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Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía

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Art. 1ObjetoLa ley tiene cuatro objetos: a) promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en el marco de la Convención Internacional, incidiendo en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal; b) impulsar una sociedad inclusiva y accesible, con énfasis especial en mujeres y niñas; c) asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas; d) establecer el régimen sancionador autonómico en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Art. 2Ámbito subjetivo de aplicaciónLa ley se aplica a las personas con discapacidad con vecindad administrativa en Andalucía, definidas según los apartados 1 y 2 del artículo 4 del texto refundido estatal (RDLeg 1/2013). A efectos de servicios de prevención se asimilan los estados previos. Los andaluces en el exterior acceden según la Ley 8/2006; los extranjeros, según la normativa de extranjería. Siempre hay que cumplir los requisitos específicos de cada prestación. También se aplica a familias, representantes legales y entidades que las representan.
Art. 3Calificación y reconocimiento de la situación de discapacidadEl procedimiento para reconocer, declarar y calificar la situación de discapacidad sigue los criterios y normas aprobados por la legislación estatal. La competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Art. 4DefinicionesDefine 21 conceptos. Entre los más preguntables: discapacidad (interacción entre deficiencias previsiblemente permanentes y barreras); discriminación directa, indirecta y por asociación; acoso; ajustes razonables (sin carga desproporcionada o indebida); accesibilidad cognitiva (para discapacidad intelectual); diálogo civil; dependencia (estado permanente); atención infantil temprana (población infantil menor de 6 años, familia y entorno); perros de asistencia (adiestrados en centros oficialmente homologados y con distintivo oficial).
Art. 5FinesEnumera dieciséis fines esenciales (letras a a o, con la ñ): igualdad de oportunidades y erradicación de la discriminación, con especial hincapié en la doble discriminación de las mujeres con discapacidad; participación activa; visibilidad y empoderamiento; prevención de discapacidad y dependencia; vida independiente; accesibilidad universal; apoyo a cuidadores y familias; perspectiva de género; protección frente a la violencia; respeto a la imagen; empleo. Estos fines buscan un modelo de intervención social basado en la autonomía personal.
Art. 6Principios de actuaciónRemitiéndose al artículo 3 del texto refundido estatal, fija trece principios que rigen las políticas públicas de las Administraciones Públicas de Andalucía para la población con discapacidad: dignidad, autonomía e independencia; vida independiente; no discriminación; respeto por la diferencia; igualdad de oportunidades; igualdad entre mujeres y hombres; normalización; accesibilidad universal; diseño universal; participación e inclusión plenas; diálogo civil; desarrollo de la personalidad e identidad, en especial de niñas y niños; transversalidad.
Art. 7Lengua de signos española, braille y medios de apoyo a la comunicación oral y escritaEl uso y aprendizaje de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera se rigen por la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, y por la normativa de accesibilidad y no discriminación, sin perjuicio de esta ley. Las Administraciones Públicas, en la medida de sus competencias, promoverán y favorecerán el uso del braille para la comunicación accesible de personas ciegas o con discapacidad visual.
Art. 8Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminaciónPara garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deben adoptar cuatro tipos de medidas: contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad.
Art. 9Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidadesSe vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades cuando, por motivo o por razón de discapacidad, se produce: discriminación directa o indirecta, discriminación por asociación, acoso, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, o incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.
Art. 10Medidas de acción positiva en beneficio de personas en especial situación de vulnerabilidadSe adoptarán medidas de acción positiva adicionales en los ámbitos con mayor grado de discriminación, incluida la múltiple, o con mayor desigualdad por razón de edad, sexo, pluridiscapacidad, dependencia, necesidad o exclusión social, estigma social, mayores necesidades de apoyo para la autonomía o la toma libre de decisiones, o residencia en el medio rural.
Art. 11Mujeres y niñas con discapacidadLas Administraciones Públicas andaluzas tendrán en cuenta las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones. Las políticas de violencia de género incluirán medidas específicas para ellas, al menos: accesibilidad a los centros de información a las mujeres dependientes de la Administración local; accesibilidad del servicio integral de atención y acogida (centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados); accesibilidad del teléfono de información a la mujer para mujeres con discapacidad auditiva; y estadísticas específicas.
