Ley 4/2021, de Infancia y Adolescencia de Andalucía
Artículo 95. Procedimiento para la declaración de situación de desamparo
En pocas palabras
Si la Entidad Pública conoce que un menor puede estar desprotegido, incoa de oficio el procedimiento de desamparo. En la instrucción es preceptivo un informe diagnóstico con propuesta motivada de medida. Ante grave riesgo cabe el desamparo provisional cautelar. Resuelve un órgano colegiado en protección de menores, con profesionales de la Junta y de la Administración local, previa propuesta del servicio especializado. Plazo máximo: tres meses. Ejecución y seguimiento: personal funcionario del servicio competente.
Explicación sencilla
Describe el procedimiento de desamparo de principio a fin: inicio de oficio, informe preceptivo, medida cautelar, órgano que resuelve, plazo y quién ejecuta. Es un artículo con muchos datos examinables.
Regla mnemotécnica
Desamparo: de oficio, resuelve el órgano colegiado a propuesta del servicio especializado, en 3 meses.
Trampa típica de examen
Creer que resuelve el servicio especializado: este solo hace la propuesta motivada; resuelve el órgano colegiado.
Texto del artículo 95 de la Ley 4/2021 (LIAA)
1. Cuando de conformidad con lo establecido en el Código Civil y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, la Entidad Pública tenga conocimiento, por cualquier medio, de que una niña, niño o adolescente pudiera encontrarse en una situación de desprotección, incoará de oficio procedimiento de declaración de la situación de desamparo. 2. Durante la instrucción del procedimiento administrativo será preceptivo un informe diagnóstico de la situación del menor que incluya propuesta motivada de medida de protección, que se fundamentará en cuantos informes sociales, sanitarios o educativos o de otra índole fuesen precisos. 3. Cuando existan circunstancias que pongan en grave riesgo su integridad física o psíquica, la Entidad Pública podrá declarar la situación de desamparo provisional como medida cautelar. 4. La resolución del procedimiento se adoptará por un órgano colegiado en materia de protección de menores, previa propuesta motivada del servicio especializado en materia de protección de menores. 5. El órgano colegiado estará compuesto por profesionales cualificados en materia de protección de menores y pertenecientes al ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración local. Su régimen de organización y funcionamiento se desarrollará reglamentariamente. 6. El plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses. 7. La ejecución y seguimiento de las resoluciones administrativas adoptadas en materia de protección de menores le corresponden al personal funcionario adscrito al servicio con competencias en materia de protección de menores.
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