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Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

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Art. 1Objeto de la LeyLa Ley regula las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Para ello crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos en todo el territorio. El Sistema es una acción coordinada y cooperativa de la AGE y las Comunidades Autónomas, con participación, en su caso, de las Entidades Locales.
Art. 2DefinicionesDefine los conceptos clave. Autonomía: capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales. Dependencia: estado de carácter permanente en que se precisan cuidados y apoyos de otras personas o ayudas importantes para las actividades de la vida diaria. Cuidados no profesionales: los prestados en su domicilio por familia o entorno no vinculados a un servicio profesional; cuidadora principal: quien dedica más tiempo y se identifica como tal en el PIA. Las sujeciones son un tipo de restricción y pueden ser físicas o mecánicas y farmacológicas o químicas.
Art. 3Principios de la LeyEnumera los principios que inspiran la Ley, de la a) a la t). Entre ellos: carácter público de las prestaciones, universalidad en el acceso, respeto a la libertad de elección y autodeterminación, atención integral e integrada, transversalidad, personalización de cuidados, vida independiente, permanencia en el entorno, participación de la iniciativa privada y del tercer sector, cooperación interadministrativa, perspectiva de género y enfoque interseccional. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.
Art. 4Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependenciaLas personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder en igualdad a las prestaciones, residan donde residan en España, y a derechos especiales como elegir dónde y con quién vivir, una atención libre de sujeciones o la previa autorización, expresa y por escrito, si los servicios se usan en un proyecto docente o de investigación. A su vez, ellas, sus familiares o representantes y los centros deben suministrar la información requerida para valorar el grado, comunicar las ayudas que reciban y aplicar las prestaciones económicas a su finalidad.
Art. 4 bisDerechos de las personas cuidadoras no profesionales y de la persona cuidadora principalSon personas cuidadoras no profesionales y cuidadora principal las identificadas como tales en el PIA. Las no profesionales tienen derecho a información y a acompañamiento y formación para el cuidado y autocuidado. La cuidadora principal designada en la resolución de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene además derecho a ser colectivo prioritario de empleo, a medidas de conciliación (con continuidad de la atención si enferma gravemente o es hospitalizada) y a la incorporación en la Seguridad Social.
Art. 5Titulares de derechosSon titulares de los derechos los españoles que estén en situación de dependencia en alguno de los grados y residan en España y lo hayan hecho cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud. En menores de cinco años, la residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia. No se exigen nacionalidad ni los cinco años de residencia a solicitantes y beneficiarios de asilo o protección subsidiaria ni a beneficiarios de protección temporal. El Gobierno fijará el acceso de los retornados previo acuerdo del Consejo Territorial.
Art. 6Finalidad del SistemaEl Sistema garantiza las condiciones básicas y el contenido común de la Ley, sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas en sus respectivas competencias, optimiza los recursos públicos y privados disponibles y contribuye a mejorar las condiciones de vida. Se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados. Integrarse en el Sistema no altera el régimen jurídico de titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica de esos centros y servicios.
Art. 7Niveles de protección del SistemaLa protección de la dependencia se presta en tres niveles: 1.º el nivel mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9; 2.º el nivel que se acuerde entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma mediante los Convenios del artículo 10; y 3.º el nivel adicional que pueda establecer cada Comunidad Autónoma.
Art. 8Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaCrea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, instrumento de cooperación entre la AGE y las comunidades autónomas. Lo preside la persona titular del Ministerio y lo integran los consejeros autonómicos competentes, uno de los cuales ocupa la Vicepresidencia. Pueden incorporarse asesores especialistas con voz pero sin voto, y tienen mayoría los representantes autonómicos. Entre sus funciones: acordar el Marco de cooperación y el baremo.
Art. 9Participación de la Administración General del EstadoEl Gobierno, oído el Consejo Territorial, determina el nivel mínimo de protección garantizado para cada beneficiario según su grado de dependencia, como condición básica del derecho. Ese nivel mínimo se asigna a las comunidades autónomas considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. Su financiación pública corre a cuenta de la Administración General del Estado, que fija anualmente los recursos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado según los criterios del artículo 32.
