LUPA

Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía

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Art. 1ObjetoLa ley tiene un doble objeto: por un lado, ordenar y coordinar el sistema universitario andaluz; por otro, regular las actividades de enseñanza universitaria realizadas en Andalucía. Todo ello con respeto al principio de la autonomía universitaria y en el marco de la normativa estatal y del Espacio Europeo de Educación Superior.
Art. 2Sistema universitario andaluzEl sistema universitario andaluz lo integran el conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, y además los centros y estructuras que les sirven para el desarrollo de sus funciones. No se limita, por tanto, a las universidades públicas ni a las propias universidades como entidades.
Art. 3Principios informadores del sistema universitario andaluzEnumera dieciséis principios informadores del sistema (letras a a o, con ñ): autonomía universitaria basada en la libertad académica (cátedra, investigación y estudio); objetividad e independencia de los órganos; coordinación y cooperación; servicio público; igualdad; participación; corresponsabilidad; políticas eficientes de personal; formación integral; calidad y evaluación; encuentro con el entorno; Espacio Europeo; cooperación solidaria; cultura emprendedora; desarrollo territorial y suficiencia financiera.
Art. 4Régimen jurídicoTodas las universidades andaluzas se rigen por esta ley y sus normas de desarrollo (sin perjuicio de la normativa estatal) y por su ley de creación o reconocimiento; las privadas, también por la normativa de su figura jurídica. Las públicas se rigen además por sus estatutos y por la legislación estatal de procedimiento administrativo común, y les alcanza la legislación andaluza de Hacienda Pública en cuanto al control financiero. Las privadas, por sus normas de organización y funcionamiento y su normativa interna.
Art. 5Funciones, reserva de actividad y de denominaciónLas universidades andaluzas prestan el servicio público de educación superior mediante docencia, formación continua, investigación, transferencia de conocimiento, extensión cultural y estudio. El sistema garantiza, entre otros, igualdad de oportunidades, deporte y emprendimiento; las públicas procurarán además desarrollo territorial, lucha contra la despoblación y envejecimiento activo. Nadie puede, sin autorización de la Administración de la Junta de Andalucía, ejercer actividades reservadas a las universidades ni usar sus denominaciones reservadas u otras que induzcan a confusión.
Art. 6Prerrogativas y potestades de las universidades públicas de AndalucíaLas universidades públicas andaluzas, como Administraciones públicas, tienen las prerrogativas propias de estas y, en todo caso: potestad reglamentaria sobre su funcionamiento y organización; de programación y planificación; de investigación, deslinde y recuperación de oficio de bienes; presunción de legalidad y ejecutividad; ejecución forzosa y potestad sancionadora; revisión de oficio; inembargabilidad de bienes e imprescriptibilidad de derechos; prelaciones de la Hacienda Pública, y exención de garantías, depósitos y cauciones. Además, tienen plena capacidad patrimonial y contractual.
Art. 65CompetenciasLa coordinación de la política universitaria y del sistema universitario andaluz corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, que la ejerce a través de la Consejería competente en materia de universidades. Es la regla de atribución de competencia que abre el título dedicado a la coordinación universitaria.
Art. 66Objetivos y finesEnumera, de la a) a la p) (con ñ), los objetivos y fines de la coordinación de la política universitaria andaluza: planificación del sistema; mejora de la calidad con criterios comunes de evaluación; armonización y excelencia; programación académica coherente; becas; movilidad; transparencia; actividades conjuntas; patrimonio universitario; admisión homogénea; colaboración; internacionalización; redes de cooperación al desarrollo; inserción laboral; objetivos mínimos comunes de estabilidad presupuestaria; cláusula abierta, y criterios para crear y reconocer universidades y centros.
Art. 67Definición y adscripciónEl Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria es el órgano administrativo colegiado de participación administrativa y social que ejerce funciones de consulta, planificación y asesoramiento del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia de universidades. Se adscribe orgánicamente a la Consejería competente en materia de universidades de la Junta de Andalucía.
Art. 68FuncionamientoEl Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria funciona en pleno y en comisiones. Hay dos comisiones permanentes: la Académica y de Programación y la del Sistema Público Universitario. El Pleno puede constituir comisiones técnicas sobre materias concretas. Se rige por esta ley y su reglamento de funcionamiento, de acuerdo con la Ley 40/2015 y la Ley 9/2007, y la Consejería de universidades le dota de medios.
Art. 69Composición y funciones del PlenoEl Pleno lo preside la persona titular de la Consejería de universidades (la sustituye la Secretaría General de universidades) y lo integran también la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores, los presidentes de los Consejos Sociales, dos estudiantes y dos representantes del personal (docente e investigador y técnico) designados por los sindicatos. La Secretaría no es miembro. Mandato de estudiantes y sindicales: no más de dos años. Sus funciones pueden delegarse en las comisiones permanentes por mayoría reforzada.
Art. 70Comisión Académica y de ProgramaciónLa Comisión Académica y de Programación la preside la persona titular de la Consejería de universidades, con la Secretaría General de universidades como vicepresidencia. La integran además la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores, cuatro presidentes de Consejos Sociales elegidos por el Pleno y un representante estudiantil elegido por el Pleno. El secretario del Consejo lo es también de la Comisión, sin ser miembro. Sus funciones giran en torno a estudios, titulaciones, convalidaciones y admisión en universidades privadas.
