Tema 66 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 55. Salud, sanidad y farmacia

Exclusiva (55.1): organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios; ordenación farmacéutica (art. 149.1.16.ª CE); investigación con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado. Compartida (55.2): sanidad interior, sin perjuicio del artículo 61. Ejecución de la legislación estatal en productos farmacéuticos (55.3). Participación en la planificación y coordinación estatal de sanidad y salud pública, según el Título IX (55.4).

Artículo 1

La Ley 2/1998 tiene tres objetos: regular con carácter general las actuaciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud previsto en la Constitución; definir, respetar y cumplir los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; y ordenar con carácter general las actividades sanitarias de las entidades públicas y privadas en Andalucía.

Artículo 2

Las actuaciones sobre protección de la salud se inspiran en doce principios: universalización y equidad; igualdad social y equilibrio territorial; concepción integral de la salud (promoción, educación sanitaria, prevención, asistencia y rehabilitación); integración funcional de los recursos públicos; planificación, eficacia y eficiencia; descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión; participación de ciudadanos y de trabajadores; promoción del interés por la salud; docencia e investigación; mejora continua de la calidad; y uso eficaz y eficiente de los recursos.

Artículo 3

Sin perjuicio de los artículos 1 y 16 de la Ley General de Sanidad, son titulares de los derechos: los españoles y extranjeros residentes en cualquier municipio andaluz; los españoles y extranjeros no residentes en Andalucía pero sí en el territorio nacional, con el alcance que fije la legislación estatal; los nacionales de la Unión Europea, según el derecho comunitario y los tratados; y los de Estados no UE, según leyes, tratados y convenios. A todas las personas en Andalucía se les garantizan las prestaciones vitales de emergencia.

Artículo 4

Las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía serán, como mínimo, las fijadas en cada momento para el Sistema Nacional de Salud. Incluir prestaciones nuevas que superen ese mínimo exige una evaluación previa de su efectividad y eficiencia en términos tecnológicos, sociales, de salud, de coste y de ponderación en la asignación del gasto público, y debe llevar asociada la financiación correspondiente.

Artículo 5

La actuación sanitaria de la Administración de la Junta de Andalucía se rige, a efectos de esta Ley, por cuatro principios: planificación, participación, cooperación y coordinación, tanto con el resto de actuaciones de la propia Administración como con las demás Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, respetando las competencias atribuidas a cada una.

Artículo 6

Enumera los derechos ante los servicios sanitarios públicos andaluces: información, confidencialidad, constancia escrita del proceso e informe de alta, acceso al historial, libre elección de médico y centro, tiempo máximo de acceso, médico asignado, consentimiento informado (salvo riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave), segunda opinión, negarse al tratamiento y reclamaciones. El internamiento forzoso de enfermos mentales se reexamina al menos trimestralmente. Muchos de estos derechos rigen también en la sanidad privada.

Artículo 7

Los ciudadanos tienen derecho, al amparo de esta Ley, a disfrutar de un medio ambiente favorable a la salud. Para hacerlo efectivo, las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 8

Los ciudadanos tienen seis deberes ante los servicios sanitarios en Andalucía: cumplir las prescripciones generales y las específicas de los servicios sanitarios (sin perjuicio del artículo 6.1, epígrafes ñ y p); cuidar las instalaciones; usar adecuadamente los recursos, sobre todo servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones; cumplir las normas de uso y acceso a los derechos; respetar las normas del centro y a su personal; y firmar el documento pertinente si rechazan las actuaciones sanitarias.

Artículo 9

La Junta de Andalucía garantiza a los ciudadanos información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes y sobre los servicios y prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Consejo de Gobierno garantiza el pleno ejercicio de derechos y obligaciones y fija reglamentariamente su alcance y condiciones. Todo el personal, sanitario y no sanitario, de centros públicos y privados implicado en procesos asistenciales debe no revelar datos del proceso, salvo excepciones legales.

Artículo 10

Todos los centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados, deben disponer y, en su caso, tener permanentemente a disposición de los usuarios: información accesible, suficiente y comprensible sobre sus derechos y deberes; formularios de sugerencias y reclamaciones; y personal y locales bien identificados para atender la información, reclamaciones y sugerencias del público.

Artículo 11

El Consejo Andaluz de Salud es el órgano colegiado de participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución. Además, asesora a la Consejería de Salud cuando esta ejerce sus funciones de fomento y desarrollo de la participación ciudadana.

Artículo 12

El Consejo de Gobierno regula por reglamento la organización, composición, funcionamiento y atribuciones del Consejo Andaluz de Salud, con criterios de participación democrática de todos los interesados. En todo caso debe garantizar la participación de las Administraciones locales, los sindicatos (en los términos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical), las organizaciones empresariales más representativas a nivel de Andalucía, los colegios profesionales y las organizaciones de consumidores y usuarios de Andalucía.

Artículo 13

En cada área de salud habrá un Consejo de Salud del Área, órgano colegiado de participación ciudadana que hace el seguimiento de la ejecución de la política sanitaria en su ámbito y asesora a los órganos de la Consejería de Salud de ese nivel. Lo regula el Consejo de Gobierno con participación democrática, garantizando la de Administraciones locales, sindicatos y organizaciones empresariales más representativos del sector, colegios profesionales sanitarios del territorio del área y consumidores y usuarios.

Artículo 14

El Consejo de Gobierno podrá establecer órganos de participación ciudadana en otros niveles de la organización territorial y funcional del Sistema Sanitario Público de Andalucía, para seguir la ejecución de la política sanitaria, asesorar a los órganos directivos e implicar a las organizaciones sociales y ciudadanas. También los regula reglamentariamente, con participación democrática y una composición fijada en cada caso según su naturaleza y ámbito de actuación.

Artículo 15

La Administración Sanitaria Pública de Andalucía promoverá nueve actuaciones de salud pública: atención al medio; control de riesgos de los productos alimenticios en toda la cadena alimentaria; control y prevención de las antropozoonosis; salud mental; vigilancia e intervención epidemiológica y estadísticas vitales; colaboración con el Estado en farmacovigilancia; educación para la salud; estilos de vida saludables; y formación e investigación en salud pública.

Artículo 16

La Administración Sanitaria Pública de Andalucía promoverá actuaciones sanitarias sobre salud laboral, dentro del marco de dos leyes estatales: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 17

En salud laboral corresponde a la Administración Sanitaria Pública de Andalucía: establecer medios para evaluar y controlar las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en las empresas, con pautas y protocolos fijados oídas las sociedades científicas; implantar sistemas de información para elaborar mapas de riesgos laborales junto con las autoridades laborales y hacer estudios epidemiológicos; supervisar la formación del personal sanitario de los servicios de prevención autorizados; y elaborar y divulgar estudios y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.

Artículo 18

En asistencia sanitaria, la Administración Sanitaria Pública desarrollará seis actuaciones: atención integral de la salud con continuidad asistencial en atención primaria y especializada; salud mental, preferentemente en la comunidad, con hospitalizaciones psiquiátricas en unidades psiquiátricas hospitalarias; prestación de productos farmacéuticos, terapéuticos y diagnósticos con el alcance del artículo 4; control de calidad; formación del personal; e investigación.

Artículo 19

La Administración Sanitaria de la Junta, en el marco de sus competencias: crea registros y sistemas de información sanitaria; exige autorizaciones y registro a empresas o productos con especial incidencia en la salud; fija prohibiciones y requisitos mínimos de bienes con riesgo; dicta normas de autorización y registro de centros públicos y privados (que incluye la homologación, con iguales requisitos); otorga la autorización previa de instalación, funcionamiento y modificaciones; inspecciona centros y su publicidad; y fija normas sobre higiene alimentaria y policía sanitaria mortuoria.

