Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios

En pocas palabras

El Consejo Territorial elabora un marco de referencia con criterios y estándares para evaluar y comparar la calidad de los cuidados en centros y servicios, atendiendo a su impacto en quienes reciben y prestan los cuidados. Las administraciones publican los resultados de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora. El Consejo Territorial hará público un plan de buenas prácticas. Los centros residenciales tendrán una guía de convivencia y funcionamiento con su organización, los derechos y obligaciones de las personas y su forma de participación.

Explicación sencilla

Concreta cómo se mide y se hace pública la calidad: un marco común de evaluación comparada elaborado por el Consejo Territorial y la publicación de los resultados de cada proveedor. Añade una obligación concreta para las residencias: disponer de una guía de convivencia y funcionamiento.

Regla mnemotécnica

Calidad medida y publicada: marco de referencia (Consejo Territorial), resultados de cada proveedor públicos y, en las residencias, guía de convivencia y funcionamiento.

Trampa típica de examen

Extender la obligación de tener guía de convivencia y funcionamiento a todos los servicios: el artículo la impone a los centros residenciales.

Texto del artículo 35 de la Ley 39/2006 (LAPAD)

1. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborará un marco de referencia con criterios y estándares que faciliten la evaluación y análisis comparado de la calidad de los cuidados y apoyos en centros y servicios, desde la perspectiva de derechos humanos, atención personalizada y enfoque comunitario. La evaluación prestará especial atención al impacto de los cuidados en la satisfacción de derechos y la calidad de vida tanto de las personas atendidas como de quienes los prestan. Se atenderá, de manera específica, a la evaluación del impacto de los cuidados y apoyos en la satisfacción de los derechos y la calidad de vida de las personas que los reciben y en la de quienes los prestan. Asimismo, se garantizará el análisis comparado de los centros y servicios del Sistema. 2. Con objeto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, las administraciones competentes, difundirán y publicarán información detallada respecto al resultado de las evaluaciones de cada entidad o empresa proveedora de servicios a partir de datos fiables y comparables. 3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, el Consejo Territorial debatirá y hará público un plan de elaboración y publicación de buenas prácticas, recomendaciones y directrices. 4. Los centros residenciales habrán de disponer de una guía de convivencia y funcionamiento que contendrá, entre otras cuestiones, la forma de organización y funcionamiento de la prestación del servicio; los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia y la forma de participación de estas, siguiendo con lo estipulado en el marco de las competencias de las comunidades autónomas respecto a centros residenciales.

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