LSSA
Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto de la LeyLa ley tiene cinco objetos: promover y garantizar el derecho universal de todas las personas a las prestaciones y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de igualdad; ordenar y regular ese Sistema para garantizar el acceso universal; regular el acceso a las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo; regular el papel de la iniciativa privada y su participación en el Sistema; y garantizar instrumentos para prestar los servicios con calidad y eficiencia.
- Art. 2Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaEl Sistema Público protege y cubre las necesidades sociales derivadas de la interacción de las personas con su entorno grupal o comunitario: recursos para una vida digna, entorno de convivencia adecuado, integración plena, plena autonomía personal (material y funcional) y cauces de participación. Actúa mediante las prestaciones del Catálogo, fomenta solidaridad, cooperación, autoayuda y voluntariado como complemento, y es una red integrada de responsabilidad y control público con función promotora, preventiva, protectora y asistencial.
- Art. 3DefinicionesDefine diez conceptos. Destacan: acreditación de la calidad (técnicas que certifican la calidad) frente a acreditación administrativa (acto que reconoce que entidades, centros y servicios cumplen los requisitos reglamentarios); contrato programa (vincula la financiación a fines y objetivos, con directrices, objetivos, recursos e indicadores); entidades de iniciativa social (sin ánimo de lucro, salvo las entidades públicas territoriales, más las cooperativas calificadas sin ánimo de lucro) y derechos subjetivos (exigibles ante la Administración competente).
- Art. 4Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a todos los servicios, prestaciones y actividades del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. A los servicios sociales no integrados en el sistema público se les aplican solo las disposiciones sobre: derechos y obligaciones de personas usuarias y profesionales; autorización, registro, inspección y control de entidades, servicios y centros; régimen de infracciones y sanciones; y las demás que expresamente se establezcan.
- Art. 5Objetivos de la política de servicios sociales en AndalucíaLos poderes públicos persiguen, entre otros objetivos: garantizar el acceso universal a los servicios sociales en igualdad; promover la autonomía personal y atender la dependencia; políticas preventivas y de dinamización comunitaria; cohesión social y solidaridad; intervención integral e interdisciplinar; atender la exclusión social y promover la inclusión; detectar necesidades con especial atención a la desprotección y el desamparo; asignar equitativamente los recursos; atención territorializada y de proximidad; participación y voluntariado; e igualdad efectiva.
- Art. 6Titulares del derecho a los servicios socialesSon titulares del derecho: quienes tengan vecindad administrativa en Andalucía; las personas andaluzas en el exterior, según la Ley 8/2006; las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía; y las personas refugiadas o con protección subsidiaria. Cualquier otra persona en Andalucía en situación de urgencia personal, familiar o social puede acceder a las prestaciones que la atiendan y tiene garantizados información, valoración, diagnóstico y orientación. Para la dependencia se aplica la Ley 39/2006.
- Art. 7El Derecho subjetivo a los servicios socialesLas personas titulares tienen derecho de acceso universal a los servicios y prestaciones del Sistema. Las prestaciones se clasifican, por su naturaleza jurídica, en garantizadas y condicionadas. Las garantizadas son exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por quienes cumplan las condiciones; las condicionadas dependen de la disponibilidad de recursos y de criterios de prioridad objetivos. La cobertura de las garantizadas puede reclamarse en vía administrativa y judicial.
- Art. 8Protección jurídica de los derechosLa Administración de la Junta de Andalucía garantiza la satisfacción de los derechos subjetivos de la ley mediante sus competencias y la cooperación y coordinación con los entes locales, respetando los principios de subsidiariedad y de autonomía municipal. Los titulares pueden exigir su cumplimiento a las Administraciones Públicas mediante recursos, reclamaciones, otras vías de impugnación y las acciones judiciales previstas en las leyes administrativas y procesales del Estado.
- Art. 9Derechos de la ciudadanía en relación a los servicios socialesAdemás de los derechos constitucionales y legales, las personas tienen garantizados ante los servicios sociales: acceso universal en igualdad, equidad, dignidad y privacidad; participar en su definición, planificación, provisión y evaluación; servicios de calidad; recibir, si procede, las prestaciones garantizadas del Catálogo; cauces de información, sugerencia y queja con respuesta en plazo; promoción de la autonomía personal; dar instrucciones previas para futuras situaciones de apoyo; y los demás reconocidos.
- Art. 10Derechos de las personas usuarias de los servicios socialesLas personas usuarias de servicios públicos o privados tienen, entre otros, derecho a: proyecto de intervención social; profesional de referencia, con libre elección y segundo diagnóstico dentro de los límites reglamentarios; información y acceso a su expediente; consentir o denegar intervenciones, siempre por escrito si implican ingreso en alojamiento o centro residencial; elegir servicio entre las alternativas propuestas; renunciar a prestaciones; confidencialidad; atención urgente o en domicilio; y autorizar por escrito usos docentes.
- Art. 11Derechos de las personas usuarias de centros residenciales y centros de díaLas personas usuarias de centros residenciales y de día, públicos o privados, tienen además, entre otros: libertad de ingreso, permanencia y salida (con límites legales); información sobre el reglamento interno y el coste; atención personalizada; intimidad; participar y asociarse; secreto de comunicaciones salvo resolución que lo suspenda; el centro residencial como domicilio a todos los efectos; relación con su entorno; y no sufrir inmovilizaciones sin prescripción y supervisión facultativa, salvo peligro inminente.
- Art. 12Obligaciones de las personas usuarias de los servicios socialesLas personas usuarias o sus representantes legales deben, entre otras cosas: cumplir las normas y hacer uso responsable; dar información veraz y los documentos imprescindibles (salvo que los tenga la Administración requirente); colaborar en el proyecto de intervención social; comunicar cambios de situación; contribuir a la financiación según su capacidad económica cuando la normativa lo establezca; destinar la prestación a su fin; reintegrar lo recibido indebidamente; comparecer si se les requiere; y firmar el contrato social.
- Art. 13Carta de Derechos y DeberesLa Consejería competente en materia de servicios sociales aprueba la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales y debe garantizar la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del Sistema de Servicios Sociales, tanto de responsabilidad pública como privada.
- Art. 14Promoción de la participación ciudadanaLas Administraciones Públicas de Andalucía fomentan y facilitan la participación ciudadana en la definición y mejora de las políticas de servicios sociales y en la planificación, seguimiento de la gestión y evaluación del Sistema. El fomento se dirige con particular interés a asociaciones ciudadanas, organizaciones de profesionales, iniciativa social, voluntariado, iniciativa privada y organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Se articula por los órganos y cauces de la ley, sin perjuicio de otros mecanismos legales.
- Art. 15Objetivos de la participaciónLa Administración de la Junta de Andalucía impulsa un modelo participativo con siete objetivos: implicar a toda la sociedad andaluza en los asuntos sociales; prevenir la exclusión social; innovar en la prestación de los servicios; reforzar las redes sociales de apoyo y el voluntariado; mejorar la eficiencia y eficacia social y económica del Sistema; garantizar un espacio compartido entre ciudadanía y profesionales; y promover una sociedad funcional y resolutiva de sus problemáticas.
- Art. 16Órganos de participación ciudadanaLos órganos de participación ciudadana son consultivos y de asesoramiento: el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, los consejos sectoriales y los consejos provinciales y locales. En ellos deben estar las Administraciones competentes, los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos, colegios y asociaciones profesionales, organizaciones de personas usuarias y entidades de iniciativa social, con representación equilibrada de mujeres y hombres. Los preside la Administración autonómica, salvo los provinciales y locales.
- Art. 17Consejo de Servicios Sociales de AndalucíaEl Consejo de Servicios Sociales de Andalucía es el órgano superior de participación en la materia, adscrito a la Consejería competente. Entre sus funciones: informes previos y facultativos sobre anteproyectos de ley y decretos, planificación, Plan Estratégico, Catálogo y Mapa; dictámenes que pida la Consejería; conocer el presupuesto y su ejecución; seguir los planes autonómicos; informar la memoria anual; formular recomendaciones; e informar sobre el impacto de las políticas sociales. Su composición y funcionamiento se fijan reglamentariamente.
- Art. 18Consejos sectoriales de servicios socialesLa Consejería competente, oído el Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, puede crear consejos sectoriales de participación, con competencias referidas exclusivamente al ámbito específico de políticas que se determine. Sus funciones, composición y funcionamiento se fijan en su disposición de creación y deben coordinarse con el Consejo andaluz, en cuyas sesiones sobre su ámbito estarán representados. Las Administraciones fomentarán consejos sectoriales provinciales y locales.
