A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo
Tema 68 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026
Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores. Atención y protección a las personas mayores. Atención a las personas con discapacidad. Inmigración. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Regímenes jurídicos.
Qué legislación entra en este tema
- Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía · arts. 61–62
- Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía · entera
- Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía · entera
- Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia · entera
- Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía · entera
- Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas · entera
- Ley 6/1999, de Atención y Protección a las Personas Mayores · entera
- Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social · entera
- Real Decreto 1051/2013, prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia · entera
- Decreto-ley 3/2024, de simplificación y racionalización administrativa · arts. 142–187
- Ley 5/2002, de Parejas de Hecho de Andalucía · entera
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Crear mi plan gratisLey Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía
En este tema: arts. 61–62. Ver la norma
Artículo 61. Servicios sociales, voluntariado, menores y familias
Competencia exclusiva en servicios sociales (servicios y prestaciones técnicas y económicas; planes y programas para personas y colectivos en situación de necesidad social; instituciones de protección y tutela, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación), en voluntariado, en protección de menores (desamparados, en riesgo e infractores, sin perjuicio de la legislación civil y penal) y en promoción de las familias y de la infancia. En menores, participa además en la legislación penal y procesal vía los órganos y procedimientos multilaterales del artículo 221.1.
Artículo 62. Inmigración
Corresponden a la Comunidad las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias, y la competencia ejecutiva en autorizaciones de trabajo de extranjeros con relación laboral en Andalucía: tramitar y resolver las autorizaciones iniciales y sus recursos, y aplicar el régimen de inspección y sanción. Participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía; en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros, de forma preceptiva y previa, por los mecanismos del Título IX.
Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Objeto
La ley tiene nueve objetos (letras a a i): promover los valores de la infancia y adolescencia y tratarla como un valor de la sociedad andaluza; adaptar la actuación pública a sus necesidades con especial protección; regular sus derechos (con procedimientos y recursos) y sus deberes en el ámbito familiar, educativo y social; fijar el ámbito competencial; regular la prevención y protección por las administraciones andaluzas; promover su participación como actores sociales; y crear un sistema de información complementario al estatal.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
La ley se aplica a todas las personas menores de dieciocho años que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Queda fuera quien, por la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. El criterio es encontrarse en Andalucía, no la vecindad ni la nacionalidad.
Artículo 3. Interés superior del menor
El interés superior de la persona menor es el principio inspirador de todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía. La normativa andaluza se elabora y aplica con enfoque de infancia y adolescencia, las decisiones valoran su impacto en ellos y, si hay conflicto con cualquier otro interés legítimo concurrente, prima siempre el interés superior del menor.
Artículo 4. Valor social de la infancia
Se reconoce el valor social de niñas, niños y adolescentes como personas que hacen un aporte afectivo, cultural y ético al caudal social, y cuyo protagonismo, creatividad y posicionamiento activo enriquecen la vida colectiva. Su presencia en espacios públicos y organizaciones es un indicador fundamental de calidad del entorno social. Ese valor no se basa solo en que serán adultos, sino en vivir su condición presente.
Artículo 5. Participación
Se fomentará que niñas, niños y adolescentes participen en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, en el conocimiento de la realidad y en el descubrimiento de los problemas que les afecten y de sus posibles soluciones, en todos los ámbitos y especialmente en el familiar, social, educativo y sanitario.
Artículo 6. Fomento de valores
Las administraciones públicas de Andalucía, y en especial el ámbito educativo y el audiovisual, fomentarán en niñas, niños y adolescentes y en sus familias los valores de tolerancia, solidaridad, respeto e igualdad y, en general, los principios democráticos de convivencia y de interculturalidad.
Artículo 7. Equidad
Las administraciones públicas de Andalucía harán políticas inclusivas para que todos los menores se desarrollen en igualdad, apoyando intervenciones que rompan los ciclos intergeneracionales de desigualdad y discriminación. Para ello deben atender y compensar todo tipo de carencias y la diversidad de cualquier índole y naturaleza.
Artículo 8. Intergeneracionalidad
Las administraciones públicas de Andalucía impulsarán, en sus políticas, programas y acciones, iniciativas intergeneracionales que aporten experiencias a mayores y menores, propiciando la interculturalidad, la diversidad, el aprendizaje conjunto y el enriquecimiento mutuo.
Artículo 9. Promoción, prevención, protección y apoyo a la familia
Los menores tienen derecho a crecer en un entorno familiar adecuado, y la ley prima su permanencia en él salvo que sea contraria a su interés superior. Contribuyen en primer término padres, madres y personas tutoras, guardadoras o acogedoras y, simultánea o subsidiariamente, administraciones, entidades y ciudadanía. Las administraciones andaluzas apoyarán y protegerán a las familias para que asuman sus responsabilidades.
Artículo 10. Prevención y protección integral contra cualquier forma de violencia
Las administraciones promoverán entornos seguros y protegerán a los menores frente a toda violencia. Violencia es toda acción, omisión o trato negligente que les priva de derechos y bienestar o amenaza su desarrollo físico, psíquico o social, sea cual sea su forma o medio, incluida la digital; el texto enumera supuestos (maltrato, acoso escolar, ciberacoso, matrimonio forzado…). Define el buen trato y prevé medidas para prevenir, detectar, atender, reparar, sancionar y erradicar la violencia.
Artículo 11. Garantías procedimentales
Las decisiones que afecten a menores se toman mediante procedimientos eficaces y ágiles, conforme a los principios de economía procedimental y transparencia, adaptados a las características, necesidades, circunstancias y derechos de la persona menor, evitando duplicidades y procesos de revictimización.
Artículo 12. Políticas integrales
Las administraciones públicas de Andalucía articularán políticas integrales para el pleno desarrollo de la infancia y adolescencia; tendrán en cuenta sus necesidades en todos sus sectores, con control y seguimiento (alimentación, vivienda, educación, sanidad, urbanismo, transportes…); introducirán la diversidad funcional en la planificación, desarrollo y evaluación de sus medidas; y harán posible la implicación de la ciudadanía y sus asociaciones en esas políticas y planes.
Artículo 13. Perspectiva de género
Las administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas sobre niñas, niños y adolescentes, en todas las actuaciones y programas dirigidos a menores, con especial atención a la desigualdad y/o discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.
Artículo 14. Perspectiva intercultural
Las administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva intercultural en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas sobre menores, con especial atención a la desigualdad o discriminación por nacionalidad, origen o situación administrativa, tanto de los menores como de sus familiares, en todos los ámbitos y especialmente en el familiar, sanitario, social, educativo y en el sistema de protección.
Artículo 15. Prioridad presupuestaria
Las actuaciones de promoción, prevención, protección, formación, ocio e integración de la infancia y adolescencia tienen carácter prioritario, con especial atención a erradicar la violencia y luchar contra la pobreza infantil. Para garantizar los derechos de la ley, las administraciones públicas andaluzas consignarán en sus presupuestos los créditos necesarios y suficientes.
Artículo 16. Planificación de actuaciones, recursos y evaluación
La actuación pública en atención y protección de la infancia se planifica con objetivos, indicadores geográficos, poblacionales y sociales y procesos. La planificación sigue criterios de transversalidad e interdisciplinariedad y se somete a la transparencia. Los recursos se gestionan con descentralización y/o desconcentración. La planificación se evalúa (eficacia, participación, impacto, eficiencia, igualdad) con indicadores, y los menores participan en planificar y evaluar.
Artículo 17. Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía
La Consejería competente en infancia dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia que determine las políticas para su bienestar y calidad de vida; será público y su evaluación orienta las políticas. Su fundamento es incluir la perspectiva de infancia y reforzar sus derechos. Cuenta con todas las administraciones andaluzas y con la participación ciudadana y de la propia infancia. Dura cuatro años, lo aprueba el Consejo de Gobierno con previsión presupuestaria y se remite al Parlamento para su debate en Pleno.
Artículo 18. Sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescencia
La Administración de la Junta de Andalucía se dotará de un sistema único de información e indicadores sobre la vida de los menores, que recoja su calidad de vida y desarrollo y sus necesidades y problemas. Es instrumento esencial para planificar políticas transversales, incorpora la visión de los propios menores y sirve para decidir. Se basa en la información del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía; su organización, fuentes, gestión y acceso se fijan por reglamento.
Artículo 19. Investigación y gestión del conocimiento
Las administraciones públicas de Andalucía fomentarán investigaciones y estudios sobre infancia y adolescencia, estrategias y métodos de intervención basados en la evidencia científica, y la supervisión, evaluación y divulgación del conocimiento. Incluirán entre las prioridades de sus planes y estrategias de I+D el bienestar y la calidad de vida de los menores, con especial atención a quienes estén en situación de vulnerabilidad.
Artículo 20. Cualificación de las personas profesionales
Las administraciones andaluzas garantizarán la formación inicial y permanente y fomentarán la formación de los profesionales que trabajan con la infancia. La Junta, coordinada con la Consejería competente en infancia, ofrecerá programas formativos a todo el personal público que atienda a menores, con perspectiva de género y foco en la violencia. Las pruebas de acceso a la Función Pública andaluza incluirán materias sobre derechos de la infancia, y se promoverá la formación especializada en colegios profesionales y otras entidades.
Artículo 21. Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía
El Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es un órgano colegiado de carácter prospectivo, analítico y consultivo, adscrito a la Consejería competente en infancia. Investiga, forma, documenta, hace seguimiento estadístico y gestiona fuentes de información sobre la infancia; participa en la ejecución, desarrollo y evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia; y elabora informes sobre su estado, con especial referencia a la violencia y la pobreza infantil.
Artículo 22. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ejerce diez funciones (a-j): iniciativas de buen trato; políticas contra la exclusión y la pobreza infantil; planificación, financiación, evaluación y control de recursos; planes de apoyo psicosocial, ayudas, inserción y empleo de la unidad familiar; participación de la infancia; protección de menores (título V); ejecución de medidas judiciales de los juzgados de menores y mediación penal; protección en medios audiovisuales; convenios, contratos y conciertos sociales; y aplicación de instrumentos internacionales.
Artículo 23. Competencias de las Entidades Locales
Las Entidades Locales ejercen sus competencias propias en servicios sociales según el Estatuto de Autonomía, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 9/2016. Son competentes para prevenir, detectar, valorar, intervenir y formalizar la declaración de situación de riesgo (artículos 87 a 91). Desarrollan planes integrales de atención a la infancia, la participación infantil y adolescente, y el mapa de recursos, el plan estratégico y el catálogo de prestaciones.
Artículo 24. Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía
La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía tiene como misión ejercer con eficacia sus funciones como comisionado del Parlamento de Andalucía para defender y promover los derechos y libertades de los menores. Sus funciones las ejerce también la persona titular del Defensor del Pueblo Andaluz.
Artículo 25. Funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía
La Defensoría vela por los derechos de los menores supervisando a las administraciones andaluzas y a entidades que les prestan servicios; recibe y tramita denuncias de riesgo y las traslada a las administraciones; promueve los derechos de la infancia; y propone mediación, conciliación o acuerdos. Su titular, o en quien delegue, accede sin reserva alguna a los expedientes de menores. Sus funciones alcanzan el seguimiento tras la mayoría de edad de quienes estuvieron tutelados. Presenta un informe anual al Parlamento y puede presentar informes especiales y extraordinarios.
Artículo 26. El Ministerio Fiscal
De acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio Fiscal es el depositario de la obligación de actuar en defensa de los intereses de los menores, conociendo de todas las situaciones que atenten o puedan atentar contra sus derechos y su integridad física o moral. Además, ejerce la superior vigilancia de las actuaciones protectoras de menores adoptadas por las administraciones públicas de Andalucía.
Artículo 27. Colaboración y coordinación con las Entidades Locales
La Junta y las Entidades Locales establecerán mecanismos de colaboración para actuar coordinadas en promoción, prevención y protección de menores. Para ello desarrollarán protocolos conjuntos y medios materiales, técnicos y profesionales, e intercambiarán información. Las entidades locales podrán facilitar nuevos recursos preventivos, residenciales y de acogida ofreciendo suelo, viviendas dotacionales de uso público u otros medios, conforme al planeamiento urbanístico y la normativa vigente.
Artículo 28. Colaboración y coordinación con otras administraciones
La Junta establecerá instrumentos y procedimientos de colaboración y coordinación con la Administración General del Estado, la Administración de Justicia y las demás comunidades autónomas para cumplir sus competencias sobre infancia. Esa colaboración busca eficacia en prevención, detección precoz, atención integral inmediata y reparación frente a la violencia. La Administración andaluza impulsará el intercambio de información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Artículo 29. Comisiones de infancia y adolescencia
Para coordinar a las administraciones y a las entidades de iniciativa social se constituirán comisiones de infancia y adolescencia en los ámbitos provincial y local. Son órganos colegiados de profesionales de administraciones y entidades, que desarrollan planes integrales, coordinan, impulsan redes locales preventivas y el modelo de buen trato. Su delimitación, composición y funcionamiento los fija por reglamento la Junta en la provincia y las Entidades Locales en el municipio. La Junta promueve la coordinación interprovincial.
Artículo 30. La iniciativa social
Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la iniciativa social para actividades de promoción, prevención, atención y protección de la infancia y adolescencia. Además, se establecerán cauces para una acción coordinada y conjunta entre las administraciones y las entidades que atienden a la infancia, la adolescencia y las familias.
Artículo 31. Entidades prestadoras de servicios sociales en materia de infancia y adolescencia
Para colaborar con las administraciones públicas andaluzas en la prestación de servicios de infancia, las entidades de iniciativa social y las entidades con ánimo de lucro definidas en el artículo 3 de la Ley 9/2016 deben estar legalmente constituidas, inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales y reunir los requisitos que se fijen por reglamento.
Artículo 32. Familias acogedoras y familias colaboradoras
Las familias acogedoras y colaboradoras cooperan con la Junta en sus funciones de protección, procurando atención integral y mejor calidad de vida a los menores bajo tutela o guarda de la Junta, integrándolos en un núcleo familiar de forma temporal o estable. La Administración les garantizará asesoramiento, apoyo profesional y formación continuada, y fomentará la participación de las asociaciones que las representan.
Artículo 33. Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía prestará la colaboración y el auxilio policial necesarios en la instrucción y ejecución de los actos de la Entidad Pública en materia de protección de menores. Además, podrá integrarse en los programas y protocolos de los servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales de promoción y prevención del bienestar de la infancia.
Artículo 34. Medios de comunicación social
Los medios de comunicación, los de entretenimiento y las redes sociales deben fomentar los valores educativos de la ley en los programas para menores y evitar contenidos violentos o revictimizantes. Se fomentarán campañas con visión positiva de la infancia, buen trato, parentalidad positiva y captación de familias acogedoras, colaboradoras y adoptivas. En franjas de programación infantil no se emitirán escenas que fomenten violencia, odio o discriminación; su emisión debe advertirse con indicación auditiva y visual. Se fomentará la formación periodística.
Artículo 35. Universidades de Andalucía
Las universidades de Andalucía formarán a su alumnado en las necesidades de la infancia y adolescencia y en sus derechos, incorporando estas competencias a los planes de estudio de grados y postgrados donde proceda. También fomentarán, en colaboración con las demás administraciones andaluzas, investigaciones e informes sobre la situación social de la infancia, su promoción, prevención y protección, la formación de profesionales y las mejores estrategias de intervención.
Artículo 36. Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
El Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia es un órgano colegiado de participación administrativa, consultivo y de asesoramiento de las administraciones andaluzas, adscrito a la Consejería competente en infancia. Informa los asuntos sometidos a su consideración y elabora informes y propuestas por iniciativa propia. Analiza periódicamente la situación de los menores, asesora en la planificación, propone investigación, formula recomendaciones y asesora a los medios sobre la violencia. Su composición, con personas de reconocido prestigio, se fija por reglamento.
Artículo 37. Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes
El Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano de participación ciudadana adscrito a la Consejería competente en infancia. Asesora a la Dirección General competente, propone proyectos normativos, sugiere investigación, colabora en el Plan de Infancia y Adolescencia, divulga valores democráticos, denuncia desigualdades y canaliza quejas de la infancia. Lo forman menores; su composición, funcionamiento y plazo de constitución se fijan por reglamento. Sus representantes pueden asistir como miembros de pleno derecho al Consejo Asesor y a las comisiones de infancia.
Artículo 80. Protección
La protección comprende el conjunto de actuaciones destinadas a intervenir en situaciones de riesgo, ejercer la guarda y asumir la tutela por ministerio de la ley. La Junta de Andalucía y las entidades locales garantizarán servicios públicos necesarios, suficientes y adecuados para esas actuaciones, dentro de las dotaciones presupuestarias que se asignen y aprueben cada año. Las actuaciones de protección se desarrollarán reglamentariamente.
Artículo 81. Criterios de actuación
Las administraciones públicas de Andalucía, respetando la primacía del interés superior del menor, actúan bajo los principios de objetividad, imparcialidad, coordinación, prioridad, confidencialidad y seguridad jurídica. Entre sus criterios: permanencia en la familia de origen, intervención mínima, derecho a ser oídos, proporcionalidad, prioridad de medidas familiares sobre residenciales, estables sobre temporales y consensuadas sobre impuestas, hermanos unidos, profesional de referencia, revisión periódica, reunificación y acceso a los orígenes biológicos.
Artículo 82. Deber de colaboración ante situaciones de violencia, riesgo y desprotección
Cualquier persona o entidad, y en especial las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el personal de servicios sociales, salud y centros educativos, que conozca una situación de riesgo o desprotección de un menor debe prestarle auxilio inmediato, comunicarlo a la Administración competente, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, y colaborar con ellos. A los particulares se les garantiza confidencialidad. Las administraciones establecerán mecanismos de coordinación y programas de formación obligatoria y universal.
Artículo 83. Deber de reserva
Las administraciones públicas de Andalucía, las entidades de iniciativa social y cualquier otra entidad actuarán con la obligada reserva en la atención y protección de la infancia y adolescencia, garantizando el tratamiento confidencial de la información y de los ficheros o registros donde conste, conforme a la normativa de protección de datos. El mismo deber alcanza a autoridades y personas que, por su profesión o función, conozcan casos de riesgo o desprotección y accedan a esa información.
Artículo 84. De las personas interesadas en procedimientos relacionados con actuaciones y medidas de protección
Son personas interesadas en un procedimiento de protección quienes tengan un derecho o interés legítimo y, en todo caso, el menor, los padres, madres, personas tutoras y las familias acogedoras. Sus derechos son los de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, aunque sujetos al interés superior del menor y a los intereses de terceras personas dignos de protección.
Artículo 85. Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentes
El expediente de actuación de protección es de titularidad pública y lo forman documentos, actuaciones y diligencias del personal de las administraciones andaluzas, que responde de su guarda y custodia mediante archivo. Se pone a disposición de las Entidades Públicas, autoridades judiciales y de su titular cuando lo solicite. El acceso se ejerce mediante solicitud y, para datos especialmente protegidos, exige consentimiento explícito del titular.
Artículo 86. Coordinación y colaboración con la Administración de Justicia en situaciones de riesgo social y desamparo
Las medidas de protección de las administraciones son compatibles con las medidas cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales. Si hay indicios de delito, se comunicarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado, para que valoren medidas cautelares. Servicios sociales y Entidad Pública colaborarán para evitar la victimización secundaria, conforme al Estatuto de la Víctima del Delito, reduciendo los actos administrativos.
Artículo 87. Situación de riesgo
La actuación en riesgo busca salvaguardar los derechos del menor en su propio medio, para que siga en su familia. Son competentes las Entidades Locales de Andalucía: detectan, valoran, intervienen y declaran; sus servicios sociales elaboran un proyecto de intervención familiar temporalizado. Si se requiere una intervención más específica, los equipos de tratamiento familiar elaboran un proyecto interdisciplinar. Ante la negativa de los padres, se puede pedir apoyo judicial a través del Ministerio Fiscal.
