Tema 20 del temario de Auxiliar Administrativo del SAS 2026

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social

Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, y se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley.

Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social

Artículo 4. Delimitación de funciones

El apartado 1 atribuye al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social. El apartado 2 dispone que los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución. El apartado 3 establece que en ningún caso la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.

Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales

Las funciones no jurisdiccionales del Estado en Seguridad Social que no sean propias del Gobierno las ejerce el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otros departamentos ministeriales. Le corresponden: proponer al Gobierno los reglamentos generales; la restante potestad reglamentaria; las funciones económico-financieras, salvo las encomendadas en la Ley 47/2003, y la dirección y tutela de las entidades; la inspección a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y los supuestos y condiciones de notificación electrónica obligatoria.

Artículo 6. Coordinación de funciones afines

Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines. Las funciones afines que cita el artículo son de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.

Artículo 7. Extensión del campo de aplicación

Contributivas: españoles que residan en España y extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, si ejercen su actividad en territorio nacional y son trabajadores por cuenta ajena, autónomos mayores de dieciocho años, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes o funcionarios públicos, civiles y militares. No contributivas: todos los españoles residentes en territorio español y los extranjeros que residan legalmente en él. El Gobierno podrá, a instancia de los interesados, excluir a personas cuyo trabajo por cuenta ajena pueda considerarse marginal.

Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria

Apartado 1: las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema. Apartado 2: los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en la ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de esos grupos en el campo de aplicación de dichos regímenes.

Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social

El sistema de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General, que se regula en el título II de la ley, y por los regímenes especiales a que se refiere el artículo 10. Los regímenes especiales se regularán conforme al artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se establecerán el tiempo, alcance y condiciones para conservar los derechos en curso de adquisición de quienes pasen de unos regímenes a otros, mediante la totalización de los períodos de permanencia en cada uno, siempre que no se superpongan.

Artículo 10. Regímenes especiales

Se establecerán regímenes especiales en actividades donde, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso. Encuadran a autónomos; trabajadores del mar; funcionarios públicos, civiles y militares; estudiantes; y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los del mar y funcionarios se rigen por leyes específicas. El Gobierno, a propuesta del Ministerio, podrá disponer la integración de los demás en el Régimen General, si es posible por sus características y la homogeneidad alcanzada.

Artículo 11. Sistemas especiales

Además de los sistemas especiales regulados en la propia ley, en aquellos regímenes de la Seguridad Social en que así resulte necesario podrán establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de estas materias: encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos incluidos.

Artículo 12. Familiares

A efectos del artículo 7.1, salvo prueba en contrario, no son trabajadores por cuenta ajena el cónyuge y los parientes del empresario por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. Los autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena a sus hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, sin cobertura por desempleo; igual tratamiento para los hijos mayores de 30 años con especiales dificultades de inserción laboral (grupos a, b y c).

Artículo 13. Trabajadores con discapacidad

Los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de empleo quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la Seguridad Social que corresponda a su actividad. Por el Gobierno se aprobarán normas específicas relativas a sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social, en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas

Cooperativas de trabajo asociado: la cooperativa puede optar por que sus socios trabajadores figuren a) como asimilados a trabajadores por cuenta ajena (Régimen General o algún régimen especial, según proceda, de acuerdo con su actividad) o b) como autónomos en el régimen especial correspondiente. Opción en los estatutos, modificable solo en los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca. Socios trabajadores de cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y socios de trabajo del art. 13.4 de la Ley 27/1999: asimilados a trabajadores por cuenta ajena.

Artículo 136. Extensión

Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a), salvo que por razón de su actividad deban quedar comprendidos en algún régimen especial. El apartado 2 declara expresamente comprendidos, entre otros, a los trabajadores de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General, al personal contratado al servicio de notarías y registros de la propiedad y a los altos cargos de las administraciones públicas que no tengan la condición de funcionarios públicos.

Artículo 137. Exclusiones

No dan lugar a inclusión en el Régimen General: los trabajos que se ejecutan ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad; los que dan lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales; y los realizados por los profesores universitarios eméritos (apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) y por el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 55/2003, del Estatuto Marco.

Artículo 138. Inscripción de empresas

Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General, haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora elegida para las contingencias profesionales y, en su caso, la IT por contingencias comunes. Deben comunicar las variaciones de datos y su extinción o cese temporal o definitivo de su actividad. Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica o entidad sin personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas del art. 136.

Artículo 139. Afiliación, altas y bajas

Los empresarios deben solicitar la afiliación de los trabajadores que ingresen a su servicio y comunicar su ingreso y, en su caso, su cese. Si incumplen, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja al organismo competente, que también podrá actuar de oficio en los supuestos del artículo 16.4 y revisar de oficio sus actos en los del artículo 16.5. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja corresponde al organismo que reglamentariamente se establezca. Salvo disposición legal expresa en contrario, el alta condiciona la aplicación de las normas del título.

Artículo 140. Procedimiento y plazos

Apartado 1: el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido reglamentariamente. Apartado 2: la afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal y la imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Artículo 141. Sujetos obligados

Están sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen. La cotización comprende dos aportaciones: de los empresarios y de los trabajadores. No obstante, por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización completa corre a cargo exclusivamente de los empresarios.

Artículo 142. Sujeto responsable

El empresario es sujeto responsable de cotizar e ingresa en su totalidad sus aportaciones y las de sus trabajadores. Responden también, solidaria, subsidiariamente o mortis causa, las personas o entidades de los artículos 18 y 168.1 y 2. La responsabilidad solidaria por sucesión alcanza todas las deudas anteriores, también si continúa una sociedad laboral. En la sociedad disuelta y liquidada responden los socios o partícipes, solidariamente y hasta su cuota de liquidación. El descuento al trabajador se hace al pagarle; si no se hace entonces, el empresario ingresa todo a su cargo.

Artículo 143. Nulidad de pactos

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario. Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se fijan en el artículo 147.

Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar nace con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el período de prueba; la mera solicitud de afiliación o alta surte idéntico efecto. Se mantiene mientras el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste servicios. Solo se extingue con la solicitud en regla de la baja, y no si continúa el trabajo. Continúa en incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, y en las demás situaciones del artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente. Se suspende en huelga y cierre patronal.

Artículo 145. Tipo de cotización

El tipo de cotización tiene carácter único para todo el ámbito de protección del Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las aportaciones respectivas del empresario y del trabajador obligados a cotizar, se efectúan en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se reduce en el porcentaje o porcentajes de las situaciones y contingencias no comprendidas en la acción protectora determinada según el artículo 155.2 LGSS, para quienes sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos establecidos legal o reglamentariamente.

Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Se cotiza por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con los tipos de la tarifa de primas para cada actividad económica, ocupación o situación. Podrán fijarse tipos adicionales por riesgos de enfermedades profesionales. Los tipos podrán reducirse (medios eficaces de prevención) o aumentarse (incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo) sin exceder del 10 por ciento; el aumento podrá llegar al 20 por ciento por reiterado incumplimiento. Con trabajadores con coeficiente reductor de la edad de jubilación se cotiza por el tipo más alto, con las salvedades del apartado 4.

Artículo 147. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual, en metálico o en especie, a que tenga derecho el trabajador, o la percibida si es superior; las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Las vacaciones no disfrutadas pagadas al final se cotizan aparte, sin prorrateo. Únicamente no computan: ciertos gastos de locomoción, manutención y estancia; ciertas indemnizaciones, con sus límites; prestaciones, mejoras de IT y gastos de estudios exigidos; y horas extraordinarias, salvo para AT y EP. Todo concepto retributivo se comunica a la TGSS.

Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización

El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, categorías profesionales y contingencias del Régimen General, lo establece para cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se aplica también en pluriempleo (trabajar en dos o más empresas distintas, en actividades incluidas en el campo de aplicación del Régimen General). El tope mínimo es la cuantía del artículo 19.2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará a los días y horas trabajados los topes y bases mínimos cuando la ley establezca expresamente cotizar por días o por horas.

Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional por parte de empresarios y trabajadores, con arreglo a los tipos que establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para las horas extraordinarias estructurales que superen el tope máximo de ochenta horas del artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, se aplica el tipo general de cotización establecido para las horas extraordinarias en esa Ley de Presupuestos.

Artículo 150. Normalización

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá la normalización de las bases de cotización. Las bases a las que se refiere son las que resulten con arreglo a lo establecido en la presente sección.

Artículo 151. Cotización adicional en contratos de duración determinada

Los contratos de duración determinada inferior a 30 días generan, al finalizar, una cotización adicional a cargo del empresario: tres veces la cuota de aplicar el tipo general empresarial por contingencias comunes a la base mínima diaria del grupo 8 para contingencias comunes. No se aplica a contratos por sustitución ni a los celebrados con trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena, del de Empleados de Hogar, del Régimen Especial de la Minería del Carbón o de la relación laboral especial de artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales y personal técnico o auxiliar.

Artículo 152. Cotización al Régimen General a partir de la edad de jubilación

Alcanzada la edad de acceso a la pensión de jubilación aplicable según el artículo 205.1.a), empresas y personas trabajadoras quedan exentas de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de ellas, respecto de trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores o de trabajo de cooperativas; también de desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. No se aplica en administraciones públicas u organismos públicos de la Ley 40/2015. Esos periodos se computan como cotizados para acceso y cuantía de las prestaciones (base reguladora: artículo 161.4).

Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de jubilación, en los términos del artículo 214, los empresarios y los trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen. Además, quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre ellos: 7 por ciento a cargo del empresario y 2 por ciento a cargo del trabajador.

Artículo 153 bis. Cotización en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato

En la reducción temporal de jornada o suspensión temporal del contrato (decisión empresarial al amparo de los artículos 47 o 47 bis del Estatuto de los Trabajadores o resolución judicial concursal), la empresa ingresa la aportación empresarial y, si se causa derecho a la prestación por desempleo o a la de la disposición adicional cuadragésima primera, la entidad gestora ingresa la del trabajador. Base empresarial: promedio de los seis meses naturales inmediatamente anteriores al mes anterior al del inicio de cada situación, reducida en la reducción de jornada según la jornada no realizada.

Artículo 153 ter. Cotización de las personas pensionistas de jubilación cuando realicen actividades artísticas

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena regulado en el artículo 249 quater compatible con la pensión de jubilación, los empresarios estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el Régimen General únicamente por contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho régimen. El artículo añade que quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre la base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá entre empresario (7 por ciento) y trabajador (2 por ciento).

Artículo 154. Normas generales

A efectos del capítulo III del título I, los empresarios y, en su caso, las personas señaladas en los artículos 18 y 168.1 y 2 serán los obligados a ingresar la totalidad de las cuotas del Régimen General en el plazo, lugar y forma establecidos en la ley y sus normas de aplicación y desarrollo. Los recargos y el interés de demora de los artículos 30 y 31 serán imputables a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al tipo de cotización vigente en la fecha en que las cuotas se devengaron.

Artículo 155. Alcance de la acción protectora

Apartado 1: la acción protectora del Régimen General será la establecida en el artículo 42, con excepción de la protección por cese de actividad y las prestaciones no contributivas. Las prestaciones y beneficios se facilitarán en las condiciones que se determinan en el presente título y en sus disposiciones reglamentarias. Apartado 2: en el supuesto de asimilación a trabajadores por cuenta ajena del artículo 136.2.q), la propia norma en la que se disponga dicha asimilación determinará el alcance de la protección otorgada.

Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo

Es accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. El apartado 2 añade otros supuestos. Se presume, salvo prueba en contrario, que lo son las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo. No lo son los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo ni a dolo o imprudencia temeraria del accidentado. No impiden calificarlo la imprudencia profesional ni la culpabilidad civil o criminal del empresario, un compañero o un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional

Es enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que especifique el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que ese cuadro indique para cada enfermedad profesional. Esas disposiciones establecerán el procedimiento para incluir en el cuadro nuevas enfermedades profesionales, que comprenderá en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común

Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y en el artículo 157.

Artículo 159. Concepto de las restantes contingencias

El concepto legal de las restantes contingencias será el que resulte de las condiciones exigidas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones otorgadas en consideración a cada una de ellas. El artículo no enuncia ese concepto ni dice cuáles son esas contingencias.

Artículo 160. Riesgos catastróficos

Artículo 161. Cuantía de las prestaciones

La cuantía no determinada en la ley se fija en sus normas de desarrollo. Las prestaciones con base reguladora se calculan con la totalidad de las bases cotizadas en los períodos señalados; no computa la cotización adicional por horas extraordinarias (art. 149) y la base reguladora no podrá rebasar el tope máximo del art. 148, tampoco en pluriempleo (suma de bases de las distintas empresas). En períodos sin cotización por contingencias comunes (art. 152), las bases de las mensualidades exentas no podrán superar el promedio del año natural anterior más la variación media del IPC y dos puntos.

Artículo 162. Caracteres de las prestaciones

Las prestaciones del Régimen General tienen los caracteres establecidos genéricamente en el artículo 44. Las que deban satisfacer los empresarios a su cargo, conforme al artículo 167.2 y al párrafo segundo del artículo 173.1, o por su colaboración en la gestión y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en régimen de liquidación, tienen el carácter de créditos privilegiados, con el régimen del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello se aplica también al recargo de prestaciones del artículo 164.

Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones

Las pensiones del Régimen General son incompatibles entre sí si coinciden en un mismo beneficiario, salvo que legal o reglamentariamente se disponga expresamente lo contrario. Ante una nueva pensión incompatible con la que se percibía, la entidad gestora inicia o continúa el abono de la de mayor cuantía, en términos anuales, y suspende la otra. El interesado puede pedir la revocación y optar por la suspendida, con efectos económicos desde el día primero del mes siguiente a la solicitud. Rige también para la indemnización a tanto alzado del art. 196.2 sustitutiva de la pensión de IP total.

Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

Las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo sin los medios de protección reglamentarios, con ellos inutilizados o en malas condiciones, o no se hayan observado las medidas de seguridad y salud en el trabajo o las de adecuación personal a cada trabajo. Paga directamente el empresario infractor, sin seguro posible; es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal.

Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones

Además de los requisitos particulares de cada prestación del Régimen General, para causar derecho a ella hay que estar afiliado y en alta, o en situación asimilada a la de alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida. Si se exigen períodos de cotización, solamente computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias. No se exigen períodos previos para prestaciones derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional. La exigencia de afiliación y alta y la dispensa de períodos previos operan salvo disposición legal expresa en contrario.

Artículo 166. Situaciones asimiladas a la de alta

Se asimila al alta el desempleo total con prestación y, con cotización (salvo para los subsidios por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural), las vacaciones retribuidas no disfrutadas antes de acabar el contrato. Excedencia forzosa, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial y otros que señale el Ministerio podrán asimilarse. Hay alta de pleno derecho para AT, EP, desempleo y asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral; el Gobierno podrá extenderla. Huelga y cierre patronal: alta especial.

Artículo 167. Responsabilidad en orden a las prestaciones

Causado el derecho (art. 165), se imputa la responsabilidad, según sus competencias, a entidades gestoras, mutuas, empresarios colaboradores o, en su caso, servicios comunes. Incumplir afiliación, altas y bajas o cotización determina responsabilidad en el pago, previa fijación de supuestos, alcance y procedimiento. En los casos que fije el reglamento, gestoras, mutuas o servicios comunes pagan, con subrogación. El anticipo no excederá de 2,5 veces el IPREM vigente en el hecho causante o del capital coste, con el límite indicado. Contra el subsidiario: únicamente tras declarar la insolvencia.

Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones

Si el empresario declarado responsable (art. 167) tenía contratada la obra o industria, el propietario responde si aquel es declarado insolvente, salvo obras exclusivamente de reparación que pueda contratar el titular de un hogar de su vivienda. En la sucesión de explotación, industria o negocio, el adquirente responde solidariamente de las prestaciones causadas antes; igual cedente y cesionario en la cesión temporal de mano de obra. Si hay responsabilidad criminal o civil, la prestación la hace efectiva la entidad gestora, servicio común o mutua, sin perjuicio de esas responsabilidades.

Artículo 169. Concepto

Incapacidad temporal: a) enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, con asistencia sanitaria de la Seguridad Social e impedimento para el trabajo: máximo 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos puede ser dado de alta médica por curación; b) períodos de observación por enfermedad profesional con baja: máximo 180 días, prorrogables por otros 180 cuando se estime necesario para estudio y diagnóstico. Recaída: nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.

Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal

Hasta los 365 días de incapacidad temporal, el INSS, a través de su inspección médica, tiene las mismas competencias que la inspección del servicio público de salud para emitir el alta y considerar que existe recaída; si el alta la expidió el INSS, solo él puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 365 días, su inspección médica es la única competente para el alta. Frente a ella, el interesado puede discrepar en 4 días naturales ante la inspección del servicio público de salud, que puede proponer la reconsideración en 7.

Artículo 171. Prestación económica

La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y hará efectivo en los términos de la ley y sus normas de desarrollo. No obstante, en la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante (párrafo cuarto del artículo 169, apartado 1, letra a)), la prestación consistirá en un subsidio equivalente al cien por ciento de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Artículo 172. Beneficiarios

Son beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas del Régimen General en alguna situación del artículo 169 que, además de la condición general del artículo 165.1, acrediten: por enfermedad común, ciento ochenta días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante (sin periodo mínimo en las situaciones de los párrafos segundo y cuarto del artículo 169.1.a); en la del párrafo tercero, los del artículo 178.1 según la edad al inicio del descanso); por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, ningún período previo.

Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio

En accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abona desde el día siguiente al de la baja, y el salario íntegro del día de la baja corre a cargo del empresario. En enfermedad común o accidente no laboral, se abona a partir del cuarto día de baja, y del día cuarto al decimoquinto, ambos inclusive, está a cargo del empresario. Se abona mientras el beneficiario esté en incapacidad temporal, conforme al artículo 169. Durante la huelga y el cierre patronal el trabajador no tiene derecho a la prestación económica por incapacidad temporal.

Artículo 174. Extinción del derecho al subsidio

El subsidio de IT se extingue por: 545 días naturales desde la baja; alta por curación o mejoría que permita realizar el trabajo habitual; alta con o sin declaración de incapacidad permanente; pensión de jubilación; incomparecencia injustificada a los reconocimientos del INSS o de la mutua; o fallecimiento. Las recaídas computan. Denegada la IP en un expediente iniciado antes de los 545 días, solo la inspección médica del INSS puede emitir nueva baja por la misma o similar patología en los 180 días siguientes. Agotados los 545, se califica en 90, demorable hasta 730 en total, sin cotizar.