Art. 12Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de AndalucíaEl Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía es el instrumento de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas de la ley dirigidas a solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones.
Art. 13Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de AndalucíaLa Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía gestiona y administra en la Comunidad el sistema arbitral del artículo 74 del texto refundido estatal. Resuelve, con carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de personas con discapacidad en Andalucía que no sean de la Junta Arbitral Central estatal, siempre que no haya indicios racionales de delito. Está adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Art. 14Atención integralLa atención integral son los procesos o medidas para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo y autonomía, su máxima independencia y su inclusión plena, así como la obtención de un empleo adecuado. Sus programas deben comenzar en la etapa más temprana posible y basarse en una evaluación multidisciplinar de necesidades, capacidades y oportunidades del entorno. Las Administraciones coordinan salud, empleo, educación y servicios sociales para una oferta próxima, suficiente y diversificada, en zonas rurales y urbanas.
Art. 15Protección del derecho a la saludLas Administraciones Públicas de Andalucía desarrollarán y establecerán programas, procesos asistenciales y actuaciones específicas para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, promover su nivel más alto de salud y bienestar y prevenir la discapacidad o su agravamiento. La Administración podrá cooperar con el sector asociativo de las personas con discapacidad y sus familias. Los servicios de salud asegurarán la accesibilidad.
Art. 16Medidas del sistema sanitario público de AndalucíaEl sistema sanitario público de Andalucía, además de las medidas de las normas sanitarias, impulsará una lista de medidas (letras a a o): medios y ajustes razonables con enfoque de género, accesibilidad en gestión y emergencias, entidades en órganos de participación, salud mental y atención sexual y reproductiva, información y consentimiento accesibles, accesibilidad en emergencias para la discapacidad auditiva, ayudas para prótesis y órtesis a familias vulnerables y protocolos de asesoramiento genético prenatal y para nuevas enfermedades de la CIE.
Art. 17Atención infantil tempranaTiene derecho a la atención infantil temprana la población infantil menor de seis años con discapacidad, con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. Comprende información, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo familiar en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales. El modelo incluye actuación coordinada, recursos, un sistema de información y el protocolo del Decreto 85/2016. Puede organizarse mediante conciertos sociales, distintos de la contratación del sector público.
Art. 18Protección del derecho a la educaciónLas Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán una educación inclusiva, permanente, gratuita y de calidad. Los centros sostenidos con fondos públicos y privados no podrán denegar, por discapacidad, el acceso a servicios y actividades susceptibles de ajustes razonables. La escolarización será en centros ordinarios; solo excepcionalmente en centros específicos de educación especial o unidades sustitutivas, y siempre considerando la opinión de padres o tutores. El acceso a los centros sostenidos con fondos públicos será en las mismas condiciones que el resto.
Art. 19Medidas del sistema educativo público de AndalucíaEl sistema educativo público de Andalucía atenderá al alumnado con discapacidad con necesidades especiales de apoyo con medidas (letras a a p): detección e intervención temprana, medios y apoyos, adaptación al braille y descripción en audio, materiales accesibles, distribución equilibrada del alumnado, atención personalizada en centros hospitalarios o domicilios si es necesario, prevención del acoso y del abandono escolar, ajustes razonables, orientación a familias, formación del profesorado, protocolos coordinados y supervisión de la inspección educativa.
Art. 20Estrategia para la Educación Inclusiva en AndalucíaLa Consejería competente en materia de educación elaborará una estrategia para la educación inclusiva en Andalucía, instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas a la plena inclusión educativa. Además, incluirá al alumnado con discapacidad en todas sus estadísticas e indicadores de evaluación y fomentará estudios de evaluación de las medidas desde la perspectiva de plena inclusión.
Art. 21Orientación posterior a la etapa escolarLas personas con discapacidad que hayan agotado el tiempo máximo de permanencia en la educación básica y obligatoria y no sigan formándose en el sistema educativo recibirán orientación sobre formación e inserción sociolaboral, incluidas prácticas en empresas, adaptada a sus necesidades, de los servicios de las Administraciones con competencias en los ámbitos social, educativo y laboral.
