Ley 2/1998, de Salud de Andalucía
Artículo 23
Título IV. De las actuaciones en materia de salud›Capítulo IV. Intervención pública en materia de salud
En pocas palabras
El personal inspector es agente de la autoridad y puede entrar sin previa notificación en cualquier momento, hacer pruebas, tomar muestras y adoptar medidas cautelares en urgente necesidad, de las que dará cuenta inmediata a las autoridades sanitarias, que las ratificarán o no en 48 horas como máximo. Sus actas son documentos públicos y hacen prueba salvo que se acredite lo contrario. Tras la inspección cabe suspender, prohibir actividades o clausurar definitivamente centros.
Explicación sencilla
Regula las facultades de la inspección sanitaria y el valor de sus actas. Fija el control de las medidas cautelares urgentes: las autoridades sanitarias competentes deben ratificarlas o no en un plazo máximo desde su adopción.
Regla mnemotécnica
Inspector = agente de la autoridad; medida urgente → ratificación en 48 horas (dos días).
Trampa típica de examen
Contar el plazo de ratificación desde que se da cuenta a la autoridad: se cuenta desde que las actuaciones fueron adoptadas.
Texto del artículo 23 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía
1. El personal que lleve a cabo funciones de inspección gozará de la consideración de agente de la autoridad a todos los efectos, y con sometimiento a las leyes, estando autorizado para: a) Entrar libremente, y sin previa notificación en cualquier momento, en todo centro o establecimiento sujeto al ámbito de la presente Ley. b) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente. c) Tomar o sacar muestras, en orden a la comprobación del cumplimiento de lo previsto en las disposiciones aplicables. d) Realizar cuantas actuaciones sean precisas, en orden al cumplimiento de las funciones de inspección que desarrolle, pudiendo adoptar las medidas cautelares provisionales necesarias a fin de evitar perjuicios para la salud en casos de urgente necesidad, conforme a lo que establece el artículo 21, apartado 2 de la presente Ley. En tales supuestos, dicho personal habrá de dar cuenta inmediata de las actuaciones realizadas a las autoridades sanitarias competentes, quienes deberán ratificar o no dichas actuaciones en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que fueron adoptadas. 2. Las actas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes extendidas por el personal que lleve a cabo funciones de inspección tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formulación y resulten de su constancia personal para los actuarios. Los hechos consignados en las diligencias o actas y manifestados o aceptados por los interesados se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. 3. Como consecuencia de las actuaciones de inspección, las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la suspensión provisional, prohibición de las actividades y clausura definitiva de los centros y establecimientos, por requerirlo la protección de la salud colectiva, o por incumplimiento de los requisitos exigidos para su instalación y funcionamiento.
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