaciones que las justifican) y segregación escolar.

Artículo 7. Interpretación

La interpretación de la ley y la actuación de los poderes públicos se ajustarán a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que España sea parte y a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internacionales, y tendrán en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales. Ante varias interpretaciones, se preferirá la que proteja con mayor eficacia a las personas o grupos afectados. La ley fija niveles mínimos de protección y prevalece el régimen que mejor garantice la no discriminación.

Artículo 1. Objeto de esta ley

La ley tiene dos objetos. Primero, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el ejercicio real y efectivo de derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y erradicando toda discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo, establecer el régimen de infracciones y sanciones.

Artículo 2. Definiciones

Discapacidad: interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras. Discriminación directa: trato menos favorable que otra persona en situación análoga por razón de discapacidad; indirecta: criterio, práctica o entorno aparentemente neutros que puedan causar una desventaja particular, siempre que no respondan a una finalidad legítima y los medios no sean adecuados y necesarios; por asociación: trato discriminatorio por la relación con otra persona. Define además acoso, acción positiva, accesibilidad y ajustes razonables (no realizarlos discrimina).

Artículo 3. Principios

Enumera trece principios de la ley: dignidad inherente, autonomía individual (incluida la libertad de tomar las propias decisiones) e independencia; vida independiente; no discriminación; respeto por la diferencia; igualdad de oportunidades; igualdad entre mujeres y hombres; normalización; accesibilidad universal; diseño universal; participación e inclusión plenas; diálogo civil; respeto al desarrollo de la personalidad, en especial de niñas y niños con discapacidad y su derecho a preservar su identidad; y transversalidad de las políticas.

Artículo 4. Titulares de los derechos

Son personas con discapacidad quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que, con las barreras, pueden impedir su participación plena; y, a efectos de la ley, quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33 %. La dependencia en grado I equivale al 33 % y en grados II y III al 65 %, salvo en el ámbito tributario. A ciertos efectos, los pensionistas de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez se asimilan al 33 %. La acreditación vale en todo el territorio nacional.

Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal

Las medidas específicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal se aplican, además de a los derechos del título I, en nueve ámbitos: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y servicios a disposición del público; relaciones con las administraciones públicas (incluido el acceso a prestaciones y resoluciones); Administración de justicia; participación en la vida pública y procesos electorales; patrimonio cultural; y empleo.

Artículo 6. Respeto a la autonomía de las personas con discapacidad

Los derechos se ejercen respetando la libertad en la toma de decisiones, con medios y apoyos que garanticen un consentimiento informado. Las personas con discapacidad tienen derecho a la vida independiente y a elegir residencia, con quién y cómo vivir, sin un sistema de vida específico. Las Administraciones promoverán servicios de asistencia domiciliaria, residencial y comunitaria, incluida la asistencia personal y, en su caso, la animal. Los poderes públicos impulsarán planes de desinstitucionalización y las Administraciones elaborarán planes de accesibilidad e inclusión.

Artículo 7. Derecho a la igualdad

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Las Administraciones promoverán su ejercicio real y efectivo y los protegerán de forma especialmente intensa en igualdad de género, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial, movilidad, comunicación, cultura, deporte, ocio y participación, y singularmente ante la discriminación múltiple e interseccional. Pueden usar productos de apoyo y no se les puede obligar a prescindir de ellos, sin perjuicio de acreditar su necesidad en procesos selectivos.

Artículo 7 bis. Respeto al derecho a la familia, al hogar, a las relaciones interpersonales y a la protección de las familias con personas con discapacidad en su seno

Las personas con discapacidad gozan de plenitud de derechos en el matrimonio u otras formas de afectividad, la familia, el hogar, la paternidad y maternidad y las relaciones interpersonales. Tienen derecho a casarse o formar pareja de hecho con consentimiento libre y pleno, a fundar una familia, decidir el número de hijos, mantener su fertilidad y a la intimidad. Las familias con personas con discapacidad tienen la máxima consideración en las políticas familiares, y todas estarán protegidas contra la soledad forzosa o no deseada.

Artículo 7 ter. Promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños con discapacidad

Mujeres, niñas y niños con discapacidad son titulares plenos de todos los derechos, con garantías reforzadas frente a la discriminación múltiple o interseccional. Las políticas tienen un doble enfoque de inclusión y género. Los menores participan en lo que les afecta con apoyos. Se protege la salud sexual y reproductiva y la atención temprana es derecho subjetivo. A las víctimas de violencia contra las mujeres se les garantiza asistencia personal prioritaria, servicios accesibles, coordinación con la dependencia y prevención en entornos institucionalizados.

Artículo 8. Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad

El sistema especial de prestaciones sociales y económicas protege a las personas con discapacidad que, por no desarrollar actividad laboral, no están incluidas en la Seguridad Social. Comprende cuatro prestaciones: asistencia sanitaria y prestación farmacéutica; subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte; recuperación profesional; y rehabilitación y habilitación profesionales. Los beneficiarios de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda de tercera persona los siguen percibiendo según la disposición transitoria única.

Artículo 9. Prestación farmacéutica del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad

Quienes sean beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y económicas para las personas con discapacidad no pagan aportación alguna por el consumo de especialidades farmacéuticas: están exentos. Es la regla especial de la prestación farmacéutica dentro de ese sistema.

Artículo 10. Derecho a la protección de la salud

Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud (prevención, protección, promoción y recuperación) sin discriminación, con especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva. Administraciones y sujetos privados atenderán sus necesidades y la accesibilidad sanitaria, eliminando barreras lingüísticas o culturales. Las administraciones coordinarán la atención social y sanitaria para quienes necesiten ambos sistemas, y los poderes públicos asegurarán la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud.

Artículo 11. Prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades

La prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades es derecho y deber de la ciudadanía y de la sociedad y obligación prioritaria del Estado en salud pública y servicios sociales, con tratamiento diferenciado y basado en la evidencia científica. Las Administraciones públicas competentes promoverán planes de prevención, con especial importancia para la atención temprana, el consejo genético, la atención prenatal y perinatal, el diagnóstico precoz, la asistencia pediátrica y geriátrica, la salud laboral o la seguridad vial, y acciones para zonas rurales.