- Art. 19Consejos provinciales y locales de servicios socialesLas diputaciones provinciales y los ayuntamientos, en ejercicio de su capacidad de autoorganización y dentro de su ámbito competencial, pueden constituir consejos provinciales o locales de servicios sociales, órganos consultivos y de participación en las entidades locales. Su composición y régimen de funcionamiento los decide la propia entidad local, en el marco de esta ley.
- Art. 20Participación en el ámbito de los centros y serviciosTodos los centros y servicios del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía deben establecer cauces que garanticen la participación de las personas usuarias o de sus representantes legales en el funcionamiento del centro o en el desarrollo de los servicios o actividades. Los sistemas y procedimientos de esa participación se determinan por orden de la persona titular de la Consejería competente.
- Art. 21Procesos de participaciónLas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deben establecer procesos de participación en la formulación de los instrumentos de planificación, gestión y evaluación de los servicios sociales de su competencia. Esos procesos se rigen por la normativa vigente en materia de participación.
- Art. 22Participación de la sociedad civilLa participación también puede articularse a través del movimiento asociativo o individualmente, mediante los procesos participativos que dispongan la Administración autonómica y las entidades locales competentes para canalizar información, propuesta, debate o consulta sobre planificación, seguimiento y evaluación. Las Administraciones competentes fomentarán además la participación personalizada mediante tecnologías de la información: encuestas, Internet y redes sociales, entre otros mecanismos.
- Art. 23Voluntariado socialEl régimen jurídico y las actividades de fomento y participación mediante la acción voluntaria organizada en servicios sociales se rigen por la normativa vigente. Las Administraciones Públicas competentes fomentarán y apoyarán la colaboración del voluntariado en las actividades reguladas en la ley.
- Art. 24Naturaleza del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaEl Sistema es el conjunto de servicios, recursos y prestaciones de las Administraciones andaluzas para garantizar a todas las personas la protección social, la promoción social y la prevención. Lo integran lo que ofrece la Consejería (y su ente instrumental), lo de las entidades locales (y sus entes) y lo privado que preste servicio por contrato con ellas. La superior dirección y coordinación corresponde a la Consejería competente. Actúa de forma integrada, flexible, adaptativa e innovadora, en coordinación con otros sistemas.
- Art. 25Principios rectoresEl Sistema se rige por 24 principios, de la a) a la w). Entre ellos: universalidad, solidaridad, responsabilidad pública, equidad, calidad (acreditación, evaluación y formación continua), eficiencia, responsabilidad social, accesibilidad universal, planificación, participación, prevención, atención centrada en la persona, interdisciplinariedad, intersectorialidad, proximidad, normalización (atención en el entorno habitual, preferentemente en el domicilio), transversalidad de género, empoderamiento digital y cooperación con la iniciativa privada.
- Art. 26Estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaEl Sistema se articula en una red de prestaciones, servicios y recursos con dos niveles coordinados y complementarios: primario y especializado. En el primario están los servicios sociales comunitarios, prestados desde sus centros y equipos. En el especializado, los centros y servicios que, por su mayor complejidad, requieren especialización técnica o recursos determinados. Las prestaciones de cada nivel se fijan reglamentariamente según el Mapa de Servicios Sociales, y cada nivel tendrá protocolos de prevención, urgencia y emergencia.
- Art. 27Servicios sociales comunitariosLos servicios sociales comunitarios son de titularidad y gestión pública y forman la estructura básica del nivel primario. Su organización y gestión corresponde a las entidades locales, municipales o supramunicipales, en el marco de la planificación autonómica. Son el primer nivel de referencia para valorar necesidades, planificar, intervenir, hacer seguimiento, evaluar y coordinar; dan acceso al conjunto del Sistema; y se refieren a un territorio y población determinados, desde los centros de servicios sociales comunitarios.
- Art. 28Funciones de los servicios sociales comunitariosEnumera 28 funciones de los servicios sociales comunitarios: información, valoración, orientación y asesoramiento; prevención; promoción de la autonomía; intervención en exclusión, violencia de género y desprotección; urgencias y emergencias sociales; elaboración y seguimiento del Proyecto de Intervención Social; derivación al nivel especializado; coordinación con sanidad (en especial salud mental), educación, empleo, vivienda y justicia; gestión de prestaciones del Catálogo; participación en la dependencia; menores; y mediación comunitaria e intercultural.
- Art. 29Centro de servicios sociales comunitariosEl centro de servicios sociales comunitarios es la estructura física, administrativa y técnica básica de los servicios comunitarios, en el ámbito de ayuntamientos y diputaciones. Su ámbito es la Zona Básica de Servicios Sociales, que debe tener al menos un centro, y cada centro tiene como mínimo un equipo básico. Puede ser municipal o supramunicipal; si es supramunicipal debe garantizar el servicio en todos los municipios de la zona. Los municipales pueden desconcentrarse en distritos o barrios.
- Art. 30Equipos profesionales de servicios sociales comunitariosCada centro comunitario cuenta con un equipo interdisciplinar de empleados públicos, con personal técnico y administrativo. Lo dirige una persona empleada pública titulada en trabajo social, educación social o psicología. Los equipos los forman trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y otro personal técnico necesario, con una ratio mínima de un trabajador social, un educador social y un psicólogo. Se coordinan con los servicios especializados y con salud, educación, vivienda, justicia y empleo.
- Art. 31Profesional de referenciaA cada persona o unidad de convivencia que accede al Sistema se le asigna un profesional de referencia para garantizar la integralidad y continuidad de la atención. Lo es una persona trabajadora social de los servicios comunitarios. Informa y orienta, valora, diagnostica y prescribe recursos, elabora el Proyecto de Intervención Social, acompaña y evalúa, y canaliza o deriva. Puede requerir a profesionales especializados y de otras Administraciones, y le vinculan las resoluciones que concedan o denieguen una prestación.
- Art. 32Servicios sociales especializadosLos servicios sociales especializados forman el nivel especializado: centros y servicios para actuaciones de mayor complejidad que requieren especialización técnica o recursos determinados. Se accede por derivación de los comunitarios, salvo urgencia social que exija atención inmediata; al servicio de apoyo a la capacidad jurídica, por resolución judicial. Pueden contratarse, concertarse o convenirse, también con la iniciativa privada; el seguimiento y evaluación compete a la Consejería. Su referencia territorial es el área o un ámbito superior.
- Art. 33Funciones de los servicios sociales especializadosFunciones generales de los servicios sociales especializados: valoración, diagnóstico e intervención en situaciones de alta especialización técnica e interdisciplinar; gestión de centros de atención especializada; provisión, colaboración y asesoramiento técnico a los comunitarios; coordinación con comunitarios, otros sistemas y entidades; prevención en su ámbito; valoración y determinación del acceso a sus prestaciones; seguimiento y evaluación conjunta con los comunitarios; estudio de la realidad social; y evaluación de resultados con perspectiva de género.
- Art. 34Equipos profesionales de los servicios sociales especializadosLos equipos profesionales de los servicios sociales especializados son interdisciplinares; su tamaño y composición se ajustan a las necesidades de la población que atienden y a la incorporación de innovaciones técnicas y tecnológicas. Se establecerán protocolos de coordinación con los equipos de los servicios comunitarios y con profesionales de otros sistemas: atención primaria y especializada, salud, educación, vivienda, justicia, empleo y fuerzas y cuerpos de seguridad.
- Art. 35Atención a las urgencias y emergencias socialesUrgencia social: situación excepcional o extraordinaria y puntual que exige actuación inmediata para evitar un grave deterioro de la vulnerabilidad o desprotección de una persona o unidad de convivencia. Emergencia social: necesidad constatada por los servicios comunitarios u otras instancias públicas de atención inmediata a personas o grupos por crisis social, catástrofes o accidentes. Su atención se protocoliza en ambos niveles. Toda intervención debe cubrir temporalmente las necesidades básicas, designar profesional de referencia y generar documentación.
- Art. 36Principios orientadores de la organización territorialLos servicios sociales se estructuran territorialmente según siete principios: descentralización; desconcentración; equidad territorial; proximidad a la ciudadanía; eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades sociales; accesibilidad a la información y a los servicios sociales; y coordinación y trabajo en red.
- Art. 37Mapa de Servicios Sociales de AndalucíaEl Mapa de Servicios Sociales de Andalucía fija el despliegue del Sistema y los criterios poblacionales para implantar las prestaciones (naturaleza, media de demandantes reales, demandantes potenciales y proximidad). Establece dos ámbitos: zonas básicas y áreas de servicios sociales. Integra tasas de densidad y cobertura, usadas para el Plan Estratégico, y favorece la concordancia con la zonificación sanitaria. Lo establece la Consejería competente con participación de las entidades locales y se actualiza periódicamente.
