Tema 69 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 68. Cultura y patrimonio

Competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en cultura (actividades artísticas y culturales, fomento, patrimonio, proyección internacional) y en el flamenco. Competencias ejecutivas sobre museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Exclusiva sobre protección del patrimonio (sin perjuicio del art. 149.1.28.ª CE) y sobre archivos, museos y bibliotecas no estatales. Colabora con el Estado en el Archivo de Indias y la Real Chancillería y participa en las inversiones culturales estatales en Andalucía.

Artículo 72. Deportes, espectáculos y actividades recreativas

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en dos bloques. Deportes y actividades de tiempo libre: incluye planificación, coordinación y fomento de estas actividades, y la regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas. Espectáculos y actividades recreativas: incluye, en todo caso, la ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo de espectáculos en espacios y locales públicos.

Artículo 74. Políticas de juventud

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso: a) la promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes y las actividades de fomento o normativas para su acceso al trabajo, la vivienda y la formación profesional; b) el diseño, aplicación y evaluación de políticas y planes para la juventud; c) la promoción del asociacionismo juvenil, la participación de los jóvenes, la movilidad internacional y el turismo juvenil; d) la regulación y gestión de actividades e instalaciones para la juventud.

Artículo 1. Objeto

La ley regula, por un lado, la gestión, la protección, el acceso y la difusión de dos realidades: los documentos de titularidad pública y el Patrimonio Documental de Andalucía. Por otro lado, regula la coordinación, planificación, organización y funcionamiento del Sistema Archivístico de Andalucía.

Artículo 2. Definiciones

Define catorce conceptos. Documento: información producida como testimonio de actos y recogida en un soporte; se excluyen las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo. Archivo de oficina: documentos de una unidad administrativa. Archivo central: gestión documental hasta la transferencia al intermedio. Intermedio: desde los centrales hasta la eliminación o transferencia a un histórico. Histórico: custodia y conservación de lo calificado como de conservación permanente. Gestión documental: funciones y procesos reglados, de carácter transversal.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

Sin perjuicio de la legislación estatal y de los tratados y convenios internacionales ratificados por España que resulten aplicables, la ley se aplica a: los documentos de titularidad pública, el Patrimonio Documental de Andalucía y los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía, con independencia de su titularidad. Los archivos de titularidad estatal cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma se rigen por la legislación estatal que les afecte, por los convenios suscritos entre el Estado y la Junta de Andalucía y por esta ley.

Artículo 4. Principios generales

La consecución de los objetivos de la ley se inspira en cuatro principios: 1) los principios generales de organización, actuación y atención a la ciudadanía de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; 2) transparencia, accesibilidad e igualdad; 3) carácter transversal de las funciones archivísticas y principios archivísticos de respeto al origen y al orden natural de los documentos, a lo largo de su ciclo vital y con independencia de su productor; 4) adaptación a las nuevas tecnologías con la promoción de la gestión documental electrónica.

Artículo 5. Coordinación y colaboración interadministrativa

Todas las administraciones, organismos y entidades del sector público están obligados a colaborar en los objetivos de la ley; sus relaciones se rigen por lealtad institucional, coordinación y colaboración, y podrán establecer convenios. La consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental impulsa la coordinación de los archivos del Sistema. La Comunidad Autónoma colabora con el Estado para integrar en el Sistema los archivos estatales ubicados en Andalucía. Se asegura la representación adecuada de los titulares de archivos del Sistema en los órganos que se creen.

Artículo 6. Colaboración de los particulares

El artículo reparte dos posiciones en la consecución de los objetivos de la ley. Las administraciones públicas tienen el deber de fomentar la colaboración con las personas y entidades privadas. Las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada tienen la obligación de colaborar con las administraciones públicas andaluzas para conseguir dichos objetivos.

Artículo 7. Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación

Las administraciones públicas andaluzas promoverán la simplificación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el tratamiento, conservación, gestión, acceso y difusión de los documentos de su competencia. La Junta de Andalucía promoverá, además, la implantación y utilización de herramientas de administración digital para facilitar a las personas físicas y jurídicas su participación en los procedimientos contemplados en la ley.

Artículo 8. Concepto de documento

A los efectos de la ley, documento es toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Quedan excluidas de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo.

Artículo 9. Los documentos de titularidad pública

Son de titularidad pública los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus competencias por: Parlamento e instituciones de autogobierno; Presidencia de la Junta y Consejo de Gobierno; Administración de la Junta y sus entidades instrumentales; corporaciones de derecho público (funciones públicas atribuidas); entidades locales; universidades públicas; Administración del Estado, Justicia, notarías, registros públicos y organismos de la UE o internacionales radicados en Andalucía; entidades creadas, participadas o controladas; y personas privadas gestoras de servicios públicos.

Artículo 10. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los documentos de titularidad pública

Los documentos de titularidad pública que forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía de acuerdo con el artículo 15.1.a) son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Junta de Andalucía podrá recuperar en todo momento su posesión cuando se hallen indebidamente en posesión de terceros, adoptando las medidas legales oportunas para conseguir su reintegro.

Artículo 11. Requisitos de los documentos de titularidad pública

A efectos de su validez, los documentos de titularidad pública han de cumplir cinco requisitos: autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación. Los documentos de titularidad pública electrónicos incorporarán la información precisa que determine la consideración de su originalidad, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente.

Artículo 12. Custodia de los documentos de titularidad pública

Las personas al servicio del sector público tienen la obligación de custodiar los documentos a su cargo; la custodia conlleva la obligación de preservarlos. Los documentos de titularidad pública solo podrán salir de sus unidades administrativas, sistemas de información y archivos en los casos y con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente; el préstamo administrativo y el requerimiento por órganos jurisdiccionales no se consideran salida. Al cesar en sus funciones, deben entregarse a quien suceda en el cargo o, en su defecto, al archivo público que corresponda.

Artículo 13. Transferencia de documentos por traspaso de funciones o por extinción de órganos, entes u organismos públicos

Si un órgano, ente u organismo público traspasa funciones a otro, se transfieren solo los documentos producidos en el ejercicio de esas funciones que correspondan a procedimientos en tramitación o a relaciones jurídicas vigentes, sin perjuicio de los que contengan información relevante para su funcionamiento. Si se suprime o desaparece, esos mismos documentos pasan al que asuma sus funciones; si nadie las asume, van al archivo que le corresponda según el capítulo III del título II. Antes de incorporarse deben estar identificados e inventariados, y el ingreso se documenta con acta.

Artículo 14. Concepto de patrimonio documental de Andalucía

El patrimonio documental de Andalucía es el conjunto de los documentos producidos, recibidos o reunidos por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, ubicados en Andalucía, que posean interés histórico, social o cultural para la comunidad autónoma. Ese interés se aprecia atendiendo a su origen, productor, antigüedad, valor o singularidad.

Artículo 15. Documentos del Patrimonio Documental de Andalucía

Integran el Patrimonio Documental de Andalucía: los documentos de titularidad pública de cualquier época; los ubicados en la Comunidad Autónoma con más de cuarenta años, de personas jurídicas privadas de carácter religioso, político, sindical, cultural, educativo o con fines sociales; y los de otras personas privadas, ubicados en Andalucía, con cien años o más a la entrada en vigor de la ley. También los privados sin esa antigüedad incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos y los de valor relevante inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 16. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía

El Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía es un instrumento para facilitar la identificación de bienes integrantes de dicho Patrimonio. Su formación, actualización, coordinación y difusión corresponden a la consejería. Forman parte de él los bienes reconocidos como integrantes del Patrimonio Documental por resolución de la dirección general competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, conforme al procedimiento del artículo 17. No forman parte los bienes que se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 17. Procedimiento de inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía

La inclusión en el Inventario de los documentos del artículo 15.2 se incoa de oficio por la consejería. Duración máxima: doce meses desde la incoación; sin resolución dictada y notificada, el procedimiento caduca. Cualquier persona física o jurídica puede instar la incoación con solicitud razonada; decide la consejería, y se podrá entender desestimada a los seis meses de su entrada en el registro del órgano competente para la tramitación. La audiencia a los interesados es preceptiva. Resuelve la persona titular de la Dirección General competente y la resolución se publica en el BOJA.

Artículo 18. Integridad del Patrimonio Documental de Andalucía

No se podrá eliminar ningún documento constitutivo del Patrimonio Documental de Andalucía. La salvedad que admite el artículo es la eliminación en los supuestos y mediante los procedimientos establecidos reglamentariamente: tanto los supuestos como los procedimientos han de estar fijados por reglamento.

Artículo 19. Deber de información

Todas las personas físicas o jurídicas, con independencia de su régimen y naturaleza jurídica, que sean propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía están obligadas a proporcionar la información que la consejería les requiera en lo referente a esos documentos.

Artículo 20. Derechos de tanteo y retracto

La transmisión onerosa entre vivos de documentos del Patrimonio Documental de Andalucía está sometida a tanteo y retracto. Debe comunicarse a la consejería, por notificación fehaciente, con dos meses de antelación (en subasta, la fecha es la de su celebración), con las condiciones y el adquirente previsto. En ese plazo la consejería puede ejercer el tanteo para sí o para otras entidades, previo informe de la Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográfico; en subasta, la adjudicación queda en suspenso diez días. Retracto: seis meses desde el conocimiento explícito y fehaciente.

Artículo 21. Obligaciones de las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

Las personas privadas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz deben: conservarlos organizados y custodiarlos; facilitar su inspección por la consejería; permitir el acceso previa solicitud razonada; pedir autorización para cualquier traslado; notificar con carácter previo la transmisión onerosa; notificar en tres meses, desde que se haga efectiva, la transmisión por herencia, legado o donación; y comunicar en veinticuatro horas el accidente o siniestro que motive pérdida o destrucción.

Artículo 22. Traslados de documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

Todo traslado (desplazamiento a otro inmueble, incluidas las salidas temporales) de documentos privados inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz requiere autorización de la consejería. La solicitud se resuelve y notifica en dos meses; pasado el plazo, se podrá entender estimada. Puede denegarse en cuatro casos, y la consejería puede impedir el traslado u ordenar la reposición en tres. Se exceptúan los traslados sin salida de Andalucía por fuerza mayor o caso fortuito con urgente e inaplazable necesidad, que se comunican por escrito en las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 23. Depósito forzoso

Cuando no se reúnan las condiciones necesarias para garantizar la conservación, seguridad o acceso de los documentos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la consejería requerirá a las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras que adopten medidas. Si incumplen, podrá acordar la ejecución subsidiaria o la multa coercitiva del artículo 67.1. Para la ejecución subsidiaria podrá ordenar el depósito en un archivo público hasta que desaparezcan las causas, previa resolución motivada de la persona titular de la dirección general competente.

Artículo 24. Expropiación forzosa

La falta de cumplimiento de las obligaciones que la ley establece para las personas físicas y jurídicas privadas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz faculta a la Administración autonómica para expropiarlos, total o parcialmente, por causa de interés social y con objeto de garantizar su conservación. Rige el procedimiento especial del capítulo III del título III de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Lo expropiado ingresa en el archivo en que la consejería acuerde su custodia.

Artículo 25. Medidas de fomento para conservación, custodia y difusión de los documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía

La Junta de Andalucía podrá promover el establecimiento de medidas de fomento a favor de las personas físicas o jurídicas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía. La finalidad es contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21.1. La rúbrica del precepto se refiere a la conservación, custodia y difusión de esos documentos privados.

Artículo 26. Concepto de Sistema Archivístico de Andalucía

El Sistema Archivístico de Andalucía es el conjunto de órganos, archivos y centros que llevan a cabo la planificación, dirección, coordinación, ejecución, seguimiento e inspección de la gestión de los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía y de los archivos integrados en dicho sistema, de acuerdo con el artículo 40 y sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal que le sea de aplicación.

Artículo 27. Principios de actuación

El Sistema Archivístico de Andalucía actúa bajo los principios de coordinación y descentralización administrativa y operativa. Los planes y programas archivísticos se acuerdan, regulan y ejecutan siguiendo los principios de igualdad, participación, cooperación, descentralización y autonomía. El Sistema promoverá un modelo común de gestión documental acorde con la implantación de la administración electrónica, con cooperación y colaboración entre las consejerías competentes en documentos, archivos y patrimonio documental, administración electrónica y política informática.

Artículo 28. Consejo de Gobierno

El conjunto de competencias en materia de documentos, archivos y patrimonio documental previstas en la ley se ejerce bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, conforme al reparto de funciones que se dispone en los preceptos siguientes.

Artículo 29. Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental

La Consejería competente es responsable de formular y ejecutar la política de tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Documental de Andalucía y de dirigir y coordinar el Sistema Archivístico, sin perjuicio de la colaboración y coordinación con las consejerías de transformación digital y de simplificación administrativa. En particular: normas y normas técnicas; impulso, planificación, cooperación y fomento; Sistema de Información de Archivos; acuerdos de integración; coordinación técnica de los archivos de la Junta (salvo art. 60.5); inspección; otras funciones necesarias.

Artículo 30. Delegaciones provinciales

Corresponde a las delegaciones provinciales de la consejería el ejercicio de dos grupos de funciones: las funciones ejecutivas que se establezcan reglamentariamente y las que les delegue la consejería.

Artículo 31. Comisión Andaluza de Valoración de Documentos

La Comisión Andaluza de Valoración de Documentos es un órgano colegiado de carácter técnico y de participación: valora los documentos de titularidad pública y aplica el régimen de acceso material. Adscripción, composición y funcionamiento: reglamentariamente. Funciones: dictaminar la conservación y autorizar la eliminación; criterios de acceso material; plazos de permanencia, custodia y control; informe del artículo 48.2 sobre documentos judiciales; informes pedidos por los titulares de la consejería y de sus direcciones generales; elevar propuestas; otras reglamentarias.

Artículo 32. Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía

La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía es el órgano colegiado, consultivo y de participación de la Administración de la Junta de Andalucía en las materias relacionadas con el Sistema Archivístico. Su adscripción, composición y funcionamiento se establecen reglamentariamente. Funciones: información, consulta y asesoramiento del Sistema; elevar propuestas; conocer e informar los planes; otras reglamentarias. Todo ello sin perjuicio de las funciones que la Ley 14/2007 atribuye a la Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográfico.

Artículo 33. Concepto de archivo

A efectos de la ley, archivo es el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas. También lo es la unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Podrán constituirse redes de archivos por el traspaso de la custodia y otros tipos de redes para compartir y explotar información.

Artículo 34. Concepto de archivo público

Son archivos públicos los que custodian y sirven los documentos generados por las entidades públicas en el ejercicio de sus competencias y tienen a su cargo la gestión documental. En el ámbito territorial de Andalucía lo son los de los órganos y entidades relacionados en el artículo 9. Los inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma destinados a instalar archivos para la conservación definitiva de documentos del Patrimonio Documental de Andalucía tienen la protección que la Ley 14/2007 establece para los bienes de interés cultural, de acuerdo con su artículo 75.

Artículo 35. Concepto de archivo privado

Son archivos privados aquellos que custodian los documentos generados por personas físicas o jurídicas de naturaleza privada en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias.

Artículo 36. Obligaciones de las personas titulares de los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía

Los titulares de los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía deben: organizar, conservar, custodiar y servir los documentos; velar por la instalación, el funcionamiento y la dotación de medios humanos y materiales; velar por los requisitos técnicos, en especial aplicar las funciones de gestión documental y las normas de valoración emanadas de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos; y garantizar la aplicación y publicidad de las normas de acceso a los lugares de consulta. Podrán establecer normas de funcionamiento, remitidas a la consejería para su conocimiento.

Artículo 37. Medidas de fomento para los archivos ubicados en Andalucía

La consejería podrá establecer medidas de fomento y de apoyo técnico y económico, a las que podrán acceder las personas titulares de los archivos ubicados en Andalucía. En las subvenciones y ayudas que conceda la Junta de Andalucía para el apoyo técnico y económico a los archivos, los criterios de valoración de las bases reguladoras primarán que se trate de archivos integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía.

Artículo 38. Los archivos de oficina

Archivo de oficina: conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por una unidad administrativa. Los responsables de las unidades velarán por que custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación hasta su transferencia, según los plazos de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos o, en su defecto, al año de finalizado el procedimiento. Se organizan según las directrices técnicas del archivo receptor. En lo electrónico, los propios sistemas de tramitación tienen carácter de archivo de oficina.

Artículo 39. Medios personales y materiales

Reglamentariamente se establecerán la cualificación y el nivel técnico del personal técnico con funciones archivísticas de los archivos del Sistema y las condiciones de infraestructuras, instalaciones y equipamientos, sin perjuicio de las normas del Estado. La consejería facilitará recomendaciones técnicas para construir, reformar o adaptar edificios en los que se ubiquen documentos de titularidad pública. Son de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa, los edificios y terrenos donde vayan a instalarse dependencias de archivos de titularidad de la Junta de Andalucía.

Artículo 40. Clasificación de los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía

Los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía se clasifican en razón de su titularidad y gestión en: a) archivos de la Junta de Andalucía; b) archivos de las entidades locales de Andalucía; c) archivos de las universidades públicas de Andalucía; y d) archivos de titularidad y gestión distintas a las contempladas en los apartados anteriores integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía.

Artículo 41. Archivos de la Junta de Andalucía

Son archivos de la Junta de Andalucía: a) el Archivo del Parlamento de Andalucía; b) los de titularidad y gestión de la Junta: archivos de las instituciones de autogobierno reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía, archivos centrales, archivos provinciales intermedios y Archivo General de Andalucía; c) los de titularidad estatal y gestión de la Junta: archivos históricos provinciales, Archivo de la Real Chancillería de Granada y archivos de la Administración de Justicia en Andalucía.

Artículo 42. Archivos de las instituciones de autogobierno reseñadas en el capítulo VI del título IV

En las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía existirá un archivo. Estos archivos transferirán sus documentos al Archivo General de Andalucía.

Artículo 43. Archivos centrales

Los archivos centrales son las unidades administrativas encargadas de la gestión documental de los organismos a los que están adscritos. Hay uno en cada consejería y en cada entidad instrumental: transfieren al Archivo General de Andalucía, salvo las entidades de ámbito de una sola provincia, que lo hacen al archivo provincial intermedio. Los de cada delegación del Gobierno y delegación provincial transfieren a los provinciales intermedios. Plazos: los de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos o, en su defecto, el reglamentario.

Artículo 44. Archivos provinciales intermedios

En cada provincia existirá un archivo provincial intermedio para la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales. Los coordina funcionalmente el Archivo General de Andalucía. Reciben los documentos remitidos por los archivos centrales de esa organización territorial y de las entidades instrumentales en su provincia, y transfieren a los archivos históricos provinciales los calificados de conservación permanente. Plazos: los de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos y, en su caso, el reglamentario.

Artículo 45. El Archivo General de Andalucía

El Archivo General de Andalucía es el archivo intermedio e histórico para: los archivos centrales de cada consejería de la Junta de Andalucía, los archivos centrales de las entidades instrumentales que ejerzan sus competencias en más de una provincia y los archivos de las instituciones de autogobierno reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía. Estos archivos le transferirán sus documentos según los plazos de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Artículo 46. Archivos históricos provinciales

Los archivos históricos provinciales radicados en Andalucía son los archivos históricos de la organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales en su respectiva provincia; se les aplica el artículo 3.2. Dependen orgánicamente de la consejería. Se les transfieren los documentos de conservación permanente de la Administración de Justicia en Andalucía ubicada en su provincia, sin perjuicio del artículo 48, y los de conservación permanente procedentes de los respectivos archivos provinciales intermedios.

Artículo 47. Archivo de la Real Chancillería de Granada

El Archivo de la Real Chancillería de Granada es un archivo de carácter histórico, al que se transfieren los documentos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A este archivo le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2. Depende orgánicamente de la Consejería.

Artículo 48. Los archivos de la Administración de Justicia en Andalucía

Los archivos de la Administración de Justicia de Andalucía se rigen por esta ley en los términos de la disposición adicional duodécima. La Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, a efectos del artículo 17.3 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, elabora el informe que declara la conservación de los documentos judiciales por su valor histórico-cultural. Los documentos judiciales calificados de conservación permanente por la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía ingresan en el correspondiente archivo histórico provincial, sin perjuicio del artículo 47.

Artículo 49. Archivos de las entidades locales de Andalucía

Las entidades locales de Andalucía garantizan la prestación de los servicios de archivo en su ámbito territorial y cada una establece su propia red de archivos, que incluye los de sus entes vinculados o dependientes. Los archivos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes deben estar a cargo de personal con la cualificación y nivel técnico necesarios, según la normativa aplicable. Pueden mancomunarse para prestar estos servicios. La Administración de la Junta de Andalucía promueve medidas de conservación y de prestación del servicio.

