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Ley 6/1999, de Atención y Protección a las Personas Mayores
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Crear cuenta gratis- Art. 1ObjetoLa ley regula y garantiza un sistema integral de atención y protección a las personas mayores, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas de Andalucía y de los sectores sociales a los que se dirige, mediante una acción planificada, coordinada y global. Sus objetivos (letras a a m) incluyen el bienestar físico, psíquico y social con un cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, la suficiencia económica, la integración, la permanencia en su entorno sociofamiliar, la vida autónoma, prevenir el maltrato y la solidaridad entre generaciones.
- Art. 2Ámbito de aplicaciónTienen derecho a las prestaciones y servicios de la ley los mayores de sesenta y cinco años que sean andaluces según el artículo 8 del Estatuto de Autonomía; extranjeros, apátridas o refugiados residentes en un municipio andaluz, en los términos de las normas, tratados y convenios internacionales o, en su defecto, por reciprocidad; y otras personas en reconocido estado de necesidad. Un reglamento puede extender la ley, en todo o en parte, a quienes hayan cumplido cincuenta y cinco años.
- Art. 3Criterios de actuaciónLas actuaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía en aplicación de la ley se rigen por estos criterios: garantizar los derechos y libertades de los mayores sin discriminación (por edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, deficiencia, enfermedad u otra circunstancia); prevenir el abuso y la explotación, en su persona y en su patrimonio; velar por las obligaciones familiares; coordinación interadministrativa; fomentar su participación en las decisiones que les afecten; y difundir la importancia de su función social.
- Art. 4Norma generalLas Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán la participación de las personas mayores en la vida política, económica, cultural y social, y lo harán apoyando el asociacionismo en este sector de la población.
- Art. 5Participación institucionalLas Administraciones Públicas de Andalucía establecerán cauces normativos y medidas para que los mayores participen en la planificación y seguimiento de las políticas sociales que les afecten. Los Consejos de Mayores son sus órganos de participación institucional en los ámbitos autonómico, provincial y local, con funciones de representación, asesoramiento y elaboración de propuestas a las Administraciones. Las organizaciones, sindicatos y asociaciones de mayores serán tenidas en cuenta en las decisiones que les afecten.
- Art. 6Voluntariado y ayuda mutuaLas Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el voluntariado de mayores como forma de participación en los distintos campos en que interviene el voluntariado, y también los grupos de ayuda mutua dentro del propio colectivo de personas mayores.
- Art. 7Norma generalEl Sistema Andaluz de Servicios Sociales comprende los servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad tanto pública como privada. Se garantizará a los mayores la adecuada prestación de servicios, comunitarios y especializados, en el ámbito de los servicios y centros de servicios sociales públicos y privados.
- Art. 8Organización y funcionamientoTodos los recursos públicos y privados de estancia y alojamiento para mayores situados en Andalucía deben tener un reglamento de régimen interior que regule su organización y funcionamiento, las normas de convivencia, los órganos de participación y los derechos y deberes de los residentes. Ese reglamento y sus modificaciones los aprueba el órgano competente de la Consejería que el artículo denomina de Asuntos Sociales.
- Art. 9Apoyo familiarLas Administraciones Públicas apoyarán a familias y otros cuidadores de una persona mayor dependiente con programas de información y entrenamiento en habilidades de cuidado y con medidas de soporte sociosanitarias que compensen la dedicación familiar intensiva y eviten el cansancio familiar extremo; en ese apoyo participarán activa y directamente los servicios sociales comunitarios. También se potenciarán asociaciones de grupos de ayuda y redes de apoyo entre familiares cuidadores.
- Art. 10Régimen de autorización e inspecciónLa creación, construcción, modificación sustancial, puesta en funcionamiento y cierre de los servicios y centros de servicios sociales para mayores requieren autorización administrativa. La inspección de servicios sociales controla su funcionamiento y vela especialmente por el respeto a los derechos de los usuarios.
- Art. 11Servicios Sociales ComunitariosLos Servicios Sociales Comunitarios son la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía y atienden, entre otros sectores, al de mayores. Esa atención específica se presta desde la Red de Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
- Art. 12Objetivo de los Servicios Sociales ComunitariosEl objetivo básico de los Servicios Sociales Comunitarios respecto de las personas mayores es promover su integración y participación en la sociedad, favoreciendo que se mantengan en su medio habitual y evitando su marginación.