Artículo 175. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio

El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación o cuando trabaje por cuenta propia o ajena. También podrá ser suspendido cuando, sin causa razonable, rechace o abandone el tratamiento indicado. La incomparecencia a cualquiera de las convocatorias de los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho, para comprobar si fue o no justificada.

Artículo 176. Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de enfermedad profesional

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1.b), se considerará como período de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones establecidas, o que puedan establecerse en lo sucesivo, a cargo de este Régimen General o de los empresarios, cuando por causa de enfermedad profesional se acuerde respecto de un trabajador el traslado de puesto de trabajo, su baja en la empresa u otras medidas análogas.

Artículo 204. Concepto

La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, es única para cada beneficiario y consiste en una pensión vitalicia. Le será reconocida, en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

Artículo 205. Beneficiarios

Tienen derecho a la pensión de jubilación las personas incluidas en el Régimen General que, además de la condición general del artículo 165.1, hayan cumplido sesenta y siete años, o sesenta y cinco con treinta y ocho años y seis meses cotizados, y tengan cubiertos quince años de cotización, al menos dos dentro de los quince inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. También quienes estén en prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal y reúnan esas condiciones. Podrá causarse sin alta ni situación asimilada si se reúnen los requisitos de edad y cotización.

Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad

La edad mínima del art. 205.1.a) podrá rebajarse por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en grupos o actividades de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre con elevados índices de morbilidad o mortalidad, si se acredita el mínimo de actividad que se establezca. Los coeficientes reductores solo proceden si no es posible modificar las condiciones de trabajo, conllevan una cotización adicional de empresa y trabajador, se revisan cada diez años y en ningún caso permiten jubilarse antes de los 52.

Artículo 206 bis. Jubilación anticipada en caso de discapacidad

La edad mínima del artículo 205.1.a) podrá reducirse con discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos del real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, o igual o superior al 45 por ciento si son discapacidades reglamentariamente determinadas con evidencias contrastadas de reducción significativa de la esperanza de vida. Los coeficientes reductores no permiten en ningún caso jubilarse antes de los 52 años ni cuentan para la jubilación parcial, el artículo 210.2 u otra jubilación anticipada.

Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador

Requisitos: edad inferior en cuatro años, como máximo, a la del art. 205.1.a) (sin aplicar los coeficientes de los arts. 206 y 206 bis); inscripción como demandante de empleo al menos seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud; 33 años de cotización efectiva, sin pagas extraordinarias (servicio militar, prestación social sustitutoria o servicio social femenino, límite de un año); y cese por una de siete causas. En las causas 1.ª, 2.ª y 6.ª debe acreditarse la indemnización percibida o la demanda interpuesta. La pensión se reduce por mes o fracción de anticipación según el cuadro.

Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado

Requisitos: edad inferior en dos años, como máximo, a la del art. 205.1.a), sin aplicar los coeficientes reductores de los arts. 206 y 206 bis; 35 años de cotización efectiva, sin la parte proporcional por pagas extraordinarias; y pensión superior a la mínima que correspondería por situación familiar a los 65 años. La pensión se reduce por cada mes o fracción de mes de anticipación según el cuadro de coeficientes. Con subsidio del art. 274 durante al menos tres meses, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador.

Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación

La base reguladora es la suma de las bases de 324 meses dividida entre 378. Se toman los 348 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante; en los meses sin obligación de cotizar, las primeras 48 mensualidades se integran con la base mínima del Régimen General del mes respectivo y el resto con el 50 %. Los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo, en valor nominal; los demás, actualizados con el IPC. De las 348 bases se eligen de oficio las 324 de mayor importe. En pluriempleo, las bases se computan en su totalidad sin que su suma exceda del límite máximo vigente.

Artículo 210. Cuantía de la pensión

Sobre la base reguladora: 50 % por los primeros quince años; desde el año decimosexto, 0,19 % por mes adicional entre los meses 1 y 248 y 0,18 % por cada mes que rebase el 248, sin superar el 100 % salvo el supuesto del apartado 2. Si se accede después de la edad del art. 205.1.a) con el período mínimo del art. 205.1.b), complemento a elección: 4 % por año completo cotizado, cantidad a tanto alzado o combinación reglamentaria. Se elige una sola vez; si no, se aplica la letra a). No cabe en jubilación parcial, flexible del art. 213.1 (párrafo segundo) ni desde situación asimilada al alta.

Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación

Artículo 212. Imprescriptibilidad

El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible. Ello es sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Artículo 213. Incompatibilidades

La pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se determinen; podrá compatibilizarse con trabajo a tiempo parcial en términos reglamentarios. Es incompatible con un puesto del sector público del art. 1.1, párrafo segundo, de la Ley 53/1984: queda en suspenso mientras dure, sin afectar a sus revalorizaciones (salvo eméritos del art. 137.c)), y con los altos cargos del art. 1 de la Ley 3/2015. Es compatible con trabajo por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI en cómputo anual.

Artículo 214. Pensión de jubilación activa

La pensión contributiva es compatible con cualquier trabajo por cuenta ajena (completo o parcial) o propia si, al cumplir la edad del art. 205.1.a), se tenía el período mínimo del art. 205.1.b) y ha pasado al menos un año hasta el hecho causante. Cuantía según años de demora: 1 año 45 %, 2 años 55 %, 3 años 65 %, 4 años 80 %, 5 o más 100 %; +5 puntos por cada 12 meses ininterrumpidos, máximo 100 %. Por cuenta propia con trabajador indefinido en las condiciones del apartado 3: 75 % con demora de uno a tres años. Sin complementos a mínimos. No aplica a puestos o altos cargos del sector público.

Artículo 215. Jubilación parcial

Sin relevo: con la edad del art. 205.1.a) y los requisitos de la pensión, se podrá reducir la jornada entre un 25 y un 75 %. Con relevo simultáneo, trabajadores a tiempo completo sin la edad ordinaria: edad inferior en tres años como máximo; 33 años cotizados (25 con discapacidad igual o superior al 33 %); seis años de antigüedad; reducción del 25 al 75 % (20-33 % el primer año si se anticipa más de dos años); base del relevista no inferior al 65 % del promedio de los seis últimos meses; relevo indefinido, a tiempo completo y mantenido al menos dos años tras extinguirse la jubilación parcial.

Artículo 1. Ambito de aplicación

El Reglamento se aplica a la inscripción de empresas, la apertura de cuentas de cotización y la afiliación, altas, bajas y variaciones de las personas incluidas en el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva. No se aplica a los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, que se rigen por sus normas específicas.

Artículo 2. Funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

En las materias del Reglamento, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde: proponer y ejecutar las directrices generales del Gobierno; dictar las normas de ejecución y desarrollo del Reglamento y proponer al Gobierno los Reglamentos Generales; dirigir y controlar en grado superior las funciones de la Tesorería General, impulsando su ordenación jurídica e interpretando con carácter general las disposiciones; y las demás funciones que tenga atribuidas.

Artículo 3. Funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social

La Tesorería General dirige, propone al Ministerio y ejecuta y controla la gestión de la inscripción de empresas, cuentas de cotización, cobertura y tarifación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extinción de empresas, afiliación, altas, bajas, variaciones y número de la Seguridad Social. La función inspectora se ejerce a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que informa a petición de la Tesorería. Esta se coordina con las entidades gestoras y el Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 4. Competencia orgánica: reglas generales

La Tesorería General ejerce sus funciones en todo el Estado por sus órganos centrales y, en cada provincia, por los órganos directivos de la Dirección Provincial, incluidas sus Administraciones, bajo la autoridad del Director provincial. Si no se especifica el órgano, son competentes los órganos inferiores por razón de la materia y del territorio y, si hay varios, su superior jerárquico común. Delegación, avocación, encomienda, suplencia y demás se rigen por el capítulo I del Título II de la Ley 30/1992.

Artículo 5. Obligatoriedad de la inscripción y de otras comunicaciones del empresario

Antes de iniciar su actividad, como requisito previo e indispensable, el empresario debe solicitar a la Tesorería General su inscripción en el Régimen que corresponda. En esa misma solicitud indica la entidad gestora o colaboradora elegida para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y para la incapacidad temporal por contingencias comunes. Después debe comunicar las actividades distintas no integradas en la principal, los datos de trabajadores con especialidades de cotización y las variaciones de datos.

Artículo 6. La afiliación al sistema de la Seguridad Social

Con la afiliación, la Tesorería General reconoce como incluida en el sistema a la persona física que por primera vez realiza una actividad que la hace entrar en él. Es obligatoria para todos los comprendidos en el campo de aplicación, única y general para todos los Regímenes aunque se cambie de uno a otro, se extiende a toda la vida y es exclusiva. Por sí sola o con otros requisitos es título jurídico para adquirir derechos y nacer obligaciones.

Artículo 7. El alta en los Regímenes del sistema de la Seguridad Social

Con el alta, la Tesorería General reconoce a quien inicia una actividad o está en situación conexa su inclusión en el Régimen que proceda. El alta es obligatoria en la modalidad contributiva. Si una persona da lugar a su alta obligatoria en dos o más Regímenes hay pluriactividad; si trabaja por cuenta ajena para dos o más empresas con alta en un mismo Régimen, pluriempleo. Solo cabe optar entre Regímenes cuando una norma lo reconozca expresamente.

