LIAA
Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoLa ley tiene nueve objetos (letras a a i): promover los valores de la infancia y adolescencia y tratarla como un valor de la sociedad andaluza; adaptar la actuación pública a sus necesidades con especial protección; regular sus derechos (con procedimientos y recursos) y sus deberes en el ámbito familiar, educativo y social; fijar el ámbito competencial; regular la prevención y protección por las administraciones andaluzas; promover su participación como actores sociales; y crear un sistema de información complementario al estatal.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a todas las personas menores de dieciocho años que se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Queda fuera quien, por la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. El criterio es encontrarse en Andalucía, no la vecindad ni la nacionalidad.
- Art. 3Interés superior del menorEl interés superior de la persona menor es el principio inspirador de todas las políticas y actuaciones de las administraciones públicas de Andalucía. La normativa andaluza se elabora y aplica con enfoque de infancia y adolescencia, las decisiones valoran su impacto en ellos y, si hay conflicto con cualquier otro interés legítimo concurrente, prima siempre el interés superior del menor.
- Art. 4Valor social de la infanciaSe reconoce el valor social de niñas, niños y adolescentes como personas que hacen un aporte afectivo, cultural y ético al caudal social, y cuyo protagonismo, creatividad y posicionamiento activo enriquecen la vida colectiva. Su presencia en espacios públicos y organizaciones es un indicador fundamental de calidad del entorno social. Ese valor no se basa solo en que serán adultos, sino en vivir su condición presente.
- Art. 5ParticipaciónSe fomentará que niñas, niños y adolescentes participen en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, en el conocimiento de la realidad y en el descubrimiento de los problemas que les afecten y de sus posibles soluciones, en todos los ámbitos y especialmente en el familiar, social, educativo y sanitario.
- Art. 6Fomento de valoresLas administraciones públicas de Andalucía, y en especial el ámbito educativo y el audiovisual, fomentarán en niñas, niños y adolescentes y en sus familias los valores de tolerancia, solidaridad, respeto e igualdad y, en general, los principios democráticos de convivencia y de interculturalidad.
- Art. 7EquidadLas administraciones públicas de Andalucía harán políticas inclusivas para que todos los menores se desarrollen en igualdad, apoyando intervenciones que rompan los ciclos intergeneracionales de desigualdad y discriminación. Para ello deben atender y compensar todo tipo de carencias y la diversidad de cualquier índole y naturaleza.
- Art. 8IntergeneracionalidadLas administraciones públicas de Andalucía impulsarán, en sus políticas, programas y acciones, iniciativas intergeneracionales que aporten experiencias a mayores y menores, propiciando la interculturalidad, la diversidad, el aprendizaje conjunto y el enriquecimiento mutuo.
- Art. 9Promoción, prevención, protección y apoyo a la familiaLos menores tienen derecho a crecer en un entorno familiar adecuado, y la ley prima su permanencia en él salvo que sea contraria a su interés superior. Contribuyen en primer término padres, madres y personas tutoras, guardadoras o acogedoras y, simultánea o subsidiariamente, administraciones, entidades y ciudadanía. Las administraciones andaluzas apoyarán y protegerán a las familias para que asuman sus responsabilidades.
- Art. 10Prevención y protección integral contra cualquier forma de violenciaLas administraciones promoverán entornos seguros y protegerán a los menores frente a toda violencia. Violencia es toda acción, omisión o trato negligente que les priva de derechos y bienestar o amenaza su desarrollo físico, psíquico o social, sea cual sea su forma o medio, incluida la digital; el texto enumera supuestos (maltrato, acoso escolar, ciberacoso, matrimonio forzado…). Define el buen trato y prevé medidas para prevenir, detectar, atender, reparar, sancionar y erradicar la violencia.
- Art. 11Garantías procedimentalesLas decisiones que afecten a menores se toman mediante procedimientos eficaces y ágiles, conforme a los principios de economía procedimental y transparencia, adaptados a las características, necesidades, circunstancias y derechos de la persona menor, evitando duplicidades y procesos de revictimización.
- Art. 12Políticas integralesLas administraciones públicas de Andalucía articularán políticas integrales para el pleno desarrollo de la infancia y adolescencia; tendrán en cuenta sus necesidades en todos sus sectores, con control y seguimiento (alimentación, vivienda, educación, sanidad, urbanismo, transportes…); introducirán la diversidad funcional en la planificación, desarrollo y evaluación de sus medidas; y harán posible la implicación de la ciudadanía y sus asociaciones en esas políticas y planes.
- Art. 13Perspectiva de géneroLas administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas sobre niñas, niños y adolescentes, en todas las actuaciones y programas dirigidos a menores, con especial atención a la desigualdad y/o discriminación por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género.
- Art. 14Perspectiva interculturalLas administraciones públicas de Andalucía introducirán la perspectiva intercultural en la planificación, desarrollo y evaluación de las medidas sobre menores, con especial atención a la desigualdad o discriminación por nacionalidad, origen o situación administrativa, tanto de los menores como de sus familiares, en todos los ámbitos y especialmente en el familiar, sanitario, social, educativo y en el sistema de protección.
- Art. 15Prioridad presupuestariaLas actuaciones de promoción, prevención, protección, formación, ocio e integración de la infancia y adolescencia tienen carácter prioritario, con especial atención a erradicar la violencia y luchar contra la pobreza infantil. Para garantizar los derechos de la ley, las administraciones públicas andaluzas consignarán en sus presupuestos los créditos necesarios y suficientes.
- Art. 16Planificación de actuaciones, recursos y evaluaciónLa actuación pública en atención y protección de la infancia se planifica con objetivos, indicadores geográficos, poblacionales y sociales y procesos. La planificación sigue criterios de transversalidad e interdisciplinariedad y se somete a la transparencia. Los recursos se gestionan con descentralización y/o desconcentración. La planificación se evalúa (eficacia, participación, impacto, eficiencia, igualdad) con indicadores, y los menores participan en planificar y evaluar.