- Art. 13Recursos comunitariosLos Servicios Sociales Comunitarios prestan servicios a los mayores con actuaciones personalizadas, polivalentes, integradoras, complementarias, técnicas y preventivas para mejorar su calidad de vida. Responden a sus necesidades con información sobre recursos, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y atención especial a quienes tienen problemas de integración social. Actúan en el ámbito individual y de grupo, apoyando a las asociaciones de mayores y a sus familiares.
- Art. 14ClasificaciónLos servicios sociales especializados para mayores, dirigidos a posibilitar su integración social, deben procurar estructurarse en los ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando el desarraigo, y se organizan en: centros de participación activa, centros de día para mayores, viviendas tuteladas, centros residenciales para mayores y otras alternativas.
- Art. 15Centros de participación activaLos centros de participación activa son centros de promoción del bienestar de las personas mayores que fomentan la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social. Sin detrimento de su finalidad esencial, pueden servir de apoyo para prestar servicios sociales a otros sectores de la población.
- Art. 16Centros de día para mayoresLos centros de día para mayores prestan atención integral durante parte del día a personas mayores con un grado variable de dependencia física o psíquica. Su objetivo es mejorar o mantener la autonomía personal de los usuarios y apoyar a las familias o cuidadores que los atienden.
- Art. 17Viviendas tuteladasLas viviendas tuteladas se destinan a personas mayores con un grado suficiente de autonomía personal. Son pequeñas unidades de alojamiento y convivencia situadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, deben cumplir los requisitos de la normativa sobre centros de servicios sociales y están supervisadas por una entidad de servicios sociales, pública o privada.
- Art. 18Centros residencialesLos centros residenciales son centros de alojamiento y convivencia con función sustitutoria del hogar familiar, temporal o permanente, donde se presta a la persona mayor una atención integral. Las Administraciones Públicas fomentarán las estancias temporales, entendidas como la permanencia por un período de tiempo predeterminado.
- Art. 19Otras alternativasLas Administraciones Públicas fomentarán programas para que la persona mayor permanezca en su entorno: integración familiar (en su familia u otras, si está sola y hay familias dispuestas), alojamiento de jóvenes con personas mayores que estén solas y quieran alojarlos, viviendas compartidas por mayores o por jóvenes y mayores si su autonomía lo permite, y otros análogos.
- Art. 20Derechos de los usuariosLas Administraciones garantizarán la calidad de las prestaciones y el respeto de los derechos de los mayores en servicios y centros, en especial: intimidad y no divulgación de datos; integridad y trato digno; no discriminación; información y participación; atención individualizada; prestaciones sanitarias y farmacéuticas; relaciones interpersonales y visitas, que la dirección del centro debe promover; cese voluntario salvo exclusión normativa; y protección por ley si pierden su capacidad de autogobierno.
- Art. 21Deberes de los usuariosLos usuarios de centros y servicios sociales deben cumplir la ley, sus normas de desarrollo y los reglamentos de funcionamiento interno, y en especial: conducta de respeto, tolerancia y colaboración con usuarios y personal; respetar los derechos de los demás usuarios; cumplir las normas del centro; abonar liquidaciones o precios fijados según su capacidad económica; y facilitar correctamente los datos que den derecho a la prestación.
- Art. 22Participación de los usuarios en el coste de los serviciosA efectos del artículo 30 de la Ley 2/1988, se computan las rentas y bienes de la persona mayor y los de quienes estén obligados a prestarle alimentos; quien carezca de recursos suficientes tiene derecho a exención o bonificación. Los usuarios deben declarar su situación patrimonial al ingresar en centros o servicios del sistema público. La Administración regulará el reconocimiento de deuda de mayores sin renta pero con patrimonio.
- Art. 23Objetivos de la atención sanitariaLa atención sanitaria a los mayores en el Sistema Sanitario Público de Andalucía persigue: promover la salud y prevenir con educación para la salud; calidad en atención primaria con formación en geriatría y gerontología; permanencia en el domicilio con atención médica y de enfermería domiciliaria y un sistema gratuito de conexión permanente y aviso, según disponibilidades presupuestarias; coordinación primaria-especializada; calidad en atención especializada con equipos multidisciplinares; y rehabilitación funcional.