Art. 10Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades AutónomasEn el Consejo Territorial, la AGE y las comunidades autónomas acuerdan el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrolla mediante Convenios bilaterales con cada comunidad. En ellos se fijan objetivos, medios y recursos, incrementando el nivel mínimo estatal. El Consejo Territorial establece los criterios de intensidad de protección de cada servicio del Catálogo y su compatibilidad o incompatibilidad, que aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Los convenios fijan la financiación de cada Administración, y la AGE consigna anualmente crédito para celebrarlos.
Art. 11Participación de las Comunidades Autónomas en el SistemaCorresponde a las comunidades autónomas, en su territorio: planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios; gestionar los servicios y recursos de valoración y atención; establecer la coordinación sociosanitaria; crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios; asegurar la elaboración de los Programas Individuales de Atención; inspeccionar y sancionar; evaluar periódicamente el Sistema y aportar a la AGE la información para la financiación. Además, con cargo a sus presupuestos, pueden definir niveles de protección adicionales y sus normas de acceso.
Art. 12Participación de las Entidades LocalesLas Entidades Locales participan en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de su comunidad autónoma y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. Además, pueden participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga.
Art. 13Objetivos de las prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependenciaLa atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deben orientarse a satisfacer sus derechos y a una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, con dos objetivos: a) promover la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad; y b) proteger la dignidad de las personas y garantizar el buen trato y el ejercicio pleno de todos sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 14Prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependenciaLas prestaciones pueden ser servicios o económicas, compatibles con trabajar por cuenta ajena o propia. Los servicios del Catálogo tienen carácter prioritario. La prioridad en el acceso la marca el grado; a igual grado, el tiempo de espera desde la solicitud; y a igual grado y espera, la capacidad económica. Quien no acceda al servicio tiene derecho a la prestación vinculada o a una solución transitoria. La atención será libre de sujeciones, salvo urgencia vital. Las prestaciones económicas son inembargables, salvo el supuesto del artículo 608 de la LEC.
Art. 15Catálogo de serviciosEl Catálogo de servicios comprende nueve servicios: prevención de la situación de dependencia; promoción de la autonomía personal; teleasistencia; ayuda a domicilio; asistencia personal; centro de día y de noche; cuidados y apoyos en viviendas; atención residencial; y provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Se regulan sin perjuicio del artículo 14 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Art. 16Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaLas prestaciones y servicios se integran en la Red de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma. La red de centros la forman los centros públicos autonómicos y locales, los centros de referencia estatal y los privados concertados debidamente acreditados. Las comunidades autónomas fijan el régimen jurídico y las condiciones de los concertados, teniendo especialmente en cuenta al tercer sector. Los centros privados no concertados necesitan la acreditación de la comunidad autónoma. Los poderes públicos promoverán el voluntariado y la participación del tercer sector.
Art. 17Prestación económica vinculada al servicioLa prestación económica vinculada al servicio es periódica y se reconoce únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario y según el convenio entre la AGE y la comunidad autónoma. Es de carácter personal y está, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. Las Administraciones competentes supervisarán su destino y utilización.
Art. 18Prestación económica para cuidados en el entorno familiarPuede reconocerse una prestación económica para cuidados en el entorno familiar cuando la persona dependiente lo desee, esté atendida por su entorno familiar o relacional y se den condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad de la vivienda. Busca apoyar a la persona cuidadora y la permanencia en el núcleo convivencial de origen. El Consejo Territorial acuerda las condiciones de acceso, que aprueba el Gobierno por real decreto. Excepcionalmente, puede no exigirse la convivencia si hay compromiso de cuidados sin contraprestación y viviendas próximas.
