Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía

Artículo 13. Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía

En pocas palabras

La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía gestiona y administra en la Comunidad el sistema arbitral del artículo 74 del texto refundido estatal. Resuelve, con carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de personas con discapacidad en Andalucía que no sean de la Junta Arbitral Central estatal, siempre que no haya indicios racionales de delito. Está adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

Explicación sencilla

Crea la vía arbitral andaluza para resolver conflictos de igualdad y no discriminación sin acudir a los tribunales, con laudos ejecutivos y vinculantes. Delimita su alcance frente a la Junta Arbitral Central y excluye los casos con indicios de delito.

Regla mnemotécnica

Junta arbitral: Ejecutiva y Vinculante para ambas partes, adscrita a Servicios Sociales; fuera, si hay indicios de delito.

Trampa típica de examen

Pensar que la Junta arbitral resuelve aunque haya indicios de delito: solo resuelve siempre que no existan indicios racionales de delito.

Texto del artículo 13 de la Ley 4/2017 (LDAPDA)

1. La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía es el órgano al que le corresponde la gestión y administración autonómica del sistema arbitral regulado en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y su normativa de desarrollo. 2. La Junta arbitral es competente para resolver, con carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación que afecten al ámbito territorial de Andalucía y no sean competencia de la Junta Arbitral Central de ámbito estatal, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. 3. La Junta arbitral se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

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