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Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
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Crear cuenta gratis- Art. 1Delimitación del ámbitoSon extranjeros, a efectos de la Ley, quienes carecen de la nacionalidad española. La Ley se aplica sin perjuicio de las leyes especiales y de los tratados internacionales en que España sea parte. Los nacionales de la Unión Europea y quienes estén en el régimen comunitario se rigen por sus propias normas, pero se les aplica esta Ley en los aspectos que les resulten más favorables.
- Art. 2Exclusión del ámbito de la leyQuedan fuera de la Ley: a) agentes diplomáticos, funcionarios consulares acreditados y demás miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares, y sus familiares, si el Derecho internacional los exime de inscribirse como extranjeros y de obtener autorización de residencia; b) miembros de misiones o delegaciones ante organismos intergubernamentales con sede en España o en conferencias internacionales celebradas aquí, y sus familiares; c) funcionarios de organizaciones internacionales con sede en España y sus familiares, si los tratados les eximen de esas obligaciones.
- Art. 2 bisLa política inmigratoriaEl Gobierno define, planifica, regula y desarrolla la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que asuman comunidades autónomas y entidades locales. Las Administraciones respetan diez principios: coordinación con la UE, flujos laborales según el empleo, integración transversal, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, garantía de derechos, lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, persecución de la trata, igualdad laboral y de Seguridad Social, y diálogo con países de origen y tránsito. El Estado garantiza la solidaridad territorial.
- Art. 2 terIntegración de los inmigrantesLos poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros, con el solo límite de la Constitución y la ley. Las Administraciones harán de la integración un objetivo transversal, con formación en valores, escolarización obligatoria, lenguas oficiales y empleo. El Estado coopera con comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y ayuntamientos mediante un plan estratégico plurianual que atiende a los menores no acompañados. Gobierno y comunidades acuerdan en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales, financiados por un fondo estatal que se dota anualmente.
- Art. 3Derechos de los extranjeros e interpretación de las normasLos extranjeros gozan en España de los derechos y libertades del Título I de la Constitución en los términos de los tratados, de esta Ley y de las leyes que regulen cada derecho. Como criterio interpretativo general, ejercen los derechos de esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. Las normas sobre sus derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados vigentes en España, y no cabe alegar creencias o convicciones para justificar actos contrarios a ellos.
- Art. 4Derecho a la documentaciónLos extranjeros en España tienen el derecho y el deber de conservar la documentación de su identidad, expedida por su país de origen o procedencia, y la que acredite su situación en España. Quien tenga visado o autorización para permanecer más de seis meses obtendrá la tarjeta de identidad de extranjero, que solicitará personalmente en el plazo de un mes desde la entrada o desde la concesión; no la necesitan los titulares de visado de residencia y trabajo de temporada. Solo se les puede privar de su documentación en los casos de esta Ley y de la Ley Orgánica 1/1992.
- Art. 5Derecho a la libertad de circulaciónLos extranjeros que estén en España conforme al Título II pueden circular libremente y elegir residencia, con los límites de tratados y leyes o los acordados por la autoridad judicial (cautelares, en proceso penal o de extradición, o por sentencia firme). Caben medidas específicas en estado de excepción o de sitio y, excepcionalmente por seguridad pública, por resolución individualizada, motivada y proporcionada del Ministro del Interior. Duran lo imprescindible y pueden consistir en presentación periódica ante las autoridades y alejamiento de fronteras o núcleos de población.
- Art. 6Participación públicaLos extranjeros residentes pueden ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, en los términos de la Constitución, los tratados y la ley. Los residentes empadronados tienen los derechos que da la legislación de régimen local y pueden ser oídos en los asuntos que les afecten. Los ayuntamientos incorporan al padrón a los extranjeros con domicilio habitual en el municipio y mantienen actualizados sus datos. Los poderes públicos facilitan que voten en las elecciones de su país de origen.
- Art. 7Libertades de reunión y manifestaciónLos extranjeros tienen derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público deben comunicarlo previamente a la autoridad competente con la antelación que fija la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, y esa autoridad solo puede prohibirlas o proponer su modificación por las causas previstas en dicha Ley.
- Art. 8Libertad de asociación
- Art. 9Derecho a la educaciónLos extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber de educación básica, gratuita y obligatoria; los menores de dieciocho, derecho a la posobligatoria, con titulación y becas como los españoles, y lo conservan hasta fin de curso si cumplen dieciocho durante él. Los mayores de dieciocho tienen derecho a la educación según la legislación educativa; si son residentes, a las etapas posobligatorias, titulaciones y becas como los españoles. Los residentes con menores en edad obligatoria deben acreditar su escolarización al renovar o pedir la larga duración.
- Art. 10Derecho al trabajo y a la Seguridad SocialLos extranjeros residentes que reúnan los requisitos de esta Ley Orgánica y de sus normas de desarrollo tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena y a acceder al sistema de la Seguridad Social, conforme a la legislación vigente. Además, los extranjeros pueden acceder al empleo público en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007).
- Art. 11Libertad de sindicación y huelgaLos extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, y pueden ejercer el derecho de huelga en las mismas condiciones que los españoles.
- Art. 12Derecho a la asistencia sanitaria
- Art. 13Derechos en materia de viviendaLos extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas a la vivienda en los términos que fijen las leyes y las Administraciones competentes. Los residentes de larga duración, en todo caso, tienen derecho a esas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.
- Art. 14Derecho a la Seguridad Social y a los servicios socialesLos extranjeros residentes acceden a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, y a los servicios y prestaciones sociales generales, básicas y específicas, en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros con discapacidad menores de dieciocho años con domicilio habitual en España tienen derecho al tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado. Cualquiera que sea su situación administrativa, todos los extranjeros tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.
- Art. 15Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españolesSalvo lo que dispongan los acuerdos sobre doble imposición internacional, los extranjeros están sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. Tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país o a cualquier otro, conforme a la legislación española y a los acuerdos internacionales, y el Gobierno adoptará medidas para facilitar esas transferencias.
- Art. 23Actos discriminatoriosEs discriminación todo acto que, directa o indirectamente, distinga, excluya, restrinja o prefiera contra un extranjero por raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico o convicciones y prácticas religiosas, que destruya o limite sus derechos. Siempre lo son: los de autoridades o funcionarios en sus funciones; condiciones más gravosas o negarle bienes y servicios ofrecidos al público; restringir al extranjero regular trabajo, vivienda, educación o servicios sociales; impedir la actividad económica legítima del residente legal. Indirecta: criterios que dañan a trabajadores extranjeros.
- Art. 24Aplicabilidad del procedimiento sumarioLa tutela judicial frente a cualquier práctica discriminatoria que vulnere derechos y libertades fundamentales puede exigirse por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, en los términos legalmente establecidos.