Art. 71Comisión del Sistema Público UniversitarioLa Comisión del Sistema Público Universitario la preside la persona titular de la Consejería de universidades y la integran la Secretaría General de universidades (vicepresidencia), la Secretaría General de investigación, la Dirección General de universidades, los rectores de las universidades públicas, dos presidentes de Consejos Sociales y un representante estudiantil elegido por el Pleno. Sus funciones abarcan financiación, becas, precios públicos, contenidos mínimos comunes, empleo, nombramiento de representantes del Consejo y límites de admisión en universidades públicas.
Art. 72Definición y funcionesEl Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía es el órgano colegiado interadministrativo de consulta y asesoramiento en política universitaria, encargado de garantizar los derechos y deberes del estudiantado; se adscribe a la Consejería de universidades. Entre sus funciones: representar al estudiantado del sistema público, informar iniciativas a instancia de la Consejería, asesorar a la Junta, ser oído con carácter previo sobre precios públicos de títulos oficiales, promover empleo, velar por la igualdad de oportunidades y designar representantes.
Art. 73Composición y funcionamientoEl Consejo Asesor de Estudiantes lo preside la persona titular de la Dirección General de universidades. Tiene dos vicepresidencias: una de entre los vicerrectorados con competencias en estudiantado (a propuesta del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria), que sustituye primero a la presidencia, y otra de la representación estudiantil. Cada universidad pública tiene dos vocalías. La secretaría, que no es miembro, la designa la presidencia entre funcionarios de la Dirección General con puesto de al menos jefatura de servicio. Su funcionamiento se regula por decreto.
Art. 74Programación universitaria docente plurianual de la Junta de AndalucíaLa programación universitaria de la Junta es el instrumento de planificación, coordinación y ordenación de la oferta docente del sistema; incluye como mínimo las enseñanzas oficiales y sus objetivos. La Consejería de universidades la elabora por periodos de cuatro años, atendiendo, al menos, a viabilidad económica, especialización, equilibrio territorial, internacionalización, títulos conjuntos, calidad y estructura socioeconómica. Revisable bienalmente (anualmente los títulos conjuntos internacionales), se desarrolla por reglamento del Consejo de Gobierno.
Art. 75Observatorio de Datos de las Universidades Públicas AndaluzasLa Consejería de universidades, en colaboración con las universidades públicas, creará el Observatorio de Datos Universitarios, sistema integral de información que procesa, analiza y sistematiza datos universitarios. Sus datos son herramienta necesaria para aplicar el modelo de financiación; han de ser objetivos, auditables y verificables, y pueden auditarse externamente con la periodicidad que fije la Consejería, oído el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. Difunde los datos y opera con datos personales anonimizados.
Art. 76Modelo de ciberseguridad de las universidades públicas andaluzas con la Junta de AndalucíaSe reforzará la relación, coordinación y colaboración en ciberseguridad entre la Junta y las universidades públicas, fomentando su integración en los modelos nacionales. El organismo de la Junta competente en ciberseguridad pondrá en marcha un Comité de Ciberseguridad con las universidades para fijar estrategias, procedimientos y políticas comunes. Las universidades podrán acceder a todos los servicios del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Andalucía mediante convenio, financiando ellas el coste.
Art. 77Distrito único universitarioA los únicos efectos de admisión en grado y máster, las universidades públicas andaluzas se constituyen en distrito único, mediante acuerdo con la Consejería de universidades. Lo gestiona la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, órgano colegiado presidido por la Dirección General de universidades e integrado por un vicerrector por universidad pública, designado por su rector. La secretaría no es miembro. La Consejería podrá fijar, previo informe de la Comisión del Sistema Público Universitario, el plazo máximo para que las universidades determinen sus plazas.
Art. 78Internacionalización del sistema universitario andaluzLa política universitaria andaluza tiene como objetivo prioritario la homologación y plena inserción en el espacio español y europeo de enseñanza superior, fomentando enseñanzas conjuntas. Para la movilidad, universidades y Comunidad Autónoma facilitarán la continuidad de estudios en Europa, fomentarán becas y ayudas (con cuantía modulada según país de destino, calidad de la institución receptora y capacidad económica del beneficiario) y el acceso de estudiantes internacionales. La Consejería podrá acordar otras medidas, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria.
Art. 79Instrumentos de internacionalizaciónLa Comunidad Autónoma contará con una Estrategia Universitaria para Andalucía que incluirá la internacionalización entre sus objetivos. Cada universidad andaluza tendrá planes plurianuales de internacionalización con, al menos, medidas de movilidad internacional, plurilingüismo en la oferta docente y títulos conjuntos internacionales. La internacionalización podrá tenerse en cuenta en el modelo de financiación. La colaboración con universidades europeas es prioritaria, y las universidades públicas darán publicidad a sus convenios internacionales.
Art. 80La Universidad Internacional de Andalucía como elemento de coordinación de la internacionalización de las universidades públicas andaluzasLa Universidad Internacional de Andalucía asume la coordinación entre el sistema público universitario andaluz y otros sistemas universitarios internacionales. Debe impulsar la participación conjunta de las universidades públicas andaluzas en ferias y encuentros internacionales y promocionarlas internacionalmente bajo la marca «Universidades Públicas de Andalucía». Para ello deberá contar con la financiación necesaria.
