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Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto y ámbito de aplicaciónRegula la organización y celebración de espectáculos y actividades recreativas y las condiciones técnicas y de seguridad de los establecimientos públicos, y define los tres conceptos. Se aplica con independencia de la titularidad, aunque se celebren en espacios abiertos, vía pública, zonas marítimo-terrestres, portuarias u otras de dominio público. Excluye las celebraciones estrictamente privadas o familiares y el ejercicio de derechos fundamentales laborales, políticos, religiosos, sindicales o docentes, aunque sus locales deben cumplir las condiciones de seguridad de la Ley.
- Art. 2Régimen para la celebración o práctica de espectáculos públicos y actividades recreativasTodo espectáculo o actividad no excluido queda sujeto a los medios de intervención administrativa. La autorización previa debe fijar el tiempo, el establecimiento y el aforo; la declaración responsable y la comunicación previa recogen esos mismos datos. Las autorizaciones son transmisibles previa comunicación al órgano competente, pero la declaración responsable y la comunicación previa no se transmiten. La autorización para acto único se extingue al celebrarse. Sin intervención, suspensión inmediata. Sin resolución expresa en plazo, la solicitud se entiende desestimada.
- Art. 3Prohibición y suspensión de espectáculos públicos y actividades recreativasLas autoridades competentes pueden prohibir, o suspender si ya se celebran, espectáculos y actividades en seis casos: prohibidos por su naturaleza; en establecimientos sin las condiciones de seguridad; sin someterse a los medios de intervención o alterando sus condiciones; con riesgo grave o vejación para los asistentes; atentando contra derechos del título I de la Constitución; o contra espacios protegidos o recursos naturales de especial valor. Los delegados de la autoridad pueden suspender, previo aviso a los organizadores, por máxima urgencia; sin previo aviso si hay peligro inminente.
- Art. 4Multas coercitivasPara ejecutar los actos dictados en aplicación de la Ley pueden imponerse multas coercitivas. Antes debe darse un tiempo suficiente para cumplir, según la naturaleza y fines del acto. Cada multa no puede exceder de 25.000 pesetas (150,25 euros), aunque puede aumentarse hasta el 50 por 100 si se reitera el incumplimiento, sin superar nunca los límites máximos de las sanciones aplicables al caso. Son independientes y compatibles con las sanciones pecuniarias por infracciones del capítulo V.
- Art. 5Competencias de la Administración autonómicaCorresponde a la Administración autonómica, entre otras: aprobar por Decreto el catálogo; dictar normas de desarrollo; fijar horarios de apertura y cierre y requisitos de admisión; conceder autorizaciones de funcionamiento exigidas por su normativa; autorizar previamente los espectáculos taurinos, el juego y apuestas, las actividades recreativas que discurran por más de un término municipal y los singulares no reglamentados; policía, inspección, prohibición y suspensión en lo de su intervención; actuar subsidiariamente si los municipios no ejecutan; e informar con carácter vinculante.
- Art. 6Competencias de los municipiosCorresponde a los municipios: licencias urbanísticas y medioambientales e intervención en la apertura de establecimientos; autorizar estructuras no permanentes o desmontables (art. 10.2); autorizar atracciones de feria en espacios abiertos; limitar establecimientos en zonas urbanas; autorizar espectáculos extraordinarios u ocasionales no sujetos a intervención autonómica; prohibir o suspender los no sujetos a intervención autonómica; fijar horarios especiales excepcionales; y la policía e inspección ordinarias. Si se inhiben, la Junta de Andalucía puede suplir su actividad inspectora.
- Art. 7Obligaciones especiales y derecho de admisiónPuede exigirse por reglamento a las empresas de ciertos espectáculos o actividades servicio de vigilancia o especiales medidas de seguridad para mantener el buen orden; los municipios pueden desarrollar los reglamentos de la Junta. Los titulares de establecimientos pueden fijar condiciones objetivas de admisión, que no pueden contrariar derechos constitucionales ni ser discriminatorias o arbitrarias, y están sujetas a intervención administrativa. Deben figurar de forma fácilmente legible a la entrada, en taquillas y puntos de venta, en la publicidad y en las entradas.