Artículo 88. Declaración de la situación de riesgo
Padres, tutores, guardadores o acogedores deben colaborar en el proyecto de intervención familiar. Si no colaboran y el menor puede necesitar ser separado, procede declarar el riesgo. Lo declara el órgano colegiado de la Entidad Local, presidido por su autoridad competente, previa audiencia (al menor desde los doce años). El plan de intervención dura como máximo doce meses, prorrogables otros seis por el órgano colegiado. Si fracasa, se propone valorar el desamparo; si se cumple, se dicta el cese.
Artículo 89. Cese de la declaración de la situación de riesgo
La declaración de riesgo cesa por mayoría de edad, traslado de municipio de la familia, cumplimiento de objetivos del plan, resolución de desamparo o guarda, transcurso del plazo máximo con su prórroga sin resolución de cese ni informe a la Entidad Pública, u otras circunstancias sobrevenidas motivadas. En el traslado, los servicios sociales de origen y destino se coordinan antes del cese. El cese lo acuerda el órgano colegiado que la dictó, salvo mayoría de edad, traslado o desamparo o guarda, en que puede delegarse.
Artículo 90. Actuaciones de urgencia en situaciones de riesgo
Si durante la valoración, la ejecución del proyecto de intervención familiar o tras declararse el riesgo se considera necesaria y urgente la separación inmediata del menor de su núcleo familiar para salvaguardar su integridad, los servicios sociales proponen la separación directamente a la Entidad Pública y lo comunican al órgano colegiado de la Entidad Local y al Ministerio Fiscal. Si hay indicios de delito, se avisa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado.
Artículo 91. Valoración de la Entidad Pública
La Entidad Pública valora en veinte días la desprotección derivada por el fracaso del plan de intervención o por urgencia, para decidir si inicia el desamparo, adopta una medida cautelar de separación o interviene en el medio. Si no procede el desamparo, lo comunica con informe motivado al órgano colegiado local, a los servicios sociales proponentes en urgencia y al Ministerio Fiscal. La derivación no suspende las actuaciones de la Entidad Local.
Artículo 92. Atención inmediata
La Entidad Pública interviene de inmediato cuando la desprotección lo requiera, preferentemente mediante acogimiento familiar y, en su defecto, residencial. Si el menor pierde temporalmente el contacto con sus padres o representantes, recibe atención inmediata mientras se le identifica y se avisa a la familia. Si en tres meses desde la atención no se clarifica la situación, procede iniciar la declaración de desamparo.
Artículo 93. Guarda provisional
La Junta puede asumir la guarda provisional cuando sea necesario para proteger al menor, y tiene siete días naturales desde que pasa a su disposición para formalizarla por resolución. La resolución se comunica al Ministerio Fiscal, progenitores, acogedores y al menor si tiene capacidad y siempre al mayor de doce años; suspende la guarda y custodia de padres o tutores. En veinte días naturales se identifica al menor y se aclaran las circunstancias; después, reunificación o procedimiento de desamparo.
Artículo 94. Situación de desamparo
La Junta de Andalucía asume la tutela de todos los menores en situación de desamparo. Las situaciones de desamparo son las recogidas en la Ley Orgánica 1/1996, conforme al artículo 172 del Código Civil. Los menores en guarda de hecho no serán declarados en desamparo si reciben adecuada atención y no requieren medidas de protección; en ese caso la Entidad Pública lo comunica al juzgado.
Artículo 95. Procedimiento para la declaración de situación de desamparo
Si la Entidad Pública conoce que un menor puede estar desprotegido, incoa de oficio el procedimiento de desamparo. En la instrucción es preceptivo un informe diagnóstico con propuesta motivada de medida. Ante grave riesgo cabe el desamparo provisional cautelar. Resuelve un órgano colegiado en protección de menores, con profesionales de la Junta y de la Administración local, previa propuesta del servicio especializado. Plazo máximo: tres meses. Ejecución y seguimiento: personal funcionario del servicio competente.
Artículo 96. Guarda
La Junta de Andalucía asume la guarda de los menores en tres casos: cuando haya asumido su tutela; cuando los padres, madres o tutores, por enfermedad u otras circunstancias que les impidan transitoriamente atenderlos, lo soliciten; y cuando lo determine una resolución judicial. Si la guarda la piden los progenitores o tutores, se forma expediente y decide el órgano colegiado del artículo 95.4, que puede estimar o denegar la solicitud.
Artículo 97. Plan individualizado de protección
Al asumir la tutela o guarda, la Junta elabora en no más de un mes, coordinada con los servicios sociales locales, un plan individualizado de protección con objetivos, previsión y plazo de las medidas con la familia de origen, incluido el programa de reintegración. El plan dura como máximo un año. No es factible la reintegración si requiere un plazo tan largo o imprevisible que perjudique al menor. Tras la reintegración, hay seguimiento mínimo de un año; si no es posible, medidas estables, preferentemente adopción.
Artículo 98. Cese de la tutela y guarda
La tutela o guarda asumida por la Junta cesa por: desaparición de las causas del desamparo; fin del plazo de la guarda voluntaria, salvo prórroga excepcional en interés del menor; resolución judicial firme; adopción; mayoría de edad o emancipación, salvo incapacidad declarada judicialmente antes; fallecimiento; traslado voluntario a otro país; asunción de la tutela o medida por la Entidad Pública de otra comunidad autónoma; o doce meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro y está en paradero desconocido.
Artículo 99. El acogimiento familiar
El acogimiento familiar busca la plena integración y participación del menor en un núcleo familiar adecuado a sus necesidades, para ofrecerle un entorno afectivo de convivencia, e implica que las familias acogedoras ejercen la guarda. La Administración velará por la selección, formación continuada y seguimiento periódico de las familias acogedoras de todas las modalidades. El procedimiento de constitución se desarrollará reglamentariamente.
Artículo 100. Ofrecimientos para el acogimiento familiar
Quien quiera acoger presenta su ofrecimiento ante la Entidad Pública y asiste a sesiones informativas, formativas y de preparación. Las informativas son obligatorias y previas al ofrecimiento; las formativas o de preparación se hacen en no más de tres meses desde el ofrecimiento, y la Entidad Pública acredita a quienes participan. Se puede ser valorado e idóneo a la vez para acogimiento y adopción, y es compatible con el programa de colaboración social.
Artículo 101. Presentación de ofrecimientos para el acogimiento por la familia extensa
Para no demorar decisiones que perjudiquen al menor, la familia extensa dispone de un plazo máximo de tres meses desde la efectiva asunción de la guarda por la Junta para ofrecerse al acogimiento familiar. Pasado ese plazo, la Entidad Pública podrá desestimar los ofrecimientos que se presenten.
Artículo 102. Declaración de idoneidad para el acogimiento familiar
La idoneidad para acoger se inicia de oficio para quienes acrediten la fase formativa, por orden de ofrecimiento y según las necesidades de los menores tutelados. Exige valoración psicosocial, que es informe preceptivo, de la situación, edad (adecuada hasta al menos los dieciocho años del menor), vínculos, relación con la familia de origen y habilidades; en familia extensa, la vinculación afectiva previa. Se resuelve en tres meses; el silencio es desestimatorio. Solo da derecho a inscribirse en el Registro de Idoneidad.
Artículo 103. Selección de las personas declaradas idóneas para el acogimiento familiar
La Junta selecciona para cada menor a la persona o personas más adecuadas entre las inscritas en el Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía. Los criterios se fijarán reglamentariamente según la aptitud de la idoneidad, la modalidad de acogimiento, la relación y composición familiar y otras condiciones, atendiendo primordialmente al interés superior del menor. La Entidad Pública propone el acogimiento a quien ofrezca mayores posibilidades de integración y desarrollo.
Artículo 104. Programas de respiro al acogimiento familiar
La Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de protección de menores, desarrollará programas de respiro para las familias acogedoras, con el fin de atender las necesidades que les surjan durante el acogimiento, y lo hará mediante familias alternativas.
Artículo 105. Apoyo al acogimiento familiar
Las administraciones andaluzas, directamente o con servicios concertados, prestan al menor, a la familia acogedora y a la de origen información, formación y colaboración para lograr los objetivos del acogimiento, con apoyos especializados, económicos, jurídicos, psicológicos y sociales según las necesidades. La consejería competente en protección de menores habilitará herramientas y canales para que los menores acogidos expresen iniciativas, sugerencias, recomendaciones, quejas o denuncias.
Artículo 106. Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora
La Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de protección de menores, establecerá reglamentariamente un Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora, que determinará los derechos y deberes de esas familias y estipulará las ayudas y apoyos que se les ofrecen.
Artículo 107. Prestaciones económicas para menores en acogimiento familiar
Los menores en acogimiento familiar tienen derecho público subjetivo a prestaciones para alimentación, cuidado y educación, según la modalidad y sus necesidades. Las cuantías se fijan reglamentariamente y se abonan a quien tenga delegada la guarda, desde el inicio efectivo de la convivencia hasta su cese efectivo, la mayoría de edad o la emancipación. No son ingreso de la unidad familiar ni computan para otras ayudas o subvenciones de la Junta.
Artículo 108. El acogimiento residencial
El acogimiento residencial lo acuerda la Entidad Pública o un juez; es provisional, de la menor duración posible y solo procede si no cabe una medida familiar. No se acordará para menores de trece años salvo que no haya alternativa familiar, y entonces no puede durar más de tres meses para menores de siete años ni seis meses para mayores de siete. Debe primar el interés superior, la calidad técnica, la calidez y una convivencia de tipo familiar.
Artículo 109. Centros de protección de menores
Los centros de protección deben tender a pocas plazas según su tipología, para una atención de calidad y un ambiente cálido similar al familiar, con estándares de calidad y accesibilidad y modelos de excelencia en la gestión. La atención contempla la diversidad cultural, con fomento de programas de mediación intercultural, y la diversidad por discapacidad u otras circunstancias. Los centros velan por los menores especialmente vulnerables ante abuso o explotación sexual y trata de seres humanos.
Artículo 110. Colaboración social
Los menores en acogimiento residencial pueden compartir ocio y salidas temporales y vacacionales con familias colaboradoras. La Junta promueve la sensibilización, información, captación y formación de esas familias, también con entidades autorizadas, y regula sus requisitos, derechos y deberes. Las familias colaboradoras deben hacer obligatoriamente una formación inicial previa. La Junta puede acordar con entidades de voluntariado la participación de voluntarios en los centros, como actividad complementaria a la profesional.
Artículo 111. Perspectiva e igualdad de género y respeto a la diversidad LGTBI
El funcionamiento de los centros de protección y la atención residencial tendrán un enfoque integral de perspectiva de género, para construir relaciones igualitarias entre niñas y niños y prevenir, identificar y eliminar la discriminación por razón de sexo y la violencia de género. También respetarán los derechos e igualdad de trato de las personas LGTBI acogidas, trabajando la orientación sexual e identidad de género para su desarrollo pleno y contra la discriminación.
Artículo 112. Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta
El acogimiento en centros específicos para menores con problemas de conducta es el último recurso, cuando no cabe otra medida, y dura lo estrictamente necesario para el proceso terapéutico y educativo. Se dirige a menores tutelados o en guarda de la Junta con graves conductas disociales recurrentes, justificado por sus necesidades de protección y una valoración psicosocial especializada. Nunca pueden ingresar menores de trece años ni con trastornos mentales que requieran atención especializada. Incluye atención residencial e intervención terapéutica y socioeducativa.
Artículo 113. La adopción
La Junta de Andalucía promoverá la adopción cuando las circunstancias aconsejen separar definitivamente al menor de su familia de origen, cuando carezca de ella, se desconozca su existencia o se acredite la imposibilidad de reunificación familiar. En esos casos, la adopción se propondrá de forma prioritaria para los menores de siete años.
Artículo 114. Ofrecimientos para la adopción
Quienes se ofrezcan para adoptar deben pedir participar en sesiones informativas y formativas o de preparación, organizadas por la Entidad Pública o una entidad autorizada, sobre procedimiento y efectos de la adopción, necesidades de los menores, idoneidad, selección y obligaciones posadoptivas. Las informativas son obligatorias y previas al ofrecimiento; las formativas, en no más de tres meses desde él, con acreditación de la Junta. La Entidad Pública puede inadmitir nuevos ofrecimientos por resolución cuando las circunstancias lo determinen.
Artículo 115. Declaración de idoneidad para la adopción
La idoneidad para adoptar se inicia de oficio por la Entidad Pública para quienes completen la formación, por orden de ofrecimiento y según las necesidades de los menores tutelados adoptables. Requiere valoración psicosocial (informe preceptivo) de la situación personal, familiar, relacional y social, vínculos, habilidades y aptitud. Se resuelve en tres meses; el silencio es desestimatorio. Solo da derecho a la inscripción en el Registro, no a adoptar, y su vigencia es de tres años.
Artículo 116. Selección de personas declaradas idóneas para la adopción
La Entidad Pública selecciona, para cada menor, a la persona o personas más adecuadas entre las inscritas en el Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía. Los criterios, fijados reglamentariamente, atienden a la aptitud de la idoneidad, la modalidad de adopción, la relación y composición familiar y otras condiciones, primando el interés superior del menor. Se propone a quienes ofrezcan mayores posibilidades de integración y desarrollo según el historial y características del menor.
Artículo 117. Guarda con fines de adopción y propuesta de adopción
La Junta de Andalucía formula la propuesta de adopción ante la autoridad judicial competente. Antes de esa propuesta puede delegar la guarda con fines de adopción en la persona o personas seleccionadas, conforme a los requisitos y procedimientos de esta ley, del Código Civil y del resto de normativa aplicable.
Artículo 118. Requisitos para la guarda con fines de adopción y propuesta de adopción
Además de los requisitos del artículo 175 del Código Civil, para la guarda con fines de adopción y la propuesta de adopción se exige: que la adopción atienda al interés superior del menor; que no haya sido posible ni se prevea la reunificación familiar en un plazo razonable según su edad; que los adoptantes hayan sido declarados idóneos y seleccionados para esa adopción; y la conformidad del menor mayor de doce años, valorándose la opinión del de menos edad.
Artículo 119. Adopción abierta
En la adopción abierta se facilita que la persona adoptada mantenga relación y contacto con algún miembro de su familia de origen, cuando lo aconseje el interés del menor, a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y siempre que lo haya acordado el juez al constituir la adopción, conforme a la legislación vigente.
Artículo 120. Tratamiento de la información
En los procedimientos de adopción las actuaciones se desarrollan con la necesaria reserva y confidencialidad, para proteger los datos de identificación y localización de la familia adoptiva y evitar que la familia de origen conozca a la adoptiva.
Artículo 121. La adopción internacional
La Junta de Andalucía realiza las actuaciones de adopción internacional sujetándose a la normativa estatal e internacional aplicable, velando por el interés superior del menor y el pleno respeto de sus derechos.
Artículo 122. Ofrecimientos y declaración de idoneidad para la adopción internacional
En adopción internacional la idoneidad se inicia a instancia de parte con el ofrecimiento, tras participar en las sesiones de la Entidad Pública, y se tramita por orden de presentación. La valoración psicosocial es informe preceptivo, conforme a la Ley 54/2007. El plazo para resolver no supera tres meses; el silencio es desestimatorio. La idoneidad tiene una vigencia máxima de tres años, se formaliza por resolución de la Entidad Pública y se inscribe en el Registro.
Artículo 123. Costes necesarios para la tramitación de un ofrecimiento de adopción
Conforme a la Ley 54/2007 de Adopción Internacional y al Real Decreto 165/2019 que aprueba su Reglamento, los organismos acreditados para intermediar en la adopción internacional no pueden cobrar a quienes se ofrecen para adoptar importes o gastos distintos de los autorizados en su resolución de acreditación.
Artículo 124. Obligaciones posadoptivas de las personas adoptantes
Los adoptantes deben facilitar información, documentación, entrevistas y visitas para los informes de seguimiento posadoptivo. En la adopción nacional, la Junta hace seguimientos al menos semestrales durante los dos años siguientes a la firmeza de la sentencia de adopción. En la internacional se cumplen los compromisos con el país de origen y, si este no prevé informes o su periodicidad es inferior, rige la de la adopción nacional; además deben pagarse los importes de los informes. El incumplimiento conlleva la no idoneidad en otros procesos y sanciones.
Artículo 125. Servicios de atención posadoptiva
La Junta de Andalucía ofrece servicios especializados en adopción para orientar y apoyar a personas adoptadas y familias adoptivas ante las dificultades del proceso adoptivo. Estos servicios ofrecen mediación y apoyo técnico para que la persona adoptada pueda conocer sus orígenes biológicos y su historial o iniciar contactos con su familia biológica, y difunden entre profesionales de educación, sanidad y acción social un conocimiento adecuado de la adopción.
Artículo 126. Trato preferente para las niñas, niños y adolescentes con medida de protección
La Junta de Andalucía, en su ámbito competencial, debe ofrecer sus recursos y servicios de forma preferente a las niñas, niños y adolescentes con medida de protección en Andalucía.
Artículo 127. Seguimiento posterior a la mayoría de edad
Al alcanzar la mayoría de edad, durante al menos un año, la Junta de Andalucía, en colaboración con los servicios sociales de las Entidades Locales, hace un seguimiento de la integración social de quienes estuvieron bajo su tutela o guarda, ofreciéndoles los apoyos necesarios para ajustarse a su nueva situación personal y familiar.
Artículo 128. Atención psicoterapéutica
La Junta de Andalucía garantiza el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico a los menores bajo su tutela o guarda que presenten problemas psicológicos, emocionales o comportamentales por el daño sufrido por cualquier forma de violencia o por problemas de vinculación afectiva o trastornos del apego. Esta atención puede prestarse hasta que cumplan veinticinco años.
Artículo 129. Atención sanitaria
Los menores con medida de protección tienen prioridad en analíticas y pruebas para no retrasar su integración en la familia de acogida o centro. Hospitalizados, el hospital y el centro de protección garantizan acompañamiento y vigilancia, incluso con voluntariado. Su historial clínico está especialmente protegido. Se facilita información sanitaria a la familia acogedora acreditada. Tienen gratuidad de recursos, prestaciones y fármacos, preferencia en salud mental especializada, y apoyo si están embarazadas o en lactancia.
Artículo 130. Atención educativa
La Junta garantiza la escolarización, ordinaria o tardía, de menores tutelados, en guarda o adoptados, en el centro más cercano al domicilio o trabajo de quien tenga su guarda y custodia. Son alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con evaluación psicopedagógica de los servicios especializados del sistema educativo. Hay adaptación curricular y lingüística para extranjeros, recursos para continuar estudios tras el acogimiento, prioridad universitaria en ayudas y gratuidad y prioridad en aula matinal, comedor y extraescolares.
Artículo 131. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados
La protección de los menores migrantes no acompañados garantiza sus derechos como menores y su integración social plena, con independencia de las posibilidades de regresar con su familia. Bajo protección de la Junta, acceden a todos los servicios y prestaciones de competencia autonómica, sea cual sea el estado de su residencia o asilo, en especial salud, educación, servicios sociales, empleo y formación. Sus profesionales deben formarse en interculturalidad, y se tramitarán sus autorizaciones de residencia o nacionalidad.
Artículo 132. Preparación para la vida independiente
La autonomía personal, la integración social y laboral y la preparación para la vida independiente son de máxima prioridad para adolescentes y jóvenes en acogimiento. Los programas alcanzan a menores protegidos y extutelados como máximo hasta los veinticinco años. Desde los dieciséis años se planifican actuaciones de formación, inserción, habilidades y economía doméstica. Los beneficiarios asumen un compromiso expreso de aprovechamiento. Hasta los veinticinco, son destinatarios preferentes de prestaciones, empleo y vivienda..