- Art. 38Zona Básica de Servicios SocialesLa Zona Básica de Servicios Sociales es el ámbito en que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios comunitarios y otros que requieran mayor cercanía a la residencia. Es la estructura territorial de mayor proximidad y se delimita con criterios demográficos, geográficos, de organización, de comunicación y sociales. Se ordena a través del Mapa. Se organiza sobre una población mínima de veinte mil habitantes, con base en el municipio; excepcionalmente, puede haberlas en municipios de menos de veinte mil.
- Art. 39Área de Servicios SocialesEl Área de Servicios Sociales es el ámbito territorial en que se estructuran las prestaciones y recursos de los servicios sociales especializados. Para establecerla se atiende a los principios orientadores de la estructura territorial y a las características geográficas, demográficas, culturales, económicas, sociales y de comunicación de las demarcaciones provinciales. Se ordena a través del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, y cada provincia contará al menos con un área.
- Art. 40Concepto y tipología de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaLas prestaciones del Sistema son actuaciones concretas y personalizadas a personas o unidades de convivencia, o programas de intervención comunitaria, por necesidades de intervención, transformación social y prevención. Se clasifican en prestaciones de servicios (actividades de equipos profesionales, que pueden incluir ayudas instrumentales, soluciones tecnológicas y programas comunitarios) y prestaciones económicas (entregas dinerarias puntuales o periódicas). Ambas se definen en el Catálogo de Prestaciones.
- Art. 41Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaEl Catálogo de Prestaciones determina el conjunto de prestaciones del Sistema: su calidad, necesidad atendida, financiación y naturaleza jurídica, y si se ofertan desde los servicios comunitarios o especializados. Se actualiza de forma permanente y debe revisarse cada tres años; pueden retirarse o modificarse prestaciones motivadamente, con informe facultativo previo del Consejo si son garantizadas. Sus prestaciones son servicio público. Se aprueba reglamentariamente a propuesta de la Consejería, con un contenido mínimo.
- Art. 42Prestaciones garantizadasSon garantizadas las prestaciones de derecho subjetivo, exigibles y de provisión obligatoria para las Administraciones en las condiciones del Catálogo. Al menos lo son: información, valoración, orientación y asesoramiento; Proyecto de Intervención Social; teleasistencia; urgencias y emergencias sociales; protección de menores en riesgo o desamparo; prestaciones de la Ley 39/2006; protección a víctimas de violencia de género o trata; reconocimiento de discapacidad; ayuda a domicilio no vinculada a la dependencia; alojamiento alternativo; y tratamiento de adicciones.
- Art. 43Prestaciones condicionadasSon prestaciones condicionadas las que no tienen naturaleza de derecho subjetivo y no están calificadas como garantizadas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Están sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca.
- Art. 44Formas de provisión de las prestacionesLa Junta, a través de la Consejería competente, planifica, coordina, dirige, inspecciona, registra y evalúa la provisión de prestaciones, de gestión directa o indirecta. Quedan reservadas a gestión directa de las Administraciones: información, valoración, orientación y asesoramiento; Proyecto de Intervención Social; funciones de profesionales de referencia y equipos comunitarios; y gestión de prestaciones económicas del Catálogo. La Comunidad Autónoma gestiona directamente el internamiento no voluntario, la protección y adopción de menores y el ejercicio de autoridad.
- Art. 45Modelo básico de intervenciónEl modelo básico de intervención es la atención integral centrada en la persona o unidad de convivencia, con enfoque de desarrollo positivo y participación efectiva. Parte de una valoración integral y atiende a estilo de vida, preferencias y creencias. Participan la persona, su familia, profesionales implicados y el profesional de referencia, a quien corresponde elaborar, seguir y evaluar periódicamente el Proyecto de Intervención Social. Incluye intervención simultánea con salud, educación, vivienda, justicia y empleo, y enfoque grupal y comunitario.
- Art. 46Proyecto de Intervención SocialEl Proyecto de Intervención Social, individual o de la unidad familiar o convivencial, garantiza el carácter integral y la continuidad de la atención según la valoración diagnóstica. Recoge al menos: diagnóstico y valoración con potencialidades y plazo estimado; objetivos; prestaciones previstas y profesionales implicados; planificación con plazos máximos; indicadores y periodicidad del seguimiento; y acuerdos y compromisos. En casos complejos incluye mecanismos de deliberación ética. Si actúan varios niveles o sistemas, se diseña un único proyecto.
- Art. 47Instrumentos técnicosInstrumentos técnicos: la tarjeta social, que identifica como titular del derecho de acceso al Sistema; puede ser específica o compatible con la sanitaria, digital, personal e intransferible, con código de identificación único, y no puede vulnerar la universalidad ni impedir la atención urgente. La historia social, única y vinculada a la tarjeta, se abre en los servicios comunitarios, la complementan los especializados y, en formato digital, se denomina Sistema CoheSSiona. Además, herramientas comunes de valoración y diagnóstico.
- Art. 47 bisBases jurídicas para el tratamiento de datos personales en el Sistema CoheSSionaA falta de consentimiento expreso, el RGPD y la LOPDGDD habilitan el tratamiento de datos por misión de interés público o ejercicio de poderes públicos derivados de una competencia legal. CoheSSiona busca continuidad, integridad de la información, eficacia y coordinación entre sistemas. Deben intercambiar datos las entidades gestoras del Sistema, los órganos públicos de otros sistemas que interoperen con él y las entidades privadas integradas por convenio de interoperabilidad. Los datos se conservan mientras se sea usuario y el tiempo necesario para sus fines.
- Art. 47 terRégimen jurídico y obligaciones legales de la Historia Social Única electrónica de AndalucíaEl tratamiento de los datos personales necesarios para documentar la intervención social en el Sistema CoheSSiona se rige por esta ley y, además, por la normativa especial de protección de datos personales, de protección de la infancia, de protección de las personas con discapacidad, de igualdad de género y por cualquier otra normativa sectorial de intervención social. La Consejería competente en servicios sociales es el órgano responsable de los ficheros de origen de esos datos, sin perjuicio de las obligaciones de las entidades encargadas del tratamiento.
- Art. 47 quáterAcceso a la información contenida en el Sistema CoheSSionaAcceden al Sistema CoheSSiona quienes prestan servicios en las entidades del artículo 47.bis.4 y lo requieran para su cometido profesional, con perfiles limitados al contenido necesario, adecuado y pertinente según sus funciones y con requisitos y autorización reglamentarios. La persona usuaria tiene derecho de acceso a su historia social electrónica, acreditando su identidad o por representación acreditada. Los profesionales quedan sujetos a secreto profesional y confidencialidad. Los demás accesos se rigen por la normativa de protección de datos.
- Art. 48Sistema de Información sobre servicios socialesLa Consejería competente garantiza el diseño, mantenimiento y actualización permanente de un Sistema de Información sobre Servicios Sociales unificado e integrado. Todos los agentes públicos y privados del sistema deben aportarle información. Se garantiza la confidencialidad de los datos personales. Los datos se desglosan por ejes de desigualdad (discapacidad, edad, sexo, dependencia, adicciones, empleo, vivienda, origen, etc.). Habrá protocolos de integración con otros sistemas, en especial el sanitario, y acceso de la ciudadanía.
- Art. 49Consejo de Gobierno de la Junta de AndalucíaCorresponde al Consejo de Gobierno: fijar prioridades y directrices de la política general de servicios sociales; aprobar el Catálogo de Prestaciones y el Plan Estratégico; establecer los criterios de coordinación general y transversal; fijar los precios públicos; ejercer la potestad sancionadora según el título VI; garantizar la suficiencia financiera y técnica de las prestaciones garantizadas de su competencia; y las demás atribuidas o no atribuidas expresamente a otra Administración.
- Art. 50Consejería competente en materia de servicios socialesLa Consejería competente en servicios sociales ejecuta las directrices del Consejo de Gobierno y ostenta la superior dirección y coordinación del Sistema Público. Elabora el Plan Estratégico y el Catálogo de Prestaciones; elabora y aprueba los planes específicos y territoriales y el Mapa de Servicios Sociales. Define el Sistema de Información, la Estrategia de calidad y el Registro de Entidades, Centros y Servicios. Suscribe convenios con el Estado o la Administración Local, autoriza, acredita y registra entidades y centros, y ejerce la potestad inspectora y la sancionadora.