- Art. 8Relaciones entre Administraciones PúblicasLa Junta de Andalucía y los municipios, cada uno en sus competencias, se facilitan la información que precisen sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y se prestan cooperación y asistencia activas. Con arreglo a los principios de eficacia, coordinación y participación, velan por el cumplimiento de la normativa mediante tres funciones: inspección de los establecimientos públicos; control de la celebración de espectáculos y actividades y, en su caso, su prohibición y suspensión; y sanción de las infracciones de la Ley.
- Art. 9Intervención administrativa de los establecimientos públicosLos espectáculos y actividades solo pueden celebrarse en establecimientos que cumplan los requisitos legales y reglamentarios y se hayan sometido a los medios de intervención correspondientes. Si la normativa o la tecnología imponen otras condiciones, debe adecuarse en los términos y plazos que se fijen. La autorización, declaración responsable o comunicación previa debe indicar los tipos de espectáculos o actividades según el catálogo. Destinar el local, ocasional o definitivamente, a otro espectáculo o actividad distinto exige someterse de nuevo a intervención.
- Art. 10Condiciones de los establecimientosLos establecimientos deben reunir las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, accesibilidad, confortabilidad, vibraciones y ruidos que fije la normativa. Las estructuras desmontables, también; en parajes naturales, los organizadores deben dejarlos como estaban. Nada puede celebrarse sin intervención administrativa que acredite esas condiciones, que el titular u organizador mantendrá siempre. Inactividad o cierre por cualquier causa durante más de seis meses obliga a someterse de nuevo a intervención.
- Art. 11Inspección y controlInspección y control los ejerce la Administración competente mediante la Policía Local, la unidad adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía y la Inspección del Juego y de Espectáculos Públicos. Pueden habilitarse funcionarios o empleados públicos especializados, que serán agentes de la autoridad. Los inspectores acceden en todo momento, requieren documentación y, motivadamente, citan a comparecer. El resultado consta en acta, con copia al interesado, que puede hacer constar su disconformidad; el acta se remite al órgano competente.
- Art. 12ConceptoPara la Ley son empresas las personas físicas o jurídicas promotoras que, de forma habitual u ocasional, organizan espectáculos o actividades recreativas y asumen, frente a la Administración y frente al público, las responsabilidades y obligaciones de su organización y celebración. Por reglamento se fijarán las condiciones, garantías o fianzas y requisitos que deben cumplir y prestar quienes los organicen, de forma habitual u ocasional.
- Art. 13Registro de Empresas y Organizaciones de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de AndalucíaLa Junta de Andalucía dispondrá de un Registro de Empresas y Organizadores de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, adscrito a la Consejería competente por razón de la materia; sus características y funcionamiento se fijarán por reglamento. El Registro es público y cualquier persona interesada puede obtener certificación gratuita de los datos inscritos.
- Art. 14Obligaciones de las empresas, cargos directivos y empleadosTitulares, cargos directivos y, en su caso, empleados de las empresas deben: mantener las condiciones técnicas exigidas; facilitar las inspecciones; responder de los daños y concertar seguro de responsabilidad civil; mantener los espectáculos anunciados salvo causa justificada; devolver lo pagado si se modifican o suspenden; evitar ruidos y molestias; respetar al público; tener libros y hojas de quejas y reclamaciones anunciados con carteles; proteger los espacios naturales; adecuar accesos para personas discapacitadas; y cumplir lo que impongan los reglamentos.
- Art. 15Derechos de los espectadores y asistentesAdemás de los que les reconozca la normativa, sobre todo la de consumidores y usuarios, espectadores y asistentes tienen derecho: a que el espectáculo se desarrolle como se anunció; a la devolución de lo pagado por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono si se suspende o se modifica en sus aspectos esenciales; a los impresos oficiales de quejas y reclamaciones; a un trato respetuoso y no discriminatorio; y a ser admitidos en las mismas condiciones objetivas que cualquier usuario si el aforo lo permite y no hay causa de exclusión.