- Art. 24Definición del sistema de atención sociosanitariaEl Sistema Sociosanitario Andaluz para las personas mayores presta, de forma integral y coordinada, servicios sanitarios y sociales, temporales o permanentes. Sus destinatarios son los mayores que, por su alto grado de dependencia, especialización en los cuidados e insuficiencia de apoyo sociofamiliar, necesitan ser atendidos conjuntamente por recursos sanitarios y sociales.
- Art. 25Principios generalesLas prestaciones sociosanitarias garantizarán cinco principios: mayor autonomía posible en el domicilio evitando ingresos innecesarios; coordinación y actuación conjunta de servicios sociales y sanitarios en atención primaria y comunitaria y en los niveles especializados; planes coordinados e interdepartamentales con innovaciones; criterios sociosanitarios para ordenar recursos, estructuras, funciones y acceso; y formación continuada, investigación e intercambio de experiencias multidisciplinares.
- Art. 26Configuración de la red sociosanitariaEl Sistema de Atención Sociosanitaria lo forman los servicios y centros de la Junta de Andalucía que se determinen reglamentariamente y los de Entidades Locales y otras instituciones públicas y privadas con las que se establezca colaboración. Es una red que cubre las necesidades de cuidados de forma integral, interdisciplinar y rehabilitadora, optimizando recursos, y sus servicios se ubicarán lo más cerca posible del entorno habitual del mayor.
- Art. 27De las prestaciones sociosanitariasEl sistema sociosanitario comprende, entre otras, cinco prestaciones: atención domiciliaria, atención en períodos de convalecencia y rehabilitación, cuidados paliativos, atención en estancias diurnas y atención de larga duración. Reglamentariamente se definirán las estructuras y dispositivos para valorar casos, planificar y asignar medidas, derivar y evaluar los procesos.
- Art. 28FinanciaciónEl sistema sociosanitario se financia con los presupuestos propios de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales, según los recursos que cada una integre. Además puede financiarse con subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades y particulares y con cualquier otra forma de financiación que pueda producirse.
- Art. 29De la participación de los usuariosLos usuarios participan en los costes de los servicios y prestaciones del sistema público de Servicios Sociales en los términos del apartado 1 del artículo 22 de esta misma ley. El artículo no añade reglas propias: se limita a remitir a ese apartado.
- Art. 30Actuaciones en materia de vivienda y urbanismoLas Administraciones Públicas impulsarán: viviendas tuteladas y compartidas para mayores (convivencia solidaria, autonomía y ayuda mutua); la evaluación de las viviendas habitadas por mayores en la Comunidad; ayudas y subvenciones para adaptar viviendas y para programas de intercambio de viviendas, buscando acceso, habitabilidad y proximidad al entorno; y los mayores se benefician del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Junta de Andalucía.
- Art. 31Promoción de la educaciónLas Administraciones promoverán la educación y formación de los mayores mediante: la educación de adultos en todos los niveles, conforme a la Ley 3/1990; aulas, cursos y actividades de las Universidades andaluzas, sin exigir el nivel académico de acceso y sin dar titulación académica; talleres ocupacionales generales y actividades formativas específicas; y programas educativos intergeneracionales que aprovechen la experiencia de los mayores.
- Art. 32Sensibilización con las personas mayoresLas Administraciones mejorarán el conocimiento social del envejecimiento como una fase más del ciclo vital, con campañas de sensibilización. La administración educativa impulsará contenidos sobre envejecimiento en los niveles educativos obligatorios. Se fomentarán centros y programas de formación de profesionales, se garantizará la calidad de la formación en gerontología y se impulsará la investigación en gerontología, en especial sobre enfermedades seniles.
- Art. 33Preparación a la jubilaciónLas Administraciones Públicas propiciarán, con cursos de preparación a la jubilación y otras medidas de adaptación, que la jubilación se perciba como el inicio de una fase llena de posibilidades de realización personal. Algunas acciones podrán articularse mediante acuerdos con las organizaciones sindicales y empresariales. Según sus disponibilidades financieras, aportarán los recursos suficientes para desarrollar estas actuaciones.
- Art. 34Participación en la vida culturalSe favorecerá el acceso de las personas mayores a los actos culturales programados para toda la sociedad. Para ello, las Administraciones Públicas facilitarán el acceso a las actividades y actos culturales, de ocio y recreativos que organicen, mediante una bonificación de sus precios a los mayores que cumplan los requisitos que se fijen reglamentariamente.
