LDPM
Ley 2/2010, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.
Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.
Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoEl artículo 1 fija el objeto de la Ley 2/2010 en tres bloques. Primero, regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte. Segundo, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes. Tercero, las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso. Hay que retener a quién se atribuye cada elemento: los derechos a la persona, los deberes al personal sanitario y las garantías a las instituciones sanitarias.
- Art. 2FinesEl artículo 2 fija dos fines de la Ley. Primero, a) proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. Segundo, b) asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en ese proceso. Esa voluntad incluye la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital. Para el examen conviene retener tres datos: son dos fines, cada uno lleva su verbo («proteger» la dignidad y «asegurar» la autonomía) y el instrumento citado es el testamento vital.
- Art. 3Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica en Andalucía a: 1) las personas que se encuentren en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso; 2) el personal implicado en su atención sanitaria; 3) los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados; y 4) las entidades aseguradoras que presten sus servicios en Andalucía.
- Art. 4Principios básicosEl artículo 4 enumera los cinco principios básicos que inspiran la Ley: a) garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte; b) promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, según sus deseos, preferencias, creencias o valores, y preservación de su intimidad y confidencialidad; c) que el rechazo o la interrupción de un tratamiento por voluntad de la persona no suponga menoscabo de una atención sanitaria integral ni de su dignidad; d) derecho de todas las personas a cuidados paliativos integrales y a un adecuado tratamiento del dolor; e) igualdad efectiva y ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la muerte.
- Art. 5DefinicionesEl artículo 5 define 18 conceptos (letras a a q, incluida la ñ) a efectos de la Ley. Tres se toman literalmente del artículo 3 de la Ley 41/2002: consentimiento informado, intervención en el ámbito de la sanidad y médico o médica responsable. La declaración de voluntad vital anticipada se toma del artículo 2 de la Ley 5/2003, y el testamento vital es su sinónimo. Las personas en proceso de muerte son las que están en situación terminal o de agonía. La agonía tiene un pronóstico vital de pocos días. La futilidad en la limitación del esfuerzo terapéutico la juzgan los profesionales sanitarios implicados. La incapacidad de hecho no exige necesariamente resolución judicial.
- Art. 6Derecho a la información asistencialQuien se encuentre en el proceso de muerte o afronte decisiones relacionadas con él tiene derecho a recibir información en los términos de los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Si, pese al ofrecimiento explícito de información por los profesionales sanitarios, el paciente rechaza voluntaria y libremente ser informado, se respeta su decisión. Se le hace ver su trascendencia y se le solicita que designe una persona que acepte recibir la información y tomar las decisiones en su representación.
- Art. 7Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informadoQuien está en el proceso de muerte, o afronta decisiones relacionadas con él, tiene derecho a decidir sobre las intervenciones sanitarias que le afecten. Toda intervención exige el consentimiento previo, libre y voluntario del paciente, después de recibir y valorar la información del artículo 6, sin perjuicio del artículo 11. El consentimiento es verbal por regla general, con constancia en todo caso en la historia clínica, sin perjuicio del artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
- Art. 8Derecho al rechazo y a la retirada de una intervenciónToda persona puede rechazar la intervención que le propongan los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ponga en peligro su vida. Los pacientes también pueden revocar el consentimiento informado ya dado para una intervención concreta, lo que implica necesariamente interrumpirla, sin perjuicio del artículo 6.1.ñ) de la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía. Tanto el rechazo como la revocación constan por escrito. Si la persona no puede firmar, firma un testigo a su ruego, que deja constancia de su identificación y del motivo que impide la firma. Todo ello consta por escrito en la historia clínica.
- Art. 9Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipadaToda persona puede formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en las condiciones de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, sin perjuicio del art. 11.1 de la Ley 41/2002. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, se incorpora a la historia clínica y al Registro nacional de instrucciones previas (RD 124/2007). La persona representante busca el mayor beneficio y la dignidad del representado. En situaciones no contempladas, tiene en cuenta los valores u opciones vitales de la declaración. El interesado puede fijar sus funciones.
- Art. 10Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la información, la toma de decisiones y el consentimiento informadoSi el paciente está en incapacidad de hecho, a criterio de su médico o médica responsable, la información, el consentimiento y la elección del domicilio para cuidados paliativos (art. 12.2) corresponden, por este orden, a: 1) la persona designada en la voluntad vital anticipada; 2) el representante legal; 3) el cónyuge o pareja análoga; 4) los familiares de grado más próximo y, en igual grado, el de mayor edad. Todo ello sin perjuicio de lo que decida la autoridad judicial. Si hay incapacitación judicial, rige la sentencia. Si esta no prohíbe ni limita expresamente, el médico valora la capacidad de hecho (art. 20). El incapaz debe ser informado y participar según su discernimiento.