Art. 81Centros del sistema universitario andaluz en el extranjeroLa Comunidad Autónoma, por decreto del Consejo de Gobierno, podrá aprobar la creación, modificación o supresión de centros propios o adscritos de las universidades andaluzas en el extranjero para impartir títulos oficiales, tras recabar los informes preceptivos y vinculantes de los Ministerios de Universidades y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y de la ACCUA. El procedimiento se fijará por reglamento, y esos centros deberán informar a la Consejería y a la ACCUA (al menos oferta, alumnado, profesorado y resultados).
Art. 82Facultades y escuelasSi lo prevén los estatutos o normas de organización, facultades y escuelas organizan las enseñanzas y coordinan los títulos de grado o máster. Su creación, modificación y supresión se acuerda por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, a iniciativa de la universidad y con informe previo favorable del Consejo Social. Plazo máximo para resolver: tres meses desde la entrada en el Registro Electrónico Único; sin resolución expresa, desestimación. El decanato o dirección tiene un único mandato improrrogable de seis años.
Art. 83DepartamentosLas universidades pueden prever departamentos, unidades de docencia, investigación y transferencia que coordinan enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento. Se constituyen por áreas de especialización docente o por afinidad investigadora. Para constituirse necesitan al menos 20 miembros con condición de profesorado doctor con vinculación permanente. La adscripción a un departamento es compatible con la de institutos de investigación. La dirección se elige por seis años por sufragio universal entre profesorado doctor de los cuerpos docentes o permanente laboral.
Art. 84Escuelas de DoctoradoLas universidades, solas o con otras universidades o entidades de I+D+i, pueden crear Escuelas de Doctorado para coordinar y promover los programas de doctorado. Además del Comité de Dirección, tendrán un director o directora (de los cuerpos docentes o profesorado permanente laboral, con experiencia en dirección de tesis y al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos), un secretario y un órgano colegiado de gobierno. El director lo nombra el rector, o por consenso de los rectores si la escuela es de varias universidades.
Art. 85Campus universitariosLas universidades públicas que impartan titulaciones en varios municipios pueden organizarse en campus universitarios, que son complejos organizativos territoriales y espacios de integración y convivencia de la comunidad universitaria; siempre debe identificarse la sede principal. Los campus deben contar con recursos docentes, de personal, infraestructuras y servicios. Los que no sean sede de los órganos centrales pueden tener responsables designados por la universidad. Su creación, modificación y supresión la impulsan las universidades, previo informe del Consejo Social.
Art. 86Unidades básicasLas universidades andaluzas deben contar con las unidades básicas del artículo 43 de la Ley Orgánica 2/2023, todas con medios económicos, materiales y humanos suficientes. La Defensoría universitaria puede ser unipersonal o colegiada, con un máximo de tres miembros; debe informar anualmente de sus actuaciones al Claustro Universitario y remitir ese informe al Consejo Social.
Art. 87Criterios para su dotación fundacional o aportaciones al capital socialLa dotación fundacional o aportación al capital de entidades creadas por las universidades públicas debe tener dotación presupuestaria específica, ser proporcionada a su viabilidad, no aportar bienes de dominio público salvo en concesión o cesión de uso, y remitirse al Consejo Social para su aprobación con informe o memoria económica. Las ampliaciones siguen los mismos requisitos. No son aportación al capital las subvenciones o prestaciones por convenio o contrato. La creación o participación se comunica a la Consejería de hacienda en quince días.
Art. 88Claustro UniversitarioEl Claustro es el máximo órgano de representación y participación de la comunidad universitaria. Tiene entre 100 y 300 miembros: natos (rector, que preside, secretario general y gerente) y electos: cuerpos docentes funcionarios y profesorado permanente laboral (51 %), personal docente e investigador no permanente y asociado (mínimo 8 %), personal técnico, de gestión y de administración y servicios (mínimo 8 %) y estudiantado (mínimo 25 %). Mandato máximo de seis años, dos para estudiantes; renovación total en el primer año del mandato del rector.
Art. 89Consejo de GobiernoEl Consejo de Gobierno es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Le corresponde lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 2/2023 y la potestad normativa que concreten los estatutos. Tiene entre 30 y 50 miembros, más los natos: rector (que lo preside), secretario general y titular de la gerencia. Debe garantizar la representación de todos los sectores y una participación externa de al menos el cinco por ciento, fijada por los estatutos.
Art. 90Órganos unipersonales universitariosEl rector dirige, gobierna y gestiona la universidad y la representa. Los candidatos deben ser personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo con al menos tres sexenios, tres quinquenios y tres años de gestión en cargos unipersonales. Lo nombra el Consejo de Gobierno de la Junta, con efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOJA. Nombra a su equipo de gobierno. La Secretaría General da fe y preside la Comisión Electoral. La Gerencia se nombra de acuerdo con el Consejo Social y no puede ejercer docencia ni investigación. Personal eventual: no más de tres.
Art. 91Elecciones a rector o rectoraEl rector se elige para un único mandato de seis años por sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria. El peso de los cuerpos docentes funcionarios y profesorado permanente laboral no puede bajar del 51 %. Tras las elecciones, el saliente sigue en funciones hasta la publicación en el BOJA del nuevo nombramiento. En caso de dimisión, fin de mandato sin elecciones o vacancia, asume el cargo un miembro del equipo de gobierno que cumpla los requisitos y debe convocar elecciones en el plazo máximo de un mes. En funciones, despacho ordinario salvo urgencia.