Artículo 8. Opción previa al alta de los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado se dan de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como autónomos, en el Régimen que corresponda a la actividad, según la opción de la cooperativa. La opción alcanza a todos los socios y se ejercita en los estatutos; solo se cambia modificando los estatutos, para todos los socios y pasados cinco años desde la anterior. Si se opta por autónomos, la cooperativa responde solidariamente de su cotización.

Artículo 9. Efectos generales de las afiliaciones y altas debidas e indebidas

Si se cumplen los requisitos generales y específicos establecidos, la afiliación y el alta producen los derechos y obligaciones previstos en la Ley General de la Seguridad Social, en las normas de cada Régimen, en el propio Reglamento y en sus disposiciones complementarias. La afiliación y el alta indebidas producen los efectos que fijan los artículos 59 y 60 del Reglamento.

Artículo 10. Concepto de empresario en la Seguridad Social

Es empresario, aunque no tenga ánimo de lucro, toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten servicios trabajadores por cuenta ajena o asimilados de cualquier Régimen. Se concreta para colectivos especiales: club u organizador para deportistas; organizador y casas musicales para artistas; Diócesis y organismos supradiocesanos para clérigos católicos; titular del hogar familiar para empleados de hogar; naviero o armador en el Mar; la cooperativa para sus socios asimilados a cuenta ajena.

Artículo 11. Solicitudes de inscripción y comunicaciones de modificación de datos

La solicitud de inscripción recoge la identidad del interesado y su representante y el medio y lugar de notificaciones; denominación, domicilio y actividad de la empresa, otras actividades, cuentas de cotización y convenio; centros de trabajo; lugar y fecha; firma; y órgano al que se dirige. Se acompaña DNI o pasaporte si es persona física y, si es jurídica, escritura o certificación registral, libro de actas en comunidades de propietarios, etc. Si falta algo, hay diez días para subsanar.

Artículo 12. Tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción, de la opción de cobertura y demás comunicaciones del empresario

La solicitud de inscripción, la opción de cobertura y las demás comunicaciones se dirigen a la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración del domicilio del empresario, aunque pueden presentarse en otras Direcciones, registros, Correos u oficinas consulares, que las remiten en el mismo día o al siguiente hábil. El interesado puede exigir justificante de la fecha. Tramita y resuelve la Dirección Provincial o Administración del domicilio del empresario, que es el fijado a efectos recaudatorios.

Artículo 13. Práctica de la inscripción

La inscripción se practica en el acto de presentar la solicitud; si falta algo, hay diez días para subsanar. Si no se tienen por ciertos los hechos, cabe prueba, informes y audiencia. La Tesorería asigna un número único de inscripción, que es el primer y principal código de cuenta de cotización, y puede asignar otros. El empresario con varias cuentas puede designar cualquiera como principal en cualquier momento posterior. Se le entrega justificante y todo consta en el Registro de Empresarios.

Artículo 14. Formalización del documento de asociación y de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal

Al pedir la inscripción, el empresario indica la entidad gestora o mutua elegida para contingencias profesionales e incapacidad temporal por contingencias comunes. Si elige entidad gestora, formaliza el documento la Dirección Provincial; si elige mutua, la mutua. La Tesorería practica la tarifación según la actividad; la mutua remite el documento de asociación en 15 días. Los documentos surten efectos desde el inicio de la actividad o, si la inscripción se pide después, desde la presentación, y duran un año prorrogable.

Artículo 15. Efectos generales de la inscripción y de la formalización de la cobertura de las contingencias profesionales y por la prestación económica por incapacidad temporal

La inscripción del empresario es única y válida, en los Regímenes que se determine, para todo el territorio del Estado y para toda la vida de la persona física o jurídica titular. Identifica al empresario a efectos de incluir a sus trabajadores. Formalizar la protección hace responsable de las prestaciones a la entidad gestora o colaboradora, si se cumplen la cotización y los demás requisitos. Sin protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 16. Registro de Empresarios

El Registro de Empresarios lo lleva la Tesorería General. En él figuran los empresarios del artículo 10 con trabajadores por cuenta ajena o asimilados del Régimen General, del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y del Régimen Especial de la Minería del Carbón (los números 2.º y 5.º están suprimidos). También recoge los datos de los centros docentes con estudiantes del Seguro Escolar. Contiene los datos necesarios para la gestión del sistema.

Artículo 17. Comunicación de variaciones de datos

El empresario debe comunicar las variaciones de nombre o denominación, domicilio legal, entidad que cubre contingencias profesionales e incapacidad temporal, deber de información de contratistas y subcontratistas, convenio colectivo, actividad económica y demás datos de la inscripción, y apertura y cierre de centros de trabajo. Se comunican a la dirección provincial o administración de la provincia de inscripción, en modelo oficial, en tres días naturales; el cambio de entidad, con diez días naturales de antelación.

Artículo 18. Extinción de la empresa y cese en la actividad

El empresario comunica la extinción de la empresa o el cese temporal o definitivo de su actividad a la dirección provincial o administración de la provincia en que se inscribió, en modelo oficial y en los tres días naturales siguientes, junto con las bajas de sus trabajadores. Si da de baja a todos sin comunicar extinción o cese, queda en baja temporal; a los doce meses sin demostrar continuidad se abre expediente de oficio. Si sigue habiendo trabajo, la comunicación sola no extingue sus obligaciones.

Artículo 19. Sucesión en la titularidad o en la actividad

Cuando cambia el titular de la empresa o de la actividad de sus centros de trabajo, en el Registro de Empresarios se toma razón de la extinción o cese del anterior y se hace una nueva inscripción y anotación a nombre del nuevo titular, o solo una nueva anotación si ya estaba inscrito. Debe solicitarse dentro de los seis días naturales siguientes a la sucesión, con la documentación del artículo 11.

Artículo 20. Actuación de oficio

Si la Tesorería General conoce, por sus datos, los de las entidades gestoras, la Inspección u otro medio, que el empresario ha incumplido sus obligaciones, actúa de oficio y se lo comunica. Si la empresa se extingue o cesa sin comunicarlo ni dar de baja a sus trabajadores, la dirección provincial lo anota de oficio, previa comunicación individual o, si no es posible, anuncio en el BOE. Surte efectos desde la actuación inspectora o la recepción de datos, salvo prueba de otra fecha.

Artículo 21. Número de la Seguridad Social

La Tesorería General asigna un número de la Seguridad Social a cada ciudadano como afiliado y en alta, por cuenta propia o ajena; a los beneficiarios de pensiones o prestaciones, contributivas o no; y a los sujetos responsables del ingreso de cuotas. Quien no lo tenga debe pedirlo a la Dirección Provincial o Administración, con su DNI o documento de extranjero, antes de solicitar afiliación y alta o cualquier prestación o servicio. Al pedir afiliación y alta hay que indicarlo.

Artículo 22. Documento identificativo de situaciones en la Seguridad Social

La Tesorería General facilita a cada afiliado, pensionista y beneficiario un documento identificativo con su número de la Seguridad Social y los demás datos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que fija las condiciones de expedición. El documento acredita los datos que contiene ante todas las entidades gestoras y servicios comunes y ante las demás Administraciones públicas y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes.

Artículo 23. Formas de promover la afiliación a la Seguridad Social

La afiliación a la Seguridad Social puede promoverse de tres formas: a instancia de los empresarios, a petición de los trabajadores o de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social. Se practica en los términos y condiciones de este capítulo y, en su caso, del capítulo VI del mismo Título.

Artículo 24. Afiliación a instancia del empresario

El empresario está obligado a pedir la afiliación de quienes, sin estar afiliados, entran a su servicio. La solicitud se hace en modelo oficial u otro sistema establecido, con el DNI o equivalente (o fotocopias), el número de la Seguridad Social y, en su caso, otra documentación. Pedir la afiliación implica pedir el alta inicial en el Régimen que corresponda. Si no se usa el modelo o falta documentación, se procede según el artículo 31.2 y puede aplicarse el artículo 26.

Artículo 25. Afiliación a instancia del trabajador

Los trabajadores por cuenta propia o asimilados que inician su actividad sin estar afiliados deben pedir ellos mismos su afiliación. Los trabajadores por cuenta ajena cuyo empresario incumpla su obligación pueden pedir directamente su afiliación y alta inicial a la Dirección Provincial o Administración de la Tesorería General en cualquier momento posterior a constatar el incumplimiento; la Dirección Provincial lo comunica a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 26. Afiliación de oficio

Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General o sus Administraciones pueden afiliar de oficio cuando, por actuación de la Inspección de Trabajo, por los datos de las entidades gestoras y servicios comunes o por cualquier otro medio, se compruebe que trabajadores o empresarios obligados no han solicitado la afiliación. Si la afiliación de oficio no deriva de la Inspección, la Dirección Provincial le da cuenta para las comprobaciones que procedan.

Artículo 27. Lugar y plazo para solicitar la afiliación

La solicitud de afiliación de cada trabajador se dirige a la Dirección Provincial o Administración de la provincia del domicilio de la empresa (cuenta ajena) o del establecimiento del autónomo o, en su defecto, de su domicilio. Puede presentarse en otra Dirección o en los lugares del artículo 38.4 de la Ley 30/1992, que la remiten en el mismo día o al siguiente hábil. Se puede exigir justificante. Debe formularse antes de que empiece la prestación de servicios o la actividad.