- Art. 35Actividades culturales y de ocioLas Administraciones Públicas realizarán actividades culturales y de empleo creativo del ocio dirigidas a las personas mayores. Para ese fin también podrán firmar acuerdos y establecer colaboraciones con otras entidades y organismos.
- Art. 36Actividades turísticas
- Art. 37Actividades deportivasSe fomentarán las actividades deportivas de las personas mayores, adecuándolas a sus necesidades y favoreciendo que usen y disfruten de las instalaciones deportivas ya existentes en la Comunidad Autónoma.
- Art. 38Bonificación del transportePara integrar social y culturalmente a los mayores con menor capacidad económica, las Administraciones favorecerán sus desplazamientos en transporte público bonificando los precios a quienes cumplan los requisitos reglamentarios. Además se fomentará adaptar los vehículos de transporte público para los mayores con problemas de movilidad.
- Art. 39Suficiencia económicaLas Administraciones Públicas velarán por la suficiencia económica de las personas mayores para contribuir a su autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Con ese fin, la Junta de Andalucía establecerá los cauces de colaboración y cooperación necesarios con la Administración del Estado y con el resto de Administraciones Públicas.
- Art. 40Prestaciones económicasPara cubrir las necesidades básicas de los mayores sin recursos, la Comunidad Autónoma podrá establecer prestaciones económicas distintas y compatibles con las de la Seguridad Social, el Estado y otras Administraciones. Las Administraciones también podrán financiar total o parcialmente la adaptación funcional del hogar, ayudas técnicas, la estancia temporal o permanente en residencias o centros de día y otras ayudas que favorezcan la autonomía personal.
- Art. 41RequisitosPara reconocer el derecho a las ayudas económicas de los artículos anteriores se tendrán en cuenta: el grado de autonomía para las actividades de la vida diaria; la situación personal, familiar y social; y las rentas o ingresos del mayor y de los obligados a prestarle alimentos. Los requisitos concretos y el procedimiento de concesión se fijarán reglamentariamente.
- Art. 42InformaciónLas Administraciones Públicas realizarán las actuaciones de divulgación necesarias para informar a las personas mayores de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico y de las medidas que pueden emprender si esos derechos se vulneran.
- Art. 43DenunciasToda denuncia presentada ante las Administraciones Públicas sobre la desasistencia en que pueda hallarse una persona mayor dará lugar a la correspondiente investigación y, cuando proceda, a la adopción de las medidas adecuadas para que cese.
- Art. 44Situaciones de maltratoLos órganos de las Administraciones Públicas que detecten maltrato a personas mayores lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal. Igual deben actuar los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones que aprecien maltrato o simples indicios de él sobre cualquier persona mayor.
- Art. 45Ingresos en centros residencialesNingún mayor puede ser ingresado en un centro sin constancia fehaciente de su consentimiento; si por incapacidad presunta o declarada no puede darlo, hace falta autorización judicial. Los responsables de residencias deben comunicar al Ministerio Fiscal las causas sobrevenidas de incapacitación. Nadie puede ser obligado a permanecer en una residencia salvo resolución judicial. La inspección vela por ello y puede pedir que el interesado ratifique su estancia en entrevista sin familiares ni representantes del centro.
- Art. 46Expoliación patrimonialSi las Administraciones Públicas saben que el patrimonio de una persona mayor está siendo expoliado, por familiares o por terceros, le comunicarán de forma expresa las acciones judiciales que puede iniciar y le darán asistencia jurídica si es necesario, sin perjuicio de trasladar los hechos al Ministerio Fiscal.
- Art. 47Actuación del tutor o curadorLas Administraciones Públicas y los profesionales, familiares, amigos, vecinos o instituciones comunicarán al Ministerio Fiscal, a los efectos procedentes, las actuaciones de los tutores o curadores de personas mayores que pudieran perjudicar los intereses de estas.
- Art. 48Protección de los derechos como consumidoresLas Administraciones Públicas garantizarán que se respeten los derechos de las personas mayores como consumidores y usuarios, con especial atención a las ofertas comerciales dirigidas específicamente a este sector de la población.