Art. 92NaturalezaEl Consejo Social es el órgano de participación y representación de la sociedad en la universidad pública y elemento de interrelación entre ambas. Todas las universidades públicas andaluzas tienen Consejo Social, salvo la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene un Patronato. Sus relaciones con los demás órganos se rigen por coordinación, colaboración y lealtad. Los Consejos Sociales cuentan con una partida en el Presupuesto de la Junta de Andalucía incluida en el modelo de financiación.
Art. 93FuncionesEl Consejo Social tiene funciones en tres ámbitos. En programación y gestión: informa la oferta de enseñanzas y la creación de centros, aprueba fundaciones y la programación plurianual, aprueba planes de relación con el entorno y medidas antifraude. En lo económico: aprueba o rechaza el presupuesto, aprueba el plan plurianual de financiación, las cuentas anuales y los precios de enseñanzas propias, y ordena auditorías externas. Respecto de la comunidad universitaria: retribuciones adicionales, becas y empleo. Además, aprueba un plan trienal de actuaciones.
Art. 94ComposiciónComponen el Consejo Social la presidencia, propuesta por el Consejo de Gobierno de la Junta oído el rector, y las vocalías: rector, secretario general, gerencia, un profesor y un representante del personal técnico, de gestión y de administración y servicios elegidos por el Consejo de Gobierno de la universidad, un estudiante y diecisiete miembros de la vida económica, social y cultural: tres empresariales, tres sindicales, dos municipalistas, uno de colegios profesionales, cuatro del Consejo de Gobierno de la Junta y cuatro del Parlamento. Mandato no nato: seis años improrrogables.
Art. 95Ceses y vacantesSe pierde la condición de miembro del Consejo Social por: fin del mandato; renuncia, fallecimiento o incapacidad; incompatibilidad; decisión del órgano o entidad que designó o propuso; pérdida de la condición que motivó la designación, e incumplimiento reiterado de los deberes, incluida la ausencia injustificada a dos plenos consecutivos. Las vacantes se cubren por los criterios y procedimientos del artículo 94, y hasta entonces el saliente sigue en funciones solo en los casos de fin de mandato y de decisión del órgano designante.
Art. 96Reglamento de organización y funcionamientoLa aprobación y modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social se ajustará a lo previsto en el artículo 129.6. Ese reglamento debe regular necesariamente: número y periodicidad de las sesiones ordinarias, supuestos de convocatoria extraordinaria, cuórum de constitución y de adopción de acuerdos, mayorías, deberes de los miembros, procedimientos para apreciar sus incumplimientos y atribuciones de presidencia y secretaría.
Art. 97Régimen jurídico de las actuaciones del Consejo SocialLas actuaciones del Consejo Social se rigen por la Ley Orgánica 2/2023 y esta ley y, en lo no previsto, por las Leyes 39/2015 y 40/2015. El Consejo notifica y publica sus propios acuerdos. Los acuerdos del Pleno agotan la vía administrativa y son impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano. El Pleno revisa de oficio sus acuerdos y resuelve los recursos extraordinarios de revisión. Puede pedir informe a la Asesoría Jurídica de la Universidad.
Art. 98IncompatibilidadesSer miembro del Consejo Social en representación de la vida económica, social y cultural es incompatible con pertenecer a la propia comunidad universitaria y con ocupar, por sí o por persona interpuesta, cargos directivos en empresas que contraten con la universidad o tener en ellas más del diez por ciento del capital. Cualquier miembro es incompatible con cargos en órganos rectores o funciones en universidades privadas. Los miembros tienen derecho a indemnizaciones por desplazamiento, alojamiento y manutención como el equipo de gobierno.
Art. 99Presupuesto y mediosLas universidades deben facilitar al Consejo Social una organización de apoyo técnico y recursos humanos suficientes para cumplir sus funciones, de acuerdo con el artículo 47.4 de la Ley Orgánica 2/2023. El Consejo Social cuenta con presupuesto propio y gestión económico-presupuestaria autónoma, sujeta a los mismos controles de ejecución que el resto de la universidad.
Art. 100Consejo Andaluz de Consejos Sociales UniversitariosSe creará el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios, órgano colegiado interadministrativo para la evaluación en común del ejercicio de las funciones de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas en el conjunto del sistema. Se adscribe orgánicamente a la Consejería de universidades. Su composición, funcionamiento y régimen jurídico se determinarán reglamentariamente, sin perjuicio de la Ley 40/2015 y la Ley 9/2007.
Art. 101Administración y disposición de bienesLa administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público y patrimoniales de las universidades públicas se ajustan a las normas generales de patrimonio (básica estatal y autonómica), entendiendo referidas a los órganos de gobierno universitarios las menciones a órganos autonómicos. Para disponer de inmuebles y de muebles de extraordinario valor hace falta la aprobación del Consejo Social, previa al acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad; son de extraordinario valor los que superan el uno por ciento del presupuesto, según tasación pericial externa.