Artículo 28. Variación de datos de la afiliación

Si cambian los datos facilitados al afiliarse, el empresario y, en su caso, el trabajador los comunican a cualquier dirección provincial de la Tesorería General o administración de la Seguridad Social, dentro de los tres días naturales siguientes, mediante modelos oficiales o el sistema establecido. La comunicación la firma el trabajador y debe acompañarse de la documentación que la acredite para surtir efectos. Si no se cumple, la Dirección Provincial da cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 29. Formas de promover las altas y bajas de los trabajadores

Las altas y bajas se piden a nombre de cada trabajador ante la Tesorería General. El empresario comunica el inicio y el cese de servicios; el traslado a otra provincia exige baja en la de origen y alta en la de destino, igual que el cambio a otra cuenta de cotización. Si el empresario incumple, el trabajador puede instarlas y la Tesorería actuar de oficio. Para accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo y riesgos de embarazo y lactancia hay alta de pleno derecho. La incapacidad temporal no es cese.

Artículo 30. Solicitudes de alta y baja

Comunicar el inicio o el cese de servicios o actividad, por medios electrónicos o modelos de la Tesorería General, equivale a pedir el alta o la baja. El alta de asalariados recoge datos del empresario y del trabajador (grupo de cotización, convenio, formación, ocupación, centro). La de autónomos añade su actividad, sede y otros datos, como rendimientos netos previstos. La baja incluye fecha, causa y, si procede, fin de vacaciones no disfrutadas retribuidas. Firma el empresario o el autónomo.

Artículo 31. Documentación para acreditar la profesionalidad y demás requisitos a efectos de las altas, bajas y variaciones de datos

Quien debe pedir altas, bajas o variaciones acredita la prestación de servicios, la actividad y los demás requisitos, o su pérdida o cambio, con los documentos que pida la Tesorería si no los tiene ya y son necesarios. Si la solicitud está incompleta, hay diez días para subsanar; si no, se le tiene por desistido, se actúa de oficio y se notifica a la Inspección. La Tesorería puede pedir informes; el de la Inspección es preceptivo en las bajas de trabajadores dados de alta de oficio a instancia de ella.

Artículo 32. Forma, lugar y plazo de las solicitudes de altas, bajas y variaciones de datos

El inicio o cese de servicios o actividad se comunica con los modelos oficiales y documentos exigidos. Las altas se dirigen a la Dirección Provincial del domicilio de la empresa o del establecimiento del autónomo; bajas y variaciones, a aquella en que se dio el alta. El alta se pide antes de empezar a trabajar, pero no más de 60 días naturales antes; bajas y variaciones, en los seis días naturales siguientes. El Director General de la Tesorería puede autorizar otros plazos a empresarios con dificultades justificadas.

Artículo 33. Reconocimiento del derecho

Reconoce el derecho a la afiliación, al alta o a la baja la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración de la provincia donde esté abierta la cuenta de cotización del empresario (trabajador por cuenta ajena) o donde radique el establecimiento del trabajador por cuenta propia o, en su defecto, su domicilio, salvo las peculiaridades del artículo 39. Se reconoce en el acto de presentación de la solicitud, tras comprobarla. Si se desestima, se dicta resolución motivada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho y con la forma y el plazo de impugnación.

Artículo 34. Efectos de la afiliación: registro, número y documentos de afiliación

La afiliación se registra en un fichero general de afiliación, a cargo de la TGSS, con todos los incluidos en el sistema. A cada trabajador se asigna su mismo número de la Seguridad Social, vitalicio y válido en todo el territorio del Estado. En el autónomo, el código de cuenta de cotización coincide con ese número o, en su defecto, con el de afiliación. Ser afiliado da derecho al documento de afiliación, que expide y renueva la Dirección Provincial de la TGSS o su Administración; la TGSS puede facilitar en su lugar el documento identificativo del artículo 22.

Artículo 35. Efectos especiales de las altas y bajas de los trabajadores

El alta reconocida sitúa al trabajador en alta en su Régimen. Las altas previas surten efectos desde el inicio de la actividad; las pedidas fuera de plazo, desde la solicitud (salvo ingreso de cuotas en plazo); las defectuosas, si se subsanan en diez días. Las de oficio se retrotraen a cuando se conocen los hechos o a la actuación inspectora. La baja surte efectos desde el cese, pero sin comunicación en plazo y forma se cotiza hasta que la TGSS conozca el cese. Los justificantes de alta y baja se conservan cuatro años.

Artículo 36. Situaciones asimiladas a la de alta

Quien cese en la actividad sigue en su Régimen, en situación asimilada al alta, si está, entre otras, en desempleo con inscripción como desempleado, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de hijos con reserva de puesto, traslado fuera del territorio nacional, convenio especial o inactividad entre trabajos de temporada; en el RETA, los noventa días naturales siguientes al último día del mes de la baja; y las que determine el Ministro. La asimilación opera respecto de las contingencias y con los efectos que fije cada norma.

Artículo 37. Efectos de las variaciones de datos de los trabajadores

Las variaciones de datos de los trabajadores en alta surten efectos desde que se producen si se comunican en tiempo y forma conforme al artículo 28. Si no, desde el día de su comunicación; pero si la variación anterior repercute en la cotización, se retrotrae al día en que tuvo lugar, con reclamación de las cuotas exigibles o devolución de las indebidas, siempre que no sean anteriores a los últimos cuatro años. Los obligados responden de las sanciones y responsabilidades anteriores a la comunicación.

Artículo 38. Relativas a la utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos

La inscripción del empresario, la afiliación, el alta y la baja del trabajador y la variación de datos de uno y otro pueden formalizarse también por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Quien quiera usarlos debe ajustarse a las condiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, si no están establecidas, a las que fije la Dirección General de la TGSS, con sujeción siempre al artículo 45 de la Ley 30/1992 y sus normas de desarrollo.

Artículo 39. Relativas a la práctica de las inscripciones, afiliaciones, altas, bajas y variaciones presentadas por medios técnicos o en Administración de la Seguridad Social distinta a la del domicilio

Las solicitudes de inscripción, afiliación, alta, baja y variación presentadas por medios electrónicos, informáticos y telemáticos se consideran presentadas y resueltas en la Administración de la Dirección Provincial de la TGSS en la que el solicitante esté autorizado para usarlos. Si se presentan en modelos normalizados en una Administración distinta de la del domicilio del obligado, esta puede practicarlas; solo se remiten a la del domicilio las que no puedan resolverse en el acto por haber hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos.

Artículo 40. Relativas a los familiares del empresario y del trabajador autónomo y a los socios de sociedades colectivas y a los socios colectivos de sociedades comanditarias, así como a los de determinadas sociedades cooperativas

Para dar de alta como trabajador por cuenta ajena a un familiar del empresario se acompaña una declaración de ambos sobre su condición, categoría, puesto, retribución, centro y horario; puede pedirse informe de la Inspección. No hace falta para hijos menores de 30 años contratados por autónomos, aunque convivan; al cumplir 30 años se presenta en los 30 días naturales siguientes, y hasta esa edad los hijos convivientes no cotizan por desempleo. El autónomo titular y ciertas sociedades responden subsidiariamente, con un plazo de seis días.

Artículo 41. De la pluriactividad, pluriempleo y opción previa a la inclusión en diversos Regímenes

En pluriactividad se piden tantas altas y bajas como regímenes. Varias actividades simultáneas en el RETA dan un alta y una cotización únicas; si una incluye en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, el alta se practica por esa. En pluriempleo, empresarios y trabajadores comunican la situación. Para socios de cooperativas de trabajo asociado se aportan certificado de inscripción y estatutos con la opción de encuadramiento. En cooperativas hay tiempo parcial si la jornada es inferior al 77 por 100 de la completa.

Artículo 42. De la afiliación y alta de los extranjeros

Para la afiliación y el alta se equiparan a los españoles los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España y tengan autorización previa para trabajar cuando sea exigible. Sus solicitudes llevan la documentación de nacionalidad y, salvo normativa comunitaria, la autorización o el documento de excepción. Los trabajadores por cuenta ajena de países que ratificaron el Convenio 19 de la OIT, aun sin autorización, se consideran en alta solo frente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 43. De determinados colectivos integrados en el Régimen General o en los Sistemas Especiales

Profesionales taurinos: la inclusión en el censo de activos supone el alta durante cada año natural y la exclusión, la baja automática. Personal español al servicio de la Administración en el extranjero y funcionarios de organismos internacionales: sus normas especiales y, en lo no previsto, este Reglamento. Funcionarios con cambio de destino: el alta surte efectos el día primero del mes siguiente al cese y la baja, el último día del mes del cese. Empleados de hogar: el alta incluye cuenta bancaria, tipo de contrato, horas y salario.

Artículo 44

Artículo 45. En el Régimen Especial Agrario

Los trabajadores del Régimen Especial Agrario deben inscribirse en el censo desde que reúnen las condiciones de inclusión. La petición de inscripción por el empresario equivale a la afiliación y al alta. El empresario comunica las jornadas reales dentro de los seis primeros días de cada mes. Más de seis meses naturales consecutivos de inactividad motivan la baja, que el trabajador pide en seis días. Tras más de seis meses en otro régimen, puede volver al censo si lo pide en tres meses. La TGSS reconoce la inscripción y la baja.