Artículo 50. Archivos de las universidades públicas de Andalucía

Artículo 51. Integración en el Sistema Archivístico de Andalucía

Un archivo distinto de los contemplados en las secciones anteriores se incluye en el Sistema Archivístico de Andalucía a petición de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas. La petición se resuelve en un plazo no superior a seis meses, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos que se establezcan en las normas que desarrollen el procedimiento de integración.

Artículo 52. Censo de Archivos de Andalucía

El Censo de Archivos de Andalucía identifica los archivos radicados en la Comunidad Autónoma que custodian documentos del Patrimonio Documental de Andalucía. La consejería lo forma, actualiza, coordina y difunde. Recoge los datos básicos de esos archivos, dependan de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, y de sus documentos. Metodología, actualización y plazos se fijan reglamentariamente. Sus titulares están obligados a colaborar y a dar la información requerida. La consejería promueve convenios y los datos se dan a conocer públicamente.

Artículo 53. Concepto de gestión documental

La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados que se aplican con carácter transversal a lo largo del ciclo vital de los documentos. Se aplican para garantizar el acceso y uso de los documentos y para la configuración del Patrimonio Documental de Andalucía.

Artículo 54. Funciones de la gestión documental

La gestión documental está integrada por ocho funciones archivísticas aplicadas a los documentos: identificación, valoración, organización, descripción, conservación, custodia, acceso y servicio. Implica tres actuaciones: definir los sistemas de información, para que puedan generar los metadatos necesarios; regular los procedimientos, para determinar los criterios de valoración para la selección, transferencias de la custodia y el acceso; y diseñar los documentos, para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.

Artículo 55. Aplicación de la gestión documental en los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía

Las funciones de la gestión documental se aplican en todos los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía e incorporan las nuevas tecnologías propias de la administración electrónica. Las administraciones públicas andaluzas establecen, en sus respectivos ámbitos, el uso de sistemas de información para la gestión de los documentos de titularidad pública, de conformidad con las funciones de la gestión documental, con las normas archivísticas y con los principios técnicos que establezca la consejería.

Artículo 56. La gestión documental en la Junta de Andalucía

En el ámbito de la Junta de Andalucía la gestión documental es común e integrada en la gestión administrativa. Por su carácter transversal, en sus funciones y procesos reglados participan todas las personas responsables de la gestión administrativa y de la custodia de los documentos de titularidad pública. Todas las funciones del artículo 54.1, y cuantas otras puedan derivarse de la gestión documental, han de cumplir las exigencias de calidad de la Junta de Andalucía.

Artículo 57. Aplicación de la gestión documental en la Junta de Andalucía

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 54.2 se establecerán dos exigencias: que el diseño de los sistemas de información para la tramitación de procedimientos garantice su capacidad de generar los metadatos necesarios para la gestión integrada de los documentos, de acuerdo con los principios y criterios técnicos archivísticos; y que en los procesos de diseño de los documentos se incorporen los elementos necesarios que garanticen su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.

Artículo 58. Archivo y custodia de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía garantiza la custodia y conservación de sus documentos electrónicos y debe contar con los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para almacenarlos de forma segura, facilitando a los archivos de su titularidad o gestión el cumplimiento de sus funciones sobre ellos. La Administración de la Junta de Andalucía promueve la coordinación y colaboración entre las consejerías competentes en administración electrónica, política informática y archivos, documentos y patrimonio documental.

Artículo 59. Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía

El Registro General de los Sistemas de Información que produzcan o custodien documentos electrónicos es el instrumento necesario para el seguimiento y control de la producción y custodia de documentos electrónicos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de las obligaciones y responsabilidades que conlleva. Las condiciones y procedimientos de inclusión y la información que deberá contener se determinan reglamentariamente. La responsabilidad de su mantenimiento corresponde a la consejería.

Artículo 60. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía

@rchivA es el sistema común para la gestión integral de los documentos competencia de la Junta de Andalucía. Contiene los servicios y funciones de ingreso, gestión y recuperación de documentos en el archivo electrónico único, una vez finalizados los procedimientos. Interopera con los demás sistemas para transferir la custodia de los documentos electrónicos, sin perjuicio de los plazos de las Tablas de Valoración que elabora la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos. Su modelo específico para los archivos judiciales lo coordina la consejería competente en Administración de Justicia.

Artículo 61. Acceso a los documentos de titularidad pública y a su información

El acceso a los documentos de titularidad pública y a su información se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en la propia Ley 7/2011 y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 62. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública

El acceso sólo se restringe o deniega por los límites y causas de inadmisión de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. El acceso material puede denegarse si el estado de conservación lo requiere, con posible reproducción veraz. Se deniega la consulta directa de originales a condenados por sentencia firme por delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental, salvo en procedimientos en que sean parte interesada. La Comisión Andaluza de Valoración de Documentos podrá fijar criterios homogéneos.

Artículo 63. Procedimiento de acceso y derecho de obtención de copias de los documentos de titularidad pública

El derecho de acceso a los documentos de titularidad pública y de obtención de copias se sujeta a los artículos 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y al procedimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Las personas responsables de los archivos podrán autenticar copias y emitir certificaciones de documentos bajo su custodia. La obtención de reproducciones está condicionada por su estado de conservación.

Artículo 64. Instrumentos archivísticos para facilitar el acceso a los documentos de titularidad pública

Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso, cada archivo facilitará instrumentos archivísticos de información y descripción y asesorará a las personas usuarias en la búsqueda de la información que contiene. Las distintas administraciones públicas procurarán los medios tecnológicos y telemáticos necesarios para facilitar, mejorar y ampliar el conocimiento y la difusión de esos instrumentos en relación con sus documentos. Si los instrumentos contienen datos referidos a personas físicas, incluirán la información desagregada por sexo.

Artículo 65. El acceso a los documentos de titularidad privada del Patrimonio Documental de Andalucía conservados en archivos públicos

El acceso a los documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía que se encuentren depositados en instituciones públicas se rige por lo dispuesto en los instrumentos que formalizaron el ingreso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 66. El acceso a los documentos de titularidad privada constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía no custodiados en archivos públicos

Los documentos de titularidad privada del Patrimonio Documental de Andalucía que estén en archivos privados integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía se rigen por las normas de acceso a los de titularidad pública. Para el resto de los inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: se permite el acceso previa solicitud por escrito, precisa y pormenorizada, salvo intromisión en la intimidad personal y familiar o la propia imagen; cabe depositarlos temporalmente en un archivo del Sistema; y la denegación se formula por escrito motivadamente.

Artículo 67. Medidas cautelares y de ejecución

Si se incumple el requerimiento del artículo 23.1, la consejería podrá acordar la ejecución subsidiaria o una multa coercitiva por cada mes de desobediencia, del 10% del valor del bien o, si no fuere conocido, de hasta 6.000 euros. Para evitar o atenuar daños podrá ordenarse el depósito de los documentos o cualquier otra medida, mientras no desaparezcan las causas, a costa de la persona infractora. Aparte de las sanciones, el órgano competente, previo requerimiento, podrá imponer multas coercitivas de hasta 1.000 euros, reiteradas por periodos de un mes, hasta obtener el cumplimiento.

Artículo 68. Régimen jurídico

El régimen sancionador del título se aplica a los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía. Si se vulnera el régimen específico de protección de la legislación general del patrimonio histórico, se aplica el de esta. Las infracciones sobre los documentos de titularidad pública del artículo 9.2 a), b), c), f), g), h), i) y k) y sus archivos cometidas por personal funcionario o laboral sometido al régimen disciplinario de la Ley 7/2007 se sancionan por su título VII; las del personal estatutario sometido al de la Ley 55/2003, por su capítulo XII.

Artículo 69. Concepto

Son infracciones administrativas en materia de protección del Patrimonio Documental de Andalucía las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y las que lleven aparejado daño en dicho Patrimonio, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes y sin perjuicio de la aplicación del capítulo I del título XIII de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.

Artículo 70. Clasificación

Artículo 71. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: a) la eliminación o las actuaciones u omisiones que causen pérdida, desaparición o daños irreparables en documentos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; b) eliminar documentos de titularidad pública sin los procedimientos reglamentarios a que se refiere el artículo 18; c) publicar, utilizar indebidamente o permitir el acceso a información de documentos con reserva de acceso, restringidos o protegidos por ley; d) reincidir en más de una infracción grave en un año, declarado por resolución firme.

Artículo 72. Infracciones graves

Son infracciones graves: a) la eliminación o las actuaciones u omisiones que causen pérdida, desaparición o daños irreparables en documentos del Patrimonio Documental de Andalucía incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía, sin perjuicio del artículo 71.a); b) incumplir el requerimiento de medidas de la consejería previsto en el artículo 23; c) impedir el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos contraviniendo el artículo 65; d) reincidir en más de una infracción leve en un año, declarado por resolución firme.

Artículo 73. Infracciones leves

Son infracciones leves: la salida de documentos de titularidad pública incumpliendo el artículo 12.2; no entregarlos (12.3); no inventariar los transferidos por traspaso de funciones o extinción (13); incumplir el deber de información (19) o la comunicación (20.2); trasladar documentos privados inscritos en el Catálogo General sin autorización de la consejería o contraviniendo sus condiciones (22); no informar para el Censo de Archivos (52.4); e incumplir las obligaciones de los titulares de documentos privados inscritos (21.1 y 66.2) y las del artículo 36 que cita.

Artículo 74. Responsables

Son responsables de las infracciones, aun a título de mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la ley. Las personas titulares de los archivos privados son responsables solidarios de las infracciones cometidas por su personal o por otras personas vinculadas a aquéllos por cualquier otro título.

Artículo 75. Agravantes y atenuantes

Son circunstancias agravantes, cuando no formen parte del tipo infractor, la reincidencia en la comisión de infracciones en materia de documentos, archivos y patrimonio documental y el incumplimiento de las órdenes o medidas impuestas por la consejería. Son atenuantes el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación espontánea del daño causado. La concurrencia de unas u otras se tendrá en cuenta al establecer la cuantía de las sanciones.

Artículo 76. Obligación de reparación

Las infracciones de las que se deriven daños en los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía llevan aparejadas, cuando sea posible, la obligación de reparar o restituir los bienes afectados a su estado original y, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados. Si se incumple esa obligación, la consejería queda facultada para actuar de forma subsidiaria, realizando las actuaciones necesarias a costa del infractor.

Artículo 77. Sanciones

Multas: muy graves, de 100.001 € a 300.000 €; graves, de 50.001 € a 100.000 €; leves, hasta 50.000 €. Con carácter accesorio se podrá inhabilitar para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía al personal directivo, técnico o profesional responsable: un año en graves y cinco en muy graves, con traslado a las entidades profesionales. Se gradúan según atenuantes o agravantes, naturaleza e importancia de los bienes, magnitud del daño e intencionalidad. Las impuestas a distintos sujetos por una misma infracción son independientes entre sí.

Artículo 78. Órganos sancionadores

Imponen las sanciones: la persona titular de la delegación provincial de la consejería, multas de hasta 50.000 €; la persona titular de la dirección general competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, multas desde 50.001 € hasta 100.000 €; la persona titular de la consejería, multas superiores a 100.001 €; en los tres casos, con las accesorias que en su caso correspondan. Si la cuantía de la multa supera el límite atribuido al órgano que tramite el expediente, la propuesta de sanción se eleva al órgano competente para imponer la multa prevista.

Artículo 79. Denuncia

Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a lo establecido en la ley. La denuncia no otorga a quien la formula la condición de persona interesada, sin perjuicio de que, cuando vaya acompañada de una solicitud de iniciación, se comunique a la persona denunciante la iniciación o no del procedimiento. Las autoridades y el personal funcionario que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción están obligados a comunicarlo a la consejería de inmediato al tener conocimiento del tema.

Artículo 80. Incoación y medidas cautelares

El procedimiento se incoa de oficio por los correspondientes órganos centrales o territoriales de la consejería, por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Al conocer actuaciones que puedan ser infracción, la consejería puede exigir la inmediata suspensión de la actividad, ordenar medidas provisionales e incoar el expediente sancionador. El órgano competente para incoar podrá establecer como medidas cautelares el depósito de los documentos, el precintado del inmueble o parte del mismo, u otra que evite o atenúe los daños.

Artículo 81. Prescripción de infracciones y sanciones

Infracciones: las leves prescriben a los seis meses, las graves a los tres años y las muy graves a los diez años; el plazo se computa desde el día en que se hubieran cometido y, en las que constituyan el incumplimiento continuado de alguna de las obligaciones impuestas por la ley, desde el día en que hubiera cesado la conducta infractora. Sanciones: las leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 1. Objeto

La Ley establece el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con tres fines: garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión; promover su enriquecimiento y su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible; y asegurar su transmisión a las generaciones futuras.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica al Patrimonio Histórico Andaluz, formado por todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, que se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma. Incluye expresamente las particularidades lingüísticas.

Artículo 3. Competencia

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene la competencia exclusiva sobre el Patrimonio Histórico Andaluz. Esa exclusividad se entiende sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o que estén atribuidas a las entidades locales.

Artículo 4. Cooperación de otras Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas colaboran estrechamente (comunicación, cooperación y asistencia mutua) en la defensa, conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico. Los municipios colaboran en la protección y conservación de los bienes de su término, en especial mediante la ordenación urbanística, y pueden adoptar medidas cautelares en caso de urgencia. El Consejo de Gobierno puede delegar en las entidades locales, mediante convenio, competencias propias de la Junta.

Artículo 5. Colaboración ciudadana

Quien observe peligro de destrucción o deterioro en un bien del Patrimonio Histórico Andaluz debe comunicarlo a la mayor brevedad posible a la Administración competente, que llevará a cabo las actuaciones que procedan. Denunciar no convierte al denunciante en persona interesada, aunque se le informará del inicio del procedimiento que, en su caso, se tramite.

Artículo 6. Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz

Se crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz para salvaguardar los bienes inscritos y permitir su consulta y divulgación. Su formación, conservación y difusión corresponden a la Consejería competente en patrimonio histórico, que redacta y custodia la documentación de muebles, inmuebles y manifestaciones o actividades culturales. Puede consultarse, pero la documentación administrativa se somete a las normas del Patrimonio Documental y demás normativa aplicable.

Artículo 7. Estructura del Catálogo

El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz comprende tres clases de bienes: Bienes de Interés Cultural, bienes de catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. La inscripción puede ser individual o colectiva, y con carácter cautelar se practican anotaciones preventivas en los términos del artículo 9.2.

Artículo 8. Efectos de la inscripción

Además de las obligaciones de propietarios, titulares y poseedores, la inscripción en el Catálogo General produce efectos según su clase: los Bienes de Interés Cultural gozan de singular protección y tutela, conforme a la Ley y a sus instrucciones particulares; los de catalogación general quedan sujetos a las normas de la Ley; los del Inventario General de Bienes Muebles, al régimen de la Ley de Patrimonio Histórico Español y a esta Ley; y la anotación preventiva aplica provisionalmente el régimen de la inscripción promovida y las medidas cautelares que se fijen.

Artículo 9. Procedimiento de inscripción

La inscripción se incoa de oficio por la Consejería; cualquiera puede instarla con solicitud razonada, desestimada a los tres meses sin resolución. Incoar conlleva anotación preventiva. Hay información pública y audiencias según la clase de bien, e informe favorable de un órgano consultivo (favorable si no se emite en dos meses). Resuelve el Consejo de Gobierno (BIC), el titular de la Consejería (catalogación general) o el de la Dirección General (Inventario). Caduca a los dieciocho meses y no puede reiniciarse en tres años, salvo a instancia del titular o de dos instituciones consultivas.

Artículo 10. Modificación y cancelación

Para modificar o cancelar la inscripción de un bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz no existe un procedimiento propio: se sigue el mismo procedimiento que la Ley establece para inscribirlo, con sus mismos trámites.

Artículo 11. Instrucciones particulares

Al inscribir un Bien de Interés Cultural se establecerán, siempre que sea necesario, instrucciones particulares que concreten para cada bien y su entorno cómo cumplir las obligaciones generales de propietarios, titulares o poseedores. La resolución de incoación puede ordenar redactarlas, y deben estar en el expediente antes de la información pública y la audiencia; si es necesario, esa resolución incluirá instrucciones particulares provisionales como medida cautelar.

Artículo 12. Inclusión en el Registro de la Propiedad

La Consejería competente en patrimonio histórico instará la inclusión gratuita en el Registro de la Propiedad de la inscripción de los bienes inmuebles en el Catálogo General, y los responsables del Registro adoptarán las medidas para hacerla efectiva. Basta como título la certificación administrativa de la Consejería que transcriba la inscripción, con los demás requisitos de la legislación hipotecaria.

Artículo 13. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz

Se crea el Inventario de Bienes Reconocidos para facilitar la identificación de bienes del Patrimonio Histórico Andaluz; lo forma, conserva y difunde la Consejería. Incluye inmuebles y espacios de interés etnológico reconocidos por resolución de la Dirección General por tener los valores del artículo 2, sin relevancia para el Catálogo General. La resolución se publica en el BOJA con, al menos, identificación, descripción, referencia catastral y localización. Los municipios deben incluirlos en sus catálogos urbanísticos. Su sección es el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.

Artículo 14. Obligaciones de las personas titulares

Propietarios, titulares de derechos y poseedores de bienes del Patrimonio Histórico Andaluz, catalogados o no, deben conservarlos, mantenerlos y custodiarlos; la Consejería puede asesorarles. Si están catalogados, deben además permitir inspección y estudio e informar a las Administraciones. En los Bienes de Interés Cultural, visita pública gratuita al menos cuatro días al mes, con declaración responsable; la Consejería puede dispensarla por causa justificada y, en muebles, sustituirla por depósito (máximo cinco meses cada dos años) o, preferentemente, préstamo temporal.

Artículo 15. Órdenes de ejecución

La Consejería puede ordenar a propietarios, titulares o poseedores de bienes catalogados obras o actuaciones de conservación, mantenimiento y custodia, sin que ello les exima de otras licencias. Si el coste supera el 50% del valor total del bien, pueden liberarse ofreciendo a la Consejería, para sí o para un tercero, la transmisión de sus derechos, por el valor del bien menos el coste de las obras. Si la Consejería no lo adquiere, solo deben asumir lo que no supere el 50% del valor, según las prioridades que ella fije.

Artículo 16. Ejecución forzosa

Si los obligados no ejecutan la orden ni optan por las medidas del artículo 15.2 y 3, la Consejería puede imponer multas coercitivas mensuales de hasta el 10% del coste de las obras cada una, o ejecutar subsidiariamente a costa del obligado, sin eximir de licencias. En la ejecución subsidiaria puede exigir el pago anticipado y liquidar al final. Si no se paga y la deuda subsiste, puede descontar lo invertido, más intereses de demora, del precio si adquiere el bien en diez años desde la liquidación del gasto.

Artículo 17. Derechos de tanteo y retracto

Las transmisiones onerosas de la propiedad o de derechos reales de uso o disfrute sobre bienes del Catálogo General están sujetas a tanteo y retracto (con límites en Conjuntos Históricos). Hay que notificarlas fehacientemente, con dos meses de antelación, a la Consejería y al municipio, con precio y condiciones. En ese plazo la Consejería puede ejercer el tanteo para sí o para otras entidades; sin notificación o con condiciones distintas, el retracto en seis meses desde que conozca la transmisión. Rige también en subastas. Los municipios pueden ejercerlos, con preferencia de la Consejería.

Artículo 18. Expropiación

Si propietarios, poseedores o titulares de derechos sobre bienes catalogados incumplen sus obligaciones legales, la Administración puede expropiar el bien, total o parcialmente, por interés social. Son de interés social las obras y adquisiciones necesarias para permitir contemplar los bienes catalogados, facilitar su conservación o eliminar usos incompatibles u otras circunstancias que atenten contra sus valores o seguridad. Las entidades locales también pueden expropiar, notificándolo antes a la Junta, que tiene prioridad.

Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva

Es contaminación visual o perceptiva toda intervención, uso o acción en el bien o su entorno que degrade los valores de un inmueble del Patrimonio Histórico, y toda interferencia que impida o distorsione su contemplación. Los municipios con Bienes de Interés Cultural deben prever en planeamiento u ordenanzas medidas que controlen al menos construcciones, instalaciones energéticas y de telecomunicaciones, rótulos y publicidad, mobiliario urbano y residuos. Lo instalado se retira en seis meses al extinguirse su uso. No lo son las instalaciones efímeras para eventos que no dañen el bien.

Artículo 92. Consejo de Gobierno

Todas las competencias sobre patrimonio histórico que prevé la Ley se ejercen bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, conforme al reparto de funciones que establecen los preceptos siguientes de la propia Ley.

Artículo 93. Consejería competente

La Consejería competente en materia de patrimonio histórico es la responsable de formular y ejecutar la política de tutela, enriquecimiento y difusión de ese patrimonio. Su titular desarrolla la acción del Gobierno en ese ámbito siguiendo las directrices de la Presidencia de la Junta de Andalucía o del Consejo de Gobierno.