- Art. 51Entidades localesLas entidades locales tienen como competencias propias en servicios sociales las de la legislación de régimen local, la Ley 5/2010 y la normativa sectorial, y en concreto, entre otras: detectar necesidades, planificar y gestionar los servicios sociales comunitarios, dotar centros y personal y elaborar planes de actuación local. Las ejercen los municipios, por sí o asociados (según las zonas básicas del Mapa), o con asistencia de la provincia. Garantizados los comunitarios, los ayuntamientos pueden prestar especializados.
- Art. 52Transferencia y delegación de competenciasEn el marco de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y de la regulación básica de régimen local, los servicios sociales de titularidad autonómica se pueden delegar a los municipios y a las diputaciones provinciales, en virtud de los principios de descentralización, subsidiariedad, proximidad, eficacia y eficiencia. También se pueden transferir, en los términos de la Ley 5/2010 y conforme a los criterios que se determinen reglamentariamente.
- Art. 53Estructuras de organización y gestiónEl Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá establecer la organización, los instrumentos y las herramientas de coordinación, supervisión y gestión admitidos en derecho que estime adecuados para que el Sistema Público de Servicios Sociales satisfaga los derechos de la ciudadanía, cumpla sus fines y alcance los objetivos de la ley, bajo los principios de eficacia, calidad, eficiencia, transparencia y buen gobierno.
- Art. 54Coordinación con otros sectoresEl Consejo de Gobierno adoptará las medidas necesarias para que las funciones del Sistema Público de Servicios Sociales se coordinen con las de otros sistemas de protección social afines o complementarios. Esas medidas se aplicarán especialmente a la coordinación con el sistema sanitario público de Andalucía, el sistema educativo, los servicios de empleo, de formación, de vivienda, de Administración de Justicia y otros que confluyan con los servicios sociales en áreas concretas de la intervención social.
- Art. 55Colaboración entre Administraciones PúblicasPara una prestación ágil y eficaz, las Administraciones Públicas que actúan en Andalucía se prestan colaboración mediante los instrumentos de cooperación de la Ley 40/2015, la Ley 9/2007, la legislación de régimen local y las leyes de violencia de género, protección del menor y drogas que cita el artículo. La Junta arbitrará las fórmulas de colaboración y gestión más adecuadas para garantizar la corresponsabilidad y la estabilidad de servicios y profesionales, colaborará con el Estado en materias de interés común, y las entidades locales se acogerán a las fórmulas legales de colaboración.
- Art. 56Coordinación y colaboración administrativa de los servicios sociales de AndalucíaLa coordinación administrativa de los servicios sociales en Andalucía corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en servicios sociales, en los términos del artículo 58 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía. Para facilitar la cooperación, la información recíproca, la homogeneidad técnica, la continuidad de la atención, la igualdad en el acceso y la acción conjunta de las Administraciones, la Administración competente de la Junta formulará los planes estratégicos de servicios sociales previstos en la ley.
- Art. 57La Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios SocialesSe crea la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales, órgano permanente de colaboración entre la Junta y las entidades locales. Es paritaria, consultiva y de ámbito autonómico. La preside la persona titular de la Consejería competente (o titular de un órgano directivo en quien delegue); la vicepresidencia es de un representante local propuesto por la asociación de municipios y provincias de mayor implantación. La forman cuatro representantes de la Junta y cuatro de las entidades locales. Aprueba su reglamento interno por mayoría de sus miembros.
- Art. 58Coordinación entre los servicios sociales y otros sistemas de protección socialLos órganos de servicios sociales deben coordinarse con salud, educación, sistema judicial, empleo, formación, vivienda, accesibilidad, igualdad y otras políticas que confluyan en la intervención social. Para ello: cauces formales de cooperación, instrumentos y protocolos conjuntos o convenios, y catálogos o carteras conjuntas. Para prevenir la dependencia, la Junta desarrollará, coordinando salud y servicios sociales, programas preventivos y de rehabilitación para mayores, personas con discapacidad y hospitalizaciones complejas.
- Art. 59Profesionales y servicios socialesSon profesionales del Sistema Público quienes tienen como dedicación principal actividades relacionadas con las funciones de los servicios sociales de la ley. El servicio público debe tener personal suficiente, con formación, titulación, capacidades y estabilidad laboral. Las ratios de perfiles profesionales, según tipología de prestaciones, se fijarán reglamentariamente. Las Administraciones velarán porque los profesionales trabajen centrados en la persona, en equipo interdisciplinar y basándose en la evidencia científica.
- Art. 60Competencias profesionalesEl Sistema Público de Servicios Sociales promoverá un modelo de gestión de competencias profesionales para una práctica ágil, eficaz y flexible, adaptada a las necesidades de las personas y a las nuevas exigencias, y fomentará la cultura innovadora, la creatividad y el talento. Los profesionales, según su cualificación y desarrollo profesional, podrán incorporar a su práctica las funciones docente y de investigación, que las Administraciones potenciarán. Todos los planes específicos deben incluir la definición de competencias y el plan de desarrollo profesional.
- Art. 61Cooperación para el desarrollo profesional continuadoLas Administraciones Públicas competentes en servicios sociales, cada una en su ámbito, pondrán en marcha estrategias de desarrollo continuo de competencias con aprendizaje compartido; fomentarán la práctica basada en la evidencia y la gestión del conocimiento; promoverán la cooperación de las instituciones académicas en la formación continua; impulsarán la formación de grado y posgrado, con másteres y doctorados en coordinación con la Consejería de universidades; evaluarán la calidad e impacto de la formación; y reconocerán a la red informal y sociofamiliar de apoyo, facilitándole formación.
- Art. 62Participación profesionalLa Consejería competente impulsará instrumentos para la participación efectiva de los profesionales, especialmente a través de los colegios profesionales y las organizaciones profesionales, y, mediante la participación y el diálogo social, incorporará estrategias que mejoren las funciones de las personas trabajadoras. Se fomentarán y reconocerán las iniciativas profesionales de mejora y se impulsarán redes de cooperación entre profesionales y otros agentes mediante redes sociales digitales y tecnologías de la información.
- Art. 63Derechos y deberes de las personas profesionales de los servicios socialesAdemás de los del ordenamiento, los profesionales tienen derechos específicos (igualdad y dignidad, medios y apoyos, reconocimiento de competencias, prevención de riesgos, marco laboral adecuado, renunciar a atender ante agresiones, amenazas o injurias si es proporcionado y no desatiende a la persona) y deberes (atención adecuada, conocer la normativa, no discriminar, respetar las decisiones de los usuarios, comunicar posibles vulneraciones de derechos). Formación continua y participación son derecho y deber.
- Art. 64Investigación y desarrollo en servicios socialesLas Administraciones competentes promoverán la investigación y el desarrollo en servicios sociales como instrumento de mejora continua de la calidad. La investigación en el Sistema Andaluz del Conocimiento se orientará a generar estrategias y buenas prácticas para las necesidades de la ciudadanía y al desarrollo económico y social de Andalucía. Se promoverán redes de colaboración científica. La Consejería impulsará la I+D+i: coordinación y cooperación, fomento del bienestar e identificación de lagunas.
- Art. 65Innovación en servicios socialesLas Administraciones competentes favorecerán la innovación e impulsarán la cultura innovadora entre los agentes e instituciones públicas y privadas del sistema. Las Administraciones Públicas de Andalucía elaborarán políticas públicas eficaces para fortalecer y mejorar la capacidad de innovación. Además, fomentarán actitudes innovadoras en el sector social promoviendo el compromiso con las innovaciones, la vigilancia constante del entorno, el estímulo de la creatividad y el impulso de colaboraciones y alianzas.
- Art. 66Emprendimiento e innovación socialLas Administraciones Públicas de Andalucía apoyarán las innovaciones sociales aplicadas a los servicios sociales, entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperación que incrementen la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente. Promoverán acciones positivas mediante cuatro medidas: promocionar el talento y el capital social de personas y grupos innovadores, promover una cultura colaborativa de valores compartidos, facilitar la investigación y desarrollo sobre innovaciones sociales y fomentar el emprendimiento empresarial como fuente de innovación.
- Art. 67Gestión del conocimiento en políticas socialesLa Consejería competente impulsará la red de agentes del conocimiento en políticas sociales, conforme a la Ley 16/2007, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. La red contará con agentes de generación de conocimiento, redes y estructuras que lo transfieren, adaptan y aplican para innovar, y entidades de gestión del conocimiento y las tecnologías. La Consejería impulsará el reconocimiento de competencias investigadoras y la investigación como parte consustancial de la actividad profesional.