Art. 22Medidas en el ámbito de la educación universitariaLas universidades andaluzas tendrán un censo del alumnado con discapacidad (edad, sexo, tipo y grado, título y apoyos), una unidad o servicio de atención a la discapacidad y un plan de accesibilidad universal con medidas contra estereotipos. Harán adaptaciones curriculares cuando el alumno lo solicite, si no impiden alcanzar los objetivos, oyendo a la persona. Formarán a su personal, promoverán la movilidad, serán oídas en los planes de empleo y de acción integral y estarán representadas en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.
Art. 23Servicios complementariosLas Administraciones Públicas de Andalucía realizarán convocatorias específicas de becas y ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y la manutención del alumnado con discapacidad, cuando las circunstancias así lo exijan.
Art. 24Protección del derecho al trabajoLas Administraciones Públicas de Andalucía velarán por la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el acceso al empleo, la formación, la cualificación y promoción profesionales, las condiciones de trabajo y la seguridad y salud laborales. Harán políticas de formación profesional y empleo y medidas de acción positiva para su acceso y permanencia en el mercado laboral, incluido el empleo por cuenta propia y en cooperativas, teniendo en cuenta la situación de las mujeres.
Art. 25Políticas de formación profesional para el empleoLa oferta general de formación para el empleo tendrá en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, con colaboración y consulta de sus entidades. Además habrá planes específicos con itinerarios de formación, prácticas no laborales en empresas o acompañamiento a la inserción, que pueden desarrollar entidades sin ánimo de lucro, Administraciones locales y otras instituciones o empresas públicas. El alumnado con discapacidad podrá acceder a becas y ayudas en los términos reglamentarios.
Art. 26Políticas de empleoEl Servicio Andaluz de Empleo, directamente o mediante entidades colaboradoras, orientará y colocará a las personas con discapacidad demandantes de empleo. La Consejería competente en materia de empleo, a través de él, fomentará su empleo con las ayudas del artículo 39 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, e impulsará el cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo por las empresas.
Art. 27Plan de empleo de las personas con discapacidadEl Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en empleo, función pública y formación, formulará y aprobará periódicamente el plan de empleo de las personas con discapacidad. Incluirá objetivos de empleo ordinario, con apoyo, protegido, formación y autónomo, con perspectiva de género y memoria económica. Se revisará al menos cada cuatro años y se publicará en la web de la Consejería de empleo. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales. Habrá ayudas económicas específicas.
Art. 28Empleo públicoEn acceso, promoción interna y provisión de puestos se garantiza la igualdad de oportunidades. Acción positiva: exención de pruebas, concurso para personal laboral y reserva no inferior al 10% de vacantes en ofertas de empleo público y bolsas temporales, con un 2% para discapacidad intelectual y un 1% para enfermedad mental (grado igual o superior al 33%). Las plazas reservadas no cubiertas se acumulan a ofertas posteriores hasta un límite del 10%. Habrá adaptaciones en el proceso y en el puesto, y cabe una prueba de situación para la discapacidad intelectual.
Art. 29Medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleoTendrán prioridad las ayudas a cursos y acciones de formación para el empleo dirigidos a personas con discapacidad. En los cursos organizados o financiados en más de un 50% por la Junta se reservará un 5% de plazas y, como mínimo, una plaza. También se reservará al menos el 5% en Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y otros programas de políticas activas. Se promoverá la colaboración con entidades sin ánimo de lucro para actividades formativas, en especial en habilidades prelaborales.
Art. 30Salud y seguridad laboralLas Administraciones Públicas competentes adoptarán medidas para que las personas trabajadoras con discapacidad trabajen en condiciones seguras y saludables, teniendo en cuenta sus circunstancias en la evaluación de riesgos de cada puesto. No se podrá impedir el acceso a un puesto alegando prevención de riesgos laborales si los riesgos pueden corregirse con ajustes razonables.
Art. 31Formación de empleados públicosLa Consejería competente en materia de administración pública, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, fomentará la formación integral de los empleados públicos que trabajan con personas con discapacidad. Además establecerá programas de especialización y actualización, generales y específicos para cada discapacidad, dirigidos a las personas empleadas públicas con discapacidad.
Art. 32Derecho a la protección socialLas Administraciones Públicas de Andalucía competentes en el Sistema Público de Servicios Sociales velarán por el derecho de las personas con discapacidad a recibir, con garantías de suficiencia y sostenibilidad, servicios y prestaciones para sus necesidades personales, el desarrollo de su personalidad y su inclusión en la comunidad. Las medidas contra la exclusión social incluirán la discapacidad entre los factores para su concesión.