Artículo 94. Delegaciones Provinciales

Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico ejercen dos tipos de funciones: las ejecutivas que se establezcan reglamentariamente y las que les deleguen otros órganos de la organización administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Artículo 95. Órganos interadministrativos de gestión

En poblaciones o áreas cuyo Patrimonio Histórico lo requiera pueden crearse órganos de gestión con participación de la Consejería y de las entidades locales. Se constituyen por cualquiera de las modalidades de la legislación local o urbanística, según las funciones que se les encomienden, y pueden recibir funciones de las entidades locales y competencias de la Consejería susceptibles de delegación.

Artículo 96. Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico

El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico es el máximo órgano consultivo de la Junta de Andalucía en patrimonio histórico. Representa a varias Consejerías (administración local, economía y hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente, turismo, educación, innovación y ciencia), a las entidades locales y a otras entidades relacionadas, e integra a quienes presiden las Comisiones Andaluzas de Bienes Culturales. Lo preside el titular de la Consejería competente; su composición y funcionamiento se regularán por reglamento en dos años.

Artículo 97. Funciones

El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico asesora, informa y coordina, y será oído: en la aprobación de planes y programas de patrimonio histórico que afecten a toda la Comunidad Autónoma; en la creación de órganos de gestión locales con participación de la Consejería; cuando lo requiera el titular de la Consejería; y en los demás casos que fije el reglamento.

Artículo 98. Comisiones Andaluzas de Bienes Culturales

En el seno del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico, y dependiendo de su Presidencia, se crean seis Comisiones: Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Arqueología, Etnología, Patrimonio Documental y Bibliográfico, y Museos; el Consejo de Gobierno puede crear otras por Decreto. Informan a requerimiento de la Presidencia del Consejo o de las Direcciones Generales afectadas. Su composición, organización y funcionamiento se regirán por normas reglamentarias que deben aprobarse en dos años.

Artículo 99. Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico

Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico son órganos consultivos de apoyo a las Delegaciones Provinciales de la Consejería. Las presiden los titulares de esas Delegaciones y las integran, al menos, personal técnico de la Delegación, un representante de la Delegación Provincial de ordenación del territorio y urbanismo, otro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, una persona de reconocido prestigio y un representante de organismos o entidades relacionados con el patrimonio histórico.

Artículo 100. Funciones

Las Comisiones Provinciales asesoran e informan. Emiten informe en los casos reglamentarios y en: autorizaciones de obras e intervenciones en Bienes de Interés Cultural con tipología de Monumentos y Jardines Históricos, si no hay delegación del artículo 40; propuestas de inscripción en el Catálogo General; propuestas de Zonas de Servidumbre Arqueológica; planes urbanísticos o territoriales provinciales del artículo 29.4; planes de descontaminación visual o perceptiva; y cuando, excepcionalmente, lo pida el titular de la Delegación Provincial.

Artículo 100 bis. Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico

Las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico dependen de las Delegaciones Provinciales, son permanentes (sin requisito de convocatoria previa) y las integra personal técnico de la Delegación. Estudian e informan previamente los asuntos de las Comisiones Provinciales; informan las obras e intervenciones en inmuebles inscritos como Bienes de Interés Cultural y sus entornos, salvo Monumentos y Jardines Históricos, y en los entornos de estos, si no hay delegación del artículo 40; y emiten los informes que pida el titular de la Delegación.

Artículo 101. Composición equilibrada

Los órganos consultivos regulados en el Capítulo deben tener una composición equilibrada: cada sexo estará representado en, al menos, un 40% de las personas designadas en cada caso. En ese cómputo no se incluyen quienes forman parte del órgano en función del cargo específico que desempeñan.

Artículo 102. Otras instituciones consultivas

A efectos de la Ley, tienen la consideración de instituciones consultivas las Reales Academias, las Universidades públicas de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y cuantas otras sean creadas o reconocidas por la Junta de Andalucía.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La Ley 5/2016 tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte en el ámbito territorial de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Quedan fuera de la ley la regulación del deporte profesional y las actividades económicas en torno a la práctica deportiva, salvo el ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en el título VII, que sí entra.

Artículo 2. Derecho al deporte

En Andalucía todas las personas físicas tienen derecho a practicar deporte de forma libre y voluntaria, conforme a esta ley y sus disposiciones de desarrollo. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias, dirigirán su acción de gobierno para que la ciudadanía acceda a la práctica del deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades.

Artículo 3. Función y valores del deporte

El deporte en Andalucía es una actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud. Su práctica se dirige a seis valores: dimensión educativa y formativa; hábitos saludables y activo de salud; actitudes cívicas, solidarias, de respeto y sociabilidad; cohesión e integración social; motor de desarrollo económico y generador de empleo; y sostenibilidad con respeto al medio natural.

Artículo 4. Definiciones

Recoge las definiciones de la ley. Destacan: deporte en edad escolar (práctica voluntaria en horario no lectivo, para la población en edad escolar); deporte universitario (voluntario y extracurricular); modalidad deportiva (reconocida por la Administración y practicada al amparo de una institución); especialidad (tipología integrada en una modalidad); prueba deportiva (unidad básica de referencia, máximo nivel de concreción); e instalación deportiva convencional y no convencional.

Artículo 5. Principios rectores

Los poderes públicos andaluces fomentarán el deporte y tutelarán su ejercicio conforme a diecisiete principios rectores (letras a a p, incluida la ñ). Entre ellos: acceso de toda la población, en particular personas con discapacidad, mayores y grupos que requieran atención especial; protección de la salud con actuación coordinada; tutela de las federaciones como niveles asociativos superiores; prevención de la violencia, el dopaje y el fraude; y colaboración entre sector público y privado.

Artículo 6. Principio de igualdad efectiva

La Administración Pública de Andalucía fomentará e integrará la perspectiva de género en las políticas públicas de deporte, conforme a la legislación estatal y autonómica vigente. Para lograr la igualdad de género real y efectiva, la Consejería competente en deporte promoverá el deporte femenino con programas específicos para todas las etapas de la vida y todos los niveles, y especialmente en los de responsabilidad y decisión.

Artículo 7. Grupos de atención especial

El fomento del deporte como factor de formación y cohesión social prestará especial atención a la infancia, la juventud y los grupos sociales más desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. Para ello, la Consejería competente en deporte, en colaboración con otras consejerías y administraciones con competencias relacionadas con estos grupos, establecerá mecanismos de colaboración para actuaciones que favorezcan su integración y bienestar social.

Artículo 8. Deporte para personas mayores

Se fomentará el deporte entre las personas mayores para alcanzar una cultura de envejecimiento activo y crear hábitos saludables. La Consejería competente en deporte elaborará programas específicos de promoción del deporte para mayores dentro de su planificación de actividades deportivas. Las administraciones andaluzas con competencia en deporte y salud colaborarán mediante campañas de sensibilización para que los mayores conozcan la información necesaria.

Artículo 9. Deporte para personas con discapacidad

Las administraciones con competencias deportivas promoverán la práctica deportiva de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o mixta, procurando eliminar los obstáculos a su plena integración. Impulsarán la capacitación específica de quienes preparan a deportistas con discapacidad, tanto de competición como de ocio. La Consejería competente en deporte favorecerá la progresiva integración de estos deportistas en las federaciones andaluzas de la modalidad que corresponda.

Artículo 10. Actividad deportiva en el medio natural

Los poderes públicos fomentarán el deporte en el medio natural de forma sostenible y con uso racional de los recursos. La Consejería competente en deporte lo impulsará mediante programas específicos. El medio natural es instalación deportiva no convencional cuando se usa para la práctica deportiva. La Administración autonómica y las locales promoverán información actualizada sobre dónde y cómo practicarlo, y las consejerías de deporte, turismo y medio ambiente colaborarán por su valor turístico.

Artículo 11. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía

Corresponden a la Junta de Andalucía las competencias que le atribuye la ley y, en particular, entre otras: formular la política deportiva; planificar el sistema deportivo andaluz; representar a Andalucía ante organismos estatales e internacionales cuando lo permita la normativa estatal; reconocer nuevas modalidades; ordenar, organizar e impartir las enseñanzas deportivas de régimen especial, sin perjuicio de las del Estado; ordenar las profesiones del deporte; regular el buceo deportivo-recreativo; e inspeccionar y sancionar.

Artículo 12. Competencias de las entidades locales

Las competencias propias de los municipios en deporte son las del apartado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio. Las provincias prestan asistencia técnica, económica y material a los municipios que, por sí o asociados, ejerzan competencias deportivas. Todas estas competencias locales se ejecutan conforme a los principios de coordinación, cooperación y colaboración, en el marco de la Ley 5/2010.

Artículo 13. Relaciones interadministrativas

La actuación pública en deporte se basa en la coordinación, cooperación y colaboración entre la Junta, las entidades locales, las universidades y otras instituciones andaluzas, así como la Unión Europea, la Administración General del Estado y las demás comunidades autónomas. La Junta coordinará mediante planes o programas las actuaciones deportivas de interés general para Andalucía, especialmente en competición y eventos. El desarrollo de la ley y esos planes fijarán los instrumentos de cooperación.

Artículo 14. Órganos adscritos a la Consejería competente en materia de deporte

Están adscritos a la Consejería competente en deporte: como órganos de gestión especializada, el Instituto Andaluz del Deporte y el Centro Andaluz de Medicina del Deporte; como órganos de participación social, el Consejo Andaluz del Deporte y el Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas; como órgano sancionador, disciplinario, electoral federativo y de arbitraje o mediación, el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía; y en dopaje y violencia, dos comisiones andaluzas.

Artículo 15. Instituto Andaluz del Deporte

El Instituto Andaluz del Deporte es un servicio administrativo con gestión diferenciada. Sin perjuicio de las competencias del Estado y de las universidades, ejerce: la impartición de enseñanzas deportivas de régimen especial y formaciones de entrenadores diplomados; la investigación, desarrollo e innovación en materia deportiva; la formación de perfeccionamiento y especialización; la documentación y difusión de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; y las demás que se determinen reglamentariamente.

Artículo 16. Centro Andaluz de Medicina del Deporte

El Centro Andaluz de Medicina del Deporte es un servicio administrativo con gestión diferenciada que, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las universidades, asume: el control de la aptitud general para el deporte; la valoración funcional y el diagnóstico y tratamiento de lesiones de quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel y alto rendimiento; la prevención en salud deportiva, incluido el dopaje; y la investigación y difusión en medicina del deporte.

Artículo 17. Consejo Andaluz del Deporte

El Consejo Andaluz del Deporte es el órgano colegiado, consultivo y de asesoramiento de la Junta en materia deportiva. Su consulta es preceptiva en el desarrollo reglamentario de la ley, la elaboración de los planes de deporte, el régimen jurídico de las federaciones y el reconocimiento de modalidades y especialidades. Tiene representación de consejerías, entidades locales, entidades deportivas, consumidores y usuarios y universidades. Su organización y funcionamiento los aprueba el Consejo de Gobierno.

Artículo 18. Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas

Se crea el Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, órgano colegiado de participación de las federaciones andaluzas en la organización deportiva de la Junta. Entre sus funciones: facilitar la participación de las federaciones en el desarrollo y promoción del deporte; contribuir a fijar principios y reglas comunes en la gestión del deporte federado; e informar a la Administración deportiva cuando sea consultado, en particular sobre régimen electoral federativo y fomento del deporte federado. Su organización se fija reglamentariamente.

Artículo 19. Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía

La ley crea el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía como superior órgano administrativo de la Junta de Andalucía en el ejercicio de las potestades que le consigna el artículo 146 de la propia ley. Es, por tanto, un órgano administrativo, no judicial, situado en la cúspide de la Administración autonómica en esas potestades.

Artículo 20. Tipología del deporte

El artículo 20 clasifica el deporte, a los efectos de la propia ley, en solo dos tipos: deporte de competición y deporte de ocio. El criterio que utiliza para esa clasificación es la finalidad perseguida con su práctica.

Artículo 21. Competiciones deportivas

Las competiciones en Andalucía se clasifican por su naturaleza en oficiales y no oficiales, y por su ámbito territorial en internacionales, nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales. Son oficiales las que califiquen como tales las administraciones públicas deportivas, las federaciones o las universidades andaluzas; en las federativas, el carácter oficial se adquiere al incorporarse al calendario aprobado por la federación. Las no oficiales son el resto, siempre que tengan un organizador públicamente reconocido y responsable.

Artículo 22. Disposiciones generales de las competiciones deportivas

Ordenar, calificar y aprobar las competiciones oficiales corresponde, con carácter general y también en edad escolar, a la Consejería competente en deporte; las federaciones andaluzas califican y organizan por delegación las oficiales federadas. En las universitarias, si exceden de una universidad, a la Consejería competente en universidades; si son de una sola, califica y aprueba la universidad organizadora. Cualquier persona física o jurídica puede organizar competiciones, y solo las oficiales pueden usar esa denominación.

Artículo 23. Competiciones oficiales

En toda competición oficial, la persona promotora debe garantizar: medidas de seguridad frente a la violencia de participantes y espectadores; control y asistencia sanitaria y seguro de responsabilidad civil; control y represión de prácticas ilegales para aumentar el rendimiento, con obligación de los deportistas con licencia de someterse a controles; y requisitos de apertura y funcionamiento de las instalaciones. La Junta cede gratis a las federaciones la explotación de los derechos de imagen de las oficiales federadas.

Artículo 24. Competiciones no oficiales

Las competiciones no oficiales se rigen por comunicación previa a la Consejería competente en deporte o a la entidad local, según el ámbito territorial, en los supuestos que fije el reglamento. El organizador debe fijar antes y hacer constar en la comunicación las condiciones de participación, la cobertura de riesgos, las reglas de la actividad y el régimen de controles, sanciones y participación. La participación se formaliza mediante inscripción.

Artículo 25. Licencias deportivas y títulos habilitantes

La «licencia deportiva» se reserva al título para competiciones oficiales; no pueden expedirse ni exigirse documentos con ese nombre para las no oficiales. Para las oficiales hace falta licencia de la Administración deportiva competente o de la federación andaluza, según el ámbito. Su expedición y renovación es reglada; si vence el plazo sin resolver, se entiende estimada, y la denegación se motiva siempre. Las federaciones pueden expedir otros títulos habilitantes para pruebas no oficiales y de ocio si lo prevén sus estatutos.

Artículo 26. Selecciones andaluzas

Las selecciones andaluzas son las relaciones de deportistas designados por las federaciones para competir en representación de Andalucía, y pueden usar los himnos y banderas oficiales en Andalucía y los de la federación. Elegir a sus integrantes corresponde a las federaciones deportivas andaluzas. Los deportistas federados deben acudir a sus convocatorias, y las administraciones públicas facilitarán la participación de los convocados.

Artículo 27. Eventos deportivos

Son eventos deportivos las manifestaciones o espectáculos de deporte, de cualquier ámbito territorial, celebrados en Andalucía y organizados con finalidad competitiva o de ocio, en instalaciones convencionales o no, en los que haya afluencia de espectadores y difusión en medios de comunicación. Las administraciones los fomentarán como difusión del deporte y dinamizador de la economía; el reglamento fijará sus requisitos conforme a la Ley 13/1999.

Artículo 28. Deporte de ocio

La Consejería competente en deporte fomentará el deporte de ocio planificando y programando actividades de tiempo libre y recreación con estándares de calidad y excelencia, y se promocionará el uso de las instalaciones públicas para practicarlo. Colaborarán en su divulgación las consejerías de deporte y salud, y las de deporte y turismo. El organizador de actividades de ocio debe fijar las condiciones de participación y la cobertura sanitaria y de responsabilidad civil de participantes y espectadores.

Artículo 29. Principios rectores

El deporte en edad escolar se inspira, entre otros, en estos principios: promoción por las administraciones; coordinación entre ellas y los demás agentes; acceso de toda la población escolar con oferta polideportiva y unificada; formación integral en valores y hábitos saludables; cualificación del personal técnico; integración social y prevención del sedentarismo y la obesidad infantil; asociacionismo principalmente desde los centros docentes; igualdad; juego limpio; e instalaciones accesibles.

Artículo 30. Ámbitos de participación

El deporte en edad escolar tiene tres ámbitos: iniciación, para toda la población escolar, de familiarización con modalidades, con fines formativos, recreativos y de salud, en el marco municipal; promoción, para quien quiera competir en el ámbito municipal, con fines formativos y recreativos, partiendo preferentemente del centro educativo; y rendimiento de base, para un mayor nivel, con fines formativos y competitivos, partiendo del club inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 31. Plan de Deporte en Edad Escolar

El Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía reúne los programas promovidos por la Junta, las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas. Para incluir un programa se solicita a la Consejería competente en deporte; el Plan lo aprueban conjuntamente las consejerías de deporte, educación y salud, y fija como mínimo el responsable de cada programa. Sus programas se ordenan por ámbitos. Se crean una Comisión de Seguimiento y comisiones provinciales, una por provincia.

Artículo 32. Deporte en centros escolares

Las consejerías competentes en educación, salud y deporte promoverán la práctica deportiva en los centros escolares de Andalucía mediante planes y programas conjuntos. Se fomentarán las competiciones de distintas modalidades entre centros escolares en horario no lectivo, así como la participación y colaboración de los consejos escolares en las actividades deportivas de los centros.

Artículo 33. Deporte universitario

La Administración deportiva autonómica colaborará con las universidades andaluzas en el fomento y promoción del deporte y en las actividades no encuadradas en competiciones oficiales. En el marco de su autonomía, corresponde a las universidades organizar, desarrollar y fomentar la actividad deportiva universitaria con sus propios criterios, sin perjuicio de la colaboración de la Administración autonómica y de las federaciones. Junta y universidades podrán colaborar para definir un modelo de deporte universitario.

Artículo 34. Deporte autóctono

Es deporte autóctono la actividad deportiva que tradicionalmente se desarrolla en Andalucía como elemento de identidad cultural propio de la Comunidad. La Consejería competente en deporte los promocionará como elementos integrantes y diferenciadores de la cultura andaluza, difundiéndolos dentro y fuera de Andalucía. Los requisitos para reconocer un deporte como autóctono se fijarán reglamentariamente.

Artículo 35. Clasificación

Los deportistas son de competición o de ocio. Los de competición practican deporte de competición, oficial o no: en las oficiales necesitan licencia de la Administración deportiva competente o de la federación, y en las no oficiales un título habilitante de la federación o del organizador. Los de ocio no participan en competiciones. Por su rendimiento, los de competición pueden ser de alto nivel, de alto rendimiento o de rendimiento de base.

Artículo 36. Derechos de las personas deportistas

Todos los deportistas tienen derecho, entre otros, a practicar libremente el deporte, a no ser discriminados (con la única limitación de capacidades que supongan riesgo para su salud), al respeto a su integridad y dignidad y a usar las instalaciones públicas en igualdad. Los de competición suman derechos como participar según su categoría, seguridad e higiene, seguro médico en las oficiales y becas; los federados, voz y voto en la Asamblea General y tarjeta deportiva sanitaria; y los de ocio, los suyos propios.

Artículo 37. Deberes de las personas deportistas

Todos los deportistas deben, entre otros deberes, practicar deporte de forma saludable cumpliendo los protocolos mínimos reglamentarios, respetar la igualdad, las normas de las instalaciones y el medio natural, y competir con juego limpio. Los de competición deben además, entre otros, cumplir los reglamentos, someterse a los reconocimientos médicos, acudir a las selecciones andaluzas, facilitar datos para la tarjeta deportiva sanitaria si son federados y destinar las becas a sus fines.

Artículo 38. Deportistas de alto nivel de Andalucía

Son deportistas de alto nivel de Andalucía quienes cumplan los requisitos reglamentarios y sean reconocidos por la Junta por sus resultados, proyección, nivel, expectativas e interés para el deporte andaluz. Entre los criterios figuran clasificaciones internacionales, listas oficiales federativas y condiciones técnico-deportivas. La condición es compatible con la de alto nivel del Estado e incompatible con una similar de otro territorio. No la obtienen los sancionados en firme por infracción muy grave o grave por conducta antideportiva o dopaje.

Artículo 39. Deportistas de alto rendimiento de Andalucía

Son deportistas de alto rendimiento de Andalucía los reconocidos por la Junta, conforme a requisitos reglamentarios, como nivel inmediatamente inferior al alto nivel. Entre los criterios figuran clasificaciones estatales e internacionales, listas oficiales y condiciones técnico-deportivas. Es compatible con el alto rendimiento del Estado e incompatible con una condición similar de otro territorio. La Junta puede apoyarlos con medidas educativas, formativas, de empleo, de tasas, de becas y de salud.

Artículo 40. Deportistas de rendimiento de base de Andalucía

Son deportistas de rendimiento de base de Andalucía quienes practican deporte en edad escolar, cumplen los requisitos reglamentarios y son reconocidos por la Junta; son el nivel inmediatamente inferior al alto rendimiento. La Junta podrá apoyarlos con las medidas de las letras a), d), e) y f) del artículo anterior para facilitar su práctica deportiva, su formación integral y el acceso a las mejores condiciones de entrenamiento.