- Art. 68Red Andaluza de Investigación de Políticas SocialesSe crea la Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales, organización en red que integra a personas investigadoras y grupos de investigación, con el objeto primordial de investigar e innovar en políticas sociales, bajo el principio de fomento de la calidad y la excelencia científica y sin perjuicio del aprovechamiento compartido del conocimiento. Se promoverá la presencia paritaria de mujeres y hombres y la formación en igualdad para incorporar la perspectiva de género. Sus objetivos, funciones, régimen, organización y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.
- Art. 69EstadísticasCada año natural, dentro de su primer cuatrimestre, la Consejería competente debe hacer públicos los informes estadísticos necesarios para conocer la realidad social de la Comunidad.
- Art. 70Estrategia de ética de los servicios socialesLa Consejería competente en servicios sociales desarrollará y aprobará una Estrategia de ética para introducir los principios éticos en las políticas sociales y en la provisión de servicios, creando un espacio común de valores compartidos entre ciudadanía, profesionales y organización, bajo el enfoque de la corresponsabilidad, la cooperación y la confianza. Se elaborará con criterios de participación social y profesional, y sus compromisos se trasladarán a todos los campos de la práctica profesional: gestión, intervención social, formación, investigación e innovación.
- Art. 71Comité de Ética de los Servicios SocialesSe crea el Comité de Ética de los Servicios Sociales, órgano colegiado consultivo adscrito orgánicamente a la Consejería competente, con autonomía funcional, para garantizar el respeto a la autonomía, personalidad, dignidad e intimidad de las personas. Delibera sobre conflictos éticos, responde consultas de trabajadores, usuarios o familiares y propone protocolos. Lo integran profesionales de reconocido prestigio, con composición paritaria e independencia. Sus normas de régimen interno las aprueba el propio comité.
- Art. 72Código de Ética ProfesionalEn el marco de la Estrategia de ética, la Consejería competente en servicios sociales promoverá, junto a organizaciones y colegios profesionales, un código de ética profesional que garantice la reflexión ética en la intervención social, el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y el cumplimiento de los principios rectores del sistema. Además, conforme a la responsabilidad social empresarial, promoverá con las entidades proveedoras un código ético que oriente sus procesos de contratación, compras, almacenes, distribución logística y demás gestión administrativa.
- Art. 73La planificación de los servicios socialesLa Consejería competente en materia de servicios sociales es la responsable de impulsar una planificación ordenada y prospectiva de las estrategias, recursos, servicios y prestaciones de servicios sociales en Andalucía. Las entidades locales y demás organizaciones y entidades que configuran el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tienen la obligación de colaborar y participar en los procesos de planificación, en los términos en que estos se formulen.
- Art. 74Principios de la actividad planificadoraLa planificación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se rige por siete principios: a) coordinación entre las Administraciones Públicas; b) equilibrio territorial (mismas oportunidades de acceso para toda la población); c) proximidad (servicios cerca del lugar de vida habitual); d) eficiencia y aprovechamiento racional de los recursos; e) calidad de los servicios públicos; f) intersectorialidad (cooperación horizontal); g) integración de perspectivas sociales: género, accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
- Art. 75Plan Estratégico de Servicios SocialesEl Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales y tras el informe facultativo del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, acuerda la formulación y aprueba el Plan Estratégico de Servicios Sociales, con la periodicidad que el propio plan determine. Incluye, entre otros aspectos, diagnóstico y pronóstico de necesidades, objetivos de cobertura, líneas estratégicas, coordinación, calendario, recursos y evaluación, y las determinaciones para implantar gradualmente la Estrategia de calidad.
- Art. 76Vigencia y efectos del Plan Estratégico de Servicios SocialesSea cual sea la periodicidad del Plan Estratégico, la Consejería competente en materia de servicios sociales debe revisarlo y generar un informe público al menos cada cuatro años, sin perjuicio de su posible prórroga; antes de aprobar un nuevo plan es obligatorio evaluar el anterior. El informe estará a disposición de entidades locales, personas usuarias y ciudadanía conforme a la legislación de transparencia. Entidades locales, entidades de iniciativa social que quieran integrarse en el Sistema y entidades privadas de la red pública deben ajustarse a las directrices del plan.
- Art. 77Planes específicos de servicios socialesComo complemento y desarrollo del Plan Estratégico, la Consejería competente en materia de servicios sociales podrá elaborar planes específicos para colectivos o ámbitos territoriales concretos, según las necesidades y problemas sociales detectados, con la colaboración de las entidades locales del ámbito y garantizando la participación ciudadana. Su aprobación corresponde a la misma Consejería y deben elaborarse conforme al Plan Estratégico, que incluirá una adaptación específica en cada área de servicios sociales del sistema.
- Art. 78Modelo de calidad del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaLa calidad de los servicios sociales es un derecho de las personas usuarias y, por ello, objetivo prioritario y deber del Sistema Público. La Consejería competente en materia de servicios sociales se encarga de su mejora continua mediante, entre otras vías, la cultura de calidad y seguridad, la evaluación y acreditación de la calidad y la medición de la satisfacción de las personas usuarias. Sus instrumentos se aplican a todos los agentes del Sistema; las entidades locales podrán participar en el modelo; y las Administraciones formarán a su personal en igualdad entre mujeres y hombres.
- Art. 79Certificación de la calidad de los servicios socialesLa Consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará reglamentariamente un sistema de certificación de la calidad de los servicios del Sistema Público, articulado a partir de un programa de certificación y de manuales de estándares específicos según el sistema estandarizado de clasificación que se adopte. La certificación se resuelve por resolución de la persona titular del órgano con competencias en materia de autorizaciones y acreditaciones de servicios sociales, conforme se establezca reglamentariamente.
- Art. 80Planificación y evaluación de la calidad de los servicios socialesLa Consejería competente en materia de servicios sociales establecerá una estrategia global de calidad, eficiencia y sostenibilidad con objetivos en los ámbitos de ciudadanía, profesionales y organización, que será referente para elaborar el Plan Estratégico. Además, desarrollará indicadores para seguir y evaluar la mejora continua de la calidad por resultados (empoderamiento, autonomía, calidad de vida, satisfacción, igualdad, eficiencia, sostenibilidad…), que deberán permitir comparar prestaciones, servicios y centros entre sí y con otros sistemas nacionales o europeos.
- Art. 81Eficiencia de los servicios socialesPara mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios del Sistema Público, la Consejería competente en materia de servicios sociales formulará un contrato programa con las entidades instrumentales que provean servicios sociales y elaborará de forma sistemática análisis de eficiencia y evaluación económica. El contrato programa contendrá directrices, objetivos, recursos asignados e indicadores; una vez formulado, las entidades instrumentales lo desarrollarán según su organización, fijando objetivos operativos, recursos e indicadores.
- Art. 82Sostenibilidad del Sistema Público de Servicios Sociales de AndalucíaLa sostenibilidad es objetivo prioritario del Sistema Público: atender las necesidades sociales del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Para ello la Consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará instrumentos normativos, de planificación, gestión y evaluación para garantizar la sostenibilidad social, económico-financiera y ambiental, identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés y promover la responsabilidad social en todos los niveles de la organización.
- Art. 83Autorización de centros y serviciosLos centros y servicios de día y de noche y los de atención residencial necesitan autorización administrativa para su puesta en funcionamiento y para las modificaciones sustanciales de su estructura física o funcional. Los demás centros y supuestos van por declaración responsable o comunicación administrativa (esta, para un inventario general). Los reglamentos fijarán las condiciones de los centros del apartado 1: físicas y de accesibilidad, instalaciones, personal y requisitos funcionales. La Consejería tramita y otorga.
- Art. 84Acreditación administrativaLas entidades que quieran concertar plazas o servicios con la administración de servicios sociales necesitan acreditación administrativa, en los términos reglamentarios. Su otorgamiento y renovación corresponden a la Consejería competente en materia de servicios sociales y persiguen el cumplimiento de los requisitos de calidad de los centros y servicios concertados. Las condiciones de acreditación incluyen especificaciones, parámetros y estándares de calidad sobre infraestructuras, recursos humanos y aspectos organizativos y de funcionamiento.
- Art. 85Resolución, vigencia, revocación, suspensión y extinción de la autorización y acreditación administrativaSi vence el plazo reglamentario para resolver sobre autorizaciones definitivas y acreditaciones sin resolución expresa notificada, la solicitud se entiende estimada. Las autorizaciones exigen cumplir siempre los requisitos y las condiciones de la acreditación rigen mientras dure el concierto. El incumplimiento puede llevar a la revocación, con procedimiento y audiencia, y la resolución puede obligar a restituir la situación previa e impedir instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante cuatro años desde su notificación. Tras una sanción de cierre se requiere nuevo título.