Artículo 46. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Afiliación, altas y bajas

En el RETA la afiliación, altas, bajas y variaciones se efectúan por medios electrónicos. La afiliación y hasta tres altas por año natural surten efectos desde el día en que concurren los requisitos, si se piden en plazo; el resto de altas y las pedidas fuera de plazo, desde el día primero del mes natural en que se reúnen. Hasta tres bajas por año valen desde el cese; las demás, al vencimiento del último día del mes del cese. Con varias actividades, el alta es única. La TGSS puede requerir documentos de prueba.

Artículo 47. En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Cobertura de determinadas contingencias

Los autónomos deben cubrir obligatoriamente, de forma conjunta con una mutua, la incapacidad temporal por contingencias comunes, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el cese de actividad, al causar alta. La adhesión vence el 31 de diciembre y se prorroga salvo denuncia antes del 1 de octubre, con efectos el 1 de enero siguiente. En el alta de oficio se asigna la mutua con más autónomos adheridos en la provincia del domicilio, salvo opción por otra en diez días. Hay reglas propias para pluriactivos y económicamente dependientes.

Artículo 47 bis

Artículo 48. En el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido dentro del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios sigue los efectos del artículo 46.2; si ya se estaba en alta en el RETA, surte efectos el día primero del mes siguiente a la solicitud. Los requisitos se acreditan con declaración responsable en la propia solicitud y la TGSS los comprueba; si en la inclusión inicial no se cumplían, exclusión de oficio desde la incorporación. La incapacidad temporal y el cese de actividad son voluntarios; de las contingencias profesionales es obligatoria la incapacidad permanente y la muerte y supervivencia.

Artículo 49. En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar cada embarcación, plataforma fija, instalación o artefacto flotante es un centro de trabajo con código de cuenta de cotización propio, anotado en el rol o licencia. Afiliación, altas, bajas y variaciones siguen las reglas generales; los efectos para los trabajadores por cuenta propia, los del artículo 46. Estos protegen IT común, contingencias profesionales y cese de actividad con el ISM o una mutua; los del grupo tercero, la IT común con el ISM. En el alta de oficio, con el ISM salvo opción por mutua.

Artículo 50. En el Régimen Especial para la Minería del Carbón

En el Régimen Especial para la Minería del Carbón, el empresario debe hacer constar en los documentos de alta de sus trabajadores la categoría profesional y el coeficiente reductor de la edad de jubilación aplicable. En el plazo del artículo 32.3.2.º debe comunicar a la TGSS las variaciones de esos datos, sea cual sea su causa, y los días de ausencia al trabajo distintos de la baja médica por enfermedad o accidente y de las ausencias autorizadas con derecho a retribución.

Artículo 51. Libro de Matrícula

El empresario debe llevar en orden y al día un Libro de Matrícula con todos sus trabajadores, inscritos al iniciar la prestación de servicios, y uno por cada centro de trabajo. Debe constar el número de la Seguridad Social, y el trabajador firma al empezar y al cambiar de categoría. Las bajas se anotan cronológicamente. Los Libros se habilitan en las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social; en las embarcaciones los sustituye el Rol, y la Dirección General de la Inspección puede autorizar otro sistema con iguales garantías.

Artículo 52. Conservación de datos y sistemas de documentación. Efectos

Empresarios y, en su caso, autónomos conservan al menos cuatro años los justificantes de inscripción, cobertura y tarifación de contingencias profesionales, cobertura de incapacidad temporal, afiliación, altas, bajas y variaciones. La TGSS lleva un fichero general automatizado con el registro de empresarios y cuentas de cotización, el de trabajadores y los que determine el Ministerio; lo mantiene al día, y sus asientos y documentos electrónicos valen como originales si se garantiza su autenticidad, integridad y conservación.

Artículo 53. Reserva de datos, derecho a la información y protección de los datos personales automatizados

Los datos de los registros de la TGSS los usan las entidades gestoras y servicios comunes para sus fines, y se facilitan a otras Administraciones (en especial, las tributarias), a las comisiones parlamentarias de investigación, a los sindicatos con capacidad de promoción de elecciones y en los demás casos previstos por ley. Empresarios, trabajadores o asimilados, y quienes acrediten interés personal y directo, pueden ser informados y acceder a registros y archivos. Los datos personales automatizados se sujetan a la Ley Orgánica 5/1992.

Artículo 54. Facultades de control

La autoridad laboral comunica a la entidad gestora o colaboradora interesada y a la TGSS los hechos que conozca y afecten a las obligaciones del Reglamento, para que se adopten medidas de oficio. La TGSS puede comprobar en todo momento la exactitud de sus datos y requerir datos o documentos para acreditar que se mantienen los requisitos. Si hacen falta visitas a centros de trabajo o domicilios, insta su realización a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que le da cuenta de los resultados. Antes, debe usar los datos que ya tiene.

Artículo 55. Facultades de revisión: límites. Rectificación de errores

Si la inscripción, protección de contingencias profesionales, tarifación, cobertura de IT, afiliación, altas, bajas y variaciones que constan en la TGSS no se ajustan a las normas, la TGSS puede adoptar las medidas necesarias, incluida la revisión de oficio de sus actos. Esa revisión no puede afectar a actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, salvo que obedezca a omisiones o inexactitudes en sus solicitudes y declaraciones. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos se rectifican en cualquier momento.

Artículo 56. Procedimiento de revisión de oficio

El procedimiento de revisión puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado, siempre que no afecte a actos declarativos de derechos, salvo los debidos a omisiones o inexactitudes del beneficiario. Se notifica su iniciación y los interesados pueden alegar y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. La Dirección Provincial o Administración puede acordar prueba y pedir informes. Antes de redactar la propuesta de resolución hay audiencia. Las resoluciones son motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho.

Artículo 57. Efectos de la inscripción indebida del empresario

La inscripción indebida del empresario se anota en el Registro con efectos desde la fecha que fije la resolución administrativa que la declare indebida. Quien haya obrado con dolo, negligencia o morosidad en esa inscripción queda sujeto a las responsabilidades que procedan; la TGSS da cuenta de los hechos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que levante las actas de infracción y ejercita las demás acciones que le asistan.

Artículo 58. Efectos de las formalizaciones indebidas de la protección y tarifaciones en la protección de las contingencias profesionales o de la cobertura por incapacidad temporal

Si se declara indebida la formalización de la protección de contingencias profesionales, su tarifación o la cobertura de IT, la entidad formaliza, si procede, un nuevo documento con efectos desde el inicio del procedimiento en que se declaró. Si la tarifación indebida es imputable al empresario, surte efectos desde que concurrió la causa, con reclamación o devolución de cuotas. Si es por error de la TGSS o de la administración no empleadora, no hay recargo o se devuelve el exceso. Con dolo, negligencia o morosidad, no se devuelven las cuotas ingresadas maliciosamente.

Artículo 59. Efectos de las afiliaciones indebidas

La afiliación indebida de personas excluidas del sistema se deshace reponiendo la situación anterior a ella. Las cotizaciones ingresadas por esas personas no surten efecto alguno y, salvo ingreso malicioso, se devuelven, hayan causado o no prestaciones, previa deducción en todo caso de las prestaciones indebidamente percibidas, siempre que unas y otras no sean anteriores a los últimos cuatro años. Todo ello sin perjuicio de las remuneraciones, indemnizaciones y responsabilidades que procedan y de lo previsto en el artículo 57.2.

Artículo 60. Efectos de las altas indebidas

Las altas indebidas de quienes no deben estar en ningún Régimen tienen los efectos de la afiliación indebida. El alta indebida en un Régimen de quien pertenece a otro es válida hasta la fecha que fije la resolución que la declare indebida o, en su defecto, hasta el último día del mes de su notificación; las cotizaciones se computan recíprocamente con las del Régimen procedente. Todo ello sin perjuicio de las reclamaciones o devoluciones de cuotas y prestaciones que procedan según la causa de nulidad o anulabilidad.

Artículo 61. Efectos de las bajas indebidas

Declarada indebida una baja, el trabajador se considera en alta a todos los efectos. Si la causa es grave (lesión de derechos susceptibles de amparo, órgano manifiestamente incompetente, contenido imposible, infracción penal, prescindir totalmente del procedimiento o carecer de requisitos esenciales), desde que concurrió esa causa; por cualquier otra, desde que se inició el procedimiento que la declaró indebida. Subsiste la obligación de cotizar y, si continúa la actividad, se reclaman las cuotas no anteriores a los últimos cuatro años.

Artículo 62. Efectos de la variación de datos indebida

Cuando las variaciones de los datos de los empresarios y de los trabajadores o asimilados sean indebidas, la TGSS rectifica los datos en sus sistemas de documentación con efectos desde la comunicación de los mismos o, en su caso, desde la fecha señalada en la resolución que las haya declarado indebidas. Ello sin perjuicio de aplicar, en su caso, el apartado 2 del artículo 57.

Artículo 63. Regla general

En los procedimientos sobre las materias reguladas en este Reglamento (inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos) debe dictarse resolución en el plazo máximo de cuarenta y cinco días. Los actos de la TGSS en estas materias pueden impugnarse en la forma, plazos y condiciones de la Ley 30/1992 y de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 1. Objeto

La liquidación de las deudas con la Seguridad Social comprende los actos que determinan esas deudas y permiten cobrarlas: primero por cumplimiento voluntario y, en su defecto, de forma forzosa en vía de apremio. Identifica cuantía, objeto, motivación y declaración liquidatoria, y su notificación, la hagan sujetos privados o la Administración. La gestión liquidatoria corresponde a la Tesorería General y demás órganos que fija el Reglamento, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la recaudación la hace la Tesorería General.