Art. 19Servicio de asistencia personal a través de prestación económicaLa prestación económica de asistencia personal se alinea con los principios de vida independiente y autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la mayor autonomía posible mediante la contratación de una asistencia personal durante un número determinado de horas, según su PIA. Las administraciones velarán por las condiciones laborales y de formación de quienes presten la asistencia personal y supervisarán el destino de la prestación.
Art. 19 bisServicio de cuidados y apoyos en viviendas a través de prestación económicaLa prestación económica de cuidados y apoyos en viviendas contribuye a contratar el servicio del artículo 24 bis. En el supuesto del artículo 24 bis.2.b), las personas que lo soliciten, cuando los cuidados se coordinen de forma participativa, pueden contratar el servicio de forma conjunta. Los servicios los prestan directamente profesionales cualificados con competencias acreditadas, o centros y servicios concertados, privados o de iniciativa social, debidamente acreditados. Las Administraciones supervisarán el destino de la prestación.
Art. 20Cuantía de las prestaciones económicasLa cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de su misma Sección no la fija la propia Ley: la acuerda el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, después, la aprueba el Gobierno mediante Real Decreto. Son dos pasos y dos órganos distintos.
Art. 21Servicio de prevención de las situaciones de dependenciaEl servicio de prevención busca prevenir la aparición o el agravamiento de la dependencia mediante actuaciones coordinadas entre servicios sociales y de salud, y programas preventivos y de rehabilitación para personas mayores, con discapacidad o con hospitalizaciones complejas. También busca disminuir, evitar o erradicar las limitaciones y restricciones sociales con accesibilidad universal e inclusión. El Consejo Territorial acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas de los Planes de Prevención que elaboren las comunidades autónomas.
Art. 21 bisServicio de promoción de la autonomía personalLos servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones sobre cómo vivir según la propia voluntad, deseos, preferencias y estilo de vida, facilitando, en su caso con los apoyos necesarios, las actividades de la vida diaria, también cuando se desarrollen en entornos digitales. El Consejo Territorial acordará la definición de los servicios mínimos comunes.
Art. 22Servicio de teleasistenciaLa teleasistencia es un servicio de atención y apoyo continuo y personalizado, prestado con tecnologías avanzadas y dispositivos accesibles universalmente. Busca la permanencia y el bienestar en el domicilio y prevenir o intervenir ante emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento. Es un derecho con independencia de otras prestaciones y complementario a las del PIA en cualquier grado. Se garantizará en zonas rurales, fronterizas o menos pobladas las 24 horas, todos los días, e incluirá videointerpretación en lengua de signos.
Art. 23Servicio de ayuda a domicilioLa ayuda a domicilio es el conjunto de actuaciones en el domicilio de la persona dependiente y en su entorno comunitario próximo, para facilitar las actividades de la vida diaria y promover su autonomía; exige formación especializada. A quienes lo soliciten se les organizará de forma coordinada, conjunta y participada si residen en la misma vivienda, en viviendas de un equipamiento colectivo en un entorno comunitario o en viviendas próximas. Si hay prestación económica vinculada y se dan esos supuestos, la contratación puede ser conjunta.
Art. 23 bisServicio de asistencia personalEl servicio de asistencia personal promueve la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas en situación de dependencia de cualquier grado y edad. Consiste en apoyos y cuidados, bajo la dirección de la propia persona, prestados por profesionales de referencia, prioritariamente con formación especializada o experiencia acreditada, conforme a un plan personal que concrete las actividades de la vida diaria y le permita desarrollar su proyecto de vida libremente elegido.
Art. 24Servicio de centro de día y de nocheEl centro de día o de noche ofrece cuidados y apoyos integrales en periodo diurno o nocturno, con enfoque comunitario, para promover la autonomía, mejorar la calidad de vida y apoyar a familias o cuidadores. El de día facilita, entre otras cosas, estimulación cognitiva y física y apoyo psicológico. Desde el centro de día pueden prestarse servicios similares a personas de domicilios próximos, en el propio centro, en otras instalaciones del entorno comunitario o en los domicilios, favoreciendo vínculos con el entorno.
