Ley 5/2003, de declaración de voluntad vital anticipada

Artículo 4. Capacidad para otorgar la declaración

En pocas palabras

Pueden otorgar la declaración de voluntad vital anticipada el mayor de edad y el menor emancipado. Los incapacitados judicialmente también pueden, salvo que la resolución judicial de incapacitación determine otra cosa. Si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestiona su capacidad para otorgarla, debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que este, en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso que modifique el alcance de la incapacitación ya establecida.

Explicación sencilla

Fija quién tiene capacidad para otorgar la declaración. Contiene una regla general (mayor de edad o menor emancipado), una extensión a los incapacitados judicialmente con su excepción (lo que disponga la resolución de incapacitación) y el cauce si el facultativo duda: Ministerio Fiscal y nuevo proceso judicial.

Regla mnemotécnica

Mayor o emancipado, sí. Incapacitado, también, salvo que la sentencia diga otra cosa. Si el médico duda, la cadena es Médico → Fiscal → Juez: el médico no va directamente al juez.

Trampa típica de examen

Creer que, si el facultativo cuestiona la capacidad del incapacitado, debe acudir directamente a la autoridad judicial o que es él quien decide. El texto dice que pone los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, y es este quien, en su caso, insta el nuevo proceso ante la autoridad judicial.

Texto del artículo 4 de la Ley 5/2003 (LVVA)

1. La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser emitida por un mayor de edad o un menor emancipado. 2. Los incapacitados judicialmente podrán emitir declaración de voluntad vital anticipada, salvo que otra cosa determine la resolución judicial de incapacitación. No obstante, si el personal facultativo responsable de su asistencia sanitaria cuestionara su capacidad para otorgarla, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, inste ante la autoridad judicial un nuevo proceso, que tenga por objeto modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

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