Art. 102ExpropiaciónLas universidades públicas de Andalucía son beneficiarias de las expropiaciones forzosas que hagan las Administraciones con capacidad expropiatoria para instalar, ampliar o mejorar sus servicios y equipamientos. Además, se declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras de estructuras de servicios y equipamientos de los campus y de los parques científico-tecnológicos, a efectos de expropiar los bienes y derechos necesarios.
Art. 103Patrimonio históricoLas universidades con bienes catalogados como históricos deben conservarlos y difundirlos entre su comunidad y el resto de la sociedad. La Consejería competente en universidades podrá tener en cuenta el mantenimiento del patrimonio cultural como criterio de financiación en los planes de inversiones e infraestructuras. Los bienes del patrimonio histórico andaluz en posesión de las universidades quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Art. 104PrincipiosLas universidades públicas andaluzas tienen autonomía económica y financiera. Sus ingresos son precios públicos, transferencias de la Junta y otros de derecho público y privado. Las transferencias se fijan con un modelo de financiación común, revisado cada cinco años y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, con siete principios (entre ellos, corresponsabilidad: recursos adicionales hasta al menos el 25 % de lo recibido por el modelo). Estructura: financiación básica armonizada y vinculada a resultados; puede prever nivelación y proyectos estratégicos.
Art. 105Uso de remanentes no afectadosLas universidades públicas pueden crear un fondo propio a partir de remanentes de tesorería. Previa autorización de la Consejería competente en hacienda, se destina a inversiones y a mejorar ingresos, prioritariamente para proyectos estratégicos de investigación y transferencia; excepcionalmente, con esa autorización, a reducir deuda. Pueden incorporarse donaciones y mecenazgo de finalidad genérica o adecuada al fondo. Se gestiona de forma transparente y sus rendimientos se incorporan a la partida de ingresos del presupuesto.
Art. 106Planificación estratégica y contratos programaCada universidad pública andaluza elabora un plan estratégico plurianual con objetivos sociales, académicos e investigadores, planificación económica y académica y programas. Puede elaborar programaciones plurianuales que conduzcan a convenios y contratos programa aprobados por la comunidad autónoma, con medios de financiación y criterios de evaluación. Los planes estratégicos se concretan en planes operativos de mejora de calidad, base de los contratos programa y de la financiación vinculada a resultados. Pueden aprobar programas de financiación universitaria condicionada.
Art. 107Presupuesto de las universidades públicasLa Consejería competente en hacienda, oída la Comisión del Sistema Público Universitario, fija el régimen presupuestario y contable de las universidades públicas, que tendrán control interno con auditoría interna. Presupuestos y cuentas se adaptan a las normas del sector público. Los costes de personal los autoriza la comunidad autónoma, con documentación remitida a la Consejería de universidades. El presupuesto incluye remanentes, indicadores de equilibrio, deuda y pago a proveedores, y los presupuestos de entes propios. Se remite al Parlamento en no más de un mes desde su aprobación.
Art. 108EndeudamientoLa Consejería competente en hacienda, a través de la Ley del Presupuesto, fija un límite anual de endeudamiento para el conjunto de universidades públicas y para cada una. Cada operación de endeudamiento de las universidades y sus entidades dependientes requiere autorización de esa Consejería, que se entiende concedida a los quince días para operaciones de tesorería transitoria canceladas en el ejercicio, que no superen el 15 % de la transferencia para gastos corrientes ni se garanticen con derechos reales. En los demás casos el silencio es desestimatorio.
Art. 109Rendición de cuentasLas universidades públicas andaluzas fijan en sus estatutos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, y rinden cuentas ante el Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Ante el Parlamento, cada dos años desde el segundo año del mandato del rector o rectora, compareciendo ante la comisión de universidades. Ante la Cámara de Cuentas, aprueban las cuentas anuales en seis meses desde el cierre del ejercicio y las envían dentro del mes siguiente con su memoria; igual remisión a la Consejería de universidades, que las traslada a Hacienda antes del 30 de septiembre.
Art. 110Contabilidad analíticaLas universidades públicas andaluzas y sus centros privados adscritos deben contar con un sistema de contabilidad analítica o equivalente, conforme a lo previsto en los artículos 59.4 y 100.4 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo. La obligación alcanza a ambos tipos de entidad y admite un sistema equivalente.
Art. 111TransparenciaLa transparencia es elemento esencial para la rendición de cuentas y el buen gobierno. Todas las universidades andaluzas deben tener un repositorio en línea, en su web y accesible a cualquier persona, con los trabajos conducentes a títulos oficiales (fin de grado, fin de máster y tesis), respetando propiedad intelectual y protección de datos. Las públicas dan acceso a la información pública según las Leyes 19/2013 y 1/2014 y cumplen su publicidad activa, en particular sobre cargos y remuneración, sexenios, financiación de investigación, patentes, indicadores de éxito y precios.
Art. 112IntegridadLos órganos unipersonales y colegiados de las universidades andaluzas actúan con objetividad e independencia en defensa de los intereses de la universidad. Los órganos unipersonales y todos los integrantes de órganos colegiados, sean o no de la comunidad universitaria, deben abstenerse cuando proceda según el artículo 23 de la Ley 40/2015. Las públicas aprueban una normativa de regalos protocolarios; universidades y centros adscritos, un código ético, un plan de buenas prácticas, un plan frente a riesgos de incumplimiento y un canal de denuncias obligatorio.