Artículo 2. Ámbito

El Reglamento se aplica a la liquidación de las deudas por recursos de la Seguridad Social y por frutos, rentas e intereses de su patrimonio, y a cuotas de desempleo, FOGASA, formación profesional y demás conceptos que se liquiden e ingresen con ellas. No se aplica a: ingresos por asistencia sanitaria a usuarios sin derecho (los reclama el INSALUD por cuenta del Estado), actos de liquidación en el apremio, aportaciones del Estado y deudas con las Entidades gestoras de los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia.

Artículo 3. Competencia material y su regulación

La gestión liquidatoria la realiza la Tesorería General de la Seguridad Social bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de la Inspección de Trabajo y de otros órganos con funciones expresas. Se rige por este Reglamento, los Reales Decretos de las demás deudas y sus normas de desarrollo, salvo especialidades por Ley o Real Decreto. Son supletorias las normas generales del Derecho Administrativo, Tributario, Laboral o Común. Los sujetos obligados liquidan conforme a este Reglamento.

Artículo 4. Competencia funcional y territorial

Las funciones de gestión liquidatoria de la Tesorería General las ejercen, en su ámbito territorial, sus Direcciones Provinciales y las Administraciones de estas, según la distribución de competencias, salvo las materias que el Reglamento, el Real Decreto 1314/1984, el Reglamento General de Recaudación o el Director general (por instrucciones publicadas en el BOE) reserven a los Servicios Centrales. Las funciones liquidatorias de la Inspección y de otros órganos se ejercen según sus propias normas de competencia.

Artículo 5. Presunción de legalidad y carácter reglado de la gestión liquidatoria

Los actos de la Administración que determinan sujetos, objeto, cuantía y contenido de las deudas con la Seguridad Social gozan de presunción de legalidad. Su efectividad solo queda afectada por una resolución administrativa o judicial que declare su ilegalidad y los anule o modifique. La gestión liquidatoria es actividad reglada y sus actos son impugnables en vía administrativa y jurisdiccional según el artículo 91 del Reglamento y demás normas.

Artículo 6. La obligación de cotizar. Objeto

Cotizar a la Seguridad Social es obligatorio. La cuota es el importe de esa obligación durante un tiempo reglamentariamente delimitado, llamado período de liquidación. Se calcula aplicando un porcentaje (tipo de cotización) a una cantidad fijada por las normas (base de cotización) y deduciendo, en su caso, bonificaciones y/o reducciones. Las normas de cotización de cada Régimen pueden fijar directamente la cuantía de la cuota.

Artículo 7. Sujetos de la cotización

El sujeto activo de la obligación de cotizar es la Tesorería General de la Seguridad Social, que transfiere a otras entidades o Administraciones las cuotas y conceptos de recaudación conjunta de los que sean titulares, si no se aplican al Presupuesto de la Seguridad Social. Están obligadas a cotizar las personas físicas o jurídicas en los términos de cada Régimen; para desempleo, FOGASA y formación profesional, quienes señalen sus normas. Es nulo todo pacto individual o colectivo por el que un obligado asuma la cuota del otro o renuncie a derechos u obligaciones de cotización.

Artículo 8. Bases de cotización

Las bases de cotización de cada Régimen y contingencia, sean de cuantía fija o calculadas sobre remuneraciones, productos u otras circunstancias, resultan de las reglas de la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, de este Reglamento y de sus normas de desarrollo. Dentro de los límites relativos, pueden ajustarse por exceso o por defecto hasta la unidad de euro más próxima, en los términos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin rebasar los topes absolutos. Es nulo cualquier acto o pacto que pretenda alterar las bases, salvo disposición legal.

Artículo 9. Límites absolutos, máximo y mínimo, y límites relativos de la base de cotización. Pluriempleo y pluriactividad

Las bases no pueden superar el límite máximo absoluto, fijado cada año por la Ley de Presupuestos, único para todas las actividades y contingencias, que se aplica también en pluriempleo pero no en pluriactividad. En pluriempleo se reparte entre empresas en proporción a las retribuciones (o según el criterio del Ministerio). Pluriempleo: por cuenta ajena para dos o más empresarios en un mismo Régimen; pluriactividad: alta en dos o más Regímenes. Mínimo: SMI incrementado en un sexto, también prorrateado. Los prorrateos se hacen a solicitud de empresas o trabajadores.

Artículo 10. Tipos únicos para contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta

En cada Régimen los tipos de cotización son únicos y no se fraccionan para financiar las distintas contingencias, salvo, en su caso, las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La cuota íntegra por contingencias comunes puede fraccionarse, incrementarse o reducirse mediante partes o coeficientes cuando lo prevean las normas. Los tipos y su distribución, así como los de desempleo, FOGASA y formación profesional, los fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Artículo 11. Tipos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Empresarios (y empleados de hogar que lo hayan asumido) cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aplicando la tarifa de primas vigente según actividad y ocupación; los trabajadores por cuenta propia, por el tipo que fije cada año la Ley de Presupuestos, salvo los agrarios del Sistema Especial, que usan la tarifa. El Gobierno puede fijar primas adicionales por riesgo de enfermedad profesional. La cuota puede reducirse a empresas que se distingan en prevención o aumentarse a las que incumplan: hasta el 10 %, o hasta el 20 % de aumento si el incumplimiento es reiterado.

Artículo 12. Nacimiento

La obligación de cotizar nace con el comienzo de la actividad o de la situación incluida en el Régimen. La mera solicitud de afiliación y/o alta produce el mismo efecto, presumiéndose iniciada la actividad desde la fecha de efectos indicada en la solicitud, que puede desestimarse por resolución motivada. No pedir el alta no impide que nazca la obligación, sin perjuicio de la prescripción. En accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se cotiza aunque la empresa no tenga concertada la protección; esas cuotas se devengan a favor de la Tesorería General.

Artículo 13. Duración de la obligación de cotizar

Se cotiza durante todo el tiempo en que el trabajador o asimilado desarrolle la actividad, preste los servicios o esté en situación conexa con ellos. La obligación continúa en incapacidad temporal (cualquier causa), maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural; en deberes públicos y cargos sindicales, siempre que no den lugar a excedencia o cese; en convenio especial, desempleo contributivo y asistencial, en su caso, y en los demás casos previstos, como los de la Orden de 27 de octubre de 1992 para funcionarios.

Artículo 14. Extinción de la obligación de cotizar

La obligación de cotizar se extingue con el cese en el trabajo, actividad o situación, siempre que la baja se comunique en tiempo y forma. Si no se pide la baja o se pide fuera de plazo o de forma, se mantiene hasta el día en que la Tesorería General conozca el cese. Si la Tesorería da la baja de oficio, se extingue desde el día de la actuación inspectora o de la recepción de los datos que acrediten el cese. Los interesados pueden probar otra fecha de inicio o cese. Pedir la baja no extingue la obligación si continúa el trabajo o hay situación asimilada con obligación de cotizar.

Artículo 15. Liquidación de las cuotas como contenido de la obligación de cotizar

Cotizar implica las operaciones para determinar cuotas, recargos e intereses (base por tipo, menos deducciones). Hay tres sistemas: autoliquidación (calcula el sujeto responsable y transmite por medios electrónicos, salvo documentos de cotización), liquidación directa (calcula la Tesorería General a solicitud y con datos del responsable, por medios electrónicos) y liquidación simplificada (la hace la Tesorería General si el alta se pidió en plazo; si se pidió fuera de plazo, solo para los períodos posteriores a la solicitud). Sin perjuicio del control de la Tesorería y de la Inspección.

Artículo 16. Período de liquidación

El período de liquidación es el plazo al que se refieren las operaciones para determinar las cuotas a efectos de su pago. Salvo que el Ministerio autorice períodos superiores o inferiores, son mensualidades naturales completas. Las retribuciones por horas, días o semanas se refieren al mes natural de su devengo; las de vencimiento superior al mensual o no periódicas cobradas en el ejercicio se prorratean en las liquidaciones mensuales; los atrasos de meses ya liquidados y los incrementos con efectos retroactivos van en liquidaciones complementarias, mes a mes, con las condiciones de cada mes.

Artículo 17. Deducciones

Las cuotas íntegras o fijas solo pueden deducirse mediante corrección de la base, minoración del tipo, reducción o bonificación, por las causas legalmente previstas, sin perjuicio de la compensación. En autoliquidación las aplica el sujeto responsable en las liquidaciones transmitidas en plazo, ingresando solo la cuota líquida, y puede pedir después el resarcimiento a quien asuma su coste. En liquidación directa y simplificada las aplica la Tesorería General en las liquidaciones dentro de plazo. La Tesorería puede comprobarlas; las indebidas generan liquidaciones, reclamaciones y sanciones.

Artículo 18. Forma y plazos de las liquidaciones de cuotas

En autoliquidación, las liquidaciones se transmiten o presentan hasta el último día natural del plazo de ingreso, se paguen o no. En liquidación directa, el responsable pide el cálculo y aporta datos hasta el penúltimo día natural; la Tesorería aplica deducciones y compensaciones y emite el documento de pago; si los datos fallan, informa en 48 horas como máximo y el responsable puede corregirlos hasta el penúltimo día. En la simplificada, la Tesorería liquida sin solicitud previa. Desempleo, FOGASA y formación profesional siguen la misma forma y plazo.