Artículo 12. Equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad

Los equipos multiprofesionales de atención prestan atención interdisciplinaria en su ámbito. Los de calificación y reconocimiento del grado valoran y califican la discapacidad para su reconocimiento por el órgano administrativo competente: emiten dictamen técnico normalizado, orientan la rehabilitación y determinan tipo y grado. La valoración es revisable; la definitiva, solo con la máxima rehabilitación o una deficiencia presumiblemente definitiva. Sus calificaciones siguen criterios técnicos unificados y valen ante cualquier organismo público en todo el Estado.

Artículo 13. Atención integral

La atención integral son los procesos o medidas de intervención para que la persona con discapacidad alcance su máximo desarrollo, autonomía e independencia, su inclusión plena y un empleo adecuado. Sus programas pueden comprender habilitación o rehabilitación; atención, tratamiento y orientación psicológica; educación; y apoyo para la actividad profesional. Deben comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar. Las administraciones coordinarán los recursos para ofrecer servicios próximos, en zonas rurales y urbanas.

Artículo 13 bis. Atención integral y comunitaria en materia de salud mental

La atención integral y comunitaria en salud mental reúne servicios sanitarios, educativos, familiares y sociales, con enfoque comunitario y centrado en la persona. Toda intervención exige consentimiento libre e informado; si la persona no puede decidir, se consulta su voluntad anticipada; las sujeciones son excepcionales y se documentan. Se prohíben el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo urgencia vital, las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, las injustificadas, las punitivas y los procedimientos regimentales.

Artículo 14. Habilitación y rehabilitación

Los poderes públicos impulsarán medidas efectivas para que las personas con discapacidad logren y mantengan la máxima autonomía, inclusión y participación plena mediante la habilitación y la rehabilitación. Las Administraciones competentes promoverán programas para conseguir la máxima funcionalidad de las capacidades físicas, sensoriales, mentales e intelectuales y para detectar e identificar las deficiencias y necesidades psicosociales, hasta asegurar el máximo desarrollo y autonomía personal posible.

Artículo 15. Atención, tratamiento y orientación psicológica

La atención, el tratamiento y la orientación psicológica acompañan todas las fases del proceso habilitador o rehabilitador y buscan el bienestar, la máxima autonomía y el desarrollo de la personalidad, apoyando también al entorno familiar. Se basan en las características, motivaciones e intereses de la persona y en sus factores familiares y sociales. Forman parte de los apoyos a la autonomía de la persona y de sus familiares y se facilitan desde la detección de la deficiencia o desde que se inicie un proceso patológico o una circunstancia sobrevenida.

Artículo 16. Educación

La educación inclusiva es parte del proceso de atención integral de las personas con discapacidad. Se imparte mediante los apoyos y ajustes que reconocen el capítulo IV del título I de esta ley (derecho a la educación) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 17. Apoyo para la actividad profesional

Las personas con discapacidad en edad laboral tienen derecho a programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación. El apoyo comprende, entre otras, la habilitación o rehabilitación médico-funcional, la orientación profesional (según las capacidades reales fijadas por los informes de los equipos multiprofesionales) y la formación, readaptación o recualificación profesional. La formación puede darse en centros de formación o en empresas; en este caso es necesario un contrato de formación en alternancia.

Artículo 18. Contenido del derecho

Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, universalmente accesible, de calidad y gratuita, en los mismos espacios y con apoyos. Las Administraciones educativas aseguran un sistema inclusivo con ajustes razonables individualizados. La escolarización en centros de educación especial es excepcional: solo si las necesidades no pueden atenderse con las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, oyendo a familias y alumnado, y la Administración educativa debe motivarla y acreditarla.

Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza

Durante su etapa educativa, las personas con discapacidad tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza tanto en los centros ordinarios como en los centros especiales, conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.

Artículo 20. Garantías adicionales

Se fijan cuatro garantías adicionales: los centros de educación especial facilitarán la conexión con los ordinarios; los hospitales infantiles, de rehabilitación y con servicios pediátricos permanentes que ocupen regularmente al menos la mitad de sus camas con pacientes financiados con recursos públicos tendrán una sección pedagógica; las universidades ampliarán las convocatorias a quienes su discapacidad dificulte gravemente adaptarse, sin mengua del nivel exigido, y adaptarán las pruebas; y habrá formación continua del profesorado.

Artículo 21. Valoración de las necesidades educativas

Los servicios de orientación educativa tienen como funciones específicas apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión, especialmente en orientación, evaluación e intervención educativa, explorando la inclusión en centros ordinarios, identificando barreras y proponiendo medidas. Contribuyen a la dinamización pedagógica, la calidad y la innovación, y deben garantizar que las familias sean escuchadas en la valoración de necesidades. En el control y gestión de los centros se tiene en cuenta la especialidad de esta ley sobre estos servicios.

Artículo 22. Derecho a la Accesibilidad Universal

Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar en todos los aspectos de la vida. La accesibilidad universal es un derecho; los poderes públicos adoptarán medidas para garantizarla en entornos, procesos, bienes, productos, servicios, transporte, cultura, información y comunicaciones, medios de comunicación y servicios abiertos al público, en zonas urbanas y rurales. En el empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se aplican con carácter supletorio de la legislación laboral.

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

El Gobierno, sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales, regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Toda referencia a accesibilidad incluye la cognitiva. La regulación será gradual en el tiempo, alcance y contenido y abarcará todos los ámbitos del artículo 5, con disposiciones al menos sobre: exigencias de accesibilidad, condiciones más favorables, apoyos complementarios, normas internas en empresas, planes y calendario, y recursos humanos y materiales, según los tipos y grados de discapacidad.

Artículo 24. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceder a tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todos ellos, conforme a las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios integrales sobre la accesibilidad a los bienes o servicios más relevantes.

Artículo 25. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceder y utilizar los espacios públicos urbanizados y las edificaciones son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todos ellos, conforme a las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar, en dos años desde la entrada en vigor de la ley, estudios integrales sobre la accesibilidad a esos espacios y edificaciones.

