Decreto-ley 3/2024, de simplificación y racionalización administrativa
Artículo 160. Seguimiento de las prestaciones de atención a la dependencia reconocida
En pocas palabras
Las Administraciones autonómica y local, según sus competencias, hacen el seguimiento de las prestaciones para verificar si se mantienen o cambian las condiciones y requisitos de acceso y si se cumplen las obligaciones; pueden hacer comprobaciones, incluidas en Planes de Inspección. El resultado puede dar lugar a la revisión de oficio del grado o del programa individual de atención, o a la suspensión o extinción de las prestaciones, sin perjuicio de responsabilidades administrativas.
Explicación sencilla
Establece el control posterior de las prestaciones reconocidas: quién lo hace, qué verifica y a qué puede conducir (revisión de oficio, suspensión o extinción), además de las posibles responsabilidades administrativas de las personas beneficiarias.
Regla mnemotécnica
Seguir para revisar: el seguimiento puede acabar en revisión de oficio, suspensión o extinción.
Trampa típica de examen
Atribuir el seguimiento solo a la Junta de Andalucía: lo llevan a cabo las Administraciones autonómica y local, según sus competencias.
Texto del artículo 160 del Decreto-ley 3/2024 (DLSA)
1. Las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con sus competencias, llevarán a cabo el seguimiento de las prestaciones reconocidas al objeto de verificar el mantenimiento o modificación de las condiciones y requisitos tenidos en cuenta para el acceso a las mismas, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de las personas beneficiarias. A tales efectos, se podrán realizar las comprobaciones que resulten necesarias, pudiendo ser incluidas en los correspondientes Planes de Inspección. 2. El resultado del seguimiento podrá dar lugar, en su caso, a los procedimientos de revisión de oficio del grado o del programa individual de atención correspondientes, así como a la suspensión o extinción de las prestaciones, sin perjuicio de las posibles responsabilidades administrativas en que pudieran incurrir las personas beneficiarias según lo establecido en el Título VI de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre, y en el Título III de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
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