Tema 19 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Artículo 6

Enumera los derechos ante los servicios sanitarios públicos andaluces: información, confidencialidad, constancia escrita del proceso e informe de alta, acceso al historial, libre elección de médico y centro, tiempo máximo de acceso, médico asignado, consentimiento informado (salvo riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave), segunda opinión, negarse al tratamiento y reclamaciones. El internamiento forzoso de enfermos mentales se reexamina al menos trimestralmente. Muchos de estos derechos rigen también en la sanidad privada.

Artículo 7

Los ciudadanos tienen derecho, al amparo de esta Ley, a disfrutar de un medio ambiente favorable a la salud. Para hacerlo efectivo, las Administraciones Públicas deben adoptar las medidas necesarias, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 8

Los ciudadanos tienen seis deberes ante los servicios sanitarios en Andalucía: cumplir las prescripciones generales y las específicas de los servicios sanitarios (sin perjuicio del artículo 6.1, epígrafes ñ y p); cuidar las instalaciones; usar adecuadamente los recursos, sobre todo servicios, procedimientos de incapacidad laboral y prestaciones; cumplir las normas de uso y acceso a los derechos; respetar las normas del centro y a su personal; y firmar el documento pertinente si rechazan las actuaciones sanitarias.

Artículo 9

La Junta de Andalucía garantiza a los ciudadanos información suficiente, adecuada y comprensible sobre sus derechos y deberes y sobre los servicios y prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Consejo de Gobierno garantiza el pleno ejercicio de derechos y obligaciones y fija reglamentariamente su alcance y condiciones. Todo el personal, sanitario y no sanitario, de centros públicos y privados implicado en procesos asistenciales debe no revelar datos del proceso, salvo excepciones legales.

Artículo 10

Todos los centros y establecimientos sanitarios, públicos y privados, deben disponer y, en su caso, tener permanentemente a disposición de los usuarios: información accesible, suficiente y comprensible sobre sus derechos y deberes; formularios de sugerencias y reclamaciones; y personal y locales bien identificados para atender la información, reclamaciones y sugerencias del público.

Artículo 1. Objeto

La Ley 5/2003 regula, solo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la declaración de voluntad vital anticipada. Esta declaración es el cauce para que la persona ejerza su derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto en el futuro. Opera para el supuesto de que, llegado el momento, no goce de capacidad para consentir por sí misma.

Artículo 2. Concepto de declaración de voluntad vital anticipada

Define la declaración de voluntad vital anticipada como una manifestación escrita, hecha para incorporarse al Registro que crea la propia Ley, por una persona capaz que, de forma consciente y libre, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en su asistencia sanitaria. Esas instrucciones operan solo cuando concurran circunstancias clínicas en las que no pueda expresar personalmente su voluntad.

Artículo 3. Contenido de la declaración

El autor de la declaración de voluntad vital anticipada podrá manifestar cuatro contenidos. Primero, opciones e instrucciones, expresas y previas, que el personal sanitario responsable de su asistencia deberá respetar si circunstancias clínicas le impiden manifestar su voluntad. Segundo, la designación de un representante, plenamente identificado, que le sustituya en el consentimiento informado cuando proceda. Tercero, su decisión sobre la donación de sus órganos, o de alguno en concreto, si se produce el fallecimiento, conforme a la legislación general. Cuarto, los valores vitales que sustenten sus decisiones y preferencias.

Artículo 4. Capacidad para otorgar la declaración

Pueden otorgar la declaración de voluntad vital anticipada el mayor de edad y el menor emancipado. Los incapacitados judicialmente también pueden, salvo que la resolución judicial de incapacitación determine otra cosa. Si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestiona su capacidad para otorgarla, debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que este, en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso que modifique el alcance de la incapacitación ya establecida.

Artículo 5. Requisitos de la declaración

Para que la declaración de voluntad vital anticipada sea válida, además de la capacidad del autor, debe constar por escrito. Debe incluir la identificación del autor, su firma, y la fecha y el lugar del otorgamiento. Además, debe inscribirse en el Registro del artículo 9. Si el autor no sabe o no puede firmar, firma por él un testigo a su ruego: consta la identificación del testigo y el motivo que impide firmar al autor. Si se designa representante (art. 3.2), este debe estar plenamente identificado y haber aceptado serlo. En todo caso, ha de ser mayor de edad y tener plena capacidad.

Artículo 6. Verificación de la capacidad y requisitos formales de la declaración

El artículo 6 encarga a personal funcionario público habilitado al efecto por la Consejería competente en materia de salud dos tareas sobre la declaración de voluntad vital anticipada. La primera es constatar la personalidad y la capacidad de la persona autora. La segunda es verificar los requisitos formales determinantes de su validez, que son los previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley.

Artículo 7. Eficacia de la declaración

La declaración de voluntad vital anticipada solo es eficaz una vez inscrita en el Registro previsto en el artículo 9 de la Ley. Su eficacia se ajusta a lo establecido en el ordenamiento jurídico, se activa cuando sobrevienen las situaciones previstas en ella y dura mientras se mantengan. Prevalece sobre la opinión y las indicaciones de los familiares, de los allegados, del representante designado por el autor, en su caso, y de los profesionales que participen en su atención sanitaria.

Artículo 8. Revocación de la declaración

El autor puede modificar su declaración en cualquier momento, cumpliendo los requisitos del otorgamiento. Una nueva declaración revoca las anteriores, salvo que solo modifique extremos de ellas y así se manifieste expresamente. Si después se emite un consentimiento informado eficaz que contraría, exceptúa o matiza la declaración, prevalece ese consentimiento para ese proceso sanitario, aunque el paciente pierda la capacidad de expresarse. Si el representante del art. 3.2 revoca su aceptación ante el Registro, este lo comunica al interesado para que pueda designar otro.

Artículo 9. Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía

El artículo crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, adscrito a la Consejería de Salud. Su fin es la custodia, conservación y accesibilidad de las declaraciones emitidas en Andalucía. Su organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente, asegurando la confidencialidad y la protección de datos y facilitando el acceso de los centros sanitarios. Cuando la persona atendida no pueda decidir por sí misma, los profesionales sanitarios consultarán su historia clínica para comprobar si consta la declaración y actuarán conforme a ella.

Artículo 1. Objeto

El artículo 1 fija el objeto de la Ley 2/2010 en tres bloques. Primero, regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte. Segundo, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes. Tercero, las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso. Hay que retener a quién se atribuye cada elemento: los derechos a la persona, los deberes al personal sanitario y las garantías a las instituciones sanitarias.

Artículo 2. Fines

El artículo 2 fija dos fines de la Ley. Primero, a) proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. Segundo, b) asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en ese proceso. Esa voluntad incluye la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital. Para el examen conviene retener tres datos: son dos fines, cada uno lleva su verbo («proteger» la dignidad y «asegurar» la autonomía) y el instrumento citado es el testamento vital.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica en Andalucía a: 1) las personas que se encuentren en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso; 2) el personal implicado en su atención sanitaria; 3) los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados; y 4) las entidades aseguradoras que presten sus servicios en Andalucía.