Artículo 41. Protección de la persona deportista

Corresponde a la Consejería con competencia en deporte impulsar y coordinar las políticas de protección del deportista, sea cual sea su práctica y modalidad, mediante: prevención y seguimiento médico de la aptitud; divulgación de prácticas adecuadas; requisitos de las certificaciones médicas; prevención y control del uso y venta de sustancias, complementos o métodos prohibidos; seguridad de las instalaciones; alimentación saludable; cualificación profesional de los servicios deportivos; y otras medidas.

Artículo 42. Asistencia sanitaria

En competiciones oficiales, los deportistas deben tener un seguro obligatorio de accidentes integrado en la licencia, gestionado por la federación andaluza o, en su caso, por la Administración deportiva, con coberturas mínimas reglamentarias. En no oficiales y de ocio, la organización garantiza la protección sanitaria de participantes y, en su caso, espectadores. La práctica libre la atiende el sistema sanitario público; si asiste otra entidad, la aseguradora obligatoria reintegra los gastos.

Artículo 43. Protección de la salud

Las consejerías competentes en deporte y en salud garantizarán a quien quiera practicar deporte, de ocio o de competición, información y recomendaciones sobre los riesgos para la salud de cada deporte. Para los deportistas federados, la Junta regulará un sistema progresivo de reconocimientos médicos previos en las modalidades que fije el reglamento, teniendo en cuenta, entre otros, el plazo de vigencia, la modalidad, el esfuerzo, el riesgo físico, el nivel de competición, la edad o la discapacidad.

Artículo 44. Tarjeta deportiva sanitaria

Se crea la tarjeta deportiva sanitaria, en soporte digital, para quienes participan en competiciones oficiales federadas. Sus datos los suministran los deportistas, el personal sanitario o los órganos disciplinarios, y solo los usa el titular y, con su consentimiento, el personal sanitario que le atienda. La Consejería de deporte, a través del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, fija los procedimientos y la expide. Tenerla actualizada es requisito para competir en oficiales federadas.

Artículo 45. Seguro de responsabilidad civil

La explotación y gestión de centros deportivos, la organización de competiciones y actividades deportivas de ocio y la prestación de servicios deportivos obligan a suscribir un seguro de responsabilidad civil por los daños a participantes, terceros, consumidores o usuarios derivados de las instalaciones o de la actividad. Sus coberturas mínimas se fijan reglamentariamente. No se exige seguro específico a las empresas de turismo activo con coberturas al menos equivalentes.

Artículo 46. Derechos de retención

Para proteger la promoción y proyección de los deportistas menores de dieciséis años, no pueden exigirse sobre ellos derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación económica u otros análogos entre entidades deportivas radicadas en Andalucía. Se establecerán las condiciones para que los derechos de retención sean compatibles con la protección de la competición y, en su caso, de la entidad, según cada modalidad.

Artículo 47. Entrenadores deportivos

Son entrenadores o técnicos deportivos quienes, con la titulación exigida por la ley, ejercen en una modalidad: instrucción e iniciación; planificación, programación y dirección del entrenamiento y la competición; y preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y seguimiento de deportistas y equipos. En una federación necesitan además licencia federativa. Son entrenadores de deporte de rendimiento de Andalucía quienes dirigen técnicamente a deportistas de rendimiento.

Artículo 48. Árbitros y jueces deportivos

Son árbitros o jueces deportivos quienes aplican las reglas técnicas en el desarrollo de competiciones. En las oficiales, su condición se acredita con licencia federativa; en las no oficiales, sus funciones las determina la propia organización. Son árbitros o jueces de deporte de rendimiento de Andalucía quienes ejercen las funciones principales en competiciones oficiales de ámbito internacional y cumplen los requisitos reglamentarios. La Administración fomentará su formación.

Artículo 49. Directores deportivos

Son directores deportivos quienes, con la titulación exigida por la ley y aplicando los conocimientos y técnicas de las ciencias del deporte, ejercen: la planificación, programación, dirección, supervisión y análogas de las actividades deportivas de entidades, centros, servicios y establecimientos públicos o privados; y la coordinación, supervisión y evaluación de las funciones técnicas de monitores y entrenadores deportivos.

Artículo 50. Monitores deportivos

Son monitores deportivos quienes, con la titulación exigida por la ley, trabajan con objetivos de ocio saludable, recreación, turismo o análogos, no enfocados a la competición, ejerciendo: instrucción e iniciación deportiva; planificación, dirección y supervisión de actividades de condición física; supervisión y control de la actividad deportiva; y formación, animación, guía, acompañamiento o análogas.

Artículo 51. Voluntariado deportivo

El voluntariado deportivo es la participación ciudadana organizada en acciones de voluntariado en el deporte en Andalucía, mediante programas de acción voluntaria de entidades sin ánimo de lucro, en el marco de la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. La Consejería competente en deporte lo fomentará con otras administraciones, especialmente entidades locales, universidades y entidades deportivas. Su régimen jurídico se fijará reglamentariamente.

Artículo 52. Clases y régimen

A efectos de la ley, las entidades deportivas andaluzas se clasifican en tres clases: clubes deportivos, secciones deportivas y federaciones deportivas. Su reconocimiento, organización y funcionamiento se rigen por esta ley, por las disposiciones que la desarrollen y por las normas estatutarias de cada entidad.

Artículo 53. Declaración de utilidad pública

Las federaciones deportivas andaluzas son entidades de utilidad pública. Las demás entidades deportivas domiciliadas en Andalucía que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal pueden ser reconocidas de utilidad pública si la Administración deportiva autonómica incoa el expediente a instancia de parte, informa favorablemente y lo acuerda el Consejo de Gobierno. Da derecho a usar esa calificación tras el nombre, prioridad en recursos de promoción deportiva y acceso preferente al crédito oficial.

Artículo 54. Concepto

Son clubes deportivos andaluces las asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, cuyo objeto principal es la práctica del deporte por sus asociados o miembros, que desarrollan su actividad básicamente en Andalucía y figuran inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Según su objeto, son clubes de deporte de competición o clubes de deporte de ocio.

Artículo 55. Constitución de los clubes deportivos

Para constituir un club deportivo hacen falta al menos tres personas físicas promotoras, que suscriben un documento público o privado con el contenido mínimo que fije el reglamento. Los estatutos y los reglamentos del club deben redactarse ajustándose a los principios de democracia y representatividad.

Artículo 56. Secciones deportivas

Pueden crearse secciones deportivas dentro de entidades públicas o privadas cuyo fin principal no sea deportivo, para desarrollar actividades deportivas. Se clasifican en secciones de deporte de competición y de deporte de ocio. Sus promotores suscriben un acta fundacional en documento público o privado y se inscriben en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Las de deporte federado deben integrarse en la federación andaluza correspondiente.

Artículo 57. Concepto y naturaleza

Las federaciones deportivas andaluzas son entidades privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, cuyos fines son la práctica, desarrollo y promoción de sus modalidades deportivas. Además de sus atribuciones propias, ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando entonces como agentes colaboradores de la Administración.

Artículo 58. Ámbito

Las federaciones agrupan a clubes, secciones, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros y, en su caso, otros colectivos de sus modalidades. Solo puede existir una federación por cada modalidad deportiva, salvo las federaciones polideportivas para la práctica de los deportes por personas con discapacidad.

Artículo 59. Estructura y organización

Las federaciones regulan su estructura con estatutos y reglamentos democráticos y representativos. Sus órganos necesarios son la Asamblea General, la Presidencia y la Junta Directiva. La Asamblea, órgano supremo, se elige cada cuatro años por sufragio personal, libre, directo y secreto de cada estamento; la Asamblea elige a la Presidencia; y la Presidencia nombra y cesa a la Junta Directiva, dando cuenta a la Asamblea. La estructura territorial se adecua a la de la Comunidad Autónoma, salvo excepciones autorizadas.

Artículo 60. Funciones

Las federaciones ejercen las funciones de sus estatutos y las públicas delegadas. Por delegación y bajo la tutela de la Consejería competente en deporte califican y organizan competiciones oficiales federadas, expiden licencias, controlan ayudas públicas a federados, colaboran en formación, ejercen la potestad disciplinaria y ejecutan resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. No pueden delegar esas funciones sin autorización, y sus actos en ellas son recurribles ante ese Tribunal.

Artículo 61. Constitución

Constituir una federación requiere autorización de la Consejería competente en deporte, a solicitud de los promotores, e inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. El procedimiento se inicia siempre a instancia de parte, exige una modalidad reconocida o la necesidad de segregarse y unos estatutos provisionales democráticos. La autorización es provisional durante dos años, en los que la Asamblea General aprueba nuevos estatutos para su ratificación. Su revocación extingue la federación.

Artículo 62. Tutela

La Consejería competente en deporte tutela a las federaciones andaluzas mediante, entre otros medios: convocar sus órganos si se incumplen los estatutos; instar al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía procedimientos disciplinarios y suspensiones cautelares; convocar elecciones si no lo hace el órgano competente; incoar procedimientos sancionadores; resolver recursos a través de la sección del Tribunal; comprobar estatutos y reglamentos antes de ratificarlos; y avocar o revocar funciones públicas.

Artículo 63. Régimen presupuestario

Las federaciones tienen presupuesto y patrimonio propios y aplican todas sus rentas a sus fines deportivos. No pueden aprobar presupuestos deficitarios salvo autorización expresa de la Consejería competente en deporte. Para recibir ayudas públicas de la Junta deben someterse a auditorías financieras y de gestión o a verificaciones de contabilidad. Gravar o enajenar bienes financiados, en todo o en parte, con fondos públicos de la Junta requiere autorización previa de la Consejería.

Artículo 64. Código de buen gobierno

Las federaciones deben adoptar un código de buen gobierno basado en democracia y participación, sobre todo en el control de sus transacciones económicas, financiadas o no con ayudas públicas; también lo adoptará toda entidad deportiva que reciba ayudas gestionadas por la Consejería de deporte. Su cumplimiento es criterio preferente para fijar el importe de las ayudas. Su contenido mínimo incluye secreto, no aprovechar el cargo, segregación de funciones, información a la Asamblea y un máximo de tres legislaturas en la Presidencia.

Artículo 65. Disolución

El régimen jurídico y los efectos de la disolución de las federaciones deportivas andaluzas se regularán, sin perjuicio de lo que dispongan esta ley y los estatutos de cada federación. En todo caso, el patrimonio neto que hubiera se destinará en exclusividad al cumplimiento del objeto y fines de cada federación, según sus normas estatutarias.

Artículo 66. Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas

Las federaciones deportivas pueden constituir la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas como órgano de representación y defensa de sus intereses comunes, conforme a las normas estatutarias que se establezcan. La inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas es requisito esencial para su constitución.

Artículo 67. Registro Andaluz de Entidades Deportivas

El Registro Andaluz de Entidades Deportivas, adscrito a la Consejería competente en deporte, inscribe principalmente las entidades deportivas domiciliadas en Andalucía. Las sociedades anónimas deportivas con sede social en Andalucía deben inscribirse en él para disfrutar de los beneficios de la ley, aunque se rigen por la legislación estatal específica. El Registro es público y cualquiera puede consultarlo; su estructura y funcionamiento se fijarán reglamentariamente.

Artículo 68. Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas

Las entidades deportivas andaluzas deben inscribirse en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas; la inscripción acredita su reconocimiento a los efectos de la ley. También se inscriben los estatutos, los demás actos que se determinen y sus modificaciones. Inscribirse es requisito indispensable para participar en competiciones oficiales y optar a ayudas de entidades públicas. Las federaciones se inscriben de oficio y la resolución se publica en el BOJA. La inscripción de clubes y secciones solo se deniega por legalidad; la Consejería tramita la cancelación.

Artículo 111. Ámbito y definición

El título IX se aplica a las actuaciones del ámbito de la ley, sus reglamentos y planes, realizadas en Andalucía. Comprende procedimientos administrativos sobre: potestad sancionadora deportiva, potestad disciplinaria deportiva, arbitraje y mediación, recursos contra actos de las federaciones andaluzas dictados en funciones públicas delegadas de carácter administrativo y control de legalidad de sus procesos electorales. La Inspección deportiva colabora, y se crea el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía como superior órgano administrativo en la materia.

Artículo 112. Concepto y ámbito

La potestad sancionadora se ejerce sobre cualquier persona física o jurídica que cometa las infracciones tipificadas en el capítulo, sobre todo en el control administrativo de las funciones públicas encomendadas a las federaciones y en la tramitación y resolución de denuncias en materia deportiva. Su ejercicio corresponde a la Consejería competente en materia de deporte, a través del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en los casos y formas de la ley.

Artículo 113. Procedimiento

Para sancionar hace falta tramitar antes un procedimiento ajustado a los principios generales de la Ley 30/1992. Durante el procedimiento, por acuerdo motivado, pueden adoptarse medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final, evitar que se mantengan los efectos de la infracción o cuando lo exija el interés general. El procedimiento debe resolverse y notificarse en un plazo máximo de seis meses desde su inicio.

Artículo 114. Régimen de responsabilidad

Responden de las infracciones administrativas deportivas las personas físicas o jurídicas a título de dolo, culpa o simple negligencia. Si aparece un posible ilícito penal, se pasa el tanto de culpa al órgano judicial o al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento hasta sentencia firme o resolución que le ponga fin, o hasta que el Fiscal comunique la improcedencia; también se suspende si ya hay proceso penal con idéntico hecho, sujeto y fundamento. Después se sigue con los hechos probados por los tribunales. La pena excluye la sanción si hay triple identidad.

Artículo 115. Concepto y clasificación de las infracciones

Son infracciones administrativas en materia deportiva las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la propia ley. Se clasifican en tres categorías: muy graves, graves y leves. El artículo fija así el principio de tipicidad (solo es infracción lo que la ley describe como tal) y la escala de gravedad que después usan los preceptos de infracciones y sanciones del capítulo.

Artículo 116. Infracciones muy graves

Enumera las infracciones administrativas muy graves (letras a a s). Entre ellas: incumplir normas de seguridad con importantes perjuicios o grave riesgo; permitir conductas violentas o racistas; introducir drogas, alcohol, armas o bengalas donde se compite; vender alcohol y tabaco en instalaciones deportivas; no suscribir los seguros obligatorios; enseñar o titular sin autorización; desviar ayudas públicas; obstrucción reiterada a la inspección; quebrantar sanciones graves o muy graves; ejercer profesiones sin cualificación; discriminar.

Artículo 117. Infracciones graves

Enumera las infracciones administrativas graves (letras a a w): las conductas de las letras a), b), c) y f) del número anterior sin el grado de riesgo, daño o trascendencia; la pasividad ante la violencia; incumplir medidas cautelares; quebrantar sanciones leves; encubrir ánimo de lucro; dañar instalaciones; no hacer reconocimientos médicos; publicidad engañosa; uso indebido de la denominación de competición oficial o de la imagen de la Junta; obstrucción a la inspección; competir sin inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas o en instalaciones no inscritas en el Inventario.

Artículo 118. Infracciones leves

Enumera las infracciones administrativas leves: incumplir las obligaciones de la tarjeta deportiva sanitaria; descuido y abandono de instalaciones y equipamientos; incumplir prácticas básicas de seguridad, navegación y radiocomunicación; incumplir las condiciones de las habilitaciones náuticas; negarse a informar a la Inspección; no facilitar datos para el Inventario; no pedir la actualización de datos del Registro Andaluz de Entidades Deportivas; y, como cierre, cualquier otro incumplimiento no calificado como muy grave o grave.

Artículo 119. Sanciones

Muy graves: multa de 5.001 a 50.000 euros y, además, suspensiones, clausuras, prohibiciones de acceso o inhabilitaciones de uno a cinco años, o revocación de la autorización o clausura definitivas. Graves: multa de 601 a 5.000 euros y, además, medidas hasta un máximo de un año. Leves: apercibimiento o multa de hasta 600 euros. En muy graves o graves cabe revocar la financiación deportiva de la Junta, exigir el reintegro e impedir nuevas ayudas de uno a cinco años. Para graduar se aplican los criterios del artículo 134.

Artículo 120. Compatibilidad

Las sanciones por las infracciones administrativas tipificadas en el capítulo son compatibles con las posibles responsabilidades disciplinarias de carácter deportivo, porque unas y otras tienen fundamentos distintos. Un mismo hecho puede dar lugar, por tanto, a una sanción administrativa y a una responsabilidad disciplinaria deportiva.

Artículo 121. Concepto

La potestad disciplinaria deportiva faculta a sus titulares para investigar, instruir y, en su caso, sancionar, dentro de su ámbito, a quienes intervengan en actividades deportivas por infracciones de las reglas del juego o la competición y de las normas generales deportivas. Infracciones de juego o competición: las que, durante el juego, vulneran, impiden o perturban su normal desarrollo. Infracciones de normas generales: las demás acciones u omisiones contrarias a dichas normas.

Artículo 122. Ámbitos

El régimen disciplinario deportivo tiene dos ámbitos: el disciplinario y el competitivo. En el disciplinario conoce de las acciones u omisiones que perturban el juego, de las infracciones de las normas de conducta deportiva y de las infracciones de presidentes y directivos de las federaciones andaluzas. En el competitivo se extiende a la organización, acceso y desarrollo de las competiciones oficiales. No alcanza a las sanciones que los clubes imponen a sus socios por incumplir sus normas sociales o de régimen interior.

Artículo 123. Procedimiento

La potestad disciplinaria deportiva exige tramitar un procedimiento inspirado en los principios del título IX de la Ley 30/1992, que se desarrollará reglamentariamente. Las actas reglamentarias firmadas por jueces o árbitros son medio de prueba necesario de las infracciones a las reglas deportivas y gozan de presunción de veracidad, salvo en los deportes que no las requieran y sin perjuicio de otras pruebas que aporten los interesados.

Artículo 124. Ejercicio de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria deportiva corresponde: a los clubes deportivos andaluces sobre sus socios, deportistas, directivos, técnicos y administradores, según sus estatutos y salvo lo propio del derecho privado; a las federaciones deportivas andaluzas sobre las personas y entidades integradas en ellas, incluidos clubes, deportistas, técnicos, directivos, jueces y árbitros; y al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en los términos legales. No es potestad disciplinaria la dirección del juego por jueces o árbitros aplicando las reglas técnicas.

Artículo 125. Previsiones de obligado cumplimiento para las federaciones deportivas

Las federaciones deportivas andaluzas deben fijar en sus estatutos, con dependencia y subordinación a la ley, un régimen sancionador con: infracciones tipificadas en muy graves, graves y leves (si coinciden con las de la ley, con la misma calificación); sanciones proporcionales (en caso de identidad, se aplica lo mismo); principios y criterios de gradación, causas modificativas de la responsabilidad y requisitos de extinción; y el procedimiento sancionador y los recursos admisibles.

Artículo 126. Concepto y clasificación de las infracciones

Son infracciones disciplinarias en materia deportiva las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas como tales por la propia ley. Se clasifican en muy graves, graves y leves. Solo es infracción disciplinaria, por tanto, la conducta que la ley tipifica y sanciona expresamente como tal, sea una acción o una omisión.

Artículo 127. Infracciones muy graves

Enumera las infracciones disciplinarias muy graves, entre ellas: agresión, intimidación o coacción grave a participantes; dopaje y negativa a los controles; amaños de resultados; manipulación de material; abusos de autoridad; declaraciones que inciten a la violencia; no acudir sin justificación a las selecciones andaluzas; incumplir resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía; quebrantar sanciones graves o muy graves; la tercera infracción grave en dos años, con las dos anteriores firmes; y las que fijen las federaciones.

Artículo 128. Infracciones graves

Enumera las infracciones disciplinarias graves: la agresión del artículo anterior con menor gravedad; incumplir las obligaciones de localización para controles fuera de competición (si es reiterado, muy grave); insultos y ofensas graves; manipular material; quebrantar sanciones leves; incumplir reiteradamente órdenes de órganos deportivos; la tercera infracción leve en dos años con las anteriores firmes; incompatibilidades; incumplir el código de buen gobierno; y las que fijen las federaciones.

Artículo 129. Infracciones leves

Son infracciones disciplinarias leves: las observaciones incorrectas leves dirigidas a jueces, árbitros, deportistas, técnicos, autoridades deportivas, público asistente y otros participantes en eventos deportivos; y las conductas contrarias a las normas deportivas de la ley que no estén tipificadas como graves o muy graves en ella ni en los estatutos de las federaciones andaluzas, según las especialidades de cada modalidad.

Artículo 130. Sanciones por infracciones muy graves

A las infracciones disciplinarias muy graves pueden imponerse una o varias de estas sanciones: inhabilitación a perpetuidad o de un año y un día a cinco años para cargos y funciones; expulsión definitiva o descalificación; revocación de licencia e inhabilitación para obtenerla; clausura de instalaciones entre cuatro partidos y una temporada (o de un mes y un día a un año); pérdida o descenso de categoría; pérdida de entre el 9 % y el 20 % de los puntos posibles; prohibición de acceso de un año y un día a cinco años; multa de 5.001 a 36.000 euros.

