Ley 2/2010, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte

Artículo 18. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas

En pocas palabras

Apartado 1: el médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención a una persona en proceso de muerte, debe asegurarse de que está clínicamente indicada. Basa su juicio en el estado de la ciencia, la evidencia científica, su saber profesional, su experiencia y el estado clínico, gravedad y pronóstico del paciente. Si la indica, la somete al consentimiento libre y voluntario de la persona, que puede aceptarla, elegir entre las opciones disponibles o rechazarla (esta Ley y Ley 41/2002). Apartado 2: todos los profesionales sanitarios implicados deben respetar los valores, creencias y preferencias del paciente y no imponer sus propias convicciones.

Explicación sencilla

Fija el orden de la decisión clínica: primero el juicio de indicación del médico responsable y solo después el consentimiento del paciente. Además impone a todos los profesionales implicados el respeto a los valores del paciente. También les obliga a abstenerse de imponer criterios basados en sus creencias personales, morales, religiosas o filosóficas.

Regla mnemotécnica

Primero indica, luego consiente: el médico responsable indica y la persona decide con AER: Aceptar, Elegir entre opciones o Rechazar. El respeto a valores obliga a todos los profesionales implicados, no solo al médico.

Trampa típica de examen

Atribuir solo al médico o médica responsable el deber de respetar los valores, creencias y preferencias del paciente y de no imponer convicciones propias. El apartado 2 extiende esa obligación a todos los profesionales sanitarios implicados en la atención.

Texto del artículo 18 de la Ley 2/2010 (LDPM)

1. El médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención sanitaria a una persona en proceso de muerte, deberá asegurarse de que la misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basándose en el estado de la ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experiencia y en el estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. En el caso de que este juicio profesional concluya en la indicación de una intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consentimiento libre y voluntario de la persona, que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en los términos previstos en la presente Ley y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 2. Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes tienen la obligación de respetar los valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones clínicas, en los términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarrollo, debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, morales, religiosas o filosóficas.

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