Art. 33Criterios de actuaciónLas prestaciones de servicios sociales para la población con discapacidad se rigen por criterios (letras a a ñ): autonomía e independencia, atención integral, libertad para decidir dónde y con quién vivir, prevención del abuso o maltrato, participación, proximidad al entorno habitual, accesibilidad y diseño universal, atención a la diversidad, preferencia por recursos gestionados por las propias personas o sus organizaciones, apoyo a las familias, igualdad de género, tecnologías, calidad, formación y coordinación con otros servicios públicos.
Art. 34Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de AndalucíaEl Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía desarrollará las prestaciones del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley 39/2006, más otras complementarias. La Comunidad podrá crear prestaciones económicas periódicas para quien no cubra sus necesidades básicas, distintas y compatibles con las de la Seguridad Social y del Estado. Habrá subvenciones para ayudas técnicas, centros, movilidad y comunicación. Caben conciertos sociales, con preferencia, en igualdad de condiciones, por entidades sin ánimo de lucro del sector.
Art. 35Voluntariado social
Art. 36Centros de valoración y orientación de personas con discapacidadLos centros de valoración y orientación son la estructura pública que valora y orienta a las personas con discapacidad y asesora a ellas y a sus familias. Les corresponde valorar y calificar la discapacidad, fijando tipo y grado, base de medidas, derechos y servicios; los pensionistas del artículo 4.2 del texto refundido acreditan su grado según la normativa estatal. Dependen de la Consejería competente en servicios sociales, que vela por su calidad; su organización, funciones y el procedimiento de reconocimiento del grado se desarrollan por reglamento.
Art. 37Atención en supuestos de penas de privación de libertadLa Consejería competente en materia de servicios sociales colaborará en la atención a las personas con discapacidad psíquica privadas de libertad por decisión judicial en centros penitenciarios y promoverá programas sociales que juzgados y tribunales puedan adoptar como medidas sustitutivas. Sus servicios sociales especializados se coordinarán con la Administración penitenciaria y con el Poder Judicial.
Art. 38Asistencia personalSe reconoce el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente en la comunidad y en igualdad de oportunidades. Se regularán las condiciones autonómicas de acceso a la prestación de asistencia personal de la Ley 39/2006, y la Consejería competente en servicios sociales promoverá programas de asistencia personal.
Art. 39Viviendas para la promoción de la autonomía personalLa Consejería competente en servicios sociales, con las Administraciones de vivienda, promoverá un servicio de alojamiento y convivencia en viviendas normalizadas: tuteladas, de alojamiento permanente de personas con discapacidad; compartidas, donde conviven temporalmente personas con y sin discapacidad; u otras de apoyo a la vida independiente. Su objetivo es fomentar la autonomía personal y la inclusión social. Los requisitos de acceso se fijarán por reglamento.
Art. 40Infancia y juventud con discapacidadLas prestaciones de servicios sociales para menores de edad tendrán en cuenta la situación de los niños y niñas con discapacidad, con recursos y apoyos adecuados a sus necesidades. Los programas de transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad que hayan sido objeto de medidas de protección de menores incluirán apoyos y ajustes razonables para promover su autonomía personal.
Art. 41Protección del derecho a la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocioLas Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar, en igualdad y sin discriminación, de bienes y servicios accesibles en la cultura, el turismo, la actividad física y el deporte y las actividades recreativas o de esparcimiento, según cada discapacidad. Las entidades públicas o privadas que ofrecen estas actividades incorporarán los recursos humanos y materiales adecuados.
Art. 42Inclusión y atención especialLas iniciativas de cultura, turismo, deporte, actividades recreativas o de mero esparcimiento atenderán a las características individuales de las personas con discapacidad, y será preferente su inclusión en las actuaciones dirigidas a toda la población, sin perjuicio de las medidas específicas que puedan establecerse.