- Art. 11Derechos de los pacientes menores de edadTodo menor tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones propuestas, adaptada a su capacidad de comprensión. Tiene derecho a que se escuche su opinión si tiene doce años cumplidos. Si no es capaz intelectual ni emocionalmente de entender la intervención, consienten sus representantes legales. Los menores emancipados o con dieciséis años cumplidos consienten por sí mismos. Sus padres o representantes son informados y su opinión se tiene en cuenta. Además, pueden revocar el consentimiento y rechazar la intervención (art. 8). La atención respetará sus necesidades especiales.
- Art. 12Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección del domicilio para recibirlosApartado 1: todas las personas en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad. Apartado 2: los pacientes en situación terminal o de agonía, si así lo desean, tienen derecho a que esos cuidados paliativos se les proporcionen en el domicilio que designen. Ese domicilio ha de estar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el derecho se reconoce siempre que no esté contraindicado.
- Art. 13Derecho de los pacientes al tratamiento del dolorEl artículo 13 reconoce a los pacientes el derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor. Son dos verbos: prevenir y aliviar, no solo calmar el dolor ya presente. Esa atención incluye la sedación, pero solo en un supuesto concreto: cuando el dolor es refractario al tratamiento específico, es decir, cuando no responde a él.
- Art. 14Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa
- Art. 15Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidadLos pacientes ante el proceso de muerte tienen dos derechos: que se preserve su intimidad personal y familiar, y que se protejan todos los datos relacionados con su atención sanitaria. La intimidad protegida no es solo la personal, también la familiar. La protección alcanza a todos los datos de su atención sanitaria, no a una parte de ellos.
- Art. 16Derecho al acompañamientoEl artículo 16 reconoce a los pacientes, ante el proceso de muerte, dos derechos: a) disponer de acompañamiento familiar, si así lo desean; b) recibir auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y creencias, cuando así lo soliciten. Ambos se ejercen en los términos del artículo 23. Solo se aplican cuando la asistencia se presta en régimen de internamiento en un centro sanitario.
- Art. 17Deberes respecto a la información clínicaEl médico o médica responsable de cada paciente debe garantizar que se cumple el derecho a la información del artículo 6. El resto de profesionales sanitarios que atiendan al paciente durante el proceso asistencial, o le apliquen una intervención concreta, también deben facilitarle información clínica en función de su grado de responsabilidad y participación. Unos y otros dejarán constancia en la historia clínica de que la información fue proporcionada al paciente y suficientemente comprendida por este.
- Art. 18Deberes respecto a la toma de decisiones clínicasApartado 1: el médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención a una persona en proceso de muerte, debe asegurarse de que está clínicamente indicada. Basa su juicio en el estado de la ciencia, la evidencia científica, su saber profesional, su experiencia y el estado clínico, gravedad y pronóstico del paciente. Si la indica, la somete al consentimiento libre y voluntario de la persona, que puede aceptarla, elegir entre las opciones disponibles o rechazarla (esta Ley y Ley 41/2002). Apartado 2: todos los profesionales sanitarios implicados deben respetar los valores, creencias y preferencias del paciente y no imponer sus propias convicciones.
- Art. 19Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipadaRecoge tres deberes de los profesionales sanitarios sobre la declaración de voluntad vital anticipada. Primero, todos deben informar del derecho a formularla a las personas que se la soliciten. Segundo, si el paciente está en situación de incapacidad de hecho, deben actuar según el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. Tercero, deben respetar los valores e instrucciones de la declaración en los términos de esta Ley, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, la Ley 5/2003 y sus normas de desarrollo.
- Art. 20Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hechoEl médico o médica responsable valora si el paciente está en situación de incapacidad de hecho que le impide decidir por sí mismo, y esa valoración debe constar en la historia clínica. Se evalúan, entre otros factores clínicos, cinco: dificultad para comprender la información, retenerla defectuosamente, no usarla de forma lógica, fallar al apreciar las consecuencias de las alternativas y no lograr tomar o comunicar una decisión. Puede contar con la opinión de otros profesionales implicados directamente y consultar a la familia. Establecida la incapacidad, anota en la historia clínica los datos de quien deba actuar por el paciente (art. 10.1).
- Art. 21Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéuticoEl médico o médica responsable limitará el esfuerzo terapéutico cuando la situación clínica lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica. La justificación debe constar en la historia clínica. Para limitarlo se oye el criterio del enfermero o enfermera responsable de los cuidados y se requiere la opinión coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención. La identidad y la opinión de esos profesionales se registran en la historia clínica. En cualquier caso, médico y demás profesionales deben ofrecer las intervenciones necesarias para su adecuado cuidado y confort.
- Art. 22Garantía de los derechos de los pacientesEl artículo 22 fija dos obligaciones. Primera: la Administración sanitaria y las instituciones recogidas en el artículo 3 deben garantizar, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos del Título II de la Ley. Segunda: las instituciones sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes deben arbitrar los medios para que esos derechos no se vean mermados en ningún caso o eventualidad. Esto incluye la negativa o ausencia del profesional y cualquier otra causa sobrevenida.
