Tema 67 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 52. Educación

En enseñanza no universitaria que conduce a título con validez estatal (incluida educación infantil), la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre programación y creación de centros públicos, becas y ayudas con fondos propios, evaluación, formación del personal docente, cultura andaluza, actividades extraescolares y enseñanzas no presenciales y semipresenciales. Es compartida sobre planes de estudio, becas y ayudas estatales, admisión de alumnos y personal docente. Es ejecutiva sobre expedición y homologación de títulos estatales y de ejecución en las demás materias educativas.

Artículo 53. Universidades

En enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre la programación y coordinación del sistema universitario andaluz, la creación de universidades públicas y autorización de las privadas, la aprobación de sus estatutos y normas, la coordinación de los procedimientos de acceso, los títulos propios, la financiación propia, las becas propias y el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado. Tiene competencia compartida sobre todo lo demás y de ejecución en la expedición de títulos universitarios.

Artículo 54. Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

Competencia exclusiva sobre los centros y estructuras de investigación de la Junta y los proyectos que financia: líneas propias y evaluación de proyectos; organización y acreditación de centros; becas y ayudas de la Junta; regulación y formación del personal investigador y de apoyo; difusión de la ciencia y transferencia de resultados. Compartida: coordinación de los centros y estructuras de investigación de Andalucía. Colaboración con el Estado en el marco del Título IX; la Junta participa en la voluntad del Estado ante la Unión Europea y organismos internacionales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

La Ley regula el sistema educativo andaluz y su evaluación, y fomenta la participación efectiva de la sociedad y sus instituciones en él. Lo hace en ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases del sistema educativo español. Se aplica a todo el sistema educativo andaluz, salvo el universitario.

Artículo 2. Programación general de la enseñanza

La programación general de la enseñanza abarca las actuaciones de la Junta para un servicio educativo de calidad, las disposiciones sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y los servicios y actividades que ofrecen los centros fuera del horario lectivo. Los centros son públicos (titular, una Administración pública) o privados (titular privado); los privados acogidos a conciertos son concertados. La Consejería de educación programa la oferta de las enseñanzas gratuitas y la Administración garantiza plazas públicas suficientes, sobre todo en zonas de nueva población.

Artículo 3. Sistema Educativo Público de Andalucía

El Sistema Educativo Público de Andalucía es el conjunto de centros, servicios, programas y actividades de las administraciones públicas andaluzas o vinculados a ellas que garantizan una educación permanente y compensatoria. Lo forman: centros públicos de la Junta; centros públicos locales y de otras administraciones creados por convenios de cooperación; centros privados concertados; y servicios, programas y actividades de la Administración educativa. Pueden sumarse los de otras administraciones y los adscritos por convenio singular de vinculación. Lo coordina y planifica la Consejería.

Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz

El sistema educativo andaluz se guía por la Constitución, el Estatuto y los principios del artículo 1 de la LOE, y se basa en ocho principios: formación integral; equidad; mejora permanente; respeto al alumnado y a su diversidad; igualdad efectiva entre hombres y mujeres; convivencia sin segregación; pluralismo y diversidad cultural; y autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional en los centros. Se garantiza a padres y madres la formación religiosa y moral de sus hijos acorde con sus convicciones; la enseñanza pública será laica.

Artículo 5. Objetivos de la Ley

La Ley se marca veinte objetivos (letras a a s, con la ñ), entre ellos: garantizar una educación permanente y compensatoria, la calidad y la igualdad efectiva de oportunidades; favorecer el éxito escolar y la escolarización en infantil y posobligatoria; que la población alcance una formación de secundaria posobligatoria o equivalente; promover la cultura de paz y la igualdad; profundizar en la autonomía de los centros; potenciar la orientación y la evaluación; y promover la relación electrónica de la Administración educativa con la ciudadanía y los centros.

Artículo 6. Igualdad de derechos y deberes

Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes; su ejercicio y cumplimiento se adecuará, cuando proceda, a su edad y a las enseñanzas que curse. Los centros orientarán la formación del alumnado en el conocimiento y correcto ejercicio de esos derechos y deberes. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La Administración educativa hace el seguimiento y valoración de su ejercicio y cumplimiento.

Artículo 7. Derechos del alumnado

El alumnado tiene derecho a una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades. Son también derechos, entre otros: el estudio; la orientación educativa y profesional; la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento; el acceso a las TIC y el uso seguro de Internet; el respeto a su libertad de conciencia e identidad; la igualdad de oportunidades; la libertad de expresión, asociación y reunión; la protección contra toda agresión física o moral, y la participación en la vida del centro.

Artículo 8. Deberes del alumnado

El estudio es el deber fundamental del alumnado: asistir regularmente a clase con puntualidad, participar en las actividades del currículo, respetar los horarios y el derecho al estudio de los compañeros. Además debe respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. Son también deberes, entre otros: respetar la dignidad de la comunidad educativa y la igualdad entre hombres y mujeres; respetar las normas de convivencia; usar responsablemente instalaciones y material, y participar en la vida del centro.

Artículo 9. Participación del alumnado

La Administración educativa desarrollará medidas para favorecer la participación del alumnado en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y el funcionamiento de las Juntas de Delegados y Delegadas del Alumnado. También se favorecerá su participación en los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, a través de los delegados y delegadas de cada centro, y en el Consejo Escolar de Andalucía.

Artículo 10. Asociaciones del alumnado

El alumnado matriculado puede asociarse, en función de su edad, según la normativa vigente. Sus fines mínimos son: expresar la opinión del alumnado sobre su situación en los centros; colaborar en la labor educativa y en las actividades complementarias y extraescolares; promover la participación del alumnado en los órganos colegiados, y realizar actividades culturales, deportivas y de trabajo en equipo. La Administración favorece el asociacionismo y las federaciones y confederaciones. Tienen derecho a ser informadas de actividades, funcionamiento, evaluaciones y Plan de Centro.

Artículo 11. Inscripción y registro

Las asociaciones del alumnado se inscriben en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, previsto en el artículo 180 de la propia Ley, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 12. Medidas de fomento del asociacionismo

Artículo 13. Ordenación de la función pública docente

La función pública docente andaluza se ordena por la LOE, el EBEP, esta Ley y su desarrollo. La integran los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes, en prácticas e interinos. Hacen funciones docentes en régimen laboral el profesorado especialista y el personal laboral fijo de la disposición transitoria quinta de la LOE. La Administración puede, entre otras cosas, incorporar especialistas sin la titulación general en FP y enseñanzas artísticas y deportivas, profesorado de otros países y, en las enseñanzas artísticas superiores, profesorado emérito.

Artículo 14. Registro de personal docente

El personal docente al que se refiere la Ley se inscribe en un registro auxiliar de personal docente del Registro General de Personal de la Junta de Andalucía. En ese registro auxiliar se inscriben todos los actos que afecten a su vida administrativa, según se determine reglamentariamente.

Artículo 15. Selección del profesorado

La selección para el ingreso en los cuerpos docentes sigue la LOE, esta Ley y su desarrollo. La fase de prácticas dura un curso académico, se hace en un centro público previamente acreditado e incluye un curso de formación de la Administración educativa. Su dirección puede encomendarse a profesorado experimentado, con preferencia legal de los catedráticos. Se evalúa por el desempeño y el curso; si es positiva, se nombra funcionario de carrera. El acceso como interino se regula reglamentariamente con igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 16. Provisión de puestos docentes

Por regla general, los puestos docentes de centros, zonas y servicios se cubren por funcionarios de carrera mediante el concurso de traslados. La Administración educativa convocará concursos específicos para cubrir con carácter provisional vacantes por funcionarios de carrera sin destino definitivo y por interinos, y también para los puestos con requisitos o perfiles específicos que no puedan cubrirse por los sistemas anteriores, siempre con igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Artículo 17. Adscripción de personal docente a la Administración educativa

La Consejería competente en materia de educación puede adscribir a sus centros directivos personal funcionario docente para tareas específicas del ámbito educativo, en comisión de servicios y por duración determinada. Las características y efectos de esa ocupación se fijan reglamentariamente.

Artículo 18. Formación inicial del profesorado

La formación inicial del profesorado se ajusta a las titulaciones y cualificaciones exigidas y se regula según el artículo 100 de la LOE. Abarca conocimientos, capacidades y aptitudes; su componente esencial es la relación permanente entre teoría y práctica. La Consejería competente en materia de educación suscribe convenios con las universidades para organizarla, y su fase de prácticas se hace en centros docentes previamente acreditados por la Administración educativa.

Artículo 19. Formación permanente del profesorado

La formación permanente es un derecho y una obligación del profesorado. La Consejería competente en materia de educación hará una oferta formativa diversificada. Su objetivo es perfeccionar la práctica educativa para mejorar el rendimiento y desarrollo del alumnado. Las estrategias estimularán el trabajo cooperativo, fundamentalmente mediante la formación en centros y la autoformación. La Consejería colaborará con universidades e instituciones y facilitará el acceso a titulaciones universitarias.

Artículo 20. Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado

El desarrollo profesional docente para mejorar la práctica educativa se promueve a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, según determine la Administración educativa. Este sistema se organiza en una red de centros del profesorado, con autonomía pedagógica y de gestión, conforme al desarrollo reglamentario.

Artículo 21. Incentivos profesionales y licencias

La Consejería competente en materia de educación puede establecer incentivos económicos anuales para el profesorado de centros públicos por lograr los objetivos de rendimiento del Plan de Centro acordados con la Administración. Esta regulará además: licencias por estudios para otras titulaciones o investigación; licencias para estudios, intercambios puesto a puesto y estancias en el extranjero para perfeccionar idiomas; licencias para estancias en centros de trabajo del profesorado de formación profesional, y premios por contribuciones destacadas a la mejora educativa.

Artículo 22. Promoción profesional

Sin perjuicio de la LOE, la Administración educativa favorecerá la promoción profesional del profesorado de centros públicos sin necesidad de cambiar de cuerpo. Se tendrán en cuenta, al menos: proyectos de experimentación, investigación e innovación evaluados; docencia en lengua extranjera; función directiva; acción tutorial; implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento, y dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. También se regulará el reconocimiento de la participación en planes, proyectos y programas para los procedimientos concursales.

Artículo 23. Medidas para el profesorado

El profesorado de centros públicos mayor de 55 años puede, si lo solicita, reducir su jornada lectiva semanal con disminución proporcional de retribuciones, o sustituirla parcialmente por otras actividades sin reducirlas. Puede incorporarse profesorado jubilado voluntario para bibliotecas, animación a la lectura y apoyo a los equipos directivos, sin proveer puestos. Hay asistencia psicológica y jurídica gratuita por hechos derivados del ejercicio profesional y acceso gratuito a bibliotecas y museos públicos.

Artículo 24. Prevención de riesgos y salud laboral

La Administración educativa, dentro de la política general de prevención de riesgos y salud laboral y conforme a la legislación aplicable, establecerá medidas específicas para promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y para actuar decididamente en materia de prevención.

Artículo 25. Participación de las asociaciones profesionales del profesorado en el Sistema Andaluz de Formación Permanente

Sin perjuicio de la representatividad sindical de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Administración educativa facilitará que los representantes de los movimientos de renovación pedagógica y de las asociaciones profesionales del profesorado legalmente constituidas participen en las comisiones del Sistema Andaluz de Formación Permanente y en otras dirigidas a mejorar la práctica docente, elaborar materiales didácticos o promover la innovación, siempre que esas actividades estén entre sus fines.

Artículo 26. Inscripción y registro

Los movimientos de renovación pedagógica y las asociaciones profesionales del profesorado se inscriben en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza del artículo 180 de la Ley, según el procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 27. Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos

Los centros públicos y servicios educativos tendrán personal de administración y servicios para ejecutar su proyecto de gestión, y profesionales cualificados para la atención educativa complementaria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se fomentará su participación, especialmente en convivencia, y en el Consejo Escolar. La Junta establecerá planes de formación y medidas de salud laboral para este personal, y se le dará asistencia jurídica y psicológica gratuita por hechos de su ejercicio profesional en los términos del artículo 23.6.

Artículo 28. Horario y jornada laboral

Se establecerán jornadas especiales para que el horario laboral del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los centros públicos y servicios educativos se adecue a las necesidades de esos centros y servicios.

Artículo 29. Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas

Las familias tienen derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas; la Administración educativa les facilitará información para estimularlo. Padres, madres o tutores legales, como principales responsables de su educación, deben colaborar con los centros y el profesorado, especialmente en infantil y enseñanza básica. Los centros docentes deben informar periódicamente a las familias sobre la evolución escolar y se fijarán procedimientos para relacionarse con el profesorado y para oírlas en decisiones que afecten a dicha evolución. La Administración impulsará su formación.

Artículo 30. Participación en la vida de los centros

La Administración educativa desarrollará medidas para estimular la participación de las familias en la vida de los centros y en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres con los equipos directivos y las acciones formativas conjuntas de familias y profesorado.

Artículo 31. El compromiso educativo

Para estrechar la colaboración con el profesorado, padres, madres o tutores pueden suscribir con el centro un compromiso educativo que procure un adecuado seguimiento del aprendizaje de sus hijos, según lo que se determine reglamentariamente. Está especialmente indicado para alumnado con dificultades de aprendizaje y puede suscribirse en cualquier momento del curso. El Consejo Escolar hace su seguimiento para garantizar su efectividad y proponer medidas si se incumple.

Artículo 32. El compromiso de convivencia

Las familias del alumnado con problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares pueden suscribir con el centro un compromiso de convivencia para coordinarse con el profesorado y otros profesionales y colaborar en las medidas propuestas, en tiempo escolar y extraescolar. Puede suscribirse en cualquier momento del curso. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, hace su seguimiento y propone medidas si se incumple.