Art. 43Medidas de fomentoLas Administraciones Públicas de Andalucía establecerán cauces normativos, medidas de fomento y ayudas, contando con los representantes de las asociaciones de discapacidad, para facilitar el acceso a actividades de ocio, culturales y deportivas, de iniciativa pública o privada. Se promoverán medios formativos accesibles para desarrollar capacidades creativas, artísticas e intelectuales, y se atenderá especialmente a las nuevas tecnologías accesibles en la oferta de cultura, turismo y deporte.
Art. 44Protección del derecho a la vida independiente, la accesibilidad universal y diseño para todas las personasLas Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el derecho a una vida independiente y a la plena participación mediante medidas de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, que tendrá en cuenta a quienes tienen capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría. Se actuará conforme a este título y al capítulo V del título I del texto refundido estatal, y las Administraciones exigirán la normativa de accesibilidad con mecanismos de control administrativo.
Art. 45Condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómicasLa Administración de la Junta de Andalucía regulará, sin perjuicio de las condiciones básicas estatales y con apoyos complementarios, las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los entornos físicos, la información y comunicación, y los bienes, productos y servicios, para que los use el mayor número de personas posible, sean cuales sean sus capacidades funcionales, garantizando la igualdad de oportunidades.
Art. 46Espacios públicos urbanizados y edificacionesVías y espacios públicos urbanizados, incluidos los privados de uso público, y edificaciones de uso público y privado deben cumplir la accesibilidad universal. Es exigible para visados, planeamiento, licencias y autorizaciones, y se justifica en la memoria. Si es imposible cumplirla del todo, cabe aprobar el proyecto de forma excepcional y motivada, mejorando lo existente con soluciones alternativas. Pueden ocuparse espacios libres o de dominio público para ascensores o rampas si no hay otra solución viable técnica o económicamente.
Art. 47Espacios naturalesEl diseño de los equipamientos de uso público de los espacios naturales y, en general, del medio natural, deberá reunir las condiciones de accesibilidad que fije el reglamento, para promover su uso y disfrute por personas con discapacidad. Además se procurará atender al principio de diseño universal.
Art. 48Instalaciones temporales de espectáculos públicos, actividades recreativas y, en general, de cualquier otra actividad de carácter cultural o socialLas instalaciones temporales destinadas a espectáculos públicos, actividades recreativas u otras actividades de carácter cultural o social cumplirán las condiciones de accesibilidad que establezca el reglamento, de modo que permitan su uso no discriminatorio por las personas con discapacidad.
Art. 49Medios de transporte públicoLos transportes públicos de viajeros de competencia autonómica y local cumplirán la accesibilidad en los términos y plazos de la normativa y serán fácilmente identificables. Las Administraciones de transporte y sus entes tendrán un plan de accesibilidad actualizado, con formación del personal de conducción, a quien se formará periódicamente; la materia se incluirá en la formación vial. La Junta, con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, hará un programa de bonotaxis para quien no pueda usar el transporte público.
Art. 50Acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del públicoQuien venda bienes mediante máquinas expendedoras o suministradoras automáticas, en el sector público o privado, debe garantizar que sean utilizables por personas con discapacidad con plena accesibilidad, autonomía, seguridad y comodidad; si no es posible, contará con medios alternativos materiales o humanos. Las gasolineras automáticas o de autoservicio cumplirán las normas UNE indicadas o, si no, tendrán en horario diurno (de 7.00 a 22.00 horas) una persona responsable que atienda a quien tenga dificultades.
Art. 51Relaciones con las Administraciones Públicas de AndalucíaLas oficinas de atención a la ciudadanía de las Administraciones Públicas de Andalucía cumplirán las exigencias de accesibilidad universal, desarrolladas por reglamento en lo arquitectónico, la información, la comunicación y la administración electrónica. Los procesos electorales y consultas populares que gestionen serán accesibles en los términos reglamentarios. Se promoverá que la información sea inteligible y comprensible para las personas con discapacidad intelectual.
Art. 52Perros de asistenciaLa Administración de la Junta de Andalucía promoverá el uso de perros de asistencia para la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que lo necesiten, garantizando su libre acceso, en la forma que se determine, a lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público, sin gasto adicional alguno para esas personas.
Art. 53Planes de accesibilidadLa Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales deben aprobar, en las condiciones y plazos que fije la normativa aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias de accesibilidad. Estos planes se revisarán y, en su caso, actualizarán cada cinco años.