Artículo 4. Principios básicos

El artículo 4 enumera los cinco principios básicos que inspiran la Ley: a) garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte; b) promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, según sus deseos, preferencias, creencias o valores, y preservación de su intimidad y confidencialidad; c) que el rechazo o la interrupción de un tratamiento por voluntad de la persona no suponga menoscabo de una atención sanitaria integral ni de su dignidad; d) derecho de todas las personas a cuidados paliativos integrales y a un adecuado tratamiento del dolor; e) igualdad efectiva y ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la muerte.

Artículo 5. Definiciones

El artículo 5 define 18 conceptos (letras a a q, incluida la ñ) a efectos de la Ley. Tres se toman literalmente del artículo 3 de la Ley 41/2002: consentimiento informado, intervención en el ámbito de la sanidad y médico o médica responsable. La declaración de voluntad vital anticipada se toma del artículo 2 de la Ley 5/2003, y el testamento vital es su sinónimo. Las personas en proceso de muerte son las que están en situación terminal o de agonía. La agonía tiene un pronóstico vital de pocos días. La futilidad en la limitación del esfuerzo terapéutico la juzgan los profesionales sanitarios implicados. La incapacidad de hecho no exige necesariamente resolución judicial.

Artículo 6. Derecho a la información asistencial

Quien se encuentre en el proceso de muerte o afronte decisiones relacionadas con él tiene derecho a recibir información en los términos de los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Si, pese al ofrecimiento explícito de información por los profesionales sanitarios, el paciente rechaza voluntaria y libremente ser informado, se respeta su decisión. Se le hace ver su trascendencia y se le solicita que designe una persona que acepte recibir la información y tomar las decisiones en su representación.

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado

Quien está en el proceso de muerte, o afronta decisiones relacionadas con él, tiene derecho a decidir sobre las intervenciones sanitarias que le afecten. Toda intervención exige el consentimiento previo, libre y voluntario del paciente, después de recibir y valorar la información del artículo 6, sin perjuicio del artículo 11. El consentimiento es verbal por regla general, con constancia en todo caso en la historia clínica, sin perjuicio del artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención

Toda persona puede rechazar la intervención que le propongan los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ponga en peligro su vida. Los pacientes también pueden revocar el consentimiento informado ya dado para una intervención concreta, lo que implica necesariamente interrumpirla, sin perjuicio del artículo 6.1.ñ) de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía. Tanto el rechazo como la revocación constan por escrito. Si la persona no puede firmar, firma un testigo a su ruego, que deja constancia de su identificación y del motivo que impide la firma. Todo ello consta por escrito en la historia clínica.

Artículo 9. Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada

Toda persona puede formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en las condiciones de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, sin perjuicio del art. 11.1 de la Ley 41/2002. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, se incorpora a la historia clínica y al Registro nacional de instrucciones previas (RD 124/2007). La persona representante busca el mayor beneficio y la dignidad del representado. En situaciones no contempladas, tiene en cuenta los valores u opciones vitales de la declaración. El interesado puede fijar sus funciones.

Artículo 10. Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la información, la toma de decisiones y el consentimiento informado

Si el paciente está en incapacidad de hecho, a criterio de su médico o médica responsable, la información, el consentimiento y la elección del domicilio para cuidados paliativos (art. 12.2) corresponden, por este orden, a: 1) la persona designada en la voluntad vital anticipada; 2) el representante legal; 3) el cónyuge o pareja análoga; 4) los familiares de grado más próximo y, en igual grado, el de mayor edad. Todo ello sin perjuicio de lo que decida la autoridad judicial. Si hay incapacitación judicial, rige la sentencia. Si esta no prohíbe ni limita expresamente, el médico valora la capacidad de hecho (art. 20). El incapaz debe ser informado y participar según su discernimiento.

Artículo 11. Derechos de los pacientes menores de edad

Todo menor tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones propuestas, adaptada a su capacidad de comprensión. Tiene derecho a que se escuche su opinión si tiene doce años cumplidos. Si no es capaz intelectual ni emocionalmente de entender la intervención, consienten sus representantes legales. Los menores emancipados o con dieciséis años cumplidos consienten por sí mismos. Sus padres o representantes son informados y su opinión se tiene en cuenta. Además, pueden revocar el consentimiento y rechazar la intervención (art. 8). La atención respetará sus necesidades especiales.

Artículo 12. Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección del domicilio para recibirlos

Apartado 1: todas las personas en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad. Apartado 2: los pacientes en situación terminal o de agonía, si así lo desean, tienen derecho a que esos cuidados paliativos se les proporcionen en el domicilio que designen. Ese domicilio ha de estar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el derecho se reconoce siempre que no esté contraindicado.

Artículo 13. Derecho de los pacientes al tratamiento del dolor

El artículo 13 reconoce a los pacientes el derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor. Son dos verbos: prevenir y aliviar, no solo calmar el dolor ya presente. Esa atención incluye la sedación, pero solo en un supuesto concreto: cuando el dolor es refractario al tratamiento específico, es decir, cuando no responde a él.

Artículo 14. Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa

Artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad

Los pacientes ante el proceso de muerte tienen dos derechos: que se preserve su intimidad personal y familiar, y que se protejan todos los datos relacionados con su atención sanitaria. La intimidad protegida no es solo la personal, también la familiar. La protección alcanza a todos los datos de su atención sanitaria, no a una parte de ellos.

Artículo 16. Derecho al acompañamiento

El artículo 16 reconoce a los pacientes, ante el proceso de muerte, dos derechos: a) disponer de acompañamiento familiar, si así lo desean; b) recibir auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y creencias, cuando así lo soliciten. Ambos se ejercen en los términos del artículo 23. Solo se aplican cuando la asistencia se presta en régimen de internamiento en un centro sanitario.

Artículo 17. Deberes respecto a la información clínica

El médico o médica responsable de cada paciente debe garantizar que se cumple el derecho a la información del artículo 6. El resto de profesionales sanitarios que atiendan al paciente durante el proceso asistencial, o le apliquen una intervención concreta, también deben facilitarle información clínica en función de su grado de responsabilidad y participación. Unos y otros dejarán constancia en la historia clínica de que la información fue proporcionada al paciente y suficientemente comprendida por este.

Artículo 18. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas

Apartado 1: el médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención a una persona en proceso de muerte, debe asegurarse de que está clínicamente indicada. Basa su juicio en el estado de la ciencia, la evidencia científica, su saber profesional, su experiencia y el estado clínico, gravedad y pronóstico del paciente. Si la indica, la somete al consentimiento libre y voluntario de la persona, que puede aceptarla, elegir entre las opciones disponibles o rechazarla (esta Ley y Ley 41/2002). Apartado 2: todos los profesionales sanitarios implicados deben respetar los valores, creencias y preferencias del paciente y no imponer sus propias convicciones.