- Art. 16Obligaciones de los espectadores y asistentesEspectadores y asistentes deben: ocupar sus localidades o permanecer en las zonas que la empresa señale para el público, sin invadir zonas destinadas a otros fines; cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores, actuantes y empleados que fije la empresa organizadora o titular; y seguir las instrucciones de los empleados o del personal de vigilancia del establecimiento dirigidas a cumplir esos requisitos.
- Art. 17De las prohibiciones a los espectadores y asistentesLos espectadores y asistentes no pueden: fumar en locales cerrados, salvo en las zonas que la empresa autorice y señale con carteles visibles; portar armas, objetos peligrosos u objetos prohibidos por la autoridad de orden público; adoptar conductas que causen peligro o molestias o dificulten el espectáculo; exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a actividades contrarias a los derechos fundamentales, en especial a la violencia, la xenofobia o la discriminación; ni acceder a escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante el espectáculo.
- Art. 18Concepto y clasificación de las infraccionesSon infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones de esas infracciones en los términos del artículo 129.3 de la Ley 30/1992. Las infracciones previstas en la Ley y en sus reglamentos de desarrollo se clasifican en muy graves, graves y leves.
- Art. 19Infracciones muy gravesSon muy graves, entre otras: abrir establecimientos, celebrar espectáculos, cambiar de actividad o modificar condiciones técnicas sin los medios de intervención administrativa cuando haya grave riesgo; celebrar quebrantando una suspensión o prohibición o durante la inhabilitación; omitir sustancialmente medidas de seguridad o evacuación; superar el aforo disminuyendo la seguridad; impedir el acceso o la inspección; aportar datos falsos; carecer de seguro de responsabilidad civil; usar armas indebidamente; admitir símbolos violentos; y reiterar o reincidir en faltas graves en un año.
- Art. 20Infracciones gravesSon graves, entre otras: las conductas del artículo 19.1 a 4 sin grave riesgo; omitir higiene con riesgo para la salud; arrendar locales sabiendo que no son seguros; permitir alcohol o tabaco a menores; fumar donde está prohibido; publicidad engañosa; modificar sustancialmente el espectáculo; admisión discriminatoria; reventa o venta ambulante no autorizada; no publicitar la calificación por edades; carecer de hojas de reclamaciones; suspender sin causa; incumplir horarios; permitir armas; petardos sin precauciones; y reiterar o reincidir en faltas leves en un año.
- Art. 21Infracciones levesSon leves: falta de limpieza sin riesgo para la salud; falta de respeto entre actuantes o empleados y público; acceso del público a escenarios o terrenos de juego salvo si deriva de la naturaleza del espectáculo; mal estado con incomodidad manifiesta sin afectar gravemente a seguridad o salubridad; conductas graves de escasa significación; incumplimientos de trámites, plazos o requisitos no tipificados como graves o muy graves; no tener en el local el documento de intervención administrativa; y no exponer «Prohibida la entrada a menores de edad» cuando sea exigible.
- Art. 22SancionesMultas: muy graves, de 5.000.001 a 100.000.000 de pesetas (30.050,61 a 601.012,10 euros); graves, de 50.001 a 5.000.000 de pesetas (300,51 a 30.050,61 euros); leves, apercibimiento o multa de hasta 50.000 pesetas (300,51 euros). La multa puede incrementarse en la cuantía del beneficio obtenido. Si en una muy grave los responsables ya fueron sancionados en firme por dos infracciones idénticas en un año, o se perjudica a más de mil personas, la multa puede llegar a 150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros).
- Art. 23Sanciones accesoriasAdemás de la multa caben accesorias: incautación de instrumentos; suspensión de actividad y autorizaciones y clausura del establecimiento, de dos años y un día a cinco años (muy graves) o hasta dos años (graves); inhabilitación de un año y un día a tres años (muy graves) o hasta un año (graves); y revocación de autorizaciones. La clausura solo se interrumpe si se acredita otra actividad económica, cuyo tiempo no computa. En reincidencia grave, suspensión y clausura llegan de cinco años y un día a diez (muy graves) o hasta cinco (graves).