- Art. 85 bisProcedimiento único en la tramitación y resolución de las autorizaciones administrativas de funcionamiento y acreditaciónCuando los requisitos materiales y funcionales exigidos para la autorización administrativa de funcionamiento definitivo y para la acreditación sean equiparables, así como para su inscripción en el registro, la administración competente podrá establecer un procedimiento común para su tramitación, resolución e inscripción. Se trata de una facultad, no de una obligación, y solo opera en el supuesto de equiparación de requisitos.
- Art. 86Registro de Entidades, Centros y Servicios SocialesLa Consejería competente en materia de servicios sociales contará con un Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales donde se inscriben las entidades titulares o prestadoras, las que desarrollen programas e intervenciones y sus centros o servicios autorizados o declarados. Un Decreto del Consejo de Gobierno regulará su contenido, estructura y organización. La inscripción no tiene efectos constitutivos, pero es requisito para conciertos, subvenciones o ayudas de la Junta en servicios sociales. Las entidades inscritas deben comunicar todas las variaciones de sus datos.
- Art. 87FinalidadLa Inspección de Servicios Sociales tiene tres fines: contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios y centros de servicios sociales y promover la mejora continua del nivel de calidad en la prestación de los servicios sociales en Andalucía.
- Art. 88CompetenciaLas competencias de inspección de servicios sociales de la Comunidad Autónoma las ejerce la Consejería competente en materia de servicios sociales. La Inspección de Servicios Sociales es el órgano de esa Consejería encargado de la función inspectora en ese ámbito. Los municipios y demás entidades locales deben colaborar con la inspección de la Junta de Andalucía, y un Decreto del Consejo de Gobierno articulará la organización y funcionamiento de la función inspectora.
- Art. 89Ámbito de actuaciónQuedan sometidas a la inspección de servicios sociales las prestaciones económicas y las actividades de prestación de servicios sociales de todas las entidades, públicas y privadas, con independencia de que tengan o no ánimo de lucro, de su situación administrativa, de la denominación formal de la actividad y del lugar donde la persona titular tenga su sede social o domicilio legal.
- Art. 90Funciones de la InspecciónSon funciones de la Inspección de Servicios Sociales: a) comprobar el cumplimiento de la normativa de servicios sociales, proponiendo y, en su caso, adoptando medidas para restablecer la legalidad; b) observar el respeto de los derechos de las personas usuarias; c) verificar los requisitos exigidos a entidades, centros y servicios; d) informar, asesorar y orientar a los sectores implicados sobre sus derechos y obligaciones; e) las demás que se le atribuyan reglamentariamente.
- Art. 91Configuración y facultades del personal inspectorLa inspección la ejerce personal funcionario que ocupe puestos específicos de personal inspector, con competencias profesionales adecuadas, y que puede auxiliarse de otro personal técnico para determinadas actuaciones. Excepcionalmente, por urgencia o necesidad, puede habilitarse a otro personal funcionario de la Junta de Andalucía. El personal inspector tiene la condición de autoridad pública y actúa con autonomía técnica y sujeción a las instrucciones de sus superiores jerárquicos.
- Art. 92Deberes del personal inspectorEl personal inspector tiene estos deberes: a) acreditarse con documento oficial; b) sigilo profesional y confidencialidad de los datos, informes, origen de las denuncias y antecedentes conocidos por su cargo, en especial los datos personales de las historias social y clínica de las personas usuarias; c) máximo respeto y consideración con personas inspeccionadas y usuarias, informándoles de sus derechos y deberes; d) los demás que se atribuyan reglamentariamente.
- Art. 93Deber de colaboración de las entidades y sujetos prestadoresLas personas titulares de entidades y servicios, sus representantes legales o, en su defecto, quienes estén a cargo, deben facilitar al personal inspector información, documentación y acceso a dependencias. Igual deber tienen las personas beneficiarias de prestaciones y subvenciones, sus representantes y las personas cuidadoras no profesionales. Es obstrucción cualquier acción u omisión que dificulte o impida la inspección. La citación a comparecencia será siempre por escrito; no comparecer sin causa justificada puede entenderse obstrucción.
- Art. 94Planificación de las actuaciones inspectorasLas actuaciones inspectoras responden a la planificación y programación establecidas, sin perjuicio de las derivadas de denuncias o de carácter extraordinario, y se inician en todo caso de oficio. La Consejería competente en materia de servicios sociales aprueba el Plan General de Inspección, que contendrá los objetivos a lograr, los ámbitos de actuación y el plazo previsto para su ejecución.
- Art. 95Desarrollo de la función inspectoraEl personal inspector puede: a) acceder libremente, en cualquier momento, tras identificarse y sin notificación previa, a centros e instalaciones; b) visitar el domicilio de las personas beneficiarias, previa solicitud de permiso y con consentimiento de sus titulares (si lo niegan, puede posponer la visita y, si persiste la negativa sin causa justificada, podría entenderse obstrucción); c) hacer mediciones y comprobaciones; d) y e) acceder a la documentación y a los expedientes individuales; f) entrevistar; g) requerir documentación; h) citar a comparecencia.
- Art. 96Actas de inspecciónDe cada actuación inspectora se extiende un acta, y se entrega copia a la persona ante la que se extiende, que queda así notificada. El acta es el documento en que el inspector recoge por escrito el resultado de una actuación concreta, en el momento y lugar en que se realiza. Es documento público, tiene presunción de certeza y valor probatorio sobre los hechos constatados fehacientemente, sin perjuicio de las pruebas de los interesados. Para iniciar procedimientos sancionadores o disciplinarios, las actas e informes tienen la consideración de actuaciones previas.
- Art. 97Medidas provisionalesLa Inspección de Servicios Sociales puede proponer a los órganos competentes, conforme a la normativa aplicable, la adopción de medidas cautelares cuando exista riesgo inminente de daños o perjuicios graves para las personas usuarias. Son esos órganos competentes los que, a la vista de las propuestas y, en su caso, de las alegaciones, deciden la medida a adoptar.
- Art. 98Libertad de prestación de servicios socialesLas personas físicas y las personas jurídicas privadas pueden crear centros y establecimientos de servicios sociales y gestionar servicios y prestaciones, sometidas al régimen de autorización y a las condiciones de esta ley y de la normativa de servicios sociales. En ningún caso pueden crear centros o servicios reservados, o que desempeñen funciones reservadas, exclusivamente a la iniciativa pública. Prestar servicios sujetos a autorización sin tenerla, o la mera publicidad de ellos por cualquier medio, son actividades contrarias a la ley sometidas al régimen sancionador.
- Art. 99Colaboración de la iniciativa social en materia de servicios socialesLas entidades de iniciativa social pueden cooperar con las Administraciones Públicas de Andalucía en la provisión de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales mediante cualquier instrumento de colaboración previsto en el ordenamiento jurídico, sujetándose a los objetivos de la planificación general de la Junta de Andalucía y en los términos que se fijen reglamentariamente.
- Art. 100Participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios del Sistema Público de Servicios SocialesLa Consejería puede organizar las prestaciones del Catálogo mediante gestión directa, concierto social o gestión indirecta conforme a la contratación pública. Las prestaciones del artículo 44 se reservan a gestión pública directa. En conciertos y contratos se da prioridad, en análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social, a la iniciativa social, economía social, cooperativas y pymes. El acceso a plazas concertadas es siempre a través de la Administración, y para concertar se exige autorización y acreditación inscritas en el Registro.
- Art. 101Participación de la iniciativa social y privada mediante el régimen del concierto socialEl concierto social es el instrumento para prestar servicios sociales de responsabilidad pública mediante entidades con financiación, acceso y control públicos. En análogas condiciones, se prioriza a las entidades de iniciativa social. Excepcionalmente, si no hay entidades de iniciativa social que cumplan, cabe concertar con entidades con ánimo de lucro, salvo el apoyo a personas con discapacidad para ejercer su capacidad jurídica, reservado a fundaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro. Es una modalidad distinta del concierto de la contratación pública.
- Art. 102Medidas de discriminación positivaLos conciertos sociales atenderán a los principios de atención personalizada e integral, arraigo de la persona en su entorno, elección de la persona, continuidad en la atención y calidad. Por ello pueden fijarse como requisitos cláusulas, medidas de preferencia o de discriminación positiva: criterios sociales, de igualdad de género, de calidad, de experiencia y trayectoria acreditada u otros reglamentarios. En todo caso, el concierto debe contemplar el clausulado social aplicable.