Artículo 19. Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada

Recoge tres deberes de los profesionales sanitarios sobre la declaración de voluntad vital anticipada. Primero, todos deben informar del derecho a formularla a las personas que se la soliciten. Segundo, si el paciente está en situación de incapacidad de hecho, deben actuar según el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. Tercero, deben respetar los valores e instrucciones de la declaración en los términos de esta Ley, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la Ley 5/2003 y sus normas de desarrollo.

Artículo 20. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hecho

El médico o médica responsable valora si el paciente está en situación de incapacidad de hecho que le impide decidir por sí mismo, y esa valoración debe constar en la historia clínica. Se evalúan, entre otros factores clínicos, cinco: dificultad para comprender la información, retenerla defectuosamente, no usarla de forma lógica, fallar al apreciar las consecuencias de las alternativas y no lograr tomar o comunicar una decisión. Puede contar con la opinión de otros profesionales implicados directamente y consultar a la familia. Establecida la incapacidad, anota en la historia clínica los datos de quien deba actuar por el paciente (art. 10.1).

Artículo 21. Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico

El médico o médica responsable limitará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica. La justificación debe constar en la historia clínica. Para limitarlo se oye el criterio del enfermero o enfermera responsable de los cuidados y se requiere la opinión coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención. La identidad y la opinión de esos profesionales se registran en la historia clínica. En cualquier caso, médico y demás profesionales deben ofrecer las intervenciones necesarias para su adecuado cuidado y confort.

Artículo 22. Garantía de los derechos de los pacientes

El artículo 22 fija dos obligaciones. Primera: la Administración sanitaria y las instituciones recogidas en el artículo 3 deben garantizar, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos del Título II de la Ley. Segunda: las instituciones sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes deben arbitrar los medios para que esos derechos no se vean mermados en ningún caso o eventualidad. Esto incluye la negativa o ausencia del profesional y cualquier otra causa sobrevenida.

Artículo 23. Acompañamiento de los pacientes

El artículo 23 contiene dos garantías a cargo de los centros e instituciones sanitarias. 1) Facilitarán a quien está en proceso de muerte el acompañamiento familiar, compatibilizándolo con las medidas sanitarias necesarias para una atención de calidad. 2) Facilitarán el acceso de quienes puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a las convicciones y creencias del paciente. Pueden pedirlo los pacientes, sus representantes o sus familiares. Se procurará, en todo caso, que esas personas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario.

Artículo 24. Apoyo a la familia y personas cuidadoras

Los centros e instituciones sanitarias tienen dos obligaciones hacia las personas cuidadoras y las familias de pacientes en proceso de muerte. 1) Prestarles apoyo y asistencia, tanto en su domicilio como en los centros sanitarios. 2) Prestarles atención en el duelo y promover medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y para la prevención del duelo complicado.

Artículo 25. Asesoramiento en cuidados paliativos

Las instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en proceso de muerte información sobre dos cuestiones: su estado de salud y los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso. Esa información se dará de acuerdo con las necesidades y preferencias del propio paciente. El destinatario de la garantía es el paciente en proceso de muerte.

Artículo 26. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal

Los centros e instituciones sanitarias deben garantizar a los pacientes en situación terminal que tengan que ser atendidos en régimen de hospitalización una habitación individual durante toda su estancia. Esa habitación debe tener el nivel de confort e intimidad que requiera su estado de salud. Además, estos pacientes pueden estar acompañados permanentemente por una persona familiar o allegada.

Artículo 27. Comités de Ética Asistencial

Todo centro o institución sanitaria dispondrá de un Comité de Ética Asistencial o estará vinculado a uno. Asesora en decisiones clínicas con conflictos éticos y lo acredita la Consejería competente en materia de salud. Sus informes o dictámenes en ningún caso sustituyen las decisiones de los profesionales sanitarios. Ante discrepancias sobre la atención en el proceso de muerte que no se resuelvan por acuerdo, se le pedirá asesoramiento y podrá proponer alternativas o soluciones éticas. Sus miembros guardan secreto y confidencialidad. Composición, funcionamiento y acreditación se fijan reglamentariamente.

Artículo 28. Disposiciones generales

Las infracciones de esta Ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo se sancionan administrativamente, previa instrucción del oportuno expediente. Ello es sin perjuicio de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Salud de Andalucía y de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Responden las personas físicas o jurídicas que participen por acción u omisión, mediando dolo, culpa o negligencia.

Artículo 29. Infracciones leves

El artículo 29 define la infracción leve de forma residual. Es infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la vulneración de cualquier prohibición previstas en la Ley 2/2010. Solo opera si la conducta no debe calificarse como infracción grave o muy grave. Abarca, por tanto, tanto obligaciones como prohibiciones, sin necesidad de una enumeración concreta de conductas.

Artículo 30. Infracciones graves

El artículo tipifica dos infracciones graves: a) incumplir las normas sobre cumplimentación de los datos clínicos, y b) impedir el acompañamiento en el proceso de muerte, salvo que existan circunstancias clínicas que lo justifiquen. Además, una infracción leve podrá calificarse de grave si concurre alguna de estas cuatro circunstancias: lesividad del hecho, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida y grado de intencionalidad.

Artículo 31. Infracciones muy graves

El artículo tipifica dos infracciones muy graves: a) obstaculizar o impedir a los ciudadanos el disfrute de cualquiera de los derechos del Título II de la Ley, y b) la actuación que incumpla los deberes del Título III. Además, una infracción grave puede calificarse de muy grave si concurre alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior. La excepción: no se aplica si esa misma circunstancia ya sirvió para tipificarla como grave.

Artículo 32. Sanciones

Las infracciones de la Ley 2/2010 se sancionan con las sanciones administrativas del artículo 36 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Excepción: si las comete personal estatutario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se aplica el régimen disciplinario del Capítulo XII de la Ley 55/2003, Estatuto Marco, con la habilitación de su artículo 72.5. En las infracciones muy graves, además de la sanción económica, el Consejo de Gobierno podrá acordar la revocación de la autorización para la actividad en centros y establecimientos sanitarios.

Artículo 33. Competencia

La potestad sancionadora corresponde a los órganos de la Consejería competente en materia de salud, en los términos que se determinen reglamentariamente. Esta regla deja a salvo la competencia que el apartado 3 del artículo anterior (artículo 32) atribuye al Consejo de Gobierno. Hay que retener tres datos: los órganos de la Consejería de salud, el desarrollo reglamentario y la salvedad del Consejo de Gobierno.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El artículo 1 fija el objeto del Decreto 209/2001: garantizar plazos de respuesta quirúrgica. Su ámbito es el Sistema Sanitario Público de Andalucía, no un centro ni un organismo concreto. Además, el Decreto no se limita a proclamar la garantía: establece también, a tal fin, los instrumentos necesarios para hacerla efectiva.

Artículo 2. Beneficiarios

Para ser beneficiario de la garantía de plazo de respuesta quirúrgica han de concurrir tres requisitos. Primero, ser una de las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. Segundo, estar inscrito en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tercero, que se trate de intervenciones quirúrgicas programadas previstas en el Anexo I del Decreto.