Art. 113Consejo de IntegridadLas universidades públicas cuentan con un Consejo de Integridad presidido por el rector o rectora, o por el vicerrector o vicerrectora por delegación; los estatutos fijan su composición y funcionamiento, con representantes de los sectores universitarios y del Consejo Social elegidos por el Parlamento de Andalucía. Impulsa la integridad, persigue la mala praxis académica y eleva un informe anual al Claustro (u órgano equivalente en la Universidad Internacional de Andalucía), que se publica en la web. Las privadas deben perseguir la mala praxis dentro de su autonomía.
Art. 114PublicidadNo pueden publicitarse universidades, centros, enseñanzas o titulaciones sin los requisitos para funcionar o que hayan perdido su eficacia, salvo enseñanzas con verificación iniciada e informe previo favorable, indicando que están pendientes de verificación positiva e implantación. Igual prohibición para títulos extranjeros no autorizados. La publicidad de estudios concretos menciona clave registral, tipo de enseñanza, denominación oficial, equivalencias, carácter extranjero y si el centro es propio o adscrito. Vela la Consejería.
Art. 115Procedimiento de creación y reconocimientoCrear universidades públicas y reconocer privadas en Andalucía exige ley del Parlamento, con los requisitos básicos (Ley Orgánica 2/2023 y Real Decreto 640/2021) y los adicionales autonómicos. El procedimiento empieza con la solicitud y requiere informes de la Conferencia General de Política Universitaria, de la ACCUA (en dos meses como máximo) y del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. La Consejería resuelve por orden; si se cumplen los requisitos, eleva el anteproyecto de ley al Consejo de Gobierno. Plazo: doce meses; silencio desestimatorio.
Art. 116Requisitos generalesAdemás de los requisitos básicos estatales, Andalucía exige para crear o reconocer universidades: valor añadido, investigación relevante con programación plurianual, ciclos completos de enseñanzas oficiales, un profesor por cada 25 alumnos como mínimo (hasta uno por 50 en enseñanza virtual), al menos un 20 % de profesorado doctor acreditado o evaluado al inicio, plantilla técnica y de gestión suficiente, instalaciones adecuadas, informes de las Direcciones Generales de presupuestos y de universidades si es pública, y afectación de terrenos y edificios al uso universitario.
Art. 117Requisitos específicos para las universidades privadasLas universidades privadas cumplen, además de los requisitos generales, otros específicos: normas conformes con la Constitución y la libertad académica, órganos democráticos de representación, incompatibilidad del personal a tiempo completo de las públicas andaluzas, plazas de prácticas, solvencia, plan de viabilidad y cierre, al menos un 3 % del presupuesto a becas y un 5 % a planes propios de investigación. Su profesorado no puede ser personal público en activo a tiempo completo, salvo asociado. Sus normas de funcionamiento se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno.
Art. 118Solicitud y documentación adjunta para universidades privadasLa persona o entidad promotora presenta una solicitud (artículo 66 de la Ley 39/2015) con una memoria justificativa de contenido mínimo: enseñanzas, centros y sedes de los cinco primeros años y plazas curso a curso; objetivos y programas de investigación; plantillas de personal docente e investigador y de personal técnico, de gestión y de administración y servicios, con su incremento anual; y emplazamiento de centros y sedes con sus edificios e instalaciones. Además, un plan de finalización o cierre con su régimen de responsabilidades.
Art. 119Autorizaciones para el inicio de las actividades y conformidadesLa autorización para iniciar las actividades de una nueva universidad se da por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de universidades, cumplidos los requisitos y compromisos de su ley. Los actos que modifiquen la personalidad jurídica o la estructura de una universidad privada, o transmitan su titularidad o la de centros adscritos, se comunican antes a la Consejería para su conformidad, que puede denegarse en tres meses desde la entrada en el Registro Electrónico Único. Las modificaciones del expediente las autoriza la Consejería.
Art. 120Control del cumplimiento de los requisitos y revocación de la autorizaciónLa inspección universitaria de la Junta vela por el cumplimiento de los requisitos de los artículos 116 y 117, de los reglamentarios y de los de las leyes de creación y reconocimiento. Representantes y miembros de la comunidad universitaria deben colaborar con ella. Si los incumplimientos no se solventan tras requerimiento de la Consejería de universidades, se revoca la autorización para el inicio de la actividad, por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de esa Consejería.
Art. 121FinalidadLa adscripción de centros públicos o privados a las universidades andaluzas busca la homogeneidad de sus títulos y su articulación con la universidad. Se formaliza por convenio entre el representante legal del titular del centro y el rector o rectora. Los centros adscritos se rigen por la Ley Orgánica 2/2023, esta ley, los estatutos de la universidad en lo aplicable, sus propias normas y el convenio. Los centros privados deben integrarse o adscribirse a una universidad andaluza en su provincia; su objeto exclusivo es la educación superior y, en su caso, investigación y transferencia.
Art. 122Contenido del convenio de adscripciónEl convenio de adscripción tiene un contenido mínimo: ubicación, enseñanzas y vinculación con la universidad; plan de docencia y plantillas; personal docente e investigador temporal no superior al 40 % de la plantilla docente; incompatibilidad del profesorado de centros privados con plazas públicas, salvo asociados; previsión de estudiantes a cinco años; financiación, con al menos un 3 % del presupuesto a becas; calidad; vigencia máxima de seis años prorrogable por otros seis; custodia de expedientes; plan de extinción; y afectación de terrenos.
