Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía

Artículo 6. Prerrogativas y potestades de las universidades públicas de Andalucía

En pocas palabras

Las universidades públicas andaluzas, como Administraciones públicas, tienen las prerrogativas propias de estas y, en todo caso: potestad reglamentaria sobre su funcionamiento y organización; de programación y planificación; de investigación, deslinde y recuperación de oficio de bienes; presunción de legalidad y ejecutividad; ejecución forzosa y potestad sancionadora; revisión de oficio; inembargabilidad de bienes e imprescriptibilidad de derechos; prelaciones de la Hacienda Pública, y exención de garantías, depósitos y cauciones. Además, tienen plena capacidad patrimonial y contractual.

Explicación sencilla

Reconoce a las universidades públicas, por ser Administraciones públicas, una lista mínima de potestades y prerrogativas («en todo caso») y su plena capacidad para actuar en el tráfico jurídico: adquirir y enajenar bienes, contratar, obligarse, recurrir y ejercitar acciones.

Regla mnemotécnica

Ocho letras (a-h) que van de reglamentar a no prestar garantías: la h) les exime de garantías, depósitos y cauciones ante la Junta y ante los órganos judiciales.

Trampa típica de examen

Decir que la exención de garantías, depósitos y cauciones solo opera ante órganos administrativos: el artículo la extiende también a cualquier órgano judicial.

Texto del artículo 6 de la Ley 1/2026, Universitaria para Andalucía

1. Las universidades públicas andaluzas, como Administraciones públicas que son, ostentarán, dentro del ámbito de sus competencias, las prerrogativas y potestades propias de estas y, en todo caso, las siguientes: a) La potestad de reglamentación de su propio funcionamiento y organización. b) La potestad de programación y planificación. c) La potestad de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. d) La presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos. e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. f) La potestad de revisión de oficio de sus actos, acuerdos y reglamentos. g) La inembargabilidad de sus bienes y la imprescriptibilidad de sus derechos en los términos previstos en las leyes, y las prelaciones y preferencias reconocidas a la Hacienda Pública para sus créditos, sin perjuicio de las que correspondan a las haciendas del Estado y de la comunidad autónoma. h) La exención de garantías, depósitos y cauciones ante cualquier órgano administrativo de la Junta de Andalucía y órgano judicial. 2. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, tendrán plena capacidad para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos; establecer y explotar obras y servicios; obligarse; interponer los recursos establecidos, y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

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