Artículo 26. Normativa técnica de edificación

Las normas técnicas sobre edificación incluirán las condiciones mínimas de accesibilidad que deben reunir los edificios de cualquier tipo para las personas con discapacidad. Estas normas deben recogerse al redactar los proyectos básicos, de ejecución y parciales, y se denegarán los visados oficiales, de colegios profesionales o de oficinas de supervisión de las administraciones competentes, a los proyectos que no las cumplan.

Artículo 27. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los medios de transporte e infraestructuras

Las condiciones básicas de accesibilidad en los medios de transporte son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, para todas las infraestructuras y material de transporte, conforme a la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía hacer estudios integrales en dos años. Las instituciones públicas garantizarán que estaciones, aeropuertos, puertos y demás instalaciones de transporte de uso público tengan baños adaptados para personas con ostomía, en obras de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad.

Artículo 28. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las relaciones con las administraciones públicas

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y de participación en los asuntos públicos, incluidos los de la Administración de Justicia y de la participación en la vida política y los procesos electorales, son exigibles en los plazos y términos reglamentarios y, en todo caso, conforme a la disposición adicional tercera.1. El Gobierno debía realizar estudios integrales en dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público

Quienes, en el sector público o privado, suministren bienes o servicios al público, fuera de la vida privada y familiar, deben respetar la igualdad de oportunidades y evitar discriminaciones por discapacidad. No se afecta la libertad de contratación, salvo que la elección de la otra parte venga determinada por su discapacidad. Se admiten diferencias de trato justificadas por un propósito legítimo con medios adecuados, proporcionados y necesarios. La exigibilidad remite al reglamento y a la disposición adicional tercera.2.

Artículo 29 bis. Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva

Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas necesarios para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con todos los entornos, productos, bienes y servicios, procesos y procedimientos. Tendrán desarrollo normativo específico, se extenderán a todos los ámbitos del artículo 5, serán exigibles en los plazos y términos reglamentarios y se encuadran en la accesibilidad universal.

Artículo 30. Medidas para facilitar el estacionamiento de vehículos

Los ayuntamientos son quienes deben adoptar las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles que pertenezcan a personas con problemas graves de movilidad por razón de su discapacidad. No basta cualquier discapacidad: la medida se vincula a los problemas graves de movilidad derivados de ella.

Artículo 31. Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte

Tienen derecho a un subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte las personas con discapacidad con dificultades para utilizar transportes colectivos que reúnan los requisitos fijados reglamentariamente. La cuantía de este subsidio no la fija el propio artículo: se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 32. Reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones de accesibilidad

En los proyectos de viviendas protegidas debe programarse un mínimo del 4 % de viviendas accesibles para personas con discapacidad; las Administraciones competentes pueden aumentar ese porcentaje según las necesidades territoriales. Las de alquiler pueden adjudicarse a personas con discapacidad, a unidades familiares con alguna de ellas o a entidades sin ánimo de lucro del sector si las destinan a inclusión y vida autónoma. La obligación alcanza también a viviendas de cualquier carácter construidas, promovidas o subvencionadas por el sector público.

Artículo 33. Concepto de rehabilitación de la vivienda

A efectos de obtener subvenciones y préstamos con subvención de intereses, se considera rehabilitación de la vivienda la reforma que las personas con discapacidad, o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad, tengan que hacer en su vivienda habitual y permanente para que resulte accesible.

Artículo 34. Otras medidas públicas de accesibilidad

Las administraciones públicas consignarán en sus presupuestos lo necesario para adaptar los inmuebles que dependan de ellas y fomentarán la adaptación de los inmuebles privados con ayudas, exenciones y subvenciones. Las competentes en urbanismo deben considerar y, en su caso, incluir esas adaptaciones en los planes municipales de ordenación urbana. Los ayuntamientos deben prever planes municipales de actuación para adaptar vías públicas, parques y jardines, y destinar a ello un porcentaje de su presupuesto.

Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo

Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo con igualdad de trato y no discriminación. A efectos del capítulo VI se consideran personas con discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Define discriminación directa e indirecta; son nulas las cláusulas y decisiones discriminatorias, y el acoso por discapacidad y la orden de discriminar son discriminación.

Artículo 36. Igualdad de trato

La igualdad de trato se define como la ausencia de toda discriminación directa, indirecta o por asociación por motivo o por razón de discapacidad. Se proyecta sobre tres ámbitos: el empleo, la formación y la promoción profesionales, y las condiciones de trabajo.

Artículo 37. Tipos de empleo de las personas con discapacidad

La política de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad busca eliminar la brecha en tasas de actividad, ocupación e inserción laboral con un mercado abierto, inclusivo y accesible. Hay tres tipos de empleo: ordinario (en empresas y Administraciones públicas, incluido el empleo con apoyo y el personalizado), protegido (en empresas para la inclusión laboral y en enclaves laborales) y autónomo. El acceso al empleo público se rige por su normativa propia.

Artículo 38. Orientación, colocación y registro de trabajadores con discapacidad para su inclusión laboral

La orientación y colocación de las personas con discapacidad que buscan empleo corresponde a los servicios públicos de empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación autorizadas. Con consentimiento previo del trabajador, se anota su tipo y grado de discapacidad en el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo. El reglamento coordinará servicios públicos de empleo, agencias de colocación y equipos multiprofesionales.

Artículo 39. Ayudas a la generación de empleo de las personas con discapacidad

El empleo de las personas con discapacidad se fomentará con ayudas para su inclusión laboral. Pueden ser subvenciones o préstamos para la contratación, para adaptar puestos, para eliminar barreras de acceso, movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, para establecerse como autónomos, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y otras adecuadas, especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social.

Artículo 40. Adopción de medidas para prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por la discapacidad como garantía de la plena igualdad en el trabajo

El principio de igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas por discapacidad. Las empresas deben adaptar el puesto y hacer accesible la empresa para las personas con discapacidad y para sus cónyuges o parejas de hecho y familiares hasta el segundo grado por consanguinidad que realicen labores de cuidado, salvo carga excesiva. Para valorarla se tiene en cuenta si la paliarían ayudas públicas, los costes y el tamaño y volumen de negocio de la empresa.

Artículo 41. Servicios de empleo con apoyo y empleo personalizado

Los servicios de empleo con apoyo son acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en empresas del mercado ordinario y en condiciones similares a las del resto. Para quienes tengan mayores dificultades de acceso al empleo se valorará la metodología de empleo personalizado. Ambos se regulan por reglamento.