Artículo 3. Plazo máximo de intervención quirúrgica

Las intervenciones quirúrgicas de los procedimientos relacionados en el Anexo I del Decreto deben realizarse en un plazo no superior a 180 días naturales. El plazo se cuenta desde la fecha en que el paciente, o persona autorizada para ello, presenta el documento de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Pueden aprobarse plazos inferiores para determinadas intervenciones, conforme a la Disposición Adicional Quinta.

Artículo 4. Sistemas de garantías

El artículo 4 regula los sistemas de garantías. Para garantizar el tiempo máximo de respuesta, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía «podrá ofertar» cualquiera de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía o centros concertados. Con ese mismo fin, pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre los tiempos de espera quirúrgicos en los distintos centros y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 5. Pérdida de la garantía

La garantía de respuesta en el plazo establecido para la intervención queda sin efecto si el paciente, una vez requerido de forma fehaciente en el domicilio señalado en su solicitud de inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA, incurre en alguna de estas conductas: se niega, no acude a la citación o demora voluntariamente la intervención. Esto se aplica tanto en el centro que indicó la intervención como en otro centro que se le oferte. Solo opera si esas circunstancias son injustificadas.

Artículo 6. Suspensión del plazo máximo de intervención quirúrgica

Si el facultativo considera que no es conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista, el cómputo del plazo máximo queda en suspenso. Esto ocurre tanto por circunstancias derivadas del proceso asistencial del paciente como por circunstancias sobreañadidas al mismo. La suspensión dura hasta que se resuelvan las incidencias surgidas. El plazo no se reinicia ni sigue corriendo: se detiene.

Artículo 7. Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Se crea el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía para el control y gestión de la demanda de intervenciones quirúrgicas programadas. Funciona en los centros hospitalarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen. Es único en la Comunidad Autónoma, pero su gestión es descentralizada: la llevan cada centro hospitalario del SAS, las Empresas Públicas Hospitalarias adscritas a la Consejería de Salud y los centros concertados con ella. Queda adscrito a la Dirección Gerencia del SAS.

Artículo 8. Contenido del Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía

El artículo 8 fija los datos que, como mínimo, se inscriben en el Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA. Son 11. Para la inscripción: identificación del paciente, fecha de presentación de la solicitud, indicación quirúrgica del facultativo especialista responsable y aceptación del paciente. Para la suspensión del cómputo del plazo máximo: su causa, la fecha de inicio y la fecha de reinicio cuando desaparece la causa. Para la baja: su fecha y su causa. Para la pérdida de la garantía: su causa y su fecha.

Artículo 9. Inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía

La inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía se formaliza cumplimentando la solicitud de inscripción que figura como Anexo 2 del Decreto, en el propio Registro. La fecha de inscripción es la del día en que el paciente, o la persona autorizada para ello, presenta esa solicitud. No cuenta otra fecha ni el día siguiente: solo el día de presentación.

Artículo 10. Baja en el Registro de Demanda Quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía

El paciente causa baja en el Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA por cuatro causas: a) realización de la intervención indicada; b) voluntad expresa del paciente; c) revaluación de la indicación que desaconseje la intervención; d) fallecimiento. En b) y c) la baja surte efectos desde la fecha de inscripción en el Registro de la solicitud de baja (Anexo 3). En a) y d) surte efectos desde la fecha en que ocurrieron, una vez comunicada al Registro.

Artículo 11. Incumplimiento del plazo máximo

Si vencen los plazos de respuesta quirúrgica establecidos, el paciente puede requerir el tratamiento en un centro sanitario privado. Así lo prevé el artículo 6.1.m), en relación con el 9.2, de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía. La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía queda obligada a pagar al centro elegido los gastos de la intervención, en las condiciones del Decreto. Ese pago tiene como tope las cuantías del Anexo I.

Artículo 12. Intervenciones quirúrgicas excluidas de la obligación de pago

La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía no paga la intervención en tres supuestos: a) si se realiza en centros donde trabajan médicos del SSPA de la especialidad del procedimiento indicado, sin perjuicio de la legislación de incompatibilidades; b) si es distinta a la que originó la inscripción en el Registro de Demanda Quirúrgica; c) si se incumple algún requisito del Decreto. Excepción: las intervenciones necesarias en el acto quirúrgico, distintas de las registradas, por discrepancias diagnósticas surgidas en dicho acto. Su abono lo resuelve la Administración, previo informe del centro donde se realizaron.

Artículo 13. Documento acreditativo

Agotado el plazo máximo de garantía, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía entrega al paciente un documento (Anexo 4) que lo acredita ante el centro sanitario elegido para la intervención. Debe contener, al menos: a) la acreditación de haberse superado el plazo máximo de garantía para su procedimiento; b) el procedimiento quirúrgico; c) el centro hospitalario del SSPA que indicó la intervención; d) la cuantía máxima que la Administración se compromete a pagar. Junto al documento se facilita una relación de centros sanitarios privados.

Artículo 14. Gastos de desplazamiento

Cuando el enfermo se desplaza a un centro situado en una localidad distinta a aquella donde se indicó su intervención, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía le abona los gastos de desplazamiento. Al acompañante le abona los gastos de desplazamiento y también las dietas. El abono se hace en concepto de indemnización y según las tarifas de la normativa vigente. Se excluyen los casos del apartado 1 del artículo 12 del Decreto.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El Decreto tiene un doble objeto. Primero, garantizar en el Sistema Sanitario Público de Andalucía un plazo de respuesta para tres materias: procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos. Solo quedan garantizados los enumerados en los Anexos I, II y III del Decreto. Segundo, crear los Registros correspondientes, contemplados en el artículo 7.

Artículo 2. Beneficiarios

Son beneficiarias de la garantía de plazo de respuesta del Decreto 96/2004 las personas que cumplan dos requisitos: estar incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y estar inscritas en alguno de estos tres registros del Sistema Sanitario Público de Andalucía: Procesos Asistenciales, Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada o Demanda de Procedimientos Diagnósticos.

Artículo 3. Definiciones

El artículo define tres conceptos. El proceso asistencial va desde la orientación diagnóstica de una enfermedad del Anexo I, hecha por un facultativo del SSPA o de un centro concertado, hasta la resolución diagnóstica y la propuesta de plan terapéutico. Las primeras consultas de asistencia especializada son consultas programadas y ambulatorias del Anexo II, solicitadas por un médico de atención primaria para un especialista y que no sean revisiones. Los procedimientos diagnósticos son los del Anexo III, solicitados por facultativos de consulta programada ambulatoria de atención primaria o especializada del SSPA o de un centro concertado.

Artículo 4. Plazos máximos de respuesta

Fija los plazos máximos de respuesta: procesos asistenciales, el que marque el Anexo I para cada proceso; primeras consultas de asistencia especializada, 60 días; procedimientos diagnósticos, 30 días. El cómputo empieza al día siguiente de la inscripción en el registro correspondiente: Registro de Procesos Asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Registro de Primeras Consultas de Asistencia Especializada o Registro de Procedimientos Diagnósticos. Los días son naturales.