Artículo 131. Sanciones por infracciones graves

A las infracciones disciplinarias graves pueden imponerse una o varias de estas sanciones: inhabilitación de hasta un año para cargos y funciones; revocación de licencia o inhabilitación para obtenerla hasta un año; clausura de instalaciones entre uno y tres partidos o hasta un mes; pérdida de entre el 2 % y el 8 % de los puntos posibles; pérdida de encuentro o competición; prohibición de acceso al recinto de hasta un año; partido a puerta cerrada; multa de 501 a 5.000 euros.

Artículo 132. Sanciones por infracciones leves

A las infracciones disciplinarias leves pueden imponerse una o varias de estas sanciones: apercibimiento; amonestación pública; suspensión del cargo o función deportivos por un período inferior a un mes; y multa de hasta 500 euros. Son las sanciones más suaves de la escala disciplinaria y pueden combinarse entre sí.

Artículo 133. Multas

La multa disciplinaria solo puede imponerse a las entidades deportivas y a las personas infractoras que perciban una retribución económica por su actividad deportiva. Si la multa no se paga, puede sustituirse por otra de las sanciones previstas para una infracción de la misma gravedad, siempre que sea compatible.

Artículo 134. Concurrencia de responsabilidades y gradación de las sanciones

La responsabilidad es compatible con reponer la situación alterada e indemnizar daños y perjuicios, y caben medidas para restablecer el orden jurídico. La sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho, según estos criterios: intencionalidad; reincidencia (más de una infracción de la misma o análoga naturaleza en un año, declarada por resolución firme); trascendencia social o deportiva; perjuicio económico; lucro o beneficio; circunstancias concurrentes; subsanación; arrepentimiento espontáneo; reiteración; y previa advertencia de la Administración.

Artículo 135. Medidas cautelares

En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para iniciarlo puede adoptar, mediante acto motivado y notificado a los interesados, medidas cautelares provisionales que aseguren la eficacia de la resolución final. Estas medidas no son sanciones y pueden consistir en: fianza o garantía; suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones; cierre temporal de instalaciones deportivas; prohibición temporal de acceso a instalaciones deportivas.

Artículo 136. Ejecución de las sanciones

Las sanciones impuestas en el procedimiento disciplinario relativas a las reglas del juego o competición son inmediatamente ejecutivas: los recursos o reclamaciones no suspenden su ejecución. No obstante, los órganos que tramiten los recursos pueden suspenderla razonadamente, de oficio o a instancia del recurrente, valorando los intereses públicos y privados en juego y las consecuencias de ejecutar de inmediato o aplazar.

Artículo 137. Extinción de la responsabilidad

La responsabilidad disciplinaria se extingue por cinco causas: muerte de la persona infractora; cumplimiento de la sanción; disolución de la entidad deportiva sancionada; prescripción de la infracción; y prescripción de la sanción. Conviene distinguir las dos prescripciones, pues son causas distintas.

Artículo 138. Prescripción de las infracciones

Las infracciones deportivas prescriben a los dos años las muy graves, al año las graves y a los seis meses las leves. El plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción. Interrumpe la prescripción el inicio del procedimiento sancionador con conocimiento de los interesados; el plazo se reanuda si el expediente está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 139. Prescripción de las sanciones

Las sanciones prescriben a los dos años si corresponden a infracciones muy graves, al año si son graves y a los seis meses si son leves. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Interrumpe la prescripción el inicio del procedimiento de ejecución con conocimiento de los interesados; vuelve a correr si está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 140. El arbitraje y la mediación en materia deportiva

Las cuestiones litigiosas jurídico-deportivas entre personas físicas o jurídicas, sobre materias de libre disposición y que no afecten al Sistema Arbitral de Consumo ni al régimen sancionador o disciplinario, pueden resolverse por arbitraje. El reglamento fijará, entre otras reglas, la recusación y un procedimiento con contradicción, igualdad y audiencia. Los estatutos pueden prever conciliación, y caben sistemas de mediación alternativos. La sumisión al arbitraje es siempre voluntaria; sus resoluciones tienen los efectos de la Ley 60/2003, de Arbitraje.

Artículo 141. Función inspectora

La función inspectora sobre el cumplimiento de la ley, sus normas de desarrollo y los planes aprobados corresponde a la Consejería competente en materia de deporte. La Inspección: verifica el cumplimiento de la normativa deportiva; colabora en el seguimiento de subvenciones, créditos, avales y ayudas públicas de la Junta o de las administraciones locales andaluzas; comprueba reclamaciones y denuncias; asesora e informa a los responsables de entidades, servicios y centros deportivos; y ejerce las demás funciones que fijen los reglamentos.

Artículo 142. Personal de la Inspección de Deporte

La función inspectora la ejerce el personal funcionario adscrito al órgano con la competencia en deporte, en puestos así establecidos en el decreto de la relación de puestos de trabajo. La Administración puede habilitar a personal funcionario cuando la inspección lo requiera y se justifique motivadamente. En sus funciones, el personal inspector es agente de la autoridad, debe exhibir su acreditación y puede pedir colaboración a servicios de inspección de otras consejerías y administraciones y recabar la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando sea necesario.

Artículo 143. Obligaciones y procedimiento de inspección

Los titulares de instalaciones deportivas, los representantes legales de las entidades deportivas y quien esté al frente del centro o servicio en el momento de la inspección deben permitir y facilitar al personal inspector el acceso a las dependencias y el examen y comprobación de documentos, y prestar la colaboración que se les requiera. El personal inspector puede requerir la presencia de las personas inspeccionadas o de sus representantes en las dependencias administrativas para comprobar las diligencias. El procedimiento de inspección se fijará reglamentariamente.

Artículo 144. Valor probatorio de las actas

Los hechos constatados por el personal de la Inspección de Deporte y recogidos en sus actas tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario. El artículo remite para ello a lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 145. Medidas provisionales de la inspección

La Inspección de Deporte puede adoptar medidas provisionales cuando exista riesgo inminente y perjuicio grave para los usuarios en el ámbito del deporte, con el objeto de preservar su salud y seguridad. Lo hace de conformidad con el apartado 2 del artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 146. Definición y naturaleza

El Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía es el superior órgano administrativo de solución de conflictos deportivos en Andalucía en los ámbitos competitivo, disciplinario y electoral federativo, en los recursos contra actos de las federaciones en funciones públicas administrativas y de tipo sancionador que se le atribuyan y en el arbitraje. Está adscrito orgánicamente a la Consejería competente en deporte, pero actúa con total autonomía, sin sometimiento jerárquico a ningún órgano de la Administración autonómica. Sus decisiones agotan la vía administrativa.

Artículo 147. Competencias

Corresponde al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía: ejercer la potestad sancionadora; resolver recursos contra acuerdos federativos dictados en funciones públicas delegadas; resolver en vía de recurso sobre expedientes disciplinarios relativos a competiciones oficiales; resolver conflictos entre federaciones; resolver recursos en materia electoral y de reprobación o moción de censura; instruir y resolver expedientes a presidentes y directivos federativos; ser consultado en cuestiones de legalidad; resolver lo sometido a arbitraje o mediación; y lo que se le atribuya o delegue.

Artículo 148. Composición y estructura

El Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía tiene entre nueve y trece miembros, entre ellos la Presidencia, tres Vicepresidencias y la Secretaría, con la paridad legal y según lo que fije el reglamento. Su estructura en secciones se determinará reglamentariamente según sus competencias. Cuenta con una unidad administrativa diferenciada de apoyo técnico y de gestión, adscrita a la Consejería competente en materia de deporte.

Artículo 149. Instrucción

Cuando el procedimiento lo requiera, la Presidencia designa, de entre los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y por un turno preestablecido, un instructor o instructora, que no formará parte de la sección que deba resolver el asunto.

Artículo 150. Designación y mandato

El Tribunal lo integran personal funcionario de carrera adscrito a la Consejería competente en deporte y juristas de reconocido prestigio en el deporte, designados por la persona titular de la Consejería. El reglamento fija número, adscripción, designación y renovación. El mandato es de cuatro años, renovable, con un máximo de dos mandatos consecutivos. El pleno elige de entre sus miembros a quienes ocupan la Presidencia, las tres Vicepresidencias y la Secretaría.

Artículo 151. Régimen de funcionamiento

En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía se somete a esta ley y sus normas de desarrollo, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Su constitución y funcionamiento se regularán en desarrollo de lo previsto en la ley.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Regula la organización y celebración de espectáculos y actividades recreativas y las condiciones técnicas y de seguridad de los establecimientos públicos, y define los tres conceptos. Se aplica con independencia de la titularidad, aunque se celebren en espacios abiertos, vía pública, zonas marítimo-terrestres, portuarias u otras de dominio público. Excluye las celebraciones estrictamente privadas o familiares y el ejercicio de derechos fundamentales laborales, políticos, religiosos, sindicales o docentes, aunque sus locales deben cumplir las condiciones de seguridad de la Ley.

Artículo 2. Régimen para la celebración o práctica de espectáculos públicos y actividades recreativas

Todo espectáculo o actividad no excluido queda sujeto a los medios de intervención administrativa. La autorización previa debe fijar el tiempo, el establecimiento y el aforo; la declaración responsable y la comunicación previa recogen esos mismos datos. Las autorizaciones son transmisibles previa comunicación al órgano competente, pero la declaración responsable y la comunicación previa no se transmiten. La autorización para acto único se extingue al celebrarse. Sin intervención, suspensión inmediata. Sin resolución expresa en plazo, la solicitud se entiende desestimada.

Artículo 3. Prohibición y suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativas

Las autoridades competentes pueden prohibir, o suspender si ya se celebran, espectáculos y actividades en seis casos: prohibidos por su naturaleza; en establecimientos sin las condiciones de seguridad; sin someterse a los medios de intervención o alterando sus condiciones; con riesgo grave o vejación para los asistentes; atentando contra derechos del título I de la Constitución; o contra espacios protegidos o recursos naturales de especial valor. Los delegados de la autoridad pueden suspender, previo aviso a los organizadores, por máxima urgencia; sin previo aviso si hay peligro inminente.

Artículo 4. Multas coercitivas

Para ejecutar los actos dictados en aplicación de la Ley pueden imponerse multas coercitivas. Antes debe darse un tiempo suficiente para cumplir, según la naturaleza y fines del acto. Cada multa no puede exceder de 25.000 pesetas (150,25 euros), aunque puede aumentarse hasta el 50 por 100 si se reitera el incumplimiento, sin superar nunca los límites máximos de las sanciones aplicables al caso. Son independientes y compatibles con las sanciones pecuniarias por infracciones del capítulo V.

Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica

Corresponde a la Administración autonómica, entre otras: aprobar por Decreto el catálogo; dictar normas de desarrollo; fijar horarios de apertura y cierre y requisitos de admisión; conceder autorizaciones de funcionamiento exigidas por su normativa; autorizar previamente los espectáculos taurinos, el juego y apuestas, las actividades recreativas que discurran por más de un término municipal y los singulares no reglamentados; policía, inspección, prohibición y suspensión en lo de su intervención; actuar subsidiariamente si los municipios no ejecutan; e informar con carácter vinculante.

Artículo 6. Competencias de los municipios

Corresponde a los municipios: licencias urbanísticas y medioambientales e intervención en la apertura de establecimientos; autorizar estructuras no permanentes o desmontables (art. 10.2); autorizar atracciones de feria en espacios abiertos; limitar establecimientos en zonas urbanas; autorizar espectáculos extraordinarios u ocasionales no sujetos a intervención autonómica; prohibir o suspender los no sujetos a intervención autonómica; fijar horarios especiales excepcionales; y la policía e inspección ordinarias. Si se inhiben, la Junta de Andalucía puede suplir su actividad inspectora.

Artículo 7. Obligaciones especiales y derecho de admisión

Puede exigirse por reglamento a las empresas de ciertos espectáculos o actividades servicio de vigilancia o especiales medidas de seguridad para mantener el buen orden; los municipios pueden desarrollar los reglamentos de la Junta. Los titulares de establecimientos pueden fijar condiciones objetivas de admisión, que no pueden contrariar derechos constitucionales ni ser discriminatorias o arbitrarias, y están sujetas a intervención administrativa. Deben figurar de forma fácilmente legible a la entrada, en taquillas y puntos de venta, en la publicidad y en las entradas.

Artículo 8. Relaciones entre Administraciones Públicas

La Junta de Andalucía y los municipios, cada uno en sus competencias, se facilitan la información que precisen sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y se prestan cooperación y asistencia activas. Con arreglo a los principios de eficacia, coordinación y participación, velan por el cumplimiento de la normativa mediante tres funciones: inspección de los establecimientos públicos; control de la celebración de espectáculos y actividades y, en su caso, su prohibición y suspensión; y sanción de las infracciones de la Ley.

Artículo 9. Intervención administrativa de los establecimientos públicos

Los espectáculos y actividades solo pueden celebrarse en establecimientos que cumplan los requisitos legales y reglamentarios y se hayan sometido a los medios de intervención correspondientes. Si la normativa o la tecnología imponen otras condiciones, debe adecuarse en los términos y plazos que se fijen. La autorización, declaración responsable o comunicación previa debe indicar los tipos de espectáculos o actividades según el catálogo. Destinar el local, ocasional o definitivamente, a otro espectáculo o actividad distinto exige someterse de nuevo a intervención.

Artículo 10. Condiciones de los establecimientos

Los establecimientos deben reunir las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, accesibilidad, confortabilidad, vibraciones y ruidos que fije la normativa. Las estructuras desmontables, también; en parajes naturales, los organizadores deben dejarlos como estaban. Nada puede celebrarse sin intervención administrativa que acredite esas condiciones, que el titular u organizador mantendrá siempre. Inactividad o cierre por cualquier causa durante más de seis meses obliga a someterse de nuevo a intervención.

Artículo 11. Inspección y control

Inspección y control los ejerce la Administración competente mediante la Policía Local, la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía y la Inspección del Juego y de Espectáculos Públicos. Pueden habilitarse funcionarios o empleados públicos especializados, que serán agentes de la autoridad. Los inspectores acceden en todo momento, requieren documentación y, motivadamente, citan a comparecer. El resultado consta en acta, con copia al interesado, que puede hacer constar su disconformidad; el acta se remite al órgano competente.

Artículo 12. Concepto

Para la Ley son empresas las personas físicas o jurídicas promotoras que, de forma habitual u ocasional, organizan espectáculos o actividades recreativas y asumen, frente a la Administración y frente al público, las responsabilidades y obligaciones de su organización y celebración. Por reglamento se fijarán las condiciones, garantías o fianzas y requisitos que deben cumplir y prestar quienes los organicen, de forma habitual u ocasional.

Artículo 13. Registro de Empresas y Organizaciones de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía

La Junta de Andalucía dispondrá de un Registro de Empresas y Organizadores de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, adscrito a la Consejería competente por razón de la materia; sus características y funcionamiento se fijarán por reglamento. El Registro es público y cualquier persona interesada puede obtener certificación gratuita de los datos inscritos.

Artículo 14. Obligaciones de las empresas, cargos directivos y empleados

Titulares, cargos directivos y, en su caso, empleados de las empresas deben: mantener las condiciones técnicas exigidas; facilitar las inspecciones; responder de los daños y concertar seguro de responsabilidad civil; mantener los espectáculos anunciados salvo causa justificada; devolver lo pagado si se modifican o suspenden; evitar ruidos y molestias; respetar al público; tener libros y hojas de quejas y reclamaciones anunciados con carteles; proteger los espacios naturales; adecuar accesos para personas discapacitadas; y cumplir lo que impongan los reglamentos.

Artículo 15. Derechos de los espectadores y asistentes

Además de los que les reconozca la normativa, sobre todo la de consumidores y usuarios, espectadores y asistentes tienen derecho: a que el espectáculo se desarrolle como se anunció; a la devolución de lo pagado por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono si se suspende o se modifica en sus aspectos esenciales; a los impresos oficiales de quejas y reclamaciones; a un trato respetuoso y no discriminatorio; y a ser admitidos en las mismas condiciones objetivas que cualquier usuario si el aforo lo permite y no hay causa de exclusión.

Artículo 16. Obligaciones de los espectadores y asistentes

Espectadores y asistentes deben: ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que la empresa señale para el público, sin invadir zonas destinadas a otros fines; cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores, actuantes y empleados que fije la empresa organizadora o titular; y seguir las instrucciones de los empleados o del personal de vigilancia del establecimiento dirigidas a cumplir esos requisitos.

Artículo 17. De las prohibiciones a los espectadores y asistentes

Los espectadores y asistentes no pueden: fumar en locales cerrados, salvo en las zonas que la empresa autorice y señale con carteles visibles; portar armas, objetos peligrosos u objetos prohibidos por la autoridad de orden público; adoptar conductas que causen peligro o molestias o dificulten el espectáculo; exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a actividades contrarias a los derechos fundamentales, en especial a la violencia, la xenofobia o la discriminación; ni acceder a escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante el espectáculo.

Artículo 18. Concepto y clasificación de las infracciones

Son infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones de esas infracciones en los términos del artículo 129.3 de la Ley 30/1992. Las infracciones previstas en la Ley y en sus reglamentos de desarrollo se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 19. Infracciones muy graves

Son muy graves, entre otras: abrir establecimientos, celebrar espectáculos, cambiar de actividad o modificar condiciones técnicas sin los medios de intervención administrativa cuando haya grave riesgo; celebrar quebrantando una suspensión o prohibición o durante la inhabilitación; omitir sustancialmente medidas de seguridad o evacuación; superar el aforo disminuyendo la seguridad; impedir el acceso o la inspección; aportar datos falsos; carecer de seguro de responsabilidad civil; usar armas indebidamente; admitir símbolos violentos; y reiterar o reincidir en faltas graves en un año.

Artículo 20. Infracciones graves

Son graves, entre otras: las conductas del artículo 19.1 a 4 sin grave riesgo; omitir higiene con riesgo para la salud; arrendar locales sabiendo que no son seguros; permitir alcohol o tabaco a menores; fumar donde está prohibido; publicidad engañosa; modificar sustancialmente el espectáculo; admisión discriminatoria; reventa o venta ambulante no autorizada; no publicitar la calificación por edades; carecer de hojas de reclamaciones; suspender sin causa; incumplir horarios; permitir armas; petardos sin precauciones; y reiterar o reincidir en faltas leves en un año.

Artículo 21. Infracciones leves

Son leves: falta de limpieza sin riesgo para la salud; falta de respeto entre actuantes o empleados y público; acceso del público a escenarios o terrenos de juego salvo si deriva de la naturaleza del espectáculo; mal estado con incomodidad manifiesta sin afectar gravemente a seguridad o salubridad; conductas graves de escasa significación; incumplimientos de trámites, plazos o requisitos no tipificados como graves o muy graves; no tener en el local el documento de intervención administrativa; y no exponer «Prohibida la entrada a menores de edad» cuando sea exigible.

Artículo 22. Sanciones

Multas: muy graves, de 5.000.001 a 100.000.000 de pesetas (30.050,61 a 601.012,10 euros); graves, de 50.001 a 5.000.000 de pesetas (300,51 a 30.050,61 euros); leves, apercibimiento o multa de hasta 50.000 pesetas (300,51 euros). La multa puede incrementarse en la cuantía del beneficio obtenido. Si en una muy grave los responsables ya fueron sancionados en firme por dos infracciones idénticas en un año, o se perjudica a más de mil personas, la multa puede llegar a 150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).

Artículo 23. Sanciones accesorias

Además de la multa caben accesorias: incautación de instrumentos; suspensión de actividad y autorizaciones y clausura del establecimiento, de dos años y un día a cinco años (muy graves) o hasta dos años (graves); inhabilitación de un año y un día a tres años (muy graves) o hasta un año (graves); y revocación de autorizaciones. La clausura solo se interrumpe si se acredita otra actividad económica, cuyo tiempo no computa. En reincidencia grave, suspensión y clausura llegan de cinco años y un día a diez (muy graves) o hasta cinco (graves).

Artículo 24. Personas responsables de las infracciones

Responden quienes realicen las conductas tipificadas: artistas, ejecutantes, espectadores, empleados, revendedores y el titular de la empresa o actividad. El titular responde además de las infracciones de sus empleados y de terceros que presten servicios mercantiles contratados con él, sin perjuicio de repetir contra los autores materiales. Si las obligaciones corresponden a varios conjuntamente, responden solidariamente; y los administradores responden subsidiariamente de las sanciones de personas jurídicas que hayan cesado en su actividad.

Artículo 25. Reincidencia y reiteración

A efectos de esta Ley hay reiteración cuando se comete más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año, y reincidencia cuando se comete más de una infracción de la misma naturaleza en ese mismo término. En ambos casos es necesario que así se haya declarado por resolución firme.