Artículo 19. Control de las liquidaciones

La Tesorería General puede comprobar la exactitud de las operaciones y datos de cualquier liquidación y pedir informes y documentación, con la salvedad del artículo 53.1.d) de la Ley 39/2015. Las entidades gestoras y colaboradoras también controlan y comprueban las compensaciones por pago delegado y las deducciones a cargo de su presupuesto; si son indebidas, piden a la Tesorería el inicio del procedimiento recaudatorio con datos que se consideran ciertos. Sin perjuicio de la Inspección. Si el control no está atribuido expresamente a nadie, corresponde a la Tesorería General.

Artículo 20. Formas de las liquidaciones administrativas de cuotas

Si las cuotas no se ingresan en plazo y procede su reclamación administrativa, se liquidan de dos formas, según corresponda: mediante reclamación de deuda expedida por la Tesorería General, o mediante acta de liquidación (con o sin acta de infracción) practicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y elevada a definitiva por la Tesorería General. Supuestos, formalidades y alcance: artículos 30 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social y 61 y siguientes del Reglamento general de recaudación.

Artículo 21. Normas generales. Regímenes y supuestos especiales

Las normas comunes de la sección 1.ª se aplican a las operaciones, declaraciones y actos de liquidación para el pago y control, tanto si hay ingreso como si falta, de las deudas por cuotas de todos los Regímenes del sistema, por los conceptos de recaudación conjunta del artículo 2.2 y por los recargos sobre ambos. Ello sin perjuicio de las especialidades que fijan las secciones siguientes del capítulo para cada Régimen y para supuestos especiales.

Artículo 22. Sujetos de la obligación de cotizar

En el Régimen General cotizan los trabajadores incluidos y sus empresarios. Por contingencias comunes hay dos aportaciones, la del empresario y la del trabajador; por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales paga todo exclusivamente el empresario. La aportación del trabajador es de su exclusivo cargo y el empresario la descuenta al pagar el salario; si no lo hace entonces, no puede después y asume toda la cuota. Si descuenta y no ingresa, responde ante el trabajador, las entidades gestoras y la Tesorería. El responsable del ingreso de la totalidad es el empresario.

Artículo 23. Base de cotización

La base es la remuneración total mensual a la que el trabajador tiene derecho, o la percibida si es mayor; las pagas de vencimiento superior al mensual se prorratean en doce meses. Incluye dinero y especie (especie, por coste medio; educación y guardería, por coste marginal; préstamos, por la diferencia con el interés legal). Únicamente se excluyen dietas y locomoción con límites, ciertas indemnizaciones, prestaciones y mejoras de IT, estudios exigidos por el puesto y horas extraordinarias (salvo para AT y EP). El exceso de indemnizaciones se prorratea en los doce meses anteriores.

Artículo 24. Cotización adicional por horas extraordinarias

La remuneración por horas extraordinarias, además de cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, está sujeta a una cotización adicional destinada a incrementar los recursos generales del sistema, que no computa para la base reguladora de las prestaciones. Si las horas se deben a fuerza mayor se aplica el tipo especial que fije cada año la Ley de Presupuestos; las demás horas extraordinarias, el tipo general que fije esa misma Ley.

Artículo 25. Límites máximo y mínimo

En el Régimen General las bases de cotización no pueden ser superiores al límite máximo ni inferiores a los límites mínimos absolutos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 9. El límite máximo tiene carácter mensual o diario, sin perjuicio de lo que con carácter de especialidad disponen los artículos 32 y 33 del Reglamento. El límite mínimo es mensual o diario según que la retribución del trabajador tenga uno u otro carácter, sin perjuicio de los supuestos especiales del Reglamento y de sus normas de desarrollo.

Artículo 26. Bases por categorías

Salvo desempleo y contingencias profesionales, la base está sujeta a las bases mínimas y máximas de cada grupo. Once grupos: 1 Ingenieros y Licenciados y alta dirección no incluida en el art. 1.3.c) ET; 2 Ingenieros técnicos, Peritos y Ayudantes titulados; 3 Jefes administrativos y de Taller; 4 Ayudantes no titulados; 5 Oficiales administrativos; 6 Subalternos; 7 Auxiliares administrativos; 8 Oficiales de primera y segunda; 9 Oficiales de tercera y Especialistas; 10 Peones; 11 menores de dieciocho años. Asimila categorías la Dirección General de la Tesorería, previo informe de la Inspección.

Artículo 27. Tipo de cotización

En el Régimen General, los tipos de cotización por contingencias comunes y por desempleo, el porcentaje para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y el de horas extraordinarias son los fijados en las disposiciones a que se refieren los artículos 10.3 y 4, 11.1 y 24.2 del propio Reglamento. El artículo no fija ninguna cifra: se limita a remitir a esas disposiciones.

Artículo 28. Contenido de la obligación de cotizar y circunstancias de la misma

En el Régimen General, el nacimiento, la duración y la extinción de la obligación de cotizar se refieren siempre a días naturales; la liquidación de las cuotas y el período de liquidación se efectúan por meses naturales. Todo ello, y la forma, lugar, plazo, comprobación y control de la liquidación, se rige por los artículos 12 y siguientes del Reglamento y, en su caso, por las normas de supuestos especiales de la subsección siguiente y de la sección 10.ª.

Artículo 29. Clérigos de la Iglesia Católica y demás Ministros de otras Iglesias y Confesiones

Para clérigos católicos, ministros de culto evangélicos, de comunidades israelitas, dirigentes religiosos islámicos e imanes y ministros de otras confesiones inscritas, incluidos en el Régimen General: la base es única y mensual para todas las contingencias e igual al tope mínimo absoluto vigente para mayores de dieciocho años, salvo otra cosa en sus normas de integración. La cuota se reduce deduciendo las fracciones de las contingencias excluidas mediante coeficientes reductores. Diócesis, Iglesias, Comunidades u organismos que fije el Ministerio asumen las obligaciones del empresario.

Artículo 30. Jugadores profesionales de fútbol

La base de los futbolistas profesionales, para todas las contingencias, se determina según los artículos 23 y 24, con estas particularidades: para contingencias comunes no puede superar ni quedar por debajo de las bases máxima y mínima del grupo que corresponda a la categoría del club: Primera División, grupo 2; Segunda División A, grupo 3; Segunda División B, grupo 5; restantes categorías, grupo 7. Para contingencias profesionales y recaudación conjunta rigen los topes absolutos del artículo 9 y la tarifa de primas vigente.

Artículo 31. Cotización de los representantes de comercio

Los representantes de comercio cotizan al Régimen General, por todas las contingencias y conceptos de recaudación conjunta, conforme a las normas generales de las subsecciones anteriores, con una sola particularidad: su base mensual por contingencias comunes no puede ser inferior ni superior a las bases mínima y máxima fijadas en cada momento para el grupo 5 de la escala del artículo 26.2, en el que quedan incluidos a esos efectos.

Artículo 32. Artistas en espectáculos públicos

Los artistas y su personal técnico y auxiliar cotizan por las normas generales con particularidades: bases de su grupo (la mínima, no inferior a la del RETA) y tope máximo anual. Las empresas comunican los salarios y cotizan mensualmente de forma provisional por bases diarias; al final del ejercicio la Tesorería practica la liquidación definitiva y reclama diferencias, que se ingresan en el mes siguiente a la notificación (aplazables hasta seis meses). El artista puede pagar o pedir regularizar según bases cotizadas; si calla, se entiende esto último.

Artículo 33. Profesionales taurinos

Los profesionales taurinos cotizan por las normas generales con particularidades: bases mínima y máxima del grupo asimilado (matadores y rejoneadores A y B, grupo 1; C, grupo 3; picadores y banderilleros de matadores del grupo A, grupo 2; restantes picadores y banderilleros, grupo 3; mozos de estoque, ayudantes, puntilleros, novilleros y toreros cómicos, grupo 7). Tope máximo anual. Se cotiza provisionalmente por base fija diaria; la Tesorería hace la liquidación definitiva al final del ejercicio. El organizador del espectáculo es empresario a efectos de cotización.

Artículo 34. Ciclistas, jugadores de baloncesto y demás deportistas profesionales

La base de ciclistas profesionales, jugadores profesionales de baloncesto y demás deportistas profesionales (según el Real Decreto 1006/1985 y la Ley 10/1990 del Deporte) cuya integración en el Régimen General se haya acordado expresamente se determina, para todas las contingencias, según los artículos 23 y 24. Para las bases mínimas y máximas quedan encuadrados en el grupo 3 del artículo 26.2. Por contingencias profesionales se aplica la tarifa de primas vigente. Todo, sin perjuicio de las especialidades del Real Decreto de inclusión.

Artículo 34 bis

Artículo 35. Régimen jurídico

La cotización al Régimen General se rige por las normas específicas que los establezcan y desarrollen en cinco supuestos: 1.º exclusión de alguna o algunas contingencias o inclusión solo respecto de algunas; 2.º colaboración en la gestión; 3.º reducción o mejora voluntaria de bases en los supuestos previstos en la Ley; 4.º incapacidad temporal y asimilación al alta; 5.º deducciones por correcciones de bases, reducciones o bonificaciones de cuotas o cotizaciones complementarias. En su defecto, rigen la sección 10.ª del capítulo y las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.