Art. 123Autorización de adscripciónEl Consejo de Gobierno de la Junta aprueba por decreto la adscripción de centros docentes públicos o privados a una universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno de la universidad (u órgano equivalente de la privada), previo informe del Consejo Social (u órgano equivalente) y del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria. Las modificaciones del convenio requieren la misma autorización. El inicio de la actividad de los centros adscritos se autoriza por orden del titular de la Consejería de universidades.
Art. 124Regularización de la adscripciónAnte un incumplimiento manifiesto de obligaciones legales y compromisos, si el centro adscrito no atiende el requerimiento de la universidad o de los órganos autonómicos, la Consejería competente en universidades acuerda la regularización de la adscripción por el procedimiento del artículo 12 del Real Decreto 640/2021, previa audiencia del titular del centro o del representante de la universidad. La resolución fija sus efectos sobre el estudiantado afectado y las actividades del centro.
Art. 125Revocación de la adscripción y desadscripciónLa adscripción se revoca si, acabado el plazo de la resolución de regularización, no se subsanan las irregularidades. También cabe la desadscripción por acuerdo, mediante convenio con contenido mínimo, solicitada motivadamente por la universidad a la Consejería. La revocación se acuerda por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería y con informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria; se publica en el BOJA y se comunica al Ministerio. No cabe nueva adscripción hasta extinguir los estudios de la anterior.
Art. 126Creación y supresión de los centros privados de enseñanza no oficiales y de nivel similar al universitarioLa creación y supresión de centros privados que imparten enseñanzas no oficiales de nivel similar al universitario, no adscritos a ninguna universidad, requiere autorización por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta. Pueden impartir docencia y emitir títulos no oficiales, pero no publicitarse de forma que induzca a confusión con títulos universitarios oficiales; si lo hacen, se aplican sanciones según la legislación de consumidores y usuarios, otras leyes complementarias y esta ley.
Art. 127Objetivos de la calidad universitariaLa calidad del sistema universitario andaluz abarca docencia, investigación, innovación y transferencia y gestión del conocimiento. La ACCUA proporciona a las universidades criterios y referencias de calidad según estándares internacionales. La Junta, a través de la ACCUA, apoya la mejora de docencia e investigación y requiere a las universidades la formación de su personal y planes de estudios flexibles, adaptados a la realidad andaluza y evaluados. El sistema garantiza una enseñanza rigurosa, actual, práctica, crítica y creativa.
Art. 128Evaluación de la calidadLa Consejería de universidades, oídos el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria y la ACCUA, fija criterios para un sistema de información homogéneo que permita coordinar la evaluación de la calidad. Las universidades aseguran sus órganos de evaluación y sus sistemas internos de garantía de calidad, ambos certificados por la ACCUA. La evaluación incluye al menos docencia, investigación y transferencia, y sus resultados pueden tenerse en cuenta en la financiación. Se asumen o reconocen evaluaciones de agencias acreditadas por el EQAR.
Art. 129Calidad normativa de las universidades públicas andaluzasLas universidades públicas, como Administración, elaboran su normativa según la normativa básica estatal y la autonómica, y evalúan su impacto jurídico, económico, presupuestario, social, medioambiental, de género y de protección de datos. Los estatutos son su norma institucional básica. Su aprobación o modificación (salvo la Universidad Internacional de Andalucía) tiene dos fases: aprobación por el Claustro y remisión en diez días a la Consejería para control de legalidad. Dura como máximo seis meses y termina por decreto del Consejo de Gobierno; rige desde su publicación en el BOJA.
Art. 130Funciones y composición de la inspección universitaria de la Junta de AndalucíaLa Consejería de universidades realiza las actividades de inspección de las competencias autonómicas sobre universidades. La inspección universitaria la integra personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración (grupo A, subgrupo A1) de la Junta, dependiente de esa Consejería y habilitado por su titular. Ese personal tiene la condición de agente de la autoridad. Sus actuaciones son confidenciales y los datos obtenidos, reservados: solo sirven a la actuación inspectora y no se ceden, salvo que una ley obligue a comunicar indicios de infracciones.
Art. 131Colaboración en el ejercicio de la potestad de inspecciónPor el principio de colaboración recíproca, los órganos de la Junta y sus entidades instrumentales, otras Administraciones (en especial las universidades) y cualquier persona que intervenga en las actividades reguladas deben colaborar con la inspección universitaria: suministrar información y permitir el acceso a dependencias y documentación. Si la inspección detecta posibles infracciones de competencia ajena, las comunica al órgano competente; y los demás órganos que detecten infracciones de esta ley las comunican a la inspección universitaria.
Art. 132Acta de inspecciónEl acta de inspección acredita, en cualquier soporte, una actuación de la inspección universitaria en lugar y tiempo determinados. Recoge lugar, fecha y hora; identificación de interesados; hechos, medios, documentos y alegaciones; presuntas infracciones, preceptos vulnerados, graduación y responsable; y conducta colaboradora u obstativa (no facilitar datos se considera infracción muy grave). Formalizada, es documento público con valor probatorio salvo prueba en contrario. Firmarla no supone reconocer irregularidades ni aceptar responsabilidades, salvo reconocimiento expreso.