Artículo 133. Sistema de información de protección a la infancia y adolescencia
Se crea, como complemento del sistema estatal, el sistema de información de protección a la infancia y adolescencia de Andalucía, con fines estadísticos y de seguimiento de las medidas adoptadas sobre cada menor, de la eficacia y calidad del sistema, de sus recursos y de las personas que se ofrecen para acoger o adoptar. Respeta la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos. Integra tres registros: Declaraciones de Riesgo, Tutelas y Guardas, e Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción.
Artículo 134. Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en Andalucía
El Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, aunque lo gestionan las Entidades Locales. En él se inscriben los datos de los menores sobre los que haya recaído una declaración de riesgo, a efectos de seguimiento y estadísticos. Su organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.
Artículo 135. Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía
El Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, con gestión descentralizada en los servicios periféricos de la consejería competente en materia de protección de menores. En él se inscriben todos los datos de los menores sujetos a tutela o guarda. Su organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Artículo 136. Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía
El Registro de Idoneidad para el acogimiento familiar y la adopción de Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, con gestión descentralizada en los servicios periféricos de la consejería competente en materia de protección de menores. En él se inscriben todas las personas declaradas idóneas por la Entidad Pública para el acogimiento familiar y la adopción nacional o internacional. Su organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.
Artículo 137. De las infracciones y sanciones y de los sujetos responsables
Son infracciones administrativas de esta ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en su título sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. Responden, a título de dolo o culpa, las personas físicas o jurídicas y, conforme al artículo 28.1 de la Ley 40/2015, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
Artículo 138. Prescripción de infracciones y sanciones
Infracciones y sanciones prescriben al año (leves), a los tres años (graves) y a los cinco años (muy graves). La prescripción de la infracción se cuenta desde su comisión, o desde que cesa la conducta si es continuada o permanente; la interrumpe el inicio del procedimiento con conocimiento del interesado, y se reanuda si se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. La de la sanción se cuenta desde que la resolución es ejecutable o vence el plazo para recurrirla.
Artículo 139. Clasificación de las infracciones
Artículo 140. Infracciones leves
Son infracciones leves: las conductas tipificadas como graves cuando se cometan por imprudencia y no causen perjuicio directo al menor; las irregularidades formales de los titulares de centros de protección o entidades que presten servicios a la infancia no tipificadas como graves o muy graves; y no comunicar a la Administración las variaciones de datos aportados que deban tenerse en cuenta para aplicar las medidas y beneficios de la ley.
Artículo 141. Infracciones graves
Son graves, si no son muy graves: más de dos leves en un año, incumplir deberes o normas de centros y entidades, obstruir la inspección; no inscribir un nacimiento; no pedir plaza escolar o no procurar la asistencia en edad obligatoria; no comunicar el riesgo conocido por el cargo; incumplir resoluciones de la Entidad Pública; no entregar al menor extraviado o fugado; recibir a un menor para adoptarlo sin la Entidad Pública; intermediar sin acreditación; incumplir obligaciones posadoptivas; cobros no autorizados; falta del certificado de delitos sexuales; publicidad dañina.
Artículo 142. Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves: más de dos graves en un año; las graves que causen daños o perjuicios de difícil o imposible reparación para los derechos del menor; que los promotores de espectáculos y festejos públicos permitan la participación activa de menores de dieciséis años en actividades peligrosas; y recibir a un menor ajeno para adoptarlo sin la Entidad Pública mediando precio o engaño, o con peligro manifiesto para su integridad.
Artículo 143. Sanciones
Las sanciones son: infracciones leves, amonestación por escrito o multa de hasta 3.000 euros; graves, multa de 3.001 a 30.000 euros; y muy graves, multa de 30.001 a 600.000 euros.
Artículo 144. Graduación de las sanciones
Las sanciones se gradúan guardando adecuación entre gravedad del hecho y sanción, y atendiendo a: gravedad del riesgo o perjuicio según la madurez, edad y vulnerabilidad del menor; culpabilidad o intencionalidad; repetición y reincidencia en un año; beneficio obtenido; interés social del establecimiento; incumplimiento de advertencias previas; y trascendencia económica y social. Cuentan también la reparación espontánea o subsanación antes de resolver. Si el beneficio supera la multa, esta se incrementa en la cuantía del beneficio.
Artículo 145. Reincidencia
Artículo 146. Reducción de las sanciones
Si la sanción es solo pecuniaria, o caben una pecuniaria y otra no pecuniaria pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, puede aplicarse una reducción de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, conforme al artículo 85 de la Ley 39/2015.
Artículo 147. Publicidad de las sanciones
En infracciones graves o muy graves, el órgano competente puede acordar en la resolución la publicación de las sanciones firmes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en medios de comunicación social, a costa del sancionado. La publicación incluye nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la clase y naturaleza de las infracciones.
Artículo 148. Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador de las infracciones de esta ley se rige por el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 149. Órganos competentes
Inician el procedimiento los titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la consejería competente en menores, salvo las graves f) y g) del artículo 141 (escolarización), que inician las delegaciones de educación, y la muy grave c) del 142 (espectáculos), la delegación competente en esa materia. Resuelven: las leves, la Delegación de menores; las graves, el centro directivo de menores; las muy graves, el titular de la consejería de menores, con excepciones para educación y espectáculos; y si la sanción supera 300.000 euros, el Consejo de Gobierno.
Artículo 150. Medidas provisionales
Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar medidas provisionales necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución, el buen fin del procedimiento, evitar que se mantengan los efectos de la infracción y atender los intereses generales. Antes de iniciarlo, el órgano competente para iniciar o instruir puede adoptarlas de forma motivada. En todo caso deben adoptarse las que salvaguarden la integridad física y moral de los menores.
Artículo 151. Relación con la jurisdicción civil y penal
Si el órgano competente para incoar aprecia indicios de infracción penal con identidad de hechos, sujetos y fundamento, lo comunica al órgano jurisdiccional y se abstiene de seguir el procedimiento hasta que haya pronunciamiento. Lo mismo si, ya incoado, conoce que existen diligencias penales con esa triple identidad. Si del procedimiento resultan responsabilidades administrativas para padres, tutores o guardadores, se informa a la Fiscalía de Menores por si hubiera responsabilidades civiles.
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Objeto de la Ley
La Ley regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para ello crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio. El Sistema es una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las Comunidades Autónomas, con participación, en su caso, de las Entidades Locales.
Artículo 2. Definiciones
Define los conceptos clave. Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales. Dependencia: estado de carácter permanente en que se precisan cuidados y apoyos de otras personas o ayudas importantes para las actividades de la vida diaria. Cuidados no profesionales: los prestados en su domicilio por familia o entorno no vinculados a un servicio profesional; cuidadora principal: quien dedica más tiempo y se identifica como tal en el PIA. Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser físicas o mecánicas y farmacológicas o químicas.
Artículo 3. Principios de la Ley
Enumera los principios que inspiran la Ley, de la a) a la t). Entre ellos: carácter público de las prestaciones, universalidad en el acceso, respeto a la libertad de elección y autodeterminación, atención integral e integrada, transversalidad, personalización de cuidados, vida independiente, permanencia en el entorno, participación de la iniciativa privada y del tercer sector, cooperación interadministrativa, perspectiva de género y enfoque interseccional. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia
Las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder en igualdad a las prestaciones, residan donde residan en España, y a derechos especiales como elegir dónde y con quién vivir, una atención libre de sujeciones o la previa autorización, expresa y por escrito, si los servicios se usan en un proyecto docente o de investigación. A su vez, ellas, sus familiares o representantes y los centros deben suministrar la información requerida para valorar el grado, comunicar las ayudas que reciban y aplicar las prestaciones económicas a su finalidad.
Artículo 4 bis. Derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principal
Son personas cuidadoras no profesionales y cuidadora principal las identificadas como tales en el PIA. Las no profesionales tienen derecho a información y a acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado. La cuidadora principal designada en la resolución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene además derecho a ser colectivo prioritario de empleo, a medidas de conciliación (con continuidad de la atención si enferma gravemente o es hospitalizada) y a la incorporación en la Seguridad Social.
Artículo 5. Titulares de derechos
Son titulares de los derechos los españoles que estén en situación de dependencia en alguno de los grados y residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud. En menores de cinco años, la residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia. No se exigen nacionalidad ni los cinco años de residencia a solicitantes y beneficiarios de asilo o protección subsidiaria ni a beneficiarios de protección temporal. El Gobierno fijará el acceso de los retornados previo acuerdo del Consejo Territorial.
Artículo 6. Finalidad del Sistema
El Sistema garantiza las condiciones básicas y el contenido común de la Ley, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, optimiza los recursos públicos y privados disponibles y contribuye a mejorar las condiciones de vida. Se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados. Integrarse en el Sistema no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica de esos centros y servicios.
Artículo 7. Niveles de protección del Sistema
La protección de la dependencia se presta en tres niveles: 1.º el nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9; 2.º el nivel que se acuerde entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma mediante los Convenios del artículo 10; y 3.º el nivel adicional que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, instrumento de cooperación entre la AGE y las comunidades autónomas. Lo preside la persona titular del Ministerio y lo integran los consejeros autonómicos competentes, uno de los cuales ocupa la Vicepresidencia. Pueden incorporarse asesores especialistas con voz pero sin voto, y tienen mayoría los representantes autonómicos. Entre sus funciones: acordar el Marco de cooperación y el baremo.
Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado
El Gobierno, oído el Consejo Territorial, determina el nivel mínimo de protección garantizado para cada beneficiario según su grado de dependencia, como condición básica del derecho. Ese nivel mínimo se asigna a las comunidades autónomas considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. Su financiación pública corre a cuenta de la Administración General del Estado, que fija anualmente los recursos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado según los criterios del artículo 32.
Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
En el Consejo Territorial, la AGE y las comunidades autónomas acuerdan el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrolla mediante Convenios bilaterales con cada comunidad. En ellos se fijan objetivos, medios y recursos, incrementando el nivel mínimo estatal. El Consejo Territorial establece los criterios de intensidad de protección de cada servicio del Catálogo y su compatibilidad o incompatibilidad, que aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Los convenios fijan la financiación de cada Administración, y la AGE consigna anualmente crédito para celebrarlos.
Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema
Corresponde a las comunidades autónomas, en su territorio: planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios; gestionar los servicios y recursos de valoración y atención; establecer la coordinación sociosanitaria; crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios; asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención; inspeccionar y sancionar; evaluar periódicamente el Sistema y aportar a la AGE la información para la financiación. Además, con cargo a sus presupuestos, pueden definir niveles de protección adicionales y sus normas de acceso.
Artículo 12. Participación de las Entidades Locales
Las Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de su comunidad autónoma y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. Además, pueden participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.
Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deben orientarse a satisfacer sus derechos y a una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, con dos objetivos: a) promover la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad; y b) proteger la dignidad de las personas y garantizar el buen trato y el ejercicio pleno de todos sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 14. Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Las prestaciones pueden ser servicios o económicas, compatibles con trabajar por cuenta ajena o propia. Los servicios del Catálogo tienen carácter prioritario. La prioridad en el acceso la marca el grado; a igual grado, el tiempo de espera desde la solicitud; y a igual grado y espera, la capacidad económica. Quien no acceda al servicio tiene derecho a la prestación vinculada o a una solución transitoria. La atención será libre de sujeciones, salvo urgencia vital. Las prestaciones económicas son inembargables, salvo el supuesto del artículo 608 de la LEC.
Artículo 15. Catálogo de servicios
El Catálogo de servicios comprende nueve servicios: prevención de la situación de dependencia; promoción de la autonomía personal; teleasistencia; ayuda a domicilio; asistencia personal; centro de día y de noche; cuidados y apoyos en viviendas; atención residencial; y provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Se regulan sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Las prestaciones y servicios se integran en la Red de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. La red de centros la forman los centros públicos autonómicos y locales, los centros de referencia estatal y los privados concertados debidamente acreditados. Las comunidades autónomas fijan el régimen jurídico y las condiciones de los concertados, teniendo especialmente en cuenta al tercer sector. Los centros privados no concertados necesitan la acreditación de la comunidad autónoma. Los poderes públicos promoverán el voluntariado y la participación del tercer sector.
Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio
La prestación económica vinculada al servicio es periódica y se reconoce únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario y según el convenio entre la AGE y la comunidad autónoma. Es de carácter personal y está, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. Las Administraciones competentes supervisarán su destino y utilización.
Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar
Puede reconocerse una prestación económica para cuidados en el entorno familiar cuando la persona dependiente lo desee, esté atendida por su entorno familiar o relacional y se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda. Busca apoyar a la persona cuidadora y la permanencia en el núcleo convivencial de origen. El Consejo Territorial acuerda las condiciones de acceso, que aprueba el Gobierno por real decreto. Excepcionalmente, puede no exigirse la convivencia si hay compromiso de cuidados sin contraprestación y viviendas próximas.
Artículo 19. Servicio de asistencia personal a través de prestación económica
La prestación económica de asistencia personal se alinea con los principios de vida independiente y autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la mayor autonomía posible mediante la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, según su PIA. Las administraciones velarán por las condiciones laborales y de formación de quienes presten la asistencia personal y supervisarán el destino de la prestación.
Artículo 19 bis. Servicio de cuidados y apoyos en viviendas a través de prestación económica
La prestación económica de cuidados y apoyos en viviendas contribuye a contratar el servicio del artículo 24 bis. En el supuesto del artículo 24 bis.2.b), las personas que lo soliciten, cuando los cuidados se coordinen de forma participativa, pueden contratar el servicio de forma conjunta. Los servicios los prestan directamente profesionales cualificados con competencias acreditadas, o centros y servicios concertados, privados o de iniciativa social, debidamente acreditados. Las Administraciones supervisarán el destino de la prestación.
Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas
La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de su misma Sección no la fija la propia Ley: la acuerda el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, después, la aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Son dos pasos y dos órganos distintos.
Artículo 21. Servicio de prevención de las situaciones de dependencia
El servicio de prevención busca prevenir la aparición o el agravamiento de la dependencia mediante actuaciones coordinadas entre servicios sociales y de salud, y programas preventivos y de rehabilitación para personas mayores, con discapacidad o con hospitalizaciones complejas. También busca disminuir, evitar o erradicar las limitaciones y restricciones sociales con accesibilidad universal e inclusión. El Consejo Territorial acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas de los Planes de Prevención que elaboren las comunidades autónomas.
Artículo 21 bis. Servicio de promoción de la autonomía personal
Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones sobre cómo vivir según la propia voluntad, deseos, preferencias y estilo de vida, facilitando, en su caso con los apoyos necesarios, las actividades de la vida diaria, también cuando se desarrollen en entornos digitales. El Consejo Territorial acordará la definición de los servicios mínimos comunes.
Artículo 22. Servicio de teleasistencia
La teleasistencia es un servicio de atención y apoyo continuo y personalizado, prestado con tecnologías avanzadas y dispositivos accesibles universalmente. Busca la permanencia y el bienestar en el domicilio y prevenir o intervenir ante emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento. Es un derecho con independencia de otras prestaciones y complementario a las del PIA en cualquier grado. Se garantizará en zonas rurales, fronterizas o menos pobladas las 24 horas, todos los días, e incluirá videointerpretación en lengua de signos.
Artículo 23. Servicio de ayuda a domicilio
La ayuda a domicilio es el conjunto de actuaciones en el domicilio de la persona dependiente y en su entorno comunitario próximo, para facilitar las actividades de la vida diaria y promover su autonomía; exige formación especializada. A quienes lo soliciten se les organizará de forma coordinada, conjunta y participada si residen en la misma vivienda, en viviendas de un equipamiento colectivo en un entorno comunitario o en viviendas próximas. Si hay prestación económica vinculada y se dan esos supuestos, la contratación puede ser conjunta.
Artículo 23 bis. Servicio de asistencia personal
El servicio de asistencia personal promueve la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia de cualquier grado y edad. Consiste en apoyos y cuidados, bajo la dirección de la propia persona, prestados por profesionales de referencia, prioritariamente con formación especializada o experiencia acreditada, conforme a un plan personal que concrete las actividades de la vida diaria y le permita desarrollar su proyecto de vida libremente elegido.
Artículo 24. Servicio de centro de día y de noche
El centro de día o de noche ofrece cuidados y apoyos integrales en periodo diurno o nocturno, con enfoque comunitario, para promover la autonomía, mejorar la calidad de vida y apoyar a familias o cuidadores. El de día facilita, entre otras cosas, estimulación cognitiva y física y apoyo psicológico. Desde el centro de día pueden prestarse servicios similares a personas de domicilios próximos, en el propio centro, en otras instalaciones del entorno comunitario o en los domicilios, favoreciendo vínculos con el entorno.
Artículo 24 bis. Servicio de cuidados y apoyos en viviendas
El servicio de cuidados y apoyos en viviendas busca que las personas, de cualquier edad y grado, desarrollen un proyecto de vida independiente, con apoyos integrales. Tiene dos modalidades: a) una vivienda donde convive un número reducido de personas dependientes, en un entorno de viviendas ordinarias, con convivencia participativa y con alojamiento y manutención incluidos; b) viviendas de un equipamiento colectivo o próximas que compartan espacios comunes, con un plan de cuidados comunes y sin alojamiento incluido.
Artículo 25. Servicio de atención residencial
La atención residencial ofrece un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con participación en la comunidad, con atención integral centrada en los valores, preferencias, derechos e intimidad de la persona. Puede ser permanente, cuando sea su residencia habitual, o temporal, para estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Artículo 25 bis. Servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal
Este servicio facilita a la persona dependiente que lo desee, durante el tiempo que lo requiera, el acceso por préstamo o cesión temporal a productos de apoyo para las actividades de la vida diaria. Producto de apoyo es todo dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico para prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones. El Consejo Territorial acuerda el catálogo mínimo común. Se excluyen los productos de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Es complementario en cualquier grado y no reduce otros apoyos, salvo duplicidad acreditada.
Artículo 26. Grados de dependencia
La dependencia se clasifica en tres grados. Grado I, moderada: ayuda para varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día, o apoyo intermitente o limitado. Grado II, severa: ayuda dos o tres veces al día, sin requerir el apoyo permanente de una persona cuidadora, o apoyo extenso. Grado III, gran dependencia: ayuda varias veces al día y, por pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, apoyo indispensable y continuo de otra persona, o apoyo generalizado. Los intervalos de cada grado se fijan en el baremo del artículo siguiente.
Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia
Las comunidades autónomas determinan los órganos de valoración, de carácter público, que emiten un dictamen sobre el grado con los apoyos y cuidados que se requieran; el Consejo Territorial puede consensuar criterios comunes sobre su composición y actuación. El grado se determina solo con el baremo acordado en el Consejo Territorial y aprobado por el Gobierno mediante real decreto, que tiene como referente la CIF de la OMS. La valoración considera los informes de salud del profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de capacidades y el entorno.
Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema
El procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de su representante, con un plazo máximo de resolución de 3 meses. La resolución la expide la Administración autonómica de la residencia del solicitante y vale en todo el Estado. La valoración, la prescripción y la gestión de las prestaciones económicas las hacen directamente las Administraciones, sin delegación, contratación ni concierto con entidades privadas. Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo especial vulnerabilidad, en que se tramitan de urgencia.
Artículo 29. Programa Individual de Atención
Los servicios sociales públicos, de acuerdo con la persona dependiente y a propuesta de esta, establecen el Programa Individual de Atención (PIA) con las modalidades de cuidados y apoyos de su grado. Su voluntad se recoge en un trámite de consulta previa. El PIA se revisa a instancia de la persona interesada, de oficio o por cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a Ceuta y Melilla. Las prestaciones pueden modificarse o extinguirse, previa audiencia. Si fallece, la prestación para cuidados en el entorno familiar se abona hasta el último día del mes del deceso.
Artículo 30. Revisión del grado de dependencia
El grado de dependencia puede revisarse a instancia de la persona interesada, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes. Las causas de revisión son solo dos: a) mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia; y b) error de diagnóstico o error en la aplicación del correspondiente baremo.
Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad
Quien perciba una prestación económica de esta ley verá deducida de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social. En particular se deducen: el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión no contributiva de incapacidad y el subsidio de ayuda a tercera persona. La deducción no se aplica a quienes tengan reconocido el Grado III+ de dependencia extrema.
Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones públicas
La financiación del Sistema será suficiente y se fijará anualmente en los Presupuestos. La AGE asume íntegramente el coste del nivel mínimo y garantiza una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente, sin incluir la aportación de las personas beneficiarias. Los convenios, anuales o plurianuales, fijan obligaciones y criterios de reparto (población dependiente, dispersión, insularidad, retornados…). La comunidad autónoma aportará cada año al menos lo mismo que la AGE.
Artículo 32 bis. Determinación de la capacidad económica
Las comunidades autónomas desarrollan en su territorio los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias según su renta y patrimonio. Para el patrimonio se tienen en cuenta la edad de la persona y el tipo de servicio, no se computa la vivienda habitual y se fijan umbrales de renta, patrimonio y mínimos exentos adaptados a la carestía de la vida y a las circunstancias de su población. El Consejo Territorial puede consensuar criterios generales.
Artículo 33. La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones
Cuando proceda, las personas beneficiarias contribuyen según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que es exclusivamente personal y también cuenta para la cuantía de las prestaciones económicas. Las comunidades autónomas regulan el copago y garantizan un mínimo exento, una cantidad mínima para gastos personales en residencia y viviendas, su actualización anual y que el copago no sea disuasorio. Se distinguen servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. Nadie queda fuera del Sistema por no tener recursos, y la información sobre copagos se publica cada año.
Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
El Sistema garantiza la calidad de centros y servicios evaluando los procesos de atención y, especialmente, su impacto en los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las personas dependientes y de quienes cuidan. En el Consejo Territorial se fijan criterios comunes de acreditación de calidad con enfoque de derechos humanos, dentro del marco general de calidad de la AGE. La inspección se alinea con ese modelo y sus resultados se publican. Las comunidades autónomas establecen sistemas de alerta y respuesta rápida ante mala praxis o vulneración de derechos.
Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios
El Consejo Territorial elabora un marco de referencia con criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de los cuidados en centros y servicios, atendiendo a su impacto en quienes reciben y prestan los cuidados. Las administraciones publican los resultados de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora. El Consejo Territorial hará público un plan de buenas prácticas. Los centros residenciales tendrán una guía de convivencia y funcionamiento con su organización, los derechos y obligaciones de las personas y su forma de participación.
Artículo 35 bis. Garantía de calidad en el empleo
Entre los criterios comunes de acreditación de calidad, el Consejo Territorial incluirá los relativos a la calidad en el empleo: suficiencia de profesionales según el grado de dependencia, atención integral y continuada, y cualificación, competencias y formación del personal de atención directa. El Consejo Territorial, oído el Comité Consultivo, acordará indicadores de calidad del empleo y condiciones laborales (salario, jornadas, temporalidad…), desagregados al menos por sexo, edad, origen y titularidad del servicio. El Comité Consultivo será informado de su evolución.
Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores
Se atenderá a la formación básica y permanente de profesionales y cuidadores de personas en situación de dependencia; los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para las funciones del Catálogo de servicios del artículo 15 y promoverán los programas y acciones formativas necesarios. Para garantizar la calidad, se fomentará la colaboración entre las Administraciones educativas, sanitarias, laborales y sociales, y de estas con universidades, sociedades científicas, organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.
Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación entre Administraciones; sus objetivos y contenidos se acuerdan en el Consejo Territorial. Incluirá datos esenciales como población protegida, listas de espera, costes y calidad. Sus estadísticas se desagregarán, al menos, por sexo, edad y grado de dependencia, respetando la protección de datos y la transparencia.
Artículo 38. Red de comunicaciones
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, usando preferentemente las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema una red de comunicaciones que facilite y proteja el intercambio de información. Su uso se somete al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018 y a los requisitos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado. Por ella se intercambia información sobre infraestructuras, situación, grado y prestación reconocida de los beneficiarios.
Artículo 39. Acción administrativa contra el fraude
Las Administraciones Públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos del Sistema, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas de quienes participen en él o sean beneficiarios, y establecerán medidas de control para detectar y perseguir esas situaciones. Para ello desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la Ley y ejercerán la potestad sancionadora conforme al Título III, usando en su caso la cooperación interadministrativa.
Artículo 40. Comité Consultivo
El Comité Consultivo es un órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que hace efectiva la participación social. Informa, asesora y formula propuestas. Es tripartito (Administraciones, organizaciones empresariales y sindicales) y paritario. Sus acuerdos exigen mayoría de votos en cada parte. Lo preside el representante de la AGE que designe el Ministro y lo integran seis representantes de la AGE, seis de las Comunidades Autónomas, seis de las Entidades locales, nueve de las organizaciones empresariales y nueve de las sindicales.
Artículo 41. Órganos consultivos
Son órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuatro: el Comité Consultivo del Sistema, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Todos tienen las mismas funciones: informar, asesorar y formular propuestas sobre materias de especial interés para el funcionamiento del Sistema.
Artículo 42. Responsables
Solo pueden ser sancionadas por infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas responsables de los hechos. Son autores quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta, y también quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se habría podido cometer.
Artículo 43. Infracciones
Constituyen infracción: dificultar o impedir los derechos de la Ley; obstruir la inspección; negar información o dar datos falsos; aplicar las prestaciones económicas a otros fines o recibir ayudas incompatibles; incumplir las normas de autorización y acreditación de centros; tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia; conculcar su dignidad; generar daños o riesgos para su integridad física o psíquica; e incumplir los requerimientos específicos de las Administraciones competentes.
Artículo 44. Clasificación de las infracciones
Las infracciones son leves, graves o muy graves. Leves: cometidas por imprudencia o simple negligencia sin perjuicio directo. Graves: con perjuicio para las personas o con dolo o negligencia grave, y además la reincidencia de falta leve, la negativa absoluta a informar o colaborar con la inspección o el falseamiento de información, y las coacciones o represalias. Muy graves: las graves que atenten gravemente contra derechos fundamentales, causen grave perjuicio o supongan reincidencia de falta grave. Hay reincidencia si se fue sancionado en los dos últimos años.
Artículo 45. Sanciones
Sanciones: pérdida de prestaciones y subvenciones para beneficiarios; multa para cuidadores no profesionales; y multa y, en su caso, pérdida de subvenciones, cese temporal o cierre para proveedores. Siempre conlleva reintegrar lo indebidamente percibido. Multas: leve, hasta 300 euros a cuidadores y hasta 30.000 a proveedores; grave, de 300 a 3.000 y de 30.001 a 90.000; muy grave, de 3.001 a 6.000 y de 90.001 a un millón. La suspensión de prestaciones va de uno a seis meses. En casos especialmente graves, suspensión de la actividad hasta cinco años o cierre.
Artículo 46. Prescripción
Las infracciones prescriben al año las leves, a los tres años las graves y a los cuatro años las muy graves. El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción y se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. Las sanciones prescriben a los cinco años las impuestas por faltas muy graves, a los cuatro las graves y al año las leves.
Artículo 47. Competencias
Las comunidades autónomas desarrollan el cuadro de infracciones y sanciones. La incoación, instrucción y sanción corresponden a cada Administración en su ámbito de competencias. En la AGE sanciona: las leves, el titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales; las graves, el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad; las muy graves, el titular del Ministerio, con acuerdo previo del Consejo de Ministros si superan 300.000 euros o suponen el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.
Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía
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Artículo 1. Objeto
La ley tiene cuatro objetos: a) promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional, incidiendo en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal; b) impulsar una sociedad inclusiva y accesible, con énfasis especial en mujeres y niñas; c) asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas; d) establecer el régimen sancionador autonómico en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación
La ley se aplica a las personas con discapacidad con vecindad administrativa en Andalucía, definidas según los apartados 1 y 2 del artículo 4 del texto refundido estatal (RDLeg 1/2013). A efectos de servicios de prevención se asimilan los estados previos. Los andaluces en el exterior acceden según la Ley 8/2006; los extranjeros, según la normativa de extranjería. Siempre hay que cumplir los requisitos específicos de cada prestación. También se aplica a familias, representantes legales y entidades que las representan.
Artículo 3. Calificación y reconocimiento de la situación de discapacidad
El procedimiento para reconocer, declarar y calificar la situación de discapacidad sigue los criterios y normas aprobados por la legislación estatal. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Artículo 4. Definiciones
Define 21 conceptos. Entre los más preguntables: discapacidad (interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras); discriminación directa, indirecta y por asociación; acoso; ajustes razonables (sin carga desproporcionada o indebida); accesibilidad cognitiva (para discapacidad intelectual); diálogo civil; dependencia (estado permanente); atención infantil temprana (población infantil menor de 6 años, familia y entorno); perros de asistencia (adiestrados en centros oficialmente homologados y con distintivo oficial).
Artículo 5. Fines
Enumera dieciséis fines esenciales (letras a a o, con la ñ): igualdad de oportunidades y erradicación de la discriminación, con especial hincapié en la doble discriminación de las mujeres con discapacidad; participación activa; visibilidad y empoderamiento; prevención de discapacidad y dependencia; vida independiente; accesibilidad universal; apoyo a cuidadores y familias; perspectiva de género; protección frente a la violencia; respeto a la imagen; empleo. Estos fines buscan un modelo de intervención social basado en la autonomía personal.
Artículo 6. Principios de actuación
Remitiéndose al artículo 3 del texto refundido estatal, fija trece principios que rigen las políticas públicas de las Administraciones Públicas de Andalucía para la población con discapacidad: dignidad, autonomía e independencia; vida independiente; no discriminación; respeto por la diferencia; igualdad de oportunidades; igualdad entre mujeres y hombres; normalización; accesibilidad universal; diseño universal; participación e inclusión plenas; diálogo civil; desarrollo de la personalidad e identidad, en especial de niñas y niños; transversalidad.
Artículo 7. Lengua de signos española, braille y medios de apoyo a la comunicación oral y escrita
El uso y aprendizaje de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera se rigen por la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, y por la normativa de accesibilidad y no discriminación, sin perjuicio de esta ley. Las Administraciones Públicas, en la medida de sus competencias, promoverán y favorecerán el uso del braille para la comunicación accesible de personas ciegas o con discapacidad visual.
Artículo 8. Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación
Para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deben adoptar cuatro tipos de medidas: contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad.
Artículo 9. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades
Se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades cuando, por motivo o por razón de discapacidad, se produce: discriminación directa o indirecta, discriminación por asociación, acoso, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, o incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.
Artículo 10. Medidas de acción positiva en beneficio de personas en especial situación de vulnerabilidad
Se adoptarán medidas de acción positiva adicionales en los ámbitos con mayor grado de discriminación, incluida la múltiple, o con mayor desigualdad por razón de edad, sexo, pluridiscapacidad, dependencia, necesidad o exclusión social, estigma social, mayores necesidades de apoyo para la autonomía o la toma libre de decisiones, o residencia en el medio rural.
Artículo 11. Mujeres y niñas con discapacidad
Las Administraciones Públicas andaluzas tendrán en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones. Las políticas de violencia de género incluirán medidas específicas para ellas, al menos: accesibilidad a los centros de información a las mujeres dependientes de la Administración local; accesibilidad del servicio integral de atención y acogida (centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados); accesibilidad del teléfono de información a la mujer para mujeres con discapacidad auditiva; y estadísticas específicas.
Artículo 12. Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía
El Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía es el instrumento de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas de la ley dirigidas a solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones.
Artículo 13. Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía
La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía gestiona y administra en la Comunidad el sistema arbitral del artículo 74 del texto refundido estatal. Resuelve, con carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de personas con discapacidad en Andalucía que no sean de la Junta Arbitral Central estatal, siempre que no haya indicios racionales de delito. Está adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Artículo 14. Atención integral
La atención integral son los procesos o medidas para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo y autonomía, su máxima independencia y su inclusión plena, así como la obtención de un empleo adecuado. Sus programas deben comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar de necesidades, capacidades y oportunidades del entorno. Las Administraciones coordinan salud, empleo, educación y servicios sociales para una oferta próxima, suficiente y diversificada, en zonas rurales y urbanas.
Artículo 15. Protección del derecho a la salud
Las Administraciones Públicas de Andalucía desarrollarán y establecerán programas, procesos asistenciales y actuaciones específicas para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, promover su nivel más alto de salud y bienestar y prevenir la discapacidad o su agravamiento. La Administración podrá cooperar con el sector asociativo de las personas con discapacidad y sus familias. Los servicios de salud asegurarán la accesibilidad.
Artículo 16. Medidas del sistema sanitario público de Andalucía
El sistema sanitario público de Andalucía, además de las medidas de las normas sanitarias, impulsará una lista de medidas (letras a a o): medios y ajustes razonables con enfoque de género, accesibilidad en gestión y emergencias, entidades en órganos de participación, salud mental y atención sexual y reproductiva, información y consentimiento accesibles, accesibilidad en emergencias para la discapacidad auditiva, ayudas para prótesis y órtesis a familias vulnerables y protocolos de asesoramiento genético prenatal y para nuevas enfermedades de la CIE.
Artículo 17. Atención infantil temprana
Tiene derecho a la atención infantil temprana la población infantil menor de seis años con discapacidad, con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. Comprende información, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo familiar en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales. El modelo incluye actuación coordinada, recursos, un sistema de información y el protocolo del Decreto 85/2016. Puede organizarse mediante conciertos sociales, distintos de la contratación del sector público.
Artículo 18. Protección del derecho a la educación
Las Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán una educación inclusiva, permanente, gratuita y de calidad. Los centros sostenidos con fondos públicos y privados no podrán denegar, por discapacidad, el acceso a servicios y actividades susceptibles de ajustes razonables. La escolarización será en centros ordinarios; solo excepcionalmente en centros específicos de educación especial o unidades sustitutivas, y siempre considerando la opinión de padres o tutores. El acceso a los centros sostenidos con fondos públicos será en las mismas condiciones que el resto.
Artículo 19. Medidas del sistema educativo público de Andalucía
El sistema educativo público de Andalucía atenderá al alumnado con discapacidad con necesidades especiales de apoyo con medidas (letras a a p): detección e intervención temprana, medios y apoyos, adaptación al braille y descripción en audio, materiales accesibles, distribución equilibrada del alumnado, atención personalizada en centros hospitalarios o domicilios si es necesario, prevención del acoso y del abandono escolar, ajustes razonables, orientación a familias, formación del profesorado, protocolos coordinados y supervisión de la inspección educativa.
Artículo 20. Estrategia para la Educación Inclusiva en Andalucía
La Consejería competente en materia de educación elaborará una estrategia para la educación inclusiva en Andalucía, instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas a la plena inclusión educativa. Además, incluirá al alumnado con discapacidad en todas sus estadísticas e indicadores de evaluación y fomentará estudios de evaluación de las medidas desde la perspectiva de plena inclusión.
Artículo 21. Orientación posterior a la etapa escolar
Las personas con discapacidad que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia en la educación básica y obligatoria y no sigan formándose en el sistema educativo recibirán orientación sobre formación e inserción sociolaboral, incluidas prácticas en empresas, adaptada a sus necesidades, de los servicios de las Administraciones con competencias en los ámbitos social, educativo y laboral.
Artículo 22. Medidas en el ámbito de la educación universitaria
Las universidades andaluzas tendrán un censo del alumnado con discapacidad (edad, sexo, tipo y grado, título y apoyos), una unidad o servicio de atención a la discapacidad y un plan de accesibilidad universal con medidas contra estereotipos. Harán adaptaciones curriculares cuando el alumno lo solicite, si no impiden alcanzar los objetivos, oyendo a la persona. Formarán a su personal, promoverán la movilidad, serán oídas en los planes de empleo y de acción integral y estarán representadas en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.
Artículo 23. Servicios complementarios
Las Administraciones Públicas de Andalucía realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y la manutención del alumnado con discapacidad, cuando las circunstancias así lo exijan.
Artículo 24. Protección del derecho al trabajo
Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, la formación, la cualificación y promoción profesionales, las condiciones de trabajo y la seguridad y salud laborales. Harán políticas de formación profesional y empleo y medidas de acción positiva para su acceso y permanencia en el mercado laboral, incluido el empleo por cuenta propia y en cooperativas, teniendo en cuenta la situación de las mujeres.
Artículo 25. Políticas de formación profesional para el empleo
La oferta general de formación para el empleo tendrá en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, con colaboración y consulta de sus entidades. Además habrá planes específicos con itinerarios de formación, prácticas no laborales en empresas o acompañamiento a la inserción, que pueden desarrollar entidades sin ánimo de lucro, Administraciones locales y otras instituciones o empresas públicas. El alumnado con discapacidad podrá acceder a becas y ayudas en los términos reglamentarios.
Artículo 26. Políticas de empleo
El Servicio Andaluz de Empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, orientará y colocará a las personas con discapacidad demandantes de empleo. La Consejería competente en materia de empleo, a través de él, fomentará su empleo con las ayudas del artículo 39 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, e impulsará el cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo por las empresas.
Artículo 27. Plan de empleo de las personas con discapacidad
El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en empleo, función pública y formación, formulará y aprobará periódicamente el plan de empleo de las personas con discapacidad. Incluirá objetivos de empleo ordinario, con apoyo, protegido, formación y autónomo, con perspectiva de género y memoria económica. Se revisará al menos cada cuatro años y se publicará en la web de la Consejería de empleo. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales. Habrá ayudas económicas específicas.
Artículo 28. Empleo público
En acceso, promoción interna y provisión de puestos se garantiza la igualdad de oportunidades. Acción positiva: exención de pruebas, concurso para personal laboral y reserva no inferior al 10% de vacantes en ofertas de empleo público y bolsas temporales, con un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para enfermedad mental (grado igual o superior al 33%). Las plazas reservadas no cubiertas se acumulan a ofertas posteriores hasta un límite del 10%. Habrá adaptaciones en el proceso y en el puesto, y cabe una prueba de situación para la discapacidad intelectual.
Artículo 29. Medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo
Tendrán prioridad las ayudas a cursos y acciones de formación para el empleo dirigidos a personas con discapacidad. En los cursos organizados o financiados en más de un 50% por la Junta se reservará un 5% de plazas y, como mínimo, una plaza. También se reservará al menos el 5% en Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y otros programas de políticas activas. Se promoverá la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para actividades formativas, en especial en habilidades prelaborales.
Artículo 30. Salud y seguridad laboral
Las Administraciones Públicas competentes adoptarán medidas para que las personas trabajadoras con discapacidad trabajen en condiciones seguras y saludables, teniendo en cuenta sus circunstancias en la evaluación de riesgos de cada puesto. No se podrá impedir el acceso a un puesto alegando prevención de riesgos laborales si los riesgos pueden corregirse con ajustes razonables.
Artículo 31. Formación de empleados públicos
La Consejería competente en materia de administración pública, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, fomentará la formación integral de los empleados públicos que trabajan con personas con discapacidad. Además establecerá programas de especialización y actualización, generales y específicos para cada discapacidad, dirigidos a las personas empleadas públicas con discapacidad.
Artículo 32. Derecho a la protección social
Las Administraciones Públicas de Andalucía competentes en el Sistema Público de Servicios Sociales velarán por el derecho de las personas con discapacidad a recibir, con garantías de suficiencia y sostenibilidad, servicios y prestaciones para sus necesidades personales, el desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad. Las medidas contra la exclusión social incluirán la discapacidad entre los factores para su concesión.
Artículo 33. Criterios de actuación
Las prestaciones de servicios sociales para la población con discapacidad se rigen por criterios (letras a a ñ): autonomía e independencia, atención integral, libertad para decidir dónde y con quién vivir, prevención del abuso o maltrato, participación, proximidad al entorno habitual, accesibilidad y diseño universal, atención a la diversidad, preferencia por recursos gestionados por las propias personas o sus organizaciones, apoyo a las familias, igualdad de género, tecnologías, calidad, formación y coordinación con otros servicios públicos.