Artículo 42. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad

Las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores deben tener al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad, computado sobre la plantilla total, con independencia del número de centros y de la forma de contratación, e incluyendo a los cedidos por empresas de trabajo temporal. Excepcionalmente pueden quedar exentas, total o parcialmente, por negociación colectiva sectorial o por opción voluntaria comunicada a la autoridad laboral, aplicando medidas alternativas. En la oferta de empleo público se reserva un cupo.

Artículo 43. Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS) realizan una actividad productiva en el mercado para asegurar empleo remunerado y digno y servir de puente al empleo ordinario. Prestan servicios de ajuste personal y social mediante unidades de apoyo. Su plantilla tendrá el mayor número posible de trabajadores con discapacidad y, en todo caso, el 70 %, sin contar el personal sin discapacidad de ajuste personal y social. Son de iniciativa social si entidades no lucrativas participan en más del 50 % y reinvierten íntegramente los beneficios.

Artículo 44. Compensación económica para las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Por las especiales características de las empresas para la inclusión laboral y para que cumplan su función social, las Administraciones públicas pueden establecer, en la forma que determine el reglamento, compensaciones económicas para ayudar a su viabilidad, con mecanismos de control. Los criterios son que reúnan condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.

Artículo 45. Creación de empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad

Las empresas para la inclusión laboral pueden crearlas organismos públicos y privados y también las empresas, siempre sujetas a las normas legales, reglamentarias y convencionales sobre condiciones de trabajo. Las Administraciones públicas promoverán su creación, mediante el estudio de necesidades sectoriales, directamente o en colaboración, y vigilarán de forma periódica y rigurosa las condiciones de trabajo. Para constituirlas se exigen servicios de apoyo personal y social y planes personalizados de apoyo.

Artículo 46. Enclaves laborales

Pueden constituirse enclaves laborales para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad que tengan especiales dificultades para acceder a él. Sus características y condiciones se establecen por reglamento.

Artículo 47. Empleo autónomo

Los poderes públicos, cada uno en su ámbito de competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas a que establezcan y desarrollen iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia o a través de entidades de la economía social, conforme a la normativa reguladora de la materia.

Artículo 48. Derecho a la protección social

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a servicios y prestaciones sociales que atiendan sus necesidades con garantías de suficiencia y sostenibilidad. Esos servicios se dirigen al desarrollo de su personalidad y a su inclusión en la comunidad, para incrementar su calidad de vida y su bienestar social.

Artículo 49. Criterios de aplicación de la protección social

Los servicios sociales para personas con discapacidad y sus familias pueden prestarlos las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro. Las administraciones deben coordinar la atención social y la sanitaria de forma efectiva y eficiente. La prestación respetará al máximo la permanencia de la persona en su medio familiar y entorno geográfico, considerando las barreras de quienes viven en zonas rurales, y se promoverá su participación en la convivencia, dirección y control de los servicios.

Artículo 50. Contenido del derecho a la protección social

Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a servicios sociales de apoyo familiar, prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades, promoción de la autonomía personal, información y orientación, atención domiciliaria, residencias, apoyo en su entorno, servicios residenciales y actividades culturales, deportivas y de ocio. Además, la legislación autonómica puede prever servicios y prestaciones económicas para quienes estén en situación de necesidad y carezcan de recursos indispensables.

Artículo 51. Clases de servicios sociales

Describe los servicios sociales: apoyo familiar; orientación e información; prevención y promoción de la autonomía; atención domiciliaria solo cuando la situación lo requiera; vivienda (residencias, viviendas tuteladas y otros alojamientos); centros de día y de noche; actividades deportivas, culturales y de ocio, preferentemente con medios ordinarios; y apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Si residencias, centros de día y viviendas tuteladas los promueven las propias personas con discapacidad, sus familias u organizaciones, gozan de protección prioritaria.

Artículo 52. Centros ocupacionales

Los centros ocupacionales prestan terapia ocupacional y ajuste personal y social a las personas con discapacidad para lograr su máximo desarrollo personal y, cuando sea posible, prepararlas para el empleo; también a trabajadores con discapacidad que no se adaptaron a una actividad laboral o empeoraron. Las administraciones públicas dictan las normas y condiciones para autorizar su creación y funcionamiento. Su creación y sostenimiento compete a las administraciones y a instituciones o personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, que deben cumplir esas normas.

Artículo 53. Derecho de participación en la vida política

Las personas con discapacidad pueden ejercer el derecho de participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, conforme a la normativa en vigor. Para hacerlo posible, las administraciones públicas pondrán a su disposición los medios y recursos que precisen.

Artículo 54. Derecho de participación en la vida pública

Las personas con discapacidad pueden participar plena y efectivamente en las decisiones públicas que les afecten; las administraciones les pondrán los medios y recursos. A través de sus organizaciones representativas, ellas (incluidas mujeres, niños y niñas) y sus familias participan en la preparación, elaboración y adopción de decisiones, normas y estrategias que les conciernen, y se promoverá su presencia permanente en órganos participativos y consultivos. Las administraciones promoverán sus asociaciones, les darán apoyo financiero y técnico y podrán firmar convenios.

Artículo 55. Consejo Nacional de la Discapacidad

El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial y de carácter consultivo en el que se institucionaliza la colaboración entre el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, para definir y coordinar las políticas públicas que garanticen sus derechos. Su composición y funciones se fijan por reglamento. En particular, le corresponde promover la igualdad de oportunidades y no discriminación.

Artículo 56. Oficina de Atención a la Discapacidad

La Oficina de Atención a la Discapacidad es el órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, de carácter permanente y especializado, encargado de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Con ella colaboran las organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

Artículo 57. Prestación de servicios

Los poderes públicos garantizarán la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, los apoyos adecuados, la educación, la orientación, la inclusión social y laboral, el acceso a la cultura y al ocio, unos derechos económicos, sociales y de protección jurídica mínimos y la Seguridad Social. Para lograrlo participan, en sus ámbitos competenciales, las administraciones públicas, los interlocutores sociales y las asociaciones y personas jurídico-privadas.