Artículo 5. Sistemas de garantías de tiempo

El artículo fija una escalera de alternativas para las citas de consultas y procedimientos diagnósticos. Primero, en el centro asistencial de referencia. Si no se obtienen en el plazo del Decreto, pueden ofertarse en otros centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Si tampoco se obtienen ahí dentro del plazo máximo, pueden ofertarse en centros concertados. En ambos casos se garantiza la accesibilidad de los pacientes. Si el paciente no tiene cita y el plazo de respuesta ha transcurrido, puede requerir atención en un centro sanitario privado, conforme al artículo 11.

Artículo 6. Pérdida de la garantía

La garantía de respuesta en plazo del Decreto queda sin efecto en dos supuestos. a) El paciente, una vez requerido, demora voluntariamente, se niega o no se presenta a la consulta de asistencia especializada o al procedimiento diagnóstico. Vale tanto para el centro que indicó la consulta como para otro centro que se le oferte, y solo si esas circunstancias resultan injustificadas. b) El paciente, al ejercer la libre elección del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, elige un especialista o centro cuya demora impide garantizar un tiempo máximo de respuesta.

Artículo 7. Creación de los Registros

Se crean tres Registros: de Procesos Asistenciales, de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del SSPA. Sirven para el control y gestión de la demanda y funcionan en todos los centros sanitarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen. Son únicos en la Comunidad Autónoma, pero su gestión es descentralizada: la lleva el centro donde se hizo la inscripción. Quedan adscritos a la Dirección Gerencia del SAS, que adopta las medidas para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos y los derechos de la LO 15/1999.

Artículo 8. Contenido de los Registros

El artículo 8 fija el contenido mínimo de los Registros: deben poder inscribirse, «como mínimo», nueve datos. Son los datos identificativos del paciente y del médico solicitante; la fecha de inscripción a efectos de la garantía; los datos de la consulta, del procedimiento diagnóstico o del proceso asistencial solicitado; el proceso asistencial y/o motivo de la solicitud; la fecha y hora de la cita; la situación respecto a la garantía (con, sin o con pérdida, y su causa); y la fecha y la causa de la baja.

Artículo 9. Inscripción en los Registros

El artículo fija la fecha de inscripción en los Registros de pacientes según el tipo de atención. En los procesos asistenciales, es la fecha de solicitud de consulta o procedimiento diagnóstico por el facultativo, conforme se describa en cada proceso. En las primeras consultas de Atención Especializada, es la fecha de la solicitud por el médico de Atención Primaria. En los procedimientos diagnósticos, es la fecha de presentación de la solicitud hecha por el facultativo, con la conformidad en su caso del paciente.

Artículo 10. Baja en los Registros

El artículo 10 fija tres causas de baja en los Registros. a) La resolución diagnóstica del proceso asistencial y la elaboración de su plan terapéutico, o la realización efectiva de la primera consulta o del procedimiento diagnóstico en cualquiera de los ámbitos establecidos. b) La voluntad expresa del paciente de causar baja. c) El fallecimiento del paciente. Basta con que concurra alguna de ellas.

Artículo 11. Incumplimiento del plazo de respuesta

Vencidos los plazos de respuesta del Decreto, el paciente puede pedir, preferentemente en el centro donde se inscribió, el documento de atención en un centro privado autorizado. La Administración Sanitaria emite y notifica en siete días el documento (Anexo IV) o una resolución denegatoria. Si en siete días no hay resolución expresa, la solicitud se entiende estimada. Con el documento se entrega una relación de centros privados (Anexos I, II y III). Dos Órdenes del titular de la Consejería de Salud regulan el procedimiento de los centros privados y las tarifas y el pago.

Artículo 1

El artículo 1 reconoce que es libre la elección de médico especialista y de hospital público. Esta libertad tiene tres límites. Opera en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Se ejerce con los medios personales y materiales de ese Sistema. Y se ajusta a los términos y condiciones que establece el propio Decreto. Datos a retener: el objeto (médico especialista y hospital público) y el marco (ámbito y medios del SSPA, términos y condiciones del Decreto).

Artículo 2

El usuario puede elegir facultativo especialista u hospital público para cinco actuaciones: consultas programadas médicas, consultas programadas quirúrgicas, procedimientos terapéuticos médicos, procedimientos terapéuticos quirúrgicos y Servicios y Unidades de diagnóstico. En este último caso, la elección se refiere solo a las pruebas que indique el facultativo responsable.

Artículo 3

Pueden ejercer la libre elección los usuarios de atención primaria que, a juicio del facultativo responsable de su asistencia, precisen asistencia especializada en el SSPA. El usuario elige individualmente, a través del médico de atención primaria. Los Centros de Atención Primaria deben disponer, al menos, de información sobre especialistas elegibles, lugares y horarios de consulta y tiempos de espera, y facilitar al menos la primera cita. Por los menores de 16 años no emancipados eligen sus representantes legales, salvo madurez suficiente. Por los incapacitados también eligen sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho.

Artículo 4

La elección de médico especialista u hospital se mantiene durante todo el proceso patológico. En los procesos de larga duración se mantiene por un período mínimo de doce meses. Solo cabe cambiar antes de ese plazo si el Servicio Andaluz de Salud lo autoriza, siempre que existan causas que lo justifiquen y previa solicitud del interesado. No se pueden elegir a la vez varios facultativos u hospitales para el mismo proceso patológico.

Artículo 1. Ambito de ejercicio del derecho

En el Sistema Sanitario Público de Andalucía es libre la elección de médico general y pediatra en el nivel primario de atención, con las condiciones del propio Decreto. La elección es individual y se hace entre los médicos generales y pediatras del Distrito de Atención Primaria. Además, en las ciudades cuyo término municipal tenga más de un Distrito, se puede optar entre los facultativos que presten servicio en ese término municipal, con independencia del Distrito al que estén adscritos.

Artículo 2. La libre elección de médico por los usuarios

Cada usuario, individualmente considerado, tiene derecho a elegir libremente médico según este Decreto. Si es menor de 16 años no emancipado, eligen sus representantes legales, salvo que su madurez le permita hacerlo (art. 162.1 del Código Civil). Si es incapacitado, eligen sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación le reconozca ese derecho (art. 267 del Código Civil). Los menores de siete años pueden elegir pediatra de su territorio de elección. Entre siete y catorce años se puede optar entre medicina general o pediatría.

Artículo 3. Procedimiento de elección y duración mínima del cambio de facultativo

La elección de médico general y pediatra puede hacerse en cualquier momento y sin necesidad de justificación. Antes de elegir puede solicitarse una entrevista con el facultativo. Una vez elegido uno, para hacer una nueva elección deben haber transcurrido al menos tres meses. Si se elige un facultativo no destinado en la Zona Básica de Salud propia, este puede manifestar las razones de su oposición. La resolución motivada corresponde al Director del Distrito de Atención Primaria.