Artículo 33. Comunicación electrónica y otras formas de relación

La Administración educativa facilitará que los centros desarrollen nuevos canales de comunicación electrónica con las familias para consultas e intercambio de información por Internet y medios análogos. Los centros potenciarán actividades de extensión cultural para toda la comunidad educativa que relacionen al profesorado con las familias más allá de lo académico.

Artículo 34. Creación de las asociaciones

Los padres y madres del alumnado matriculado pueden asociarse según la normativa vigente. Sus asociaciones tienen los fines de sus estatutos y, al menos: asistir a padres, madres o tutores en lo que concierna a la educación de sus hijos; colaborar en las actividades educativas de los centros, y promover la participación de los padres y madres en la gestión del centro. Tienen derecho a ser informadas de las actividades y funcionamiento de los centros, de sus evaluaciones y del Plan de Centro.

Artículo 35. Inscripción y registro

Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscriben en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza del artículo 180 de la Ley, según el procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 36. Medidas de fomento del asociacionismo

La Administración educativa fomentará la creación y el desarrollo de asociaciones de padres y madres del alumnado, así como de sus federaciones y confederaciones.

Artículo 113. Principios de equidad

Es alumnado con necesidad específica de apoyo educativo el que tiene necesidades educativas especiales, el de incorporación tardía, el que precisa acciones compensatorias y el de altas capacidades intelectuales. Su escolarización se rige por normalización, inclusión, flexibilización, personalización y coordinación interadministrativa. La Administración lo distribuye de forma equilibrada entre centros sostenidos con fondos públicos y puede reservar plazas hasta el final del periodo de matrícula. El alumnado sordo se escolariza preferentemente en centros con intérpretes de lengua de signos.

Artículo 114. Detección y atención temprana

La Junta de Andalucía establecerá actuaciones para la población infantil de cero a seis años, sus familias y su entorno, para prevenir, detectar e intervenir precozmente ante cualquier trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo. También actuará para identificar cuanto antes al alumnado con altas capacidades intelectuales. Las medidas específicas que necesite este alumnado se inician en el segundo ciclo de infantil y se mantienen, mientras sean necesarias, durante toda la escolarización. Se promoverá la escolarización en infantil del alumnado en desventaja familiar y social.

Artículo 115. Formación del profesorado

Los planes de formación del profesorado incluirán acciones específicas para mejorar la cualificación de los profesionales en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La Administración educativa favorecerá la formación en los centros de equipos docentes implicados en esa atención y en proyectos para el alumnado con necesidades educativas especiales, compensación educativa, alumnado inmigrante o de altas capacidades intelectuales.

Artículo 116. Profesorado y personal de atención educativa complementaria

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales en infantil, primaria y ESO corresponde al profesorado y, en su caso, a otros profesionales cualificados. Los centros con planes de compensación educativa reciben profesorado de apoyo y el reforzamiento del departamento de orientación o del equipo de orientación educativa. Los centros con programas para alumnado con graves carencias lingüísticas o de competencias por incorporación tardía reciben profesorado de apoyo y profesionales cualificados.

Artículo 117. Medios materiales y apoyos

Los centros que atiendan alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios, avances técnicos y recursos específicos que garanticen su escolarización en condiciones adecuadas, y recibirán una atención preferente de los servicios de apoyo a la educación.

Artículo 118. Centros privados concertados

La Administración educativa financia la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros privados concertados mediante la concertación de unidades de apoyo a la integración o de educación especial.

Artículo 119. Adaptación de las pruebas al alumnado con necesidades educativas especiales

La Administración educativa adaptará al alumnado con necesidades educativas especiales las distintas pruebas de acceso a enseñanzas o para obtener titulaciones previstas en la Ley.

Artículo 120. Residencias escolares

Las residencias escolares son centros públicos que acogen, en régimen de familia sustitutoria, al alumnado que cursa estudios posobligatorios fuera de su lugar de origen o al de enseñanzas obligatorias cuyas circunstancias personales o familiares lo aconsejen. Se regularán reglamentariamente su acceso, organización y funcionamiento, con participación de la comunidad educativa y contribución de las familias a su financiación en el caso de enseñanzas posobligatorias.

Artículo 121. Escuelas-hogar

Las escuelas-hogar existentes son centros de titularidad privada que realizan funciones análogas a las de las residencias escolares, pero solo en el ámbito del alumnado de enseñanzas obligatorias.

Artículo 122. Sistema público de becas y ayudas al estudio

Para garantizar la igualdad en el derecho a la educación, el alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables tiene derecho a becas y ayudas al estudio. En la enseñanza posobligatoria se tiene en cuenta además el rendimiento escolar. Conforme al artículo 52 del Estatuto, corresponde a la Junta el régimen de becas y ayudas con fondos propios y el desarrollo normativo y la ejecución de las estatales.

Artículo 123. Gratuidad de los servicios complementarios

El transporte escolar es gratuito para el alumnado de enseñanza básica obligado a desplazarse fuera de su localidad por no existir allí la etapa correspondiente; la Administración fijará condiciones para extenderlo a infantil de segundo ciclo, bachillerato y FP. El comedor es gratuito para ese alumnado de enseñanza básica cuando, además, tenga jornada de mañana y tarde y no disponga de transporte al mediodía. La residencia escolar y la escuela-hogar son gratuitas para el alumnado de enseñanza básica.

Artículo 124. Reducción del precio público de determinados servicios

Pueden reducirse los precios públicos del comedor escolar, aula matinal, actividades extraescolares y residencia escolar según los ingresos de la unidad familiar, conforme al desarrollo reglamentario. No contribuyen a su coste las familias en dificultad social extrema o riesgo de exclusión, incluidos los hijos de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres maltratadas. Esas familias tampoco contribuyen al coste de las estancias en países de la Unión Europea previstas en la Ley.

Artículo 125. Disposiciones generales

Los centros tienen autonomía pedagógica, de organización y de gestión para funcionar con modelos propios dentro de la legislación vigente. Esos modelos pueden incluir planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos, ampliación del horario o proyectos de innovación, según establezca la Consejería. Los centros sostenidos con fondos públicos los concretan en su proyecto educativo, su reglamento de organización y funcionamiento y, en su caso, su proyecto de gestión. En los concertados se facilitará el régimen de cooperativas. La Consejería dota de recursos según el centro y su alumnado.

Artículo 126. El Plan de Centro

El Plan de Centro lo forman tres documentos: el proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. La Consejería de educación fija el marco general para que los centros sostenidos con fondos públicos lo elaboren. El Plan de Centro es plurianual, obliga a todo el personal del centro y vincula a su comunidad educativa. Es público y se facilitará que lo conozcan la comunidad educativa y la ciudadanía.

Artículo 127. El proyecto educativo

El proyecto educativo define los objetivos particulares del centro a partir de su realidad y de la regulación de la etapa y del currículo. Aborda en todo caso: líneas de actuación pedagógica; coordinación de contenidos y educación en valores; atención a la diversidad; plan de orientación y acción tutorial; plan de convivencia, con normas generales y de aula; mejora del rendimiento; plan de formación del profesorado; criterios del tiempo escolar y extraescolar; evaluación interna; y lo que atribuya la Administración. Es la seña de identidad del centro.

Artículo 128. El reglamento de organización y funcionamiento

El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas que facilitan el clima adecuado para los objetivos del centro y un ambiente de respeto, confianza y colaboración. Contempla: cauces de participación de la comunidad educativa; criterios de rigor y transparencia en las decisiones de los órganos de gobierno y coordinación, sobre todo en escolarización y evaluación; espacios, instalaciones y recursos, con especial referencia a la biblioteca escolar; vigilancia, en su caso, de recreos, entradas y salidas; y lo que atribuya la Administración, siempre supeditado a la normativa.

Artículo 129. El proyecto de gestión

El proyecto de gestión de los centros públicos ordena el uso de sus recursos materiales y humanos. Los centros públicos tienen autonomía de gestión económica y, además de los fondos de la Administración, pueden obtener ingresos por servicios no gravados por tasas y otros fondos, que van a su cuenta autorizada; su reparto se recoge en el proyecto de presupuesto. Hacienda y Educación fijan la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión. El Consejo Escolar aprueba el presupuesto y justifica la cuenta mediante certificación.

Artículo 130. Autoevaluación de los centros sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos

Todos los centros sostenidos con fondos públicos se autoevalúan: su funcionamiento, sus programas, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los resultados del alumnado y las medidas de prevención de dificultades de aprendizaje. La autoevaluación la supervisa la inspección educativa. Su resultado se plasma cada año en una memoria con propuestas de mejora, que aprueba el Consejo Escolar. La hace un equipo de evaluación formado, al menos, por el equipo directivo y representantes de los sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.

Artículo 131. El equipo directivo de los centros públicos

El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos: director, jefe de estudios, secretario y, en su caso, vicedirector, más las jefaturas de estudios adjuntas y, a ciertos efectos, los coordinadores de planes estratégicos. El director se selecciona conforme a la LOE; a los demás los nombra y cesa la Administración educativa a propuesta del director, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, con presencia equilibrada de hombres y mujeres. La Consejería fija el horario de dedicación y organiza formación.

Artículo 132. El director o directora de los centros públicos

El director representa a la Administración educativa y al centro, dirige su organización y funcionamiento y ejerce la jefatura del personal y la dirección pedagógica. Tiene todas las competencias del órgano de contratación en contratos menores, incluida la aprobación del gasto. Ejerce la potestad disciplinaria sobre el personal de la Junta en su centro por incumplir el horario hasta nueve horas al mes, faltar un día sin justificar o incumplir deberes que no sean falta grave, con apercibimiento. Decide sobre las sustituciones del profesorado.

Artículo 133. El proyecto de dirección

El proyecto de dirección de un centro público debe recoger un conjunto de medidas y decisiones para desarrollar y evaluar el Plan de Centro, y por eso ha de basarse en él. Debe prestar especial atención al conocimiento del centro y de su entorno, a las estrategias de intervención y a los objetivos y finalidades que se quieren lograr con su aplicación y desarrollo.

Artículo 134. Reconocimiento de la función directiva

Los cargos directivos, sobre todo el de director, se retribuyen de forma diferenciada, con las cuantías que fije el Consejo de Gobierno, y se valoran especialmente para la provisión de puestos docentes. Los directores son evaluados al final de su mandato, teniendo en cuenta en todo caso el informe del Consejo Escolar; con evaluación positiva obtienen un reconocimiento personal y profesional. Quienes ejerzan con valoración positiva el tiempo que se fije conservan, en activo, parte del complemento. Al acabar el mandato pueden cambiar de centro.

Artículo 135. Composición y competencias

El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno por el que la comunidad educativa participa en el gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos. Aprueba y evalúa el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro sobre planificación y organización docente, y analiza y evalúa el funcionamiento del centro, el rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones. Su composición y competencias se fijan por reglamento; la elección de representantes en los centros públicos debe permitir la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Artículo 136. Composición y competencias

El Claustro de Profesorado es el órgano de participación del profesorado en el gobierno del centro. Le corresponde planificar, coordinar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos. Lo integran todos los profesores y profesoras que prestan servicio en el centro y lo preside el director o directora. Sus competencias en los centros sostenidos con fondos públicos se determinarán reglamentariamente conforme a la LOE.

Artículo 137. Regulación y funcionamiento

Son órganos de coordinación docente y de orientación: en los institutos de educación secundaria, los departamentos de coordinación didáctica y los de orientación; en los centros de infantil y primaria, los equipos de ciclo y los equipos de orientación. La Administración educativa puede determinar otros. También regula estos órganos en los centros públicos y su funcionamiento, potenciando la colaboración y el trabajo en equipo del profesorado de un mismo grupo.

Artículo 138. Equipos de ciclo y de orientación

Los equipos de ciclo organizan y desarrollan las enseñanzas del ciclo y los integran todos sus maestros. Existen en los centros públicos de infantil con segundo ciclo y en los de primaria, con un coordinador nombrado a propuesta del director. Los centros públicos de infantil y primaria tienen además un equipo de orientación con, al menos, un profesional del equipo de orientación educativa, que se integra en el Claustro, y en su caso maestros especializados y otros profesionales. Asesora sobre el plan de orientación y acción tutorial y las adaptaciones curriculares.

Artículo 139. Departamentos

En los institutos y en los centros públicos de enseñanzas artísticas y de idiomas hay departamentos de coordinación didáctica y de orientación. Los didácticos tienen un jefe nombrado a propuesta del director y pueden agruparse en áreas científico-tecnológica, social-lingüística y artística según el proyecto educativo, coordinadas por uno de los jefes implicados. En orientación se integran, al menos, los orientadores. Las jefaturas las ejerce preferentemente profesorado de los cuerpos de catedráticos. Los departamentos proponen el reparto de materias entre el profesorado.

Artículo 140. Equipos docentes

Los equipos docentes los forman todos los profesores que dan clase al alumnado de un mismo grupo y los coordina su tutor o tutora. Trabajan para prevenir problemas de aprendizaje o de convivencia y comparten la información necesaria para actuar coordinadamente. Para ello se habilitarán horarios específicos de reuniones de coordinación.

Artículo 141. La tutoría

Cada unidad o grupo tiene un tutor o tutora, designado por el director entre el profesorado que le da clase. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales la ejerce el profesorado especializado en su atención. Los tutores dirigen y orientan el aprendizaje del alumnado y le apoyan en su proceso educativo en colaboración con las familias. La función tutorial se reconocerá económica y profesionalmente según se establezca por reglamento.

Artículo 142. Redes educativas

La Administración educativa favorece que los centros funcionen en red para compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar intercambios de alumnado y profesorado. También favorece redes de profesorado y de centros con programas, planes y proyectos de mejora. Para resolver pacíficamente los conflictos de convivencia, impulsará redes de mediación en las zonas educativas, integradas por miembros de la comunidad educativa y personas expertas en regulación de conflictos, con formación en los propios centros.