Artículo 20

Las autoridades sanitarias evaluarán, seguirán e intervendrán, en asistencia sanitaria individual: la satisfacción de las prestaciones por centros, personal y entidades aseguradoras y colaboradoras; los derechos de los ciudadanos; el cumplimiento de sus obligaciones por los ciudadanos; la eficacia y eficiencia de las unidades de los centros adscritos funcionalmente al SSPA; las actuaciones en salud laboral, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incapacidad; y toda actividad sanitaria, pública y privada.

Artículo 21

Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán limitaciones preventivas sobre actividades que puedan dañar la salud. Ante un riesgo inminente y extraordinario podrán suspender actividades, cerrar empresas o instalaciones e intervenir medios materiales y personales, siempre que exista o se sospeche razonablemente ese riesgo. Si estas medidas se ordenan con carácter obligatorio, de urgencia o de necesidad, se ajustarán al artículo 28 de la Ley General de Sanidad y a la Ley Orgánica 3/1986.

Artículo 22

En Andalucía son órganos con competencia sanitaria el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el Consejero de Salud y demás órganos de la Consejería de Salud, y los Alcaldes, de acuerdo con la legislación de régimen local y con esta Ley.

Artículo 23

El personal inspector es agente de la autoridad y puede entrar sin previa notificación en cualquier momento, hacer pruebas, tomar muestras y adoptar medidas cautelares en urgente necesidad, de las que dará cuenta inmediata a las autoridades sanitarias, que las ratificarán o no en 48 horas como máximo. Sus actas son documentos públicos y hacen prueba salvo que se acredite lo contrario. Tras la inspección cabe suspender, prohibir actividades o clausurar definitivamente centros.

Artículo 24

Son infracciones sanitarias las tipificadas en las normas estatales y autonómicas vigentes y en esta Ley. Su clasificación y criterios se atienen al artículo 34 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, y al Título IX de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 25

Sin perjuicio del artículo 35 de la Ley General de Sanidad, son infracciones graves: dificultar el disfrute de los derechos del Título II de esta Ley; incumplir normas de autorización, calificación, acreditación, homologación y registro de centros; incumplir normas sobre datos y estadísticas sanitarios; y desviar ayudas o subvenciones públicas. Pueden calificarse de muy graves según el daño, la relevancia sanitaria, el beneficio, la intencionalidad o la reincidencia en un año declarada por resolución firme.

Artículo 26

Si la infracción puede ser delito, la autoridad sanitaria pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya sentencia firme. Si no se aprecia delito, la Administración continúa el procedimiento respecto de los hechos que los tribunales hayan considerado probados. Las medidas administrativas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantienen hasta que la autoridad judicial se pronuncie.

Artículo 27

Las infracciones sanitarias se sancionan con las multas y medidas del artículo 36.1 y 2 de la Ley General de Sanidad. Imponen multas: los Alcaldes, hasta 2.500.000 pesetas; el Consejero de Salud, hasta 25.000.000; y el Consejo de Gobierno, las superiores a 25.000.000. Estas competencias pueden desconcentrarse en órganos inferiores de cada Administración, y la Junta puede actuar en sustitución de los municipios en los supuestos de la legislación de régimen local.

Artículo 28

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver puede adoptar, mediante acuerdo motivado, medidas provisionales para asegurar el cumplimiento de la resolución y, en todo caso, la legalidad y la salud pública. Entre otras: la suspensión total o parcial de la actividad, la clausura de centros, servicios, establecimientos o instalaciones y la exigencia de fianza.

Artículo 29

La clausura o cierre de centros sin las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, la suspensión de su funcionamiento hasta corregir defectos o cumplir requisitos de sanidad, higiene o seguridad, y la retirada del mercado, precautoria o definitiva, de productos o servicios por esas razones las acuerda la autoridad sanitaria competente y no tienen carácter de sanción.

Artículo 30

El Plan Andaluz de Salud recoge las líneas directivas y de planificación de actividades, programas y recursos necesarios para alcanzar el objeto de la Ley. Es el marco de referencia y el instrumento indicativo de todas las actuaciones en materia de salud en Andalucía. Su vigencia no la fija la Ley: la fija el propio plan.

Artículo 31

La Consejería de Salud elabora el Plan Andaluz de Salud y establece sus contenidos principales, metodología, plazo de elaboración y mecanismos de evaluación y revisión. El Plan contemplará en particular: conclusiones del análisis de los problemas de salud y de los recursos; objetivos de salud generales y por áreas de actuación; prioridades de intervención; estrategias y políticas de intervención; calendario general de actuación; y recursos necesarios y su evaluación.

Artículo 32

El Plan Andaluz de Salud lo aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud. Además se remite al Parlamento de Andalucía, pero para su conocimiento y estudio, no para su aprobación.

Artículo 33

Los órganos correspondientes de cada área de salud elaborarán planes de salud específicos, de conformidad con los criterios y pautas del Plan Andaluz de Salud y teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio. Estos planes los aprueba la Consejería de Salud.

Artículo 34

Corresponde a las Administraciones Públicas garantizar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria a los ciudadanos, siguiendo las directrices y objetivos de la Ley 2/1998 y en los términos que esta prevé.

Artículo 35

La Administración de la Junta de Andalucía ejerce sus competencias en cuatro materias: sanidad interior; higiene y salud pública; asistencia y prestaciones sanitarias; y ordenación farmacéutica. Lo hace de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 36

La Consejería de Salud, en el marco de la acción política fijada por el Consejo de Gobierno, ejerce: la ejecución de las directrices y criterios generales de la política de salud; planificación y asistencia sanitaria; asignación de recursos a programas y demarcaciones territoriales; alta dirección, inspección y evaluación de actividades, centros y servicios sanitarios; y las demás competencias que le atribuya la legislación vigente.

Artículo 37

La Consejería de Salud coopera con los municipios prestándoles el apoyo técnico preciso para ejercer las competencias de salud pública que les atribuye esta Ley. En su caso, puede intervenir de forma subsidiaria, conforme a la normativa vigente en materia de régimen local.

Artículo 38

Los municipios ejercen sus competencias sanitarias en el marco de los planes y directrices de la Junta. En salud pública responden del control sanitario del medio ambiente, de industrias, actividades, servicios y transportes, de edificios y lugares de convivencia, de la distribución de alimentos y bebidas y de cementerios y policía sanitaria mortuoria, y desarrollan programas de promoción de la salud. En gestión pueden participar en órganos y planes, colaborar en centros y acordar convenios o consorcios.

Artículo 39

Para cumplir las competencias y funciones sanitarias de las que son titulares, los municipios adoptarán disposiciones de carácter sanitario, que serán de aplicación en su ámbito territorial.

Artículo 40

Si el desarrollo de sus funciones sanitarias lo requiere, los municipios pueden disponer de personal y servicios sanitarios propios. Si no lo justifica, deben recabar el apoyo técnico del personal y medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén comprendidos.

Artículo 41

El personal sanitario de la Junta de Andalucía que preste apoyo a los municipios en los asuntos de este capítulo tiene la consideración, solo a estos efectos, de personal al servicio de los municipios, con las consecuencias que ello supone en régimen de recursos y responsabilidades personales y patrimoniales.

Artículo 42

El Gobierno de Andalucía puede delegar en los municipios el ejercicio de cualesquiera funciones en materia sanitaria, en las condiciones previstas en la legislación de régimen local y en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 43

El Sistema Sanitario Público de Andalucía es el conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las Administraciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma o vinculadas a ellas, orientados a satisfacer el derecho a la protección de la salud mediante la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención sanitaria.