Artículo 34. Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía
El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía desarrollará las prestaciones del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley 39/2006, más otras complementarias. La Comunidad podrá crear prestaciones económicas periódicas para quien no cubra sus necesidades básicas, distintas y compatibles con las de la Seguridad Social y del Estado. Habrá subvenciones para ayudas técnicas, centros, movilidad y comunicación. Caben conciertos sociales, con preferencia, en igualdad de condiciones, por entidades sin ánimo de lucro del sector.
Artículo 35. Voluntariado social
Artículo 36. Centros de valoración y orientación de personas con discapacidad
Los centros de valoración y orientación son la estructura pública que valora y orienta a las personas con discapacidad y asesora a ellas y a sus familias. Les corresponde valorar y calificar la discapacidad, fijando tipo y grado, base de medidas, derechos y servicios; los pensionistas del artículo 4.2 del texto refundido acreditan su grado según la normativa estatal. Dependen de la Consejería competente en servicios sociales, que vela por su calidad; su organización, funciones y el procedimiento de reconocimiento del grado se desarrollan por reglamento.
Artículo 37. Atención en supuestos de penas de privación de libertad
La Consejería competente en materia de servicios sociales colaborará en la atención a las personas con discapacidad psíquica privadas de libertad por decisión judicial en centros penitenciarios y promoverá programas sociales que juzgados y tribunales puedan adoptar como medidas sustitutivas. Sus servicios sociales especializados se coordinarán con la Administración penitenciaria y con el Poder Judicial.
Artículo 38. Asistencia personal
Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente en la comunidad y en igualdad de oportunidades. Se regularán las condiciones autonómicas de acceso a la prestación de asistencia personal de la Ley 39/2006, y la Consejería competente en servicios sociales promoverá programas de asistencia personal.
Artículo 39. Viviendas para la promoción de la autonomía personal
La Consejería competente en servicios sociales, con las Administraciones de vivienda, promoverá un servicio de alojamiento y convivencia en viviendas normalizadas: tuteladas, de alojamiento permanente de personas con discapacidad; compartidas, donde conviven temporalmente personas con y sin discapacidad; u otras de apoyo a la vida independiente. Su objetivo es fomentar la autonomía personal y la inclusión social. Los requisitos de acceso se fijarán por reglamento.
Artículo 40. Infancia y juventud con discapacidad
Las prestaciones de servicios sociales para menores de edad tendrán en cuenta la situación de los niños y niñas con discapacidad, con recursos y apoyos adecuados a sus necesidades. Los programas de transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad que hayan sido objeto de medidas de protección de menores incluirán apoyos y ajustes razonables para promover su autonomía personal.
Artículo 41. Protección del derecho a la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio
Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar, en igualdad y sin discriminación, de bienes y servicios accesibles en la cultura, el turismo, la actividad física y el deporte y las actividades recreativas o de esparcimiento, según cada discapacidad. Las entidades públicas o privadas que ofrecen estas actividades incorporarán los recursos humanos y materiales adecuados.
Artículo 42. Inclusión y atención especial
Las iniciativas de cultura, turismo, deporte, actividades recreativas o de mero esparcimiento atenderán a las características individuales de las personas con discapacidad, y será preferente su inclusión en las actuaciones dirigidas a toda la población, sin perjuicio de las medidas específicas que puedan establecerse.
Artículo 43. Medidas de fomento
Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán cauces normativos, medidas de fomento y ayudas, contando con los representantes de las asociaciones de discapacidad, para facilitar el acceso a actividades de ocio, culturales y deportivas, de iniciativa pública o privada. Se promoverán medios formativos accesibles para desarrollar capacidades creativas, artísticas e intelectuales, y se atenderá especialmente a las nuevas tecnologías accesibles en la oferta de cultura, turismo y deporte.
Artículo 44. Protección del derecho a la vida independiente, la accesibilidad universal y diseño para todas las personas
Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el derecho a una vida independiente y a la plena participación mediante medidas de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, que tendrá en cuenta a quienes tienen capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría. Se actuará conforme a este título y al capítulo V del título I del texto refundido estatal, y las Administraciones exigirán la normativa de accesibilidad con mecanismos de control administrativo.
Artículo 45. Condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómicas
La Administración de la Junta de Andalucía regulará, sin perjuicio de las condiciones básicas estatales y con apoyos complementarios, las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los entornos físicos, la información y comunicación, y los bienes, productos y servicios, para que los use el mayor número de personas posible, sean cuales sean sus capacidades funcionales, garantizando la igualdad de oportunidades.
Artículo 46. Espacios públicos urbanizados y edificaciones
Vías y espacios públicos urbanizados, incluidos los privados de uso público, y edificaciones de uso público y privado deben cumplir la accesibilidad universal. Es exigible para visados, planeamiento, licencias y autorizaciones, y se justifica en la memoria. Si es imposible cumplirla del todo, cabe aprobar el proyecto de forma excepcional y motivada, mejorando lo existente con soluciones alternativas. Pueden ocuparse espacios libres o de dominio público para ascensores o rampas si no hay otra solución viable técnica o económicamente.
Artículo 47. Espacios naturales
El diseño de los equipamientos de uso público de los espacios naturales y, en general, del medio natural, deberá reunir las condiciones de accesibilidad que fije el reglamento, para promover su uso y disfrute por personas con discapacidad. Además se procurará atender al principio de diseño universal.
Artículo 48. Instalaciones temporales de espectáculos públicos, actividades recreativas y, en general, de cualquier otra actividad de carácter cultural o social
Las instalaciones temporales destinadas a espectáculos públicos, actividades recreativas u otras actividades de carácter cultural o social cumplirán las condiciones de accesibilidad que establezca el reglamento, de modo que permitan su uso no discriminatorio por las personas con discapacidad.
Artículo 49. Medios de transporte público
Los transportes públicos de viajeros de competencia autonómica y local cumplirán la accesibilidad en los términos y plazos de la normativa y serán fácilmente identificables. Las Administraciones de transporte y sus entes tendrán un plan de accesibilidad actualizado, con formación del personal de conducción, a quien se formará periódicamente; la materia se incluirá en la formación vial. La Junta, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, hará un programa de bonotaxis para quien no pueda usar el transporte público.
Artículo 50. Acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público
Quien venda bienes mediante máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, en el sector público o privado, debe garantizar que sean utilizables por personas con discapacidad con plena accesibilidad, autonomía, seguridad y comodidad; si no es posible, contará con medios alternativos materiales o humanos. Las gasolineras automáticas o de autoservicio cumplirán las normas UNE indicadas o, si no, tendrán en horario diurno (de 7.00 a 22.00 horas) una persona responsable que atienda a quien tenga dificultades.
Artículo 51. Relaciones con las Administraciones Públicas de Andalucía
Las oficinas de atención a la ciudadanía de las Administraciones Públicas de Andalucía cumplirán las exigencias de accesibilidad universal, desarrolladas por reglamento en lo arquitectónico, la información, la comunicación y la administración electrónica. Los procesos electorales y consultas populares que gestionen serán accesibles en los términos reglamentarios. Se promoverá que la información sea inteligible y comprensible para las personas con discapacidad intelectual.
Artículo 52. Perros de asistencia
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el uso de perros de asistencia para la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que lo necesiten, garantizando su libre acceso, en la forma que se determine, a lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público, sin gasto adicional alguno para esas personas.
Artículo 53. Planes de accesibilidad
La Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales deben aprobar, en las condiciones y plazos que fije la normativa aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias de accesibilidad. Estos planes se revisarán y, en su caso, actualizarán cada cinco años.
Artículo 54. Uso preferente de alojamientos y espacios accesibles
Los establecimientos de uso residencial público tendrán alojamientos accesibles de uso preferente por personas con discapacidad, y los espacios con asientos fijos (salones de actos, auditorios, cines…) plazas reservadas para ellas y sus acompañantes, en el número y condiciones reglamentarios. Su ubicación no será discriminatoria y, si están solo en las zonas de mayor precio, la persona con discapacidad pagará el de la zona más económica.
Artículo 55. Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles
En los estacionamientos de vías y espacios públicos y edificios de uso público se reservará un porcentaje de plazas, fijado por reglamento, para titulares de la tarjeta de aparcamiento. Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos tendrán como mínimo una plaza reservada por cada cuarenta plazas o fracción; los ayuntamientos delimitan esos centros por ordenanza. Los ayuntamientos facilitarán plazas junto al trabajo o domicilio y regularán el acceso gratuito a las zonas de estacionamiento limitado.
Artículo 56. Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida
La Consejería competente en servicios sociales regulará la concesión de la tarjeta de aparcamiento a las personas del artículo 3.1 a) y b) del Real Decreto 1056/2014 u otras con dificultades de desplazamiento. Por razones humanitarias se dará con carácter provisional a quien tenga movilidad reducida no dictaminada por una enfermedad de extrema gravedad. También pueden obtenerla los titulares de vehículos de transporte colectivo de personas con discapacidad. La Policía Local controla su uso, y el uso indebido se sanciona según el título XIII.
Artículo 57. Viviendas convertibles
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el diseño de viviendas convertibles: las que, con modificaciones de escasa entidad que no afecten a su configuración esencial, pueden transformarse para adaptarse a personas con capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría. La Consejería competente en materia de vivienda las regulará.
Artículo 58. Viviendas reservadas
En las promociones de vivienda protegida, o de otro carácter construidas, promovidas o subvencionadas por las Administraciones, se reservará un mínimo del 4% de viviendas para personas con discapacidad. Deben permitir un uso cómodo y seguro y pueden ofertarse sin distribución interior definitiva. Si no se adjudican a personas con discapacidad o a familias con alguna, se ofrecerán, antes del cupo general, a entidades sin ánimo de lucro de vivienda o vida independiente. Si las recibe una persona con discapacidad auditiva, tendrán aviso visual o luminoso y videoportero.
Artículo 59. Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendas
Las obras de ajustes razonables de accesibilidad en espacios comunes de edificios residenciales colectivos o en el acceso o interior de viviendas, para mejorar la vida de personas con discapacidad o mayores de 65 años residentes, serán preferentes en cualquier convocatoria de ayudas a la rehabilitación. La Consejería de vivienda y rehabilitación considerará a mayores y personas con discapacidad grupo de especial protección en su planificación y fomentará programas de adaptación funcional de viviendas.
Artículo 60. Tecnologías de la información y la comunicación
La Consejería competente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones fomentará el uso de las tecnologías accesibles a las personas con discapacidad, para que puedan utilizarlas en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Artículo 61. Investigación y redes del conocimiento
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará estudios e investigaciones para mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, y sobre accesibilidad y diseño universal. En la investigación se colaborará con las universidades andaluzas, las entidades representantes de personas con discapacidad y otras entidades investigadoras. Se fomentarán redes del conocimiento para la divulgación científica.
Artículo 62. Autonomía en la toma de decisiones
Las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía y a tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir de acuerdo con sus normas y preferencias. Con esta finalidad se impulsarán y facilitarán instrumentos de autotutela adaptados a sus circunstancias particulares.
Artículo 63. Interés superior
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que su interés superior se valore y considere primordial en todas las acciones y decisiones que le afecten, en el ámbito público y en el privado. Si no pueden respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, prevalecerá el interés superior de la persona con discapacidad sobre cualquier otro interés legítimo.
Artículo 64. Apoyo en el proceso de toma de decisiones
La Junta, coordinada con la autoridad judicial, promoverá el acceso de las personas con discapacidad al apoyo que necesiten mediante entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, conforme al Código Civil. Estas entidades procurarán la inclusión y la máxima recuperación de capacidades y respetarán la voluntad, deseos y preferencias de la persona, que como regla general decide por sí misma. El acceso a su protección jurídica y social es gratuito; la aportación de la persona usuaria se determina judicialmente.
Artículo 65. Derechos y garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día
Las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y de día tienen, además de los derechos de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, derecho a participar y ser oídas, por sí o por sus representantes, en las decisiones sobre atención y convivencia. Toda medida de aislamiento, restricción de libertades u otra extraordinaria debe aprobarla la autoridad judicial; si por urgencia se adopta de inmediato, se le comunicará de modo inmediato y como máximo en 24 horas.
Artículo 66. Especial protección de las personas con discapacidad en su condición de consumidoras
Las Administraciones Públicas de Andalucía competentes en consumo garantizarán los derechos de las personas consumidoras con discapacidad frente a prácticas comerciales abusivas, establecerán programas y actividades para protegerlos y prevenir obstáculos al acceso normalizado a productos, bienes y servicios, y desarrollarán la atención e información de consumo con principios de accesibilidad universal.
Artículo 67. Medios de comunicación social
Los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que actúan en Andalucía den una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad. Los medios gestionados directamente por la Junta incluirán contenidos sobre su realidad y necesidades. El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará cada año un informe sobre el tratamiento de su imagen y la accesibilidad en los medios audiovisuales de su ámbito.
Artículo 68. Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual
Para garantizar el derecho a la información y la comunicación, los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación audiovisual que actúan en Andalucía cumplan las condiciones de accesibilidad universal de la normativa sectorial. Se fomentará el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que se regirá por su legislación específica.
Artículo 69. Intervención en caso de publicidad discriminatoria
La Consejería competente en materia de servicios sociales, en colaboración con las demás consejerías con competencias en publicidad, llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la publicidad y las propagandas comerciales no atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad.
Artículo 70. Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía
El Plan de acción integral es el instrumento de la Junta para coordinar las políticas de esta ley, salvo las de empleo, que van al Plan de empleo. Lo formula y aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de servicios sociales, responsable de impulsarlo y seguirlo. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales y de consumidores, a través del Consejo Andaluz. Se revisa al menos cada cuatro años, se publica en la web de la Consejería y tiene indicadores y memoria final.
Artículo 71. Medidas de atención a mujeres con discapacidad
El Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía incluirá estrategias para que accedan, en igualdad con los hombres, a derechos, bienes y recursos y ganen autonomía. Lo formula y aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de servicios sociales, que lo impulsa, coordina, elabora y sigue. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales y de consumidores a través del Consejo Andaluz. Se revisa al menos cada cuatro años y se publica en la web de la Consejería.
Artículo 72. Memoria de seguimiento de la ley
La Consejería competente en materia de servicios sociales, con las Administraciones implicadas, elaborará cada año una memoria de seguimiento de la ejecución de las medidas de esta ley, que tendrá en cuenta el impacto de género en mujeres y niñas con discapacidad. La memoria se presenta en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, se remite al Parlamento de Andalucía y se publica en la web de la Consejería.
Artículo 73. Medios
Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de esta ley y, de acuerdo con sus competencias, destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
Artículo 74. Sistemas de gestión y calidad
Los sistemas de gestión y calidad de la Administración de la Junta de Andalucía incluirán indicadores que permitan evaluar el nivel de accesibilidad universal de los servicios públicos, de modo que la accesibilidad se mida como parte de la calidad.
Artículo 75. Estudios y estadísticas
En los estudios y estadísticas de la Administración de la Junta de Andalucía se promoverá la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad y de indicadores que midan la efectividad de las medidas adoptadas para fomentar su igualdad de oportunidades.
Artículo 76. Contratación pública
Las Administraciones andaluzas impulsarán una contratación socialmente responsable con cláusulas sociales para el empleo de personas con discapacidad y la accesibilidad. La Junta y sus entes exigirán a los licitadores acreditar la reserva legal de empleo o medidas alternativas y reservarán al menos un 5% del importe total anual de su contratación a centros especiales de empleo, en las condiciones de un Acuerdo del Consejo de Gobierno. En empate, prefieren las empresas con más del 2% de trabajadores con discapacidad y, entre ellas, la de mayor porcentaje de fijos.
Artículo 77. Fomento de la accesibilidad
Los centros directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, establecerán ayudas públicas, y estas se destinan a financiar ajustes razonables en materia de accesibilidad universal.
Artículo 78. Toma de conciencia social
La Administración de la Junta de Andalucía arbitrará medidas de información, formación y toma de conciencia social dirigidas a toda la población, para promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Artículo 79. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad
El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento que impulsa y coordina la ley, vela por su cumplimiento y sigue la acción de los poderes públicos. Lo integran la Junta, entidades locales, movimiento asociativo, familias, empresarios, sindicatos y consumidores, con representación equilibrada. Informa con carácter facultativo los proyectos normativos y, previamente a su aprobación, los planes de los artículos 27 y 70. Está adscrito a la Consejería de servicios sociales.
Artículo 80. Participación social
En la elaboración de planes, programas o cualquier actuación pública para aplicar las medidas de esta ley, se preverán instrumentos y cauces que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus familias o de sus entidades representantes, así como de los agentes económicos y sociales más representativos.
Artículo 81. Colaboración con la iniciativa social
Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes impulsarán la colaboración con la iniciativa social mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico, con especial atención a las entidades sin ánimo de lucro promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o representantes. Para contratar servicios de entidades sin ánimo de lucro representativas podrán usar conciertos u otras fórmulas distintas de la contratación pública, conforme a la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía.
Artículo 82. Potestad sancionadora y régimen jurídico
La Junta de Andalucía ejerce la potestad sancionadora en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, conforme al capítulo I del título III del texto refundido estatal y a este título. Pero en las infracciones por incumplir la accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora corresponde a los ayuntamientos, según el artículo 9 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
Artículo 83. Órganos competentes y procedimiento
Inician los procedimientos sancionadores los órganos territoriales provinciales de la Consejería de servicios sociales donde ocurran los hechos; si exceden la provincia, instruye la Dirección General de inclusión social de las personas con discapacidad. Resuelven: leves, el titular del órgano territorial; graves, el de esa Dirección General (si exceden la provincia, el de la Secretaría General con competencias en servicios sociales o, en su defecto, la Secretaría General Técnica); muy graves, el titular de la Consejería.
Artículo 84. Infracciones
Leves: incumplir obligaciones meramente formales y las normas de la tarjeta de aparcamiento. Graves, entre otras: trato menos favorable, incumplir la accesibilidad limitando gravemente el acceso, negarse a un ajuste razonable requerido, represalias, obstaculizar la inspección, vejaciones y repetir la misma leve por segunda vez en tres meses. Muy graves, entre otras: acoso, incumplir reiteradamente requerimientos, impedir gravemente el acceso, impedir totalmente la inspección y tres graves en un año.
Artículo 85. Sanciones
Multas: leves, 301 a 30.000 euros (grado mínimo hasta 6.000, medio hasta 18.000, máximo hasta 30.000); graves, 30.001 a 90.000; muy graves, 90.001 a 1.000.000. El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento se multa igual, pero al titular solo se le retira la tarjeta: leves, uno a seis meses; graves, seis a doce; muy graves, doce a veinticuatro. Si la sanción es solo pecuniaria, hay una reducción de al menos el 20%, condicionada a renunciar a recursos en vía administrativa, y ampliable por reglamento.
Artículo 86. Prescripción de las sanciones
Las sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año; las impuestas por faltas graves, a los cuatro años, y las impuestas por faltas muy graves, a los cinco años. Son tres plazos distintos según la gravedad de la falta sancionada.
Artículo 87. Requerimientos de la Administración autonómica
Si se denuncian incumplimientos de accesibilidad en espacios públicos urbanizados o edificaciones promovidos por iniciativa pública, la Consejería de servicios sociales podrá requerir formalmente a la Administración incumplidora que haga las adecuaciones necesarias en un plazo. Si es una entidad local y el incumplimiento persiste pasado el plazo, se adoptarán las medidas necesarias a su costa y en su sustitución, según el artículo 60 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas
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Artículo 1. Objeto y finalidad
La Ley 40/2003 tiene por objeto establecer la definición, la acreditación y el régimen de las familias numerosas, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución. Sus beneficios tienen como finalidad primordial contribuir a promover las condiciones para que la igualdad de los miembros de las familias numerosas sea real y efectiva en el acceso y disfrute de los bienes económicos, sociales y culturales.