Art. 133Sujetos responsables administrativamenteResponden de las infracciones de esta ley las personas físicas o jurídicas y, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes, a título de dolo o culpa. Si la infracción es atribuible a varias personas, responden solidariamente, salvo sanción pecuniaria individualizable según su participación. Quienes ocupen órganos de gobierno o administración de universidades y centros también son responsables administrativamente.
Art. 134Infracciones administrativasSon infracciones en materia de universidades las acciones y omisiones tipificadas en esta ley. Los reglamentos pueden introducir especificaciones o graduaciones que, sin crear infracciones o sanciones nuevas ni alterar su naturaleza o límites, ayuden a identificar conductas o determinar sanciones. Las infracciones son leves, graves o muy graves según la naturaleza de la contravención, su trascendencia y repercusión y, en su caso, la reincidencia. La posible infracción da lugar al expediente sancionador.
Art. 135Infracciones levesSon infracciones leves: impartir enseñanzas sin la autorización de puesta en funcionamiento cuando constan todos los informes favorables y solo falta publicar la norma que la autoriza; incumplir la publicidad de precios del servicio, si no forma parte de una infracción grave o muy grave; no tener hojas de reclamaciones o negarse a facilitarlas al pedirlas; y cualquier otro incumplimiento de obligaciones estatales o autonómicas en materia de universidades no calificado como grave o muy grave.
Art. 136Infracciones gravesSon infracciones graves: usar indebidamente denominaciones reservadas o que induzcan a confusión; impartir enseñanzas sin los trámites necesarios (si no es muy grave); no informar de que los títulos extranjeros no son homologables automáticamente; cambiar la titularidad sin comunicación previa o con disconformidad de la Junta; la publicidad contraria al artículo 114; incumplir dolosamente requerimientos de inspección o medidas provisionales; obstruir la labor inspectora; incumplir el emplazamiento; instalaciones deficientes; cobrar más de lo publicitado; y reincidir en leves.
Art. 137Infracciones muy gravesSon muy graves, entre otras: impartir enseñanzas universitarias sin la preceptiva autorización; abrir o cerrar un centro o universidad sin autorización previa; incumplir tras el inicio los requisitos o compromisos de la autorización; incumplimientos de centros extranjeros; publicidad engañosa sobre la autorización o el carácter universitario; documentación falsa determinante; incumplir índices de calidad; impartir en instalaciones de otro nivel; obstruir de forma continuada la inspección; reincidir en graves; graves con perjuicios muy graves; daño notorio a la imagen; y discriminación.
Art. 138Sanciones administrativasSanciones: leves, apercibimiento por escrito o multa hasta 12.000 euros; graves, multa de 12.001 a 30.000 euros; muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Graves y muy graves pueden llevar accesorias: cierre de instalaciones, revocación o suspensión de actividad e inhabilitación, con un máximo de cinco años, y pérdida de subvenciones universitarias de la Junta. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, puede elevarse hasta ese beneficio. Las multas desde 30.001 euros y las que lleven accesorias se publican en el BOJA una vez firmes.
Art. 139Graduación de sancionesPara graduar la sanción, además de los criterios del artículo 29.3 de la Ley 40/2015, se tienen en cuenta: perjuicios al estudiantado, naturaleza de la infracción, beneficio ilícito, trascendencia social, incumplimiento de requerimientos, repercusiones negativas para el sistema universitario y subsanación antes de la resolución definitiva. Reincidencia es cometer una infracción de la misma naturaleza en un año desde la notificación de otra sanción firme en vía administrativa. Cabe exigir además reposición e indemnización, a pagar en tres meses.
Art. 140Prescripción de infracciones y sancionesLas infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las impuestas por graves a los tres años y las impuestas por leves al año. Los plazos coinciden para infracciones y sanciones en cada nivel.
Art. 141Medidas provisionalesLas medidas provisionales antes o durante el expediente sancionador son las del artículo 56 de la Ley 39/2015. Pueden adoptarse antes del inicio en casos de urgencia inaplazable y para proteger a los usuarios del servicio de educación universitaria. En los quince días siguientes, el órgano competente debe acordar el inicio del procedimiento pronunciándose sobre su confirmación, modificación o levantamiento; si no, quedan sin efecto. Excepcionalmente, se acuerdan al iniciar o durante la instrucción, y se extinguen cuando surte efectos la resolución final.
Art. 142Obligación de resolverLa resolución del procedimiento sancionador en materia universitaria debe notificarse en el plazo máximo de un año desde su inicio. Si transcurre ese plazo sin que haya recaído resolución, se produce la caducidad del procedimiento, conforme a los artículos 21.2 y 3 y 25.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Art. 143Órganos competentes para imponer sancionesLa competencia para imponer las sanciones de esta ley se reparte así: la persona titular de la Consejería competente en materia de universidades impone las sanciones por infracciones graves o muy graves, y la persona titular de la Secretaría General competente en materia de universidades impone las sanciones por infracciones leves.
Art. 144Medidas de ejecución forzosaPara la ejecución forzosa de las medidas de cierre o cese de actividades, adoptadas en resolución o como medidas provisionales, la Consejería competente en materia de universidades puede imponer multas coercitivas de entre 600 y 1.200 euros por cada día de incumplimiento, sin perjuicio de otros medios, incluida la compulsión sobre las personas, según los artículos 100 a 104 de la Ley 39/2015.