Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema

En pocas palabras

El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de su representante, con un plazo máximo de resolución de 3 meses. La resolución la expide la Administración autonómica de la residencia del solicitante y vale en todo el Estado. La valoración, la prescripción y la gestión de las prestaciones económicas las hacen directamente las Administraciones, sin delegación, contratación ni concierto con entidades privadas. Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo especial vulnerabilidad, en que se tramitan de urgencia.

Explicación sencilla

Es el núcleo procedimental de la Ley y un artículo muy preguntado: plazo de tres meses, iniciación solo a instancia de parte, órgano que resuelve, validez estatal de la resolución y prohibición de privatizar la valoración y la gestión de las prestaciones económicas.

Regla mnemotécnica

3 meses para resolver; resuelve la Comunidad de residencia, vale en toda España; valorar, prescribir y gestionar, siempre público.

Trampa típica de examen

Pensar que la valoración de la dependencia puede concertarse con entidades privadas acreditadas: no puede ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.

Texto del artículo 28 de la Ley 39/2006 (LAPAD)

1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución. 2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. 3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden a la persona solicitante según el grado de dependencia. 4. En el supuesto de que haya un cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia. 5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán previamente consensuados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. 7. La tramitación de los expedientes guardará el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que, de oficio, se acuerde motivadamente lo contrario cuando la intersección de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social, régimen penal penitenciario o violencia de género o sexual sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, el expediente se tramitará de urgencia.

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