Artículo 2. Concepto de familia numerosa
Familia numerosa: uno o dos ascendientes con tres o más hijos, comunes o no. Se equiparan, entre otras: uno o dos ascendientes con dos hijos si uno es discapacitado o incapacitado para trabajar; dos ascendientes discapacitados (o uno con discapacidad igual o superior al 65 %) o incapacitados, con dos hijos; padre o madre separados o divorciados con tres o más hijos a su cargo; ciertos hermanos huérfanos; padre o madre con dos hijos si falleció el otro progenitor. Discapacitado: grado igual o superior al 33 %.
Artículo 3. Condiciones de la familia numerosa
Para reconocer y mantener la condición, los hijos o hermanos deben: ser solteros y menores de 21 años (hasta 25 si cursan estudios adecuados o para obtener empleo), o discapacitados o incapacitados para trabajar, a cualquier edad; convivir con los ascendientes (la separación transitoria por estudios, trabajo o tratamiento no la rompe); y depender económicamente de ellos (p. ej., ingresos anuales no superiores al SMI). Los miembros deben ser del EEE con residencia en España, o extranjeros residentes. Nadie computa en dos unidades familiares a la vez.
Artículo 4. Categorías de familia numerosa
Según el número de hijos que reúnan las condiciones de los artículos 2 y 3, hay dos categorías. Especial: cinco o más hijos, o cuatro hijos de los que al menos tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples. General: las demás. Con cuatro hijos también es especial si los ingresos anuales divididos por el número de miembros no superan el 75 % del SMI, pagas extra incluidas. Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar computa como dos.
Artículo 5. Reconocimiento de la condición de familia numerosa
La condición de familia numerosa se acredita con el título oficial, que se otorga si se cumplen los requisitos de la ley, a petición de cualquiera de los ascendientes, del tutor, acogedor, guardador u otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal. Reconocerla y expedir y renovar el título corresponde a la comunidad autónoma de residencia del solicitante; para nacionales del EEE no residentes en España, a la comunidad donde ejerzan su actividad. El título vale en todo el territorio nacional sin acto de reconocimiento.
Artículo 6. Renovación, modificación o pérdida del título
El título debe renovarse o dejarse sin efecto cuando cambie el número de miembros o las condiciones que motivaron su expedición, si ello supone un cambio de categoría o la pérdida de la condición. Sigue en vigor aunque los hijos que cumplen las condiciones sean menos de los exigidos en el artículo 2, mientras al menos uno reúna las del artículo 3; pero entonces solo vale para los miembros que sigan cumpliéndolas, no para los hijos que ya no las cumplen.
Artículo 7. Fecha de efectos
Los beneficios de familia numerosa surten efectos desde la fecha en que se presenta la solicitud de reconocimiento o de renovación del título oficial. El título mantiene sus efectos durante todo el período de la concesión o renovación, o hasta que proceda modificar la categoría de la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para ser familia numerosa.
Artículo 8. Recursos
Las resoluciones administrativas sobre el reconocimiento de la condición de familia numerosa y sobre la renovación, modificación, caducidad o revocación del título pueden recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero solo una vez agotada la vía administrativa.
Ley 6/1999, de Atención y Protección a las Personas Mayores
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Objeto
La ley regula y garantiza un sistema integral de atención y protección a las personas mayores, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y de los sectores sociales a los que se dirige, mediante una acción planificada, coordinada y global. Sus objetivos (letras a a m) incluyen el bienestar físico, psíquico y social con un cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, la suficiencia económica, la integración, la permanencia en su entorno sociofamiliar, la vida autónoma, prevenir el maltrato y la solidaridad entre generaciones.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Tienen derecho a las prestaciones y servicios de la ley los mayores de sesenta y cinco años que sean andaluces según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía; extranjeros, apátridas o refugiados residentes en un municipio andaluz, en los términos de las normas, tratados y convenios internacionales o, en su defecto, por reciprocidad; y otras personas en reconocido estado de necesidad. Un reglamento puede extender la ley, en todo o en parte, a quienes hayan cumplido cincuenta y cinco años.
Artículo 3. Criterios de actuación
Las actuaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía en aplicación de la ley se rigen por estos criterios: garantizar los derechos y libertades de los mayores sin discriminación (por edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, deficiencia, enfermedad u otra circunstancia); prevenir el abuso y la explotación, en su persona y en su patrimonio; velar por las obligaciones familiares; coordinación interadministrativa; fomentar su participación en las decisiones que les afecten; y difundir la importancia de su función social.
Artículo 4. Norma general
Las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán la participación de las personas mayores en la vida política, económica, cultural y social, y lo harán apoyando el asociacionismo en este sector de la población.
Artículo 5. Participación institucional
Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán cauces normativos y medidas para que los mayores participen en la planificación y seguimiento de las políticas sociales que les afecten. Los Consejos de Mayores son sus órganos de participación institucional en los ámbitos autonómico, provincial y local, con funciones de representación, asesoramiento y elaboración de propuestas a las Administraciones. Las organizaciones, sindicatos y asociaciones de mayores serán tenidas en cuenta en las decisiones que les afecten.
Artículo 6. Voluntariado y ayuda mutua
Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el voluntariado de mayores como forma de participación en los distintos campos en que interviene el voluntariado, y también los grupos de ayuda mutua dentro del propio colectivo de personas mayores.
Artículo 7. Norma general
El Sistema Andaluz de Servicios Sociales comprende los servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad tanto pública como privada. Se garantizará a los mayores la adecuada prestación de servicios, comunitarios y especializados, en el ámbito de los servicios y centros de servicios sociales públicos y privados.
Artículo 8. Organización y funcionamiento
Todos los recursos públicos y privados de estancia y alojamiento para mayores situados en Andalucía deben tener un reglamento de régimen interior que regule su organización y funcionamiento, las normas de convivencia, los órganos de participación y los derechos y deberes de los residentes. Ese reglamento y sus modificaciones los aprueba el órgano competente de la Consejería que el artículo denomina de Asuntos Sociales.
Artículo 9. Apoyo familiar
Las Administraciones Públicas apoyarán a familias y otros cuidadores de una persona mayor dependiente con programas de información y entrenamiento en habilidades de cuidado y con medidas de soporte sociosanitarias que compensen la dedicación familiar intensiva y eviten el cansancio familiar extremo; en ese apoyo participarán activa y directamente los servicios sociales comunitarios. También se potenciarán asociaciones de grupos de ayuda y redes de apoyo entre familiares cuidadores.
Artículo 10. Régimen de autorización e inspección
La creación, construcción, modificación sustancial, puesta en funcionamiento y cierre de los servicios y centros de servicios sociales para mayores requieren autorización administrativa. La inspección de servicios sociales controla su funcionamiento y vela especialmente por el respeto a los derechos de los usuarios.
Artículo 11. Servicios Sociales Comunitarios
Los Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía y atienden, entre otros sectores, al de mayores. Esa atención específica se presta desde la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Artículo 12. Objetivo de los Servicios Sociales Comunitarios
El objetivo básico de los Servicios Sociales Comunitarios respecto de las personas mayores es promover su integración y participación en la sociedad, favoreciendo que se mantengan en su medio habitual y evitando su marginación.
Artículo 13. Recursos comunitarios
Los Servicios Sociales Comunitarios prestan servicios a los mayores con actuaciones personalizadas, polivalentes, integradoras, complementarias, técnicas y preventivas para mejorar su calidad de vida. Responden a sus necesidades con información sobre recursos, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y atención especial a quienes tienen problemas de integración social. Actúan en el ámbito individual y de grupo, apoyando a las asociaciones de mayores y a sus familiares.
Artículo 14. Clasificación
Los servicios sociales especializados para mayores, dirigidos a posibilitar su integración social, deben procurar estructurarse en los ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando el desarraigo, y se organizan en: centros de participación activa, centros de día para mayores, viviendas tuteladas, centros residenciales para mayores y otras alternativas.
Artículo 15. Centros de participación activa
Los centros de participación activa son centros de promoción del bienestar de las personas mayores que fomentan la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social. Sin detrimento de su finalidad esencial, pueden servir de apoyo para prestar servicios sociales a otros sectores de la población.
Artículo 16. Centros de día para mayores
Los centros de día para mayores prestan atención integral durante parte del día a personas mayores con un grado variable de dependencia física o psíquica. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal de los usuarios y apoyar a las familias o cuidadores que los atienden.
Artículo 17. Viviendas tuteladas
Las viviendas tuteladas se destinan a personas mayores con un grado suficiente de autonomía personal. Son pequeñas unidades de alojamiento y convivencia situadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, deben cumplir los requisitos de la normativa sobre centros de servicios sociales y están supervisadas por una entidad de servicios sociales, pública o privada.
Artículo 18. Centros residenciales
Los centros residenciales son centros de alojamiento y convivencia con función sustitutoria del hogar familiar, temporal o permanente, donde se presta a la persona mayor una atención integral. Las Administraciones Públicas fomentarán las estancias temporales, entendidas como la permanencia por un período de tiempo predeterminado.
Artículo 19. Otras alternativas
Las Administraciones Públicas fomentarán programas para que la persona mayor permanezca en su entorno: integración familiar (en su familia u otras, si está sola y hay familias dispuestas), alojamiento de jóvenes con personas mayores que estén solas y quieran alojarlos, viviendas compartidas por mayores o por jóvenes y mayores si su autonomía lo permite, y otros análogos.
Artículo 20. Derechos de los usuarios
Las Administraciones garantizarán la calidad de las prestaciones y el respeto de los derechos de los mayores en servicios y centros, en especial: intimidad y no divulgación de datos; integridad y trato digno; no discriminación; información y participación; atención individualizada; prestaciones sanitarias y farmacéuticas; relaciones interpersonales y visitas, que la dirección del centro debe promover; cese voluntario salvo exclusión normativa; y protección por ley si pierden su capacidad de autogobierno.
Artículo 21. Deberes de los usuarios
Los usuarios de centros y servicios sociales deben cumplir la ley, sus normas de desarrollo y los reglamentos de funcionamiento interno, y en especial: conducta de respeto, tolerancia y colaboración con usuarios y personal; respetar los derechos de los demás usuarios; cumplir las normas del centro; abonar liquidaciones o precios fijados según su capacidad económica; y facilitar correctamente los datos que den derecho a la prestación.
Artículo 22. Participación de los usuarios en el coste de los servicios
A efectos del artículo 30 de la Ley 2/1988, se computan las rentas y bienes de la persona mayor y los de quienes estén obligados a prestarle alimentos; quien carezca de recursos suficientes tiene derecho a exención o bonificación. Los usuarios deben declarar su situación patrimonial al ingresar en centros o servicios del sistema público. La Administración regulará el reconocimiento de deuda de mayores sin renta pero con patrimonio.
Artículo 23. Objetivos de la atención sanitaria
La atención sanitaria a los mayores en el Sistema Sanitario Público de Andalucía persigue: promover la salud y prevenir con educación para la salud; calidad en atención primaria con formación en geriatría y gerontología; permanencia en el domicilio con atención médica y de enfermería domiciliaria y un sistema gratuito de conexión permanente y aviso, según disponibilidades presupuestarias; coordinación primaria-especializada; calidad en atención especializada con equipos multidisciplinares; y rehabilitación funcional.
Artículo 24. Definición del sistema de atención sociosanitaria
El Sistema Sociosanitario Andaluz para las personas mayores presta, de forma integral y coordinada, servicios sanitarios y sociales, temporales o permanentes. Sus destinatarios son los mayores que, por su alto grado de dependencia, especialización en los cuidados e insuficiencia de apoyo sociofamiliar, necesitan ser atendidos conjuntamente por recursos sanitarios y sociales.
Artículo 25. Principios generales
Las prestaciones sociosanitarias garantizarán cinco principios: mayor autonomía posible en el domicilio evitando ingresos innecesarios; coordinación y actuación conjunta de servicios sociales y sanitarios en atención primaria y comunitaria y en los niveles especializados; planes coordinados e interdepartamentales con innovaciones; criterios sociosanitarios para ordenar recursos, estructuras, funciones y acceso; y formación continuada, investigación e intercambio de experiencias multidisciplinares.
Artículo 26. Configuración de la red sociosanitaria
El Sistema de Atención Sociosanitaria lo forman los servicios y centros de la Junta de Andalucía que se determinen reglamentariamente y los de Entidades Locales y otras instituciones públicas y privadas con las que se establezca colaboración. Es una red que cubre las necesidades de cuidados de forma integral, interdisciplinar y rehabilitadora, optimizando recursos, y sus servicios se ubicarán lo más cerca posible del entorno habitual del mayor.
Artículo 27. De las prestaciones sociosanitarias
El sistema sociosanitario comprende, entre otras, cinco prestaciones: atención domiciliaria, atención en períodos de convalecencia y rehabilitación, cuidados paliativos, atención en estancias diurnas y atención de larga duración. Reglamentariamente se definirán las estructuras y dispositivos para valorar casos, planificar y asignar medidas, derivar y evaluar los procesos.
Artículo 28. Financiación
El sistema sociosanitario se financia con los presupuestos propios de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales, según los recursos que cada una integre. Además puede financiarse con subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades y particulares y con cualquier otra forma de financiación que pueda producirse.
Artículo 29. De la participación de los usuarios
Los usuarios participan en los costes de los servicios y prestaciones del sistema público de Servicios Sociales en los términos del apartado 1 del artículo 22 de esta misma ley. El artículo no añade reglas propias: se limita a remitir a ese apartado.
Artículo 30. Actuaciones en materia de vivienda y urbanismo
Las Administraciones Públicas impulsarán: viviendas tuteladas y compartidas para mayores (convivencia solidaria, autonomía y ayuda mutua); la evaluación de las viviendas habitadas por mayores en la Comunidad; ayudas y subvenciones para adaptar viviendas y para programas de intercambio de viviendas, buscando acceso, habitabilidad y proximidad al entorno; y los mayores se benefician del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Junta de Andalucía.
Artículo 31. Promoción de la educación
Las Administraciones promoverán la educación y formación de los mayores mediante: la educación de adultos en todos los niveles, conforme a la Ley 3/1990; aulas, cursos y actividades de las Universidades andaluzas, sin exigir el nivel académico de acceso y sin dar titulación académica; talleres ocupacionales generales y actividades formativas específicas; y programas educativos intergeneracionales que aprovechen la experiencia de los mayores.
Artículo 32. Sensibilización con las personas mayores
Las Administraciones mejorarán el conocimiento social del envejecimiento como una fase más del ciclo vital, con campañas de sensibilización. La administración educativa impulsará contenidos sobre envejecimiento en los niveles educativos obligatorios. Se fomentarán centros y programas de formación de profesionales, se garantizará la calidad de la formación en gerontología y se impulsará la investigación en gerontología, en especial sobre enfermedades seniles.
Artículo 33. Preparación a la jubilación
Las Administraciones Públicas propiciarán, con cursos de preparación a la jubilación y otras medidas de adaptación, que la jubilación se perciba como el inicio de una fase llena de posibilidades de realización personal. Algunas acciones podrán articularse mediante acuerdos con las organizaciones sindicales y empresariales. Según sus disponibilidades financieras, aportarán los recursos suficientes para desarrollar estas actuaciones.
Artículo 34. Participación en la vida cultural
Se favorecerá el acceso de las personas mayores a los actos culturales programados para toda la sociedad. Para ello, las Administraciones Públicas facilitarán el acceso a las actividades y actos culturales, de ocio y recreativos que organicen, mediante una bonificación de sus precios a los mayores que cumplan los requisitos que se fijen reglamentariamente.
Artículo 35. Actividades culturales y de ocio
Las Administraciones Públicas realizarán actividades culturales y de empleo creativo del ocio dirigidas a las personas mayores. Para ese fin también podrán firmar acuerdos y establecer colaboraciones con otras entidades y organismos.
Artículo 36. Actividades turísticas
Artículo 37. Actividades deportivas
Se fomentarán las actividades deportivas de las personas mayores, adecuándolas a sus necesidades y favoreciendo que usen y disfruten de las instalaciones deportivas ya existentes en la Comunidad Autónoma.
Artículo 38. Bonificación del transporte
Para integrar social y culturalmente a los mayores con menor capacidad económica, las Administraciones favorecerán sus desplazamientos en transporte público bonificando los precios a quienes cumplan los requisitos reglamentarios. Además se fomentará adaptar los vehículos de transporte público para los mayores con problemas de movilidad.
Artículo 39. Suficiencia económica
Las Administraciones Públicas velarán por la suficiencia económica de las personas mayores para contribuir a su autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Con ese fin, la Junta de Andalucía establecerá los cauces de colaboración y cooperación necesarios con la Administración del Estado y con el resto de Administraciones Públicas.
Artículo 40. Prestaciones económicas
Para cubrir las necesidades básicas de los mayores sin recursos, la Comunidad Autónoma podrá establecer prestaciones económicas distintas y compatibles con las de la Seguridad Social, el Estado y otras Administraciones. Las Administraciones también podrán financiar total o parcialmente la adaptación funcional del hogar, ayudas técnicas, la estancia temporal o permanente en residencias o centros de día y otras ayudas que favorezcan la autonomía personal.
Artículo 41. Requisitos
Para reconocer el derecho a las ayudas económicas de los artículos anteriores se tendrán en cuenta: el grado de autonomía para las actividades de la vida diaria; la situación personal, familiar y social; y las rentas o ingresos del mayor y de los obligados a prestarle alimentos. Los requisitos concretos y el procedimiento de concesión se fijarán reglamentariamente.
Artículo 42. Información
Las Administraciones Públicas realizarán las actuaciones de divulgación necesarias para informar a las personas mayores de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico y de las medidas que pueden emprender si esos derechos se vulneran.
Artículo 43. Denuncias
Toda denuncia presentada ante las Administraciones Públicas sobre la desasistencia en que pueda hallarse una persona mayor dará lugar a la correspondiente investigación y, cuando proceda, a la adopción de las medidas adecuadas para que cese.
Artículo 44. Situaciones de maltrato
Los órganos de las Administraciones Públicas que detecten maltrato a personas mayores lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal. Igual deben actuar los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones que aprecien maltrato o simples indicios de él sobre cualquier persona mayor.
Artículo 45. Ingresos en centros residenciales
Ningún mayor puede ser ingresado en un centro sin constancia fehaciente de su consentimiento; si por incapacidad presunta o declarada no puede darlo, hace falta autorización judicial. Los responsables de residencias deben comunicar al Ministerio Fiscal las causas sobrevenidas de incapacitación. Nadie puede ser obligado a permanecer en una residencia salvo resolución judicial. La inspección vela por ello y puede pedir que el interesado ratifique su estancia en entrevista sin familiares ni representantes del centro.
Artículo 46. Expoliación patrimonial
Si las Administraciones Públicas saben que el patrimonio de una persona mayor está siendo expoliado, por familiares o por terceros, le comunicarán de forma expresa las acciones judiciales que puede iniciar y le darán asistencia jurídica si es necesario, sin perjuicio de trasladar los hechos al Ministerio Fiscal.
Artículo 47. Actuación del tutor o curador
Las Administraciones Públicas y los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones comunicarán al Ministerio Fiscal, a los efectos procedentes, las actuaciones de los tutores o curadores de personas mayores que pudieran perjudicar los intereses de estas.
Artículo 48. Protección de los derechos como consumidores
Las Administraciones Públicas garantizarán que se respeten los derechos de las personas mayores como consumidores y usuarios, con especial atención a las ofertas comerciales dirigidas específicamente a este sector de la población.
Artículo 49. Ingresos procedentes de multas y sanciones
Los ingresos de multas y sanciones por incumplir la ley, y los procedentes del reintegro, en su caso, de prestaciones y ayudas públicas concedidas, quedan afectados al cumplimiento de los fines de la propia Ley 6/1999.
