Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía
Artículo 7. El Derecho subjetivo a los servicios sociales
En pocas palabras
Las personas titulares tienen derecho de acceso universal a los servicios y prestaciones del Sistema. Las prestaciones se clasifican, por su naturaleza jurídica, en garantizadas y condicionadas. Las garantizadas son exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por quienes cumplan las condiciones; las condicionadas dependen de la disponibilidad de recursos y de criterios de prioridad objetivos. La cobertura de las garantizadas puede reclamarse en vía administrativa y judicial.
Explicación sencilla
Es el núcleo del modelo de derechos de la ley: separa lo exigible (prestaciones garantizadas) de lo que depende de los recursos disponibles (prestaciones condicionadas) y abre la vía administrativa y judicial para reclamar las primeras.
Regla mnemotécnica
Garantizada = Ganada como derecho subjetivo; Condicionada = Cuando haya recursos.
Trampa típica de examen
Atribuir a las prestaciones condicionadas el carácter de derecho subjetivo: están sujetas a la disponibilidad de recursos y a criterios de prioridad.
Texto del artículo 7 de la Ley 9/2016 (LSSA)
1. Las personas titulares del derecho a los servicios sociales en Andalucía tendrán derecho de acceso universal al conjunto de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales con arreglo a lo dispuesto en esta ley, sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación en vigor aplicable a los servicios sociales. 2. Las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, atendiendo a su naturaleza jurídica, se clasifican en prestaciones garantizadas y condicionadas. Las prestaciones garantizadas serán exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso conforme a la legislación vigente y normativa reglamentaria de desarrollo. Las prestaciones condicionadas estarán sujetas a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que objetivamente se establezcan. 3. Las personas titulares de las prestaciones garantizadas podrán reclamar su cobertura en vía administrativa y judicial con arreglo a lo dispuesto en esta ley, sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación vigente aplicable a los servicios sociales.
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