Artículo 4. Condicionamientos del ejercicio del derecho

Los Directores de los Distritos de Atención Primaria de Salud, mediante resolución motivada, no asignarán nuevos usuarios a un facultativo cuando su cupo desaconseje ese incremento, según las normas de desarrollo del Decreto. Los usuarios son informados del cupo de un facultativo previa solicitud. Para decidirlo se tienen en cuenta varios criterios: el número real de personas del cupo, el tiempo medio de consulta, el porcentaje de mayores de 65 años y menores de 4 años, los problemas especiales que eleven la demanda, la dispersión geográfica, las comunicaciones y otras características de cada Zona Básica de Salud, y la salvaguarda de la buena relación médico-enfermo.

Artículo 1. Objeto

El Decreto regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. La segunda opinión médica es el informe facultativo obtenido tras una solicitud al Sistema. Pueden pedirla el paciente, sus familiares, su pareja de hecho (artículos 17 y 22 de la Ley 5/2000), personas allegadas, sus representantes legales o la persona en quien el usuario delegue expresamente. Procede en dos supuestos: tras el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida, o tras la propuesta de un tratamiento con elevado riesgo vital. Además, el proceso diagnóstico debe estar completado y no debe requerirse tratamiento urgente.

Artículo 2. Ambito de aplicación

El artículo 2 fija quién puede pedir una segunda opinión médica. Hay dos grupos: los españoles residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía y los extranjeros. A ambos se les exige además el mismo requisito: que su aseguramiento corresponda al Sistema Sanitario Público de Andalucía. La residencia en un municipio andaluz se menciona solo para los españoles. El aseguramiento en el SSPA se exige a los dos grupos («en ambos casos»).

Artículo 3. Circunstancias que pueden motivar la solicitud de segunda opinión médica

Cualquier paciente incluido en el ámbito del Decreto puede pedir segunda opinión médica en ocho supuestos (letras a–h): a) confirmar el diagnóstico de enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento curativo del sistema nervioso central o de neoplasia maligna; b) confirmar alternativas terapéuticas de neoplasias malignas al inicio, en la recidiva o al aparecer metástasis; c), d) y e) propuestas terapéuticas en enfermedad coronaria avanzada, cirugía coronaria de riesgo y cardiopatía congénita; f) tumoración cerebral o raquimedular; g) cirugía en escoliosis de grado mayor, idiopática o no; h) enfermedad rara, con prevalencia menor de cinco casos por cada diez mil habitantes. En a) y b) se excluyen los cánceres de piel distintos del melanoma.

Artículo 4. Garantía del derecho a la segunda opinión médica

Para garantizar el derecho a la segunda opinión médica, la competente es la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. Tiene dos funciones: a) establecer los procedimientos adecuados, incluida la petición de documentación; b) designar y actualizar la relación de facultativos que integran los equipos de expertos previstos en el artículo 7.

Artículo 5. Procedimiento para el desarrollo de la segunda opinión médica

Pueden solicitarla el paciente, sus familiares, su pareja de hecho, personas allegadas, representantes legales o la persona delegada, por cualquier medio válido, incluso digital, con confidencialidad. Solo una vez por proceso asistencial. La estudia un facultativo del equipo de expertos: si hay conformidad, informa él; si hay discrepancia, el informe es colegiado. Se basa prioritariamente en las pruebas del especialista de origen. La Dirección General de Asistencia Sanitaria remite el informe en 30 días como máximo (plazo suspendido si hacen falta pruebas adicionales) y desestima en 7 días si faltan requisitos.

Artículo 6. Garantía dula atención sanitaria tras la segunda opinión médica

La Dirección General de Asistencia Sanitaria garantiza al paciente, dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la atención clínica sobre el diagnóstico o el tratamiento propuesto en el informe final. Para ello, ese Centro Directivo le facilita una relación de centros del SSPA donde el usuario elige libremente iniciar o continuar el tratamiento. Además, le gestiona la primera cita en el centro que haya elegido.

Artículo 7. Equipos de expertos

Se crean equipos de facultativos expertos, formados por profesionales de los distintos centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su tarea es analizar, estudiar y emitir los informes con las conclusiones clínicas finales. Para formar parte de un equipo, el profesional debe estar acreditado previamente con el nivel máximo de acreditación. Ese nivel lo fija el órgano responsable de la acreditación de profesionales del SSPA. Ese mismo órgano establece los requisitos y tiempos de la reacreditación periódica.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El Decreto 59/2012 regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía (el «Registro»). La finalidad del Registro es triple: la custodia, la conservación y la accesibilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada. Abarca las declaraciones emitidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello de acuerdo con la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada.

Artículo 2. Organización

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía depende de un solo órgano de la Consejería competente en materia de salud: el competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales. Ese órgano cumple tres papeles. Tiene el Registro adscrito. Habilita las sedes que lo gestionan, porque el Registro es único pero su gestión es descentralizada. Y nombra a la única persona responsable a nivel autonómico, elegida entre el personal funcionario o estatutario adscrito a dicho órgano.

Artículo 3. Sedes habilitadas y personas responsables

Pueden ser sedes del Registro las Delegaciones Provinciales de la Consejería de salud, los centros de salud, consultorios u hospitales del SSPA y cualquier otra sede de la Administración Pública Andaluza que se determine. Las sedes se habilitan por Orden del titular de la Consejería de salud y cada una tiene al menos una persona responsable. Esta la nombra el órgano competente para la coordinación y control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales. Lo hace a propuesta de la Gerencia del centro, del Delegado Provincial o del titular del órgano que sea sede. En vacante, ausencia o enfermedad, ese mismo órgano designa a un sustituto funcionario o estatutario.

Artículo 4. Funciones de la persona responsable del Registro a nivel autonómico

El artículo 4 enumera cuatro funciones de la persona responsable del Registro a nivel autonómico: a) velar por la calidad, integridad y accesibilidad del Registro; b) coordinar el mantenimiento operativo y la seguridad del Registro; c) gestionar el sistema de información del Registro; y d) mantener la coordinación y la relación del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.

Artículo 5. Funciones de las personas responsables del Registro de las sedes habilitadas

Las personas responsables del Registro en las sedes habilitadas tienen 11 funciones (a–k): informar del Registro y de los derechos de la persona otorgante; resolver sus dudas sobre la cumplimentación; recibir las solicitudes de inscripción; dar información complementaria; comprobar su identidad; constatar su capacidad; verificar los requisitos formales de los arts. 4 y 5 de la Ley 5/2003; inscribir o denegar justificadamente la inscripción; registrar la revocación a solicitud de la persona otorgante (art. 8 Ley 5/2003); expedir certificaciones y/o copias a instancia de la persona otorgante, su representante legal o los representantes designados; y velar por la calidad y seguridad del Registro.

Artículo 6. Requisitos de las sedes habilitadas

El artículo fija cuatro requisitos que deben reunir las sedes habilitadas del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. El primero es un espacio adecuado que facilite la intimidad y la confidencialidad. El segundo, acceso al sistema de información del Registro. El tercero, una persona responsable designada para tal fin. El cuarto, el equipamiento necesario para garantizar su adecuado funcionamiento.