- Art. 49Ingresos procedentes de multas y sancionesLos ingresos de multas y sanciones por incumplir la ley, y los procedentes del reintegro, en su caso, de prestaciones y ayudas públicas concedidas, quedan afectados al cumplimiento de los fines de la propia Ley 6/1999.
- Art. 50Definición y clasificaciónSon infracciones administrativas las acciones u omisiones que la propia ley tipifica como tales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan exigirse. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
- Art. 51Infracciones levesSon leves las conductas tipificadas como graves en el artículo siguiente cuando tengan escasa relevancia social, se cometan por simple negligencia o sean meros incumplimientos formales sin grave quebranto ni indefensión para los usuarios. También lo es que los usuarios incumplan el reglamento interno causando una alteración de escasa entidad en la convivencia, el respeto mutuo, la solidaridad y la participación.
- Art. 52Infracciones gravesSon graves, entre otras, la vulneración de la intimidad, del trato digno o de la integridad física y moral (si no es delito); la discriminación; coartar la información y participación; limitar relaciones, visitas o el cese voluntario; imponer renuncias de derechos; incumplir condiciones mínimas; omitir o prestar mal la asistencia sanitaria y farmacéutica o el tratamiento; higiene deficiente; falsear datos; no comunicar cambios; usar falsamente el registro; variar tarifas; vulnerar la normativa contable; obstruir la inspección; y tres leves en un año.
- Art. 53Infracciones muy gravesSon muy graves: las graves de las letras a) a h) del artículo 52 si resultan especialmente dañosas para algún derecho fundamental del usuario; las de las letras i) a l) si causan un perjuicio efectivo o un peligro cierto que afecte gravemente a su integridad física o moral; ejercer actividades de servicios y centros sociales sin autorización administrativa; ejercer actividades distintas de las autorizadas; y cometer tres infracciones graves en un año.
- Art. 54ResponsabilidadSon responsables, en general, las personas a quienes se impongan las obligaciones cuyo incumplimiento es infracción o sobre las que recaiga el deber de cumplir la norma. Pueden serlo las personas físicas y jurídicas titulares de servicios o centros para mayores, el representante legal de la entidad titular y el personal de los centros. Si la obligación afecta conjuntamente a varias personas, responden solidariamente de infracciones y sanciones.
- Art. 55Prescripción de las infraccionesLas infracciones prescriben a los seis meses las leves, a los dos años las graves y a los tres años las muy graves. El plazo de prescripción se cuenta desde el día en que se cometió la infracción.
- Art. 56Medidas cautelaresEl órgano competente para resolver puede adoptar en cualquier momento, por acuerdo motivado, medidas cautelares para asegurar la resolución, el procedimiento, el cese de los efectos de la infracción y los intereses generales. Ante infracciones muy graves con grave riesgo para la salud física o mental de los mayores, el Consejero competente en Asuntos Sociales puede acordar el cierre temporal del centro hasta que se subsanen las deficiencias. Las medidas serán proporcionadas y, si hay cierre, se garantizará la atención de los usuarios.
- Art. 57SancionesSanciones: leves, multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas; graves, de 1.000.001 a 10.000.000; muy graves, de 10.000.001 a 50.000.000 y, en su caso, cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio. El Consejo de Gobierno puede actualizar las cuantías por Decreto según la variación del índice de precios al consumo.
- Art. 58Publicación de las sancionesEn infracciones muy graves, el órgano competente puede acordar, como sanción accesoria en la resolución, publicar las sanciones firmes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en el de la provincia, con nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la naturaleza y características de las infracciones. También puede acordar su difusión en medios de comunicación social. El coste lo paga el sancionado.
- Art. 59Graduación de sancionesAl imponer sanciones debe guardarse la adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción, con tres criterios de graduación: la trascendencia social de la infracción según los perjuicios causados; la intencionalidad del infractor; y la reincidencia por cometer en un año más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme, siempre que no haya constituido una infracción autónoma.
- Art. 60Órganos competentesResuelven el procedimiento sancionador e imponen las sanciones: en infracciones leves, el Delegado provincial de la Consejería competente en Asuntos Sociales; en graves, el Director general correspondiente de esa Consejería; y en muy graves, el titular de la Consejería competente en Asuntos Sociales.
- Art. 61Prescripción de las sancionesLas sanciones prescriben a los tres años las impuestas por infracciones muy graves, a los dos años las de graves y a los seis meses las de leves. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que impone la sanción.