Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía
Artículo 122. Ofrecimientos y declaración de idoneidad para la adopción internacional
En pocas palabras
En adopción internacional la idoneidad se inicia a instancia de parte con el ofrecimiento, tras participar en las sesiones de la Entidad Pública, y se tramita por orden de presentación. La valoración psicosocial es informe preceptivo, conforme a la Ley 54/2007. El plazo para resolver no supera tres meses; el silencio es desestimatorio. La idoneidad tiene una vigencia máxima de tres años, se formaliza por resolución de la Entidad Pública y se inscribe en el Registro.
Explicación sencilla
Regula la idoneidad en la adopción internacional y la distingue de la nacional en su inicio: aquí arranca a instancia de parte, con el ofrecimiento de los interesados.
Regla mnemotécnica
Internacional: a instancia de parte; 3 meses para resolver, 3 años de vigencia máxima.
Trampa típica de examen
Pensar que el proceso de idoneidad para la adopción internacional se inicia de oficio: se inicia a instancia de parte.
Texto del artículo 122 de la Ley 4/2021 (LIAA)
1. El proceso de declaración de idoneidad se iniciará a instancia de parte mediante la presentación por parte de las personas interesadas de su ofrecimiento, previa participación en las sesiones informativas, formativas y de preparación, organizadas por la Entidad Pública. 2. La tramitación del proceso atenderá al orden de presentación de los ofrecimientos. 3. La valoración psicosocial para la declaración de idoneidad se llevará a cabo conforme a lo establecido en los artículos 5.1 d) y 10 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, y tendrá carácter de informe preceptivo. 4. El plazo para resolver el procedimiento de declaración de idoneidad no será superior a tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución expresa, las personas interesadas podrán entender que sus solicitudes han sido desestimadas. 5. La declaración de idoneidad tendrá una vigencia máxima de tres años y se formalizará mediante resolución de la Entidad Pública, que será notificada a la persona o personas interesadas, y será objeto de inscripción en el Registro habilitado a tal efecto.
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