- Art. 24Personas responsables de las infraccionesResponden quienes realicen las conductas tipificadas: artistas, ejecutantes, espectadores, empleados, revendedores y el titular de la empresa o actividad. El titular responde además de las infracciones de sus empleados y de terceros que presten servicios mercantiles contratados con él, sin perjuicio de repetir contra los autores materiales. Si las obligaciones corresponden a varios conjuntamente, responden solidariamente; y los administradores responden subsidiariamente de las sanciones de personas jurídicas que hayan cesado en su actividad.
- Art. 25Reincidencia y reiteraciónA efectos de esta Ley hay reiteración cuando se comete más de una infracción de distinta naturaleza en el término de un año, y reincidencia cuando se comete más de una infracción de la misma naturaleza en ese mismo término. En ambos casos es necesario que así se haya declarado por resolución firme.
- Art. 26Criterios para la imposición de sancionesLas sanciones se gradúan por circunstancias, gravedad, trascendencia, capacidad económica, intencionalidad, reiteración, daños y beneficios ilícitos. Con daños o beneficios de poca entidad puede aplicarse la escala inferior, salvo reiteración, daños a terceros o afección a la seguridad. Con sanción firme previa por las mismas infracciones de los artículos 20 y 21 cometidas en un año, o más de mil posibles perjudicados, puede aplicarse la escala superior; también si varias infracciones en un año revelan habitualidad. Ninguna circunstancia se aplica si ya sirvió para tipificar.
- Art. 27Responsabilidad derivada de la infracciónConforme al artículo 130.2 de la Ley 30/1992, las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador son compatibles con exigir al infractor la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios.
- Art. 28Prescripción y caducidadInfracciones y sanciones prescriben: muy graves, a los cuatro años; graves, a los tres; leves, al año. La prescripción de las infracciones se cuenta desde su comisión y se interrumpe al iniciarse el procedimiento con conocimiento del interesado, reanudándose si está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. La de las sanciones se cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución. El procedimiento debe resolverse en un año desde su iniciación o caduca; el instructor puede suspender el plazo máximo para resolver.
- Art. 29Competencia para sancionarSancionan: el Consejo de Gobierno, multas de 300.506,06 a 901.518,16 euros y cualquier accesoria; el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, hasta 300.506,05 euros; el de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, hasta 60.101,21 euros; los titulares de las Delegaciones del Gobierno, graves y muy graves hasta 48.080,97 euros y leves. Los alcaldes, leves y graves hasta 30.050,61 euros si la actividad solo está sometida a intervención municipal. La Junta puede subrogarse ante la inacción municipal.
- Art. 30Tramitación de los procedimientos sancionadoresEl procedimiento sancionador de esta Ley se regulará reglamentariamente conforme a las reglas y principios de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si se sigue un procedimiento penal por los mismos hechos, se suspende el administrativo hasta la resolución judicial firme; si esta estima que no hubo delito ni falta, el procedimiento puede reanudarse tomando como base, en su caso, los hechos declarados probados por los tribunales.
- Art. 31Medidas provisionalesPueden adoptarse como medidas provisionales la suspensión temporal de autorizaciones o la clausura preventiva de establecimientos si el procedimiento se inició por infracciones graves o muy graves. El órgano competente para iniciar las acordará ante presunto incumplimiento grave de seguridad, higiene o tranquilidad, o por carecer de seguro de responsabilidad civil vigente, hasta que se acredite la subsanación. En juego ilegal, los agentes pueden precintar y decomisar al levantar el acta; si la ratificación no se comunica en dos meses, la medida queda sin efecto.
- Art. 32Anotación de infracciones y sancionesSe anotan en el registro administrativo correspondiente las infracciones y sanciones impuestas por resolución firme en vía administrativa. Las infracciones cuya sanción se haya cancelado no cuentan para la reincidencia o la reiteración. La cancelación se produce, de oficio o a instancia del interesado, si no ha sido sancionado durante un año (leves), tres (graves) o cuatro (muy graves) desde la firmeza de la resolución, ha pagado las multas y cumplido las accesorias, y ha abonado las indemnizaciones a terceros.