Artículo 50. Definición y clasificación
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones que la propia ley tipifica como tales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan exigirse. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 51. Infracciones leves
Son leves las conductas tipificadas como graves en el artículo siguiente cuando tengan escasa relevancia social, se cometan por simple negligencia o sean meros incumplimientos formales sin grave quebranto ni indefensión para los usuarios. También lo es que los usuarios incumplan el reglamento interno causando una alteración de escasa entidad en la convivencia, el respeto mutuo, la solidaridad y la participación.
Artículo 52. Infracciones graves
Son graves, entre otras, la vulneración de la intimidad, del trato digno o de la integridad física y moral (si no es delito); la discriminación; coartar la información y participación; limitar relaciones, visitas o el cese voluntario; imponer renuncias de derechos; incumplir condiciones mínimas; omitir o prestar mal la asistencia sanitaria y farmacéutica o el tratamiento; higiene deficiente; falsear datos; no comunicar cambios; usar falsamente el registro; variar tarifas; vulnerar la normativa contable; obstruir la inspección; y tres leves en un año.
Artículo 53. Infracciones muy graves
Son muy graves: las graves de las letras a) a h) del artículo 52 si resultan especialmente dañosas para algún derecho fundamental del usuario; las de las letras i) a l) si causan un perjuicio efectivo o un peligro cierto que afecte gravemente a su integridad física o moral; ejercer actividades de servicios y centros sociales sin autorización administrativa; ejercer actividades distintas de las autorizadas; y cometer tres infracciones graves en un año.
Artículo 54. Responsabilidad
Son responsables, en general, las personas a quienes se impongan las obligaciones cuyo incumplimiento es infracción o sobre las que recaiga el deber de cumplir la norma. Pueden serlo las personas físicas y jurídicas titulares de servicios o centros para mayores, el representante legal de la entidad titular y el personal de los centros. Si la obligación afecta conjuntamente a varias personas, responden solidariamente de infracciones y sanciones.
Artículo 55. Prescripción de las infracciones
Las infracciones prescriben a los seis meses las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves. El plazo de prescripción se cuenta desde el día en que se cometió la infracción.
Artículo 56. Medidas cautelares
El órgano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, por acuerdo motivado, medidas cautelares para asegurar la resolución, el procedimiento, el cese de los efectos de la infracción y los intereses generales. Ante infracciones muy graves con grave riesgo para la salud física o mental de los mayores, el Consejero competente en Asuntos Sociales puede acordar el cierre temporal del centro hasta que se subsanen las deficiencias. Las medidas serán proporcionadas y, si hay cierre, se garantizará la atención de los usuarios.
Artículo 57. Sanciones
Sanciones: leves, multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas; graves, de 1.000.001 a 10.000.000; muy graves, de 10.000.001 a 50.000.000 y, en su caso, cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio. El Consejo de Gobierno puede actualizar las cuantías por Decreto según la variación del índice de precios al consumo.
Artículo 58. Publicación de las sanciones
En infracciones muy graves, el órgano competente puede acordar, como sanción accesoria en la resolución, publicar las sanciones firmes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el de la provincia, con nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la naturaleza y características de las infracciones. También puede acordar su difusión en medios de comunicación social. El coste lo paga el sancionado.
Artículo 59. Graduación de sanciones
Al imponer sanciones debe guardarse la adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción, con tres criterios de graduación: la trascendencia social de la infracción según los perjuicios causados; la intencionalidad del infractor; y la reincidencia por cometer en un año más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme, siempre que no haya constituido una infracción autónoma.
Artículo 60. Órganos competentes
Resuelven el procedimiento sancionador e imponen las sanciones: en infracciones leves, el Delegado provincial de la Consejería competente en Asuntos Sociales; en graves, el Director general correspondiente de esa Consejería; y en muy graves, el titular de la Consejería competente en Asuntos Sociales.
Artículo 61. Prescripción de las sanciones
Las sanciones prescriben a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las de graves y a los seis meses las de leves. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción.
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Delimitación del ámbito
Son extranjeros, a efectos de la Ley, quienes carecen de la nacionalidad española. La Ley se aplica sin perjuicio de las leyes especiales y de los tratados internacionales en que España sea parte. Los nacionales de la Unión Europea y quienes estén en el régimen comunitario se rigen por sus propias normas, pero se les aplica esta Ley en los aspectos que les resulten más favorables.
Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley
Quedan fuera de la Ley: a) agentes diplomáticos, funcionarios consulares acreditados y demás miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares, y sus familiares, si el Derecho internacional los exime de inscribirse como extranjeros y de obtener autorización de residencia; b) miembros de misiones o delegaciones ante organismos intergubernamentales con sede en España o en conferencias internacionales celebradas aquí, y sus familiares; c) funcionarios de organizaciones internacionales con sede en España y sus familiares, si los tratados les eximen de esas obligaciones.
Artículo 2 bis. La política inmigratoria
El Gobierno define, planifica, regula y desarrolla la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que asuman comunidades autónomas y entidades locales. Las Administraciones respetan diez principios: coordinación con la UE, flujos laborales según el empleo, integración transversal, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, garantía de derechos, lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, persecución de la trata, igualdad laboral y de Seguridad Social, y diálogo con países de origen y tránsito. El Estado garantiza la solidaridad territorial.
Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes
Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros, con el solo límite de la Constitución y la ley. Las Administraciones harán de la integración un objetivo transversal, con formación en valores, escolarización obligatoria, lenguas oficiales y empleo. El Estado coopera con comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y ayuntamientos mediante un plan estratégico plurianual que atiende a los menores no acompañados. Gobierno y comunidades acuerdan en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales, financiados por un fondo estatal que se dota anualmente.
Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas
Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I de la Constitución en los términos de los tratados, de esta Ley y de las leyes que regulen cada derecho. Como criterio interpretativo general, ejercen los derechos de esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. Las normas sobre sus derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados vigentes en España, y no cabe alegar creencias o convicciones para justificar actos contrarios a ellos.
Artículo 4. Derecho a la documentación
Los extranjeros en España tienen el derecho y el deber de conservar la documentación de su identidad, expedida por su país de origen o procedencia, y la que acredite su situación en España. Quien tenga visado o autorización para permanecer más de seis meses obtendrá la tarjeta de identidad de extranjero, que solicitará personalmente en el plazo de un mes desde la entrada o desde la concesión; no la necesitan los titulares de visado de residencia y trabajo de temporada. Solo se les puede privar de su documentación en los casos de esta Ley y de la Ley Orgánica 1/1992.
Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación
Los extranjeros que estén en España conforme al Título II pueden circular libremente y elegir residencia, con los límites de tratados y leyes o los acordados por la autoridad judicial (cautelares, en proceso penal o de extradición, o por sentencia firme). Caben medidas específicas en estado de excepción o de sitio y, excepcionalmente por seguridad pública, por resolución individualizada, motivada y proporcionada del Ministro del Interior. Duran lo imprescindible y pueden consistir en presentación periódica ante las autoridades y alejamiento de fronteras o núcleos de población.
Artículo 6. Participación pública
Los extranjeros residentes pueden ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, en los términos de la Constitución, los tratados y la ley. Los residentes empadronados tienen los derechos que da la legislación de régimen local y pueden ser oídos en los asuntos que les afecten. Los ayuntamientos incorporan al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en el municipio y mantienen actualizados sus datos. Los poderes públicos facilitan que voten en las elecciones de su país de origen.
Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación
Los extranjeros tienen derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público deben comunicarlo previamente a la autoridad competente con la antelación que fija la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, y esa autoridad solo puede prohibirlas o proponer su modificación por las causas previstas en dicha Ley.
Artículo 8. Libertad de asociación
Artículo 9. Derecho a la educación
Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber de educación básica, gratuita y obligatoria; los menores de dieciocho, derecho a la posobligatoria, con titulación y becas como los españoles, y lo conservan hasta fin de curso si cumplen dieciocho durante él. Los mayores de dieciocho tienen derecho a la educación según la legislación educativa; si son residentes, a las etapas posobligatorias, titulaciones y becas como los españoles. Los residentes con menores en edad obligatoria deben acreditar su escolarización al renovar o pedir la larga duración.
Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social
Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos de esta Ley Orgánica y de sus normas de desarrollo tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena y a acceder al sistema de la Seguridad Social, conforme a la legislación vigente. Además, los extranjeros pueden acceder al empleo público en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007).
Artículo 11. Libertad de sindicación y huelga
Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, y pueden ejercer el derecho de huelga en las mismas condiciones que los españoles.
Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria
Artículo 13. Derechos en materia de vivienda
Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas a la vivienda en los términos que fijen las leyes y las Administraciones competentes. Los residentes de larga duración, en todo caso, tienen derecho a esas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.
Artículo 14. Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales
Los extranjeros residentes acceden a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, y a los servicios y prestaciones sociales generales, básicas y específicas, en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros con discapacidad menores de dieciocho años con domicilio habitual en España tienen derecho al tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado. Cualquiera que sea su situación administrativa, todos los extranjeros tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.
Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles
Salvo lo que dispongan los acuerdos sobre doble imposición internacional, los extranjeros están sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. Tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país o a cualquier otro, conforme a la legislación española y a los acuerdos internacionales, y el Gobierno adoptará medidas para facilitar esas transferencias.
Artículo 23. Actos discriminatorios
Es discriminación todo acto que, directa o indirectamente, distinga, excluya, restrinja o prefiera contra un extranjero por raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o convicciones y prácticas religiosas, que destruya o limite sus derechos. Siempre lo son: los de autoridades o funcionarios en sus funciones; condiciones más gravosas o negarle bienes y servicios ofrecidos al público; restringir al extranjero regular trabajo, vivienda, educación o servicios sociales; impedir la actividad económica legítima del residente legal. Indirecta: criterios que dañan a trabajadores extranjeros.
Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario
La tutela judicial frente a cualquier práctica discriminatoria que vulnere derechos y libertades fundamentales puede exigirse por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, en los términos legalmente establecidos.
Real Decreto 1051/2013, prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Objeto
El real decreto regula los servicios y prestaciones económicas por grado de dependencia y los criterios para fijar la intensidad de protección de los servicios del catálogo de la Ley 39/2006. También regula los traslados de personas beneficiarias entre comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, el régimen de incompatibilidades de prestaciones, el reintegro de prestaciones y la protección de los españoles emigrantes retornados.
Artículo 2. Servicios y prestaciones económicas por grado de dependencia
Para los grados III y II corresponden los servicios de prevención de la dependencia, promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, centro de noche y atención residencial; la prestación económica de asistencia personal y la vinculada al servicio; y la prestación para cuidados en el entorno familiar. El grado I tiene lo mismo salvo la atención residencial: prevención, promoción, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, asistencia personal, prestación vinculada y cuidados en el entorno familiar.
Artículo 3. Solicitud y documentación
El modelo de solicitud debe recoger: si la persona ya es atendida por servicios sociales y con qué; su compromiso de facilitar el seguimiento, incluido el acceso al domicilio; si tiene discapacidad (el tipo, voluntario); si tiene una enfermedad rara catalogada; y la obligación de comunicar el ingreso en centros hospitalarios o asistenciales sin coste. Se acompaña de informe de salud, declaración responsable económica y patrimonial, copia del IRPF (salvo autorización de comprobación de datos) y esa autorización. Los datos solo sirven para gestionar la solicitud y se integran en el SISAAD.
Artículo 4. Intensidad de los servicios
La intensidad de los servicios del artículo 15 de la Ley 39/2006 depende del contenido prestacional de cada servicio y de su extensión o duración según el grado. Son servicios asistenciales los que recibe la persona para su atención y cuidado en las actividades básicas de la vida diaria y los de promoción de su autonomía. El transporte adaptado se garantiza cuando la movilidad de la persona lo exija para ir al centro de día o de noche y así conste en la valoración y en el reconocimiento de la prestación, o después si cambia su movilidad y se acredita, conforme al Real Decreto 888/2022.
Artículo 5. Intensidad del servicio de prevención de las situaciones de dependencia
Toda persona dependiente, de cualquier grado, recibe servicios de prevención para evitar que empeore su grado, incluidos en teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial. Las intensidades las fijan los Planes de Prevención, que elabora la comunidad autónoma o Administración competente y que deben cumplir los criterios, recomendaciones y condiciones mínimas acordados por el Consejo Territorial, atendiendo a mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. En el grado I la prevención es prioritaria y forma parte de todas las actuaciones del SAAD.
Artículo 6. Intensidad del servicio de promoción de la autonomía personal
Los servicios de promoción de la autonomía personal buscan desarrollar la capacidad de decidir cómo vivir y facilitar las actividades básicas de la vida diaria. Incluyen asesoramiento y formación en tecnologías de apoyo, habilitación y terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, autonomía funcional, habilitación psicosocial y apoyos en alojamientos de inclusión comunitaria. La intensidad sigue el anexo I y se concreta en el programa individual según las horas mensuales del dictamen técnico, sin perjuicio de mayores intensidades autonómicas.
Artículo 7. Intensidad del servicio de teleasistencia
La teleasistencia atiende a las personas beneficiarias mediante tecnologías de la información y la comunicación, con medidas de accesibilidad y apoyo de medios personales, dando respuesta inmediata a emergencias, inseguridad, soledad o aislamiento, para favorecer que sigan en su medio habitual. Se presta a las personas dependientes que la necesiten, en las condiciones de cada comunidad autónoma o Administración competente, y es complementaria del resto de prestaciones del programa individual en cualquier grado, salvo con el servicio de atención residencial.
Artículo 8. Intensidad del servicio de ayuda a domicilio
La ayuda a domicilio agrupa las actuaciones en el domicilio para atender las necesidades básicas y que la persona siga en casa: atención personal y necesidades domésticas. Su intensidad se fija en horas mensuales según el grado (anexo II y programa individual), y las Administraciones competentes pueden fijar intensidades superiores; la hora es un módulo asistencial unitario. Las horas domésticas se separan de las personales y solo se prestan junto a ellas, salvo excepción justificada y motivada en la resolución. La comunidad autónoma o Administración competente fija la gradualidad.
Artículo 9. Intensidad del servicio de centro de día y de noche
Los centros de día y de noche públicos o acreditados ajustan sus servicios a las necesidades de cada persona según su grado, sin perjuicio de lo que fije la Administración competente. Los de día dan atención especializada según edad, cuidados y grado; los de noche atienden a quien precisa atención nocturna. La intensidad depende de los servicios que la persona precise según su programa individual, salvo el centro de día del grado I, que sigue el anexo III. La comunidad autónoma o Administración competente determina servicios y programas por grado.
Artículo 10. Intensidad del servicio de atención residencial
La atención residencial es integral y continuada, personal, social y sanitaria, en centros públicos o acreditados. Es permanente si el centro es la residencia habitual, y temporal en estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana, enfermedades o descanso de los cuidadores no profesionales. Su intensidad depende de los servicios que la persona precise según su programa individual, y la Administración competente fija servicios y programas por grado. Las estancias temporales dependen de las plazas del SAAD y de las personas atendidas por cuidados familiares.
Decreto-ley 3/2024, de simplificación y racionalización administrativa
En este tema: arts. 142–187. Ver la norma
Artículo 142. Objeto y ámbito de aplicación
El capítulo regula el procedimiento para reconocer dos cosas: la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Su ámbito es el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 143. Titulares de derechos
Pueden solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones quienes cumplan los requisitos del artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y residan en la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 144. Órganos competentes
Tramita el reconocimiento, y su revisión y extinción, la Consejería competente en dependencia a través de sus órganos territoriales provinciales o de la Agencia adscrita que gestiona el Sistema. Valoran el grado y elaboran el programa individual de atención los servicios sociales comunitarios de las Entidades Locales y la Consejería, según los criterios de asignación de la normativa de desarrollo. Resuelven las personas titulares de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejería.
Artículo 145. Coordinación y colaboración administrativas
Con base en las funciones del artículo 50.b), h), k) y o) de la Ley 9/2016, podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración, supervisión, seguimiento, calidad e inspección entre la Consejería competente en dependencia y los servicios sociales comunitarios de las Entidades Locales. Además, se impulsarán instrumentos de coordinación y colaboración entre la Consejería y el Servicio Andaluz de Salud, para las actuaciones del Decreto-ley y para la atención sociosanitaria que requiera actuación conjunta.
Artículo 146. Personal de atención a la dependencia
El personal de atención a la dependencia valora la situación de dependencia y elabora el programa individual de atención. Deben ser empleados públicos con titulación universitaria (grado, diplomatura, licenciatura o equivalente) del área social o sanitaria, de los servicios sociales comunitarios locales o de la Administración autonómica. Funciones: valorar; informar del catálogo y recabar preferencias antes de la propuesta del programa; elaborarlo; asesorar en procesos judiciales de la Administración competente; y otras atribuidas.
Artículo 147. Inicio del procedimiento
El procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones se inicia a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación. Se tramita conforme a la normativa del procedimiento administrativo común y a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Artículo 148. Solicitud y documentación
La solicitud va dirigida a la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la provincia de residencia, en el modelo del Anexo VII. Se acompaña siempre de la acreditación de la representación, en su caso. Si no se consiente la consulta de datos: DNI, NIE o NIF del solicitante; DNI o NIE del representante; empadronamiento en Andalucía y residencia de cinco años en España, dos inmediatamente anteriores; IRPF y Patrimonio del último período vencido; y certificado del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Artículo 149. Presentación de la solicitud
La solicitud y su documentación se presentan preferentemente por medios electrónicos en la sede electrónica general de la Junta de Andalucía, aunque cabe presentarlas en los demás lugares del artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Los servicios sociales comunitarios informan y orientan sobre los trámites y las condiciones de acceso, y asisten a quien lo necesite para cumplimentar y presentar la solicitud.
Artículo 150. Subsanación e inadmisión de la solicitud
El servicio competente en dependencia revisa la solicitud y comprueba requisitos y documentación. Si falta algo, se requiere a la persona solicitante para que subsane o aporte los documentos en diez días hábiles, advirtiéndole de que, si no lo hace, se la tendrá por desistida de su petición, conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015.
Artículo 151. Fecha y lugar de la valoración de la situación de dependencia
Admitida a trámite la solicitud, se comunica a la persona el día y la hora en que se acudirá a su domicilio o lugar de residencia para valorar el grado de dependencia. Si la valoración no puede hacerse por causa imputable a la persona interesada, se le advierte de que, pasados tres meses desde el requerimiento, se producirá la caducidad del procedimiento (artículo 95 de la Ley 39/2015).
Artículo 152. Valoración de la situación de dependencia y elaboración del programa individual de atención
La valoración se hace en el entorno habitual de la persona con el baremo o escala vigente, teniendo en cuenta el informe sobre condiciones de salud y las ayudas técnicas, órtesis o prótesis prescritas. Si obtiene algún grado, se formula propuesta de programa individual de atención con las prestaciones más adecuadas, con participación de la persona y de quien le preste apoyo; la suscribe un profesional con titulación en Trabajo Social. Pueden pedirse, justificadamente, informes complementarios y recabarse informes médicos, psicológicos o sociales.
Artículo 153. Trámite de audiencia y propuesta de resolución
Si la persona obtiene grado y la modalidad propuesta coincide con alguna de sus preferencias, la persona titular de la jefatura del servicio competente formula propuesta de resolución con el grado y las prestaciones. Si la modalidad difiere de las preferidas, se da audiencia a la persona solicitante con 10 días hábiles para alegar. Si no obtiene grado, la propuesta se limita a declararlo e indicar la puntuación obtenida en el baremo.
Artículo 154. Resolución
Resuelve la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería, a la vista de lo actuado y de la propuesta. La resolución incorpora, en su caso, a la persona a la lista de acceso de los servicios o prestaciones del programa individual de atención. Plazo máximo para dictar y notificar: seis meses desde la entrada de la solicitud en el Registro Electrónico Único de la Junta, suspendible en los casos del artículo 22 de la Ley 39/2015; sin notificación, se puede entender desestimada. Cabe alzada ante la persona titular de la Consejería.
