Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía
Artículo 76. Contratación pública
En pocas palabras
Las Administraciones andaluzas impulsarán una contratación socialmente responsable con cláusulas sociales para el empleo de personas con discapacidad y la accesibilidad. La Junta y sus entes exigirán a los licitadores acreditar la reserva legal de empleo o medidas alternativas y reservarán al menos un 5% del importe total anual de su contratación a centros especiales de empleo, en las condiciones de un Acuerdo del Consejo de Gobierno. En empate, prefieren las empresas con más del 2% de trabajadores con discapacidad y, entre ellas, la de mayor porcentaje de fijos.
Explicación sencilla
Lleva la discapacidad a la contratación pública con cifras muy examinables: la reserva mínima del 5% del importe anual a centros especiales de empleo y el umbral de más del 2% de plantilla con discapacidad para desempatar.
Regla mnemotécnica
Contratos: 5 para reservar, 2 para desempatar.
Trampa típica de examen
Confundir el criterio de desempate con el 5% de la reserva: tienen preferencia las empresas con un porcentaje superior al 2% de personas trabajadoras con discapacidad.
Texto del artículo 76 de la Ley 4/2017 (LDAPDA)
1. En el marco de la legislación europea y la legislación estatal básica en materia de contratos públicos, las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entidades instrumentales impulsarán un régimen de contratación pública socialmente responsable que incluya cláusulas sociales de acción positiva y que, específicamente, procure el empleo de personas con discapacidad así como la accesibilidad universal de los servicios públicos, aplicando, entre otras, las medidas previstas en los apartados siguientes. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, en las adjudicaciones de contratos públicos, exigirán que las empresas licitadoras acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva legal de empleo para personas con discapacidad o la adopción de las medidas alternativas correspondientes que vengan previstas en la normativa. 3. Asimismo, los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales reservarán la adjudicación de un porcentaje de al menos un 5% del importe total anual de su contratación destinada a las actividades que se determinen a centros especiales de empleo siempre que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno se determinarán las condiciones en que se efectuará dicha reserva. 4. En el caso de que dos o más proposiciones, en los procedimientos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus entidades instrumentales, se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia, siempre que se haya presentado la documentación acreditativa, las empresas con un porcentaje superior al 2% de personas trabajadoras con discapacidad. En caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
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