- Art. 17Plan de Infancia y Adolescencia de AndalucíaLa Consejería competente en infancia dispondrá un Plan de Infancia y Adolescencia que determine las políticas para su bienestar y calidad de vida; será público y su evaluación orienta las políticas. Su fundamento es incluir la perspectiva de infancia y reforzar sus derechos. Cuenta con todas las administraciones andaluzas y con la participación ciudadana y de la propia infancia. Dura cuatro años, lo aprueba el Consejo de Gobierno con previsión presupuestaria y se remite al Parlamento para su debate en Pleno.
- Art. 18Sistema de información e indicadores sobre infancia y adolescenciaLa Administración de la Junta de Andalucía se dotará de un sistema único de información e indicadores sobre la vida de los menores, que recoja su calidad de vida y desarrollo y sus necesidades y problemas. Es instrumento esencial para planificar políticas transversales, incorpora la visión de los propios menores y sirve para decidir. Se basa en la información del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía; su organización, fuentes, gestión y acceso se fijan por reglamento.
- Art. 19Investigación y gestión del conocimientoLas administraciones públicas de Andalucía fomentarán investigaciones y estudios sobre infancia y adolescencia, estrategias y métodos de intervención basados en la evidencia científica, y la supervisión, evaluación y divulgación del conocimiento. Incluirán entre las prioridades de sus planes y estrategias de I+D el bienestar y la calidad de vida de los menores, con especial atención a quienes estén en situación de vulnerabilidad.
- Art. 20Cualificación de las personas profesionalesLas administraciones andaluzas garantizarán la formación inicial y permanente y fomentarán la formación de los profesionales que trabajan con la infancia. La Junta, coordinada con la Consejería competente en infancia, ofrecerá programas formativos a todo el personal público que atienda a menores, con perspectiva de género y foco en la violencia. Las pruebas de acceso a la Función Pública andaluza incluirán materias sobre derechos de la infancia, y se promoverá la formación especializada en colegios profesionales y otras entidades.
- Art. 21Observatorio de la Infancia y Adolescencia de AndalucíaEl Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es un órgano colegiado de carácter prospectivo, analítico y consultivo, adscrito a la Consejería competente en infancia. Investiga, forma, documenta, hace seguimiento estadístico y gestiona fuentes de información sobre la infancia; participa en la ejecución, desarrollo y evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia; y elabora informes sobre su estado, con especial referencia a la violencia y la pobreza infantil.
- Art. 22Competencias de la Administración de la Junta de AndalucíaLa Junta de Andalucía ejerce diez funciones (a-j): iniciativas de buen trato; políticas contra la exclusión y la pobreza infantil; planificación, financiación, evaluación y control de recursos; planes de apoyo psicosocial, ayudas, inserción y empleo de la unidad familiar; participación de la infancia; protección de menores (título V); ejecución de medidas judiciales de los juzgados de menores y mediación penal; protección en medios audiovisuales; convenios, contratos y conciertos sociales; y aplicación de instrumentos internacionales.
- Art. 23Competencias de las Entidades LocalesLas Entidades Locales ejercen sus competencias propias en servicios sociales según el Estatuto de Autonomía, la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 9/2016. Son competentes para prevenir, detectar, valorar, intervenir y formalizar la declaración de situación de riesgo (artículos 87 a 91). Desarrollan planes integrales de atención a la infancia, la participación infantil y adolescente, y el mapa de recursos, el plan estratégico y el catálogo de prestaciones.
- Art. 24Defensoría de la Infancia y Adolescencia de AndalucíaLa Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía tiene como misión ejercer con eficacia sus funciones como comisionado del Parlamento de Andalucía para defender y promover los derechos y libertades de los menores. Sus funciones las ejerce también la persona titular del Defensor del Pueblo Andaluz.
- Art. 25Funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de AndalucíaLa Defensoría vela por los derechos de los menores supervisando a las administraciones andaluzas y a entidades que les prestan servicios; recibe y tramita denuncias de riesgo y las traslada a las administraciones; promueve los derechos de la infancia; y propone mediación, conciliación o acuerdos. Su titular, o en quien delegue, accede sin reserva alguna a los expedientes de menores. Sus funciones alcanzan el seguimiento tras la mayoría de edad de quienes estuvieron tutelados. Presenta un informe anual al Parlamento y puede presentar informes especiales y extraordinarios.
- Art. 26El Ministerio FiscalDe acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio Fiscal es el depositario de la obligación de actuar en defensa de los intereses de los menores, conociendo de todas las situaciones que atenten o puedan atentar contra sus derechos y su integridad física o moral. Además, ejerce la superior vigilancia de las actuaciones protectoras de menores adoptadas por las administraciones públicas de Andalucía.
- Art. 27Colaboración y coordinación con las Entidades LocalesLa Junta y las Entidades Locales establecerán mecanismos de colaboración para actuar coordinadas en promoción, prevención y protección de menores. Para ello desarrollarán protocolos conjuntos y medios materiales, técnicos y profesionales, e intercambiarán información. Las entidades locales podrán facilitar nuevos recursos preventivos, residenciales y de acogida ofreciendo suelo, viviendas dotacionales de uso público u otros medios, conforme al planeamiento urbanístico y la normativa vigente.
- Art. 28Colaboración y coordinación con otras administracionesLa Junta establecerá instrumentos y procedimientos de colaboración y coordinación con la Administración General del Estado, la Administración de Justicia y las demás comunidades autónomas para cumplir sus competencias sobre infancia. Esa colaboración busca eficacia en prevención, detección precoz, atención integral inmediata y reparación frente a la violencia. La Administración andaluza impulsará el intercambio de información, conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
- Art. 29Comisiones de infancia y adolescenciaPara coordinar a las administraciones y a las entidades de iniciativa social se constituirán comisiones de infancia y adolescencia en los ámbitos provincial y local. Son órganos colegiados de profesionales de administraciones y entidades, que desarrollan planes integrales, coordinan, impulsan redes locales preventivas y el modelo de buen trato. Su delimitación, composición y funcionamiento los fija por reglamento la Junta en la provincia y las Entidades Locales en el municipio. La Junta promueve la coordinación interprovincial.
- Art. 30La iniciativa socialLas Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la iniciativa social para actividades de promoción, prevención, atención y protección de la infancia y adolescencia. Además, se establecerán cauces para una acción coordinada y conjunta entre las administraciones y las entidades que atienden a la infancia, la adolescencia y las familias.
- Art. 31Entidades prestadoras de servicios sociales en materia de infancia y adolescenciaPara colaborar con las administraciones públicas andaluzas en la prestación de servicios de infancia, las entidades de iniciativa social y las entidades con ánimo de lucro definidas en el artículo 3 de la Ley 9/2016 deben estar legalmente constituidas, inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales y reunir los requisitos que se fijen por reglamento.
- Art. 32Familias acogedoras y familias colaboradorasLas familias acogedoras y colaboradoras cooperan con la Junta en sus funciones de protección, procurando atención integral y mejor calidad de vida a los menores bajo tutela o guarda de la Junta, integrándolos en un núcleo familiar de forma temporal o estable. La Administración les garantizará asesoramiento, apoyo profesional y formación continuada, y fomentará la participación de las asociaciones que las representan.
- Art. 33Colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de SeguridadLa Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía prestará la colaboración y el auxilio policial necesarios en la instrucción y ejecución de los actos de la Entidad Pública en materia de protección de menores. Además, podrá integrarse en los programas y protocolos de los servicios sociales, sanitarios, educativos y judiciales de promoción y prevención del bienestar de la infancia.
- Art. 34Medios de comunicación socialLos medios de comunicación, los de entretenimiento y las redes sociales deben fomentar los valores educativos de la ley en los programas para menores y evitar contenidos violentos o revictimizantes. Se fomentarán campañas con visión positiva de la infancia, buen trato, parentalidad positiva y captación de familias acogedoras, colaboradoras y adoptivas. En franjas de programación infantil no se emitirán escenas que fomenten violencia, odio o discriminación; su emisión debe advertirse con indicación auditiva y visual. Se fomentará la formación periodística.
- Art. 35Universidades de AndalucíaLas universidades de Andalucía formarán a su alumnado en las necesidades de la infancia y adolescencia y en sus derechos, incorporando estas competencias a los planes de estudio de grados y postgrados donde proceda. También fomentarán, en colaboración con las demás administraciones andaluzas, investigaciones e informes sobre la situación social de la infancia, su promoción, prevención y protección, la formación de profesionales y las mejores estrategias de intervención.
- Art. 36Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Andalucía. El Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia es un órgano colegiado de participación administrativa, consultivo y de asesoramiento de las administraciones andaluzas, adscrito a la Consejería competente en infancia. Informa los asuntos sometidos a su consideración y elabora informes y propuestas por iniciativa propia. Analiza periódicamente la situación de los menores, asesora en la planificación, propone investigación, formula recomendaciones y asesora a los medios sobre la violencia. Su composición, con personas de reconocido prestigio, se fija por reglamento.
- Art. 37Consejo Andaluz de Niñas, Niños y AdolescentesEl Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano de participación ciudadana adscrito a la Consejería competente en infancia. Asesora a la Dirección General competente, propone proyectos normativos, sugiere investigación, colabora en el Plan de Infancia y Adolescencia, divulga valores democráticos, denuncia desigualdades y canaliza quejas de la infancia. Lo forman menores; su composición, funcionamiento y plazo de constitución se fijan por reglamento. Sus representantes pueden asistir como miembros de pleno derecho al Consejo Asesor y a las comisiones de infancia.
- Art. 80ProtecciónLa protección comprende el conjunto de actuaciones destinadas a intervenir en situaciones de riesgo, ejercer la guarda y asumir la tutela por ministerio de la ley. La Junta de Andalucía y las entidades locales garantizarán servicios públicos necesarios, suficientes y adecuados para esas actuaciones, dentro de las dotaciones presupuestarias que se asignen y aprueben cada año. Las actuaciones de protección se desarrollarán reglamentariamente.
- Art. 81Criterios de actuaciónLas administraciones públicas de Andalucía, respetando la primacía del interés superior del menor, actúan bajo los principios de objetividad, imparcialidad, coordinación, prioridad, confidencialidad y seguridad jurídica. Entre sus criterios: permanencia en la familia de origen, intervención mínima, derecho a ser oídos, proporcionalidad, prioridad de medidas familiares sobre residenciales, estables sobre temporales y consensuadas sobre impuestas, hermanos unidos, profesional de referencia, revisión periódica, reunificación y acceso a los orígenes biológicos.
- Art. 82Deber de colaboración ante situaciones de violencia, riesgo y desprotecciónCualquier persona o entidad, y en especial las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el personal de servicios sociales, salud y centros educativos, que conozca una situación de riesgo o desprotección de un menor debe prestarle auxilio inmediato, comunicarlo a la Administración competente, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, y colaborar con ellos. A los particulares se les garantiza confidencialidad. Las administraciones establecerán mecanismos de coordinación y programas de formación obligatoria y universal.
- Art. 83Deber de reservaLas administraciones públicas de Andalucía, las entidades de iniciativa social y cualquier otra entidad actuarán con la obligada reserva en la atención y protección de la infancia y adolescencia, garantizando el tratamiento confidencial de la información y de los ficheros o registros donde conste, conforme a la normativa de protección de datos. El mismo deber alcanza a autoridades y personas que, por su profesión o función, conozcan casos de riesgo o desprotección y accedan a esa información.
- Art. 84De las personas interesadas en procedimientos relacionados con actuaciones y medidas de protecciónSon personas interesadas en un procedimiento de protección quienes tengan un derecho o interés legítimo y, en todo caso, el menor, los padres, madres, personas tutoras y las familias acogedoras. Sus derechos son los de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, aunque sujetos al interés superior del menor y a los intereses de terceras personas dignos de protección.
- Art. 85Expediente de actuación de protección de niñas, niños y adolescentesEl expediente de actuación de protección es de titularidad pública y lo forman documentos, actuaciones y diligencias del personal de las administraciones andaluzas, que responde de su guarda y custodia mediante archivo. Se pone a disposición de las Entidades Públicas, autoridades judiciales y de su titular cuando lo solicite. El acceso se ejerce mediante solicitud y, para datos especialmente protegidos, exige consentimiento explícito del titular.
- Art. 86Coordinación y colaboración con la Administración de Justicia en situaciones de riesgo social y desamparoLas medidas de protección de las administraciones son compatibles con las medidas cautelares y de aseguramiento de los procesos civiles y penales. Si hay indicios de delito, se comunicarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado, para que valoren medidas cautelares. Servicios sociales y Entidad Pública colaborarán para evitar la victimización secundaria, conforme al Estatuto de la Víctima del Delito, reduciendo los actos administrativos.
- Art. 87Situación de riesgoLa actuación en riesgo busca salvaguardar los derechos del menor en su propio medio, para que siga en su familia. Son competentes las Entidades Locales de Andalucía: detectan, valoran, intervienen y declaran; sus servicios sociales elaboran un proyecto de intervención familiar temporalizado. Si se requiere una intervención más específica, los equipos de tratamiento familiar elaboran un proyecto interdisciplinar. Ante la negativa de los padres, se puede pedir apoyo judicial a través del Ministerio Fiscal.
- Art. 88Declaración de la situación de riesgoPadres, tutores, guardadores o acogedores deben colaborar en el proyecto de intervención familiar. Si no colaboran y el menor puede necesitar ser separado, procede declarar el riesgo. Lo declara el órgano colegiado de la Entidad Local, presidido por su autoridad competente, previa audiencia (al menor desde los doce años). El plan de intervención dura como máximo doce meses, prorrogables otros seis por el órgano colegiado. Si fracasa, se propone valorar el desamparo; si se cumple, se dicta el cese.
- Art. 89Cese de la declaración de la situación de riesgoLa declaración de riesgo cesa por mayoría de edad, traslado de municipio de la familia, cumplimiento de objetivos del plan, resolución de desamparo o guarda, transcurso del plazo máximo con su prórroga sin resolución de cese ni informe a la Entidad Pública, u otras circunstancias sobrevenidas motivadas. En el traslado, los servicios sociales de origen y destino se coordinan antes del cese. El cese lo acuerda el órgano colegiado que la dictó, salvo mayoría de edad, traslado o desamparo o guarda, en que puede delegarse.
- Art. 90Actuaciones de urgencia en situaciones de riesgoSi durante la valoración, la ejecución del proyecto de intervención familiar o tras declararse el riesgo se considera necesaria y urgente la separación inmediata del menor de su núcleo familiar para salvaguardar su integridad, los servicios sociales proponen la separación directamente a la Entidad Pública y lo comunican al órgano colegiado de la Entidad Local y al Ministerio Fiscal. Si hay indicios de delito, se avisa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al juzgado.
- Art. 91Valoración de la Entidad PúblicaLa Entidad Pública valora en veinte días la desprotección derivada por el fracaso del plan de intervención o por urgencia, para decidir si inicia el desamparo, adopta una medida cautelar de separación o interviene en el medio. Si no procede el desamparo, lo comunica con informe motivado al órgano colegiado local, a los servicios sociales proponentes en urgencia y al Ministerio Fiscal. La derivación no suspende las actuaciones de la Entidad Local.
- Art. 92Atención inmediataLa Entidad Pública interviene de inmediato cuando la desprotección lo requiera, preferentemente mediante acogimiento familiar y, en su defecto, residencial. Si el menor pierde temporalmente el contacto con sus padres o representantes, recibe atención inmediata mientras se le identifica y se avisa a la familia. Si en tres meses desde la atención no se clarifica la situación, procede iniciar la declaración de desamparo.
- Art. 93Guarda provisionalLa Junta puede asumir la guarda provisional cuando sea necesario para proteger al menor, y tiene siete días naturales desde que pasa a su disposición para formalizarla por resolución. La resolución se comunica al Ministerio Fiscal, progenitores, acogedores y al menor si tiene capacidad y siempre al mayor de doce años; suspende la guarda y custodia de padres o tutores. En veinte días naturales se identifica al menor y se aclaran las circunstancias; después, reunificación o procedimiento de desamparo.
- Art. 94Situación de desamparoLa Junta de Andalucía asume la tutela de todos los menores en situación de desamparo. Las situaciones de desamparo son las recogidas en la Ley Orgánica 1/1996, conforme al artículo 172 del Código Civil. Los menores en guarda de hecho no serán declarados en desamparo si reciben adecuada atención y no requieren medidas de protección; en ese caso la Entidad Pública lo comunica al juzgado.
- Art. 95Procedimiento para la declaración de situación de desamparoSi la Entidad Pública conoce que un menor puede estar desprotegido, incoa de oficio el procedimiento de desamparo. En la instrucción es preceptivo un informe diagnóstico con propuesta motivada de medida. Ante grave riesgo cabe el desamparo provisional cautelar. Resuelve un órgano colegiado en protección de menores, con profesionales de la Junta y de la Administración local, previa propuesta del servicio especializado. Plazo máximo: tres meses. Ejecución y seguimiento: personal funcionario del servicio competente.
- Art. 96GuardaLa Junta de Andalucía asume la guarda de los menores en tres casos: cuando haya asumido su tutela; cuando los padres, madres o tutores, por enfermedad u otras circunstancias que les impidan transitoriamente atenderlos, lo soliciten; y cuando lo determine una resolución judicial. Si la guarda la piden los progenitores o tutores, se forma expediente y decide el órgano colegiado del artículo 95.4, que puede estimar o denegar la solicitud.
- Art. 97Plan individualizado de protecciónAl asumir la tutela o guarda, la Junta elabora en no más de un mes, coordinada con los servicios sociales locales, un plan individualizado de protección con objetivos, previsión y plazo de las medidas con la familia de origen, incluido el programa de reintegración. El plan dura como máximo un año. No es factible la reintegración si requiere un plazo tan largo o imprevisible que perjudique al menor. Tras la reintegración, hay seguimiento mínimo de un año; si no es posible, medidas estables, preferentemente adopción.
- Art. 98Cese de la tutela y guardaLa tutela o guarda asumida por la Junta cesa por: desaparición de las causas del desamparo; fin del plazo de la guarda voluntaria, salvo prórroga excepcional en interés del menor; resolución judicial firme; adopción; mayoría de edad o emancipación, salvo incapacidad declarada judicialmente antes; fallecimiento; traslado voluntario a otro país; asunción de la tutela o medida por la Entidad Pública de otra comunidad autónoma; o doce meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro y está en paradero desconocido.
- Art. 99El acogimiento familiarEl acogimiento familiar busca la plena integración y participación del menor en un núcleo familiar adecuado a sus necesidades, para ofrecerle un entorno afectivo de convivencia, e implica que las familias acogedoras ejercen la guarda. La Administración velará por la selección, formación continuada y seguimiento periódico de las familias acogedoras de todas las modalidades. El procedimiento de constitución se desarrollará reglamentariamente.
- Art. 100Ofrecimientos para el acogimiento familiarQuien quiera acoger presenta su ofrecimiento ante la Entidad Pública y asiste a sesiones informativas, formativas y de preparación. Las informativas son obligatorias y previas al ofrecimiento; las formativas o de preparación se hacen en no más de tres meses desde el ofrecimiento, y la Entidad Pública acredita a quienes participan. Se puede ser valorado e idóneo a la vez para acogimiento y adopción, y es compatible con el programa de colaboración social.
- Art. 101Presentación de ofrecimientos para el acogimiento por la familia extensaPara no demorar decisiones que perjudiquen al menor, la familia extensa dispone de un plazo máximo de tres meses desde la efectiva asunción de la guarda por la Junta para ofrecerse al acogimiento familiar. Pasado ese plazo, la Entidad Pública podrá desestimar los ofrecimientos que se presenten.
- Art. 102Declaración de idoneidad para el acogimiento familiarLa idoneidad para acoger se inicia de oficio para quienes acrediten la fase formativa, por orden de ofrecimiento y según las necesidades de los menores tutelados. Exige valoración psicosocial, que es informe preceptivo, de la situación, edad (adecuada hasta al menos los dieciocho años del menor), vínculos, relación con la familia de origen y habilidades; en familia extensa, la vinculación afectiva previa. Se resuelve en tres meses; el silencio es desestimatorio. Solo da derecho a inscribirse en el Registro de Idoneidad.
- Art. 103Selección de las personas declaradas idóneas para el acogimiento familiarLa Junta selecciona para cada menor a la persona o personas más adecuadas entre las inscritas en el Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía. Los criterios se fijarán reglamentariamente según la aptitud de la idoneidad, la modalidad de acogimiento, la relación y composición familiar y otras condiciones, atendiendo primordialmente al interés superior del menor. La Entidad Pública propone el acogimiento a quien ofrezca mayores posibilidades de integración y desarrollo.
- Art. 104Programas de respiro al acogimiento familiarLa Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de protección de menores, desarrollará programas de respiro para las familias acogedoras, con el fin de atender las necesidades que les surjan durante el acogimiento, y lo hará mediante familias alternativas.
- Art. 105Apoyo al acogimiento familiarLas administraciones andaluzas, directamente o con servicios concertados, prestan al menor, a la familia acogedora y a la de origen información, formación y colaboración para lograr los objetivos del acogimiento, con apoyos especializados, económicos, jurídicos, psicológicos y sociales según las necesidades. La consejería competente en protección de menores habilitará herramientas y canales para que los menores acogidos expresen iniciativas, sugerencias, recomendaciones, quejas o denuncias.
- Art. 106Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradoraLa Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de protección de menores, establecerá reglamentariamente un Estatuto de la persona o familia acogedora, adoptiva y colaboradora, que determinará los derechos y deberes de esas familias y estipulará las ayudas y apoyos que se les ofrecen.
- Art. 107Prestaciones económicas para menores en acogimiento familiarLos menores en acogimiento familiar tienen derecho público subjetivo a prestaciones para alimentación, cuidado y educación, según la modalidad y sus necesidades. Las cuantías se fijan reglamentariamente y se abonan a quien tenga delegada la guarda, desde el inicio efectivo de la convivencia hasta su cese efectivo, la mayoría de edad o la emancipación. No son ingreso de la unidad familiar ni computan para otras ayudas o subvenciones de la Junta.
- Art. 108El acogimiento residencialEl acogimiento residencial lo acuerda la Entidad Pública o un juez; es provisional, de la menor duración posible y solo procede si no cabe una medida familiar. No se acordará para menores de trece años salvo que no haya alternativa familiar, y entonces no puede durar más de tres meses para menores de siete años ni seis meses para mayores de siete. Debe primar el interés superior, la calidad técnica, la calidez y una convivencia de tipo familiar.
- Art. 109Centros de protección de menoresLos centros de protección deben tender a pocas plazas según su tipología, para una atención de calidad y un ambiente cálido similar al familiar, con estándares de calidad y accesibilidad y modelos de excelencia en la gestión. La atención contempla la diversidad cultural, con fomento de programas de mediación intercultural, y la diversidad por discapacidad u otras circunstancias. Los centros velan por los menores especialmente vulnerables ante abuso o explotación sexual y trata de seres humanos.
- Art. 110Colaboración socialLos menores en acogimiento residencial pueden compartir ocio y salidas temporales y vacacionales con familias colaboradoras. La Junta promueve la sensibilización, información, captación y formación de esas familias, también con entidades autorizadas, y regula sus requisitos, derechos y deberes. Las familias colaboradoras deben hacer obligatoriamente una formación inicial previa. La Junta puede acordar con entidades de voluntariado la participación de voluntarios en los centros, como actividad complementaria a la profesional.
- Art. 111Perspectiva e igualdad de género y respeto a la diversidad LGTBIEl funcionamiento de los centros de protección y la atención residencial tendrán un enfoque integral de perspectiva de género, para construir relaciones igualitarias entre niñas y niños y prevenir, identificar y eliminar la discriminación por razón de sexo y la violencia de género. También respetarán los derechos e igualdad de trato de las personas LGTBI acogidas, trabajando la orientación sexual e identidad de género para su desarrollo pleno y contra la discriminación.
- Art. 112Ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conductaEl acogimiento en centros específicos para menores con problemas de conducta es el último recurso, cuando no cabe otra medida, y dura lo estrictamente necesario para el proceso terapéutico y educativo. Se dirige a menores tutelados o en guarda de la Junta con graves conductas disociales recurrentes, justificado por sus necesidades de protección y una valoración psicosocial especializada. Nunca pueden ingresar menores de trece años ni con trastornos mentales que requieran atención especializada. Incluye atención residencial e intervención terapéutica y socioeducativa.
- Art. 113La adopciónLa Junta de Andalucía promoverá la adopción cuando las circunstancias aconsejen separar definitivamente al menor de su familia de origen, cuando carezca de ella, se desconozca su existencia o se acredite la imposibilidad de reunificación familiar. En esos casos, la adopción se propondrá de forma prioritaria para los menores de siete años.
- Art. 114Ofrecimientos para la adopciónQuienes se ofrezcan para adoptar deben pedir participar en sesiones informativas y formativas o de preparación, organizadas por la Entidad Pública o una entidad autorizada, sobre procedimiento y efectos de la adopción, necesidades de los menores, idoneidad, selección y obligaciones posadoptivas. Las informativas son obligatorias y previas al ofrecimiento; las formativas, en no más de tres meses desde él, con acreditación de la Junta. La Entidad Pública puede inadmitir nuevos ofrecimientos por resolución cuando las circunstancias lo determinen.
- Art. 115Declaración de idoneidad para la adopciónLa idoneidad para adoptar se inicia de oficio por la Entidad Pública para quienes completen la formación, por orden de ofrecimiento y según las necesidades de los menores tutelados adoptables. Requiere valoración psicosocial (informe preceptivo) de la situación personal, familiar, relacional y social, vínculos, habilidades y aptitud. Se resuelve en tres meses; el silencio es desestimatorio. Solo da derecho a la inscripción en el Registro, no a adoptar, y su vigencia es de tres años.
- Art. 116Selección de personas declaradas idóneas para la adopciónLa Entidad Pública selecciona, para cada menor, a la persona o personas más adecuadas entre las inscritas en el Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de Andalucía. Los criterios, fijados reglamentariamente, atienden a la aptitud de la idoneidad, la modalidad de adopción, la relación y composición familiar y otras condiciones, primando el interés superior del menor. Se propone a quienes ofrezcan mayores posibilidades de integración y desarrollo según el historial y características del menor.
- Art. 117Guarda con fines de adopción y propuesta de adopciónLa Junta de Andalucía formula la propuesta de adopción ante la autoridad judicial competente. Antes de esa propuesta puede delegar la guarda con fines de adopción en la persona o personas seleccionadas, conforme a los requisitos y procedimientos de esta ley, del Código Civil y del resto de normativa aplicable.
- Art. 118Requisitos para la guarda con fines de adopción y propuesta de adopciónAdemás de los requisitos del artículo 175 del Código Civil, para la guarda con fines de adopción y la propuesta de adopción se exige: que la adopción atienda al interés superior del menor; que no haya sido posible ni se prevea la reunificación familiar en un plazo razonable según su edad; que los adoptantes hayan sido declarados idóneos y seleccionados para esa adopción; y la conformidad del menor mayor de doce años, valorándose la opinión del de menos edad.
- Art. 119Adopción abiertaEn la adopción abierta se facilita que la persona adoptada mantenga relación y contacto con algún miembro de su familia de origen, cuando lo aconseje el interés del menor, a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y siempre que lo haya acordado el juez al constituir la adopción, conforme a la legislación vigente.
- Art. 120Tratamiento de la informaciónEn los procedimientos de adopción las actuaciones se desarrollan con la necesaria reserva y confidencialidad, para proteger los datos de identificación y localización de la familia adoptiva y evitar que la familia de origen conozca a la adoptiva.
- Art. 121La adopción internacionalLa Junta de Andalucía realiza las actuaciones de adopción internacional sujetándose a la normativa estatal e internacional aplicable, velando por el interés superior del menor y el pleno respeto de sus derechos.
- Art. 122Ofrecimientos y declaración de idoneidad para la adopción internacionalEn adopción internacional la idoneidad se inicia a instancia de parte con el ofrecimiento, tras participar en las sesiones de la Entidad Pública, y se tramita por orden de presentación. La valoración psicosocial es informe preceptivo, conforme a la Ley 54/2007. El plazo para resolver no supera tres meses; el silencio es desestimatorio. La idoneidad tiene una vigencia máxima de tres años, se formaliza por resolución de la Entidad Pública y se inscribe en el Registro.
- Art. 123Costes necesarios para la tramitación de un ofrecimiento de adopciónConforme a la Ley 54/2007 de Adopción Internacional y al Real Decreto 165/2019 que aprueba su Reglamento, los organismos acreditados para intermediar en la adopción internacional no pueden cobrar a quienes se ofrecen para adoptar importes o gastos distintos de los autorizados en su resolución de acreditación.
- Art. 124Obligaciones posadoptivas de las personas adoptantesLos adoptantes deben facilitar información, documentación, entrevistas y visitas para los informes de seguimiento posadoptivo. En la adopción nacional, la Junta hace seguimientos al menos semestrales durante los dos años siguientes a la firmeza de la sentencia de adopción. En la internacional se cumplen los compromisos con el país de origen y, si este no prevé informes o su periodicidad es inferior, rige la de la adopción nacional; además deben pagarse los importes de los informes. El incumplimiento conlleva la no idoneidad en otros procesos y sanciones.
- Art. 125Servicios de atención posadoptivaLa Junta de Andalucía ofrece servicios especializados en adopción para orientar y apoyar a personas adoptadas y familias adoptivas ante las dificultades del proceso adoptivo. Estos servicios ofrecen mediación y apoyo técnico para que la persona adoptada pueda conocer sus orígenes biológicos y su historial o iniciar contactos con su familia biológica, y difunden entre profesionales de educación, sanidad y acción social un conocimiento adecuado de la adopción.
- Art. 126Trato preferente para las niñas, niños y adolescentes con medida de protecciónLa Junta de Andalucía, en su ámbito competencial, debe ofrecer sus recursos y servicios de forma preferente a las niñas, niños y adolescentes con medida de protección en Andalucía.
- Art. 127Seguimiento posterior a la mayoría de edadAl alcanzar la mayoría de edad, durante al menos un año, la Junta de Andalucía, en colaboración con los servicios sociales de las Entidades Locales, hace un seguimiento de la integración social de quienes estuvieron bajo su tutela o guarda, ofreciéndoles los apoyos necesarios para ajustarse a su nueva situación personal y familiar.
- Art. 128Atención psicoterapéuticaLa Junta de Andalucía garantiza el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico a los menores bajo su tutela o guarda que presenten problemas psicológicos, emocionales o comportamentales por el daño sufrido por cualquier forma de violencia o por problemas de vinculación afectiva o trastornos del apego. Esta atención puede prestarse hasta que cumplan veinticinco años.
- Art. 129Atención sanitariaLos menores con medida de protección tienen prioridad en analíticas y pruebas para no retrasar su integración en la familia de acogida o centro. Hospitalizados, el hospital y el centro de protección garantizan acompañamiento y vigilancia, incluso con voluntariado. Su historial clínico está especialmente protegido. Se facilita información sanitaria a la familia acogedora acreditada. Tienen gratuidad de recursos, prestaciones y fármacos, preferencia en salud mental especializada, y apoyo si están embarazadas o en lactancia.
- Art. 130Atención educativaLa Junta garantiza la escolarización, ordinaria o tardía, de menores tutelados, en guarda o adoptados, en el centro más cercano al domicilio o trabajo de quien tenga su guarda y custodia. Son alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con evaluación psicopedagógica de los servicios especializados del sistema educativo. Hay adaptación curricular y lingüística para extranjeros, recursos para continuar estudios tras el acogimiento, prioridad universitaria en ayudas y gratuidad y prioridad en aula matinal, comedor y extraescolares.
- Art. 131Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañadosLa protección de los menores migrantes no acompañados garantiza sus derechos como menores y su integración social plena, con independencia de las posibilidades de regresar con su familia. Bajo protección de la Junta, acceden a todos los servicios y prestaciones de competencia autonómica, sea cual sea el estado de su residencia o asilo, en especial salud, educación, servicios sociales, empleo y formación. Sus profesionales deben formarse en interculturalidad, y se tramitarán sus autorizaciones de residencia o nacionalidad.
- Art. 132Preparación para la vida independienteLa autonomía personal, la integración social y laboral y la preparación para la vida independiente son de máxima prioridad para adolescentes y jóvenes en acogimiento. Los programas alcanzan a menores protegidos y extutelados como máximo hasta los veinticinco años. Desde los dieciséis años se planifican actuaciones de formación, inserción, habilidades y economía doméstica. Los beneficiarios asumen un compromiso expreso de aprovechamiento. Hasta los veinticinco, son destinatarios preferentes de prestaciones, empleo y vivienda..
- Art. 133Sistema de información de protección a la infancia y adolescenciaSe crea, como complemento del sistema estatal, el sistema de información de protección a la infancia y adolescencia de Andalucía, con fines estadísticos y de seguimiento de las medidas adoptadas sobre cada menor, de la eficacia y calidad del sistema, de sus recursos y de las personas que se ofrecen para acoger o adoptar. Respeta la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos. Integra tres registros: Declaraciones de Riesgo, Tutelas y Guardas, e Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción.
- Art. 134Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en AndalucíaEl Registro de las Declaraciones de Riesgo de la Infancia y Adolescencia en Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, aunque lo gestionan las Entidades Locales. En él se inscriben los datos de los menores sobre los que haya recaído una declaración de riesgo, a efectos de seguimiento y estadísticos. Su organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.
- Art. 135Registro de Tutelas y Guardas de AndalucíaEl Registro de Tutelas y Guardas de Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, con gestión descentralizada en los servicios periféricos de la consejería competente en materia de protección de menores. En él se inscriben todos los datos de los menores sujetos a tutela o guarda. Su organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
- Art. 136Registro de Idoneidad para el Acogimiento Familiar y la Adopción de AndalucíaEl Registro de Idoneidad para el acogimiento familiar y la adopción de Andalucía es único para toda la comunidad autónoma, con gestión descentralizada en los servicios periféricos de la consejería competente en materia de protección de menores. En él se inscriben todas las personas declaradas idóneas por la Entidad Pública para el acogimiento familiar y la adopción nacional o internacional. Su organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.
- Art. 137De las infracciones y sanciones y de los sujetos responsablesSon infracciones administrativas de esta ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en su título sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. Responden, a título de dolo o culpa, las personas físicas o jurídicas y, conforme al artículo 28.1 de la Ley 40/2015, los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
- Art. 138Prescripción de infracciones y sancionesInfracciones y sanciones prescriben al año (leves), a los tres años (graves) y a los cinco años (muy graves). La prescripción de la infracción se cuenta desde su comisión, o desde que cesa la conducta si es continuada o permanente; la interrumpe el inicio del procedimiento con conocimiento del interesado, y se reanuda si se paraliza más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. La de la sanción se cuenta desde que la resolución es ejecutable o vence el plazo para recurrirla.
- Art. 139Clasificación de las infracciones
- Art. 140Infracciones levesSon infracciones leves: las conductas tipificadas como graves cuando se cometan por imprudencia y no causen perjuicio directo al menor; las irregularidades formales de los titulares de centros de protección o entidades que presten servicios a la infancia no tipificadas como graves o muy graves; y no comunicar a la Administración las variaciones de datos aportados que deban tenerse en cuenta para aplicar las medidas y beneficios de la ley.
- Art. 141Infracciones gravesSon graves, si no son muy graves: más de dos leves en un año, incumplir deberes o normas de centros y entidades, obstruir la inspección; no inscribir un nacimiento; no pedir plaza escolar o no procurar la asistencia en edad obligatoria; no comunicar el riesgo conocido por el cargo; incumplir resoluciones de la Entidad Pública; no entregar al menor extraviado o fugado; recibir a un menor para adoptarlo sin la Entidad Pública; intermediar sin acreditación; incumplir obligaciones posadoptivas; cobros no autorizados; falta del certificado de delitos sexuales; publicidad dañina.
- Art. 142Infracciones muy gravesSon infracciones muy graves: más de dos graves en un año; las graves que causen daños o perjuicios de difícil o imposible reparación para los derechos del menor; que los promotores de espectáculos y festejos públicos permitan la participación activa de menores de dieciséis años en actividades peligrosas; y recibir a un menor ajeno para adoptarlo sin la Entidad Pública mediando precio o engaño, o con peligro manifiesto para su integridad.
- Art. 143SancionesLas sanciones son: infracciones leves, amonestación por escrito o multa de hasta 3.000 euros; graves, multa de 3.001 a 30.000 euros; y muy graves, multa de 30.001 a 600.000 euros.
- Art. 144Graduación de las sancionesLas sanciones se gradúan guardando adecuación entre gravedad del hecho y sanción, y atendiendo a: gravedad del riesgo o perjuicio según la madurez, edad y vulnerabilidad del menor; culpabilidad o intencionalidad; repetición y reincidencia en un año; beneficio obtenido; interés social del establecimiento; incumplimiento de advertencias previas; y trascendencia económica y social. Cuentan también la reparación espontánea o subsanación antes de resolver. Si el beneficio supera la multa, esta se incrementa en la cuantía del beneficio.
- Art. 145Reincidencia
- Art. 146Reducción de las sancionesSi la sanción es solo pecuniaria, o caben una pecuniaria y otra no pecuniaria pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, puede aplicarse una reducción de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, conforme al artículo 85 de la Ley 39/2015.
- Art. 147Publicidad de las sancionesEn infracciones graves o muy graves, el órgano competente puede acordar en la resolución la publicación de las sanciones firmes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en medios de comunicación social, a costa del sancionado. La publicación incluye nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la clase y naturaleza de las infracciones.
- Art. 148Procedimiento sancionadorEl procedimiento sancionador de las infracciones de esta ley se rige por el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Art. 149Órganos competentesInician el procedimiento los titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la consejería competente en menores, salvo las graves f) y g) del artículo 141 (escolarización), que inician las delegaciones de educación, y la muy grave c) del 142 (espectáculos), la delegación competente en esa materia. Resuelven: las leves, la Delegación de menores; las graves, el centro directivo de menores; las muy graves, el titular de la consejería de menores, con excepciones para educación y espectáculos; y si la sanción supera 300.000 euros, el Consejo de Gobierno.
- Art. 150Medidas provisionalesIniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar medidas provisionales necesarias y proporcionadas para asegurar la eficacia de la resolución, el buen fin del procedimiento, evitar que se mantengan los efectos de la infracción y atender los intereses generales. Antes de iniciarlo, el órgano competente para iniciar o instruir puede adoptarlas de forma motivada. En todo caso deben adoptarse las que salvaguarden la integridad física y moral de los menores.
- Art. 151Relación con la jurisdicción civil y penalSi el órgano competente para incoar aprecia indicios de infracción penal con identidad de hechos, sujetos y fundamento, lo comunica al órgano jurisdiccional y se abstiene de seguir el procedimiento hasta que haya pronunciamiento. Lo mismo si, ya incoado, conoce que existen diligencias penales con esa triple identidad. Si del procedimiento resultan responsabilidades administrativas para padres, tutores o guardadores, se informa a la Fiscalía de Menores por si hubiera responsabilidades civiles.