Artículo 44

El Sistema Sanitario Público de Andalucía integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos. En el marco del Sistema Nacional de Salud, sus características fundamentales son: extensión de sus servicios a toda la población; aseguramiento único y público y financiación pública; uso preferente de los recursos sanitarios públicos; y atención integral de la salud con altos niveles de calidad evaluados y controlados.

Artículo 45

Componen el Sistema Sanitario Público de Andalucía los centros, servicios y establecimientos: integrados o adscritos al Servicio Andaluz de Salud; integrados o adscritos al Instituto de Salud de Andalucía; de entidades públicas adscritas a la Administración sanitaria de la Junta; y de diputaciones, ayuntamientos y otras administraciones territoriales intracomunitarias. Además, pueden formar parte los de otras administraciones adscritos por acuerdo o convenio y los adscritos por convenio singular de vinculación.

Artículo 46

La Consejería de Salud dirige y coordina las actividades, servicios y recursos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Garantiza su integración y coordinación para hacer posible la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones, bajo los principios de aseguramiento único y financiación pública.

Artículo 47

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se organiza en demarcaciones territoriales llamadas áreas de salud. Se delimitan atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, ambientales, de vías y medios de comunicación homogéneos y de instalaciones sanitarias existentes, y teniendo en cuenta la ordenación territorial establecida por la Junta de Andalucía.

Artículo 48

El área de salud es el marco de planificación y desarrollo de las actuaciones sanitarias y debe disponer de financiación y dotaciones para prestar atención primaria y especializada, asegurando la continuidad de la atención y la accesibilidad. Sus límites territoriales los aprueba y modifica el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Salud. Su estructura, funcionamiento y órganos de gestión se determinan reglamentariamente.

Artículo 49

Para lograr la mayor eficacia en la organización y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cada área de salud se divide territorialmente en zonas básicas de salud.

Artículo 50

La zona básica de salud es el marco territorial elemental para la atención primaria, de acceso directo de la población, con capacidad de dar una asistencia continuada, integral, permanente y accesible. Sus límites y modificaciones los fija la Consejería de Salud, atendiendo a factores geográficos, demográficos, sociales, económicos, epidemiológicos, culturales y viarios, a los recursos existentes y a la ordenación territorial de la Junta.

Artículo 51

La asistencia sanitaria se presta de forma integrada mediante programas médico-preventivos, curativos, rehabilitadores, de higiene y de educación sanitaria. Se organiza en dos niveles, que actúan bajo criterios de coordinación: atención primaria y atención especializada.

Artículo 52

La atención primaria es el primer nivel de acceso ordinario de la población al Sistema Sanitario Público de Andalucía y presta atención integral a la salud. La prestan, en cada zona básica de salud, los profesionales que forman los equipos de atención primaria, a demanda de la población, en centros de salud y consultorios, de forma programada o urgente y en régimen ambulatorio o domiciliario.

Artículo 53

Para la planificación, gestión y apoyo a la prestación de los servicios de atención primaria de salud de Andalucía existe el distrito de atención primaria. Su ámbito de actuación lo determina la Consejería de Salud.

Artículo 54

La atención especializada la prestan los hospitales y sus centros de especialidades. El hospital con sus centros de especialidades es la estructura responsable de la atención especializada programada y urgente, en régimen de internado, ambulatorio y domiciliario, de la población de su ámbito, y además desarrolla funciones de promoción de la salud, prevención, curación, rehabilitación, docencia e investigación, en coordinación con la atención primaria.

Artículo 55

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía determinar los órganos, la estructura y el funcionamiento de dos estructuras asistenciales: los distritos de atención primaria y los hospitales.

Artículo 56

Cada área de salud dispondrá de al menos un dispositivo de atención especializada de titularidad pública accesible a su población. La Consejería de Salud fijará los servicios y hospitales que deban atender a más de un área y los términos en que los usuarios pueden acceder a otro servicio u hospital cuando su patología supere la capacidad de diagnóstico y tratamiento de su hospital inmediato.

Artículo 57

La Consejería de Salud, en el marco de esta Ley, podrá establecer otras estructuras, con criterios de gestión o funcionales, para prestar la atención primaria o especializada, atendiendo a razones de eficacia, del nivel de especialización de los centros y de la innovación tecnológica.

Artículo 58

Integran el personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía: el de la Administración autonómica que preste servicios en él, el de otras Administraciones adscrito, el del Servicio Andaluz de Salud y de empresas públicas y entes sanitarios del sistema, y el que se incorpore según la normativa. Su régimen depende de su procedencia y relación de empleo. Los profesionales sanitarios y el personal de gestión y servicios tienen en sus funciones la consideración de autoridad pública.

Artículo 59

Cuando centros, servicios o establecimientos sanitarios con personal estatutario con plaza en propiedad pasen a ser gestionados por entidades de naturaleza o titularidad pública creadas a tal efecto, ese personal se mantiene en situación de activo, aunque se le ofertará la posibilidad de incorporarse voluntariamente al régimen de personal de la nueva entidad.

Artículo 60

Al personal estatutario que cambie de régimen jurídico al incorporarse a entidades sanitarias creadas por la Junta y adscritas al Sistema Sanitario Público de Andalucía se le reconoce el tiempo de servicios a efectos de antigüedad retributiva y de acceso a plazas en procesos selectivos. Permanece en su plaza de origen, en situación especial en activo o de excedencia especial en activo según los casos, por un periodo máximo de cinco años.

Artículo 61

Además de lo que le atribuyen la Ley 6/1983 y la legislación general, corresponde al Consejo de Gobierno, entre otras: fijar criterios, directrices y prioridades de la política de salud; aprobar la organización, composición y funciones del Consejo Andaluz de Salud; aprobar el Plan Andaluz de Salud; crear las áreas de salud y aprobar sus límites; aprobar la estructura del Servicio Andaluz de Salud; nombrar y cesar a su Director gerente; autorizar consorcios a la Consejería; y la potestad sancionadora.

Artículo 62

Corresponden a la Consejería de Salud, entre otras: ejecutar la política de salud fijada por el Consejo de Gobierno; la planificación general sanitaria; elaborar el Plan Andaluz de Salud y proponer su aprobación; delimitar demarcaciones; adoptar medidas preventivas ante riesgo inminente y extraordinario para la salud; autorizaciones y registros sanitarios; competencias sancionadoras; acreditación e inspección; ordenación farmacéutica; convenios y conciertos; precios y tarifas; y aprobar el anteproyecto de presupuesto del Servicio Andaluz de Salud.

Artículo 63

Para ejercer sus funciones, la Consejería de Salud podrá actuar directamente o mediante organismos y entidades competentes o que se creen; establecer acuerdos, convenios o conciertos con entidades públicas o privadas; constituir consorcios públicos u otras fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con intereses comunes o concurrentes; y participar en otras entidades públicas cuando convenga a la gestión de los servicios públicos.

Artículo 64

El Servicio Andaluz de Salud es un organismo autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud. Se rige por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, por la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de Andalucía, y por las demás disposiciones aplicables.

Artículo 65

Bajo la supervisión y control de la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud gestiona y administra los centros y servicios sanitarios adscritos que operan bajo su dependencia orgánica y funcional, presta asistencia sanitaria en ellos, gestiona los recursos humanos, materiales y financieros asignados y ejerce las funciones que se le atribuyan reglamentariamente.

Artículo 66

El Servicio Andaluz de Salud, previo informe y deliberación del Consejo de Administración, puede elevar a la Consejería de Salud, para su aprobación por los órganos competentes, propuestas de consorcios públicos u otras fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, y de creación o participación en otras entidades públicas, cuando convenga a la gestión de sus centros y servicios.