- Art. 103Objeto de los conciertos socialesPueden ser objeto de concierto: a) la reserva y ocupación de plazas para uso exclusivo de personas usuarias del Catálogo cuyo acceso autorice el órgano competente aplicando los criterios de acceso; b) la gestión integral de prestaciones, programas, servicios o centros, salvo las de gestión pública directa del artículo 44. Puede suscribirse un único concierto para varios servicios o centros siempre que tengan el mismo titular.
- Art. 104Efectos de los conciertos socialesEl concierto obliga a la persona titular de la entidad privada a prestar los servicios en las condiciones del Catálogo de Prestaciones y a cumplir estrictamente la normativa laboral y demás obligaciones legales. Las prestaciones, gratuitas o no, no pueden tener carácter lucrativo: no se puede cobrar a las personas usuarias por las prestaciones propias del Sistema nada al margen del precio público. Cobrar cualquier cantidad por servicios complementarios fuera de los precios públicos requiere autorización del órgano competente.
- Art. 105Requisitos de acceso al régimen del conciertoPara acceder al concierto, las entidades deben, además de los requisitos reglamentarios: haber atendido de forma continuada a personas con necesidades similares; acreditar presencia previa en la zona; cumplir la normativa laboral; ser titulares del centro o de un derecho real de uso y disfrute no inferior a la vigencia del concierto; respetar la igualdad de género; tener autorización de funcionamiento; estar inscritas en el Registro y contar con autorización y acreditación inscritas. Deben acreditar además medios y recursos suficientes.
- Art. 106Duración, renovación, modificación y extinción de los conciertos socialesLos conciertos sociales se establecen sobre una base plurianual para garantizar la estabilidad, aunque pueden prever aspectos que se revisen y, en su caso, se modifiquen antes de concluir su vigencia. Pueden renovarse en las condiciones reglamentarias. Cuando termina el concierto, por cualquier causa, el órgano competente garantizará que los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concertadas no se vean perjudicados.
- Art. 107Formalización de los conciertosLos conciertos se formalizan en documento administrativo que concretará, además de lo que fije el reglamento: objeto y volumen global de actividad; duración, causas de extinción y procedimiento de modificación y renovación; cantidad global consignada por la Administración; periodicidad y procedimiento de pagos y justificación de gastos; seguimiento, control y auditoría; y obligaciones de las partes. Puede suscribirse un único concierto para plazas en varios centros o para la gestión integral de varias prestaciones o servicios cuando todos dependan de una misma entidad titular.
- Art. 108Participación de la iniciativa privada en el marco de contratación del sector públicoCuando, por la naturaleza o el carácter de la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública que se quiere concertar con la iniciativa privada, no proceda de forma motivada el régimen de concierto social, se podrá recurrir a la gestión indirecta prevista en la legislación general de contratación del sector público.
- Art. 109Cláusulas socialesEn los contratos de gestión de servicios del Catálogo, las cláusulas sociales (atención continuada, presencia previa en la zona) son requisito de adjudicación, no simple mérito. En análogas condiciones se da prioridad a las entidades sin ánimo de lucro, con discriminación positiva a favor de las que reúnan más características: entre ellas, más de un 40% de mujeres en dirección y más del 5% de plantilla con discapacidad o en exclusión (al menos el 2% de ese cupo, con discapacidad).
- Art. 110Convenios para la gestión de las prestaciones del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios SocialesLas Administraciones Públicas pueden celebrar convenios con entidades de iniciativa social con experiencia acreditada para proveer prestaciones del Catálogo cuando razones de urgencia, la singularidad de la actividad o prestación, o su carácter innovador y experimental aconsejen no aplicar, de forma motivada, el régimen de concierto social. A esos convenios se aplican las características y requisitos del régimen de concierto que no sean incompatibles con su naturaleza.
- Art. 111Acuerdos de colaboraciónLas Administraciones Públicas pueden establecer con las entidades de iniciativa social acuerdos de colaboración que recojan los conciertos, los convenios o cualesquiera otras formas de colaboración que se suscriban. Es una facultad («podrán») y el acuerdo sirve de marco que agrupa los distintos instrumentos de colaboración con esas entidades.
- Art. 112Fomento de la iniciativa social para la realización de actividades en materia de servicios socialesLa Junta de Andalucía puede otorgar subvenciones y ayudas a entidades de iniciativa social para actividades de servicios sociales si se corresponden con sus fines, se justifica su interés social y no menoscaban la prestación pública del servicio. Se otorgan con publicidad, concurrencia e igualdad y conforme a la legislación de subvenciones. Solo pueden recibirlas las entidades inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, y nunca para actividades o fines que no se ajusten a la planificación de servicios sociales de la Junta.
- Art. 113Partenariado, patrocinio y mecenazgo en el Sistema Público de Servicios SocialesSe reconoce el derecho de personas físicas y jurídicas a hacer partenariado, patrocinio y mecenazgo a favor del Sistema Público. Partenariado: alianza estratégica estable y de larga duración entre entidades empresariales y el Sistema. Patrocinio: relación táctica con empresas para acciones concretas y puntuales. Mecenazgo: aportación de fondos o bienes por personas físicas sin relación mercantil con el Sistema. Pueden ser finalistas o generales, en metálico o en especie, y se excluye a quienes tengan ciertas condenas o sanciones o no estén al corriente con Hacienda o la Seguridad Social.
- Art. 114Declaración de interés social para Andalucía a entidades sin ánimo de lucroLas entidades de iniciativa social que prestan servicios sociales, sin perjuicio de poder ser declaradas de utilidad pública, pueden ser declaradas de interés social para Andalucía en reconocimiento a su contribución, con las condiciones y requisitos reglamentarios. La declaración corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales. Las entidades declaradas tienen preferencia en subvenciones y ayudas de servicios sociales, siempre que acrediten calidad y eficacia.
- Art. 115Fuentes de financiaciónEl Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se financia con: a) presupuestos de la Comunidad Autónoma; b) presupuestos de las entidades locales; c) aportaciones finalistas de los Presupuestos Generales del Estado y de la Unión Europea; d) aportaciones de las personas usuarias que puedan establecerse; e) aportaciones de partenariado, patrocinio y mecenazgo con aportación financiera directa; f) donaciones, herencias, legados y aportaciones voluntarias, cumpliendo la normativa patrimonial; g) cualquier otra aportación conforme al ordenamiento.
- Art. 116Principios de la financiaciónLa Comunidad Autónoma garantizará, con respeto a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, la financiación necesaria de las prestaciones garantizadas de su competencia. Las Administraciones competentes tendrán en cuenta el principio de prioridad presupuestaria para la infancia. Las aportaciones de las personas usuarias se fundamentarán en los principios de equidad, progresividad, redistribución y solidaridad.
- Art. 117Marco de relación financieraLa Consejería competente en materia de servicios sociales establecerá un contrato programa con las entidades instrumentales que intervienen en la provisión de servicios sociales, que fijará las directrices de actuación, los objetivos y los recursos asignados. Los contratos programa incluirán también los indicadores necesarios para seguir el grado de realización de los objetivos.
- Art. 118Financiación de las infraestructuras de servicios socialesLa Junta de Andalucía puede colaborar con las entidades locales en la creación de infraestructuras de servicios sociales comunitarios, según la división territorial del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. Con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma solo se financian las infraestructuras de servicios sociales especializados previstas en la planificación autonómica. Los municipios pueden facilitar a la Junta el suelo para construir los nuevos centros previstos, conforme a la legislación del Patrimonio Municipal del Suelo.
- Art. 119Financiación de los servicios sociales comunitariosLa Comunidad Autónoma colabora en la financiación de los servicios sociales comunitarios mediante los programas de colaboración financiera de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, y con los criterios de la planificación autonómica y del Mapa de Servicios Sociales. El nivel de esfuerzo presupuestario de los ayuntamientos en los servicios sociales de su competencia es un criterio de valoración para acceder a la financiación de la Junta.
- Art. 120Financiación de los servicios sociales especializadosLa financiación de los servicios sociales especializados corresponde a la Administración titular de los servicios, según los requisitos de la legislación estatal o autonómica. La Junta de Andalucía puede contribuir a financiar los especializados de titularidad local si se ajustan estrictamente a la planificación autonómica y al Mapa de Servicios Sociales y una vez que la entidad local haya garantizado los servicios sociales comunitarios de su responsabilidad, mediante cualquiera de las fórmulas previstas legalmente.
- Art. 121Aportaciones de las personas usuarias a la financiación de los servicios socialesLas personas usuarias participan en la financiación según la naturaleza y coste de referencia del servicio, la intensidad de uso y su capacidad económica (renta y patrimonio, sin computar la residencia habitual salvo los supuestos del artículo siguiente). Nadie puede ser excluido por falta de recursos, ni el acceso, intensidad o prioridad pueden depender de su contribución. Se garantiza una cantidad mínima para gastos personales, actualizada anualmente. El Catálogo fija las prestaciones exentas, entre ellas información, valoración, orientación, diagnóstico y asesoramiento.
