Ley 2/2010, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte
Artículo 28. Disposiciones generales
En pocas palabras
Las infracciones de esta Ley y de sus normas reglamentarias de desarrollo se sancionan administrativamente, previa instrucción del oportuno expediente. Ello es sin perjuicio de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Salud de Andalucía y de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Responden las personas físicas o jurídicas que participen por acción u omisión, mediando dolo, culpa o negligencia.
Explicación sencilla
Abre el régimen sancionador de la Ley. Fija tres reglas: la sanción administrativa exige expediente previo y convive con otras responsabilidades; se prohíbe la doble sanción cuando hay triple identidad, conforme al artículo 133 de la Ley 30/1992; y se define quién responde y con qué grado de culpabilidad.
Regla mnemotécnica
Doble sanción prohibida si coinciden las tres: S-H-F (Sujeto, Hecho, Fundamento). Responde quien actúa con D-C-N (Dolo, Culpa o Negligencia), por acción u omisión, sea persona física o jurídica.
Trampa típica de examen
Creer que la sanción administrativa impuesta por esta Ley excluye la exigencia de responsabilidad civil o penal por los mismos hechos. El texto dice lo contrario: la sanción administrativa se impone sin perjuicio de esas otras responsabilidades.
Texto del artículo 28 de la Ley 2/2010 (LDPM)
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, las infracciones contempladas en la presente Ley y en las especificaciones que la desarrollen en el ejercicio de la potestad reglamentaria serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 2. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados, penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 3. Son sujetos responsables de las infracciones, en la materia regulada por esta Ley, las personas físicas o jurídicas que, por acción u omisión, hubiesen participado en aquellas mediando dolo, culpa o negligencia.
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