Artículo 67

Los órganos superiores de dirección y gestión del Servicio Andaluz de Salud son tres: el Consejo de Administración, la Dirección Gerencia y las direcciones generales que se establezcan.

Artículo 68

El Consejo de Administración, máximo órgano del Servicio Andaluz de Salud, lo preside el Consejero de Salud (en su vacante, ausencia o enfermedad, el Viceconsejero) e incluye representantes de la Administración autonómica, Corporaciones locales, sindicatos y empresarios y consumidores y usuarios más representativos de Andalucía. Define criterios de actuación, eleva el anteproyecto de gastos e ingresos y aprueba la Memoria anual. Funciona siempre en pleno.

Artículo 69

Al Director gerente del Servicio Andaluz de Salud corresponde la representación legal del organismo, resolver la revisión de oficio de actos nulos y anulables, declarar la lesividad de sus actos y resolver la responsabilidad patrimonial, además de lo que se le atribuya reglamentariamente. Lo nombra y separa libremente el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Salud.

Artículo 70

El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio del Servicio Andaluz de Salud corresponden a sus propios Letrados, en los términos del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía coordina la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud con el resto de servicios jurídicos autonómicos.

Artículo 71

Al Servicio Andaluz de Salud se le asignan, conforme a la normativa aplicable, los medios personales y materiales necesarios para cumplir los fines que esta Ley le atribuye. El artículo no fija cifras ni órganos concretos: establece el principio de suficiencia de medios ligado a los fines legales del organismo.

Artículo 72

El Servicio Andaluz de Salud se financiará con cargo a los recursos, aportaciones, rendimientos, subvenciones e ingresos ordinarios a los que se refiere el artículo 80 de esta Ley, pero solo con aquellos que le sean asignados.

Artículo 73

La colaboración de la Administración Sanitaria con la iniciativa privada se instrumenta mediante convenios singulares de vinculación y conciertos sanitarios. Los convenios vinculan al Sistema Sanitario Público centros hospitalarios de titularidad privada y se rigen preferentemente por sus propias normas y por la Ley General de Sanidad, con aplicación de la normativa de contratación. Los conciertos se suscriben con entidades privadas titulares de centros y/o servicios sanitarios.

Artículo 74

Los convenios y conciertos con entidades, empresas o profesionales para prestar servicios sanitarios se suscriben atendiendo a los principios de complementariedad, optimización de los recursos propios, necesidades de atención en cada momento y adecuada coordinación de recursos públicos y privados. En igualdad de eficacia, eficiencia y calidad, las entidades sin ánimo de lucro tienen consideración preferente.

Artículo 75

Suscribir convenios y conciertos conlleva: desarrollar todas las funciones propias de los centros sanitarios; cumplir las directrices y criterios de los órganos de la Junta y los principios y objetivos de esta Ley; atender las necesidades de información sanitaria y estadística y someterse a inspecciones y controles sanitarios, estructurales y económicos; y cumplir las condiciones de la autorización sanitaria, que incluye la homologación y la acreditación.

Artículo 76

Para suscribir convenios y conciertos de asistencia sanitaria, los centros y servicios deben estar autorizados para esas actividades en las unidades asistenciales correspondientes, que se entienden homologadas y acreditadas; someterse a comprobaciones; y ajustarse a los parámetros del Sistema Sanitario Público. Los requisitos de autorización y de homologación son los mismos. El concierto es incompatible con subvenciones que financien las actividades o servicios concertados.

Artículo 77

Sin perjuicio de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, la Administración Sanitaria puede denunciar o resolver el convenio o concierto por: prestar la atención contra los principios de esta Ley; establecer sin autorización servicios complementarios no sanitarios o cobrar por ellos cantidades no autorizadas; infringir gravemente la legislación laboral, de Seguridad Social o fiscal; vulnerar derechos de los ciudadanos; o incumplir gravemente las obligaciones del convenio o concierto.

Artículo 78

La estructura asistencial del Sistema Sanitario Público de Andalucía debe servir para la docencia pregraduada y posgraduada y puede usarse para la formación continuada. El Gobierno andaluz vela por adecuar la formación a las necesidades del Sistema. Los programas docentes e investigadores de los centros universitarios se coordinan entre Universidades y Administraciones, con participación interinstitucional fijada en los conciertos. Las Administraciones deben fomentar la investigación sanitaria.

Artículo 79

En docencia e investigación, corresponde a la Consejería de Salud, sin perjuicio de otros órganos: participar en las políticas y prioridades de investigación en salud; intervenir en los programas y la asignación de recursos de investigación; fomentarla, promoviendo programas de formación; ejecutar o coordinar programas de investigación; y formar y perfeccionar de forma continuada a profesionales sanitarios y no sanitarios desde una perspectiva interdisciplinaria. Los principios de estas funciones se fijan reglamentariamente.

Artículo 80

El Sistema Sanitario Público de Andalucía se financia fundamentalmente con la participación de la Junta en los Presupuestos del Estado afectos a sanidad, los rendimientos de tributos cedidos para fines sanitarios y otros recursos asignados en los Presupuestos de la Junta. Son también fuentes: las aportaciones obligatorias de las Corporaciones locales con cargo a su Presupuesto, los rendimientos de bienes y derechos, las subvenciones y aportaciones voluntarias, y los ingresos por convenios interadministrativos y otros recursos.

Artículo 81

Cuando el Sistema Sanitario Público de Andalucía tenga derecho al reembolso de los gastos efectuados, las tarifas de precios que se establezcan tendrán en cuenta los costes efectivos totales de los servicios prestados, no solo una parte de ellos.

Artículo 1

Los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los extranjeros con residencia establecida en el territorio nacional. A los extranjeros no residentes y a los españoles fuera del territorio nacional se les garantiza en la forma que fijen las leyes y convenios internacionales. Los titulares están legitimados en vía administrativa y jurisdiccional. La Ley regula las acciones que hacen efectivo el derecho del artículo 43 de la Constitución.

Artículo 2

La Ley es norma básica (art. 149.1.16 CE) y se aplica en todo el territorio del Estado, salvo el artículo 31.1 b) y c) y los artículos 57 a 69, que son derecho supletorio en las Comunidades Autónomas que hayan dictado normas sobre esas materias. Las Comunidades Autónomas pueden dictar normas de desarrollo y complementarias de la Ley en ejercicio de las competencias de sus Estatutos.

Artículo 3

Los medios y actuaciones del sistema sanitario se orientan prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. La asistencia sanitaria pública se extiende a toda la población española, con acceso y prestaciones en igualdad efectiva. La política de salud busca superar los desequilibrios territoriales y sociales e integra el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 4

El Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas competentes organizan y desarrollan todas las acciones sanitarias de este título dentro de una concepción integral del sistema sanitario. Las Comunidades Autónomas crearán sus Servicios de Salud dentro del marco de esta Ley y de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 5

Los Servicios Públicos de Salud se organizan para permitir la participación comunitaria, a través de las Corporaciones territoriales, en la formulación de la política sanitaria y en el control de su ejecución. En esa participación se incluyen las organizaciones empresariales y sindicales, cuya representación se fija con criterios de proporcionalidad según el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 6

Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias se orientan a: promover la salud; promover el interés individual, familiar y social por la salud con educación sanitaria; que las acciones sanitarias se dirijan a la prevención de las enfermedades y no sólo a su curación; garantizar la asistencia en todos los casos de pérdida de salud, y promover la rehabilitación funcional y la reinserción social. Deben integrar la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 7

Los servicios sanitarios, y también los administrativos, económicos y cualesquiera otros precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud, adecuarán su organización y funcionamiento a cuatro principios: eficacia, celeridad, economía y flexibilidad.