Artículo 7. Requisitos de las personas responsables del Registro

Los responsables del Registro deben ser personal funcionario o estatutario habilitado por el órgano competente para la coordinación y el control de los sistemas de información sanitaria, registros y estadísticas oficiales de la Consejería de salud. Deben tener capacidad para las funciones de los artículos 4 y 5 y conocimientos de: aspectos éticos y legales de las voluntades vitales anticipadas, manejo de herramientas informáticas y comunicación sobre el final de la vida. La persona titular de la Consejería puede fijar otras competencias por vía reglamentaria.

Artículo 8. Presentación de la declaración de voluntad vital anticipada para su inscripción en el Registro

La solicitud de inscripción la presenta la propia persona otorgante, en el modelo del Anexo I, en cualquier sede habilitada del Registro. La presenta ante la persona responsable, que constata su personalidad y capacidad y verifica los requisitos formales de los artículos 4 y 5 de la Ley 5/2003. Si está impedida por enfermedad o discapacidad, puede pedir que el responsable se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario. Debe aportar los Anexos III y IV si designa representantes, con la acreditación de su identidad. Si es menor emancipada, aporta la documentación de esa condición. Si está incapacitada judicialmente, aporta la resolución judicial. Si no sabe o no puede firmar, firma un testigo a su ruego o el responsable del Registro, si lo autoriza. Los datos declarados se presumen ciertos.

Artículo 9. Inscripción en el Registro

Constatada la validez, la persona responsable inscribe de forma inmediata la declaración y entrega la certificación al otorgante. Si excepcionalmente una incidencia lo impide, se notifica al otorgante, una vez subsanada y dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud, la fecha de inscripción. Desde esa fecha la declaración es plenamente eficaz. Tras inscribirla, se comunica por vía telemática al Ministerio de sanidad para el Registro nacional de instrucciones previas. La inscripción supone su incorporación al fichero de datos y a la historia de salud del SSPA. También autoriza ceder los datos a los profesionales sanitarios del proceso asistencial y al Registro nacional.

Artículo 10. Revocación

La persona otorgante puede revocar su declaración en cualquier momento, personándose en una sede habilitada del Registro y por escrito. La revocación surte efectos inmediatos desde su inscripción y supone la baja en el Registro andaluz y en el Registro nacional de instrucciones previas. Inscrita la revocación y producida la baja, también tiene efectos inmediatos en su historia de salud. Si está impedida por enfermedad o discapacidad, puede pedir que la persona responsable del Registro en la sede se desplace a su domicilio, residencia o centro sanitario. Inscribir una nueva declaración en el Registro de otra Comunidad Autónoma supone la baja inmediata de la inscrita en Andalucía.

Artículo 11. Acceso al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía

El otorgante, su representante legal y los representantes designados en la declaración pueden acceder al Registro, presencialmente o por medios telemáticos, para conocer el contenido y los accesos producidos. Los responsables del Registro acceden en el ejercicio de las funciones de los artículos 4 y 5. Los profesionales sanitarios del proceso asistencial deben consultar la historia clínica para comprobar si consta una declaración. Deben acceder a ella cuando el otorgante no pueda expresar personalmente su voluntad. Su acceso puede ser telemático, telefónico o desde la historia de salud del SSPA, identificando a quien consulta y, en su caso, el centro, y garantizando la confidencialidad. Si la persona ha fallecido, pueden acceder su representante legal, el responsable del Registro y las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa acreditada.

Artículo 12. Acceso al Registro por medios telemáticos

Fija cómo se identifica cada usuario para acceder al Registro. La persona otorgante, su representante legal y los representantes designados en la declaración, si los hay, necesitan firma electrónica del DNI o certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía (Decreto 183/2003). Los profesionales sanitarios del SSPA, por vía telemática o telefónica, y los responsables del Registro usan códigos de acceso seguros. Los profesionales sanitarios ajenos al SSPA necesitan DNI electrónico o certificado digital.

Artículo 13. Incorporación de la declaración de voluntad vital anticipada a la Historia de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía

La inscripción de la declaración de voluntad vital anticipada en el Registro conlleva su incorporación a la historia de salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía de la persona otorgante. Así se facilita que consulten su contenido los profesionales sanitarios obligados a ello. Esos profesionales están también obligados a actuar conforme a lo previsto en la declaración.

Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sanitarios públicos de Andalucía

La Carta de Servicios del SAS (Resolución de 11 de diciembre de 2006 de la Dirección Gerencia, BOJA núm. 246, de 22 de diciembre de 2006) resume los derechos y deberes de las personas usuarias. Entre los derechos están: igualdad, dignidad e intimidad; decidir entre opciones clínicas y dar consentimiento oral o escrito; negarse al tratamiento salvo supuestos legales; segunda opinión médica; respeto a la voluntad anticipada; libre elección de médico y hospital; conocer a los profesionales; plazos; información comprensible e informe de alta; confidencialidad y participación. Los deberes son siete. Según el Libro de estilo (2003), todos los profesionales deben conocer y facilitar la Carta.

La atención a la ciudadanía en el SAS: unidades, canales y Salud Responde

El SAS atiende a la ciudadanía mediante Unidades de Atención a la Ciudadanía, una o varias en cada centro sanitario, que informan y hacen trámites. También mediante la web con buzón de contacto, los teléfonos provinciales de urgencias (sin peligro para la vida), el 061 (emergencias graves) y las apps gratuitas «Salud Andalucía» y «Salud Responde». Salud Responde funciona 24 horas todo el año por el 955 54 50 60, saludresponde@juntadeandalucia.es y su app, con traducción en 39 idiomas. El SAS llama desde el 955 80 00 08 (desde febrero de 2021).

ClicSalud+ y la App Salud Andalucía

ClicSalud+ es, según la web del SAS, el sitio web de atención personal del SAS. Da acceso en línea a la información de salud y a los trámites más frecuentes. Tiene cuatro secciones: Agenda sanitaria, Salud, Trámites y Datos personales. Lo usa quien esté en la Base de datos de personas usuarias del SAS. La identificación básica pide tres datos: tarjeta o NUHSA, documento (desde los 14 años) y fecha de nacimiento. La identificación segura se hace con certificado @firma, DNIe o Cl@ve. Para los datos de salud hace falta Cl@ve avanzado. El QR de la App da acceso durante un mes. El desplazamiento temporal va de un mes a un año. Para cambiar de médico deben pasar tres meses.

El Libro de estilo del SAS: misión y valores

Libro de estilo del SAS (2003), presentado por el Gerente Juan Carlos Castro Álvarez. Tiene 76 pautas en cinco capítulos: valores y principios, características generales de la atención, atención sanitaria, organización de la atención y situaciones difíciles o de conflicto. Misión: asistencia con calidad científico-técnica, continuidad asistencial y atención centrada en el usuario, para mejorar la salud y lograr la equidad. Los profesionales son su «activo más importante». Valores: equidad, universalidad, accesibilidad, mejora continua de la calidad, atención integral, atención personalizada, continuidad de la atención, eficacia y eficiencia.