Artículo 58. Financiación

Las prestaciones, subsidios, atenciones y servicios de la ley se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, según las competencias de cada uno. En esos presupuestos deben consignarse las dotaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Artículo 59. Toma de conciencia social

Los poderes públicos desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de toma de conciencia y acciones formativas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en colaboración con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, con especial atención a incluir modelos positivos de mujeres o niñas con discapacidad. Promoverán una imagen social positiva, desde un enfoque de derechos humanos, con medidas contra sesgos, estereotipos, discursos de odio y prejuicios capacitistas.

Artículo 60. Personal especializado

La atención y los servicios que requieran las personas con discapacidad en su desarrollo personal e inclusión deben estar orientados, dirigidos y realizados por personal especializado. Por la variedad, amplitud y complejidad de sus funciones, este proceso exige especialistas de distintos ámbitos que actúen conjuntamente como equipo multiprofesional.

Artículo 61. Formación del personal

Las Administraciones públicas podrán promover la formación de los profesionales y del personal que trabaja con personas con discapacidad (sanitario, laboral, educativo, social y otros de contacto habitual), desde la detección, diagnóstico y valoración hasta el apoyo y la atención especializada. Además, establecerán programas permanentes de especialización y actualización, generales y específicos para cada discapacidad, con formación sobre trastornos del espectro autista y otras condiciones.

Artículo 62. Voluntariado

Las administraciones públicas promoverán y fomentarán la colaboración del voluntariado en la atención de las personas con discapacidad y sus familias, impulsando la constitución y funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro para que colaboren con los profesionales. También promoverán el voluntariado entre las propias personas con discapacidad. El régimen del personal voluntario se regula en su normativa específica.

Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades

Hay vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (las definidas en el artículo 4.1) cuando, por motivo o por razón de discapacidad, se producen: discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, o incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.

Artículo 64. Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades

Para garantizar la igualdad de oportunidades, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. Las medidas de defensa, arbitraje y judiciales de la ley se aplican a las situaciones del artículo 63 aunque no exista reconocimiento oficial de la discapacidad o esta sea transitoria, y las administraciones públicas velarán por evitar cualquier discriminación. Estas garantías tienen carácter supletorio respecto de la legislación laboral.

Artículo 65. Medidas contra la discriminación

Son medidas contra la discriminación las que tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada, de manera directa o indirecta, de forma menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo o por razón de discapacidad.

Artículo 66. Contenido de las medidas contra la discriminación

Las medidas contra la discriminación pueden consistir en prohibir conductas discriminatorias y de acoso, en exigencias de accesibilidad y en exigencias de eliminar obstáculos y realizar ajustes razonables. Para saber si un ajuste es razonable se valoran sus costes, los efectos discriminatorios de no adoptarlo, la estructura de quien debe aplicarlo y su posibilidad de obtener financiación o ayuda. Puede haber ayudas públicas para esos costes, y las discrepancias pueden resolverse por el arbitraje del artículo 74.

Artículo 67. Medidas de acción positiva

Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva para las personas con discapacidad más expuestas a discriminación (incluida la múltiple e interseccional) o con menos igualdad de oportunidades: mujeres, niños y niñas, quienes precisan más apoyo, quienes sufren más exclusión social y quienes viven en el medio rural. Las Administraciones compensarán desventajas cuando concurren otras circunstancias, como el género, y en especial combatirán la brecha digital. Habrá también acción positiva para familias con algún miembro con discapacidad.

Artículo 68. Contenido de las medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades

Las medidas de acción positiva pueden consistir en apoyos complementarios y en normas, criterios y prácticas más favorables. Las de igualdad de oportunidades pueden ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y servicios auxiliares para la comunicación. Todas tienen naturaleza de mínimos, sin perjuicio de lo que establezcan las comunidades autónomas. Las administraciones garantizarán que ayudas y subvenciones promuevan la igualdad de oportunidades, también de quienes viven en el ámbito rural.

Artículo 69. Medidas de fomento y defensa

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán medidas de fomento e instrumentos y mecanismos de protección jurídica para una política de igualdad de oportunidades: suprimir las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a ella y establecer medidas que eviten cualquier discriminación por motivo o por razón de discapacidad.

Artículo 70. Medidas para fomentar la calidad

Las administraciones públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello incluirán en esos planes normas mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad y guías de buenas prácticas.

Artículo 71. Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas

Las administraciones públicas fomentarán la innovación e investigación aplicada a entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente, y promoverán la investigación sobre discapacidad en los planes de I+D+i. También facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, y la revisión de la existente, que asegure la no discriminación, en colaboración con las entidades de normalización y certificación y todos los agentes implicados.

Artículo 72. Iniciativa privada

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro con asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico, con especial atención a las entidades promovidas por las propias personas con discapacidad, sus familiares o representantes legales. Para recibir esa ayuda es requisito indispensable adecuarse a la planificación sectorial de las administraciones. En los centros financiados total o parcialmente con fondos públicos se controlará el origen y aplicación de los recursos.

Artículo 73. Observatorio Estatal de la Discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad recopila, sistematiza, actualiza, genera y difunde conocimiento e información sobre discapacidad y apoya técnicamente el seguimiento de estrategias y planes de discapacidad y accesibilidad universal. Es centro asesor del Organismo Autónomo Real Patronato sobre Discapacidad. Cada año elabora un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, con especial atención al género, que se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad. Sus funciones no suponen incremento del gasto público.

Artículo 74. Arbitraje

Las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias con discapacidad sobre igualdad de oportunidades y no discriminación en consumo pueden someterse voluntariamente al Sistema Arbitral de Consumo. Se garantizará la accesibilidad universal de sus procedimientos, trámites, oficinas y servicios de información y atención, y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias podrán asesorar a los órganos arbitrales de consumo a petición de estos.

Artículo 75. Tutela judicial y protección contra las represalias

La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la violación del derecho, prevenir violaciones posteriores y restablecer al perjudicado en su pleno ejercicio. La indemnización no tiene un tope máximo fijado «a priori»; la de daño moral procede aunque no haya perjuicios económicos y se valora según las circunstancias de la infracción y la gravedad de la lesión. Se protegerá a las personas físicas o jurídicas frente a represalias por una reclamación o un procedimiento para exigir la igualdad de oportunidades.

