Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Artículo 19 bis. Servicio de cuidados y apoyos en viviendas a través de prestación económica

En pocas palabras

La prestación económica de cuidados y apoyos en viviendas contribuye a contratar el servicio del artículo 24 bis. En el supuesto del artículo 24 bis.2.b), las personas que lo soliciten, cuando los cuidados se coordinen de forma participativa, pueden contratar el servicio de forma conjunta. Los servicios los prestan directamente profesionales cualificados con competencias acreditadas, o centros y servicios concertados, privados o de iniciativa social, debidamente acreditados. Las Administraciones supervisarán el destino de la prestación.

Explicación sencilla

Permite financiar el servicio de cuidados y apoyos en viviendas cuando se contrata fuera de la oferta pública. Su particularidad es la contratación conjunta: varias personas pueden contratar juntas el servicio si lo solicitan y los cuidados se coordinan de forma participativa.

Regla mnemotécnica

Contratación conjunta = S + P: que lo Soliciten y que los cuidados se coordinen de forma Participativa.

Trampa típica de examen

Pensar que cualquier profesional puede prestar el servicio: debe tener la debida cualificación y haber acreditado sus competencias, o tratarse de centros y servicios concertados debidamente acreditados.

Texto del artículo 19 bis de la Ley 39/2006 (LAPAD)

1. La prestación económica de cuidados y apoyos en viviendas tiene como finalidad contribuir a la contratación del servicio de cuidados y apoyos en viviendas previsto en el artículo 24 bis para las personas en situación de dependencia. 2. En el supuesto previsto en el artículo 24 bis.2.b), aquellas personas en situación de dependencia que así lo soliciten, cuando los cuidados sean coordinados de forma participativa, podrán contratar el servicio de forma conjunta. 3. Los servicios se prestarán directamente por profesionales con la debida cualificación y habiendo acreditado sus competencias, o a través de centros y servicios concertados, ya sean privados o de iniciativa social, debidamente acreditados. 4. Las Administraciones competentes supervisarán el destino de esta prestación al cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida.

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