Artículo 26. Criterios para la imposición de sanciones

Las sanciones se gradúan por circunstancias, gravedad, trascendencia, capacidad económica, intencionalidad, reiteración, daños y beneficios ilícitos. Con daños o beneficios de poca entidad puede aplicarse la escala inferior, salvo reiteración, daños a terceros o afección a la seguridad. Con sanción firme previa por las mismas infracciones de los artículos 20 y 21 cometidas en un año, o más de mil posibles perjudicados, puede aplicarse la escala superior; también si varias infracciones en un año revelan habitualidad. Ninguna circunstancia se aplica si ya sirvió para tipificar.

Artículo 27. Responsabilidad derivada de la infracción

Conforme al artículo 130.2 de la Ley 30/1992, las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador son compatibles con exigir al infractor la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios.

Artículo 28. Prescripción y caducidad

Infracciones y sanciones prescriben: muy graves, a los cuatro años; graves, a los tres; leves, al año. La prescripción de las infracciones se cuenta desde su comisión y se interrumpe al iniciarse el procedimiento con conocimiento del interesado, reanudándose si está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. La de las sanciones se cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución. El procedimiento debe resolverse en un año desde su iniciación o caduca; el instructor puede suspender el plazo máximo para resolver.

Artículo 29. Competencia para sancionar

Sancionan: el Consejo de Gobierno, multas de 300.506,06 a 901.518,16 euros y cualquier accesoria; el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, hasta 300.506,05 euros; el de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, hasta 60.101,21 euros; los titulares de las Delegaciones del Gobierno, graves y muy graves hasta 48.080,97 euros y leves. Los alcaldes, leves y graves hasta 30.050,61 euros si la actividad solo está sometida a intervención municipal. La Junta puede subrogarse ante la inacción municipal.

Artículo 30. Tramitación de los procedimientos sancionadores

El procedimiento sancionador de esta Ley se regulará reglamentariamente conforme a las reglas y principios de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se sigue un procedimiento penal por los mismos hechos, se suspende el administrativo hasta la resolución judicial firme; si esta estima que no hubo delito ni falta, el procedimiento puede reanudarse tomando como base, en su caso, los hechos declarados probados por los tribunales.

Artículo 31. Medidas provisionales

Pueden adoptarse como medidas provisionales la suspensión temporal de autorizaciones o la clausura preventiva de establecimientos si el procedimiento se inició por infracciones graves o muy graves. El órgano competente para iniciar las acordará ante presunto incumplimiento grave de seguridad, higiene o tranquilidad, o por carecer de seguro de responsabilidad civil vigente, hasta que se acredite la subsanación. En juego ilegal, los agentes pueden precintar y decomisar al levantar el acta; si la ratificación no se comunica en dos meses, la medida queda sin efecto.

Artículo 32. Anotación de infracciones y sanciones

Se anotan en el registro administrativo correspondiente las infracciones y sanciones impuestas por resolución firme en vía administrativa. Las infracciones cuya sanción se haya cancelado no cuentan para la reincidencia o la reiteración. La cancelación se produce, de oficio o a instancia del interesado, si no ha sido sancionado durante un año (leves), tres (graves) o cuatro (muy graves) desde la firmeza de la resolución, ha pagado las multas y cumplido las accesorias, y ha abonado las indemnizaciones a terceros.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula tres cosas: el derecho de acceso a los registros culturales y de información a través del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación; las competencias de las Administraciones públicas de Andalucía en bibliotecas y centros de documentación; y el Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz. Registros culturales y de información son libros, publicaciones periódicas, grabaciones sonoras, audiovisuales y multimedia y todas las obras, cualquiera que sea su soporte, destinadas a transmitir información, conocimiento, pensamiento y cultura.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a todas las bibliotecas y centros de documentación de titularidad o uso público de competencia autonómica y a los de titularidad privada incorporados al Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. Sus normas sobre competencias de las Administraciones públicas andaluzas y sobre el Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz tienen aplicación general. El Patrimonio Documental Andaluz se rige por sus normas específicas.

Artículo 3. Bibliotecas y centros de documentación. Definiciones

Biblioteca: colección organizada de materiales en cualquier soporte; especializada si se dedica a una sola disciplina. Centro de documentación: difunde información especializada científica, técnica o cultural que no sea solo de gestión administrativa ni patrimonio documental. Uso público general: sin restricciones salvo conservación; incluye las privadas con ayudas superiores a la mitad de su presupuesto ordinario o con beneficios fiscales. Uso público limitado: especializadas y centros de documentación, salvo que no limiten el acceso. Define también la universitaria y la escolar.

Artículo 4. Condiciones del ejercicio del derecho de acceso a los registros culturales y de información

Las Administraciones andaluzas garantizan a todos los ciudadanos el acceso universal a los registros culturales y de información del Sistema, en igualdad y sin discriminación. El acceso no se limita por el contenido religioso, ideológico, moral o político, salvo las limitaciones impuestas por las leyes (infancia, juventud, derechos constitucionales, patrimonio histórico…). Es obligatorio el tratamiento confidencial de la información sobre los materiales y servicios de los usuarios y sus datos personales. Las bibliotecas y centros integrados prestan servicios presenciales o a distancia.

Artículo 5. Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación

El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación es el conjunto de órganos, centros y medios cuyo fin es garantizar el mejor aprovechamiento de los registros culturales y de información y de todos sus recursos bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación y cooperación entre sus elementos.

Artículo 6. Unidad de gestión

El conjunto de registros y recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación forma una unidad de gestión al servicio de los ciudadanos y de la comunidad, sujeta a las obligaciones de uso público de la Ley y sus normas de desarrollo. En ella se incluyen los registros culturales y de información científica o técnica de los centros de documentación y bibliotecas especializadas abiertos al público, con las obligaciones de uso público que se fijen reglamentariamente.

Artículo 7. Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación

La Consejería competente en bibliotecas y centros de documentación elabora el Atlas de Recursos del Sistema, según se establezca reglamentariamente. El Atlas recoge, en diferentes mapas sectoriales, todas las instituciones, servicios, redes y elementos del Sistema; evalúa los recursos existentes y las necesidades para promover mejoras; y debe estar al servicio de todos los componentes del Sistema y de la comunidad. Se actualiza, al menos, cada cuatro años.

Artículo 8. Deber de información

Todas las personas públicas o privadas titulares o responsables de bibliotecas y centros de documentación del Sistema deben dar a la Consejería competente los datos sobre personal, fondos, presupuestos, instalaciones, equipamiento, servicios y su uso, y los demás que se determinen reglamentariamente. Además, deben informar anualmente de las variaciones. La finalidad es su evaluación y difusión.

Artículo 9. Normalización bibliográfica y cooperación interbibliotecaria

Los centros del Sistema deben aportar a la Biblioteca de Andalucía los datos catalográficos de sus fondos, según las normas técnicas vigentes, y cooperar con los demás de uso público, sobre todo en préstamo interbibliotecario y reproducciones. Las bibliotecas públicas intercambian información con los centros de información sectoriales de su área. Las escolares cooperan con las públicas en hábitos lectores y acceso a la información, y sus titulares pueden firmar convenios con los municipios para abrir sus recursos al resto de ciudadanos.

Artículo 10. Estructura básica del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación

Integran el Sistema la Consejería competente en bibliotecas y centros de documentación, el Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y estos centros: la Biblioteca de Andalucía; las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provinciales (sin perjuicio de la normativa estatal); las bibliotecas públicas municipales y supramunicipales y sus servicios móviles; las universitarias y sus centros de documentación; las escolares y demás de competencia autonómica y uso público; y las privadas que se incorporen al Sistema.

Artículo 11. Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros de documentación

A la Consejería competente en bibliotecas y centros de documentación le corresponden el impulso, la planificación, la coordinación y la inspección del Sistema, y la imposición de sanciones cuando proceda, en los términos de la Ley y de su desarrollo reglamentario. También el estudio y evaluación de las necesidades de acceso a los registros culturales y de información, y la programación, reglamentación e inspección de los servicios, a través de sus centros directivos y unidades orgánicas.

Artículo 12. Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. Naturaleza, composición y funciones

El Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación es un órgano colegiado, consultivo y de participación, adscrito a la Consejería competente. Lo preside el titular de la Consejería; son miembros natos el titular de la Dirección General competente y el de la Dirección de la Biblioteca de Andalucía; los demás, hasta doce como máximo, los nombra el titular de la Consejería. Informa, asesora, propone medidas (también de fomento de la lectura), conoce e informa los planes del Sistema y los proyectos reglamentarios. Puede tener comisiones especializadas.

Artículo 13. Redes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación

El Sistema se estructura en una biblioteca central, la Biblioteca de Andalucía, y dos redes: la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía. Puede haber centros del artículo 10 no integrados en esas redes. A iniciativa de los centros afectados, sus titulares pueden constituir otras redes específicas mediante convenio u otras formas de cooperación, que deben poner en conocimiento de la Consejería competente.

Artículo 14. Naturaleza y funciones

La Biblioteca de Andalucía es la biblioteca central del Sistema. Entre sus funciones: centro preferente para el depósito del Patrimonio Bibliográfico Andaluz; recoger y difundir la producción impresa, audiovisual y multimedia andaluza; recoger las publicaciones oficiales andaluzas; impulsar catálogos colectivos; ser centro bibliográfico de la Comunidad Autónoma; apoyar a las redes y servir de central de canje de duplicados y expurgo. Las instituciones editoras le entregan gratis un ejemplar de cada publicación oficial.

Artículo 15. Naturaleza, objetivos y composición

La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía agrupa bibliotecas públicas y privadas de uso público general, de ámbito escalonado, con fondos principalmente de carácter general. Su objetivo primordial es dar acceso a registros propios y externos. Fomenta, entre otros fines, el acceso a la información local, la participación ciudadana, la atención a minorías, la preservación del patrimonio, el ocio y la alfabetización digital. La forman los servicios de lectura pública de la Biblioteca de Andalucía, las provinciales, supramunicipales, municipales, de barrio, móviles y privadas incorporadas.

Artículo 16. Atención a las minorías y personas en situación de desventaja

Los titulares, responsables o gestores de la Red de Bibliotecas Públicas deben prestar especial atención a personas, grupos y zonas en desventaja para garantizar su acceso. Deben garantizar a los inmigrantes el acceso a la información y a materiales para su integración social y para preservar su lengua y cultura, fomentando colecciones en su lengua. En la planificación y gestión se arbitrarán medios para que quienes no puedan acudir a la biblioteca por enfermedad, discapacidad, edad o privación de libertad accedan a los registros.

Artículo 17. Gratuidad de los servicios bibliotecarios

A través de la Red de Bibliotecas Públicas, la Junta y las demás Administraciones públicas andaluzas dan acceso gratuito a los registros culturales y de información. Se exceptúan los servicios de uso no general que supongan un coste singularizado (reprografía, préstamo interbibliotecario, bases de datos de pago y otros no gratuitos), en los que puede cobrarse su coste. En el préstamo a domicilio puede exigirse una garantía en los casos y cuantía que fije el reglamento.

Artículo 18. Derechos generales de los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas tienen derecho, como mínimo, a: lectura, préstamo y referencia para adultos, jóvenes y niños; colecciones de interés local y regional; información ciudadana; materiales y servicios adaptados a necesidades especiales; consulta en todo soporte, incluido acceso telemático; e instalaciones accesibles conforme a la normativa. También a asesoramiento y ayuda para usarlos. Todas las bibliotecas de la Red deben exhibir en lugar visible un cartel con los derechos y obligaciones de los usuarios. El horario mínimo se fija reglamentariamente.

Artículo 19. Obligaciones generales de los usuarios

Los usuarios de la Red deben comportarse correctamente conforme a la Ley, sus normas de desarrollo y las de los titulares, y en particular: respetar a los demás usuarios guardando orden y compostura; no usar los servicios, presenciales o a distancia, para fines distintos de su derecho de usuario; cuidar los materiales y los bienes muebles e inmuebles; abonar los servicios no gratuitos; devolver lo prestado en las mismas condiciones; acreditar su condición de usuario cuando el personal lo requiera; y cumplir las normas de cada centro y las indicaciones del personal.

Artículo 20. Las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provinciales

Las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provinciales, sin perjuicio de la legislación estatal y del Convenio con la Administración General del Estado, cumplen los objetivos del artículo 15 y asumen en el ámbito provincial las funciones de centro bibliográfico, de gestión de la cooperación bibliotecaria, de biblioteca central de préstamo y de gestión de los servicios de apoyo y cooperación que la Consejería presta a los centros de la Red en la provincia, además de las que puedan atribuírseles.

Artículo 21. Bibliotecas supramunicipales

Para ámbitos mayores que el municipio y menores que la provincia, la Consejería competente puede designar o autorizar la creación de bibliotecas supramunicipales. Ejercen en su área las funciones de biblioteca central de préstamo, cooperación interbibliotecaria, centro bibliográfico y de recursos para extensión bibliotecaria y servicio de lectura, preferentemente para municipios de hasta 5.000 habitantes sin biblioteca. Se gestionan por consorcio, convenio de cooperación u otra forma de gestión de servicios locales, con participación en todo caso de los municipios afectados.

Artículo 22. Bibliotecas municipales

En municipios de hasta 5.000 habitantes, el servicio de biblioteca pública puede prestarse conforme al artículo 37 y su desarrollo reglamentario. Los municipios andaluces de más de 5.000 habitantes deben prestar el servicio de biblioteca pública. En los de más de 20.000, se presta a través de una biblioteca central y bibliotecas sucursales y, en su caso, servicios móviles.

Artículo 23. Obligaciones de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Las bibliotecas de la Red deben tener un espacio acondicionado para servicios presenciales, garantizar los derechos del artículo 18 y cumplir los objetivos del artículo 15. Colaboran con las instituciones locales en difundir, sobre todo por redes telemáticas, el Patrimonio histórico local y la vida cultural y social. Las que puedan ofrecer todos los servicios del artículo 18 y, en todo caso, las supramunicipales y las centrales de municipios de más de 20.000 habitantes mantienen un repertorio actualizado de recursos de interés para su área.

Artículo 24. Normas en materia de conservación y reproducción

Las bibliotecas de la Red conservan los fondos del Patrimonio Bibliográfico Andaluz. Las de uso público pueden reproducirlos o digitalizarlos para su conservación, respetando la propiedad intelectual y previa notificación a la Consejería, que fija la seguridad y puede exigir una copia digital. Pueden pedirle cofinanciación si la obra es de autor o institución andaluza o de tema andaluz. Si tienen fondos antiguos o valiosos sin medios, pueden acudir a la Biblioteca de Andalucía. Para fondos estatales rige el Convenio con la AGE.

Artículo 25. Registro de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

La Consejería competente mantiene un Registro actualizado de las bibliotecas de la Red. Estar inscrito es condición indispensable para entender cumplidas por municipios y provincias sus obligaciones sobre biblioteca pública según la legislación de Régimen Local y esta Ley. Una Orden de la Consejería fija requisitos y procedimiento de autorización e inscripción. La resolución que autorice o deniegue la creación e inscripción debe notificarse en seis meses; si no se notifica, la solicitud se entiende estimada.

Artículo 26. Personal de las bibliotecas públicas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

En la Red de Bibliotecas Públicas, las funciones bibliotecarias las ejerce personal suficiente y cualificado, según el reglamento y las normas estatales. La Consejería valora en el personal y su selección: las titulaciones o conocimientos fijados por Orden de la Consejería; que los temarios de las pruebas de las Entidades Locales incluyan las materias que ella determine; y haber seguido con aprovechamiento cursos organizados u homologados por la Junta. Las funciones técnicas pueden ejercerlas personal propio o de otras bibliotecas.

Artículo 27. Naturaleza, composición y objetivo

La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía es el conjunto organizado de centros de documentación y bibliotecas especializadas de la Junta y de otras instituciones públicas, y de las entidades privadas que se integren mediante convenio, según los requisitos y procedimiento reglamentarios. Su objetivo es cooperar y coordinar la puesta a disposición, de las propias instituciones o de los usuarios que estas determinen, de sus registros científicos o técnicos, incluidos los trabajos e informes elaborados o encargados por las entidades de las que dependen.

Artículo 28. Registro de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas

La Consejería competente en bibliotecas y centros de documentación mantiene un Registro actualizado de los centros de documentación y bibliotecas especializadas integrados en la Red. Una Orden de la Consejería fija los requisitos y el procedimiento de inscripción. La inscripción se valora en la actividad de fomento de la Consejería.

Artículo 29. Deberes de información

Las entidades titulares de centros de documentación y bibliotecas especializadas integrados en la Red deben comunicar a la Consejería competente, además de los datos del artículo 8, los requisitos y condiciones económicas para acceder a sus registros científicos o técnicos y demás recursos. También deben informar, al menos anualmente, de las variaciones que se produzcan.

Artículo 30. Derechos y deberes de los usuarios de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas

Los usuarios de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a sus registros científicos o técnicos y demás recursos, de acuerdo con las normas de cada institución. Tienen, al menos, las mismas obligaciones que el artículo 19 impone a los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Artículo 31. Bibliotecas universitarias

Las bibliotecas universitarias se integran en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas. Los términos de esa integración se establecerán reglamentariamente, de modo que la Ley fija a qué red pertenecen, pero deja al reglamento cómo se concreta su integración en ella.

Artículo 32. Personal de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas

Los centros de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas deben estar atendidos por personal técnico suficiente y con la cualificación precisa para dos tareas: organizar sus registros científicos o técnicos y demás recursos, y asesorar a los usuarios en la búsqueda y recuperación de la información. Todo ello según el reglamento y las normas que dicte el Estado en sus competencias.

Artículo 33. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía

La Junta ejerce sus competencias a través de la Consejería competente. En bibliotecas públicas: dictar normas de servicio, autorizar su creación, inscribirlas e integrarlas en la Red, fijar perfiles del personal y criterios estadísticos, fomentar la lectura y gestionar las provinciales del Estado. En centros especializados: directrices, requisitos de integración, estadísticas, fomento y perfiles. Bibliotecas escolares: condiciones fijadas conjuntamente con la Consejería de Educación y Ciencia; universitarias: por convenio con las Universidades. Vela además por la cooperación de las Redes.

Artículo 34. Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente, aprueba cada cuatro años el Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía, con principios, criterios, objetivos y prioridades. En su elaboración participan las Diputaciones, la asociación de municipios de mayor implantación y entidades interesadas, en audiencia no inferior a 30 días hábiles. Las inversiones bibliotecarias de los planes provinciales de cooperación se ajustan al Plan. Otras iniciativas de las Diputaciones exigen dar cuenta previa a la Consejería.

Artículo 35. Cooperación económica y técnica

La Consejería competente, según los créditos del Presupuesto autonómico, aprueba un programa anual de cooperación con las Entidades Locales para construir bibliotecas, dotar medios e infraestructuras y mejorar los servicios, ajustado al Plan de Servicios Bibliotecarios. Ese programa incluye otras acciones de cooperación económica o técnica, mediante convenios u otras medidas con las Entidades Locales. También aprueba un programa anual de cooperación con las Universidades andaluzas u otras entidades titulares de bibliotecas y centros de documentación.

Artículo 36. Competencias de los municipios

Corresponde a los municipios andaluces: promover, regular, organizar y gestionar bibliotecas locales conforme a la normativa y al Plan de Servicios Bibliotecarios; fomentar la lectura y el acceso a la información; fijar el régimen de servicio del personal de sus bibliotecas, según la normativa de función pública; constituir la Red Bibliotecaria Municipal si hay más de una biblioteca o servicio bibliotecario; promover su cooperación; preservar y difundir su patrimonio bibliográfico; aprobar la reglamentación interna de sus centros; y las demás que les atribuya el ordenamiento.

Artículo 37. Formas de prestación de los servicios bibliotecarios municipales

Los municipios prestan sus servicios bibliotecarios solos o asociados, con las formas de gestión del régimen local, y reciben asistencia técnica preferentemente de las bibliotecas supramunicipales. Los de hasta 5.000 habitantes sin medios que decidan prestar el servicio reciben la cooperación de la Diputación, y en todo caso se garantizan servicios móviles al menos quincenales. El municipio sede de una supramunicipal que preste también el servicio municipal financia los gastos de esa función municipal.

Artículo 38. Relaciones interadministrativas

Las relaciones entre Administraciones andaluzas en servicios bibliotecarios se rigen por coordinación, cooperación, participación, eficacia, economía, información mutua y respeto competencial. Excepcionalmente, si no se garantizan los derechos del artículo 18 o los objetivos del 15, el Consejo de Gobierno, tras audiencia a Diputaciones y asociación de municipios no inferior a un mes, puede adoptar medidas extraordinarias de coordinación, respetando la autonomía local. La Consejería informa cada primer semestre al Consejo de Gobierno, para su remisión al Parlamento.