Art. 24 bisServicio de cuidados y apoyos en viviendasEl servicio de cuidados y apoyos en viviendas busca que las personas, de cualquier edad y grado, desarrollen un proyecto de vida independiente, con apoyos integrales. Tiene dos modalidades: a) una vivienda donde convive un número reducido de personas dependientes, en un entorno de viviendas ordinarias, con convivencia participativa y con alojamiento y manutención incluidos; b) viviendas de un equipamiento colectivo o próximas que compartan espacios comunes, con un plan de cuidados comunes y sin alojamiento incluido.
Art. 25Servicio de atención residencialLa atención residencial ofrece un lugar para vivir en un entorno de confianza y bienestar, hogareño, inclusivo, accesible y con participación en la comunidad, con atención integral centrada en los valores, preferencias, derechos e intimidad de la persona. Puede ser permanente, cuando sea su residencia habitual, o temporal, para estancias de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de las personas cuidadoras no profesionales.
Art. 25 bisServicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personalEste servicio facilita a la persona dependiente que lo desee, durante el tiempo que lo requiera, el acceso por préstamo o cesión temporal a productos de apoyo para las actividades de la vida diaria. Producto de apoyo es todo dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico para prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones. El Consejo Territorial acuerda el catálogo mínimo común. Se excluyen los productos de la cartera del Sistema Nacional de Salud. Es complementario en cualquier grado y no reduce otros apoyos, salvo duplicidad acreditada.
Art. 26Grados de dependenciaLa dependencia se clasifica en tres grados. Grado I, moderada: ayuda para varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día, o apoyo intermitente o limitado. Grado II, severa: ayuda dos o tres veces al día, sin requerir el apoyo permanente de una persona cuidadora, o apoyo extenso. Grado III, gran dependencia: ayuda varias veces al día y, por pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, apoyo indispensable y continuo de otra persona, o apoyo generalizado. Los intervalos de cada grado se fijan en el baremo del artículo siguiente.
Art. 27Valoración de la situación de dependenciaLas comunidades autónomas determinan los órganos de valoración, de carácter público, que emiten un dictamen sobre el grado con los apoyos y cuidados que se requieran; el Consejo Territorial puede consensuar criterios comunes sobre su composición y actuación. El grado se determina solo con el baremo acordado en el Consejo Territorial y aprobado por el Gobierno mediante real decreto, que tiene como referente la CIF de la OMS. La valoración considera los informes de salud del profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de capacidades y el entorno.
Art. 28Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistemaEl procedimiento se inicia a instancia de la persona afectada o de su representante, con un plazo máximo de resolución de 3 meses. La resolución la expide la Administración autonómica de la residencia del solicitante y vale en todo el Estado. La valoración, la prescripción y la gestión de las prestaciones económicas las hacen directamente las Administraciones, sin delegación, contratación ni concierto con entidades privadas. Los expedientes siguen el orden de incoación, salvo especial vulnerabilidad, en que se tramitan de urgencia.
Art. 29Programa Individual de AtenciónLos servicios sociales públicos, de acuerdo con la persona dependiente y a propuesta de esta, establecen el Programa Individual de Atención (PIA) con las modalidades de cuidados y apoyos de su grado. Su voluntad se recoge en un trámite de consulta previa. El PIA se revisa a instancia de la persona interesada, de oficio o por cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a Ceuta y Melilla. Las prestaciones pueden modificarse o extinguirse, previa audiencia. Si fallece, la prestación para cuidados en el entorno familiar se abona hasta el último día del mes del deceso.
Art. 30Revisión del grado de dependenciaEl grado de dependencia puede revisarse a instancia de la persona interesada, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes. Las causas de revisión son solo dos: a) mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia; y b) error de diagnóstico o error en la aplicación del correspondiente baremo.
Art. 31Prestaciones de análoga naturaleza y finalidadQuien perciba una prestación económica de esta ley verá deducida de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social. En particular se deducen: el complemento de gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75 %, el complemento de necesidad de otra persona de la pensión no contributiva de incapacidad y el subsidio de ayuda a tercera persona. La deducción no se aplica a quienes tengan reconocido el Grado III+ de dependencia extrema.