Art. 54Uso preferente de alojamientos y espacios accesiblesLos establecimientos de uso residencial público tendrán alojamientos accesibles de uso preferente por personas con discapacidad, y los espacios con asientos fijos (salones de actos, auditorios, cines…) plazas reservadas para ellas y sus acompañantes, en el número y condiciones reglamentarios. Su ubicación no será discriminatoria y, si están solo en las zonas de mayor precio, la persona con discapacidad pagará el de la zona más económica.
Art. 55Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesiblesEn los estacionamientos de vías y espacios públicos y edificios de uso público se reservará un porcentaje de plazas, fijado por reglamento, para titulares de la tarjeta de aparcamiento. Los principales centros de actividad de los núcleos urbanos tendrán como mínimo una plaza reservada por cada cuarenta plazas o fracción; los ayuntamientos delimitan esos centros por ordenanza. Los ayuntamientos facilitarán plazas junto al trabajo o domicilio y regularán el acceso gratuito a las zonas de estacionamiento limitado.
Art. 56Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducidaLa Consejería competente en servicios sociales regulará la concesión de la tarjeta de aparcamiento a las personas del artículo 3.1 a) y b) del Real Decreto 1056/2014 u otras con dificultades de desplazamiento. Por razones humanitarias se dará con carácter provisional a quien tenga movilidad reducida no dictaminada por una enfermedad de extrema gravedad. También pueden obtenerla los titulares de vehículos de transporte colectivo de personas con discapacidad. La Policía Local controla su uso, y el uso indebido se sanciona según el título XIII.
Art. 57Viviendas convertiblesLa Administración de la Junta de Andalucía fomentará el diseño de viviendas convertibles: las que, con modificaciones de escasa entidad que no afecten a su configuración esencial, pueden transformarse para adaptarse a personas con capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría. La Consejería competente en materia de vivienda las regulará.
Art. 58Viviendas reservadasEn las promociones de vivienda protegida, o de otro carácter construidas, promovidas o subvencionadas por las Administraciones, se reservará un mínimo del 4% de viviendas para personas con discapacidad. Deben permitir un uso cómodo y seguro y pueden ofertarse sin distribución interior definitiva. Si no se adjudican a personas con discapacidad o a familias con alguna, se ofrecerán, antes del cupo general, a entidades sin ánimo de lucro de vivienda o vida independiente. Si las recibe una persona con discapacidad auditiva, tendrán aviso visual o luminoso y videoportero.
Art. 59Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendasLas obras de ajustes razonables de accesibilidad en espacios comunes de edificios residenciales colectivos o en el acceso o interior de viviendas, para mejorar la vida de personas con discapacidad o mayores de 65 años residentes, serán preferentes en cualquier convocatoria de ayudas a la rehabilitación. La Consejería de vivienda y rehabilitación considerará a mayores y personas con discapacidad grupo de especial protección en su planificación y fomentará programas de adaptación funcional de viviendas.
Art. 60Tecnologías de la información y la comunicaciónLa Consejería competente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones fomentará el uso de las tecnologías accesibles a las personas con discapacidad, para que puedan utilizarlas en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Art. 61Investigación y redes del conocimientoLa Administración de la Junta de Andalucía impulsará estudios e investigaciones para mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, y sobre accesibilidad y diseño universal. En la investigación se colaborará con las universidades andaluzas, las entidades representantes de personas con discapacidad y otras entidades investigadoras. Se fomentarán redes del conocimiento para la divulgación científica.
Art. 62Autonomía en la toma de decisionesLas personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía y a tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir de acuerdo con sus normas y preferencias. Con esta finalidad se impulsarán y facilitarán instrumentos de autotutela adaptados a sus circunstancias particulares.
Art. 63Interés superiorToda persona con discapacidad tiene derecho a que su interés superior se valore y considere primordial en todas las acciones y decisiones que le afecten, en el ámbito público y en el privado. Si no pueden respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, prevalecerá el interés superior de la persona con discapacidad sobre cualquier otro interés legítimo.