- Art. 23Acompañamiento de los pacientesEl artículo 23 contiene dos garantías a cargo de los centros e instituciones sanitarias. 1) Facilitarán a quien está en proceso de muerte el acompañamiento familiar, compatibilizándolo con las medidas sanitarias necesarias para una atención de calidad. 2) Facilitarán el acceso de quienes puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme a las convicciones y creencias del paciente. Pueden pedirlo los pacientes, sus representantes o sus familiares. Se procurará, en todo caso, que esas personas no interfieran con las actuaciones del equipo sanitario.
- Art. 24Apoyo a la familia y personas cuidadorasLos centros e instituciones sanitarias tienen dos obligaciones hacia las personas cuidadoras y las familias de pacientes en proceso de muerte. 1) Prestarles apoyo y asistencia, tanto en su domicilio como en los centros sanitarios. 2) Prestarles atención en el duelo y promover medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y para la prevención del duelo complicado.
- Art. 25Asesoramiento en cuidados paliativosLas instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en proceso de muerte información sobre dos cuestiones: su estado de salud y los objetivos de los cuidados paliativos que recibirán durante su proceso. Esa información se dará de acuerdo con las necesidades y preferencias del propio paciente. El destinatario de la garantía es el paciente en proceso de muerte.
- Art. 26Estancia en habitación individual para personas en situación terminalLos centros e instituciones sanitarias deben garantizar a los pacientes en situación terminal que tengan que ser atendidos en régimen de hospitalización una habitación individual durante toda su estancia. Esa habitación debe tener el nivel de confort e intimidad que requiera su estado de salud. Además, estos pacientes pueden estar acompañados permanentemente por una persona familiar o allegada.
- Art. 27Comités de Ética AsistencialTodo centro o institución sanitaria dispondrá de un Comité de Ética Asistencial o estará vinculado a uno. Asesora en decisiones clínicas con conflictos éticos y lo acredita la Consejería competente en materia de salud. Sus informes o dictámenes en ningún caso sustituyen las decisiones de los profesionales sanitarios. Ante discrepancias sobre la atención en el proceso de muerte que no se resuelvan por acuerdo, se le pedirá asesoramiento y podrá proponer alternativas o soluciones éticas. Sus miembros guardan secreto y confidencialidad. Composición, funcionamiento y acreditación se fijan reglamentariamente.
- Art. 28Disposiciones generalesLas infracciones de esta Ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo se sancionan administrativamente, previa instrucción del oportuno expediente. Ello es sin perjuicio de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Salud de Andalucía y de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Responden las personas físicas o jurídicas que participen por acción u omisión, mediando dolo, culpa o negligencia.
- Art. 29Infracciones levesEl artículo 29 define la infracción leve de forma residual. Es infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la vulneración de cualquier prohibición previstas en la Ley 2/2010. Solo opera si la conducta no debe calificarse como infracción grave o muy grave. Abarca, por tanto, tanto obligaciones como prohibiciones, sin necesidad de una enumeración concreta de conductas.
- Art. 30Infracciones gravesEl artículo tipifica dos infracciones graves: a) incumplir las normas sobre cumplimentación de los datos clínicos, y b) impedir el acompañamiento en el proceso de muerte, salvo que existan circunstancias clínicas que lo justifiquen. Además, una infracción leve podrá calificarse de grave si concurre alguna de estas cuatro circunstancias: lesividad del hecho, cuantía del eventual beneficio obtenido, gravedad de la alteración sanitaria y social producida y grado de intencionalidad.
- Art. 31Infracciones muy gravesEl artículo tipifica dos infracciones muy graves: a) obstaculizar o impedir a los ciudadanos el disfrute de cualquiera de los derechos del Título II de la Ley, y b) la actuación que incumpla los deberes del Título III. Además, una infracción grave puede calificarse de muy grave si concurre alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior. La excepción: no se aplica si esa misma circunstancia ya sirvió para tipificarla como grave.
- Art. 32SancionesLas infracciones de la Ley 2/2010 se sancionan con las sanciones administrativas del artículo 36 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Excepción: si las comete personal estatutario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se aplica el régimen disciplinario del Capítulo XII de la Ley 55/2003, Estatuto Marco, con la habilitación de su artículo 72.5. En las infracciones muy graves, además de la sanción económica, el Consejo de Gobierno podrá acordar la revocación de la autorización para la actividad en centros y establecimientos sanitarios.
- Art. 33CompetenciaLa potestad sancionadora corresponde a los órganos de la Consejería competente en materia de salud, en los términos que se determinen reglamentariamente. Esta regla deja a salvo la competencia que el apartado 3 del artículo anterior (artículo 32) atribuye al Consejo de Gobierno. Hay que retener tres datos: los órganos de la Consejería de salud, el desarrollo reglamentario y la salvedad del Consejo de Gobierno.