Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía
Artículo 135. Órganos competentes
En pocas palabras
Inician los procedimientos sancionadores las personas titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la Consejería competente en servicios sociales, y el acuerdo de inicio designa al instructor. Resuelven: las infracciones leves, la persona titular de la Delegación Territorial o Provincial; las graves, las personas titulares de los centros directivos de la Consejería; las muy graves, la persona titular de la Consejería; y el Consejo de Gobierno, cuando las sanciones propuestas superen 300.000 euros.
Explicación sencilla
Reparte la competencia sancionadora: inicio siempre en las delegaciones y resolución escalonada según la gravedad, con el Consejo de Gobierno para sanciones propuestas de más de 300.000 euros.
Regla mnemotécnica
Resuelven: leve → Delegación, grave → centro directivo, muy grave → Consejería, más de 300.000 € → Consejo de Gobierno.
Trampa típica de examen
Atribuir la resolución de las infracciones graves a la persona titular de la Consejería: corresponde a las personas titulares de los centros directivos; la de la Consejería resuelve las muy graves.
Texto del artículo 135 de la Ley 9/2016 (LSSA)
1. Los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores serán las personas titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la Consejería competente en materia de servicios sociales. 2. En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se establecerá el órgano que deba instruir el expediente. 3. Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sanciones serán: a) La persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de servicios sociales, en sus respectivos ámbitos de actuación, cuando se trate de la comisión de infracciones leves. b) Las personas titulares de los centros directivos de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de servicios sociales, en el ámbito de su competencia, cuando se trate de la comisión de infracciones graves. c) La persona titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de servicios sociales cuando se trate de la comisión de infracciones muy graves. d) El Consejo de Gobierno cuando las sanciones propuestas sean de cuantía superior a 300.000 euros,
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