Art. 64Apoyo en el proceso de toma de decisionesLa Junta, coordinada con la autoridad judicial, promoverá el acceso de las personas con discapacidad al apoyo que necesiten mediante entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, conforme al Código Civil. Estas entidades procurarán la inclusión y la máxima recuperación de capacidades y respetarán la voluntad, deseos y preferencias de la persona, que como regla general decide por sí misma. El acceso a su protección jurídica y social es gratuito; la aportación de la persona usuaria se determina judicialmente.
Art. 65Derechos y garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de díaLas personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y de día tienen, además de los derechos de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, derecho a participar y ser oídas, por sí o por sus representantes, en las decisiones sobre atención y convivencia. Toda medida de aislamiento, restricción de libertades u otra extraordinaria debe aprobarla la autoridad judicial; si por urgencia se adopta de inmediato, se le comunicará de modo inmediato y como máximo en 24 horas.
Art. 66Especial protección de las personas con discapacidad en su condición de consumidorasLas Administraciones Públicas de Andalucía competentes en consumo garantizarán los derechos de las personas consumidoras con discapacidad frente a prácticas comerciales abusivas, establecerán programas y actividades para protegerlos y prevenir obstáculos al acceso normalizado a productos, bienes y servicios, y desarrollarán la atención e información de consumo con principios de accesibilidad universal.
Art. 67Medios de comunicación socialLos poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que actúan en Andalucía den una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad. Los medios gestionados directamente por la Junta incluirán contenidos sobre su realidad y necesidades. El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará cada año un informe sobre el tratamiento de su imagen y la accesibilidad en los medios audiovisuales de su ámbito.
Art. 68Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisualPara garantizar el derecho a la información y la comunicación, los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación audiovisual que actúan en Andalucía cumplan las condiciones de accesibilidad universal de la normativa sectorial. Se fomentará el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que se regirá por su legislación específica.
Art. 69Intervención en caso de publicidad discriminatoriaLa Consejería competente en materia de servicios sociales, en colaboración con las demás consejerías con competencias en publicidad, llevará a cabo las actuaciones necesarias para que la publicidad y las propagandas comerciales no atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad.
Art. 70Plan de acción integral para las personas con discapacidad en AndalucíaEl Plan de acción integral es el instrumento de la Junta para coordinar las políticas de esta ley, salvo las de empleo, que van al Plan de empleo. Lo formula y aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de servicios sociales, responsable de impulsarlo y seguirlo. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales y de consumidores, a través del Consejo Andaluz. Se revisa al menos cada cuatro años, se publica en la web de la Consejería y tiene indicadores y memoria final.
Art. 71Medidas de atención a mujeres con discapacidadEl Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía incluirá estrategias para que accedan, en igualdad con los hombres, a derechos, bienes y recursos y ganen autonomía. Lo formula y aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de servicios sociales, que lo impulsa, coordina, elabora y sigue. Participan la Junta, las entidades, la Administración local y los agentes sociales y de consumidores a través del Consejo Andaluz. Se revisa al menos cada cuatro años y se publica en la web de la Consejería.
Art. 72Memoria de seguimiento de la leyLa Consejería competente en materia de servicios sociales, con las Administraciones implicadas, elaborará cada año una memoria de seguimiento de la ejecución de las medidas de esta ley, que tendrá en cuenta el impacto de género en mujeres y niñas con discapacidad. La memoria se presenta en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, se remite al Parlamento de Andalucía y se publica en la web de la Consejería.
Art. 73MediosLas Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de esta ley y, de acuerdo con sus competencias, destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
Art. 74Sistemas de gestión y calidadLos sistemas de gestión y calidad de la Administración de la Junta de Andalucía incluirán indicadores que permitan evaluar el nivel de accesibilidad universal de los servicios públicos, de modo que la accesibilidad se mida como parte de la calidad.
Art. 75Estudios y estadísticasEn los estudios y estadísticas de la Administración de la Junta de Andalucía se promoverá la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad y de indicadores que midan la efectividad de las medidas adoptadas para fomentar su igualdad de oportunidades.
Art. 76Contratación públicaLas Administraciones andaluzas impulsarán una contratación socialmente responsable con cláusulas sociales para el empleo de personas con discapacidad y la accesibilidad. La Junta y sus entes exigirán a los licitadores acreditar la reserva legal de empleo o medidas alternativas y reservarán al menos un 5% del importe total anual de su contratación a centros especiales de empleo, en las condiciones de un Acuerdo del Consejo de Gobierno. En empate, prefieren las empresas con más del 2% de trabajadores con discapacidad y, entre ellas, la de mayor porcentaje de fijos.
