Ley 2/2010, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado
En pocas palabras
Quien está en el proceso de muerte, o afronta decisiones relacionadas con él, tiene derecho a decidir sobre las intervenciones sanitarias que le afecten. Toda intervención exige el consentimiento previo, libre y voluntario del paciente, después de recibir y valorar la información del artículo 6, sin perjuicio del artículo 11. El consentimiento es verbal por regla general, con constancia en todo caso en la historia clínica, sin perjuicio del artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
Explicación sencilla
Recoge el derecho del paciente a decidir sobre las intervenciones sanitarias en el proceso de muerte. Fija tres datos examinables: el consentimiento ha de ser previo, libre y voluntario; va precedido de la información del artículo 6; y es verbal por regla general, con constancia obligatoria en la historia clínica.
Regla mnemotécnica
Se dice de palabra, se apunta en la historia: consentimiento verbal por regla general y constancia en todo caso en la historia clínica.
Trampa típica de examen
Afirmar que el consentimiento debe prestarse por escrito como regla general. El artículo dice que es verbal por regla general. Lo que se exige en todo caso es dejar constancia en la historia clínica.
Texto del artículo 7 de la Ley 2/2010 (LDPM)
1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso tienen derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda intervención en este ámbito requiere el previo consentimiento libre y voluntario de los pacientes, una vez que hayan recibido y valorado la información prevista en el artículo 6. 3. El consentimiento será verbal, por regla general, dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.
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