Artículo 8

Es actividad fundamental del sistema sanitario realizar los estudios epidemiológicos necesarios para orientar la prevención de riesgos para la salud y la planificación y evaluación sanitaria, sobre la base de un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica. Es actividad básica la que incide en la Veterinaria de Salud Pública: higiene, tecnología e investigación alimentarias, lucha contra la zoonosis y riesgos debidos a la vida animal.

Artículo 9

Artículo 10

Todos tienen derechos frente a las administraciones sanitarias: respeto a su personalidad, dignidad e intimidad sin discriminación; información accesible sobre servicios; confidencialidad; ser advertido del uso docente o investigador de los procedimientos (con autorización previa y por escrito del paciente y aceptación del médico y de la Dirección del Centro); médico asignado; participación; reclamaciones con respuesta escrita; elección de médico y obtención de medicamentos. Los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 rigen también en los servicios privados.

Artículo 11

Los ciudadanos tienen tres obligaciones con las instituciones sanitarias: cumplir las prescripciones sanitarias generales y las específicas de los Servicios Sanitarios; cuidar las instalaciones y colaborar en mantener la habitabilidad de las Instituciones Sanitarias; y responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones, sobre todo en la utilización de servicios, procedimientos de baja laboral o incapacidad permanente y prestaciones terapéuticas y sociales.

Artículo 12

Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario a dos fines: corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios Públicos en todo el territorio español, conforme a los artículos 9.2 y 158.1 de la Constitución.

Artículo 13

Artículo 14

Los poderes públicos aplicarán, mediante desarrollo normativo, la facultad de elegir médico en la atención primaria del Área de Salud. En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto de la ciudad.

Artículo 15

Superadas las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de la atención primaria, los usuarios del Sistema Nacional de Salud pueden ser atendidos en los servicios especializados hospitalarios de su Área de Salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo acreditará servicios de referencia, a los que se accede una vez superadas las posibilidades de los servicios especializados de la Comunidad Autónoma de residencia.

Artículo 16

Las normas de utilización de los servicios sanitarios son iguales para todos. Los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud pueden acceder como pacientes privados: en atención primaria, con las mismas normas de asignación de equipos y libre elección; en hospitales, a través de la unidad de admisión y con lista de espera única, sin acceso diferenciado; la facturación se hace sobre costes efectivos y los ingresos son propios de los Servicios de Salud, sin revertir en quienes atienden.

Artículo 17

Las Administraciones Públicas obligadas a atender sanitariamente a los ciudadanos no les abonarán los gastos que ocasione el uso de servicios sanitarios distintos de los que les correspondan según esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y las normas de las Comunidades Autónomas.

Artículo 18

Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y órganos competentes, desarrollan dieciocho actuaciones, entre ellas: educación sanitaria; atención primaria integral; asistencia especializada (que incluye asistencia domiciliaria, hospitalización y rehabilitación); productos terapéuticos; programas para grupos de riesgo; saneamiento y medio ambiente; planificación familiar; salud mental y laboral; control de alimentos y productos farmacéuticos; Veterinaria de Salud Pública; formación del personal; investigación y control de calidad.

Artículo 19

Las autoridades sanitarias propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y ejecución de la legislación sobre: calidad del aire; aguas; alimentos e industrias alimentarias; residuos orgánicos sólidos y líquidos; suelo y subsuelo; formas de energía; transporte colectivo; sustancias tóxicas y peligrosas; vivienda y urbanismo; medio escolar y deportivo; medio laboral; lugares de esparcimiento público, y cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.

Artículo 20

La atención a la salud mental, plenamente integrada en el sistema sanitario general, se presta en el ámbito comunitario, potenciando recursos ambulatorios, hospitalización parcial y atención a domicilio para reducir la hospitalización, con atención especial a la psiquiatría infantil y la psicogeriatría. La hospitalización se hace en unidades psiquiátricas de hospitales generales. Se desarrollan servicios de rehabilitación y reinserción social, en coordinación con los servicios sociales, que también abarca la prevención primaria.

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Para lograr los objetivos del capítulo sobre intervención pública en la salud individual y colectiva, las Administraciones Sanitarias, según sus competencias, crearán los Registros y elaborarán los análisis de información necesarios para conocer las situaciones de las que puedan derivarse acciones de intervención de la autoridad sanitaria.

Artículo 24

Las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud quedarán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica del Estado.

Artículo 25

Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios se establecen reglamentariamente y deben: no discriminar por nacionalidad ni por ubicación del domicilio social; estar justificados en la protección de la salud pública; ser el instrumento adecuado y no ir más allá de lo necesario ni ser sustituibles por medidas menos restrictivas; y tener procedimientos claros, objetivos, transparentes, proporcionados y conocidos con antelación. Ante una repercusión excepcional y negativa en la salud cabe la intervención administrativa, que cesa al quedar excluidos los riesgos.

Artículo 26

Si existe o se sospecha razonablemente un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes: incautación o inmovilización de productos, suspensión de actividades, cierre de empresas o instalaciones, intervención de medios materiales y personales y cualesquiera otras sanitariamente justificadas. Su duración se fija en cada caso, cabe prorrogarlas por resoluciones motivadas y no excederá de lo que exija la situación de riesgo.

Artículo 27

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, controlarán la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo lo que pueda perjudicarla, con especial atención a la protección de la salud de la población más vulnerable.

Artículo 28

Todas las medidas preventivas del capítulo deben atender a cuatro principios: preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias; prohibición de ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida; proporcionalidad de las limitaciones sanitarias a los fines perseguidos; y uso de las medidas que menos perjudiquen la libre circulación de personas y bienes, la libertad de Empresa y los demás derechos afectados.

Artículo 29

Los centros y establecimientos sanitarios, sea cual sea su nivel, categoría o titular, necesitan autorización administrativa previa para instalarse, funcionar y modificar su estructura y régimen inicial. Esa autorización alcanza también la calificación, acreditación y registro. Las bases generales sobre calificación, registro y autorización se fijan por Real Decreto. Si la defensa de la salud lo requiere, cabe establecer regímenes temporales y excepcionales de funcionamiento.

Artículo 30

Todos los centros y establecimientos sanitarios, y también las actividades de promoción y publicidad, están sometidos a la inspección y control de las Administraciones Sanitarias competentes. Los centros del artículo 66 se someten además a evaluación de sus actividades y funcionamiento, con condiciones análogas a las fijadas para los centros públicos.

Artículo 31

El personal inspector, cuando ejerce sus funciones y acreditando si es preciso su identidad, puede entrar libremente y sin previa notificación, en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto a la Ley; hacer pruebas, investigaciones o exámenes; tomar o sacar muestras y realizar cuantas actuaciones sean precisas. Tras la inspección, las autoridades sanitarias competentes pueden ordenar la suspensión provisional, la prohibición de actividades y la clausura definitiva.

Artículo 32

Las infracciones sanitarias se sancionan administrativamente previa instrucción de expediente, sin perjuicio de otras responsabilidades. Si pueden ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya sentencia firme. Si no se aprecia delito, continúa el expediente con los hechos probados por los tribunales. Las medidas administrativas para salvaguardar la salud y seguridad se mantienen hasta que la autoridad judicial se pronuncie.

Artículo 33

Nunca se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos. Sí deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

Artículo 34

Las infracciones sanitarias se califican como leves, graves y muy graves. Para calificarlas se atiende a seis criterios: riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

Artículo 35

Leves: simples irregularidades sin trascendencia directa para la salud pública, negligencias de escasa entidad y residuales. Graves: las así calificadas por la normativa especial, falta de controles, concurrentes con leves, primer incumplimiento de requerimientos, resistencia a dar datos o colaborar, residuales y reincidencia en leves en 3 meses. Muy graves: las así calificadas, deliberadas con daño grave, concurrentes con graves, incumplimiento reiterado de requerimientos, negativa absoluta a colaborar, presión sobre autoridades, residuales y reincidencia en graves en 5 años.