Artículo 143. Las zonas educativas

Las zonas educativas agrupan los centros y recursos educativos que determine la Consejería para que su actuación coordinada mejore la calidad del servicio. Las dirige y coordina la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería. Se les puede adscribir personal docente, de administración y servicios y de atención educativa complementaria. En cada zona hay un Consejo de Coordinación de zona, presidido por el Delegado Provincial, con los directores de los centros sostenidos con fondos públicos, la inspección educativa y los servicios de apoyo.

Artículo 144. Servicios de apoyo a la educación

Los equipos de orientación educativa son unidades básicas de orientación psicopedagógica con funciones especializadas en orientación educativa, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y apoyo a la función tutorial, que actúan en los centros que se determinen; los integran orientadores, profesores y otros profesionales no docentes. Los centros del profesorado son unidades de la Consejería encargadas de dinamizar, planificar y desarrollar la formación del profesorado. Su organización se fija por reglamento y la Administración evaluará estos servicios.

Artículo 145. Inspección del sistema educativo

La Administración educativa inspecciona todos los centros públicos, concertados y privados, servicios, programas y actividades del sistema educativo andaluz, salvo el universitario, mediante funcionarios del cuerpo de inspectores de educación y del extinguido cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa que no se incorporaron al primero. Sus funciones y atribuciones son las de los artículos 151 y 153 de la LOE; además, pueden requerir a directores y titulares que adapten sus actuaciones a la normativa y mediar en conflictos.

Artículo 146. Organización de la inspección educativa

Los funcionarios que ejercen la inspección educativa actúan de manera indistinta en las diferentes enseñanzas y niveles del sistema educativo, salvo el universitario. Para las tareas que se les asignen, los inspectores e inspectoras de educación intervienen en los centros, servicios y recursos que se determinen.

Artículo 147. Planes de actuación

La inspección educativa desarrolla sus funciones mediante planes de actuación generales y provinciales. Esos planes son públicos y fijan las acciones de supervisión, evaluación, asesoramiento e información que deben hacer los inspectores, dirigidas a mejorar la enseñanza, los resultados del aprendizaje y la organización y funcionamiento de los centros. También recogen la coordinación de la inspección con los servicios de apoyo a la educación.

Artículo 148. Consideración de autoridad pública

En el desempeño de sus funciones, los inspectores e inspectoras de educación tienen la consideración de autoridad pública. Por ello, los miembros de la comunidad educativa y las demás autoridades y funcionarios les prestarán la ayuda y colaboración precisas para desarrollar su actividad.

Artículo 149. Visita a los centros docentes

Los inspectores de educación visitan, en ejercicio de sus funciones, los centros públicos y privados y los servicios e instalaciones donde se desarrollen actividades educativas, a los que tienen acceso. De las visitas se deja constancia escrita según el procedimiento que se determine. La visita de inspección es el instrumento básico de la acción inspectora y busca supervisar, evaluar y asesorar los procesos y resultados de centros y servicios educativos.

Artículo 150. Formación y evaluación

La Administración educativa incluirá en sus planes de formación actividades para el perfeccionamiento y actualización de los inspectores y facilitará que asistan a formación útil para su ejercicio profesional. Podrá facilitar licencias por estudios y para investigación, siempre que redunden en beneficio de la práctica de la inspección. Además, desarrollará procesos de evaluación interna y externa de la inspección educativa para mejorar su funcionamiento y el del sistema educativo.

Artículo 151. Realización de trámites administrativos a través de medios electrónicos

La Administración educativa facilitará e impulsará los trámites administrativos por Internet y la relación electrónica de la ciudadanía con los centros docentes. Prestará especial atención a los procedimientos de escolarización y matriculación del alumnado y a los que realizan los miembros de la comunidad educativa, en particular el profesorado.

Artículo 152. Calidad de los servicios educativos

Dentro de la normativa vigente, la Administración educativa favorecerá las Cartas de Servicios y los sistemas de evaluación de la calidad de sus órganos y unidades administrativas. Las Cartas de Servicios plasman el compromiso de calidad del órgano y recogen las prestaciones y los derechos de la ciudadanía respecto de los servicios que ofrece.

Artículo 153. Finalidades y ámbitos de la evaluación

La evaluación del sistema educativo andaluz busca su mejora permanente y un aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado que contribuya a su éxito escolar. Abarca todos los ámbitos educativos de la Ley y se aplica a los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros, la inspección, los servicios de apoyo y la propia Administración educativa.

Artículo 154. Requisitos de la evaluación educativa

La evaluación educativa debe cumplir cinco requisitos: confidencialidad en el tratamiento de la información; participación de todos los sectores implicados; respeto a la intimidad de las personas durante toda la indagación y recogida de datos; objetividad, y publicidad de los resultados obtenidos.

Artículo 155. Evaluación general del sistema educativo

La evaluación general del sistema educativo andaluz la realiza la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. La Agencia establece y hace públicos los procedimientos y criterios para un sistema de información homogéneo que asegure una evaluación objetiva, elabora planes plurianuales de evaluación general y puede colaborar con organismos nacionales e internacionales de evaluación. Se favorecerá la participación en programas internacionales de evaluación educativa.

Artículo 156. Evaluaciones de diagnóstico

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa realiza las evaluaciones generales de diagnóstico del artículo 144 de la LOE. Además, al finalizar el segundo ciclo de primaria y el segundo curso de ESO, los centros realizan una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas de su alumnado, con carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y la comunidad educativa.

Artículo 157. Evaluación y acreditación del profesorado

La Administración educativa establecerá un sistema de evaluación del profesorado que permita acreditar méritos a efectos de su promoción profesional. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa es el órgano responsable de realizar esa evaluación, garantizando plena transparencia, objetividad, imparcialidad y confidencialidad del procedimiento.

Artículo 158. Evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elabora y desarrolla planes de evaluación de los centros, programas y servicios educativos y de valoración de la función directiva y docente. En ellos se tienen en cuenta la situación socioeconómica y cultural de las familias y del alumnado, el entorno del centro y sus recursos.

Artículo 159. Difusión del resultado de las evaluaciones

La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las conclusiones de interés general de las evaluaciones realizadas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.

Artículo 160. Creación de la Agencia

Se crea la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa como agencia administrativa de la Junta de Andalucía, que ejerce en la Comunidad Autónoma las funciones del Título VI de la LOE y de esta Ley. Se adscribe a la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 161. Naturaleza de la Agencia

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, en los términos de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Su organización y funcionamiento se rigen por esta Ley, sus estatutos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 162. Fines y objetivos de la Agencia

Objetivos de la Agencia: fomentar la cultura de la evaluación y la autoevaluación de los centros; homologar criterios y métodos con los de organismos nacionales y europeos para mejorar la calidad y permitir comparaciones; colaborar en la evaluación continua de los centros sobre su funcionamiento, programas, procesos y resultados; favorecer los objetivos de cada centro para mejorar el rendimiento y la continuidad del alumnado; fomentar la evaluación y acreditación del profesorado, y contribuir a la calidad del Sistema Educativo Público de Andalucía.

Artículo 163. Órganos de gobierno, de dirección y de carácter técnico de la Agencia

Los órganos de gobierno y dirección de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa son el Consejo Rector, la Presidencia y la Dirección General. La Comisión Técnica de Evaluación y Certificación es su órgano colegiado técnico de evaluación. El Consejo Rector, presidido por la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, es el órgano superior: tiene la alta dirección y el gobierno y fija las directrices conforme a las de la Consejería.

Artículo 164. Régimen económico y financiero de la Agencia

Recursos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa: rendimiento de su patrimonio; ingresos por su actividad y servicios; créditos asignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma; subvenciones; cantidades por la enajenación de sus bienes o productos, y cualesquiera otros conforme a la normativa aplicable.

Artículo 165. Régimen jurídico de los actos de la Agencia

Los actos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se rigen por el régimen jurídico que la normativa vigente establece para la Administración de la Comunidad Autónoma.

Artículo 166. Régimen de personal de la Agencia

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa dispondrá de la relación de puestos de trabajo que se determine. Su personal puede ser funcionario o laboral, en los términos y condiciones del resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía y conforme a la legislación aplicable.

Artículo 167. Código ético

Para garantizar la confidencialidad de las personas, unidades e instituciones evaluadas y la objetividad e imparcialidad de sus intervenciones, la Agencia establecerá un código ético de actuación. Será público e incluirá, como condición necesaria, el procedimiento para incorporar la opinión de las personas o unidades evaluadas, sin perjuicio de las normas generales del personal al servicio de la Administración.

Artículo 168. Estatutos y constitución efectiva de la Agencia

Los estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa especificarán, entre otros, sus competencias y potestades, la composición y funcionamiento de sus órganos, el reparto de competencias y su rango, su patrimonio y recursos, y sus regímenes de personal, contratación, presupuesto, intervención, control financiero y contabilidad. La Agencia se constituye efectivamente con la entrada en vigor de sus estatutos, aprobados por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de educación.

Artículo 169. Marco de la cooperación

Las Corporaciones locales cooperan con la Administración educativa en la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Facilitan la información demográfica para planificar la escolarización y pueden cooperar en actividades o servicios complementarios. La Consejería competente en materia de educación establecerá procedimientos de colaboración con las federaciones de Corporaciones locales más representativas de Andalucía.

Artículo 170. Solares necesarios para la construcción de centros educativos

Los municipios pondrán a disposición de la Administración educativa los solares necesarios para construir nuevos centros públicos en las nuevas áreas de expansión, con suelos obtenidos gratuitamente en el desarrollo urbanístico. En los demás casos, cooperarán con la Administración educativa en la obtención de solares.

Artículo 171. Edificios destinados a centros docentes públicos

La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de centros públicos de infantil, primaria o educación especial corresponden al municipio, y no pueden destinarse a otros fines sin autorización previa de la Administración educativa. En rehabilitación energética, municipios y Junta pueden cofinanciar por convenio, hasta el 100 %. Si la Comunidad afecta edificios municipales a secundaria o FP por necesidades de escolarización, asume los gastos municipales, salvo que se impartan también 1.º y 2.º de ESO; si la afectación es parcial, habrá convenio.

Artículo 172. Centros docentes de titularidad municipal

La Administración educativa puede establecer convenios de cooperación con las Corporaciones locales para crear centros de titularidad municipal que impartan enseñanzas del sistema educativo.

Artículo 173. Conservatorios elementales y escuelas de música y danza de titularidad municipal

La Administración educativa colabora en el sostenimiento de los conservatorios elementales y de las escuelas de música y danza de titularidad municipal mediante ayudas económicas concedidas con publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación.

Artículo 174. Ámbitos de actuación y fórmulas de colaboración

La Administración educativa y las administraciones locales pueden colaborar en el servicio educativo, en especial en: absentismo; compensación educativa; admisión del alumnado; educación de personas adultas; actividades sobre el municipio, su patrimonio y medio ambiente; uso de instalaciones de los centros fuera del horario y en vacaciones; uso de instalaciones municipales, bibliotecas y deportivas; actividades extraescolares; programas de cualificación profesional inicial, y cualquier actuación propia del municipio como entidad educadora. Se articula mediante convenios.

Artículo 175. Cooperación con las universidades andaluzas

La Administración educativa y las universidades andaluzas cooperan en la mejora del sistema educativo, principalmente en: enseñanza de personas adultas; investigación y evaluación educativa; acceso a la educación superior; formación inicial y permanente del profesorado; prácticas del alumnado universitario en el sistema educativo; extensión universitaria y voluntariado; actividad académica bilingüe; materiales pedagógicos, e incorporación del profesorado de los cuerpos docentes a los departamentos universitarios. Se articula mediante convenios.

Artículo 176. Concertación de políticas educativas y de programas de cooperación territorial

La Administración educativa andaluza puede concertar con otras administraciones educativas criterios y objetivos comunes para mejorar la calidad y garantizar la equidad, y participar en los programas de cooperación territorial que promueva la Administración General del Estado para alcanzar los objetivos educativos del artículo 9 de la LOE.

Artículo 177. El voluntariado en el ámbito educativo

El voluntariado educativo se rige por los principios del artículo 4 de la Ley 7/2001, del Voluntariado, y se orienta preferentemente a: actividades complementarias o extraescolares; abrir los centros a su entorno; la acción educativa de la Junta en el exterior; el uso de las instalaciones fuera del horario escolar; el tiempo libre de niños y jóvenes; la integración de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, y otras de solidaridad. En ningún caso puede sustituir trabajo remunerado ni eximir a las administraciones de prestar servicios reconocidos como derechos.

Artículo 178. Requisitos de las entidades colaboradoras

Las entidades que quieran hacer voluntariado en el ámbito educativo deben estar legalmente constituidas, tener personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y desarrollar programas de acción voluntaria en ese ámbito. Además deben inscribirse en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza del artículo 180, según el procedimiento reglamentario.

Artículo 179. Celebración de convenios

La Consejería competente en materia de educación puede celebrar convenios con entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo para realizar esas actividades.

Artículo 180. Creación

Se crea el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, público, para inscribir las asociaciones del alumnado y de padres y madres, los movimientos de renovación pedagógica y asociaciones profesionales del profesorado, y las entidades de voluntariado educativo. Su organización, funcionamiento, alcance y contenido se fijan reglamentariamente. La inscripción de las entidades de voluntariado se hace a través del Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, con mecanismos de coordinación.

Artículo 181. Percepción de subvenciones o ayudas públicas

Estar inscrito en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza es requisito indispensable para acceder a las subvenciones o ayudas que convoque a estos efectos la Consejería competente en materia de educación con cargo a sus propias consignaciones presupuestarias.

Artículo 182. Participación de las organizaciones empresariales y sindicales en los Consejos Escolares

Las organizaciones empresariales y sindicales tienen representación en los Consejos Escolares previstos en la Ley 4/1984, de 9 de enero, de Consejos Escolares, en los términos de esa ley y de su normativa de desarrollo.