- Art. 122Exigibilidad de las aportaciones a las personas usuariasPagan la aportación las personas usuarias con participación fijada (si son menores, quien tenga la patria potestad o tutela). El patrimonio incluye bienes y derechos económicos y las disposiciones patrimoniales de los cuatro años anteriores a la solicitud, deducidas cargas y deudas. No computa la vivienda habitual si la persona sigue en su domicilio, si en residencia permanente tiene personas a cargo que viven allí, o si la residencia no cubre todos los días del año; tampoco el patrimonio protegido de la Ley 41/2003, salvo sus rentas no integradas.
- Art. 123Precios de los servicios sociales no integrados en el Sistema de Servicios Sociales de AndalucíaLos precios de los servicios sociales prestados por entidades privadas no integradas en el Sistema de Servicios Sociales de Andalucía son libres. No obstante, y sin perjuicio de las reglas de publicidad de precios, sus titulares deben comunicar previamente y por escrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales la lista de precios vigentes, y se entienden vigentes los últimos precios comunicados.
- Art. 124Concepto y clasificación de las infraccionesEs infracción toda acción u omisión de los sujetos responsables contraria a la normativa legal o reglamentaria tipificada y sancionada en esta ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves según el riesgo para la salud, la seguridad, la gravedad de la alteración social, la cuantía del beneficio obtenido, la intencionalidad, el número de personas afectadas y la reincidencia.
- Art. 125Infracciones levesSon infracciones leves las tipificadas como graves en el artículo siguiente cuando se cometan por imprudencia o simple negligencia y no comporten un perjuicio directo para las personas usuarias. Deben darse las dos condiciones a la vez: falta de dolo (imprudencia o simple negligencia) y ausencia de perjuicio directo para las personas usuarias.
- Art. 126Infracciones gravesSon infracciones graves, agrupadas en cinco bloques: a) contra los derechos de las personas usuarias (discriminación, coacciones…); b) en las relaciones con la Administración (datos falsos, obstruir la inspección…); c) en la atención asistencial (contenciones no homologadas, falta de higiene…); d) en las condiciones de los centros (ratios, superar la capacidad, precios…); e) obligaciones de las personas usuarias. También f) otros incumplimientos que no sean muy graves y g) la reincidencia de falta leve en los dos últimos años.
- Art. 127Infracciones muy gravesSon infracciones muy graves: a) y b) las graves que afecten gravemente a los derechos fundamentales de las personas usuarias o causen grave perjuicio a estas o a la Administración; c) ejercer actividades de servicios sociales sin autorización de funcionamiento; d) ejercer actividades distintas de las autorizadas; e) acciones u omisiones con perjuicio muy grave a las personas usuarias; f) reincidencia de falta grave en los dos últimos años; g) la agresión al personal del Sistema Público de Servicios Sociales en el ejercicio de su función.
- Art. 128ResponsabilidadSon autoras de las infracciones quienes realicen los hechos por sí, conjuntamente o mediante persona interpuesta, y quienes cooperen con una acción u omisión sin la cual la infracción no se habría producido. Si son varias, responden solidariamente de infracciones y sanciones. Pueden ser responsables titulares o gestoras, representantes legales, personas usuarias y cuidadoras. La responsabilidad administrativa no excluye la civil, penal o laboral; si los hechos pueden ser delito, se suspende el expediente hasta la resolución judicial, manteniéndose las medidas provisionales.
- Art. 129Prescripción de las infraccionesLas infracciones prescriben: las leves al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro años. El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción y se interrumpe por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador.
- Art. 130SancionesLeves: apercibimiento; multa hasta 300 euros a personas cuidadoras y hasta 30.000 euros a entidades; suspensión de prestaciones hasta dos mensualidades. Graves: 301 a 3.000 euros a cuidadoras; 30.001 a 90.000 euros a entidades; suspensión de prestaciones de dos a cuatro meses y traslado hasta 12 meses. Muy graves: 3.001 a 6.000 euros a cuidadoras; 90.001 a 1.000.000 de euros a entidades; suspensión de prestaciones de cuatro a seis meses y traslado definitivo. Además cabe suspensión de actividad hasta cinco años o cierre, y siempre reintegro.
- Art. 131Publicidad de las sancionesLos órganos competentes para resolver expedientes por infracciones graves o muy graves pueden acordar publicar las sanciones, una vez firmes, en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o en medios de comunicación social, a costa de la persona o entidad sancionada. La publicación recogerá nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la naturaleza y características de las infracciones.
- Art. 132Graduación de las sancionesLas sanciones deben guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción aplicada, y se gradúan ponderando: a) la gravedad de la infracción; b) la gravedad de la alteración social y los perjuicios causados; c) el riesgo para la salud o la seguridad de la persona; d) el número de personas o entidades afectadas; e) el beneficio obtenido; f) el grado de intencionalidad y reiteración; g) la reincidencia declarada firme en vía administrativa.
- Art. 133Reducción de la sanciónLas multas se reducen en un 30% si la persona infractora paga la multa y el importe total de las indemnizaciones en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución sancionadora. No hay reducción cuando la sanción es por infracción muy grave ni cuando la persona o entidad infractora haya cometido una o varias infracciones de la misma naturaleza en los cinco años anteriores con sanción firme.
- Art. 134Prescripción de las sancionesLas sanciones prescriben: las de infracciones muy graves a los cinco años, las de graves a los cuatro años y las de leves al año. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Se interrumpe por el inicio del procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado y se reanuda si este queda paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.
- Art. 135Órganos competentesInician los procedimientos sancionadores las personas titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la Consejería competente en servicios sociales, y el acuerdo de inicio designa al instructor. Resuelven: las infracciones leves, la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial; las graves, las personas titulares de los centros directivos de la Consejería; las muy graves, la persona titular de la Consejería; y el Consejo de Gobierno, cuando las sanciones propuestas superen 300.000 euros.
- Art. 136Plazo de resoluciónEl plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa en el procedimiento sancionador es de seis meses, y se cuenta desde la fecha de la resolución administrativa por la que se incoa el procedimiento. Dentro de ese plazo debe haberse dictado y también notificado la resolución expresa.
- Art. 137Medidas provisionalesAntes de iniciar el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo puede adoptar, de oficio o a instancia de parte, medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución o evitar riesgos urgentes para las personas, incluido, si es imprescindible, el cierre temporal o parcial del centro, la suspensión de la prestación o actividades o la prohibición temporal de nuevas personas usuarias. El acuerdo de inicio debe confirmarlas, modificarlas o levantarlas en el plazo máximo de quince días desde su adopción; si no se adopta en ese plazo, deben levantarse.
- Art. 138Medidas cautelaresUna vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para iniciarlo puede adoptar en cualquier momento, por acuerdo motivado, medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final, proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la presunta infracción: cierre o suspensión temporal, fianza hasta el importe mínimo de la multa que podría corresponder, o traslado temporal. Los plazos de suspensión y clausura provisional computan como cumplimiento de la sanción. La resolución definitiva las ratifica o deja sin efecto.
- Art. 139Clausura o cierre de centros o servicios carentes de autorización administrativaLa Consejería competente en materia de servicios sociales puede acordar la clausura o cierre de centros o servicios que no tengan autorización administrativa de funcionamiento, hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de salud, seguridad e higiene. Estas medidas no tienen carácter de sanción.
- Art. 140Multas coercitivasSi la infracción consiste en omitir una conducta exigible, la sanción va acompañada de un requerimiento con las actuaciones a realizar y un plazo suficiente; si no se cumple, el órgano sancionador puede imponer multas coercitivas. Pueden reiterarse por lapsos no inferiores a un mes y no superar el 30 por 100 de la multa impuesta, salvo si la sanción recae sobre persona usuaria o beneficiaria, con límite de quince días del IPREM. Si no se pagan, son exigibles por vía de apremio transcurridos treinta días desde su notificación.
- Art. 141Ejecución subsidiariaAnte una amenaza inminente de daño o un daño ya producido, si la persona titular no adopta las medidas preventivas, correctivas, paliativas o reparadoras necesarias, o resultan insuficientes, o cuando la gravedad y trascendencia de los daños lo aconsejen, la Administración Pública competente puede ejecutar subsidiariamente, a costa del sujeto responsable, las medidas preventivas y reparadoras que este deba adoptar.