Artículo 1. Objeto

La Ley fija las normas para crear, organizar y gestionar los museos y colecciones museográficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También regula la ordenación, coordinación y prestación eficaz de los servicios del Sistema andaluz de museos y colecciones museográficas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a los museos y colecciones museográficas ubicados en Andalucía, sin perjuicio de las competencias del Estado sobre los museos de titularidad estatal. Los espacios culturales se rigen por la legislación de museos y sus reglamentos, sin perjuicio de la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía y de su norma de creación. Quedan excluidos bibliotecas, archivos, filmotecas, hemerotecas, centros de documentación, centros con especímenes vivos de fauna y flora y centros de interpretación del patrimonio sin bienes culturales o naturales.

Artículo 3. Definición de museo y de colección museográfica

Museo: institución permanente, abierta al público y al servicio de la sociedad que, con criterios científicos, reúne, adquiere, ordena, documenta, conserva, estudia y exhibe de forma didáctica bienes culturales o naturales, con fines de protección, investigación, educación, disfrute y promoción, creada conforme a esta Ley. Los bienes pueden ser materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, con valor cultural. Colección museográfica: conjunto de bienes expuesto permanentemente al público con garantías de conservación y seguridad, sin reunir todos los requisitos de museo.

Artículo 4. Funciones de los museos y colecciones museográficas

Funciones de los museos: proteger y conservar sus bienes; investigar sus fondos y su especialidad; documentarlos con criterios científicos; difundirlos con actividades y publicaciones; exhibirlos ordenadamente con actividad didáctica permanente; fomentar el acceso público, presencial y por nuevas tecnologías, atendiendo a grupos con dificultades; y las que fijen las normas. Pueden hacer otras funciones culturales si tienen instalaciones adecuadas y son compatibles con las propias. Las colecciones solo protegen y conservan, documentan, exhiben, fomentan el acceso y las que fijen las normas.

Artículo 5. Deberes generales de los museos y colecciones museográficas

Deberes generales de museos y colecciones museográficas: llevar un registro e inventario actualizado de sus fondos; informar al público y a la Consejería del horario y condiciones de visita; facilitar el acceso a investigadores; elaborar y remitir a la Consejería estadísticas sobre fondos, actividad, visitantes y servicios; difundir los valores culturales de sus bienes; garantizar la seguridad, conservación y protección de sus fondos; permitir la inspección de la Consejería; y los demás que fijen las normas.

Artículo 6. Competencias generales de la Junta de Andalucía

La Junta, a través de la Consejería competente en museos, vela por la protección, conservación, difusión y accesibilidad de los fondos de los museos y colecciones museográficas de Andalucía y por el cumplimiento de sus demás funciones, sin perjuicio de las competencias estatales sobre los museos de titularidad estatal. También vela por que observen la normativa de igualdad entre mujeres y hombres. Los titulares deben prestar la colaboración que les pidan los órganos competentes para ejecutar la Ley.

Artículo 7. Principios de fomento y colaboración

La Junta promueve la creación de museos y colecciones, especialmente con las entidades locales en cuyo territorio haya bienes del patrimonio histórico andaluz. La Consejería presta especial atención a los museos expresivos de la historia y cultura andaluzas, a los de ciencia, naturaleza, técnica y tecnología (preferentemente en colaboración con instituciones afines) y a los de arte contemporáneo. Colabora con las demás Administraciones, promueve con la Consejería de turismo la proyección turística de los museos y fomenta la participación ciudadana y el voluntariado cultural.

Artículo 8. Requisitos y procedimiento

Quien quiera crear un museo o colección museográfica lo solicita a la Consejería competente en museos. Museo y colección exigen, entre otros requisitos mínimos, inventario, sede permanente y horario estable; el museo, además, personal cualificado y documentos de planificación. Se resuelve y notifica en seis meses; sin respuesta, se entiende desestimada. Sin autorización no se pueden usar los términos «museo» o «colección museográfica» ni recibir ayudas autonómicas, salvo las dirigidas a cumplir los requisitos.

Artículo 9. Museos y colecciones museográficas de titularidad de la Comunidad Autónoma

Son de titularidad autonómica los museos y colecciones creados a iniciativa de la Junta, su administración institucional y demás entidades del sector público andaluz. Los museos autonómicos se crean por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente; el Decreto fija objetivos, fondos fundacionales, organización, servicios y adscripción. Las colecciones autonómicas se crean por Orden de la Consejería. Si la Junta asume museos ya existentes, sus objetivos, organización, servicios y adscripción se regulan por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 10. Museos y colecciones museográficas de titularidad local o privada

La autorización para crear museos y colecciones museográficas de titularidad de las entidades locales o de titularidad privada se acuerda mediante Orden de la Consejería competente en materia de museos. El instrumento es el mismo para ambos tipos de titular y para ambas figuras, museo o colección museográfica.

Artículo 11. Convenios con la Administración General del Estado

La Junta puede firmar convenios con la Administración General del Estado para asumir la gestión de museos o colecciones museográficas de titularidad estatal o de sus organismos públicos. Su gestión se ajusta al convenio y se les aplica la legislación estatal, sin perjuicio de las potestades asumidas por la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía.

Artículo 12. Disolución de museos y colecciones museográficas

Disolución privada: comunicación previa a la Consejería con al menos dos meses de antelación, indicando fecha, destino de los bienes y medidas de seguridad. Disolución local: la acuerda el órgano que autoriza la creación, a petición del titular; seis meses para resolver y notificar y silencio estimatorio. Si consta el cese de actividad, la Consejería puede disolver de oficio, con audiencia del titular; si hay peligro para los fondos, cabe su depósito forzoso. Se cancela la inscripción registral y los bienes conservan su régimen de protección.

Artículo 13. Registro de Instituciones Museísticas de Andalucía

Se crea el Registro de Instituciones Museísticas de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en museos, como registro público de carácter administrativo. En él se inscriben los museos, colecciones museográficas y espacios culturales autorizados por la Junta o creados a iniciativa de esta, de su Administración institucional o del resto del sector público andaluz. Tiene dos secciones: museos y colecciones museográficas, y espacios culturales.

Artículo 14. Contenido del Registro

El Registro andaluz de museos y colecciones museográficas recoge la titularidad, domicilio, denominación, tipología y ámbito temático de cada institución y la descripción de sus bienes muebles e inmuebles. También constan los órganos rectores y, en su caso, los órganos asesores colegiados, sus normas de funcionamiento y los demás datos que fije el reglamento.

Artículo 15. Inscripción en el Registro

El acto que autoriza la creación de un museo o colección museográfica acuerda también su inscripción en la sección correspondiente del Registro. En las instituciones de titularidad autonómica, la inscripción la ordena el órgano que acordó su creación. El Registro hace público el reconocimiento oficial como museo o colección museográfica de Andalucía. La Consejería puede suspender la inscripción en los casos previstos en la Ley y en el reglamento.

Artículo 16. Régimen jurídico del Registro

La Ley no regula por sí misma el funcionamiento del Registro andaluz de museos y colecciones museográficas: su organización, funciones, contenido, régimen de publicidad, remisión de información, estructura y procedimientos registrales se establecerán reglamentariamente.

Artículo 17. Definición

El Sistema Andaluz de Instituciones Museísticas de Andalucía es el conjunto ordenado de órganos, museos, colecciones museográficas y espacios culturales. Su finalidad es garantizar una eficaz prestación de sus servicios y la coordinación y cooperación entre sus diversos elementos.

Artículo 18. Composición del Sistema

Integran el Sistema andaluz de museos y colecciones museográficas: los museos y colecciones de titularidad autonómica; los museos estatales gestionados por la Comunidad Autónoma; y los de titularidad pública o privada de interés por su singularidad o relevancia que se integren mediante convenio con la Consejería, de al menos cinco años. También forman parte la Consejería competente, que lo dirige y coordina, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y los órganos consultivos de la legislación de patrimonio histórico.

Artículo 19. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía

Respecto de los museos y colecciones del Sistema, la Junta, a través de la Consejería competente, ejerce estas funciones: planificar y coordinar las acciones del Sistema; fomentar la cooperación entre sus miembros; asesorarlos y prestarles asistencia técnica; inspeccionarlos; normalizar el tratamiento técnico de sus bienes, fomentando sistemas integrados de información, documentación y gestión; promover el acceso público mediante nuevas tecnologías; promover la formación del personal; mejorar dotaciones e instalaciones; y las demás que fije el reglamento.

Artículo 20. Efectos de la pertenencia al Sistema andaluz de museos y colecciones museográficas

Además de los deberes del artículo 5, los museos y colecciones del Sistema deben: intercambiar información; abrir en los días y horario reglamentarios; exhibir su pertenencia al Sistema con la identidad gráfica aprobada; informar a la Consejería de los derechos económicos que perciban no sujetos a su autorización; colaborar en la difusión, también prestando bienes; y respetar las condiciones de su integración. A cambio, pueden recibir depósitos y ayudas específicas y tienen preferencia en programas de la Junta.

Artículo 21. Régimen general de acceso de los museos y colecciones museográficas

Museos y colecciones museográficas abren al público en horario estable: mínimo veinte horas semanales los museos y diez las colecciones. Horario y condiciones de acceso, a la entrada y en lugar visible. Los museos gestionados por la Junta cierran un día a la semana, salvo festivo, víspera de festivo u otra causa relevante. Los cambios de horario o de visita se comunican con suficiente antelación a la Consejería competente en materia de museos. El acceso debe garantizar seguridad y conservación de los bienes y cumplir la normativa de accesibilidad.

Artículo 22. Derechos económicos por visita pública

Los museos y colecciones pueden cobrar por la visita, aplicando la igualdad entre nacionales de la UE. Los ciudadanos de la UE, acreditándolo, entran gratis al menos cuatro días al mes, uno por semana; cualquier persona entra gratis el Día de Andalucía, el Día Internacional de los Museos, el del Turismo y el de las Jornadas Europeas de Patrimonio. En los del Sistema andaluz, cobrar exige autorización expresa de la Consejería competente en materia de museos. Exentos: nacionales UE menores de 18, mayores de 65, jubilados y con minusvalía de al menos el 33 %.

Artículo 23. Acceso de las personas investigadoras

Los museos y colecciones deben facilitar el estudio de sus bienes y de su sistema de gestión documental a investigadores y a quien justifique, a juicio del titular, interés científico, pedagógico o divulgativo, salvo restricciones por conservación o funcionamiento. Se pide de forma individualizada, comprometiéndose a respetar la propiedad intelectual y a citar al museo; este puede exigir copia de las publicaciones. Si se deniega o no se contesta en dos meses, cabe acudir a la Consejería, que puede requerir el acceso y, si no se atiende, acordar el depósito temporal del bien.

Artículo 24. Bibliotecas de los museos y colecciones museográficas

Los museos y colecciones garantizan, según las normas de su titular y en igualdad, el acceso a los registros de sus bibliotecas a quien justifique interés científico, pedagógico o divulgativo. Denegado el acceso o sin respuesta en dos meses, cabe acudir a la Consejería competente en materia de museos. Esta fija por Orden el horario mínimo y las condiciones de acceso a las bibliotecas de los museos autonómicos y de los estatales que gestiona. Servicios mínimos: sala de lectura; lectura, consulta y referencia; e instalaciones accesibles.

Artículo 25. Servicios complementarios y otros usos de los museos y colecciones museográficas

Los museos y colecciones pueden tener tiendas, librerías, cafetería u otros servicios comerciales para los visitantes, y albergar actividades culturales externas a su programación. En los espacios de exposición o custodia de bienes solo caben actividades de singular relevancia cultural o institucional, procurando que sean fuera del horario de visita y sin interferir en sus funciones. Todo ello debe ser compatible con la conservación y seguridad de los bienes; en los de titularidad o gestión autonómica rige además la legislación de patrimonio y de tasas y precios públicos.

Artículo 26. Plan museológico

Los museos deben tener un plan museológico, instrumento integrador y global con sus líneas programáticas, contenidos, objetivos, necesidades y líneas de actuación. Se redacta conforme a las directrices técnicas que fije por Orden la Consejería competente en materia de museos e incluye siempre el plan de seguridad. La Consejería aprueba los planes de los museos de titularidad o gestión autonómica; en los demás de competencia autonómica emite informe favorable, que se entiende emitido en ese sentido a los dos meses de recibir el plan.

Artículo 27. Plan de seguridad

Todos los museos y colecciones museográficas deben tener un plan de seguridad. Como mínimo recoge las características del sistema de protección de la institución y establece los recursos humanos, los medios técnicos y las medidas organizativas necesarios para hacer frente a los riesgos a los que está sometida.

Artículo 28. Plan anual de actividades y memoria de gestión

Los museos y colecciones del Sistema andaluz deben tener un plan anual de actividades (investigación, conservación, restauración, mantenimiento, difusión y administración), que presentan a la Consejería competente en materia de museos en el último trimestre del año anterior. En el primer trimestre de cada año presentan el presupuesto del año en curso y la memoria de gestión del anterior, con número de visitantes, dotación de personal y grado de cumplimiento del plan. Las recomendaciones técnicas para elaborarlos se fijan por Orden de la Consejería.

Artículo 29. Régimen general

Los museos y colecciones museográficas deben contar con la organización precisa para cumplir sus funciones, adaptada a las características y condiciones específicas de cada institución, y con personal suficiente y cualificado para desempeñarlas.

Artículo 30. Dirección y funciones técnicas

Los museos del Sistema andaluz tienen una dirección y ejercen las funciones técnicas de administración, protección, conservación, investigación y difusión. La dirección ejerce las funciones ejecutivas y gestoras, vela por los fines, planifica, organiza, coordina y supervisa las actividades y adopta medidas para conservar y proteger los bienes. Las funciones técnicas incluyen tareas como: mantenimiento y seguridad de instalaciones; planes de conservación y restauración; documentación de los bienes; programas de difusión, educación y comunicación; e investigación.

Artículo 31. Incompatibilidades específicas

El personal de los museos y colecciones de titularidad o gestión autonómica solo puede hacer peritaciones o tasaciones de bienes culturales o naturales en tres casos: para uso interno o interés científico de su propia institución; cuando lo pida la Administración de Justicia; y cuando lo pidan otras Administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, si las necesidades del servicio lo permiten y con autorización previa de la Consejería competente en materia de museos.

Artículo 32. Participación social

Los museos de titularidad o gestión autonómica pueden tener consejos de participación social, creados por Orden de la Consejería competente en materia de museos, para proponer medidas y sugerencias de mejora de la calidad del servicio público. La Orden de creación tiende al equilibrio entre mujeres y hombres y fija funciones y funcionamiento. Sus miembros se designan por Orden de la Consejería entre personas o representantes de asociaciones, instituciones o entidades, especialmente las dedicadas a promover los museos.

Artículo 33. Comisiones técnicas

Los museos de titularidad o gestión autonómica pueden tener comisiones técnicas con funciones asesoras, creadas por Orden de la Consejería competente en materia de museos. La Orden de creación fija su composición, que será paritaria conforme a la legislación vigente, sus funciones y su funcionamiento. Sus miembros se designan por Orden de la Consejería entre personas de reconocido prestigio.

Artículo 34. Colección Museística de Andalucía

A efectos de esta Ley, la Colección Museística de Andalucía es el conjunto de bienes culturales o naturales muebles que pertenecen a la Junta de Andalucía y se encuentran en museos o colecciones museográficas de Andalucía, con independencia del concepto por el que hayan ingresado en ellos.

Artículo 35. Ordenación de fondos de las instituciones museísticas de titularidad o gestión autonómica

Los bienes de la Colección Museística de Andalucía se asignan con criterios científicos a un museo o colección de titularidad o gestión autonómica, según el procedimiento reglamentario. La Consejería competente en materia de museos puede reordenarlos (y otros no estatales que custodie) entre instituciones autonómicas, para mejorar sus discursos científicos y la difusión. Puede impulsar, de acuerdo con el Estado, la reordenación de fondos estatales en museos de gestión autonómica, y aprobará un plan de reordenación cuando lo exija el número de instituciones o bienes.

Artículo 36. Salida de fondos museísticos

La salida de fondos de la Colección Museística de Andalucía requiere autorización previa de la Consejería competente en materia de museos; sin resolución en el plazo reglamentario, la petición puede entenderse desestimada. La de fondos estatales de museos del Estado gestionados por la Comunidad sigue el convenio con el Estado y la legislación estatal. En los demás museos y colecciones basta comunicarla a la Consejería con al menos dos meses de antelación; si esta requiere subsanar o completar, no hay salida hasta cumplirlo. Mover un bien dentro de la institución no exige comunicación.

Artículo 37. Préstamo para exposiciones temporales

Quien quiera recibir en préstamo bienes de museos o colecciones para exposiciones temporales debe dirigirse al museo o colección donde estén con al menos cuatro meses de antelación. La Consejería competente en materia de museos aprueba modelos normalizados de préstamo y de actas de entrega y devolución. El documento recoge datos de bienes y exposición, informes técnicos, condiciones del préstamo y del seguro. Se sujeta a autorización o notificación según el artículo 36 y dura como máximo 12 meses.

Artículo 38. Admisión de depósitos

Los titulares de museos y colecciones pueden admitir depósitos de bienes culturales o naturales para su protección, conservación, difusión e investigación, formalizados en contrato. En los de titularidad o gestión autonómica hace falta autorización de la Consejería competente en materia de museos y contrato administrativo; sin resolución en seis meses, la solicitud puede entenderse desestimada. Los ingresos arqueológicos (salvo los de actividades arqueológicas autorizadas) se comunican en siete días a la Consejería competente en patrimonio histórico.

Artículo 39. Constitución de depósitos de bienes de la Colección Museística de Andalucía

Los bienes de la Colección Museística de Andalucía pueden depositarse en: museos estatales; museos y colecciones inscritos en el Registro andaluz; instituciones no museísticas dedicadas a investigación, análisis científico, conservación o restauración; otras instituciones culturales por razones excepcionales de difusión; y, excepcionalmente, instituciones no museísticas para fines de alta representación del Estado o de la Comunidad. Se pide en documento normalizado, con informe del museo de origen; sin resolución en seis meses, puede entenderse desestimada.

Artículo 40. Ingresos temporales

Son ingresos temporales: los que se hacen para analizar, estudiar o examinar bienes antes de adquirirlos o de constituir un depósito; los depósitos constituidos según la legislación general de patrimonio histórico; los motivados por exposiciones temporales; el depósito judicial; y el depósito forzoso del artículo 48. Quedan fuera de la regulación de los artículos 38 y 39, pero se mantienen la obligación de custodia y las demás exigibles por la legislación vigente.

Artículo 41. El sistema de gestión documental

Todo museo y colección museográfica debe tener un sistema de gestión documental: el conjunto de instrumentos descriptivos y de control técnico y administrativo de tres tipos de fondos, museográficos, documentales y bibliográficos. La Consejería competente en materia de museos contribuirá a implantar progresivamente, con las nuevas tecnologías, sistemas integrados de información, documentación y gestión en los museos y colecciones del Sistema andaluz.

Artículo 42. Instrumentos de los fondos museográficos

Museos y colecciones llevan dos libros de registro, con ingresos, salidas y bajas por orden cronológico: el de la colección estable (fondos de su titularidad) y el de depósitos (fondos de cualquier titularidad ingresados por ese concepto). Elaboran además un inventario de identificación, descripción y ubicación de sus bienes, actualizado al menos una vez al año, y en diciembre remiten a la Consejería copia de las fichas de las piezas ingresadas, expuestas o no. Los museos autonómicos tienen también catálogo. El contenido de todo ello se regula por Orden.

Artículo 43. Fondos documentales y bibliográficos

Los fondos documentales y bibliográficos de los museos y colecciones museográficas se rigen por la legislación aplicable en cada caso sobre patrimonio documental y bibliográfico andaluz, archivos, bibliotecas y centros de documentación, y no por un régimen propio de esta Ley.

Artículo 44. Principio de conservación preventiva

En conservación, museos y colecciones museográficas deben orientar su actuación a la prevención: planificar, investigar y aplicar estrategias e intervenciones preventivas para crear o mantener las condiciones idóneas que preserven los fondos de cualquier factor que pueda contribuir a su deterioro.

Artículo 45. Intervenciones de conservación y restauración

Intervenir para conservar o restaurar fondos museísticos exige un proyecto de conservación suscrito por profesional competente, con al menos identificación del bien, diagnosis, propuesta de actuación y metodología. Cabe autorización o comunicación previa según la legislación de patrimonio y, al terminar, una memoria que se remite a la Consejería. En la Colección Museística, se requiere autorización si actúa personal técnico externo a la administración titular; en bienes estatales, rige el convenio. Las emergencias siguen la legislación de patrimonio y la Consejería puede inspeccionar.

Artículo 46. Copias y reproducciones

Las copias y reproducciones en museos y colecciones se rigen por cuatro principios: conservación de los bienes, promoción de la investigación y la difusión, salvaguarda de la propiedad intelectual y no interferencia en la actividad ordinaria. No son copias las fotografías e imágenes de recuerdo o uso particular de los visitantes si se garantiza la conservación y seguridad y no lo prohíbe el titular. La Consejería competente en materia de museos fija por Orden las condiciones técnicas y autoriza siempre las copias de la Colección Museística y el cobro de derechos en los museos del Sistema.