Artículo 183. Convenios de colaboración con empresas y con organizaciones empresariales y sindicales

La Administración educativa puede firmar convenios con empresas u organizaciones empresariales para la fase de formación en centros de trabajo del alumnado de formación profesional, y con organizaciones empresariales, sindicales y sociales para actividades de interés educativo.

Artículo 184. Contribución al proceso educativo

La Consejería competente en materia de educación puede establecer acuerdos con los medios de comunicación para que profesionales de la información y de la educación converjan en un proyecto de formación de la juventud andaluza. Los poderes públicos favorecerán que los medios incluyan en sus códigos éticos los principios de la educación andaluza, evitando contenidos violentos, degradantes u ofensivos.

Artículo 185. Programas de interés educativo

Los poderes públicos promoverán programas o espacios de interés educativo en cualquier medio de comunicación social, pudiendo suscribir convenios de colaboración. La Consejería competente en materia de educación impulsará la colaboración con la Radiotelevisión Pública de Andalucía para emitir programas de interés educativo.

Artículo 1. Objeto

La ley tiene un doble objeto: por un lado, ordenar y coordinar el sistema universitario andaluz; por otro, regular las actividades de enseñanza universitaria realizadas en Andalucía. Todo ello con respeto al principio de la autonomía universitaria y en el marco de la normativa estatal y del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2. Sistema universitario andaluz

El sistema universitario andaluz lo integran el conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, y además los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones. No se limita, por tanto, a las universidades públicas ni a las propias universidades como entidades.

Artículo 3. Principios informadores del sistema universitario andaluz

Enumera dieciséis principios informadores del sistema (letras a a o, con ñ): autonomía universitaria basada en la libertad académica (cátedra, investigación y estudio); objetividad e independencia de los órganos; coordinación y cooperación; servicio público; igualdad; participación; corresponsabilidad; políticas eficientes de personal; formación integral; calidad y evaluación; encuentro con el entorno; Espacio Europeo; cooperación solidaria; cultura emprendedora; desarrollo territorial y suficiencia financiera.

Artículo 4. Régimen jurídico

Todas las universidades andaluzas se rigen por esta ley y sus normas de desarrollo (sin perjuicio de la normativa estatal) y por su ley de creación o reconocimiento; las privadas, también por la normativa de su figura jurídica. Las públicas se rigen además por sus estatutos y por la legislación estatal de procedimiento administrativo común, y les alcanza la legislación andaluza de Hacienda Pública en cuanto al control financiero. Las privadas, por sus normas de organización y funcionamiento y su normativa interna.

Artículo 5. Funciones, reserva de actividad y de denominación

Las universidades andaluzas prestan el servicio público de educación superior mediante docencia, formación continua, investigación, transferencia de conocimiento, extensión cultural y estudio. El sistema garantiza, entre otros, igualdad de oportunidades, deporte y emprendimiento; las públicas procurarán además desarrollo territorial, lucha contra la despoblación y envejecimiento activo. Nadie puede, sin autorización de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercer actividades reservadas a las universidades ni usar sus denominaciones reservadas u otras que induzcan a confusión.

Artículo 6. Prerrogativas y potestades de las universidades públicas de Andalucía

Las universidades públicas andaluzas, como Administraciones públicas, tienen las prerrogativas propias de estas y, en todo caso: potestad reglamentaria sobre su funcionamiento y organización; de programación y planificación; de investigación, deslinde y recuperación de oficio de bienes; presunción de legalidad y ejecutividad; ejecución forzosa y potestad sancionadora; revisión de oficio; inembargabilidad de bienes e imprescriptibilidad de derechos; prelaciones de la Hacienda Pública, y exención de garantías, depósitos y cauciones. Además, tienen plena capacidad patrimonial y contractual.

Artículo 65. Competencias

La coordinación de la política universitaria y del sistema universitario andaluz corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que la ejerce a través de la Consejería competente en materia de universidades. Es la regla de atribución de competencia que abre el título dedicado a la coordinación universitaria.

Artículo 66. Objetivos y fines

Enumera, de la a) a la p) (con ñ), los objetivos y fines de la coordinación de la política universitaria andaluza: planificación del sistema; mejora de la calidad con criterios comunes de evaluación; armonización y excelencia; programación académica coherente; becas; movilidad; transparencia; actividades conjuntas; patrimonio universitario; admisión homogénea; colaboración; internacionalización; redes de cooperación al desarrollo; inserción laboral; objetivos mínimos comunes de estabilidad presupuestaria; cláusula abierta, y criterios para crear y reconocer universidades y centros.

Artículo 67. Definición y adscripción

El Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria es el órgano administrativo colegiado de participación administrativa y social que ejerce funciones de consulta, planificación y asesoramiento del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de universidades. Se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de universidades de la Junta de Andalucía.

Artículo 68. Funcionamiento

El Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria funciona en pleno y en comisiones. Hay dos comisiones permanentes: la Académica y de Programación y la del Sistema Público Universitario. El Pleno puede constituir comisiones técnicas sobre materias concretas. Se rige por esta ley y su reglamento de funcionamiento, de acuerdo con la Ley 40/2015 y la Ley 9/2007, y la Consejería de universidades le dota de medios.

Artículo 69. Composición y funciones del Pleno

El Pleno lo preside la persona titular de la Consejería de universidades (la sustituye la Secretaría General de universidades) y lo integran también la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores, los presidentes de los Consejos Sociales, dos estudiantes y dos representantes del personal (docente e investigador y técnico) designados por los sindicatos. La Secretaría no es miembro. Mandato de estudiantes y sindicales: no más de dos años. Sus funciones pueden delegarse en las comisiones permanentes por mayoría reforzada.

Artículo 70. Comisión Académica y de Programación

La Comisión Académica y de Programación la preside la persona titular de la Consejería de universidades, con la Secretaría General de universidades como vicepresidencia. La integran además la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores, cuatro presidentes de Consejos Sociales elegidos por el Pleno y un representante estudiantil elegido por el Pleno. El secretario del Consejo lo es también de la Comisión, sin ser miembro. Sus funciones giran en torno a estudios, titulaciones, convalidaciones y admisión en universidades privadas.

Artículo 71. Comisión del Sistema Público Universitario

La Comisión del Sistema Público Universitario la preside la persona titular de la Consejería de universidades y la integran la Secretaría General de universidades (vicepresidencia), la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores de las universidades públicas, dos presidentes de Consejos Sociales y un representante estudiantil elegido por el Pleno. Sus funciones abarcan financiación, becas, precios públicos, contenidos mínimos comunes, empleo, nombramiento de representantes del Consejo y límites de admisión en universidades públicas.

Artículo 72. Definición y funciones

El Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía es el órgano colegiado interadministrativo de consulta y asesoramiento en política universitaria, encargado de garantizar los derechos y deberes del estudiantado; se adscribe a la Consejería de universidades. Entre sus funciones: representar al estudiantado del sistema público, informar iniciativas a instancia de la Consejería, asesorar a la Junta, ser oído con carácter previo sobre precios públicos de títulos oficiales, promover empleo, velar por la igualdad de oportunidades y designar representantes.

Artículo 73. Composición y funcionamiento

El Consejo Asesor de Estudiantes lo preside la persona titular de la Dirección General de universidades. Tiene dos vicepresidencias: una de entre los vicerrectorados con competencias en estudiantado (a propuesta del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria), que sustituye primero a la presidencia, y otra de la representación estudiantil. Cada universidad pública tiene dos vocalías. La secretaría, que no es miembro, la designa la presidencia entre funcionarios de la Dirección General con puesto de al menos jefatura de servicio. Su funcionamiento se regula por decreto.

Artículo 74. Programación universitaria docente plurianual de la Junta de Andalucía

La programación universitaria de la Junta es el instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del sistema; incluye como mínimo las enseñanzas oficiales y sus objetivos. La Consejería de universidades la elabora por periodos de cuatro años, atendiendo, al menos, a viabilidad económica, especialización, equilibrio territorial, internacionalización, títulos conjuntos, calidad y estructura socioeconómica. Revisable bienalmente (anualmente los títulos conjuntos internacionales), se desarrolla por reglamento del Consejo de Gobierno.

Artículo 75. Observatorio de Datos de las Universidades Públicas Andaluzas

La Consejería de universidades, en colaboración con las universidades públicas, creará el Observatorio de Datos Universitarios, sistema integral de información que procesa, analiza y sistematiza datos universitarios. Sus datos son herramienta necesaria para aplicar el modelo de financiación; han de ser objetivos, auditables y verificables, y pueden auditarse externamente con la periodicidad que fije la Consejería, oído el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. Difunde los datos y opera con datos personales anonimizados.

Artículo 76. Modelo de ciberseguridad de las universidades públicas andaluzas con la Junta de Andalucía

Se reforzará la relación, coordinación y colaboración en ciberseguridad entre la Junta y las universidades públicas, fomentando su integración en los modelos nacionales. El organismo de la Junta competente en ciberseguridad pondrá en marcha un Comité de Ciberseguridad con las universidades para fijar estrategias, procedimientos y políticas comunes. Las universidades podrán acceder a todos los servicios del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Andalucía mediante convenio, financiando ellas el coste.

Artículo 77. Distrito único universitario

A los únicos efectos de admisión en grado y máster, las universidades públicas andaluzas se constituyen en distrito único, mediante acuerdo con la Consejería de universidades. Lo gestiona la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, órgano colegiado presidido por la Dirección General de universidades e integrado por un vicerrector por universidad pública, designado por su rector. La secretaría no es miembro. La Consejería podrá fijar, previo informe de la Comisión del Sistema Público Universitario, el plazo máximo para que las universidades determinen sus plazas.

Artículo 78. Internacionalización del sistema universitario andaluz

La política universitaria andaluza tiene como objetivo prioritario la homologación y plena inserción en el espacio español y europeo de enseñanza superior, fomentando enseñanzas conjuntas. Para la movilidad, universidades y Comunidad Autónoma facilitarán la continuidad de estudios en Europa, fomentarán becas y ayudas (con cuantía modulada según país de destino, calidad de la institución receptora y capacidad económica del beneficiario) y el acceso de estudiantes internacionales. La Consejería podrá acordar otras medidas, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria.

Artículo 79. Instrumentos de internacionalización

La Comunidad Autónoma contará con una Estrategia Universitaria para Andalucía que incluirá la internacionalización entre sus objetivos. Cada universidad andaluza tendrá planes plurianuales de internacionalización con, al menos, medidas de movilidad internacional, plurilingüismo en la oferta docente y títulos conjuntos internacionales. La internacionalización podrá tenerse en cuenta en el modelo de financiación. La colaboración con universidades europeas es prioritaria, y las universidades públicas darán publicidad a sus convenios internacionales.

Artículo 80. La Universidad Internacional de Andalucía como elemento de coordinación de la internacionalización de las universidades públicas andaluzas

La Universidad Internacional de Andalucía asume la coordinación entre el sistema público universitario andaluz y otros sistemas universitarios internacionales. Debe impulsar la participación conjunta de las universidades públicas andaluzas en ferias y encuentros internacionales y promocionarlas internacionalmente bajo la marca «Universidades Públicas de Andalucía». Para ello deberá contar con la financiación necesaria.

Artículo 81. Centros del sistema universitario andaluz en el extranjero

La Comunidad Autónoma, por decreto del Consejo de Gobierno, podrá aprobar la creación, modificación o supresión de centros propios o adscritos de las universidades andaluzas en el extranjero para impartir títulos oficiales, tras recabar los informes preceptivos y vinculantes de los Ministerios de Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y de la ACCUA. El procedimiento se fijará por reglamento, y esos centros deberán informar a la Consejería y a la ACCUA (al menos oferta, alumnado, profesorado y resultados).

Artículo 82. Facultades y escuelas

Si lo prevén los estatutos o normas de organización, facultades y escuelas organizan las enseñanzas y coordinan los títulos de grado o máster. Su creación, modificación y supresión se acuerda por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, a iniciativa de la universidad y con informe previo favorable del Consejo Social. Plazo máximo para resolver: tres meses desde la entrada en el Registro Electrónico Único; sin resolución expresa, desestimación. El decanato o dirección tiene un único mandato improrrogable de seis años.

Artículo 83. Departamentos

Las universidades pueden prever departamentos, unidades de docencia, investigación y transferencia que coordinan enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento. Se constituyen por áreas de especialización docente o por afinidad investigadora. Para constituirse necesitan al menos 20 miembros con condición de profesorado doctor con vinculación permanente. La adscripción a un departamento es compatible con la de institutos de investigación. La dirección se elige por seis años por sufragio universal entre profesorado doctor de los cuerpos docentes o permanente laboral.

Artículo 84. Escuelas de Doctorado

Las universidades, solas o con otras universidades o entidades de I+D+i, pueden crear Escuelas de Doctorado para coordinar y promover los programas de doctorado. Además del Comité de Dirección, tendrán un director o directora (de los cuerpos docentes o profesorado permanente laboral, con experiencia en dirección de tesis y al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos), un secretario y un órgano colegiado de gobierno. El director lo nombra el rector, o por consenso de los rectores si la escuela es de varias universidades.

Artículo 85. Campus universitarios

Las universidades públicas que impartan titulaciones en varios municipios pueden organizarse en campus universitarios, que son complejos organizativos territoriales y espacios de integración y convivencia de la comunidad universitaria; siempre debe identificarse la sede principal. Los campus deben contar con recursos docentes, de personal, infraestructuras y servicios. Los que no sean sede de los órganos centrales pueden tener responsables designados por la universidad. Su creación, modificación y supresión la impulsan las universidades, previo informe del Consejo Social.