Artículo 76. Legitimación

Sin perjuicio de la legitimación individual de los afectados, las personas jurídicas legalmente habilitadas para defender derechos e intereses legítimos colectivos pueden actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que lo autoricen, para hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales. Los efectos de esa actuación recaen en dichas personas.

Artículo 77. Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes

Si en un proceso jurisdiccional las alegaciones del actor aportan indicios fundados de discriminación por discapacidad, corresponde al demandado aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de su conducta, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. El Juez o Tribunal, a instancia de parte, puede recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta regla no se aplica a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras.

Artículo 1. Objeto

La Ley tiene por finalidad garantizar y promover la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y de sus familias. Para ello fija principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y prevé medidas contra toda forma de discriminación en los ámbitos público y privado. Además regula el procedimiento y requisitos de la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre, sus efectos y las medidas derivadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a toda persona física o jurídica, pública o privada, que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa, en los términos y con el alcance que prevén la propia ley y el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 3. Definiciones

Define los conceptos de la ley: discriminación directa (incluye denegar ajustes razonables a personas con discapacidad), indirecta, múltiple (dos o más causas, simultáneas o consecutivas, de esta ley y/o de la Ley 15/2022), interseccional (causas que interactúan creando una discriminación específica), acoso discriminatorio, por asociación y por error, medidas de acción positiva, intersexualidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, persona trans, familia LGTBI, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia e inducción a discriminar.

Artículo 4. Deber de protección

Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, deben desarrollar todas las medidas necesarias para reconocer, garantizar, proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familias por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Artículo 5. Reconocimiento y apoyo institucional

Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para poner en valor la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y la diversidad familiar, contribuyendo a la visibilidad, igualdad, no discriminación y participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos. Además, fomentarán el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

Artículo 6. Divulgación y sensibilización

Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, promoverán campañas de sensibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales y diversidad familiar. Esas campañas se dirigen a toda la sociedad y, en especial, a los ámbitos donde la discriminación afecte a sectores de población más vulnerables.

Artículo 7. Estadísticas y estudios

Los poderes públicos impulsarán estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI. Sus estudios, memorias o estadísticas sobre discriminación LGTBI incluirán indicadores y procedimientos para conocer causas, extensión, evolución, naturaleza y efectos, con datos desglosados por causas discriminatorias de la ley siempre que sea posible. Los responsables del tratamiento cumplirán el RGPD, la LO 3/2018 y, en su caso, la LO 7/2021, garantizando seguridad y confidencialidad y, cuando proceda, anonimizando o seudonimizando los datos.

Artículo 8. Colaboración entre Administraciones públicas

La Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las Entidades Locales cooperarán para integrar, en el ejercicio de sus competencias y en especial en sus instrumentos de planificación, la igualdad de trato y no discriminación por las causas de esta ley. En el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad se adoptarán planes y programas conjuntos de actuación con esa finalidad.

Artículo 9. Consejo de Participación de las Personas LGTBI

El Consejo de Participación de las Personas LGTBI es el órgano de participación ciudadana en derechos y libertades LGTBI, para institucionalizar la colaboración y el diálogo entre Administraciones y sociedad civil. Es un órgano colegiado del artículo 22.3 de la Ley 40/2015 y depende del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Presenta una memoria semestral de actividad, que su presidenta remite a las Cortes Generales para su examen por las Comisiones de Igualdad del Congreso y del Senado.

Artículo 10. Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI

La Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI es el instrumento principal de colaboración territorial. La elabora el Ministerio de Igualdad con participación de ministerios, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y organizaciones sociales; la aprueba el Consejo de Ministros, previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Es cuatrienal, se evalúa al término o ante circunstancias sobrevenidas y su ejecución se recoge en un informe anual. Atiende en especial a las discriminaciones múltiples e interseccionales.

Artículo 11. Empleo público

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a todo su personal los derechos de esta ley e implantarán medidas de promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y en la carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales conforme a la normativa aplicable.

Artículo 12. Formación del personal al servicio de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas seguirán impartiendo formación inicial y continuada a su personal sobre diversidad sexual, de género y familiar e igualdad LGTBI, con especial atención al personal de salud, educación, juventud, mayores, familias, servicios sociales, empleo, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, diplomacia, ocio, cultura, deporte y comunicación. Además, incluirán en los programas de las pruebas selectivas de acceso al empleo público formación y conocimientos sobre igualdad de trato y no discriminación LGTBI.

Artículo 13. Documentación administrativa

Las Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios se adecuen a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y a la diversidad familiar.

Artículo 14. Igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral

Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en sus políticas de empleo el derecho a no ser discriminado por las causas de la ley. Para ello: promoverán la igualdad en acceso al empleo, afiliación sindical, condiciones de trabajo y promoción; la promoverán en la formación profesional; apoyarán campañas de los agentes sociales; fomentarán indicadores de igualdad y un distintivo para empresas destacadas; impulsarán cláusulas en convenios; velarán por su cumplimiento mediante la Inspección de Trabajo; y promoverán medidas en subvenciones de empleo, códigos éticos y protocolos.

Artículo 15. Igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas

Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deben contar, en doce meses desde la entrada en vigor de la ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para la igualdad real y efectiva LGTBI que incluya un protocolo frente al acoso o la violencia contra personas LGTBI. Las medidas se pactan en negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores y se desarrollarán reglamentariamente. El Consejo de Participación recopilará y difundirá las buenas prácticas empresariales.

Artículo 16. Protección y promoción de la salud de las personas LGTBI

Las Administraciones públicas harán que sus políticas sanitarias incorporen las necesidades de las personas LGTBI, promoverán su participación a través de sus organizaciones, impulsarán la investigación de sus necesidades sanitarias, orientarán la formación del personal sanitario y aprobarán protocolos para detectar y comunicar la violencia discriminatoria. En la cartera común del SNS, se garantiza el acceso a la reproducción humana asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja en igualdad con el resto de mujeres, y a personas trans con capacidad de gestar.

Artículo 17. Prohibición de terapias de conversión

Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas. La prohibición se aplica incluso si la persona interesada o su representante legal dan su consentimiento.