Art. 77Fomento de la accesibilidadLos centros directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, establecerán ayudas públicas, y estas se destinan a financiar ajustes razonables en materia de accesibilidad universal.
Art. 78Toma de conciencia socialLa Administración de la Junta de Andalucía arbitrará medidas de información, formación y toma de conciencia social dirigidas a toda la población, para promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Art. 79Consejo Andaluz de Atención a las Personas con DiscapacidadEl Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento que impulsa y coordina la ley, vela por su cumplimiento y sigue la acción de los poderes públicos. Lo integran la Junta, entidades locales, movimiento asociativo, familias, empresarios, sindicatos y consumidores, con representación equilibrada. Informa con carácter facultativo los proyectos normativos y, previamente a su aprobación, los planes de los artículos 27 y 70. Está adscrito a la Consejería de servicios sociales.
Art. 80Participación socialEn la elaboración de planes, programas o cualquier actuación pública para aplicar las medidas de esta ley, se preverán instrumentos y cauces que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus familias o de sus entidades representantes, así como de los agentes económicos y sociales más representativos.
Art. 81Colaboración con la iniciativa socialLas Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes impulsarán la colaboración con la iniciativa social mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico, con especial atención a las entidades sin ánimo de lucro promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o representantes. Para contratar servicios de entidades sin ánimo de lucro representativas podrán usar conciertos u otras fórmulas distintas de la contratación pública, conforme a la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía.
Art. 82Potestad sancionadora y régimen jurídicoLa Junta de Andalucía ejerce la potestad sancionadora en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, conforme al capítulo I del título III del texto refundido estatal y a este título. Pero en las infracciones por incumplir la accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, la potestad sancionadora corresponde a los ayuntamientos, según el artículo 9 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
Art. 83Órganos competentes y procedimientoInician los procedimientos sancionadores los órganos territoriales provinciales de la Consejería de servicios sociales donde ocurran los hechos; si exceden la provincia, instruye la Dirección General de inclusión social de las personas con discapacidad. Resuelven: leves, el titular del órgano territorial; graves, el de esa Dirección General (si exceden la provincia, el de la Secretaría General con competencias en servicios sociales o, en su defecto, la Secretaría General Técnica); muy graves, el titular de la Consejería.
Art. 84InfraccionesLeves: incumplir obligaciones meramente formales y las normas de la tarjeta de aparcamiento. Graves, entre otras: trato menos favorable, incumplir la accesibilidad limitando gravemente el acceso, negarse a un ajuste razonable requerido, represalias, obstaculizar la inspección, vejaciones y repetir la misma leve por segunda vez en tres meses. Muy graves, entre otras: acoso, incumplir reiteradamente requerimientos, impedir gravemente el acceso, impedir totalmente la inspección y tres graves en un año.
Art. 85SancionesMultas: leves, 301 a 30.000 euros (grado mínimo hasta 6.000, medio hasta 18.000, máximo hasta 30.000); graves, 30.001 a 90.000; muy graves, 90.001 a 1.000.000. El uso indebido de la tarjeta de aparcamiento se multa igual, pero al titular solo se le retira la tarjeta: leves, uno a seis meses; graves, seis a doce; muy graves, doce a veinticuatro. Si la sanción es solo pecuniaria, hay una reducción de al menos el 20%, condicionada a renunciar a recursos en vía administrativa, y ampliable por reglamento.
Art. 86Prescripción de las sancionesLas sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año; las impuestas por faltas graves, a los cuatro años, y las impuestas por faltas muy graves, a los cinco años. Son tres plazos distintos según la gravedad de la falta sancionada.
Art. 87Requerimientos de la Administración autonómicaSi se denuncian incumplimientos de accesibilidad en espacios públicos urbanizados o edificaciones promovidos por iniciativa pública, la Consejería de servicios sociales podrá requerir formalmente a la Administración incumplidora que haga las adecuaciones necesarias en un plazo. Si es una entidad local y el incumplimiento persiste pasado el plazo, se adoptarán las medidas necesarias a su costa y en su sustitución, según el artículo 60 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local.