Artículo 36

Multas: leves, hasta 3.005,06 euros; graves, de 3.005,07 a 15.025,30 euros; muy graves, de 15.025,31 a 601.012,10 euros. En graves y muy graves la multa puede rebasar esas cuantías hasta el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. En las muy graves, el Consejo de Ministros o los Consejos de Gobierno autonómicos competentes pueden acordar además el cierre temporal por un máximo de cinco años. El Gobierno actualiza las cuantías por Real Decreto según el IPC.

Artículo 37

No tienen carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que carezcan de las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, ni la suspensión de su funcionamiento hasta que se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad.

Artículo 38

Son competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior y las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales. La sanidad exterior comprende la vigilancia y control de riesgos para la salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros. El Ministerio de Sanidad y Consumo colabora con otros Departamentos para coordinar esos controles. Sus actividades y funciones se regulan por Real Decreto, a propuesta de los Departamentos competentes.

Artículo 39

Mediante relaciones y acuerdos sanitarios internacionales, España colabora con otros países y organismos internacionales en: control epidemiológico, lucha contra las enfermedades transmisibles, medio ambiente saludable, normativas internacionales, investigación biomédica y otras acciones beneficiosas. Atiende especialmente a la cooperación con las naciones con mayores lazos y a la cooperación sanitaria para el desarrollo de los pueblos. Las autoridades sanitarias actúan en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Artículo 40

La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias autonómicas, desarrolla dieciséis actuaciones, entre ellas: control sanitario del medio ambiente; registro general sanitario de alimentos; reglamentación, autorización y registro de medicamentos y productos sanitarios; autorización de fabricantes y de distribuidores mayoristas que actúen en más de una Comunidad Autónoma; homologaciones; Catálogo y Registro General de centros; vigilancia epidemiológica; estadísticas supracomunitarias; coordinación contra el fraude e informes generales.

Artículo 41

Las Comunidades Autónomas ejercen las competencias asumidas en sus Estatutos y las que el Estado les transfiera o delegue. Las decisiones y actuaciones públicas previstas en la Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entienden atribuidas a las Comunidades Autónomas.

Artículo 42

Las normas autonómicas sobre sus servicios de salud deben tener en cuenta las competencias de provincias, municipios y demás Administraciones intracomunitarias. Las Corporaciones Locales participan en los órganos de dirección de las Áreas de Salud. Los Ayuntamientos tienen responsabilidades mínimas de control sanitario: medio ambiente; industrias, actividades, transportes, ruidos y vibraciones; edificios y lugares de convivencia; distribución y suministro de alimentos; y cementerios y policía sanitaria mortuoria. Para ello recaban el apoyo técnico de las Áreas de Salud.

Artículo 43

Artículo 44

Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud integran el Sistema Nacional de Salud. Este es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, en los términos de la Ley.

Artículo 45

El Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, según la Ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Artículo 46

Características fundamentales del Sistema Nacional de Salud: extensión de sus servicios a toda la población; organización para una atención integral (promoción, prevención, curación y rehabilitación); coordinación y, en su caso, integración de los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único; financiación con recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por determinados servicios; y atención integral con altos niveles de calidad evaluados y controlados.

Artículo 47

Artículo 48

El Estado y las Comunidades Autónomas pueden constituir comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar programas en común cuando se requieran para la mayor eficacia y rentabilidad de los Servicios Sanitarios.

Artículo 49

Artículo 50

En cada Comunidad Autónoma se constituye un Servicio de Salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y demás Administraciones territoriales intracomunitarias, gestionado bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. Cada Administración territorial puede conservar la titularidad de los centros que tuviera a la entrada en vigor de la Ley, pero siempre con adscripción funcional al Servicio de Salud.

Artículo 51

Los Servicios de Salud autonómicos se planifican racionalizando los recursos según las necesidades sanitarias de cada territorio, sobre la base de su división en demarcaciones geográficas. La ordenación territorial de los Servicios compete a las Comunidades Autónomas y responde a un concepto integrado de atención a la salud. Las Administraciones territoriales intracomunitarias solo pueden crear nuevos centros o servicios sanitarios de acuerdo con los planes de salud de la Comunidad y previa autorización de esta.

Artículo 52

Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, deciden sobre los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que establece la propia Ley General de Sanidad.

Artículo 53

Las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias sanitarias con criterios de participación democrática de todos los interesados, de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Para articular la participación autonómica se crea el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma, y en cada Área se constituyen órganos de participación en los servicios sanitarios. En otros ámbitos territoriales, la Comunidad debe garantizar una participación efectiva.

Artículo 54

Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud con todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud. El Plan se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de Salud.

Artículo 55

Las Comunidades Autónomas regulan la organización, funciones y asignación de medios personales y materiales de cada Servicio de Salud, en el marco del capítulo VI del título. Las Corporaciones Locales que ya desarrollaban servicios hospitalarios a la entrada en vigor de la Ley participan en su gestión, proponiendo objetivos, fines y presupuestos anuales, y elevan a la Comunidad Autónoma propuesta para el nombramiento del Director del Centro Hospitalario.

Artículo 56

Las Comunidades Autónomas delimitan y constituyen Áreas de Salud, estructuras fundamentales del sistema sanitario, que gestionan de forma unitaria los centros del Servicio de Salud y desarrollan la atención primaria (trabajo en equipo; individuo, familia y comunidad) y la especializada (hospitales y centros de especialidades). Las dirige un órgano propio con al menos un 40 % de Corporaciones Locales. Regla general: entre 200.000 y 250.000 habitantes, salvo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla; cada provincia, como mínimo, un Área.

Artículo 57

Cada Área de Salud tendrá, como mínimo, tres órganos: de participación, el Consejo de Salud de Área; de dirección, el Consejo de Dirección de Área; y de gestión, el Gerente de Área. Es un mínimo: pueden existir otros órganos.

Artículo 58

Los Consejos de Salud de Área son órganos colegiados de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión. Los integran las Corporaciones Locales (50 % de los miembros), las organizaciones sindicales más representativas (no menos del 25 %, a través de profesionales sanitarios titulados) y la Administración Sanitaria del Área. Verifican, orientan, proponen, promueven la participación y conocen e informan el anteproyecto del Plan de Salud y la Memoria anual. Pueden crear órganos sectoriales.

Artículo 59

El Consejo de Dirección del Área formula las directrices de política de salud y controla la gestión del Área, dentro de las normas autonómicas. Lo integran la representación de la Comunidad Autónoma (60 % de los miembros) y representantes de las Corporaciones Locales elegidos por los que lo son en el Consejo de Salud. Propone el nombramiento y cese del gerente, aprueba el proyecto, el anteproyecto y los ajustes del Plan de Salud, la Memoria anual y las prioridades, fija criterios de coordinación y elabora los Reglamentos de ambos Consejos.

Artículo 60

El Gerente del Área de Salud, órgano de gestión, lo nombra y cesa la Dirección del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a propuesta del Consejo de Dirección del Área. Puede asistir, previa convocatoria, con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Dirección. Ejecuta las directrices del Consejo de Dirección, las del Plan de Salud y las normas autonómicas y estatales, y presenta los anteproyectos del Plan de Salud y sus adaptaciones y el proyecto de Memoria anual.

Artículo 61

Artículo 62

Para lograr la máxima operatividad y eficacia de los servicios de nivel primario, las Áreas de Salud se dividen en zonas básicas de salud. Para delimitarlas se tienen en cuenta: las distancias máximas de los núcleos de población más alejados y el tiempo normal de recorrido con medios ordinarios; la concentración o dispersión de la población; las características epidemiológicas; y las instalaciones y recursos sanitarios de la zona.