Artículo 18. Educación sexual y reproductiva

Las campañas de educación sexual y reproductiva y de prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual tendrán en cuenta las necesidades de las personas LGTBI, sin estigmatizar ni discriminar. Las Administraciones públicas promoverán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de ITS, con especial consideración al VIH, y campañas de desestigmatización de personas con VIH. También se harán campañas de información de profilaxis, especialmente entre la población juvenil.

Artículo 19. Atención a la salud integral de las personas intersexuales

La atención sanitaria a personas intersexuales se rige por los principios de no patologización, autonomía, decisión y consentimiento informados, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación, con respeto a su intimidad. Se prohíben las modificaciones genitales en menores de doce años, salvo indicación médica para proteger su salud; entre doce y dieciséis años, solo a solicitud del menor si puede consentir de forma informada. Hay protocolos, acceso garantizado a la congelación de tejido gonadal y células reproductivas y formación sanitaria.

Artículo 20. Diversidad LGTBI en el ámbito educativo

El Gobierno incluirá en los aspectos básicos del currículo la igualdad de trato y no discriminación y el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar LGTBI. Previa consulta a las comunidades autónomas, incluirá esos contenidos como uno de los aspectos que podrá tratarse de manera específica en las pruebas selectivas de los cuerpos docentes; se incluirán también en los proyectos de dirección de los centros públicos. Administraciones educativas y universidades impulsarán su introducción en los títulos que habilitan para profesiones docentes, sanitarias y jurídicas.

Artículo 21. Deberes de las Administraciones educativas

Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para fomentar el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar; promoverán que los proyectos educativos y las normas de organización, funcionamiento y convivencia apliquen protocolos de prevención del acoso y ciberacoso escolar que tengan en cuenta el acoso por LGTBIfobia; e impulsarán planes de coeducación y diversidad que incluyan la formación del profesorado. Los servicios de inspección educativa velarán por el cumplimiento de los principios y valores de la ley.

Artículo 22. Formación en el ámbito docente y educativo

El Gobierno y las Administraciones educativas, en sus competencias de formación inicial y continua del profesorado, incorporarán contenidos sobre diversidad sexual, de género y familiar LGTBI para capacitarlo en: fomentar el respeto de derechos y la igualdad de trato; detectar precozmente indicadores de maltrato familiar por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales; conocer el acoso y la violencia escolar, con especial atención al ciberacoso; y aplicar los protocolos del artículo 34 de la LO 8/2021.

Artículo 23. Material didáctico respetuoso con la diversidad LGTBI

Las Administraciones educativas fomentarán el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar en los materiales escolares y la introducción en ellos de referentes positivos LGTBI, de manera natural, respetuosa y transversal, en todos los niveles de estudios y de acuerdo con las materias y edades.

Artículo 24. Programas de información en el ámbito educativo

Las Administraciones educativas promoverán programas de información para alumnado, familias y personal de los centros, con el fin de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales. Se fomentará que estos programas se hagan en colaboración con las organizaciones representativas LGTBI y con la Comunidad Educativa.

Artículo 25. Medidas en el ámbito de la cultura y el ocio

En cultura y ocio, las Administraciones públicas adoptarán medidas para garantizar la igualdad de trato LGTBI, visibilizar y tratar con respeto la diversidad sexual y familiar, fomentar la correcta aplicación del derecho de admisión para que el acceso, la permanencia y el uso de servicios en establecimientos abiertos al público nunca se restrinjan por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, e impulsar fondos documentales de temática LGTBI.

Artículo 26. Deporte, actividad física y educación deportiva

Las Administraciones públicas, en el marco de la Ley 19/2007, promoverán que el deporte y la actividad física respeten la igualdad y no discriminación LGTBI para erradicar la homofobia, bifobia y transfobia, mediante medidas en normas de competición, compromisos de clubes y federaciones, prevención de actos LGTBIfóbicos, planes y campañas y formación de profesionales. El Consejo Superior de Deportes promocionará la inclusión y el respeto a la diversidad. En el deporte federado se aplica su normativa específica, incluida la antidopaje, para evitar ventajas competitivas contrarias a la igualdad.

Artículo 27. Igualdad de trato y no discriminación en la publicidad y en los medios de comunicación social

Todos los medios de comunicación social respetarán la igualdad de trato de las personas LGTBI, sin discriminar en la información, los contenidos y la programación. Los poderes públicos fomentarán la sensibilización y el respeto a la diversidad en los medios de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas, y adoptarán medidas para eliminar contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares.

Artículo 28. Promoción de la adopción de acuerdos de autorregulación

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán que los medios de comunicación social adopten acuerdos de autorregulación para contribuir a la concienciación, divulgación y transmisión del respeto a la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar de las personas LGTBI.

Artículo 29. Medidas de protección contra el ciberacoso

Las Administraciones públicas adoptarán medidas para prevenir y erradicar el ciberacoso por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y para sensibilizar sobre él, sin perjuicio de sus consecuencias penales y con especial atención al ciberacoso en redes sociales a menores y jóvenes LGTBI. Los servicios públicos de protección y de ciberseguridad harán campañas de concienciación y protocolos especiales de atención para los casos de ciberacoso a menores y jóvenes LGTBI.

Artículo 30. Protección frente a la discriminación de las familias LGTBI

Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, promoverán políticas activas de equiparación de derechos, de apoyo, de sensibilización y de visibilización de la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar de las personas LGTBI.

Artículo 31. Personas menores de edad en familias LGTBI

Se fomentará el respeto, la protección y la no discriminación de los menores que vivan en una familia LGTBI, en defensa del interés superior del menor según el artículo 2.2.d) de la LO 1/1996. Las Administraciones competentes en protección de menores garantizarán, teniendo en cuenta la diversidad familiar y conforme a la normativa vigente, que no haya discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales al valorar la idoneidad o adecuación en los procesos de adopción y acogimiento, atendiendo siempre al interés superior del menor.

Artículo 32. Integración familiar y social de personas menores de edad y jóvenes LGTBI

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán actuaciones eficaces para lograr la integración familiar y social de las personas menores de edad y jóvenes LGTBI, y velarán por que reciban la protección y atención necesarias para promover su desarrollo integral.

