Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía

Artículo 74. Principios de la actividad planificadora

En pocas palabras

La planificación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se rige por siete principios: a) coordinación entre las Administraciones Públicas; b) equilibrio territorial (mismas oportunidades de acceso para toda la población); c) proximidad (servicios cerca del lugar de vida habitual); d) eficiencia y aprovechamiento racional de los recursos; e) calidad de los servicios públicos; f) intersectorialidad (cooperación horizontal); g) integración de perspectivas sociales: género, accesibilidad universal y diseño para todas las personas.

Explicación sencilla

Enumera los principios que deben guiar toda la actividad planificadora del Sistema Público. Es una lista cerrada de siete letras, cada una con su nombre y su contenido, y el examen suele pedir que se identifique el principio a partir de su descripción o que se reconozca cuál figura en la lista.

Regla mnemotécnica

Siete principios: C-E-P-E-C-I-I: Coordinación, Equilibrio territorial, Proximidad, Eficiencia, Calidad, Intersectorialidad, Integración de perspectivas sociales.

Trampa típica de examen

Confundir proximidad con equilibrio territorial: el equilibrio territorial busca las mismas oportunidades de acceso para toda la población; la proximidad, acercar el servicio al lugar de vida habitual de las personas usuarias.

Texto del artículo 74 de la Ley 9/2016 (LSSA)

La planificación en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes principios: a) Coordinación entre las Administraciones Públicas, estableciendo unos mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas implicadas en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. b) Equilibrio territorial, articulando una distribución geográfica de los recursos y servicios que garantice las mismas oportunidades de acceso a toda la población de la comunidad autónoma. c) Proximidad, posibilitando, siempre que la naturaleza del servicio y el número de personas usuarias o potencialmente destinatarias lo permitan, la implantación de los servicios en las zonas geográficas más susceptibles de garantizar la prestación del servicio en un ámbito cercano al lugar de vida habitual de las personas usuarias. d) Eficiencia en la organización y aprovechamiento integral y racional de los recursos, debiendo procurarse un uso flexible y combinado de los disponibles, formales o informales, públicos o privados, con especial atención a los de la iniciativa social, con el objeto de garantizar su aplicación más eficaz a la satisfacción de las necesidades. e) Calidad de los servicios públicos, desarrollando un despliegue de servicios sobre la base de la mejor evidencia científica disponible y con criterios de máxima calidad y herramientas de acreditación. f) Intersectorialidad, de tal manera que la planificación de las actuaciones para la protección social se base en el trabajo coordinado de todos los sectores implicados, estimulando la cooperación horizontal. g) Integración de perspectivas sociales, en el sentido de que la planificación de los servicios sociales deberá integrar la perspectiva de género, de conformidad con lo previsto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, así como de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas ordenados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

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