El ciudadano como centro: equidad, atención integral y trato respetuoso

Lema del Libro de estilo del SAS: «Atención centrada en el ciudadano». Se trata a personas, no enfermedades o procesos. «Atención, mejor que asistencia»: atender implica también escuchar. Equidad: atención según únicamente las necesidades, sin discriminación. La priorización sigue criterios profesionales, clínicos y normas establecidas. Quien lo necesita recibe más medios, información, ayuda o tiempo. Trato: amabilidad, «usted» a adultos, por escrito nombre, dos apellidos y don/doña, y nada de «abuelo/a».

La orientación al usuario y la identificación personal e institucional

El Libro de estilo del SAS (2003) trata en «La organización de la atención» la orientación al usuario como principio: peor que tener fallos es no conocerlos, y el error repetido que no se puede resolver se comunica al superior directo. Pautas: tener en cuenta la opinión del usuario (sugerencias escritas, grupos focales, contactos informales, encuestas o quejas); resolver las gestiones internamente; que el usuario sepa dónde, cuándo, qué hacer y qué ocurrirá después; avisar con antelación de los cambios; derivar a quien pueda resolver y nunca «utilizar» al usuario para reivindicaciones. Identificación: tarjeta personal visible, identificar centro y persona al teléfono y no usar el vestuario clínico fuera del centro (salvo urgencias).

La comunicación como herramienta de trabajo: el derecho a la información

Según el Libro de estilo del SAS (2003), informar cuando el usuario lo necesita es la primera condición para ganar su confianza. La información es un continuo en todas las fases, sin alarma innecesaria, y se ofrece sin esperar a que se pida. Hay seis tipos de información necesaria. En urgencias, Observación, UCI, quirófano o aislamiento debe estar fijado cuándo y quién informa. El consentimiento informado es «la cristalización legal de un planteamiento ético», básicamente verbal, con constancia de tres cuestiones. El médico responsable se presenta en la primera visita.

El derecho a la intimidad y a la confidencialidad

El Libro de estilo del SAS (2003) trata juntas intimidad y confidencialidad. Intimidad: atención en privado, sin rigidez (en cuidados intensivos hace falta seguimiento visual). No simultanear varios pacientes en una consulta, ni con biombos. Evitar a profesionales en formación si violentan al usuario. Voz baja y sin mencionar lo íntimo. Nada íntimo ajeno a lo clínico en la historia. Confidencialidad: obliga a sanitarios y no sanitarios. Abarca datos clínicos y administrativos. Ante los medios, consentimiento previo a cualquier parte médico.

La comunicación en situaciones difíciles: peticiones no razonables y quejas

El último capítulo del Libro de estilo del SAS (2003) trata las situaciones difíciles. La relación habitual con los usuarios es de cooperación. Ante un conflicto, primero se analiza si los servicios funcionan bien. Ante una petición no razonable (contraria a los valores de la organización, a la responsabilidad profesional o no posible legalmente) se informa de que no se puede atender y se explican las razones. Ceder a ella daña la imagen del profesional, del centro y del SAS. Toda queja, llegue por el medio que llegue, se contesta siempre y es fuente de mejora continua. La atiende quien la recibe, aunque no sea responsable. «Justificarse no es responder a una queja». La respuesta formal a las reclamaciones corresponde solo a los cargos directivos, que pueden delegarla.

Estilos de comunicación: pasivo, agresivo y asertivo

La guía del SAS «Grupo de afrontamiento de la ansiedad en Atención Primaria» (2023) compara tres estilos con un cuadro del Instituto Catalán de la Salud (2009). Pasivo: «soy inferior», evitar conflictos, frases indirectas, voz baja, mirada evitativa; provoca compasión y luego indiferencia. Agresivo: «soy superior», ganar de todas maneras, frases en segunda persona, voz alta, mirada fija; provoca miedo y enojo. Asertivo: «soy igual», llegar a un acuerdo con sinceridad, frases en primera persona, voz segura, mirada a los ojos; provoca respeto. El pasivo-agresivo lo describe aparte la UPV/EHU (2016).

Habilidades sociales: la asertividad

Material UPV/EHU (OCW, 2016): la asertividad es una «actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales», sin buscar lograr lo que uno quiere a cualquier coste ni controlar a nadie. Galassi (1979): tres áreas, que son autoafirmación, sentimientos positivos y sentimientos negativos. Lo no asertivo se aprende por adaptación excesiva, premios y castigos, modelos, normas culturales y creencias irracionales. Técnicas: tiempo fuera, refugio, atenuar críticas, disculparse y no mezclar temas. Libro de estilo del SAS: habilidades de relación entre las competencias técnicas.

La calidad asistencial: certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

La web del SAS define la acreditación como un proceso voluntario de evaluación de la calidad frente a estándares reconocidos, con autoevaluación y evaluación externa por expertos. Recoge tres apartados: acreditación de competencias profesionales; centros y unidades acreditados por la ACSA; y distintivos de seguridad del paciente del Observatorio para la Seguridad del Paciente. La certificación de la ACSA tiene cuatro fases consecutivas: inicio (aplicación ME_jora C), autoevaluación (la fase clave), evaluación (revisión documental en línea y visita in situ) y certificación y seguimiento. Hay tres niveles: Avanzado, Óptimo o Excelente. Si el resultado es negativo, hay 90 días para cumplir los estándares obligatorios.

Transparencia y calidad en los servicios: la Carta de Servicios del SAS

La Carta de Servicios del SAS se aprobó por Resolución de 11 de diciembre de 2006 de la Dirección Gerencia (BOJA núm. 246, de 22-12-2006), conforme al Decreto 317/2003, de 18 de noviembre. Su propósito es dar a las personas usuarias información, mecanismos y la posibilidad de colaborar en la mejora. Misión del SAS: atención sanitaria con servicios públicos de calidad, con accesibilidad, equidad y satisfacción. Fija doce compromisos de calidad, medidos con indicadores. La web del SAS publica empleo, contratación y tiempos de respuesta.

La cobertura sanitaria en Andalucía y cómo se acredita

Cobertura sanitaria (web del SAS): formas de acceder en Andalucía a los servicios y prestaciones del SAS. RDL 7/2018: son titulares los españoles y los extranjeros con residencia establecida en España. Asegurados o beneficiarios del INSS: alta en el centro de atención primaria más cercano con el modelo BDU, identidad, documento del INSS y empadronamiento en Andalucía. La tarjeta no caduca. Extranjeros sin residencia legal: residencia efectiva y sin otra cobertura; aportación farmacéutica del 40 %; RD 180/2026; resolución en 3 meses; silencio estimatorio.

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía: organización e inscripción

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía custodia, conserva y hace accesibles las declaraciones emitidas en Andalucía (Ley 5/2003 y Ley 2/2010). Persigue dos acciones: que quien lo decida inscriba su voluntad y que el profesional sanitario acceda a ella cuando sea necesario. Pueden hacerla los mayores de edad y los menores emancipados. La cita se pide en Salud Responde (955 54 50 60). La inscripción es presencial y personal, inmediata si todo es correcto, y se sincroniza con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Solo la persona otorgante puede revocarla.