Artículo 63

La zona básica de salud es el marco territorial de la atención primaria, donde actúan los Centros de Salud, centros integrales de atención primaria. Estos desarrollan de forma integrada y en equipo la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud individual y colectiva, con los medios precisos. Como apoyo técnico preventivo habrá un Laboratorio de Salud para los análisis higiénico-sanitarios del medio ambiente, higiene alimentaria y zoonosis.

Artículo 64

El Centro de Salud tiene cinco funciones: albergar las consultas y servicios asistenciales de su población; albergar los recursos materiales para las exploraciones complementarias disponibles en la zona; servir de centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios; facilitar el trabajo en equipo de los profesionales de la zona; y mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.

Artículo 65

Cada Área de Salud estará vinculada a un hospital general o dispondrá, al menos, de uno, con los servicios que aconsejen la población, su estructura y sus problemas de salud. El hospital se encarga del internamiento clínico y de la asistencia especializada y complementaria de su zona de influencia. Se garantizará la interrelación entre los niveles asistenciales.

Artículo 66

Todas las Administraciones Públicas deben crear una red integrada de hospitales públicos. Los hospitales generales privados que lo soliciten se vinculan al Sistema Nacional de Salud según un protocolo, siempre que sean homologables, lo justifiquen las necesidades asistenciales y lo permitan las disponibilidades económicas públicas. Los protocolos se revisan periódicamente. El sector privado vinculado conserva la titularidad de sus centros y de las relaciones laborales de su personal.

Artículo 67

La vinculación de hospitales privados se hace mediante convenios singulares, que fijan duración, prórroga, suspensión, extinción, régimen económico, camas y demás condiciones; la jornada será la de los hospitales públicos análogos. La asistencia a usuarios del Sistema será gratuita y sin ánimo de lucro; cobrar por atenciones no sanitarias exige autorización previa del concepto y la cuantía. Se enumeran causas de denuncia y se someten a las mismas inspecciones y controles que los públicos.

Artículo 68

Además de sus tareas estrictamente asistenciales, los centros hospitalarios desarrollan funciones de promoción de salud, prevención de las enfermedades e investigación y docencia, de acuerdo con los programas de cada Área de Salud, para complementar las actividades de la red de atención primaria.

Artículo 69

Los servicios sanitarios públicos tenderán a la autonomía y al control democrático de su gestión, con dirección participativa por objetivos. La evaluación de la calidad asistencial será un proceso continuado; la Administración sanitaria fija sus sistemas oídas las Sociedades científicas sanitarias, y médicos y demás titulados participan en los órganos de evaluación de su centro. Los hospitales facilitarán el trabajo de las unidades de control de calidad externo.

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Las Administraciones Públicas Sanitarias pueden concertar servicios sanitarios con medios ajenos, valorando antes el uso óptimo de sus recursos propios. En análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, tienen prioridad las entidades no lucrativas. No se concertará si contradice los planes de salud. Las condiciones económicas se fijan por módulos de costes efectivos. Los centros concertables deben estar previamente homologados por las Administraciones, según protocolo revisable. La atención a los usuarios será igual para todos.

Artículo 91

Los centros y establecimientos sanitarios, públicos o no, pueden recibir con carácter no periódico subvenciones u otras ayudas públicas para actividades sanitarias de alto interés social. Esos fondos nunca pueden financiar las actividades ordinarias de funcionamiento del centro. Su concesión y aceptación quedan sometidas a inspecciones y controles. El Gobierno fijará por Real Decreto los requisitos mínimos para calificar una actividad de alto interés social.

Artículo 92

La Administración Sanitaria facilita la libre actividad de las Asociaciones de usuarios de la Sanidad, Entidades sin ánimo de lucro y Cooperativas sanitarias, y su coordinación con el sistema público. No acceden a los beneficios de ese reconocimiento si: tienen asociados personas jurídicas con ánimo de lucro; reciben ayudas de empresas que suministran bienes o productos a consumidores; hacen publicidad comercial o no meramente informativa; se dedican a actividades distintas de la defensa de consumidores; o actúan con manifiesta temeridad judicialmente apreciada.

Artículo 93

No pueden vincularse al Sistema Nacional de Salud hospitales y establecimientos privados, ni concertarse con centros sanitarios privados, cuando en alguno de sus propietarios o de sus trabajadores concurran las circunstancias de incompatibilidad entre sector público y privado que establezca la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 94

Los hospitales privados vinculados en la oferta pública se someten a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que los públicos. La Administración Pública correspondiente inspecciona los aspectos sanitarios, administrativos y económicos de cada enfermo atendido por su cuenta en los centros privados concertados.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La Ley 22/2007, de Farmacia de Andalucía, regula, en el marco de la ordenación y atención farmacéuticas, los servicios y establecimientos farmacéuticos y los derechos y obligaciones que derivan de la atención farmacéutica, dentro del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Definiciones

Define los conceptos de la Ley. Destacan: botiquín, establecimiento excepcional dependiente de una oficina de farmacia donde no exista oficina; cotitular, copropietario con al menos un 20% que responde solidariamente; regente, nombrado por defunción, incapacidad legal por sentencia firme, ausencia declarada o el supuesto del artículo 40.2; sustituto, siempre temporal; adjunto, colaborador; oficinas de farmacia, establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a planificación; y traslados forzosos (causa no imputable) o voluntarios, definitivos o provisionales.

Artículo 3. Ámbitos de atención farmacéutica

Son establecimientos y servicios autorizados de dispensación y distribución de medicamentos de uso humano: en el ámbito de la oficina de farmacia, las oficinas y los botiquines; en el de los servicios farmacéuticos, los de distritos y estructuras de atención primaria y los servicios y depósitos de hospitales y centros de atención especializada, centros sociosanitarios, centros penitenciarios y otros extrahospitalarios; en el de la distribución, los almacenes mayoristas. Los veterinarios se rigen por la disposición adicional primera.

Artículo 4. Límites de la dispensación

La dispensación de medicamentos se realiza en los establecimientos y servicios previstos en los apartados 1 a) y b) del artículo 3 de la Ley. No obstante, las oficinas de farmacia pueden disponer de protocolos de dispensación a domicilio de medicamentos y productos sanitarios, cuyos requisitos y excepciones establece la Consejería competente en materia de salud.

Artículo 5. Libre elección de oficina de farmacia

Se reconoce el derecho a la libre elección de la oficina de farmacia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para protegerlo, queda prohibida cualquier actuación tendente a coartar este derecho, sea cual sea su origen.

Artículo 6. Prohibiciones

Está prohibida la venta ambulante de medicamentos de uso humano o animal. Los almacenes de distribución no pueden redistribuir medicamentos, principios activos y productos con condiciones especiales de refrigeración, salvo que el farmacéutico que hace la devolución certifique las correctas condiciones de seguridad. Para redistribuir devoluciones a otros establecimientos se exige siempre la certificación de la dirección técnica del almacén de que conservan intactas sus condiciones.

Artículo 7. Condiciones y requisitos generales de los establecimientos y servicios farmacéuticos

Los establecimientos y servicios farmacéuticos del artículo 3.1 están sujetos con carácter general a: autorización sanitaria previa de la Consejería competente en materia de salud para instalación y funcionamiento, ampliación, modificación, cambio de titularidad, traslado y cierre; inscripción en el Registro de centros y establecimientos sanitarios de esa Consejería; información a la Administración sanitaria; obligaciones de coordinación, solidaridad e integración en emergencias; control e inspección; y comprobación de incompatibilidades del personal.

