Ley 2/1998, de Salud de Andalucía

Artículo 9

Título II. De los ciudadanos›Capítulo III. Efectividad de los derechos y deberes

En pocas palabras

La Junta de Andalucía garantiza a los ciudadanos información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes y sobre los servicios y prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Consejo de Gobierno garantiza el pleno ejercicio de derechos y obligaciones y fija reglamentariamente su alcance y condiciones. Todo el personal, sanitario y no sanitario, de centros públicos y privados implicado en procesos asistenciales debe no revelar datos del proceso, salvo excepciones legales.

Explicación sencilla

Da efectividad a derechos y deberes con tres garantías: información al ciudadano, desarrollo reglamentario por el Consejo de Gobierno y deber de no revelar datos, que alcanza también al personal no sanitario y a los centros privados.

Regla mnemotécnica

Informar, reglamentar, callar: la Administración informa, el Consejo de Gobierno reglamenta y todo el personal calla los datos del proceso.

Trampa típica de examen

Limitar el deber de no revelar datos al personal sanitario de los centros públicos: alcanza al personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios públicos y privados.

Texto del artículo 9 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes respecto a los servicios sanitarios en Andalucía, y sobre los servicios y prestaciones sanitarias disponibles en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, su organización, procedimientos de acceso, uso y disfrute, y demás datos de utilidad. 2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a los ciudadanos el pleno ejercicio del régimen de derechos y obligaciones recogidos en esta Ley, para lo que establecerá reglamentariamente el alcance y contenido específico de las condiciones de las mismas. 3. Todo el personal sanitario y no sanitario de los centros y servicios sanitarios públicos y privados implicados en los procesos asistenciales a los pacientes queda obligado a no revelar datos de su proceso, con excepción de la información necesaria en los casos y con los requisitos previstos expresamente en la legislación vigente.

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