Artículo 155. Supuestos de tramitación preferente
Tienen tramitación preferente: a) las situaciones de urgencia o emergencia social (artículo 35.1 y 2 de la Ley 9/2016 y artículos 27.1a) y 29 ter de la Ley 13/2007, de violencia de género), previa propuesta motivada de los servicios sociales comunitarios; b) las solicitudes de personas menores de seis años; c) otros supuestos que determine una orden de la Consejería competente en dependencia.
Artículo 156. Procedimientos de revisión
Pueden revisarse, de oficio o a instancia de parte, el grado de dependencia y el programa individual de atención. La revisión del grado puede obligar a revisar también el programa, y debe resolverse y notificarse en seis meses como máximo. La revisión del programa individual de atención, en tres meses. A ambas se aplican, en lo procedente, las normas del capítulo sobre el reconocimiento.
Artículo 157. Revisión del grado de dependencia
Artículo 158. Revisión del programa individual de atención
El programa individual de atención se revisa a instancia de parte cuando la persona pide cambiar o adecuar la prestación por una variación de su situación social, familiar o del entorno que afecte a la prestación; se acredita, en su caso, con informe social, y si no se acredita se inadmite. Se revisa de oficio en dos casos: traslado de residencia desde otra Comunidad Autónoma a Andalucía y seguimiento que determine motivadamente que la prestación ya no es idónea.
Artículo 159. Extinción de las prestaciones de atención a la dependencia reconocidas
Las prestaciones pueden extinguirse, previo procedimiento, por incumplir requisitos, condiciones u obligaciones. Son causas en todo caso: obstaculizar la revisión o el seguimiento, percibir una prestación incompatible, desviar la finalidad, dar datos falsos en la valoración y otras. Inicia la Delegación Territorial o Provincial con 15 días hábiles de alegaciones; cabe suspensión cautelar. Resuelve la Delegación en tres meses desde la iniciación: extingue, mantiene o rehabilita. También se extinguen por fallecimiento, renuncia o traslado definitivo fuera, entre otras.
Artículo 160. Seguimiento de las prestaciones de atención a la dependencia reconocida
Las Administraciones autonómica y local, según sus competencias, hacen el seguimiento de las prestaciones para verificar si se mantienen o cambian las condiciones y requisitos de acceso y si se cumplen las obligaciones; pueden hacer comprobaciones, incluidas en Planes de Inspección. El resultado puede dar lugar a la revisión de oficio del grado o del programa individual de atención, o a la suspensión o extinción de las prestaciones, sin perjuicio de responsabilidades administrativas.
Artículo 161. Prestaciones de atención a la dependencia
Las prestaciones de dependencia de la Ley 39/2006, servicios y económicas, se integran en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía como prestaciones garantizadas. Los servicios se someten a autorización, acreditación, registro e inspección de la Ley 9/2016 y se prestan por la red de centros y servicios del Sistema Público. La intensidad y la compatibilidad las fija la normativa estatal y, en su caso, la reglamentaria autonómica con cargo al nivel adicional de protección.
Artículo 162. Requisitos generales para ser persona beneficiaria
Pueden beneficiarse de las prestaciones de dependencia quienes reúnan cuatro requisitos generales: residir en un municipio de Andalucía; haber sido reconocidos en situación de dependencia; que el servicio o la prestación económica elegidos figuren en el programa individual de atención como la modalidad más adecuada; y acreditar los requisitos específicos de acceso que exija la normativa para cada servicio o prestación.
Artículo 163. Derechos de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia disfrutan de todos los derechos de la legislación vigente y, en particular, de los del artículo 4.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. El artículo no enumera derechos propios: remite a esas normas.
Artículo 164. Obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias y, en su caso, sus familiares o representantes deben: destinar la prestación económica a su finalidad y justificarla; aportar la documentación requerida; comunicar al órgano que dictó la resolución cualquier variación de circunstancias en diez días hábiles desde que se produzca, y los desplazamientos temporales y traslados definitivos, incluso dentro de Andalucía, en los diez días hábiles anteriores a la fecha efectiva, salvo causa justificada; y facilitar comprobaciones y visitas.
Artículo 165. Servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
Según la normativa estatal, el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene siete servicios: prevención de las situaciones de dependencia; promoción de la autonomía personal; teleasistencia; ayuda a domicilio; centro de día; centro de noche; y atención residencial.
Artículo 166. Servicio de prevención de las situaciones de dependencia
Todas las personas en situación de dependencia, en cualquiera de los grados, reciben servicios de prevención para evitar que su grado se agrave; esta atención se incluye en los programas de promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial. En el Grado I la prevención es prioritaria y debe formar parte de todas las actuaciones del Sistema.
Artículo 167. Servicio de promoción de la autonomía personal
Los servicios de promoción de la autonomía personal buscan desarrollar y mantener la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones sobre cómo vivir según las normas y preferencias propias, y facilitar las actividades básicas de la vida diaria. Son los de los apartados 2 y 4 del artículo 6 del Real Decreto 1051/2013. Pueden desarrollarse, como complemento del programa individual de atención, asesoramiento, acompañamiento activo, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones.
Artículo 168. Servicio de teleasistencia
La teleasistencia es la plataforma tecnológica que permite atender en el domicilio mediante tecnologías de la información y la comunicación, con apoyo de medios personales, con respuesta inmediata ante emergencias, inseguridad, soledad y aislamiento; funciona las veinticuatro horas todos los días del año. Puede incluir apoyos tecnológicos dentro o fuera del domicilio e interconexión con los sistemas sanitario y social. Las prestaciones de inclusión comunitaria que se den por esta vía pueden contar, según su intensidad, como promoción de la autonomía personal.
Artículo 169. Servicio de ayuda a domicilio
El servicio de ayuda a domicilio es el conjunto de actuaciones realizadas preferentemente en el domicilio de la persona en situación de dependencia para atender sus necesidades básicas de la vida diaria, aumentar su autonomía y permitir que siga en su medio habitual. Comprende la atención personal en las actividades de la vida diaria y la cobertura de las necesidades domésticas, según su normativa andaluza.
Artículo 170. Servicio de centro de día y de noche
El servicio de centro de día o de noche da atención integral, de día o de noche, a las personas en situación de dependencia para mejorar o mantener su autonomía personal al mejor nivel posible y para apoyar a las familias o cuidadores. Desde un enfoque biopsicosocial, cubre asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.
Artículo 171. Servicio de atención residencial
El servicio de atención residencial ofrece atención integral y continuada, personal y social, en centros residenciales públicos o concertados, según la naturaleza y el grado de dependencia y la intensidad de cuidados. Ajusta servicios y programas a las necesidades de las personas atendidas. Las estancias temporales o de respiro familiar siguen su normativa y dependen de las plazas disponibles en Andalucía y del número de personas atendidas mediante cuidados en el entorno familiar.
Artículo 172. Orden de prioridad en el acceso a los servicios
Prioridad en el acceso a los servicios: mayor grado; a igual grado, menor capacidad económica; a igualdad de ambos, mayor antigüedad de la última solicitud que originó el servicio. Si se vuelve a la lista tras renunciar, cuenta la fecha de la solicitud de reincorporación. Este orden no rige en la tramitación preferente del artículo 155. Quien no accede entra en la lista y puede pedir, transitoriamente, la prestación vinculada a ese servicio sin perder su orden. El reglamento desarrollará las listas.
Artículo 173. Prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
De acuerdo con la normativa estatal, el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene tres prestaciones económicas: la vinculada al servicio; la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales; y la de asistencia personal.
Artículo 174. Prestación económica vinculada al servicio
La prestación económica vinculada al servicio ayuda a financiar el coste de un servicio cuando en el ámbito territorial no es posible atender a la persona con los servicios públicos o concertados de la red. Quien la percibe tiene derecho a estar en la lista de acceso del servicio prescrito, en su orden de prelación. Requisitos: cumplir los requisitos específicos del servicio al que se vincula y ocupar o disponer del servicio en un centro o entidad debidamente acreditados.
Artículo 175. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales contribuye a cubrir los gastos de la atención que personas cuidadoras no profesionales prestan a la persona en situación de dependencia en su entorno familiar. Es persona cuidadora no profesional quien, reuniendo los requisitos de la normativa vigente, asume la responsabilidad del cuidado.
Artículo 176. Prestación económica de asistencia personal
La asistencia personal contribuye a cubrir los gastos de contratar un servicio de asistencia personal que, bajo la dirección de la persona en situación de dependencia (en cualquier grado) o de su representante, facilite su acceso al empleo, la formación, el ocio o la participación social, para fomentar su vida independiente. Los apoyos varían según necesidades, grado, entorno familiar y preferencias: atención personal, acompañamiento y soporte dentro y fuera del hogar, y otros análogos del proyecto de vida independiente.
Artículo 177. Determinación de las cuantías mínimas de las prestaciones económicas
Las cuantías mínimas de las prestaciones económicas se fijarán en la normativa de desarrollo del Decreto-ley, que debe garantizar como mínimo las establecidas por la normativa estatal. Andalucía puede incrementarlas aplicando el nivel adicional de protección que establezca.
Artículo 178. Orden de prioridad en el acceso a las prestaciones económicas
Prioridad en el acceso a las prestaciones económicas: mayor grado de dependencia reconocido; a igual grado, menor capacidad económica; y a igualdad de ambos, mayor antigüedad de la última solicitud que originó la prestación (de reconocimiento de la dependencia, de revisión del grado o del programa individual de atención).
Artículo 179. Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias
La capacidad económica de las personas beneficiarias se calcula para fijar su participación en la financiación de los servicios o para determinar la cuantía de las prestaciones económicas. Se determina atendiendo a su renta y a su patrimonio. Los criterios, las fórmulas y los servicios y prestaciones a los que se aplica los fija la normativa de desarrollo del capítulo.
Artículo 180. Revisión de la capacidad económica
La capacidad económica de las personas beneficiarias, y con ella la cuantía de la prestación económica o su participación en el coste del servicio, puede revisarse de oficio o a instancia de parte cuando varíen sus circunstancias personales o económicas. Las solicitudes de revisión deben acompañarse de documentación que acredite la variación.
Artículo 181. Participación en el coste de los servicios
Las personas beneficiarias de los servicios participan en su financiación. Para fijar esa participación se tienen en cuenta en todo caso tres factores: el tipo de servicio, su coste y la capacidad económica de la persona, según las fórmulas de cálculo de las normas específicas de cada servicio.
Artículo 182. Determinación de la cuantía de las prestaciones económicas
Para determinar la cuantía de las prestaciones económicas se aplican las fórmulas de cálculo que establezca la normativa de desarrollo del capítulo, y en todo caso se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas beneficiarias. El artículo no fija la fórmula: la deja al desarrollo reglamentario.
Artículo 183. Competencias
La gestión, liquidación y recaudación de las prestaciones indebidamente percibidas corresponde, en periodo voluntario, a la Agencia adscrita a la Consejería competente en dependencia, y en periodo ejecutivo a la Agencia Tributaria de Andalucía (artículo 6.e) de la Ley 23/2007), conforme a la normativa de la Tesorería General de la Junta y de la gestión recaudatoria.
Artículo 184. Causas de reintegro
Procede el reintegro cuando, por incumplir cualquier obligación de las personas beneficiarias, resulten cuantías indebidamente percibidas o recibidas en exceso, o una participación insuficiente en el coste de los servicios. También procede por pagos indebidos debidos a error material, de hecho o aritmético, según la normativa de la Tesorería General de la Junta y de la gestión recaudatoria.
Artículo 185. Personas obligadas al reintegro
Están obligados al reintegro: las personas beneficiarias; si hay curatela con funciones representativas, quien ostente la representación legal, que responde solidariamente; y, si la persona beneficiaria fallece, sus causahabientes, que responden con los bienes de la herencia y con los suyos propios, salvo que la herencia se haya aceptado a beneficio de inventario.
Artículo 186. Naturaleza de las cantidades a reintegrar
Las cantidades que deban reintegrarse tienen la consideración de ingresos de derecho público de la Junta de Andalucía. Para su cobro se aplica lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Artículo 187. Régimen jurídico aplicable a los procedimientos de reintegro
El reintegro de las prestaciones se rige por el procedimiento de la normativa de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y por el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Ley 5/2002, de Parejas de Hecho de Andalucía
En este tema: entera. Ver la norma
Artículo 1. Objeto
La Ley establece medidas para garantizar el principio de no discriminación en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico andaluz, de modo que nadie sea discriminado por razón del grupo familiar del que forma parte, tenga su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión estable de dos personas que convivan en relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
La Ley se aplica a las parejas que cumplan dos requisitos: que al menos uno de sus miembros tenga su residencia habitual en cualquier municipio de Andalucía y que ninguno de sus miembros esté inscrito en otro registro como pareja de hecho.
Artículo 3. Definición
Pareja de hecho es la unión de dos personas, sea cual sea su opción sexual, para convivir de forma estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal. No pueden formarla: los menores de edad no emancipados; quienes estén ligados por matrimonio o por pareja de hecho anterior inscrita; los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción; y los colaterales por consanguinidad en segundo grado.
Artículo 4. Principios generales
Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el reconocimiento y la protección de las parejas de hecho conforme a cinco principios: respeto a la libre elección de la opción sexual; igualdad y no discriminación por el modelo de unidad de convivencia; respeto a la identidad sexual; autonomía de los integrantes para configurar sus derechos y obligaciones, respetando siempre los intereses de los menores a su cargo; e información en medios educativos y de proyección social sobre la coexistencia de modelos de convivencia.
Artículo 5. Acreditación
Para acreditar la pareja de hecho hay que justificar documentalmente: identificación personal, estado civil, residencia habitual en un municipio andaluz, declaración de no estar incurso en los impedimentos del artículo 3.2 y declaración de voluntad de constituir la pareja. Esta declaración puede hacerse por comparecencia personal ante el titular del órgano encargado del Registro o ante el Alcalde, Concejal o funcionario en quien delegue, en acto público salvo que los interesados pidan expresamente que sea reservado; o por escritura pública u otro medio de prueba admisible.
Artículo 6. Registro de Parejas de Hecho
Las parejas de hecho acreditadas se inscriben en el Registro a solicitud de los interesados. La inscripción produce ante las Administraciones andaluzas la presunción de convivencia, salvo prueba en contrario, y los beneficios de la Ley se aplican desde la inscripción. La nulidad de la inscripción puede promoverse de oficio o a instancia de los interesados si hubo ocultamiento de datos, falseamiento o finalidad fraudulenta. Datos y certificaciones, solo para los interesados salvo autorización a terceros. El Registro es administrativo y único, con gestión descentralizada en los municipios.
Artículo 7. Régimen personal
Los miembros de la pareja de hecho son libres para regular los derechos y deberes de sus relaciones personales, pero las Administraciones Públicas de Andalucía no inscribirán en el Registro los pactos que atenten contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de cualquiera de sus integrantes.
Artículo 8. Derechos de los menores
Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por que el respeto de los derechos de los menores tenga carácter prioritario y prevalezca sobre cualquier pacto o situación de hecho, sea cual sea la unidad de convivencia en la que vivan y la relación jurídica entre sus miembros.
Artículo 9. Acogimiento familiar
Los miembros de una pareja de hecho pueden iniciar conjuntamente, ante la Administración de la Junta de Andalucía, los procedimientos para constituir acogimientos familiares simples o permanentes. En la valoración de idoneidad del artículo 33 de la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor, la opción o la identidad sexual de los solicitantes no podrá usarse en ningún caso como factor discriminatorio.
Artículo 10. Libertad de pactos
Las relaciones patrimoniales de la pareja de hecho se rigen por la libertad de pactos, y sus miembros pueden pedir a las Administraciones andaluzas información sobre las normas vigentes. En el momento de su inscripción pueden fijar el régimen económico durante la relación y a su término. Los pactos pueden prever una compensación económica si, tras el cese de la convivencia, uno de los convivientes queda en desequilibrio económico respecto del otro con merma frente a su situación previa a la convivencia.
Artículo 11. Información e inscripción registral
Las parejas de hecho que quieran suscribir un documento con su régimen económico pactado pueden pedir a la Junta de Andalucía información sobre los aspectos a tratar, especialmente: contribución a las cargas familiares; titularidad y disposición de bienes y ganancias, con posible sociedad universal; derecho a alimentos; y efectos patrimoniales de la disolución (bienes, uso de la vivienda y ajuar, cargas, alimentos e indemnización). Pueden solicitar del Registro la anotación de ese documento y de sus posteriores modificaciones.
Artículo 12. Disolución
La pareja de hecho se considera disuelta por: muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus miembros; matrimonio de la pareja o de uno de ellos; mutuo acuerdo; voluntad unilateral de uno; o cese efectivo de la convivencia por más de un año. Pueden pactar compensaciones para la disolución respetando los derechos mínimos legales y sin perjudicar a terceros. Responden solidariamente ante terceros de los gastos necesarios de la casa. Acreditada la disolución, se cancela la inscripción y quien la tramite lo notifica fehacientemente al otro, sin perjuicio de la notificación del Registro.
Artículo 13. Derechos en caso de fallecimiento de uno de los convivientes
Si no hay pacto y fallece uno de los miembros de la pareja, el superviviente tiene derecho a residir en la vivienda habitual durante un año, con independencia de los derechos hereditarios que se le atribuyan.
Artículo 14. Régimen por la normativa andaluza en Derecho Público
Respecto de la normativa andaluza de Derecho Público que la Junta de Andalucía pueda establecer a favor de la familia o de alguno de sus integrantes, las parejas de hecho se consideran unidades de convivencia familiar.
Artículo 15. Centros residenciales para personas mayores
Las parejas de hecho pueden solicitar su ingreso conjunto en los centros residenciales para personas mayores dependientes de las Administraciones Públicas de Andalucía. Una vez acordada su incorporación, dispondrán de habitaciones compartidas exclusivamente por ellos.
Artículo 16. Rehabilitación de drogodependencias
Los órganos de las Administraciones Públicas de Andalucía competentes en drogodependencias tendrán en cuenta la existencia de parejas de hecho y actuarán sobre ellas cuando sean un factor determinante para la asistencia, la rehabilitación y la incorporación social de sus miembros.
Artículo 17. Información e intervención sanitaria
Los miembros de la pareja de hecho pueden ejercer en todo caso el derecho que la legislación sanitaria reconoce a familiares y allegados a recibir, en términos comprensibles, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre el proceso del paciente (diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento). Si una intervención exige consentimiento escrito y el paciente no está capacitado para decidir, la pareja tiene el derecho que esa legislación reconoce a familiares y allegados de los usuarios del sistema sanitario público de Andalucía.
Artículo 18. Impulso a la equiparación de los derechos en la economía privada
La Administración pública andaluza promoverá en la economía privada la equiparación de los miembros de cualquier tipo de pareja con los matrimonios en los derechos de formación, licencias, ayudas de acción social, condiciones laborales y similares recogidos en contratos y convenios.
Artículo 19. Equiparación en materia de vivienda pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía
En la adjudicación de viviendas que sean propiedad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la pareja estable se entiende equiparada al matrimonio.
Artículo 20. Equiparación fiscal y tributaria
A todos los efectos tributarios y beneficios fiscales del régimen tributario y fiscal autonómico, la convivencia en unión estable de una pareja se equipara al matrimonio, siempre que la pareja y su acreditación reúnan los requisitos de esta Ley.
Artículo 21. Equiparación a la función pública
En permisos, licencias, provisión de puestos de trabajo, ayudas de acción social y demás condiciones de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y respecto de sus empleados públicos, la pareja estable se equipara al matrimonio y el conviviente al cónyuge.
Artículo 22. Equiparación al matrimonio
En las materias que esta Ley no regula expresamente, las parejas de hecho quedan equiparadas al matrimonio en sus relaciones jurídicas con las Administraciones Públicas de Andalucía, dentro del ámbito de competencias de estas, con las únicas limitaciones que imponga la aplicación de la normativa estatal.
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