Artículo 86. Unidades básicas

Las universidades andaluzas deben contar con las unidades básicas del artículo 43 de la Ley Orgánica 2/2023, todas con medios económicos, materiales y humanos suficientes. La Defensoría universitaria puede ser unipersonal o colegiada, con un máximo de tres miembros; debe informar anualmente de sus actuaciones al Claustro Universitario y remitir ese informe al Consejo Social.

Artículo 87. Criterios para su dotación fundacional o aportaciones al capital social

La dotación fundacional o aportación al capital de entidades creadas por las universidades públicas debe tener dotación presupuestaria específica, ser proporcionada a su viabilidad, no aportar bienes de dominio público salvo en concesión o cesión de uso, y remitirse al Consejo Social para su aprobación con informe o memoria económica. Las ampliaciones siguen los mismos requisitos. No son aportación al capital las subvenciones o prestaciones por convenio o contrato. La creación o participación se comunica a la Consejería de hacienda en quince días.

Artículo 88. Claustro Universitario

El Claustro es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria. Tiene entre 100 y 300 miembros: natos (rector, que preside, secretario general y gerente) y electos: cuerpos docentes funcionarios y profesorado permanente laboral (51 %), personal docente e investigador no permanente y asociado (mínimo 8 %), personal técnico, de gestión y de administración y servicios (mínimo 8 %) y estudiantado (mínimo 25 %). Mandato máximo de seis años, dos para estudiantes; renovación total en el primer año del mandato del rector.

Artículo 89. Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Le corresponde lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 2/2023 y la potestad normativa que concreten los estatutos. Tiene entre 30 y 50 miembros, más los natos: rector (que lo preside), secretario general y titular de la gerencia. Debe garantizar la representación de todos los sectores y una participación externa de al menos el cinco por ciento, fijada por los estatutos.

Artículo 90. Órganos unipersonales universitarios

El rector dirige, gobierna y gestiona la universidad y la representa. Los candidatos deben ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo con al menos tres sexenios, tres quinquenios y tres años de gestión en cargos unipersonales. Lo nombra el Consejo de Gobierno de la Junta, con efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOJA. Nombra a su equipo de gobierno. La Secretaría General da fe y preside la Comisión Electoral. La Gerencia se nombra de acuerdo con el Consejo Social y no puede ejercer docencia ni investigación. Personal eventual: no más de tres.

Artículo 91. Elecciones a rector o rectora

El rector se elige para un único mandato de seis años por sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria. El peso de los cuerpos docentes funcionarios y profesorado permanente laboral no puede bajar del 51 %. Tras las elecciones, el saliente sigue en funciones hasta la publicación en el BOJA del nuevo nombramiento. En caso de dimisión, fin de mandato sin elecciones o vacancia, asume el cargo un miembro del equipo de gobierno que cumpla los requisitos y debe convocar elecciones en el plazo máximo de un mes. En funciones, despacho ordinario salvo urgencia.

Artículo 92. Naturaleza

El Consejo Social es el órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad pública y elemento de interrelación entre ambas. Todas las universidades públicas andaluzas tienen Consejo Social, salvo la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene un Patronato. Sus relaciones con los demás órganos se rigen por coordinación, colaboración y lealtad. Los Consejos Sociales cuentan con una partida en el Presupuesto de la Junta de Andalucía incluida en el modelo de financiación.

Artículo 93. Funciones

El Consejo Social tiene funciones en tres ámbitos. En programación y gestión: informa la oferta de enseñanzas y la creación de centros, aprueba fundaciones y la programación plurianual, aprueba planes de relación con el entorno y medidas antifraude. En lo económico: aprueba o rechaza el presupuesto, aprueba el plan plurianual de financiación, las cuentas anuales y los precios de enseñanzas propias, y ordena auditorías externas. Respecto de la comunidad universitaria: retribuciones adicionales, becas y empleo. Además, aprueba un plan trienal de actuaciones.

Artículo 94. Composición

Componen el Consejo Social la presidencia, propuesta por el Consejo de Gobierno de la Junta oído el rector, y las vocalías: rector, secretario general, gerencia, un profesor y un representante del personal técnico, de gestión y de administración y servicios elegidos por el Consejo de Gobierno de la universidad, un estudiante y diecisiete miembros de la vida económica, social y cultural: tres empresariales, tres sindicales, dos municipalistas, uno de colegios profesionales, cuatro del Consejo de Gobierno de la Junta y cuatro del Parlamento. Mandato no nato: seis años improrrogables.

Artículo 95. Ceses y vacantes

Se pierde la condición de miembro del Consejo Social por: fin del mandato; renuncia, fallecimiento o incapacidad; incompatibilidad; decisión del órgano o entidad que designó o propuso; pérdida de la condición que motivó la designación, e incumplimiento reiterado de los deberes, incluida la ausencia injustificada a dos plenos consecutivos. Las vacantes se cubren por los criterios y procedimientos del artículo 94, y hasta entonces el saliente sigue en funciones solo en los casos de fin de mandato y de decisión del órgano designante.

Artículo 96. Reglamento de organización y funcionamiento

La aprobación y modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social se ajustará a lo previsto en el artículo 129.6. Ese reglamento debe regular necesariamente: número y periodicidad de las sesiones ordinarias, supuestos de convocatoria extraordinaria, cuórum de constitución y de adopción de acuerdos, mayorías, deberes de los miembros, procedimientos para apreciar sus incumplimientos y atribuciones de presidencia y secretaría.

Artículo 97. Régimen jurídico de las actuaciones del Consejo Social

Las actuaciones del Consejo Social se rigen por la Ley Orgánica 2/2023 y esta ley y, en lo no previsto, por las Leyes 39/2015 y 40/2015. El Consejo notifica y publica sus propios acuerdos. Los acuerdos del Pleno agotan la vía administrativa y son impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano. El Pleno revisa de oficio sus acuerdos y resuelve los recursos extraordinarios de revisión. Puede pedir informe a la Asesoría Jurídica de la Universidad.

Artículo 98. Incompatibilidades

Ser miembro del Consejo Social en representación de la vida económica, social y cultural es incompatible con pertenecer a la propia comunidad universitaria y con ocupar, por sí o por persona interpuesta, cargos directivos en empresas que contraten con la universidad o tener en ellas más del diez por ciento del capital. Cualquier miembro es incompatible con cargos en órganos rectores o funciones en universidades privadas. Los miembros tienen derecho a indemnizaciones por desplazamiento, alojamiento y manutención como el equipo de gobierno.

Artículo 99. Presupuesto y medios

Las universidades deben facilitar al Consejo Social una organización de apoyo técnico y recursos humanos suficientes para cumplir sus funciones, de acuerdo con el artículo 47.4 de la Ley Orgánica 2/2023. El Consejo Social cuenta con presupuesto propio y gestión económico-presupuestaria autónoma, sujeta a los mismos controles de ejecución que el resto de la universidad.

Artículo 100. Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios

Se creará el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, órgano colegiado interadministrativo para la evaluación en común del ejercicio de las funciones de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas en el conjunto del sistema. Se adscribe orgánicamente a la Consejería de universidades. Su composición, funcionamiento y régimen jurídico se determinarán reglamentariamente, sin perjuicio de la Ley 40/2015 y la Ley 9/2007.

Artículo 101. Administración y disposición de bienes

La administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público y patrimoniales de las universidades públicas se ajustan a las normas generales de patrimonio (básica estatal y autonómica), entendiendo referidas a los órganos de gobierno universitarios las menciones a órganos autonómicos. Para disponer de inmuebles y de muebles de extraordinario valor hace falta la aprobación del Consejo Social, previa al acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad; son de extraordinario valor los que superan el uno por ciento del presupuesto, según tasación pericial externa.

Artículo 102. Expropiación

Las universidades públicas de Andalucía son beneficiarias de las expropiaciones forzosas que hagan las Administraciones con capacidad expropiatoria para instalar, ampliar o mejorar sus servicios y equipamientos. Además, se declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras de estructuras de servicios y equipamientos de los campus y de los parques científico-tecnológicos, a efectos de expropiar los bienes y derechos necesarios.

Artículo 103. Patrimonio histórico

Las universidades con bienes catalogados como históricos deben conservarlos y difundirlos entre su comunidad y el resto de la sociedad. La Consejería competente en universidades podrá tener en cuenta el mantenimiento del patrimonio cultural como criterio de financiación en los planes de inversiones e infraestructuras. Los bienes del patrimonio histórico andaluz en posesión de las universidades quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 104. Principios

Las universidades públicas andaluzas tienen autonomía económica y financiera. Sus ingresos son precios públicos, transferencias de la Junta y otros de derecho público y privado. Las transferencias se fijan con un modelo de financiación común, revisado cada cinco años y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, con siete principios (entre ellos, corresponsabilidad: recursos adicionales hasta al menos el 25 % de lo recibido por el modelo). Estructura: financiación básica armonizada y vinculada a resultados; puede prever nivelación y proyectos estratégicos.

Artículo 105. Uso de remanentes no afectados

Las universidades públicas pueden crear un fondo propio a partir de remanentes de tesorería. Previa autorización de la Consejería competente en hacienda, se destina a inversiones y a mejorar ingresos, prioritariamente para proyectos estratégicos de investigación y transferencia; excepcionalmente, con esa autorización, a reducir deuda. Pueden incorporarse donaciones y mecenazgo de finalidad genérica o adecuada al fondo. Se gestiona de forma transparente y sus rendimientos se incorporan a la partida de ingresos del presupuesto.

Artículo 106. Planificación estratégica y contratos programa

Cada universidad pública andaluza elabora un plan estratégico plurianual con objetivos sociales, académicos e investigadores, planificación económica y académica y programas. Puede elaborar programaciones plurianuales que conduzcan a convenios y contratos programa aprobados por la comunidad autónoma, con medios de financiación y criterios de evaluación. Los planes estratégicos se concretan en planes operativos de mejora de calidad, base de los contratos programa y de la financiación vinculada a resultados. Pueden aprobar programas de financiación universitaria condicionada.

Artículo 107. Presupuesto de las universidades públicas

La Consejería competente en hacienda, oída la Comisión del Sistema Público Universitario, fija el régimen presupuestario y contable de las universidades públicas, que tendrán control interno con auditoría interna. Presupuestos y cuentas se adaptan a las normas del sector público. Los costes de personal los autoriza la comunidad autónoma, con documentación remitida a la Consejería de universidades. El presupuesto incluye remanentes, indicadores de equilibrio, deuda y pago a proveedores, y los presupuestos de entes propios. Se remite al Parlamento en no más de un mes desde su aprobación.

Artículo 108. Endeudamiento

La Consejería competente en hacienda, a través de la Ley del Presupuesto, fija un límite anual de endeudamiento para el conjunto de universidades públicas y para cada una. Cada operación de endeudamiento de las universidades y sus entidades dependientes requiere autorización de esa Consejería, que se entiende concedida a los quince días para operaciones de tesorería transitoria canceladas en el ejercicio, que no superen el 15 % de la transferencia para gastos corrientes ni se garanticen con derechos reales. En los demás casos el silencio es desestimatorio.

Artículo 109. Rendición de cuentas

Las universidades públicas andaluzas fijan en sus estatutos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y rinden cuentas ante el Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ante el Parlamento, cada dos años desde el segundo año del mandato del rector o rectora, compareciendo ante la comisión de universidades. Ante la Cámara de Cuentas, aprueban las cuentas anuales en seis meses desde el cierre del ejercicio y las envían dentro del mes siguiente con su memoria; igual remisión a la Consejería de universidades, que las traslada a Hacienda antes del 30 de septiembre.

Artículo 110. Contabilidad analítica

Las universidades públicas andaluzas y sus centros privados adscritos deben contar con un sistema de contabilidad analítica o equivalente, conforme a lo previsto en los artículos 59.4 y 100.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. La obligación alcanza a ambos tipos de entidad y admite un sistema equivalente.

Artículo 111. Transparencia

La transparencia es elemento esencial para la rendición de cuentas y el buen gobierno. Todas las universidades andaluzas deben tener un repositorio en línea, en su web y accesible a cualquier persona, con los trabajos conducentes a títulos oficiales (fin de grado, fin de máster y tesis), respetando propiedad intelectual y protección de datos. Las públicas dan acceso a la información pública según las Leyes 19/2013 y 1/2014 y cumplen su publicidad activa, en particular sobre cargos y remuneración, sexenios, financiación de investigación, patentes, indicadores de éxito y precios.

Artículo 112. Integridad

Los órganos unipersonales y colegiados de las universidades andaluzas actúan con objetividad e independencia en defensa de los intereses de la universidad. Los órganos unipersonales y todos los integrantes de órganos colegiados, sean o no de la comunidad universitaria, deben abstenerse cuando proceda según el artículo 23 de la Ley 40/2015. Las públicas aprueban una normativa de regalos protocolarios; universidades y centros adscritos, un código ético, un plan de buenas prácticas, un plan frente a riesgos de incumplimiento y un canal de denuncias obligatorio.

Artículo 113. Consejo de Integridad

Las universidades públicas cuentan con un Consejo de Integridad presidido por el rector o rectora, o por el vicerrector o vicerrectora por delegación; los estatutos fijan su composición y funcionamiento, con representantes de los sectores universitarios y del Consejo Social elegidos por el Parlamento de Andalucía. Impulsa la integridad, persigue la mala praxis académica y eleva un informe anual al Claustro (u órgano equivalente en la Universidad Internacional de Andalucía), que se publica en la web. Las privadas deben perseguir la mala praxis dentro de su autonomía.

Artículo 114. Publicidad

No pueden publicitarse universidades, centros, enseñanzas o titulaciones sin los requisitos para funcionar o que hayan perdido su eficacia, salvo enseñanzas con verificación iniciada e informe previo favorable, indicando que están pendientes de verificación positiva e implantación. Igual prohibición para títulos extranjeros no autorizados. La publicidad de estudios concretos menciona clave registral, tipo de enseñanza, denominación oficial, equivalencias, carácter extranjero y si el centro es propio o adscrito. Vela la Consejería.