Art. 32Financiación del Sistema por las Administraciones públicasLa financiación del Sistema será suficiente y se fijará anualmente en los Presupuestos. La AGE asume íntegramente el coste del nivel mínimo y garantiza una financiación equivalente al cincuenta por ciento del gasto total certificado por cada comunidad autónoma en el ejercicio precedente, sin incluir la aportación de las personas beneficiarias. Los convenios, anuales o plurianuales, fijan obligaciones y criterios de reparto (población dependiente, dispersión, insularidad, retornados…). La comunidad autónoma aportará cada año al menos lo mismo que la AGE.
Art. 32 bisDeterminación de la capacidad económicaLas comunidades autónomas desarrollan en su territorio los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias según su renta y patrimonio. Para el patrimonio se tienen en cuenta la edad de la persona y el tipo de servicio, no se computa la vivienda habitual y se fijan umbrales de renta, patrimonio y mínimos exentos adaptados a la carestía de la vida y a las circunstancias de su población. El Consejo Territorial puede consensuar criterios generales.
Art. 33La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestacionesCuando proceda, las personas beneficiarias contribuyen según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que es exclusivamente personal y también cuenta para la cuantía de las prestaciones económicas. Las comunidades autónomas regulan el copago y garantizan un mínimo exento, una cantidad mínima para gastos personales en residencia y viviendas, su actualización anual y que el copago no sea disuasorio. Se distinguen servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. Nadie queda fuera del Sistema por no tener recursos, y la información sobre copagos se publica cada año.
Art. 34Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaEl Sistema garantiza la calidad de centros y servicios evaluando los procesos de atención y, especialmente, su impacto en los derechos, la calidad de vida y el bienestar de las personas dependientes y de quienes cuidan. En el Consejo Territorial se fijan criterios comunes de acreditación de calidad con enfoque de derechos humanos, dentro del marco general de calidad de la AGE. La inspección se alinea con ese modelo y sus resultados se publican. Las comunidades autónomas establecen sistemas de alerta y respuesta rápida ante mala praxis o vulneración de derechos.
Art. 35Calidad en la prestación de los serviciosEl Consejo Territorial elabora un marco de referencia con criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de los cuidados en centros y servicios, atendiendo a su impacto en quienes reciben y prestan los cuidados. Las administraciones publican los resultados de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora. El Consejo Territorial hará público un plan de buenas prácticas. Los centros residenciales tendrán una guía de convivencia y funcionamiento con su organización, los derechos y obligaciones de las personas y su forma de participación.
Art. 35 bisGarantía de calidad en el empleoEntre los criterios comunes de acreditación de calidad, el Consejo Territorial incluirá los relativos a la calidad en el empleo: suficiencia de profesionales según el grado de dependencia, atención integral y continuada, y cualificación, competencias y formación del personal de atención directa. El Consejo Territorial, oído el Comité Consultivo, acordará indicadores de calidad del empleo y condiciones laborales (salario, jornadas, temporalidad…), desagregados al menos por sexo, edad, origen y titularidad del servicio. El Comité Consultivo será informado de su evolución.
Art. 36Formación y cualificación de profesionales y cuidadoresSe atenderá a la formación básica y permanente de profesionales y cuidadores de personas en situación de dependencia; los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para las funciones del Catálogo de servicios del artículo 15 y promoverán los programas y acciones formativas necesarios. Para garantizar la calidad, se fomentará la colaboración entre las Administraciones educativas, sanitarias, laborales y sociales, y de estas con universidades, sociedades científicas, organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer sector.
Art. 37Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la DependenciaEl Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación entre Administraciones; sus objetivos y contenidos se acuerdan en el Consejo Territorial. Incluirá datos esenciales como población protegida, listas de espera, costes y calidad. Sus estadísticas se desagregarán, al menos, por sexo, edad y grado de dependencia, respetando la protección de datos y la transparencia.