Artículo 47. Clausura temporal

Si las deficiencias de la instalación o el incumplimiento de la normativa por la persona titular de un museo o colección ponen en peligro la conservación, seguridad o accesibilidad de los fondos, la Consejería competente en materia de museos puede acordar su clausura temporal hasta que desaparezcan las causas que la motivaron.

Artículo 48. Depósito forzoso

En los casos que permiten la clausura temporal (deficiencias o incumplimientos que ponen en peligro los fondos), la Consejería competente en materia de museos puede disponer el depósito de los fondos en otro u otros museos o colecciones hasta que desaparezcan las causas. Puede hacer lo mismo cuando concurran otras circunstancias excepcionales o razones de urgencia que pongan en peligro la conservación, seguridad o accesibilidad de los fondos.

Artículo 49. Derechos de tanteo y retracto

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de museos, puede ejercer los derechos de tanteo y retracto cuando se enajenen a título oneroso, total o parcialmente, fondos de los museos y colecciones museográficas de Andalucía. Su ejercicio se ajusta a la legislación general de patrimonio histórico de Andalucía.

Artículo 50. Régimen de protección aplicable a los museos y colecciones museográficas de Andalucía

Tienen el régimen de los bienes de interés cultural: los bienes de la Colección Museística de Andalucía, los demás fondos custodiados en museos y colecciones de titularidad de la Comunidad Autónoma y los inmuebles donde se instalan esas instituciones. Los fondos de los museos y colecciones inscritos en el Registro andaluz no incluidos en lo anterior tienen el régimen de los bienes de catalogación general en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Artículo 51. Expropiación

A efectos de expropiación forzosa, son de interés social los bienes que deban integrarse en los fondos de los museos y colecciones de titularidad o gestión autonómica, y de utilidad pública los inmuebles necesarios para crear o ampliar esos museos y colecciones.

Artículo 52. Expropiación por incumplimiento de deberes

El incumplimiento grave o muy grave por los titulares de museos y colecciones de sus deberes de conservación, mantenimiento y custodia, así como el cambio de uso de los bienes de la institución sin autorización de la Consejería competente en materia de museos, faculta a la Administración de la Junta de Andalucía para expropiar total o parcialmente esos bienes por causa de interés social.

Artículo 53. Infracciones

Son infracciones en materia de museos y colecciones las acciones y omisiones tipificadas en este título. Los reglamentos de desarrollo pueden especificar o graduar tipos y sanciones sin alterar en ningún caso su naturaleza ni sus límites. Si la conducta vulnera el régimen de protección de los bienes culturales o naturales de la legislación general de patrimonio histórico, se aplica el régimen sancionador de esa legislación.

Artículo 54. Infracciones leves

Son infracciones leves, entre otras: no informar al público y a la Consejería del horario y condiciones de visita; no remitir estadísticas y datos; que quien accede a los fondos no cite a la institución o no entregue la copia exigida de sus publicaciones; no llevar libros de registro, inventario o catálogo; e intervenir en conservación o restauración sin autorización o comunicación. En el Sistema andaluz, además: no colaborar ni intercambiar información, no exhibir la pertenencia al Sistema ni usar su identidad gráfica y cobrar derechos sin la autorización precisa.

Artículo 55. Infracciones graves

Graves: no garantizar la seguridad y conservación de los fondos; obstruir la inspección de la Consejería; usar la denominación de museo o colección sin estar creado o reconocido como tal; disolver sin autorización un museo local o sin comunicación uno privado; incumplir sin justificación la visita pública o el acceso de investigadores; sacar o disgregar fondos sin la notificación o autorización debidas; intervenir sin proyecto de conservación o incumpliéndolo; copiar incumpliendo las condiciones de la Consejería; y reproducir sin autorización fondos de la Colección o estatales.

Artículo 56. Infracciones muy graves

Son muy graves: las infracciones graves de las letras a), g), h), i) y j) del artículo 55 si causan daños irreversibles a los bienes de los fondos; las de las letras b), c) y f) si la conducta continúa tras requerimiento de la Consejería para que cese; y la de la letra e) si se comete infringiendo el principio de igualdad por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 57. Responsables de las infracciones

Responden de las infracciones, aun a título de mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley. Los titulares de museos y colecciones son responsables solidarios de las infracciones cometidas por su personal o por otras personas vinculadas al museo o colección por cualquier otro título.

Artículo 58. Circunstancias agravantes y atenuantes de las infracciones

La reincidencia agrava: es cometer en el término de un año más de una infracción de la misma naturaleza, declarado por resolución firme, contando el plazo desde la notificación de la sanción por la infracción anterior. Atenúan la reparación espontánea del daño o perjuicio causado y el cumplimiento de la obligación durante la tramitación del procedimiento sancionador.

Artículo 59. Sanciones

Multas: muy graves, de más de 150.000 hasta 600.000 €; graves, de más de 60.000 hasta 150.000 €; leves, hasta 60.000 €. Accesorias: en las graves, suspensión hasta un año de los beneficios de la inscripción en el Registro andaluz y, en su caso, de la pertenencia al Sistema; en las muy graves, de un año y un día a tres años. Las del artículo 55 b), e), f) y h), si son muy graves y hay reincidencia, pueden conllevar la disolución de la institución. La gradación atiende a agravantes, atenuantes, intencionalidad y daño.

Artículo 60. Prescripción de infracciones y sanciones

Las infracciones prescriben: leves, a los seis meses; graves, a los dos años; muy graves, a los tres años, contados desde su comisión o, si son continuadas, desde que cesó la conducta. Las sanciones prescriben: leves, al año; graves, a los dos años; muy graves, a los tres años, desde el día siguiente a la firmeza de la resolución que las impone.

Artículo 61. Órganos competentes y procedimiento sancionador

Imponen las sanciones: por infracciones leves, las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de museos; por graves, la persona titular de la Dirección General competente en materia de museos; por muy graves, la persona titular de la Consejería. La potestad sancionadora se ejerce conforme a la normativa de régimen jurídico de las Administraciones públicas y de procedimiento administrativo.

Artículo 1. Creación, adscripción y naturaleza

La Ley crea el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, adscrito a la Consejería competente en materia de cultura, como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Constitución

El Instituto se constituye efectivamente cuando entran en vigor sus estatutos, aprobados por Decreto del Consejo de Gobierno. Los estatutos recogerán, entre otras cosas, sus competencias y funciones, órganos de dirección y estructura administrativa, bienes adscritos, recursos económicos, régimen de personal, patrimonio y contratación, y régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad.

Artículo 3. Fines y funciones

Fines del Instituto: intervención, investigación e innovación, documentación, comunicación y desarrollo del patrimonio cultural, en el marco de los planes de I+D+i de la Junta. Funciones (además de las estatutarias): estudio y difusión de métodos y técnicas de tutela; informes, diagnósticos y proyectos; conservación y restauración; investigación; integración de la información; formación de especialistas; y colaboración institucional, con especial atención a convenios con las Universidades públicas andaluzas en formación e investigación.

Artículo 4. Personalidad y régimen jurídico

El Instituto tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para cumplir sus fines y patrimonio propio. Sujeta su actividad al ordenamiento jurídico privado, con las excepciones que establece esta Ley. Se rige por esta Ley, por sus estatutos y por las demás disposiciones generales o específicas que le sean aplicables.

Artículo 5. Régimen de contratación

El Instituto ajusta su actividad contractual a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a la demás normativa aplicable. Los trabajos y actividades que realice para la Consejería competente en materia de cultura se consideran realizados con los medios y por los servicios propios de esa Consejería, a efectos de esa legislación de contratos.

Artículo 6. Régimen económico y presupuestario

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del Instituto es el establecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás disposiciones aplicables. El artículo no fija reglas propias: se remite a esa Ley.

Artículo 7. Régimen patrimonial y recursos económicos de la entidad

El patrimonio del Instituto lo forman los bienes y derechos que se le adscriban y los que adquiera por cualquier título, y se rige por la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Recursos: dotaciones anuales de la Ley del Presupuesto; crédito y endeudamiento con entidades financieras públicas y privadas, nacionales y extranjeras, dentro de la autorización que conceda, en su caso, la Ley del Presupuesto; subvenciones y transferencias públicas; ingresos por su actividad; aportaciones y donaciones; y cualquier otro que le corresponda.

Artículo 8. Régimen jurídico del personal

El personal del Instituto se rige por el ordenamiento jurídico laboral, y su selección respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Para seleccionar al personal directivo se tienen en cuenta los criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad.

Artículo 9. Contratos para fines de investigación y convenios para la participación e intercambios de personal en programas científicos o formativos

El Instituto puede formalizar contratos, conforme a la normativa vigente, para fines de investigación científica y técnica, de acuerdo con las directrices de planificación de I+D+i de la Junta de Andalucía. También puede celebrar convenios con otras administraciones, organismos o entidades para el desarrollo de sus fines, en los que se contemple la participación y el intercambio de personal en programas científicos o formativos.

Artículo 10. Control de eficacia

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está sometido al control de eficacia en los términos que prevén la Ley 5/1983, de 19 de julio, y la demás normativa aplicable. El artículo no regula ese control por sí mismo: remite a esa Ley.

Artículo 11. Órganos de gobierno y dirección

Órganos: Presidencia, Consejo Rector y Dirección. La Presidencia corresponde a la persona titular de la Consejería de cultura, representa institucionalmente al Instituto y vela por los acuerdos del Consejo Rector. El Consejo Rector es el máximo órgano de gobierno y dirección (lo preside quien preside el Instituto e integra a la Dirección y a los miembros estatutarios); vela por la legalidad, aprueba los anteproyectos de programa y presupuestos y crea comisiones. La Dirección la nombra la persona titular de la Consejería y lleva la gestión ordinaria.

Artículo 1. Naturaleza jurídica y fines generales

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una agencia pública empresarial del artículo 54.2.b) de la Ley 9/2007, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio y administración propios, adscrita a la Consejería competente en cultura. Sus fines son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, la innovación, la transferencia de conocimiento y fijar pautas de tutela. La Consejería fija sus objetivos y directrices, sigue su actividad y ejerce el control de eficacia y financiero.

Artículo 2. Régimen jurídico

El Instituto actúa como agencia pública empresarial sujeta a la Ley 5/2007, a sus Estatutos, a la Ley 9/2007, a la normativa de Hacienda Pública andaluza en lo económico, presupuestario, contable y de intervención, a la de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y al Derecho Privado, Mercantil, Civil o Laboral en sus relaciones externas, personal y actividades frente a terceros. Su contratación se rige por la normativa de contratos de las Administraciones Públicas. Actúa con criterios de interés público, rentabilidad social, publicidad, concurrencia e igualdad.

Artículo 3. Domicilio legal

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico tiene su domicilio en la ciudad de Sevilla. El Consejo Rector puede cambiar el domicilio legal, pero solo dentro de la misma ciudad, y puede establecer, modificar y suprimir dependencias, oficinas y delegaciones, fijando en cada caso sus cometidos, facultades gestoras y modalidades de funcionamiento.

Artículo 4. Funciones del Instituto

Para cumplir sus fines, el Instituto investiga, conserva y restaura el patrimonio histórico; estudia y difunde técnicas de tutela; elabora programas, planes, informes y proyectos; integra la información y documentación; forma y acredita especialistas; presta asistencia técnica; celebra convenios (con especial atención a las Universidades públicas andaluzas); concede subvenciones; y ejecuta con carácter obligatorio lo que le encomiende la Consejería de cultura. Sus trabajos para esa Consejería se consideran realizados con medios propios de esta.

Artículo 5. Organización general del Instituto

Los órganos de gobierno y dirección del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son cuatro: la Presidencia, la Vicepresidencia, el Consejo Rector y la Dirección. Además existe un Consejo Asesor, órgano de consulta y asesoramiento del Consejo Rector. La estructura administrativa del Instituto será la que establezca el Reglamento de Régimen Interior aprobado por el Consejo Rector.

Artículo 6. Carácter y atribuciones

Preside el Instituto la persona titular de la Consejería competente en cultura; la Vicepresidencia corresponde a quien desempeñe la Viceconsejería competente en cultura, que sustituye a la Presidencia en vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal. La Presidencia ostenta la superior representación institucional, ordena la convocatoria del Consejo Rector y fija su orden del día, preside y dirige sus deliberaciones, dirime empates con voto de calidad y vela por el cumplimiento de los acuerdos. Sus atribuciones son delegables en la Vicepresidencia.

Artículo 7. Composición y carácter

El Consejo Rector es el órgano superior del Instituto: alta dirección, gobierno y directrices, conforme a las de la Consejería de cultura. Lo integran la Presidencia y Vicepresidencia del Instituto y vocales: Secretaría General Técnica, Direcciones Generales de bienes culturales, museos y libro de la Consejería, representantes de economía y hacienda, innovación y empleo, uno de la FAMP y la Dirección del Instituto. Los cargos no son retribuidos. El vocal de institución ajena a la Junta sirve cuatro años. Asiste un secretario licenciado en Derecho, con voz y sin voto.

Artículo 8. Funciones del Consejo Rector

Al Consejo Rector corresponde, entre otras: velar por la legalidad; aprobar a propuesta de la Dirección el Plan Anual de Actuación, el anteproyecto del PAIF y el precio de servicios y productos; aprobar los anteproyectos de presupuestos y las cuentas anuales; acordar inversiones; aprobar el Reglamento de Régimen Interior; aprobar provisionalmente, a propuesta de la Presidencia, actuaciones que superen el umbral del Consejo de Gobierno; fijar la política de personal; enajenar bienes propios; otorgar subvenciones; y cambiar el domicilio social.

Artículo 9. Delegaciones y apoderamientos

Para mayor agilidad, el Consejo Rector puede delegar, con carácter permanente o temporal, algunas de sus funciones en uno o varios de sus miembros y constituir una Comisión Ejecutiva, según el Reglamento de Régimen Interior. Son indelegables las funciones de las letras b), c), d), e), f), g) y k) del artículo 8 y la disposición de bienes inmuebles de la letra p). Además, puede conferir apoderamientos generales y especiales sin limitación de personas.

Artículo 10. Régimen de sesiones

El Consejo Rector se reúne en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión extraordinaria cuando la convoque con ese carácter la Presidencia, por propia iniciativa o a solicitud del número de miembros que fije el Reglamento de Régimen Interior. Su funcionamiento se rige por ese Reglamento, respetando los trámites esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados de la Ley 30/1992 y de los artículos 88 a 96 de la Ley 9/2007.

Artículo 11. Composición

Preside el Consejo Asesor la persona titular de la Viceconsejería de cultura o en quien delegue. Lo integran además la Dirección del Instituto, dos expertos universitarios (designados por el Consejo Rector a propuesta de la Dirección), un representante del CSIC, uno de las Corporaciones Locales (designado por la FAMP), uno de una fundación de entidad financiera andaluza y tres profesionales colegiados. Su secretario es licenciado en Derecho, con voz y sin voto. Nombra y cesa a los miembros la Presidencia del Instituto; los designados sirven cuatro años.

Artículo 12. Funciones y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor

El Consejo Asesor es órgano de información, consulta y asesoramiento de los órganos de gobierno y dirección del Instituto. Informa los planes y programas regulados en los Estatutos, propone medidas cuya aprobación corresponde a los órganos de gobierno y dirección y ejerce otras funciones de asesoramiento que le atribuya el Reglamento de Régimen Interior. Su funcionamiento se rige por ese Reglamento, respetando siempre la normativa estatal y autonómica sobre órganos colegiados.

Artículo 13. Designación

La persona titular de la Dirección del Instituto se nombra y cesa mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de cultura. En su selección se tienen en cuenta los criterios de mérito y capacidad y la adecuación de su perfil profesional a las funciones que va a realizar.

Artículo 14. Carácter y atribuciones

La Dirección lleva la dirección inmediata y la gestión ordinaria del Instituto, ejecutando los acuerdos del Consejo Rector. Entre sus funciones: elevarle propuestas; dirigir departamentos y patrimonio; aprobar gastos y ordenar pagos dentro de los límites del Reglamento, dando cuenta al Consejo Rector; ser órgano de contratación; ejercer la jefatura de personal; representar al Instituto, sin perjuicio de la superior representación de la Presidencia. Puede delegar sus funciones propias en el personal, previa autorización del Consejo Rector.

Artículo 15. Patrimonio

El patrimonio del Instituto se rige por la Ley 5/2007, los Estatutos y la normativa de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Lo forman los bienes y derechos que se le adscriben, los que adquiera en su gestión y los que se le adscriban o cedan en el futuro por cualquier persona pública o privada. Queda afecto a los fines del Instituto e incorpora los productos y rentas de esos bienes y lo obtenido por su enajenación o cesión. Si el Instituto se extingue, los activos remanentes, pagadas las obligaciones, pasan al patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 16. Recursos económicos del Instituto

Los recursos del Instituto son: su patrimonio y sus productos y rentas; las dotaciones del Presupuesto de la Comunidad Autónoma; asignaciones, subvenciones y transferencias de la Junta u otras administraciones; los ingresos de su actividad y servicios; las participaciones de convenios, consorcios y sociedades; las operaciones de crédito y endeudamiento con entidades financieras, dentro de los límites de la Ley del Presupuesto y previa autorización de la Consejería de economía y hacienda; donaciones; y cualquier otro atribuido por ley o título jurídico.

Artículo 17. Personal

El personal del Instituto es laboral: sus relaciones se rigen por el ordenamiento laboral, sus contratos y, en su caso, el Convenio Colectivo del Instituto. Puede hacer contratos laborales para investigación científica y técnica, ajustados a las directrices de I+D+i de la Junta. La selección se hace según los criterios del Consejo Rector, por convocatoria pública y con igualdad, mérito y capacidad. Es personal directivo quien asume jefaturas de unidades orgánicas; se selecciona por mérito, capacidad e idoneidad, con publicidad y concurrencia.

Artículo 18. Régimen aplicable

En su régimen económico-financiero, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se somete a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las Leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, a las demás disposiciones de general aplicación y a lo establecido en sus propios Estatutos.

Artículo 19. Presupuestos de explotación y de capital

Cada año el Instituto elabora un presupuesto de explotación y otro de capital, con el detalle de sus recursos y dotaciones anuales. Los anteproyectos se remiten a la Consejería competente en economía y hacienda, a través de la Consejería competente en cultura, para integrarlos en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Los presupuestos se elaboran y gestionan bajo el principio de equilibrio presupuestario.

Artículo 20. Plan Anual de Actuación

El Consejo Rector aprueba cada año un Plan Anual de Actuación con los objetivos, líneas de actuación y programas del Instituto; las previsiones anuales de recursos e inversiones derivadas del Plan; y los criterios de coordinación con los Planes y Programas de la Junta de Andalucía. Lo elabora la Dirección según las instrucciones del Consejo Rector, y debe modificarse cuando sea necesario para adecuarlo a la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Artículo 21. Programa de Actuación, Inversión y Financiación

Cada año el Instituto elabora un Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) para el ejercicio siguiente, con una memoria explicativa de su contenido y de sus principales cambios respecto al vigente, conforme al artículo 57 de la Ley General de la Hacienda Pública andaluza. Su contenido se ajusta al Plan Anual de Actuación y, además de lo exigido por la Ley 5/1983, incluye los programas del ejercicio, las inversiones singularizadas derivadas de actuaciones de ejercicios anteriores y las nuevas actuaciones.

Artículo 22. Control financiero

El control financiero del Instituto se efectúa conforme a la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, cumpliendo previamente lo que prevean esa Ley y las Leyes del Presupuesto, el Consejo Rector puede acordar una auditoría de los estados financieros del Instituto, en las condiciones y con los principios legales vigentes.

Artículo 23. Control de eficacia

El Instituto se somete a un control de eficacia que efectúa la Consejería competente en materia de cultura, para comprobar el grado de cumplimiento de sus objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados. Ello sin perjuicio de las competencias que la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía atribuye a la Consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 24. Régimen contable

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está sometido al régimen de Contabilidad Pública y tiene la obligación de rendir cuentas conforme a la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, y a la demás normativa de aplicación.

Artículo 25. Normas sobre competencia y jurisdicción

El Instituto se somete a las normas procesales comunes de las personas de Derecho Privado, con las especialidades de una agencia pública empresarial. Los actos de sus órganos de gobierno en ejercicio de potestades administrativas son actos administrativos. Los del Consejo Rector agotan la vía administrativa (cabe reposición potestativa). Los actos administrativos de la Dirección se recurren en alzada ante la persona titular de la Consejería de cultura. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve la Dirección.

Artículo 26. Legitimación activa

El Instituto puede ejercitar toda clase de acciones ante Juzgados y Tribunales, con las solas limitaciones de la legislación procesal, e impugnar en vía administrativa y contencioso-administrativa disposiciones y resoluciones de cualquier clase. Se exceptúan las relativas a la modificación de su norma constitutiva y de sus Estatutos y las dictadas en ejercicio de las competencias derivadas de su dependencia de la Junta. Además, no puede impugnar actos o disposiciones de la Junta de Andalucía.