Artículo 115. Procedimiento de creación y reconocimiento

Crear universidades públicas y reconocer privadas en Andalucía exige ley del Parlamento, con los requisitos básicos (Ley Orgánica 2/2023 y Real Decreto 640/2021) y los adicionales autonómicos. El procedimiento empieza con la solicitud y requiere informes de la Conferencia General de Política Universitaria, de la ACCUA (en dos meses como máximo) y del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. La Consejería resuelve por orden; si se cumplen los requisitos, eleva el anteproyecto de ley al Consejo de Gobierno. Plazo: doce meses; silencio desestimatorio.

Artículo 116. Requisitos generales

Además de los requisitos básicos estatales, Andalucía exige para crear o reconocer universidades: valor añadido, investigación relevante con programación plurianual, ciclos completos de enseñanzas oficiales, un profesor por cada 25 alumnos como mínimo (hasta uno por 50 en enseñanza virtual), al menos un 20 % de profesorado doctor acreditado o evaluado al inicio, plantilla técnica y de gestión suficiente, instalaciones adecuadas, informes de las Direcciones Generales de presupuestos y de universidades si es pública, y afectación de terrenos y edificios al uso universitario.

Artículo 117. Requisitos específicos para las universidades privadas

Las universidades privadas cumplen, además de los requisitos generales, otros específicos: normas conformes con la Constitución y la libertad académica, órganos democráticos de representación, incompatibilidad del personal a tiempo completo de las públicas andaluzas, plazas de prácticas, solvencia, plan de viabilidad y cierre, al menos un 3 % del presupuesto a becas y un 5 % a planes propios de investigación. Su profesorado no puede ser personal público en activo a tiempo completo, salvo asociado. Sus normas de funcionamiento se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 118. Solicitud y documentación adjunta para universidades privadas

La persona o entidad promotora presenta una solicitud (artículo 66 de la Ley 39/2015) con una memoria justificativa de contenido mínimo: enseñanzas, centros y sedes de los cinco primeros años y plazas curso a curso; objetivos y programas de investigación; plantillas de personal docente e investigador y de personal técnico, de gestión y de administración y servicios, con su incremento anual; y emplazamiento de centros y sedes con sus edificios e instalaciones. Además, un plan de finalización o cierre con su régimen de responsabilidades.

Artículo 119. Autorizaciones para el inicio de las actividades y conformidades

La autorización para iniciar las actividades de una nueva universidad se da por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de universidades, cumplidos los requisitos y compromisos de su ley. Los actos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de una universidad privada, o transmitan su titularidad o la de centros adscritos, se comunican antes a la Consejería para su conformidad, que puede denegarse en tres meses desde la entrada en el Registro Electrónico Único. Las modificaciones del expediente las autoriza la Consejería.

Artículo 120. Control del cumplimiento de los requisitos y revocación de la autorización

La inspección universitaria de la Junta vela por el cumplimiento de los requisitos de los artículos 116 y 117, de los reglamentarios y de los de las leyes de creación y reconocimiento. Representantes y miembros de la comunidad universitaria deben colaborar con ella. Si los incumplimientos no se solventan tras requerimiento de la Consejería de universidades, se revoca la autorización para el inicio de la actividad, por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de esa Consejería.

Artículo 121. Finalidad

La adscripción de centros públicos o privados a las universidades andaluzas busca la homogeneidad de sus títulos y su articulación con la universidad. Se formaliza por convenio entre el representante legal del titular del centro y el rector o rectora. Los centros adscritos se rigen por la Ley Orgánica 2/2023, esta ley, los estatutos de la universidad en lo aplicable, sus propias normas y el convenio. Los centros privados deben integrarse o adscribirse a una universidad andaluza en su provincia; su objeto exclusivo es la educación superior y, en su caso, investigación y transferencia.

Artículo 122. Contenido del convenio de adscripción

El convenio de adscripción tiene un contenido mínimo: ubicación, enseñanzas y vinculación con la universidad; plan de docencia y plantillas; personal docente e investigador temporal no superior al 40 % de la plantilla docente; incompatibilidad del profesorado de centros privados con plazas públicas, salvo asociados; previsión de estudiantes a cinco años; financiación, con al menos un 3 % del presupuesto a becas; calidad; vigencia máxima de seis años prorrogable por otros seis; custodia de expedientes; plan de extinción; y afectación de terrenos.

Artículo 123. Autorización de adscripción

El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba por decreto la adscripción de centros docentes públicos o privados a una universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad (u órgano equivalente de la privada), previo informe del Consejo Social (u órgano equivalente) y del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. Las modificaciones del convenio requieren la misma autorización. El inicio de la actividad de los centros adscritos se autoriza por orden del titular de la Consejería de universidades.

Artículo 124. Regularización de la adscripción

Ante un incumplimiento manifiesto de obligaciones legales y compromisos, si el centro adscrito no atiende el requerimiento de la universidad o de los órganos autonómicos, la Consejería competente en universidades acuerda la regularización de la adscripción por el procedimiento del artículo 12 del Real Decreto 640/2021, previa audiencia del titular del centro o del representante de la universidad. La resolución fija sus efectos sobre el estudiantado afectado y las actividades del centro.

Artículo 125. Revocación de la adscripción y desadscripción

La adscripción se revoca si, acabado el plazo de la resolución de regularización, no se subsanan las irregularidades. También cabe la desadscripción por acuerdo, mediante convenio con contenido mínimo, solicitada motivadamente por la universidad a la Consejería. La revocación se acuerda por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería y con informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria; se publica en el BOJA y se comunica al Ministerio. No cabe nueva adscripción hasta extinguir los estudios de la anterior.

Artículo 126. Creación y supresión de los centros privados de enseñanza no oficiales y de nivel similar al universitario

La creación y supresión de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales de nivel similar al universitario, no adscritos a ninguna universidad, requiere autorización por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta. Pueden impartir docencia y emitir títulos no oficiales, pero no publicitarse de forma que induzca a confusión con títulos universitarios oficiales; si lo hacen, se aplican sanciones según la legislación de consumidores y usuarios, otras leyes complementarias y esta ley.

Artículo 127. Objetivos de la calidad universitaria

La calidad del sistema universitario andaluz abarca docencia, investigación, innovación y transferencia y gestión del conocimiento. La ACCUA proporciona a las universidades criterios y referencias de calidad según estándares internacionales. La Junta, a través de la ACCUA, apoya la mejora de docencia e investigación y requiere a las universidades la formación de su personal y planes de estudios flexibles, adaptados a la realidad andaluza y evaluados. El sistema garantiza una enseñanza rigurosa, actual, práctica, crítica y creativa.

Artículo 128. Evaluación de la calidad

La Consejería de universidades, oídos el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y la ACCUA, fija criterios para un sistema de información homogéneo que permita coordinar la evaluación de la calidad. Las universidades aseguran sus órganos de evaluación y sus sistemas internos de garantía de calidad, ambos certificados por la ACCUA. La evaluación incluye al menos docencia, investigación y transferencia, y sus resultados pueden tenerse en cuenta en la financiación. Se asumen o reconocen evaluaciones de agencias acreditadas por el EQAR.

Artículo 129. Calidad normativa de las universidades públicas andaluzas

Las universidades públicas, como Administración, elaboran su normativa según la normativa básica estatal y la autonómica, y evalúan su impacto jurídico, económico, presupuestario, social, medioambiental, de género y de protección de datos. Los estatutos son su norma institucional básica. Su aprobación o modificación (salvo la Universidad Internacional de Andalucía) tiene dos fases: aprobación por el Claustro y remisión en diez días a la Consejería para control de legalidad. Dura como máximo seis meses y termina por decreto del Consejo de Gobierno; rige desde su publicación en el BOJA.

Artículo 130. Funciones y composición de la inspección universitaria de la Junta de Andalucía

La Consejería de universidades realiza las actividades de inspección de las competencias autonómicas sobre universidades. La inspección universitaria la integra personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración (grupo A, subgrupo A1) de la Junta, dependiente de esa Consejería y habilitado por su titular. Ese personal tiene la condición de agente de la autoridad. Sus actuaciones son confidenciales y los datos obtenidos, reservados: solo sirven a la actuación inspectora y no se ceden, salvo que una ley obligue a comunicar indicios de infracciones.

Artículo 131. Colaboración en el ejercicio de la potestad de inspección

Por el principio de colaboración recíproca, los órganos de la Junta y sus entidades instrumentales, otras Administraciones (en especial las universidades) y cualquier persona que intervenga en las actividades reguladas deben colaborar con la inspección universitaria: suministrar información y permitir el acceso a dependencias y documentación. Si la inspección detecta posibles infracciones de competencia ajena, las comunica al órgano competente; y los demás órganos que detecten infracciones de esta ley las comunican a la inspección universitaria.

Artículo 132. Acta de inspección

El acta de inspección acredita, en cualquier soporte, una actuación de la inspección universitaria en lugar y tiempo determinados. Recoge lugar, fecha y hora; identificación de interesados; hechos, medios, documentos y alegaciones; presuntas infracciones, preceptos vulnerados, graduación y responsable; y conducta colaboradora u obstativa (no facilitar datos se considera infracción muy grave). Formalizada, es documento público con valor probatorio salvo prueba en contrario. Firmarla no supone reconocer irregularidades ni aceptar responsabilidades, salvo reconocimiento expreso.

Artículo 133. Sujetos responsables administrativamente

Responden de las infracciones de esta ley las personas físicas o jurídicas y, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes, a título de dolo o culpa. Si la infracción es atribuible a varias personas, responden solidariamente, salvo sanción pecuniaria individualizable según su participación. Quienes ocupen órganos de gobierno o administración de universidades y centros también son responsables administrativamente.

Artículo 134. Infracciones administrativas

Son infracciones en materia de universidades las acciones y omisiones tipificadas en esta ley. Los reglamentos pueden introducir especificaciones o graduaciones que, sin crear infracciones o sanciones nuevas ni alterar su naturaleza o límites, ayuden a identificar conductas o determinar sanciones. Las infracciones son leves, graves o muy graves según la naturaleza de la contravención, su trascendencia y repercusión y, en su caso, la reincidencia. La posible infracción da lugar al expediente sancionador.

Artículo 135. Infracciones leves

Son infracciones leves: impartir enseñanzas sin la autorización de puesta en funcionamiento cuando constan todos los informes favorables y solo falta publicar la norma que la autoriza; incumplir la publicidad de precios del servicio, si no forma parte de una infracción grave o muy grave; no tener hojas de reclamaciones o negarse a facilitarlas al pedirlas; y cualquier otro incumplimiento de obligaciones estatales o autonómicas en materia de universidades no calificado como grave o muy grave.

Artículo 136. Infracciones graves

Son infracciones graves: usar indebidamente denominaciones reservadas o que induzcan a confusión; impartir enseñanzas sin los trámites necesarios (si no es muy grave); no informar de que los títulos extranjeros no son homologables automáticamente; cambiar la titularidad sin comunicación previa o con disconformidad de la Junta; la publicidad contraria al artículo 114; incumplir dolosamente requerimientos de inspección o medidas provisionales; obstruir la labor inspectora; incumplir el emplazamiento; instalaciones deficientes; cobrar más de lo publicitado; y reincidir en leves.

Artículo 137. Infracciones muy graves

Son muy graves, entre otras: impartir enseñanzas universitarias sin la preceptiva autorización; abrir o cerrar un centro o universidad sin autorización previa; incumplir tras el inicio los requisitos o compromisos de la autorización; incumplimientos de centros extranjeros; publicidad engañosa sobre la autorización o el carácter universitario; documentación falsa determinante; incumplir índices de calidad; impartir en instalaciones de otro nivel; obstruir de forma continuada la inspección; reincidir en graves; graves con perjuicios muy graves; daño notorio a la imagen; y discriminación.

Artículo 138. Sanciones administrativas

Sanciones: leves, apercibimiento por escrito o multa hasta 12.000 euros; graves, multa de 12.001 a 30.000 euros; muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Graves y muy graves pueden llevar accesorias: cierre de instalaciones, revocación o suspensión de actividad e inhabilitación, con un máximo de cinco años, y pérdida de subvenciones universitarias de la Junta. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, puede elevarse hasta ese beneficio. Las multas desde 30.001 euros y las que lleven accesorias se publican en el BOJA una vez firmes.

Artículo 139. Graduación de sanciones

Para graduar la sanción, además de los criterios del artículo 29.3 de la Ley 40/2015, se tienen en cuenta: perjuicios al estudiantado, naturaleza de la infracción, beneficio ilícito, trascendencia social, incumplimiento de requerimientos, repercusiones negativas para el sistema universitario y subsanación antes de la resolución definitiva. Reincidencia es cometer una infracción de la misma naturaleza en un año desde la notificación de otra sanción firme en vía administrativa. Cabe exigir además reposición e indemnización, a pagar en tres meses.

Artículo 140. Prescripción de infracciones y sanciones

Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las impuestas por graves a los tres años y las impuestas por leves al año. Los plazos coinciden para infracciones y sanciones en cada nivel.

Artículo 141. Medidas provisionales

Las medidas provisionales antes o durante el expediente sancionador son las del artículo 56 de la Ley 39/2015. Pueden adoptarse antes del inicio en casos de urgencia inaplazable y para proteger a los usuarios del servicio de educación universitaria. En los quince días siguientes, el órgano competente debe acordar el inicio del procedimiento pronunciándose sobre su confirmación, modificación o levantamiento; si no, quedan sin efecto. Excepcionalmente, se acuerdan al iniciar o durante la instrucción, y se extinguen cuando surte efectos la resolución final.

Artículo 142. Obligación de resolver

La resolución del procedimiento sancionador en materia universitaria debe notificarse en el plazo máximo de un año desde su inicio. Si transcurre ese plazo sin que haya recaído resolución, se produce la caducidad del procedimiento, conforme a los artículos 21.2 y 3 y 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 143. Órganos competentes para imponer sanciones

La competencia para imponer las sanciones de esta ley se reparte así: la persona titular de la Consejería competente en materia de universidades impone las sanciones por infracciones graves o muy graves, y la persona titular de la Secretaría General competente en materia de universidades impone las sanciones por infracciones leves.

Artículo 144. Medidas de ejecución forzosa

Para la ejecución forzosa de las medidas de cierre o cese de actividades, adoptadas en resolución o como medidas provisionales, la Consejería competente en materia de universidades puede imponer multas coercitivas de entre 600 y 1.200 euros por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de otros medios, incluida la compulsión sobre las personas, según los artículos 100 a 104 de la Ley 39/2015.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La Ley 16/2007 tiene por objeto establecer el marco general para regular las actividades de ciencia y tecnología y su traslación a innovación en Andalucía. Se aplica al ejercicio de las competencias autonómicas en investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, y a las estructuras y recursos del Sistema Andaluz del Conocimiento. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un entorno favorable para la generación, desarrollo y aprovechamiento compartido del conocimiento.

Artículo 2. Definiciones

El artículo define once conceptos. Entre ellos: conocimiento (resultado de la actividad intelectual, transferible e incorporable a tecnologías, productos, procesos y servicios); Sistema Andaluz del Conocimiento (recursos y estructuras públicas y privadas); alianza estratégica (coalición formal entre dos o más personas u organizaciones para proyectos de innovación a medio o largo plazo); empresa de base tecnológica; y área estratégica, crucial para Andalucía según los criterios que defina el Consejo de Gobierno.

Artículo 3. Fines

La Ley tiene cuatro fines esenciales: a) incorporar plenamente Andalucía a la Sociedad del Conocimiento y situarla en vanguardia en generación de conocimiento; b) orientar esa Sociedad del Conocimiento al servicio de la ciudadanía, la sociedad y el desarrollo económico sostenible; c) favorecer la cohesión social y territorial de Andalucía; d) armonizar el contexto normativo andaluz con los espacios europeo y estatal.

Artículo 4. Principios informadores

La Ley enumera diez principios informadores: universalidad en el acceso al conocimiento; participación de la sociedad en la ciencia; igualdad, mérito y capacidad; igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; calidad (excelencia, pertinencia y orientación a resultados); evaluación de las actividades de ciencia, tecnología e innovación; fomento del aprovechamiento compartido del conocimiento; integración y transversalidad; complementariedad con programas estatales, europeos e internacionales; y desarrollo económico sostenible.

Artículo 5. Objetivos

En consonancia con los fines, la Ley fija nueve objetivos específicos, entre ellos: acceso de la ciudadanía al conocimiento como bien público colectivo; incrementar el patrimonio científico, tecnológico y cultural; potenciar la investigación asociada a la innovación; potenciar el capital humano; investigación de calidad con evaluación rigurosa, coherente y transparente; optimizar la gestión del Sistema mediante la digitalización de todos los procesos; y usar la ciencia contra la desertificación y el cambio climático.

Artículo 6. El conocimiento como bien público

El conocimiento es un bien público. Se extiende al conjunto de valores, informaciones, datos, obras u objetos, tanto públicos como privados, que pueden ser disfrutados por toda la sociedad andaluza, siempre con las salvaguardas legales pertinentes.

Artículo 7. Sensibilización, divulgación y participación sobre las actividades del Sistema Andaluz del Conocimiento

La Junta de Andalucía promoverá la sensibilización ciudadana sobre el Sistema Andaluz del Conocimiento y el interés por la ciencia desde la infancia, difundiendo los avances científicos en todos los niveles y grados de enseñanza; impulsará la divulgación con cauces de comunicación entre los actores del Sistema y la ciudadanía. Se constituirán redes de conocimiento entre instituciones científicas, educativas, culturales y sociales, coordinadas con la red de espacios de divulgación científica y técnica de Andalucía.

Artículo 8. Fomento de la participación y de la confianza de la ciudadanía en la ciencia y la investigación

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la participación y la confianza ciudadana en la ciencia y la investigación. Para ello adoptará, entre otras, cuatro acciones: crear instrumentos de participación flexibles y adaptados; promover una imagen de la ciencia atenta a su contexto social y responsable de sus consecuencias para la vida en el planeta; promover canales de información sobre los avances científicos en Andalucía; y promover investigaciones sobre las implicaciones sociales de la ciencia.

Artículo 9. Comité de Ética

Se creará un Comité de Ética, adscrito a la Consejería competente en materia de I+D+I, para que la investigación se realice conforme a principios éticos y de responsabilidad social, sin perjuicio de lo previsto para sectores específicos. Sus funciones, composición y organización se fijarán reglamentariamente y deberán incluir una representación del Consejo Económico y Social de Andalucía.

Artículo 10. Medidas de fomento para la generación de conocimiento

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la investigación científica y técnica mediante tres acciones: a) impulsar la investigación competitiva que potencie la generación del conocimiento científico y tecnológico y su mejor aprovechamiento; b) ampliar la disponibilidad de capital humano debidamente capacitado; c) potenciar la capacidad investigadora creando un entorno favorable para el desarrollo de la función de investigación.

Artículo 11. Criterios de ordenación de la investigación

Cinco criterios de ordenación de la investigación en Andalucía: a) promocionar especialmente las áreas estratégicas de los planes de I+D+I; b) apoyar y valorar la investigación de calidad y de excelencia y potenciar equipos multidisciplinares e interdisciplinares; c) potenciar las disciplinas emergentes y las explotables comercialmente (nuevos productos, servicios, procesos o empresas de base tecnológica); d) valorar la investigación que atienda a objetivos y prioridades institucionales; e) promover la cooperación científica interregional e internacional.

Artículo 12. Investigación cooperativa y en red

Dos mandatos: 1) se promoverá la creación de redes e infraestructuras de colaboración científica accesibles al personal investigador andaluz, preferentemente bajo una administración y gestión común; 2) se potenciará la participación en redes y proyectos de investigación nacionales e internacionales, sujetos a una administración basada en la cooperación, que compartan recursos y resultados.

Artículo 13. Gestión de la investigación

La relación de la Administración de la Junta de Andalucía con los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento se basará preferentemente en el modelo de gestión por proyectos. Las actuaciones de los agentes del conocimiento del sector público andaluz se regirán por un enfoque de proyectos. Los requisitos y procedimientos de los proyectos de investigación se regularán reglamentariamente.

Artículo 14. Investigación en el sector privado

La Junta propiciará la participación de la iniciativa privada en la generación del conocimiento y su aplicación con, entre otras: a) sensibilización de las empresas, en especial pymes, sobre integrar investigación e innovación; b) intercambio de buenas prácticas con empresas de otros países; c) formación, información y asesoramiento en I+D+I; d) participación en la gestión de los agentes; e) difusión de ayudas y oportunidades fiscales y financieras; f) incentivos y capital riesgo para crear unidades de I+D+I.

Artículo 15. Medidas para fomentar el aprovechamiento compartido del conocimiento

La Junta fomentará el aprovechamiento compartido del conocimiento con, entre otras: a) cooperación, alianzas y trabajo en red; b) apoyo a nuevas empresas de base tecnológica, en especial las derivadas de proyectos de investigación andaluces, y a otros proyectos innovadores de emprendedores; c) plataformas que transfieran, adapten y apliquen el conocimiento para innovar; d) participación empresarial en el Sistema; e) investigación cooperativa entre empresas y con los demás agentes; f) instrumentos de cooperación público-privada.

Artículo 16. Impulso de la cultura emprendedora e innovadora en los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento

La Junta activará el impulso emprendedor con formación innovadora en las universidades y otros centros de generación del conocimiento; favorecerá la creación de empresas innovadoras, incentivará la I+D+I e impulsará la cultura innovadora en las empresas andaluzas. Tendrán preferencia los programas o proyectos para crear y desarrollar empresas de base tecnológica y las promovidas por el propio personal científico o técnico que genera el conocimiento.

Artículo 17. Inserción en el sistema productivo de los profesionales de la I+D+I

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas de incorporación e inserción profesional del personal de investigación, desarrollo e innovación en empresas, para el desarrollo de proyectos concretos. Estos programas de inserción irán dirigidos preferentemente a las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 18. Impulso a la explotación comercial del conocimiento

La Junta promoverá que los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento generen nuevos productos y servicios que abran líneas de negocio con riqueza y empleo y permitan, a la vez, diversificar el tejido empresarial y desarrollar de forma sostenible sectores estratégicos para Andalucía. El apoyo público podrá abarcar desde la concepción de la idea hasta el diseño y lanzamiento de fabricación, y podrá incentivarse la capacidad de las empresas para gestionar el desarrollo de nuevos productos.

Artículo 19. Redes del conocimiento

Tres mandatos sobre redes del conocimiento: 1) se incentivará su configuración entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, las empresas y las Administraciones Públicas; 2) la Junta propiciará redes entre universidades andaluzas, centros de investigación, plataformas de aprovechamiento compartido del conocimiento y empresas innovadoras; 3) se estimulará que las redes generadas desde los agentes andaluces participen en redes globales.

Artículo 20. Relación con el Espacio Europeo del Conocimiento

La Junta promoverá la relación del Sistema Andaluz del Conocimiento con el Espacio Europeo del Conocimiento mediante: a) un sistema de información sobre sus líneas maestras y desarrollo, para todos los agentes, en especial sobre la financiación de los programas marco y otros cauces europeos; b) detección de buenas prácticas; c) apertura de comités y grupos científicos andaluces a investigadores y expertos europeos; d) trabajo en común en investigaciones europeas; e) proyección de Andalucía.

Artículo 21. Coordinación con los planes estatales y europeos

La Junta coordinará su programación de I+D+I con la del Estado. En el marco de los artículos 45.3 y 54.3 del Estatuto de Autonomía, participará en la planificación estatal de I+D+I y en los organismos de investigación, según los mecanismos que fijen las normas de relación entre ambas Administraciones, sobre todo en sectores estratégicos y emergentes. Para coordinarse con la planificación estatal y europea, potenciará alianzas de los agentes con estructuras europeas que refuercen la cohesión y la cooperación transfronteriza.

Artículo 22. Convenios

La Administración de la Junta de Andalucía, las universidades andaluzas, los organismos públicos de investigación y los institutos de investigación singulares podrán celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas para proyectos de I+D+I que aprovechen mejor medios, recursos y resultados y generen conocimiento compartido. Todo ello en el marco de la Ley y de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la legislación de contratos públicos.

Artículo 23. Aplicación a las Corporaciones Locales

Las actuaciones de las Corporaciones Locales en I+D+I están sujetas a esta Ley. La Junta podrá colaborar con ellas para impulsar y coordinar iniciativas locales de fomento de la I+D+I, creación de empresas innovadoras y aplicación del conocimiento. Además, favorecerá las actuaciones locales que creen un entorno propicio para crear y consolidar agentes del Sistema en el territorio, impulsen la innovación tecnológica o acerquen los centros públicos de investigación y las universidades a las necesidades locales.

Artículo 24. Organización básica

La organización básica del Sistema Andaluz del Conocimiento queda configurada por tres órganos: a) la Consejería competente en materia de I+D+I; b) el Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento; c) la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Artículo 25. Consejería competente en materia de I+D+I

La Consejería competente en materia de I+D+I asume la dirección y coordinación del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponden: a) establecer sus bases y estructuras fundamentales en el sector público; b) planificar y coordinar las políticas y líneas estratégicas de I+D+I de la Junta; c) coordinar, seguir, evaluar y acreditar a los agentes; d) coordinarse con las políticas estatales y europeas de I+D+I; e) desarrollar estructuras que fomenten o ejecuten actividades de I+D+I.

Artículo 26. Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento

El Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento, creado por la Ley 8/2005, de 9 de mayo, se integra en el Sistema Andaluz del Conocimiento con las funciones que define el artículo 2 de esa Ley 8/2005.

Artículo 27. Agencia Andaluza del Conocimiento

Crea la Agencia Andaluza del Conocimiento, agencia pública empresarial (art. 68.1.b de la Ley 9/2007), adscrita a la Consejería o Consejerías que fije el Consejo de Gobierno. Evalúa y acredita la actividad universitaria y fomenta, gestiona, evalúa y acredita la I+D+I. Se constituye al entrar en vigor sus Estatutos, aprobados por el Consejo de Gobierno. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; se rige por el Derecho privado salvo al formar la voluntad de sus órganos y ejercer potestades administrativas; su personal, por el Derecho Laboral.

Artículo 28. Organización en red del Sistema Andaluz del Conocimiento

La Junta fomentará que el Sistema Andaluz del Conocimiento se organice en red, para integrar información y procesos de gestión y ganar eficiencia y calidad. Promoverá conectar las redes públicas con los sistemas de información de los centros de investigación, la sociedad civil y el sector empresarial. Y, aplicando los principios de simplificación y agilización administrativa, incorporará las TIC para dar celeridad a los procedimientos vinculados al sistema.

Artículo 29. Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación

El Plan Andaluz de I+D+I es el instrumento y marco de programación, fomento y evaluación de las políticas de I+D+I que establezca el Consejo de Gobierno, orientadas a la cohesión social y territorial, la competitividad empresarial y la rentabilidad social y ambiental de la ciencia. Integra a todos los agentes, recoge los objetivos estratégicos de la planificación general de la Junta y se armoniza con los nacionales y europeos. El Consejo de Gobierno determina sus objetivos, estructura, elaboración, aprobación y financiación.

Artículo 30. Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento

Tres categorías de agentes: de generación de conocimiento; redes y estructuras que transfieren, adaptan y aplican el conocimiento para innovar; y entidades de gestión. Integran el Sistema: universidades andaluzas, organismos públicos de investigación, centros e institutos de investigación, centros tecnológicos, academias, sociedades científicas, empresas con actividades de I+D+I y otras entidades que generen, compartan o divulguen conocimiento. Su clasificación y acreditación, por reglamento.

