Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía

Artículo 113. Consejo de Integridad

En pocas palabras

Las universidades públicas cuentan con un Consejo de Integridad presidido por el rector o rectora, o por el vicerrector o vicerrectora por delegación; los estatutos fijan su composición y funcionamiento, con representantes de los sectores universitarios y del Consejo Social elegidos por el Parlamento de Andalucía. Impulsa la integridad, persigue la mala praxis académica y eleva un informe anual al Claustro (u órgano equivalente en la Universidad Internacional de Andalucía), que se publica en la web. Las privadas deben perseguir la mala praxis dentro de su autonomía.

Explicación sencilla

Crea el órgano que vigila la mala praxis académica en las universidades públicas, fija quién lo preside y ante quién rinde su informe anual. A las privadas no les impone el órgano, solo el deber de garantizar la integridad.

Regla mnemotécnica

Consejo de Integridad: lo preside el rector y informa al Claustro una vez al año.

Trampa típica de examen

Afirmar que el informe anual del Consejo de Integridad se eleva al Consejo Social: se eleva al Claustro Universitario u órgano equivalente en la Universidad Internacional de Andalucía.

Texto del artículo 113 de la Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía

1. Las universidades públicas contarán con un Consejo de Integridad presidido por el rector o rectora, o el vicerrector o vicerrectora en caso de delegación, y su composición y funcionamiento serán establecidos en los estatutos de las universidades, debiendo contar con representantes de los diferentes sectores universitarios y representantes del Consejo Social elegidos por el Parlamento de Andalucía. 2. El Consejo de Integridad tiene como objetivo impulsar y garantizar la integridad y perseguir la mala praxis académica, debiendo elevar un informe anual de actividades y resultados al Claustro Universitario u órgano equivalente en la Universidad Internacional de Andalucía, que deberá publicarse en el portal web de la universidad. 3. Las universidades privadas, dentro de su autonomía organizativa, deberán impulsar y garantizar la integridad y perseguir la mala praxis académica.

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