Artículo 8. Procedimientos de autorización

Los procedimientos de autorización de establecimientos y servicios farmacéuticos se rigen por esta Ley, por lo que se establezca reglamentariamente y por la Ley 30/1992. Si transcurre el plazo máximo para resolver y notificar sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo.

Artículo 9. Colaboración con la Autoridad Sanitaria

Los establecimientos y servicios farmacéuticos tienen, con carácter general, el deber de colaborar con la Autoridad Sanitaria en el marco de sus competencias, prestándole cuanto apoyo precise para el mejor desempeño de sus cometidos, tanto en la gestión de los servicios sanitarios como en la protección y promoción de la salud individual y pública.

Artículo 10. Acreditación en calidad

La Consejería competente en materia de salud establecerá un sistema de acreditación en calidad para oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos, orientado a mejorar el servicio a la población y a garantizar la prestación farmacéutica, y basado en criterios, estándares y niveles de excelencia en calidad y fomento del uso racional del medicamento. Las oficinas de farmacia pueden publicitar el nivel de excelencia alcanzado en los términos reglamentarios.

Artículo 28. Unidad territorial farmacéutica

La unidad territorial farmacéutica es el instrumento básico de planificación territorial de las oficinas de farmacia. Se delimita según densidad demográfica, características geográficas y dispersión de la población, con criterios territoriales y factores geográficos, socioeconómicos y sanitarios, para garantizar la accesibilidad. Se establecen por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, tomando como referencia las zonas básicas de salud del Mapa de Atención Primaria de Andalucía.

Artículo 29. Criterios de planificación en relación con los módulos de población

El módulo mínimo es de 2.800 habitantes por oficina de farmacia; superado, en cualquier unidad territorial, municipio, ELA, EATIM o núcleo cabe otra por fracción superior a dos mil habitantes. Puede autorizarse al menos una oficina en cada unidad territorial, municipio, ELA o EATIM, núcleo aislado de al menos mil habitantes, aeropuertos y centros de tráfico con enlaces o pernoctas, y unidades sin acceso garantizado a medicamentos de tenencia mínima obligatoria. Caben otras por circunstancias excepcionales, y zonas especiales por orden de la Consejería.

Artículo 30. Criterios de planificación en relación con los módulos de distancias

La distancia mínima entre oficinas de farmacia es de 250 metros; para las nuevas del supuesto de la letra d) del apartado 2 del artículo anterior, 500 metros respecto de la oficina más cercana a esos núcleos, y 250 entre las sucesivas. Respecto de cualquier centro asistencial del Sistema Sanitario Público, 200 metros; en municipio, ELA, EATIM y núcleo de farmacia única, 100 metros, salvo que eso impida en la práctica la instalación, en cuyo caso no se exige. La medición se regula reglamentariamente.

Artículo 31. Tipos de población

Población de derecho: la del Padrón Municipal vigente. Población de hecho residente y no censada: la acreditada por certificación del Ayuntamiento o informe de la entidad de donde procedan los datos. Población estacional: la de segunda residencia (viviendas secundarias del Censo de Viviendas por 3,5 personas y 92 días, dividido entre 365) y la de zonas con afluencia turística, aquellas cuyas plazas de alojamiento turístico superan el 5% de la población del Padrón (plazas por grado de ocupación, con datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

Artículo 32. Criterios de ubicación

Para autorizar la instalación y funcionamiento o el traslado de una oficina de farmacia se tiene en cuenta que el emplazamiento propuesto, según el mapa farmacéutico de Andalucía, garantice o mejore el adecuado servicio farmacéutico a la población, evitando emplazamientos impropios o con finalidad no estrictamente sanitaria. Por ello, las convocatorias de nuevas oficinas pueden señalar, si es necesario, zonas urbanas, núcleos, entidades o municipios de emplazamiento obligado.

Artículo 33. Principios generales

Las nuevas oficinas de farmacia se adjudican en convocatoria por concurso público publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de obtener después, para abrir, las autorizaciones de instalación y funcionamiento. Rigen los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito. Adjudicaciones y autorizaciones exigen acreditar los requisitos legales, y las autorizaciones sanitarias son personales al farmacéutico y referidas al ámbito territorial, locales e instalaciones de la resolución.

Artículo 34. Limitaciones a la participación en el procedimiento y al derecho de adjudicación

No pueden participar en la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia los farmacéuticos que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una oficina en un plazo inferior a cinco años respecto de la fecha de publicación de la convocatoria. Además, quien tenga autorizada una oficina no puede ser adjudicatario, en los concursos de nuevas oficinas, de las que se oferten en el municipio donde está la suya.

Artículo 35. Pérdida del derecho a la adjudicación y a las autorizaciones de instalación y funcionamiento de nueva oficina de farmacia

Si el adjudicatario es titular o cotitular de otra oficina de farmacia y la cede o transmite, total o parcialmente, a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pierde el derecho a la adjudicación y a las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la nueva oficina que se le había adjudicado en esa convocatoria.

Artículo 36. Obligación de cierre de la oficina de farmacia

Autorizar el funcionamiento de una nueva oficina a quien es titular de otra exige el cierre definitivo de esta, acreditado con certificación de la Autoridad Sanitaria competente. Si es cotitular, se exige la renuncia efectiva a su cotitularidad, sin negocio jurídico oneroso y perdiendo el derecho a transmitirla, el acrecimiento a favor de los demás cotitulares y la acreditación con certificación. La autorización queda condicionada a que entre en funcionamiento otra oficina en el municipio o núcleo donde estaba la anterior.

Artículo 37. Farmacéuticos adjudicatarios titulares de otra oficina de farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Cuando un farmacéutico titular de una oficina de farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía obtiene la autorización de una nueva oficina, la autorización de la anterior puede quedar incorporada a la misma convocatoria o a convocatorias posteriores.

Artículo 38. Situaciones y actividades de las oficinas de farmacia sujetas a autorización

Además de las autorizaciones previstas en los artículos 13.2, 16.2 y 33, las oficinas de farmacia necesitan autorización de la Administración sanitaria para modificar instalaciones, trasladarse, cerrar y cambiar de titularidad. Estas autorizaciones no excluyen las que procedan por otras actividades desarrolladas en la oficina ni otras autorizaciones de las Administraciones públicas.

Artículo 39. Caducidad del derecho a las autorizaciones de instalación y funcionamiento

El derecho a las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la oficina de farmacia caduca cuando el farmacéutico adjudicatario, por causas imputables a él, no promueve dichas autorizaciones en el plazo que la Administración determine reglamentariamente, y cuando la oficina, por circunstancias sobrevenidas, no se abre al público.

Artículo 40. Caducidad de las autorizaciones de instalación y funcionamiento

Las autorizaciones de instalación y funcionamiento caducan por causas del titular: renuncia (del titular o de todos los cotitulares; si solo renuncian algunos, su parte acrece a los demás), inhabilitación profesional superior a dos años, suspensión definitiva de funciones y cierre definitivo de la oficina. Si la inhabilitación o la suspensión se produjeron en el ejercicio profesional en la oficina, caducan aunque haya cotitulares.

Artículo 41. Procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia

La adjudicación se hace de oficio por concurso público en tres fases. 1.ª: titulares desde hace al menos diez años de oficina en municipios, ELA, EATIM o núcleos aislados de menos de mil habitantes de Andalucía; se adjudica como máximo el 50 %. 2.ª: quienes no sean ni hayan sido titulares o cotitulares en los últimos cinco años. 3.ª: los demás. Baremo con méritos académicos, formación posgraduada y experiencia; cupo para personas con discapacidad; resolución única. Desde la conformidad, la adjudicación es irrenunciable.