Artículo 33. Formación, información, asesoramiento y apoyo

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán: programas y acciones de formación y respeto a la diversidad LGTBI dirigidos a jóvenes y a quienes trabajan en el ámbito de la infancia, las familias y la juventud; programas de información, asesoramiento y apoyo a jóvenes LGTBI; y programas de sensibilización, orientación, formación y apoyo dirigidos a familias con menores de edad y jóvenes LGTBI.

Artículo 34. Instituto de la Juventud O.A

En la Administración General del Estado, el Instituto de la Juventud, O.A., impulsa programas y actuaciones de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI dirigidos a personas jóvenes y a quienes trabajan en el ámbito de la juventud, y difunde buenas prácticas. Fomenta la igualdad de los jóvenes LGTBI promoviendo el asociacionismo juvenil. Los cursos para personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles incluirán formación sobre orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

Artículo 35. Adopción y acogimiento familiar

Se garantiza, conforme a la normativa vigente, que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar no haya discriminación por las causas establecidas en la ley. En los centros de menores se trabajará la diversidad familiar para que los menores susceptibles de ser adoptados o acogidos conozcan la diversidad familiar por razón de diversidad sexual e identidad de género.

Artículo 36. Acción exterior

El Gobierno defenderá en los foros internacionales, en el marco de la Estrategia de Acción Exterior, la igualdad de trato y la lucha contra la violencia y la discriminación LGTBI, e impulsará proyectos en países donde se nieguen estos derechos. Los consulados asistirán a las personas LGTBI españolas de su demarcación. Podrán celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si al menos uno de los contrayentes es español, al menos uno está domiciliado en la demarcación y el Estado receptor no se opone expresamente.

Artículo 37. Familias del personal LGTBI del servicio exterior

La Administración General del Estado vela por los derechos, la seguridad y la integridad de las familias del personal LGTBI destinado en el Servicio Exterior. El Gobierno velará por que los tratados sobre actividades profesionales remuneradas de familiares del personal del servicio exterior no discriminen a cónyuges o parejas de hecho del mismo sexo; esa consideración se hará siempre conforme al ordenamiento jurídico español. Ninguna persona que trabaje en el extranjero en nombre de la Administración, ni sus familiares, debe sufrir trato LGTBIfóbico.

Artículo 38. Protección internacional

El personal público que intervenga en el procedimiento o la acogida de solicitantes de protección internacional LGTBI recibirá formación para un trato no discriminatorio; las entrevistas las hará personal cualificado. No pueden usarse medios para probar la orientación o identidad sexual que vulneren derechos fundamentales. En la acogida habrá mecanismos para detectar vulnerabilidades y denunciar incidentes, y se aplica sin discriminación la unidad familiar. El Ministerio del Interior publicará cada año cuántas personas han sido reconocidas como refugiadas por estos motivos.

Artículo 39. Igualdad de derechos y oportunidades de las personas LGTBI en el medio rural

Las Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, actuarán para garantizar en el ámbito rural: el respeto, la promoción y la visibilidad de la diversidad sexual, de género y familiar; la igualdad efectiva en el acceso a recursos y servicios LGTBI en las mismas condiciones que en entornos urbanos; y la participación de las organizaciones LGTBI que trabajan en él. En sus políticas atenderán la discriminación múltiple e interseccional que sufren en el medio rural menores, jóvenes, mayores, personas con discapacidad y, transversalmente, mujeres lesbianas, bisexuales y trans.

Artículo 40. Cooperación entre administraciones

En el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad se promoverá: adaptar al medio rural los contenidos de la ley; adecuar a las circunstancias del medio rural las medidas de prevención de la violencia y de las acciones discriminatorias por LGTBIfobia o pertenencia a familias LGTBI; y crear, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, una Red de Municipios por la Igualdad y la Diversidad para colaborar con las administraciones locales en campañas y generar recursos materiales y personales.

Artículo 41. Visibilización de las personas LGTBI en el medio rural

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán dos tipos de campañas adaptadas al medio rural: campañas sobre visibilidad LGTBI en las zonas rurales y campañas de prevención de la violencia y la discriminación hacia las personas LGTBI adaptadas al medio rural.

Artículo 42. Promoción del turismo LGTBI

Las Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, promoverán un turismo diverso e inclusivo que visibilice a las personas LGTBI como agentes o sujetos de la actividad turística, con especial énfasis en el medio rural; adoptarán medidas para fomentar y apoyar el turismo orientado al público LGTBI y a sus familiares; e incluirán el turismo LGTBI en los planes y proyectos de planificación, promoción y fomento del turismo, tanto en los planes parciales como en sus programas de actuación estratégicos.

Artículo 52. Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans

La Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans es el instrumento principal de las políticas del título en la AGE. Es cuatrienal; la elabora, sigue y evalúa el Ministerio de Igualdad, con participación de departamentos y organizaciones sociales, y la aprueba el Consejo de Ministros. Prioriza acciones positivas en los ámbitos laboral, educativo, sanitario y de vivienda, con estudios e indicadores. Igualdad eleva al Gobierno un informe intermedio a los dos años de su aprobación y uno final al acabar su vigencia, de los que se da cuenta a las Cortes Generales.

Artículo 53. Participación de las personas trans

Las Administraciones públicas, en su ámbito de competencias, adoptarán medidas para: a) fomentar la participación de las personas trans en el diseño e implementación de las políticas que les afecten, a través de las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de sus derechos; y b) apoyar a esas organizaciones sociales.

Artículo 54. Fomento del empleo de las personas trans

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, teniendo en cuenta las líneas de actuación de la Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans, diseñará medidas de acción positiva para mejorar la empleabilidad de las personas trans y planes específicos de fomento de su empleo. Al elaborarlos se tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans.

Artículo 55. Integración sociolaboral de las personas trans

Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para impulsar la integración sociolaboral de las personas trans. Entre otras, podrán: desarrollar estrategias y campañas de concienciación laboral; implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan su integración e inserción laboral; monitorizar su situación laboral en su territorio; y adoptar subvenciones para contratar a personas trans desempleadas. Los planes de igualdad y no discriminación incluirán expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans.