Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía

Artículo 82. Deber de colaboración ante situaciones de violencia, riesgo y desprotección

En pocas palabras

Cualquier persona o entidad, y en especial las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el personal de servicios sociales, salud y centros educativos, que conozca una situación de riesgo o desprotección de un menor debe prestarle auxilio inmediato, comunicarlo a la Administración competente, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, y colaborar con ellos. A los particulares se les garantiza confidencialidad. Las administraciones establecerán mecanismos de coordinación y programas de formación obligatoria y universal.

Explicación sencilla

Convierte la detección de la violencia y la desprotección infantil en un deber de todos, con especial carga para policía, sanidad, educación y servicios sociales. Protege al particular que comunica con confidencialidad y obliga a formar a quienes intervienen.

Regla mnemotécnica

Deber de colaborar = ACC: Auxilio inmediato, Comunicar (Administración, juez o Fiscal) y Colaborar.

Trampa típica de examen

Pensar que el deber solo alcanza a los profesionales: el artículo empieza por «cualquier persona o entidad».

Texto del artículo 82 de la Ley 4/2021 (LIAA)

1. Cualquier persona o entidad y, en especial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de los servicios sociales, los servicios de salud y de los centros educativos que tengan conocimiento de la existencia de una situación de riesgo o desprotección de una niña, niño o adolescente, deberán prestarle el auxilio inmediato que precise y ponerlo en conocimiento de la Administración pública competente, de la autoridad judicial, o del Ministerio Fiscal, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en su interés. En caso de particulares, se adoptarán las necesarias garantías de confidencialidad. 2. Las administraciones públicas de Andalucía establecerán los mecanismos de coordinación necesarios, especialmente en los ámbitos judicial, policial, sanitario, educativo y de servicios sociales, para la detección, notificación y valoración de las situaciones de violencia, riesgo y desprotección infantil, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente. Para ello se habilitarán los medios personales técnicos y telemáticos necesarios y adecuados. 3. Para el ejercicio de estas actuaciones llevarán a cabo programas de formación obligatoria y universal para quienes intervengan en dichos ámbitos.

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