Artículo 31. Universidades

Las universidades, por sus funciones de investigación y transmisión del conocimiento, son agentes fundamentales para generar conocimiento y compartir su aprovechamiento en el Sistema. En la planificación estratégica de las universidades públicas y en sus contratos programa se concretará el alcance de su función investigadora y su financiación afecta a los resultados. Se integran en el Sistema según el Capítulo III del Título III de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, y según esta Ley.

Artículo 32. Organismos públicos de investigación

Son organismos públicos de investigación del Sistema: los reconocidos por la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, con centros radicados en Andalucía; el Instituto de Salud de Andalucía y el Ifapa (creado por la Ley 1/2003). Estos dos últimos podrán firmar convenios y contratos para: a) investigación, desarrollo o innovación; b) uso y aprovechamiento industrial o comercial de innovaciones, conocimientos y resultados; c) servicios técnicos ligados a sus fines.

Artículo 33. Centros e institutos de investigación

Los centros e institutos de investigación integran personas y grupos de investigación para optimizar su I+D+I, que es su objeto primordial. Los creados con participación de la Junta serán públicos o mixtos, para investigar con calidad en un área de excelencia; su documento de creación fija objetivos, funciones, recursos, régimen financiero, organización y estructura jurídica. El Consejo de Gobierno podrá crear institutos singulares si hay pluridisciplinariedad, vinculación a sectores estratégicos e investigadores de primer nivel.

Artículo 34. Centros tecnológicos

La Junta potenciará que el personal investigador de las universidades y otros centros públicos andaluces participe en los centros tecnológicos. Estos son entidades con personalidad jurídica propia y domicilio social en Andalucía que buscan mejorar la competitividad de las empresas generando, desarrollando, difundiendo y transfiriendo tecnología y con acciones innovadoras. Se especializan en un sector productivo andaluz o área estratégica y hacen sobre todo innovación, investigación aplicada y desarrollo.

Artículo 35. Academias

Las academias son corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad, cuya finalidad es fomentar la I+D+I y promover y divulgar el conocimiento. Las nuevas tendrán ámbito autonómico y se aprobarán por Decreto del Consejo de Gobierno, que también aprueba sus Estatutos. Pueden asesorar al Gobierno y la Administración de la Junta, a las universidades y, en su caso, a las Corporaciones Locales. Las que tienen sede y actividad fundamental en Andalucía forman el Instituto de Academias de Andalucía.

Artículo 36. Sociedades científicas

Las sociedades científicas son asociaciones de personas físicas, civiles y voluntarias, sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal es promover el papel de la ciencia y contribuir a su difusión para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. La Junta podrá reconocer a las de ámbito autonómico inscribiéndolas en el registro de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, cuando actúen en áreas o sectores de especial relevancia para crear, gestionar e integrar el conocimiento.

Artículo 37. Empresas con actividades de investigación, desarrollo e innovación

Son empresas con actividades en I+D+I las que dedican recursos humanos y materiales a estas actividades de forma estable. Las normas reglamentarias fijarán el procedimiento para acreditarlas y para facilitar y fomentar la incorporación de nuevas empresas. La empresa que acredite estas características será considerada agente del conocimiento y podrá participar en la generación y el aprovechamiento compartido del conocimiento en el Sistema.

Artículo 38. Registro de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento

La Consejería competente en materia de I+D+I creará y gestionará un registro público de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, para que la sociedad y las empresas andaluzas conozcan el potencial de la investigación, el desarrollo y la innovación de Andalucía. La organización y el funcionamiento del registro se regularán reglamentariamente.

Artículo 39. Concepto y carácter

Son profesionales del Sistema quienes contribuyen a generar nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y técnicas o gestionan proyectos de I+D y transferencia, en universidades, empresas, centros y otras entidades. Tres categorías: personal investigador (los jóvenes con máster que vayan a hacer la tesis se contratan en régimen laboral como investigadores en formación), personal técnico (FP, diplomado, licenciado, ingeniero o arquitecto) y personal de gestión (planificación, administración y control).

Artículo 40. Valoración y reconocimiento de la actividad investigadora

Se promoverá la evaluación de la actividad profesional de todo el personal del Sistema, que reconocerá méritos científicos, docentes, tecnológicos, profesionales, de transferencia, de gestión y de capacidad emprendedora, según el puesto. La Junta fomentará el reconocimiento público del personal investigador y de la función investigadora e innovadora, y hará una convocatoria anual de premios a la tarea investigadora, a los trabajos de investigación andaluza y a los jóvenes investigadores andaluces.

Artículo 41. Proceso de selección

La selección del personal investigador no funcionario del Sector Público Andaluz seguirá tres criterios: a) procedimientos de contratación abiertos, con igualdad, mérito y capacidad, y publicidad que describa en detalle competencias y méritos; b) comisiones con miembros de experiencia, especialización y competencias acreditadas y número equilibrado de hombres y mujeres (art. 45); c) informar a los candidatos, antes de la selección, del proceso, los criterios, el número de puestos y las perspectivas de carrera.

Artículo 42. Criterios para el sistema de incentivación

Sin perjuicio de los criterios generales, el personal investigador no funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía podrá cobrar parte de su retribución como incentivo de rendimiento, mediante un complemento que valore la productividad. Sus criterios se referirán a: resultados científicos, capacidad gerencial para dirigir proyectos, calidad y excelencia de las investigaciones, colaboración con empresas en investigación y movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinaria.

Artículo 43. Apoyo a la movilidad del personal investigador

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas para facilitar la movilidad geográfica, intersectorial e interdisciplinar del personal investigador y reforzar el potencial de conocimiento científico y técnico que pueda generarse en el Sistema Andaluz del Conocimiento. Las bases de los programas de movilidad se establecerán reglamentariamente.

Artículo 44. Participación del personal investigador del exterior

La Junta fomentará que el personal investigador formado en Andalucía que trabaja fuera participe en proyectos andaluces, mediante redes de cooperación nacional e internacional, y promoverá programas que incentiven el retorno del personal investigador de origen andaluz que desarrolle la mayor parte de su actividad fuera. El Sistema propiciará la incorporación de investigadores de prestigio internacional, sobre todo en proyectos de sectores estratégicos o emergentes. Los programas se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 45. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación

La Junta promoverá y velará por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Las comisiones de selección y evaluación tendrán representación equilibrada: en su conjunto, ninguno de los sexos superará el sesenta por ciento ni bajará del cuarenta. La Junta colaborará con otras Administraciones y entidades privadas para promover la igualdad, y la participación equilibrada será indicador positivo al evaluar la estructura organizativa de los entes de I+D+I.

Artículo 46. Incorporación de la juventud a la actividad investigadora

La Junta promoverá que la juventud andaluza se incorpore a la investigación con siete medidas: a) sensibilizar sobre las carreras investigadoras y los avances científicos; b) programas de captación en entornos educativos y universitarios; c) facilitar el acceso desde los inicios, la movilidad internacional y el retorno de jóvenes investigadores; d) asesorar a quienes empiezan; e) fomentar grupos noveles o emergentes con jóvenes; f) apoyar su participación en grupos consolidados; g) atraer a jóvenes investigadores extranjeros.

Artículo 47. Recursos económicos del Sistema Andaluz del Conocimiento

Con independencia de los recursos que el Consejo de Gobierno asigne a los planes de I+D+I, la Junta promoverá: a) la participación de otras entidades privadas o públicas en la financiación del Sistema; b) la cofinanciación de programas de I+D+I con fondos del Estado y de la Unión Europea; c) el mecenazgo sobre las actividades del Sistema, conforme a la legislación vigente. Además, fomentará las inversiones de capital riesgo en áreas y sectores estratégicos, con una cultura de inversión a largo plazo.

Artículo 48. Incentivos y becas

La Junta desarrollará reglamentariamente el régimen específico de incentivos y becas de I+D+I, basado en los principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos de esta Ley, la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las demás normas aplicables.

Artículo 49. Infraestructuras

La Junta favorecerá infraestructuras adecuadas para la I+D+I (instalaciones y recursos físicos y virtuales, públicos y privados). Las instalaciones públicas se usarán con criterio de eficiencia en el uso compartido e integrado; se fomentarán la gestión compartida, el acceso a proyectos suprarregionales y el de los investigadores andaluces a las infraestructuras que mejor se adapten a su actividad, estén donde estén. La Consejería competente en I+D+I elaborará un programa de infraestructuras que se incorporará al Plan Andaluz de I+D+I.

Artículo 50. Calidad y excelencia de las actividades

La Junta establecerá por reglamento los criterios de calidad y excelencia del Sistema Andaluz del Conocimiento. Como estrategia para lograrlas, determinará parámetros de comparación con las actividades nacionales e internacionales, impulsará las actividades que generen explotación comercial y los procesos de mejora continua, y establecerá la cooperación entre los grupos de investigación excelentes, entre otras medidas.

Artículo 51. Evaluación del Sistema Andaluz del Conocimiento

El Sistema se rige por el principio de evaluación de procesos y resultados, para medir de forma sistemática y objetiva relevancia, eficiencia, eficacia, pertinencia, progresos e impactos. Principios: evaluación sistémica e integradora, de calidad, transparente (se publican criterios, perfil de evaluadores, conclusiones y consecuencias, salvo confidencialidad) y seguida de consecuencia. Se evalúan las personas, los agentes, el propio sistema de evaluación y el Sistema en su conjunto. El Plan Andaluz de I+D+I concreta el sistema.

Artículo 52. Proyección internacional del Sistema Andaluz del Conocimiento

La Junta incentivará la proyección internacional del Sistema mediante, entre otras: a) intercambio científico y de personal investigador; b) cooperación científica recíproca entre agentes y empresas andaluzas, nacionales y extranjeras, con acuerdos con organismos internacionales, preferentemente en sectores estratégicos; c) localización en Andalucía de proyectos empresariales en espacios tecnológicos; d) fidelización de las empresas de I+D+I implantadas; e) expansión internacional de las redes andaluzas; f) cooperación internacional como instrumento de calidad.

Artículo 53. Principios que rigen la protección y transferencia de resultados

La gestión y transferencia de resultados y derechos de la I+D+I hecha en centros e instalaciones del Sector Público Andaluz sigue cinco principios: a) poner a disposición de la ciudadanía bienes y servicios que mejoren su bienestar; b) contribuir al progreso social y económico de Andalucía; c) reconocer el mérito de investigadores y grupos; d) que los ingresos de explotación redunden en nuevos proyectos de I+D, en incentivar al personal participante y en otras políticas públicas; e) colaboración de los organismos públicos en las decisiones.

Artículo 54. Protección jurídica de los resultados

La Junta promoverá que los resultados de la I+D+I obtenidos por los agentes del Sistema y por las empresas en general se protejan debidamente con los medios de la legislación de propiedad industrial e intelectual. También promoverá que haya recursos para asegurar, desde la propia definición del proyecto, la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual de la I+D+I hecha en centros, instalaciones y redes del Sector Público Andaluz.

Artículo 55. Titularidad

Los resultados de la I+D+I del personal de centros e instalaciones del Sector Público Andaluz (o que investigue en ellos o en red) y sus derechos de propiedad industrial pertenecen, como invenciones laborales, a la Administración, institución o ente titular. Los derechos de explotación de la propiedad intelectual corresponden al titular del centro o instalación donde se desarrolló la actividad. Todo ello sin perjuicio de derechos de otras entidades; los convenios de cada proyecto regularán la titularidad y protección.

Artículo 56. Inventario

En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma y de sus Entidades de Derecho Público se anotarán los títulos de propiedad industrial e intelectual concedidos por actividades de I+D+I y sus derechos asociados. Los centros del Sector Público Andaluz comunicarán a la Dirección General de Patrimonio la existencia de esos títulos y derechos para la toma de razón en el Inventario.

Artículo 57. Deber de colaboración

Los centros dependientes del Sector Público Andaluz y el personal que pertenezca a ellos o trabaje en ellos y que intervenga en un proyecto de I+D+I deben prestar la colaboración necesaria para proteger y conservar adecuadamente los resultados que pueda generar el proyecto y sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

Artículo 58. Comunicación de la existencia de resultados

Quien trabaje en centros, instalaciones y redes del Sector Público Andaluz y obtenga resultados protegibles por propiedad industrial debe comunicarlo por escrito y con la mayor diligencia a los servicios dispuestos según el artículo 54 o, en su defecto, a los responsables del centro u organismo. La Junta o los centros valorarán los resultados y decidirán si se inicia su inscripción como derechos de propiedad industrial. Los procedimientos se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 59. Procedimiento de contratación

Por la naturaleza especial de los resultados de la I+D+I y de sus derechos, y por la confidencialidad y agilidad que exige su negociación, los contratos para transferir esos resultados y los derechos de propiedad industrial correspondientes se podrán adjudicar de forma directa. En todo caso, el procedimiento se atendrá a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 60. Méritos

Realizar una invención susceptible de explotación protegida mediante un derecho de propiedad industrial o intelectual del ámbito de este Capítulo se considerará mérito en los baremos de las correspondientes convocatorias, en los procesos de selección y provisión del personal y en el desarrollo profesional, dentro del Sector Público Andaluz.

Artículo 61. Incentivación especial

El personal del Sector Público Andaluz que obtenga en su I+D+I un resultado protegido por propiedad industrial cuya licencia reporte ingresos al titular podrá recibir una incentivación especial: un porcentaje de los ingresos brutos por licencias, que fija la Junta. Con varios autores, se reparte en proporción a la contribución de cada uno, que fija el responsable del proyecto. No es salario para calcular indemnizaciones y solo se reconoce mientras se mantenga la condición de personal.