Art. 38Red de comunicacionesEl Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, usando preferentemente las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema una red de comunicaciones que facilite y proteja el intercambio de información. Su uso se somete al Reglamento (UE) 2016/679, a la Ley Orgánica 3/2018 y a los requisitos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado. Por ella se intercambia información sobre infraestructuras, situación, grado y prestación reconocida de los beneficiarios.
Art. 39Acción administrativa contra el fraudeLas Administraciones Públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos del Sistema, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas de quienes participen en él o sean beneficiarios, y establecerán medidas de control para detectar y perseguir esas situaciones. Para ello desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la Ley y ejercerán la potestad sancionadora conforme al Título III, usando en su caso la cooperación interadministrativa.
Art. 40Comité ConsultivoEl Comité Consultivo es un órgano asesor adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que hace efectiva la participación social. Informa, asesora y formula propuestas. Es tripartito (Administraciones, organizaciones empresariales y sindicales) y paritario. Sus acuerdos exigen mayoría de votos en cada parte. Lo preside el representante de la AGE que designe el Ministro y lo integran seis representantes de la AGE, seis de las Comunidades Autónomas, seis de las Entidades locales, nueve de las organizaciones empresariales y nueve de las sindicales.
Art. 41Órganos consultivosSon órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia cuatro: el Comité Consultivo del Sistema, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Todos tienen las mismas funciones: informar, asesorar y formular propuestas sobre materias de especial interés para el funcionamiento del Sistema.
Art. 42ResponsablesSolo pueden ser sancionadas por infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas responsables de los hechos. Son autores quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta, y también quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se habría podido cometer.
Art. 43InfraccionesConstituyen infracción: dificultar o impedir los derechos de la Ley; obstruir la inspección; negar información o dar datos falsos; aplicar las prestaciones económicas a otros fines o recibir ayudas incompatibles; incumplir las normas de autorización y acreditación de centros; tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia; conculcar su dignidad; generar daños o riesgos para su integridad física o psíquica; e incumplir los requerimientos específicos de las Administraciones competentes.
Art. 44Clasificación de las infraccionesLas infracciones son leves, graves o muy graves. Leves: cometidas por imprudencia o simple negligencia sin perjuicio directo. Graves: con perjuicio para las personas o con dolo o negligencia grave, y además la reincidencia de falta leve, la negativa absoluta a informar o colaborar con la inspección o el falseamiento de información, y las coacciones o represalias. Muy graves: las graves que atenten gravemente contra derechos fundamentales, causen grave perjuicio o supongan reincidencia de falta grave. Hay reincidencia si se fue sancionado en los dos últimos años.
Art. 45SancionesSanciones: pérdida de prestaciones y subvenciones para beneficiarios; multa para cuidadores no profesionales; y multa y, en su caso, pérdida de subvenciones, cese temporal o cierre para proveedores. Siempre conlleva reintegrar lo indebidamente percibido. Multas: leve, hasta 300 euros a cuidadores y hasta 30.000 a proveedores; grave, de 300 a 3.000 y de 30.001 a 90.000; muy grave, de 3.001 a 6.000 y de 90.001 a un millón. La suspensión de prestaciones va de uno a seis meses. En casos especialmente graves, suspensión de la actividad hasta cinco años o cierre.
Art. 46PrescripciónLas infracciones prescriben al año las leves, a los tres años las graves y a los cuatro años las muy graves. El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción y se interrumpe al iniciarse, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador. Las sanciones prescriben a los cinco años las impuestas por faltas muy graves, a los cuatro las graves y al año las leves.
Art. 47CompetenciasLas comunidades autónomas desarrollan el cuadro de infracciones y sanciones. La incoación, instrucción y sanción corresponden a cada Administración en su ámbito de competencias. En la AGE sanciona: las leves, el titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales; las graves, el titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad; las muy graves, el titular del Ministerio, con acuerdo previo del Consejo de Ministros si superan 300.000 euros o suponen el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.